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Document 52002IE0858
Opinion of the Economic and Social Committee on "Romania on the road to accession"
Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Rumania en la vía de la adhesión"
Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Rumania en la vía de la adhesión"
DO C 241 de 7.10.2002, p. 110–119
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Rumania en la vía de la adhesión"
Diario Oficial n° C 241 de 07/10/2002 p. 0110 - 0119
Dictamen del Comité Económico y Social sobre "Rumania en la vía de la adhesión" (2002/C 241/22) En su Pleno del 1 de marzo de 2001, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema "Rumania en la vía de la adhesión". La Sección de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 27 de junio de 2002 (ponente: Sr. Bedossa). En su 392o Pleno de los días 17 y 18 de julio de 2002 (sesión del 17 de julio de 2002) el Comité Económico y Social ha aprobado por 124 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen. 1. Introducción 1.1. Rumania inició las negociaciones del Acuerdo Europeo en mayo de 1992 y las concluyó en febrero de 1993. Tras la firma de un Acuerdo intermedio sobre comercio que entró en vigor en 1993, se convirtió en miembro asociado de la Unión Europea en febrero de 1995. Rumania presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea el 22 de junio de 1995. En consecuencia, el 17 de julio de 1995 el Consejo de Ministros, previa consulta a la Comisión, decidió aplicar el procedimiento contemplado en el artículo 49 del Tratado. El Acuerdo Europeo constituye actualmente el fundamento jurídico de las relaciones entre Rumania y la Unión. 1.2. En 1997, el Consejo Europeo de Luxemburgo encargó a la Comisión Europea que elaborara informes regulares sobre los progresos realizados por cada país candidato, documentos que son de una importancia particular en el proceso de las negociaciones de adhesión que de ellos dependen. La Comisión presentó en 1997, en la Agenda 2000, el primer dictamen oficial sobre la candidatura de adhesión de Rumania a la Unión Europea. El último informe periódico de la Comisión relativo a Rumania se publicó en noviembre de 2001 y se ha tenido en cuenta en la elaboración del presente dictamen de iniciativa. 2. Observaciones generales 2.1. El presente dictamen se propone presentar una visión general de la situación en que se encuentra Rumania en varios aspectos socioeconómicos. El CESE desea presentar la función y la opinión de los grupos de interés socioeconómico en el proceso de adhesión de Rumania. 2.2. Para que la adhesión de Rumania a la UE tenga éxito, es esencial que la función clave de la sociedad civil organizada en un Estado democrático no sólo se reconozca en teoría, sino también se integre en la práctica mediante el diálogo social (entre empresarios y sindicatos y, si es oportuno, el Gobierno) y el diálogo civil (comunicación bilateral y multilateral entre el Gobierno y las ONG y otros grupos de interés). 2.3. Este dictamen no tiene como objetivo la simple enumeración de los progresos realizados por Rumania desde el último informe periódico publicado por la Comisión en noviembre de 2001 o recordar las apreciaciones del Parlamento Europeo a este respecto, sino presentar la posición adoptada por el CESE a través de la evaluación de las situaciones encontradas. 2.4. La evolución y el comportamiento de la sociedad civil organizada 2.4.1. La ley de 1924 autoriza la creación de asociaciones y fundaciones en Rumania. El espíritu asociativo de la sociedad rumana se ha puesto de manifiesto en estos últimos años con la creación de nuevas asociaciones y fundaciones y con el incremento del número de ONG. 2.4.2. Esta ley favorable y la implicación de algunos agentes públicos y privados han facilitado la evolución positiva de la sociedad civil en Rumania. Esta evolución positiva se ha podido observar también en la implantación de las ONG, que al principio de su aparición estaban localizadas más bien en las zonas urbanas y que actualmente se encuentran también en las zonas rurales. En las relaciones de las ONG con las autoridades públicas se ha registrado otro progreso importante, pues comienzan a considerarlas como socios para la resolución de los verdaderos problemas socioeconómicos y no como "instigadores". Esto prueba que la sociedad rumana en general ha alcanzado una cierta madurez cívica. 2.4.3. Por el contrario, el aspecto negativo consiste en la gran escasez de medios financieros y de recursos humanos y materiales en relación con las necesidades reales de la sociedad civil rumana. Por otra parte, conviene señalar la reticencia de algunos ciudadanos -a causa de la mentalidad dominante en el período comunista- que tienen miedo a cualquier actividad "organizada". 2.4.4. En el año 2000, una disposición gubernamental que regula los aspectos de creación, organización y funcionamiento de las asociaciones, fundaciones, ONG y otros organismos vino a establecer un nuevo marco normativo general de la sociedad civil organizada. 2.4.5. Con la creación del Consejo Económico y Social rumano en 1998 se reforzó el papel de los interlocutores sociales. Se han creado comisiones de diálogo social en cada ministerio y en cada prefectura. Estas comisiones deben ser consultadas sobre los temas de reestructuración económica y privatización. 2.4.6. El CESE destaca que el marco actual de diálogo civil en Rumania es insuficiente y que las ONG no pueden entrevistarse formalmente con el Gobierno. 2.4.7. Los representantes del CES rumano pidieron apoyo técnico al CESE con el fin de reforzar la sociedad civil organizada y atenuar las carencias de la gestión organizativa y las dificultades que de ello se derivan. 2.5. La evolución del diálogo social y el papel CES rumano en esta evolución 2.5.1. El Gobierno ha tomado conciencia de la importancia del diálogo social en Rumania. En este sentido se ha decidido a firmar un acuerdo social con los sindicatos y las confederaciones de empresarios en el que se establecen las prioridades sociales, económicas y legislativas comunes. 2.5.2. La presencia del interlocutor gubernamental del CES ha desempeñado un papel muy importante en el período de transición pero, pese a ello, sólo se le consulta sobre un número reducido de proyectos legislativos con repercusiones económicas y sociales importantes. 2.5.3. La modificación de la Ley 109/1997 sobre la organización y el funcionamiento del CES impone la continuación de la transferencia de competencias y responsabilidades a los interlocutores sociales. Aunque ya se ha hecho una declaración relativa a la transferencia de competencias, no se ha concretado ninguna fecha para su aplicación. 2.6. Elementos recientes en el proceso de adhesión 2.6.1. El Sr. G. Verheugen, Miembro de la Comisión encargado de la ampliación, declaró en su visita del 17 de diciembre de 2001 a Timisoara que Rumania puede contar todavía más con el apoyo de la Unión Europea dada su voluntad de acelerar sus preparativos para ponerse a la altura de los otros países candidatos más avanzados. En este marco, el 18 de diciembre el Gobierno rumano presentó su estrategia para acelerar las negociaciones de adhesión. 2.6.2. En abril de 2002, el Comisario Sr. Verheugen anunció que la Comisión Europea iba a proponer una estrategia más avanzada de preadhesión y una guía para todos los Estados candidatos que no pudieran concluir las negociaciones de adhesión este año. Entre ellos mencionó a Rumania y Bulgaria. 2.6.3. El 17 de enero de 2002, el Gobierno rumano aprobó un nuevo programa nacional especial con el objetivo de abrir todos los capítulos de las negociaciones en 2002 y finalizar el proceso en 2003 o, a más tardar, a principios de 2004. 2.6.4. El ministro de Asuntos Exteriores rumano pidió a la UE, en marzo de 2002, que presentara un nuevo calendario de negociaciones, así como las condiciones financieras precisas de su adhesión. Puso de relieve que el hecho de que Rumania no esté incluida en la planificación financiera hasta 2006 constituye un obstáculo importante para la adhesión que le impedirá por tanto incorporarse a la UE antes de 2006, en caso de que Rumania esté preparada antes de esa fecha. 3. Observaciones específicas 3.1. Democracia y Estado de Derecho 3.1.1. El poder legislativo, paralizado durante mucho tiempo, ha mejorado sensiblemente desde las elecciones de finales de 2000 con una iniciativa de reformar las dos cámaras a fin de acelerar el procedimiento de aprobación de los actos jurídicos prioritarios, entre los que se cuentan los textos relativos a la adhesión a la UE. 3.1.2. El Gobierno rumano nombró un ministro encargado de las relaciones con el Parlamento y Secretarios de Estado en todos los ministerios ejecutivos. También redujo el recurso a los reglamentos y a los procedimientos de urgencia con el fin de proteger los procedimientos legislativos. 3.1.3. Las reformas aplicadas desde las elecciones han mejorado considerablemente el funcionamiento del poder ejecutivo: se ha registrado un refuerzo de las estructuras responsables de la gestión del proceso de adhesión y de las nuevas medidas relativas a la administración local y la descentralización. Se ha observado también un esfuerzo de consulta de los interlocutores sociales, las ONG y el mundo de los negocios con objeto de mejorar la coordinación de la acción política, pero sigue siendo muy limitado. 3.1.4. El CESE considera que, a pesar de las medidas adoptadas para la reforma de la función pública, no se han registrado progresos sustanciales en este sector. Sigue siendo necesaria una estrategia de reforma global de la contratación, las políticas salariales y las estructuras de carrera, así como medidas para garantizar la independencia y la responsabilidad de los funcionarios. 3.2. Otros intereses políticos del Gobierno: la lucha contra la corrupción 3.2.1. Tras una serie de críticas oficiales de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, el Ministerio del Interior rumano presentó a principios de enero de 2002 un nuevo proyecto para combatir la corrupción. El proyecto sigue las normas de la UE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y del Consejo de Europa. A principios de marzo de 2002, Rumania introdujo otro medio para la lucha contra la corrupción: un sistema de licitaciones por vía electrónica. 3.3. Evaluación del papel del Comité Consultivo mixto UE - Rumania (CCM) 3.3.1. Después de tres años de experiencia de cooperación con el CCM, se puede considerar que Rumania ha cobrado una mayor conciencia de la importancia de la evolución del diálogo social y civil. 3.3.2. El CCM se ha revelado útil para los grupos de interés rumanos gracias a las reuniones y a los debates entablados a lo largo de este período. Ello ha permitido plantear concretamente la función de la sociedad civil organizada europea representada por el CESE. 3.3.3. Informe del viaje de estudios a Timisoara(1) 3.3.3.1. Por iniciativa de la Asociación de los Estados generales de los estudiantes de Europa, el CESE fue instado a pronunciar un discurso en el marco de la Conferencia internacional sobre las consecuencias de la ampliación de la Unión Europea en la sociedad civil. Los estudiantes de los países candidatos presentes mostraron un interés particular en este tema y participaron muy activamente en los debates. Los estudiantes consideran que el diálogo en la sociedad civil aún está poco desarrollado y que la existencia y la función del CES rumano también son muy poco conocidos. 3.3.3.2. Se establecieron algunos contactos entre el representante del CESE y los representantes de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y del sector agrícola, quienes le comunicaron su deseo de realizar una economía de mercado viable. Todos mencionaron sus grandes preocupaciones (aumento del desempleo, escasez de la asistencia social por parte del Gobierno, escasez de programas de reinserción profesional, etc.) en cuanto a las consecuencias de esta economía. Consideran que el Gobierno actual no les consulta suficientemente acerca de estas cuestiones. 3.3.3.3. El representante del CESE pudo comprobar la presencia de la AID - ONG que tiene por objetivo estudiar con otras ONG locales la participación efectiva de las distintas estructuras en el diálogo social y civil. Se ha celebrado un debate sobre la necesidad de representación del Grupo III en el marco del CES rumano, pero al parecer los participantes actuales en los acuerdos tripartitos no están muy interesados en efectuar ningún cambio. 3.3.3.4. Se destacó el hecho de que otra ONG, el Centro de Asistencia Rural, cumple lo mejor posible su misión de facilitar el desarrollo sostenible y participativo de las comunidades rurales aumentando su capacidad individual e institucional para administrar sus recursos destinados al desarrollo. 3.3.3.5. El presidente del Centro de Recursos para la comunidad gitana también intercambió sus opiniones con el CESE, sobre todo en relación con la aplicación de la estrategia gubernamental para la mejora de la situación de los gitanos. 3.3.4. La situación de la agricultura(2) 3.3.4.1. A principios del siglo XX Rumania estaba entre los principales proveedores de productos agrícolas del mercado europeo. Durante los últimos once años, la agricultura rumana ha obtenido resultados bastante mediocres. La importancia del sector en este país no es desdeñable. El porcentaje de la población activa ocupada en el sector agrícola, estimado por la Comunidad Europea en un 42 %, es, entre otras, una de las consecuencias de la reestructuración del sector industrial y de la construcción. 3.3.4.2. Uno de los principales problemas de la agricultura rumana radica en su falta de especialización en cuanto a productos de exportación. Por otra parte, surgen otros obstáculos importantes con el retraso de la reforma agraria y la lenta armonización del Derecho rumano con el Derecho comunitario. 3.3.4.3. El CESE está preocupado por la situación actual en la que una proporción muy elevada de la población trabaja en el sector agrícola, compuesto por un enorme número de pequeñas explotaciones familiares con una economía de subsistencia. Esta situación es tanto más preocupante si se considera que, en las perspectivas presupuestarias para el período 2000-2006 fijadas por el Consejo Europeo de Berlín en 1999, no se tuvo en cuenta la aplicación de las ayudas directas a los agricultores de los futuros Estados miembros. 3.3.4.4. El 62 % de la tierra lo constituyen terrenos agrícolas que representan 15 millones de hectáreas, de las cuales el 80 % son cultivables. Una parte importante de las explotaciones agrarias son explotaciones privadas (85 %) que tienen una superficie media de 2,35 hectáreas. Eso quiere decir que se trata de una agricultura más bien familiar. Las grandes explotaciones agrarias, que representan alrededor de un 10 % de las tierras cultivadas, fueron objeto de una privatización bastante lenta y se observa que el mercado de las pequeñas explotaciones no funciona de manera coherente. El CESE destaca la necesidad de que se realicen inversiones y se reestructure el sector agroalimentario para crear empleos estables y justos. 3.3.4.5. Las organizaciones agrícolas en general no son muy fuertes, pero las organizaciones sectoriales por ramo de producción son más fiables desde el punto de vista financiero. Estas últimas continúan haciendo esfuerzos para tener una influencia positiva en las cuestiones fundamentales de la política agrícola. 3.3.4.6. Rumania es el segundo país candidato, después de Polonia, que se beneficiará de casi el 30 % del importe del programa de preadhesión Sapard. Actualmente se están llevando a cabo los preparativos para la acreditación de la agencia rumana Sapard. 3.3.4.7. Las conclusiones de los documentos de CCM UE-Rumania plantean una reflexión sobre la forma en que el CESE podría intervenir para apoyar a las organizaciones agrícolas en el futuro para que puedan encontrar su lugar en la sociedad civil organizada. 3.3.4.8. Con objeto de garantizar la preparación interna de las negociaciones sobre el capítulo de la agricultura, el ministro rumano de Integración Europea y el Ministro de Agricultura concedieron, durante el primer semestre de 2002, una atención especial a la consolidación de la capacidad administrativa del Ministerio de Agricultura y del Departamento para la Integración Europea y la Política Agrícola Común. Entre las prioridades del Gobierno en el ámbito de la agricultura podemos recordar: la traducción, aprobación y transposición del acervo, así como el control de los proyectos financiados por Phare 2000 y la adopción de medidas en los sistemas fitosanitarios y veterinarios. El Gobierno mencionó su firme voluntad de aplicar durante el año 2002 las medidas y los compromisos no cumplidos con anterioridad. Rumania ha presentado una posición de negociación sobre este capítulo el 10 de enero de 2002. 3.3.5. La cuestión del Danubio(3) 3.3.5.1. La UE prevé crear modos de transporte que puedan sustituir el transporte por carretera a fin de aliviar la congestión del tránsito rodado. Debido a la crisis de Kosovo, la navegación por el Danubio es uno de los sectores de la navegación marítima más afectados. 3.3.5.2. El CESE comparte la opinión expresada en el Libro Blanco sobre la política de transportes 2010 según el cual las infraestructuras son "un parámetro fundamental de la estrategia de desarrollo económico y de integración al mercado interior de los países candidatos". 3.3.5.3. Las vías navegables del Danubio se incluyen en las redes transeuropeas de transporte y forman parte del pasillo paneuropeo VII. No obstante, actualmente el Danubio no puede desarrollar todo su potencial debido, por una parte, a los problemas prácticos de infraestructura (después del conflicto de Yugoslavia, es imprescindible reparar el cauce y las orillas del río y adaptar su profundidad) y, por otra, a los problemas jurídicos (no está previsto un marco jurídico claro y preciso del derecho de navegación, el acceso al mercado por el Danubio y la libertad de prestación de servicios). Existen dos convenios, pero no se sabe a ciencia cierta cuál de los dos se aplicará en la perspectiva de la adhesión de Rumania. 3.3.5.4. Varios convenios internacionales cubren diversos aspectos de la navegación interior por el Danubio. Además, algunos acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y Rumania hacen referencia a distintos aspectos de la navegación por esta vía fluvial. El CESE indicó que el aprovechamiento óptimo del Danubio es un problema horizontal que afecta a varios países candidatos y está convencido de que esta nueva percepción podría contribuir al máximo aprovechamiento del Danubio para que desempeñe el papel que merece como pasillo paneuropeo y río de la paz. 3.3.5.5. El CESE recomienda que el estatuto jurídico de estas disposiciones sea examinado en el contexto de las negociaciones de adhesión de Rumania, para que, a raíz de ésta, Rumania aplique solamente la legislación europea en cuanto a navegación interior. 4. Otras observaciones 4.1. Rumania y los derechos humanos 4.1.1. La reforma del sistema de ayuda a la infancia ha progresado bien y se considera satisfactoria. El presupuesto destinado a la ayuda a la infancia casi se ha duplicado con relación al año anterior y el número de servicios de ayuda a la infancia ofrecidos como alternativa al internamiento en instituciones ha aumentado. Los presidentes de los consejos generales han sido nombrados responsables de las instituciones vinculadas a la protección del niño. Se ha terminado la revisión de la traducción del Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, que contenía graves errores. El Gobierno aprobó también una estrategia revisada de protección de los niños necesitados para 2001-2004. 4.1.2. En junio de 2001, Rumania prohibió la adopción internacional de niños ante la presión de la UE (más concretamente, de un informe del Parlamento Europeo) que comparaba esta práctica al "tráfico de seres humanos"(4). El ponente del Parlamento Europeo mencionó recientemente que Rumania ha aprobado medidas esenciales para la protección de los niños internados en instituciones y que en marzo de 2002 un grupo independiente encargado de revisar las adopciones internacionales redactó un nuevo informe a este respecto. El CESE considera que Rumania ha realizado progresos en lo referente a la protección de la infancia, pero las orientaciones destinadas a las organizaciones que trabajan con niños deben desarrollarse al nivel europeo para garantizar una normativa coherente. 4.1.3. La estrategia nacional destinada a la mejora de la situación de los gitanos es un documento elaborado en concertación con los representantes gitanos y fue acogida favorablemente por estos últimos. El CESE prestará una atención especial al grado de aplicación de esta estrategia por parte del Gobierno rumano. 4.1.4. En febrero de 2002, el Gobierno rumano y la delegación de la Comisión Europea en Rumania abrieron un centro de recursos para la comunidad gitana, con el fin de desarrollar una asociación entre las autoridades públicas locales, esta comunidad y las ONG. El centro forma parte de la estrategia del Gobierno rumano adoptada en 2001, que prevé también medidas relativas al acceso de los gitanos a la educación y a la enseñanza superior. 4.1.5. Por otra parte, la aprobación de la ley sobre la administración pública local reconoce el derecho de las minorías lingüísticas a beneficiarse de los servicios prestados por las autoridades locales en su lengua materna. La creación de una universidad húngara privada financiada con la ayuda del Estado húngaro está también en curso. 4.1.6. La modernización del sistema penal fue también objeto de una reforma importante con la creación de centros de libertad provisional. El código penal ha sido modificado en puntos esenciales y la legislación que consideraba la homosexualidad una infracción penal se ha suprimido. El Gobierno rumano ha aprobado un nuevo texto legislativo más claro con respecto al tratamiento de los solicitantes de asilo y los refugiados. 4.1.7. En marzo de 2001, el Consejo aprobó el Reglamento (CE) n° 539/2001 que establecía los terceros países cuyos ciudadanos debían estar en posesión de un visado para cruzar las fronteras de la UE. El apartado 2 del artículo 8 de este Reglamento concede una exención de visado a los ciudadanos rumanos, pero la entrada en vigor de esta decisión estaba condicionada a la redacción de un informe de la Comisión Europea sobre las medidas que, entre otras, el Gobierno rumano preveía adoptar contra la inmigración ilegal, la repatriación de los residentes ilegales que se encuentran en la UE, la protección de las fronteras, etc. A partir del 1 de enero de 2002 el Consejo decidió suprimir la obligación del visado para los nacionales rumanos. Estos últimos tienen ahora el derecho a viajar sin visado en la zona Schengen. 4.1.8. Por otra parte, a principios de marzo de 2002, los Gobiernos británico y rumano decidieron crear una unidad de información para luchar contra la inmigración ilegal entre estos dos países. El Gobierno rumano está organizando desde el 15 de marzo de 2002 cursos de formación para sus funcionarios de policía (que serán responsables de la protección de las fronteras exteriores orientales de la UE tras la ampliación) en Derecho comunitario en materia de justicia y asuntos interiores. 4.2. Estabilización macroeconómica 4.2.1. Después de tres años de enfriamiento de la actividad económica, el crecimiento del PIB fue positivo en el año 2000 (1,6 %) y se aceleró en 2001 (4,9 % crecimiento del PIB real). De acuerdo con el programa económico de preadhesión de Rumania, aprobado por la UE y el FMI, para el año 2002 está previsto un crecimiento de 5 %. El Gobierno prevé mantener este ritmo de modo que entre 2002 y 2005 el crecimiento alcance el 5,5 %. 4.2.2. A pesar del aumento de las exportaciones(5) en 2002, el déficit por cuenta corriente ha seguido aumentando debido a las excesivas importaciones(6) Tras varios años de saneamiento presupuestario, el objetivo del Gobierno consistía en reducir ligeramente el déficit hasta alcanzar el 3,5 % del PIB en 2001. El déficit presupuestario consolidado para 2002 ya se fijó en el 3 % del PIB y este objetivo deberá mantenerse entre 2003 y 2005. 4.2.3. A pesar de que la inflación esté orientada a la baja, se mantuvo muy alta a lo largo del año 2001 (30,3 %). El objetivo para el año 2002 es hacerla descender hasta el 22 %. 4.2.4. En noviembre de 2001, Rumania presentó oficialmente su propuesta de negociación sobre la UEM comprometiéndose a reducir la tasa de inflación por debajo del 10 % a partir de 2004 y a introducir el euro como única moneda de referencia para el lei rumano. En este sentido, los representantes del Banco Nacional Rumano organizaron a finales de 2001 una campaña nacional de información sobre el euro. 4.2.5. En noviembre de 2001 la tasa de desempleo registrada en Rumania era del 7,1 %, y aumenta después de cada medida de reestructuración. Este año la cifra oficial de desempleo se situaba en el 12,4 %(7) mientras que el Gobierno rumano había previsto en su programa una estabilización de este porcentaje en el 9 % para el año 2002. Más de la mitad de las personas sin empleo son parados de larga duración. El CESE insiste en la necesidad de que el Gobierno rumano aporte mejoras concretas a esta situación. 4.2.6. En el campo de la economía, la privatización y las reestructuraciones de las grandes empresas estatales se acelerarán durante el año 2002: el Banco Comercial Rumano deberá ser íntegramente privatizado antes de finales de año; tres grandes empresas deficitarias (Romance, Siderurgica y Nitramonia) serán divididas en "entidades viables" y "no viables" en la primera mitad de 2002, con consecuencias económicas y sociales considerables. En el proceso de reestructuración también se ha tropezado con dificultades importantes en el sector de la agricultura. 4.2.7. El CESE insiste en que es preciso hacer un seguimiento de las consecuencias de estas reestructuraciones y pide al Gobierno rumano que establezca medidas concretas y plausibles para la reorientación profesional y que ofrezca un apoyo financiero más adecuado a las personas que se encuentran en una situación muy precaria. 4.2.8. El CESE confirma que Rumania debe velar especialmente por la disciplina financiera de las empresas, poniendo fin a la acumulación de atrasos y a la concesión de ayudas del Estado a las empresas inestables. Pero el CESE destaca una vez más la necesidad de prever medidas de acompañamiento a la reestructuración y la privatización de las empresas. 4.2.9. En conclusión, Rumania ha progresado en términos generales en la estabilización macroeconómica: el crecimiento se reanudó y las exportaciones aumentaron, pero se deberá reducir el déficit corriente y la fuerte inflación para atenuar los otros desequilibrios económicos aún existentes. El CESE observa que quedan muchos esfuerzos por hacer, pero que el Gobierno rumano es consciente de la necesidad de llevar a cabo el programa puesto a punto con el FMI y el programa económico de preadhesión. 4.3. El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 4.3.1. El 28 de marzo de 2000, Rumania presentó su posición de negociación sobre las PYME. Aceptó enteramente el acervo comunitario y no pidió ni período de transición ni derogaciones. Para eliminar los obstáculos a las PYME, el Gobierno rumano estableció una estrategia y un plan de acción mediante la simplificación de los procedimientos de registro y de licencia, la revisión del marco jurídico, la reducción de los impuestos y la simplificación del sistema fiscal, y también mediante el fomento de los contratos públicos. 4.3.2. Se organizaron programas de formación para empresarios y se creó una red nacional de asesorías para las PYME. El Gobierno constituyó un Fondo nacional de garantía para los créditos con el fin de mejorar el acceso de las PYME a los medios de financiación y se introdujo un sistema fiscal simplificado para las microempresas. Las PYME se benefician de exenciones fiscales en algunas importaciones y en la reinversión de los beneficios. Mediante la creación de una "ventanilla única" situada en las cámaras de comercio, las nuevas empresas podrán registrarse y obtener todas las autorizaciones necesarias en poco tiempo (20 días), pero existen todavía dificultades burocráticas. 4.3.3. Por otra parte, en un informe publicado en junio de 2002 por el Consejo de inversores extranjeros en Rumania se registran cambios favorables en el procedimiento de consulta previa relativo a la legislación, los cuales se observan en el sector empresarial, la legislación destinada a acelerar la privatización y la creación del organismo para el fomento de inversiones extranjeras. 4.3.4. Para favorecer la promoción del sector, el Gobierno tomó también la iniciativa de crear un ministerio de las PYME y de las cooperativas que puso en marcha, a principios de 2002, cuatro programas específicos para las PYME por un importe de 87 billones de lei (ROL) añadidos al programa Phare 2002, que serán operativos, en principio, a partir del mes de julio de 2002. 4.3.5. El CCM ha examinado varios problemas relativos al desarrollo de las PYME en Rumania, en particular la evolución del marco legislativo y reglamentario de la organización y el desarrollo de este sector de actividad así como las cuestiones vinculadas a la deslocalización de las PYME de los países de la UE hacia Rumania. Se analizaron la amplitud del fenómeno así como los problemas económicos, regionales, sociales y de condiciones de trabajo en estas empresas(8). 4.3.6. El CESE destaca también el hecho de que el programa RICOP para el acompañamiento de las medidas estructurales (reestructuraciones industriales y sociales) se ha retrasado porque no se ha encontrado un gestor de los fondos. Esta medida tiene consecuencias no desdeñables, ya que este programa financiado por la Comisión Europea afecta a 68 empresas. 4.3.7. A pesar de todas estas medidas, el entorno empresarial requiere aún mejoras en los numerosos controles de distintos organismos que provocan la posible corrupción de los inspectores, en el sistema bancario caracterizado por los elevados tipos de interés y en los procedimientos de las garantías pesadas. 4.4. La política social 4.4.1. En octubre de 2001, el Gobierno rumano abrió las negociaciones sobre política social y aceptó enteramente la legislación comunitaria en vigor, al tiempo que consideraba que podrá aplicar este acervo desde el momento de la adhesión. Se organizaron actividades de sensibilización con los sindicatos, las asociaciones de empresarios, la sociedad civil y el público con respecto a la apertura de este capítulo. 4.4.2. Por otra parte, los representantes rumanos en Bruselas señalaron al CESE su entusiasmo por el hecho de participar en la Cumbre europea de Barcelona(9) como país candidato de pleno derecho y no solamente como observador, ya que por primera vez los quince Estados miembros y los trece países candidatos participaban activamente en una reunión de trabajo durante una cumbre europea. 4.4.3. La revisión del Acuerdo Social 2001 tuvo lugar en marzo de 2002. Este documento fue firmado por los interlocutores sociales representados por siete confederaciones patronales(10), tres confederaciones sindicales(11) y el Gobierno(12). En opinión del CESE, este documento puede considerarse como la prueba de un principio de diálogo social y reconoce que presenta una estrategia proporcionada en materia social, pero expresa cierta reserva en cuanto a los signatarios de este acuerdo. 4.4.4. El CESE observa que el Acuerdo Social 2002 se firmó sin respetar las normas del diálogo social, en el que sólo deben intervenir los interlocutores sociales (patronal y sindicatos), mientras que este acuerdo no es más que el resultado de una concertación social llevada a cabo por el Gobierno que no obtuvo el acuerdo de todas las confederaciones sindicales(13). 4.4.5. Se ha dado un paso notable con la aprobación de una ley sobre la creación de una renta mínima garantizada que entró en vigor el 1 de enero de 2002. Esta ley establece que las personas más desfavorecidas perciban una ayuda social, pero por desgracia no es suficiente con respecto a las necesidades reales. La atribución de esta renta mínima garantizada está condicionada por un trabajo "de interés para la comunidad". El CESE considera que, no obstante, el Gobierno rumano ha intentado hacer un esfuerzo presupuestario estimado en 0,4 % del PIB para la aplicación de esta ley. 4.4.6. En términos generales, el CESE entiende que las medidas establecidas por el Gobierno rumano en el Acuerdo Social 2002 en materia de política salarial no corresponden a la realidad. Los salarios actuales, así como las jubilaciones, parecen ridículos en relación con los precios practicados en el mercado rumano. 4.4.7. Otras dos leyes, una sobre el sistema nacional de asistencia social y otra sobre la prevención y la lucha contra la marginación social, entraron en vigor en enero de 2002. 4.4.8. Por lo que se refiere a la aprobación de un nuevo código del trabajo, el debate está en curso actualmente, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión particular en este ámbito. Se ha creado una Agencia Nacional para el empleo, pero no se conoce con precisión su eficacia. 4.4.9. El CESE observa que la aplicación de muchos aspectos del acervo de política social depende en la práctica de las acciones de las empresas y de sus empleados. La plena integración de sus organizaciones en las negociaciones de la adhesión hace posible la identificación de los posibles problemas en materia de legislación y aplicación y su solución en esta fase temprana. El CESE no está convencido de que esta integración profunda esté muy extendida en Rumania. 4.4.10. El CESE se pregunta sobre la evolución del diálogo social bipartito, la eficacia del plan nacional para el empleo, la preparación de la administración del Fondo Social Europeo en la perspectiva de la adhesión, la seguridad social, la protección de los consumidores, etc., y también por las cuestiones relativas a las disposiciones de aplicación de la legislación sobre la prevención de todas las formas de discriminación. El capítulo de política social se cerró temporalmente el 19 de abril de 2002. 4.5. El medio ambiente 4.5.1. El Gobierno rumano aprobó una posición de negociación sobre el medio ambiente a finales de octubre 2001(14). Antes de la presentación de esta posición oficial, la Delegación rumana encargada de las negociaciones entabló varios debates con las autoridades locales, los interlocutores sociales, los partidos políticos y otros miembros de la sociedad civil, todos ellos interesados en la adopción del acervo comunitario en el área de medio ambiente. 4.5.2. Entre las prioridades del Gobierno figuran medidas de finalización de la armonización de la legislación y la transposición del acervo en ámbitos precisos como la evaluación del impacto en el medio ambiente o el acceso libre a la información medioambiental. 4.5.3. El CESE observa una ligera evolución en el desarrollo de las capacidades administrativas en este sector a través de los recientes programas de formación de funcionarios que trabajan en él y del plan de refuerzo de la capacidad administrativa adoptado por el Gobierno rumano en marzo de 2002. 4.6. La política regional 4.6.1. Hay que señalar algunos progresos, en particular, en la mejora del dispositivo institucional. Rumania comienza por fin a examinar las prioridades a medio plazo de la política regional, en el marco de la asociación de adhesión. 4.6.2. Rumania ha desarrollado algunas estructuras para la puesta en marcha de los Fondos Estructurales. La política regional está encomendada, por una parte, al Secretario de Estado de inversión y desarrollo (para su programación y la gestión) y, por otra, al Secretario General del Ministerio (para los pagos). Se ha mejorado un tanto la gestión del control financiero. Se ha encargado al Ministerio de Desarrollo entre otras cosas la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y la gestión de los fondos de desarrollo regional y los fondos comunitarios de preadhesión para la cohesión económica y social. El Gobierno ha establecido once zonas de reestructuración industrial que deberán beneficiarse prioritariamente de la ayuda comunitaria en materia de cohesión social. Al objeto de tener acceso a los fondos regionales y estructurales, los interlocutores sociales deberán estar representados, con arreglo al principio de "asociación ampliada", en los órganos encargados de los programas regionales y nacionales, que son los verdaderos solicitantes y receptores de la financiación de la UE. En opinión del CESE, Rumania podría y debería fomentar sin demora la participación de los interlocutores sociales y, cuando se considere oportuno, de diversas ONG, en sus políticas regional y estructural. 4.6.3. En opinión del CESE, Rumania aún debe hacer esfuerzos importantes en el contexto de la estrategia europea para el empleo y en el proceso de integración social. 4.7. Ayuda comunitaria 4.7.1. Para prepararse para la adhesión, Rumania dispone de tres instrumentos de preadhesión financiados por la Comunidad Europea. En el marco del programa Phare (desarrollo de las instituciones), Rumania dispondrá en el año 2002 de una asignación de 242 millones EUR(15). En cuanto al programa Sapard, se le concederá también una asignación anual de 153 millones EUR para el período 2000-2006(16). De conformidad con el programa ISPA, el presupuesto anual asignado a Rumania se situará entre 208 y 270 millones EUR(17). 4.7.2. La aplicación del programa Sapard se basa en el Plan Nacional de Desarrollo agrícola y rural. En este sentido, el Gobierno rumano realizó importantes esfuerzos para la preparación de la autorización de la agencia SAPARD. El CESE destaca la falta de agilidad de los procedimientos administrativos impuestos por la UE a los agricultores de todos los países candidatos que desean obtener estos fondos. 4.7.3. Rumania participa también en programas multinacionales y horizontales financiados por Phare, como Taiex, el mecanismo en favor de las pequeñas y medianas empresas, el programa Access relativo a la sociedad civil, etc. 5. Progresos realizados en la adopción y la aplicación del acervo comunitario 5.1. Situación actual 5.1.1. En la actualidad, la UE ha abierto negociaciones con Rumania sobre 26 capítulos del acervo comunitario, de los cuales se han cerrado ya doce. 5.1.2. En términos generales, el CESE considera que Rumania ha seguido haciendo progresos en la adopción del acervo comunitario, pero que estos progresos no se corresponden forzosamente con mejoras de la capacidad administrativa y de la aplicación de este acervo. 5.1.3. En cuanto a la legislación sobre el mercado interior, el CESE señala pocos progresos si se exceptúa la aprobación de la nueva legislación sobre los contratos públicos. La capacidad administrativa ha mejorado un tanto en este sector, pero es preciso aún realizar esfuerzos. 5.1.4. En cuanto a la libre circulación de trabajadores (tema tratado en las discusiones del CCM UE-Rumania), se ha firmado un acuerdo bilateral con Portugal y existe también un acuerdo con Italia. Además se ha firmado otro acuerdo con Luxemburgo para el intercambio de personas en periodo de prácticas. Por lo que se refiere a la futura coordinación de los sistemas de seguridad social de estos trabajadores, Rumania debería establecer las estructuras administrativas adecuadas. El CESE recuerda la Decisión n° 93/569/CEE de la Comisión, de 22 de octubre de 1993, relativa a la libre circulación de los trabajadores en lo que respecta a la red europea de empleo EURES. Con esta Decisión, la Comisión insta a que se establezcan sinergias entre los servicios públicos, los entes locales y los interlocutores sociales, a fin de aumentar la transparencia del mercado laboral y fomentar la movilidad de los trabajadores en las zonas transfronterizas. El CESE recomienda a Rumania que persista en sus esfuerzos a fin de que el país se integre en esta red europea. 5.1.5. El Gobierno rumano presentó una estrategia industrial al mismo tiempo que un plan de acción que comprendía algunas medidas para la aplicación de la política industrial. Estos documentos se redactaron previa consulta a las "partes interesadas"(18). El CESE insiste en cuanto a los métodos de aplicación de esta estrategia, su aplicación efectiva y, sobre todo, el seguimiento de las consecuencias sociales. 5.1.6. Con respecto a la aplicación del acervo en las pequeñas y medianas empresas, como se ha dicho más arriba el Gobierno ha realizado algunos progresos; sin embargo el CESE señala una vez más el retraso de la aplicación del Programa Ricop y la magnitud del fenómeno de deslocalización de las PYME de la UE hacia Rumania. 5.1.7. El CESE confirma que Rumania ha progresado considerablemente en la transposición del acervo en el sector de los transportes. Las observaciones que deben tenerse en cuenta serían la falta de medidas de armonización fiscal en los transportes por carretera, la seguridad marítima, la reestructuración de la compañía nacional aérea TAROM y la resolución del problema del Danubio. 5.1.8. En el sector de la agricultura, la reestructuración está apenas comenzando, no se han precisado las medidas complementarias del Gobierno rumano y la capacidad administrativa es especialmente limitada, a pesar de ciertos avances en la transposición de este acervo. Entre 2002 y 2004, el Gobierno rumano deberá adoptar medidas con el fin de sentar las bases jurídicas e institucionales del marco de aplicación de la PAC. 5.2. Aplicación y transposición 5.2.1. Los Estados miembros de la UE no sólo deben adaptar la legislación nacional a las normativas UE, es decir, transponer las normativas UE. El acervo comunitario debe también ejecutarse, es decir, llevarse a la práctica. Una gran parte de las normas que regulan el mercado interior se refieren de hecho a los productos y a la seguridad de los productos, los procesos de producción, el entorno laboral, la legislación laboral, etc., que sólo pueden ponerse en práctica en las empresas y por su propio personal. 5.2.2. Con miras a reforzar la aplicación del acervo comunitario, se están llevando a cabo en la actualidad proyectos de asistencia técnica jurídica destinados a magistrados, abogados y altos funcionarios rumanos en estrecha colaboración con expertos de la UE especializados en el tema. 5.2.3. Las negociaciones de adhesión no sólo atañen a funcionarios y políticos. Los interlocutores sociales y otros representantes de la sociedad civil, como, por ejemplo, organizaciones de agricultores, consumidores, defensores del medio ambiente, etc., deben también participar y estar informados. 5.2.4. El CESE está convencido de que la participación temprana de los interlocutores sociales y diversas ONG garantizará una mejor comprensión de las normativas de la UE y su correcta aplicación. Bruselas, 17 de julio de 2002. El Presidente del Comité Económico y Social Göke Frerichs (1) Véase el Informe de Tim Papé para el CCM UE-Rumania: "Visita a Timisoara (Rumania)", 30 de noviembre - 1 de diciembre de 2001. (2) Véanse la nota del Sr. Nilsson "La agricultura" y el documento de trabajo del Sr. Neagoe "La agricultura" elaborados para la 4a reunión del CCM UE- Rumania de noviembre de 2001. (3) Para más detalles, véanse los documentos de trabajo sobre el Danubio de la Sra. Savopoulou para las reuniones 4a y 5a del CCM UE-Rumania (5-6 de noviembre de 2001 y 23-24 de mayo de 2002). (4) A este respecto, un despacho del 8 de abril de 2002 precisaba que el Congreso de los Estados Unidos podía obstaculizar la adhesión de Rumania a la OTAN si el país no suspendía su moratoria sobre las adopciones internacionales de niños. (5) Las exportaciones registradas en Rumania en 2002 han aumentado en un 11,5 % con respecto a diciembre de 2001: las exportaciones hacia los países desarrollados extracomunitarios en un 2,9 % y hacia los países de la UE en un 2,6 %. (6) Aunque han descendido en un 17 % en 2002 con respecto a diciembre de 2001, las importaciones siguen sobrepasando en número a las exportaciones. (7) Este porcentaje es discutible, ya que no refleja enteramente la situación real que el CESE pudo comprobar en sus desplazamientos por Rumania (por ejemplo, el elevado número de jubilaciones anticipadas, trabajos estacionales de gran precariedad en el sector agrícola, etc.). (8) Documentos de trabajo sobre las orientaciones de la política de las PYME en la UE y en Rumania - DI 66/2002 (ponente: Sr. Kirschen), DI 73/2002 (ponente: Sr. Bulumete). (9) Esta Cumbre europea se refería esencialmente a las cuestiones de política social. (10) Conpir, CNPR, CNIMPMNR, CoNPR, PNR, UGIR y 1903. (11) CNSLR-Fratia, CSDR y Meridian. (12) El Primer Ministro, el ministro de Trabajo y Solidaridad Social y el Secretario de Estado. (13) Por esa razón, el Bloque (BNS) y Cartel ALFA, dos Confederaciones sindicales signatarias del Acuerdo 2001, se han negado este año que a firmar el Acuerdo Social 2002. (14) En la que se solicitan 11 períodos de transición que varían de 3 a 15 años. (15) Un 30 % de los fondos se invierten en medidas de "desarrollo institucional" y en proyectos de "twinning", y un 70 % estará destinado a las inversiones, la cofinanciación de proyectos de asistencia técnica, los "hermanamientos", la cohesión económica y social, etc. (16) Esta ayuda está destinada esencialmente al desarrollo y la diversificación de la economía rural, el desarrollo de los recursos humanos en agricultura, la infraestructura en agricultura, etc. (17) Esta ayuda se asigna al sector del medio ambiente de acuerdo con las directivas llamadas de "inversiones elevadas": agua potable, tratamiento de las aguas residuales; y al sector de los transportes para la financiación de los proyectos relativos a las redes transeuropeas de vías férreas, carreteras, puertos, etc. (18) Asociaciones profesionales, sindicatos, empleados, funcionarios, sector privado, universitarios y otras instituciones públicas.