1

Mediante su recurso de casación, Brosmann Footwear (HK) Ltd (en lo sucesivo, «Brosmann»), Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd (en lo sucesivo, «Lung Pao») y Risen Footwear (HK) Co. Ltd solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de 4 de marzo de 2010, Brosmann Footwear (HK) y otros/Consejo (T-401/06, Rec. p. II-671; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso de anulación parcial dirigido contra el Reglamento (CE) no 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam (DO L 275, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).

2

Las disposiciones que regulan la aplicación de medidas antidumping por la Unión Europea figuran en el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004 (DO L 77, p. 12) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»).

3

Por lo que respecta a los requisitos para la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado (en lo sucesivo, «EEM»), el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base establece:

4

El artículo 3 del Reglamento de base, titulado «Determinación de la existencia del perjuicio», dispone en sus apartados 1, 2 y 7:

«1.   A efectos del presente Reglamento y salvo disposición en contrario, se entenderá por “perjuicio” el perjuicio importante sufrido por la industria comunitaria, la amenaza de perjuicio importante para esa industria o el retraso significativo en la creación de dicha industria, y deberá interpretarse con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

2.   La determinación de la existencia de perjuicio se basará: a) en un examen objetivo del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de las mismas en los precios de productos similares en el mercado interno; y b) en los efectos de esas importaciones sobre la industria de la Comunidad.

[…]

7.   También deberán examinarse otros factores conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la producción de la industria de la Comunidad, para garantizar que el perjuicio no se atribuye a las importaciones objeto de dumping contempladas en el apartado 6. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores de terceros países y de la Comunidad y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la industria de la Comunidad.»

5

Por lo que respecta a los requisitos que deben reunirse para la apertura de una investigación antidumping, el artículo 5, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento de base establece:

«2.   Las denuncias mencionadas en el apartado 1 deberán incluir los elementos de prueba del dumping, del perjuicio y del nexo causal entre las importaciones presuntamente objeto de dumping y el supuesto perjuicio. […]

[...]

3.   La Comisión, en la medida de lo posible, valorará los elementos de prueba que se aporten en la denuncia así como su pertinencia, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación.

4.   No se iniciará una investigación de conformidad con el apartado 1 salvo que se haya determinado, sobre la base del examen del grado de apoyo u oposición a la denuncia expresado por los productores comunitarios del producto similar, que la misma ha sido presentada por la industria de la Comunidad o en su nombre. La denuncia se considerará «presentada por la industria de la Comunidad o en su nombre» cuando esté apoyada por productores comunitarios cuya producción conjunta represente más del 50 % de la producción total del producto similar producido por la parte de la industria de la Comunidad que manifieste su apoyo u oposición a la denuncia. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores comunitarios que apoyen expresamente la denuncia representen menos del 25 % de la producción total del producto similar producido por la industria de la Comunidad.»

6

A tenor del artículo 9, apartados 5 y 6, del Reglamento de base:

«5.   Se establecerá un derecho antidumping en la cuantía apropiada en cada caso y en forma no discriminatoria sobre las importaciones de un producto, cualquiera que sea su procedencia, respecto al cual se haya comprobado la existencia de dumping y de perjuicio, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el presente Reglamento. El Reglamento por el que se imponga el derecho especificará el importe del mismo para cada suministrador o, si ello no resulta factible y, por lo general, en los casos previstos en la letra a) del apartado 7 del artículo 2, para el país suministrador afectado.

En los casos en que sea aplicable la letra a) del apartado 7 del artículo 2, podrá, no obstante, determinarse un derecho individual para los exportadores respecto de quienes pueda demostrarse, basándose en reclamaciones debidamente documentadas, que:

6.   Cuando la Comisión haya limitado su examen de conformidad con el artículo 17, los derechos que se apliquen a las importaciones procedentes de exportadores o productores que se hubiesen dado a conocer con arreglo al artículo 17, pero que no hubiesen sido incluidos en el examen, no deberá ser superior a la media ponderada del margen de dumping establecida para las partes incluidas en la muestra. […] Se aplicarán derechos individuales a las importaciones de cualquier exportador o productor al que se hubiese concedido un trato individual, tal como se establece en el artículo 17.»

7

Por lo que respecta a la técnica consistente en la utilización del muestreo, el artículo 17, apartados 1 y 3, del Reglamento de base dispone:

«1.   En los casos en que exista un número importante de denunciantes, exportadores, importadores, tipos de productos o transacciones, la investigación podrá limitarse a un número prudencial de partes interesadas, productos o transacciones, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que se disponga en el momento de la selección, o del mayor porcentaje representativo del volumen de producción, ventas o exportación que pueda razonablemente investigarse en el tiempo disponible.

[…]

3.   En los casos en que se haya limitado el examen de conformidad con el presente artículo, podrá no obstante calcularse el margen de dumping correspondiente a todo exportador o productor no seleccionado inicialmente que presente la información necesaria en los plazos establecidos en el presente Reglamento, salvo que el número de exportadores o productores sea tan grande que los exámenes individuales resulten excesivamente gravosos e impidan concluir oportunamente la investigación.»

8

El artículo 18, apartados 3 y 4, del Reglamento de base está redactado de la siguiente manera:

«3.   Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, no deberá descartarse, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente precisas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada la haya elaborado lo mejor posible.

4.   Si no se aceptan elementos de prueba o información, la parte que los haya facilitado deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan llevado a ello y deberá tener la oportunidad de presentar nuevas explicaciones en los plazos previstos. Si las explicaciones no se consideran satisfactorias, las razones por las que se hayan rechazado tales elementos de prueba o información se comunicarán con las conclusiones publicadas.»

9

El Tribunal General expuso los antecedentes del litigio, en los apartados 10 a 42 de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

10

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 28 de diciembre de 2006, las recurrentes interpusieron ante dicho Tribunal un recurso de anulación del Reglamento controvertido. Mediante escrito presentado en dicha Secretaría el 26 de marzo de 2007, la Comisión solicitó intervenir en el asunto en apoyo de las pretensiones del Consejo. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 5 de abril de 2007, la CEC solicitó intervenir en el asunto en apoyo de las pretensiones del Consejo. Mediante auto de 2 de agosto 2007, el Presidente de la Sala Segunda de dicho Tribunal admitió las demandas de intervención formuladas por la Comisión y la CEC.

11

En apoyo de su recurso, las recurrentes alegaron ocho motivos basados, respectivamente, en:

12

Para desestimar los dos primeros motivos de recurso, el Tribunal General declaró, en los apartados 77 y 78 de la sentencia recurrida que, en caso de que se recurra al muestreo, el Reglamento de base no concede a los operadores que no formen parte de la muestra un derecho incondicional al cálculo de un margen de dumping individual. A su juicio, la aceptación de una solicitud como la antedicha depende de la decisión de la Comisión relativa a la aplicación del artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base. Dicho Tribunal consideró que, dado que conforme al artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base, la concesión del EEM o de un TI sirve únicamente para determinar el método de cálculo del valor normal con vistas a un cálculo de los márgenes de dumping individuales, la Comisión no está obligada a examinar las solicitudes de EEM/TI presentadas por operadores que no formen parte de la muestra, cuando, en el marco de la aplicación del referido artículo 17, apartado 3, haya considerado que el cálculo de tales márgenes le resultaría excesivamente gravoso y le impediría concluir oportunamente la investigación. De ello el Tribunal infirió, en el apartado 92 de dicha sentencia, que habida cuenta de que la Comisión no había incurrido en error al abstenerse de examinar las solicitudes de EEM/TI de las recurrentes, éstas no podían invocar la expiración del plazo de tres meses establecido en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, ya que dicho plazo atañía a los casos en los que la Comisión estaba obligada a examinar las referidas solicitudes.

13

Por lo que se refiere al tercer motivo de recurso, el Tribunal General lo desestimó al considerar, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, que la declaración de los productores comunitarios, según la cual apoyaban la denuncia, bastaba para probar la existencia de un apoyo de la denuncia en el sentido del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base. Además dicho Tribunal consideró, en los apartados 114 y 118 de la misma sentencia, que nada impide a la Comisión tener en cuenta, en el marco de la investigación, elementos que por naturaleza se recopilan antes del inicio de aquélla y que, en el presente caso, el Reglamento controvertido fue adoptado dentro del plazo de quince meses establecido en el Reglamento de base.

14

En lo que atañe al cuarto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación y en la infracción del artículo 1, apartado 4, y de los artículos 2 y 3 del Reglamento de base, el Tribunal lo desestimó debido a que las instituciones habían definido correctamente el producto de que se trata en el Reglamento provisional y en el Reglamento controvertido. El Tribunal también desestimó, en el apartado 156 de la sentencia recurrida, el quinto motivo alegado por las recurrentes en apoyo de su recurso, mediante el que éstas cuestionaban, en esencia, la representatividad de la muestra de los productores exportadores, elaborada en aplicación del artículo 17 del Reglamento de base, y la motivación del Reglamento controvertido a este respecto.

15

Por lo que respecta al sexto motivo, el Tribunal consideró, en particular en el apartado 164 de la sentencia recurrida, que la Comisión disponía de los datos necesarios para poder proceder a la elaboración de la muestra de los productores comunitarios sobre la base de unos criterios que, a su entender, eran los más pertinentes. Al no haber cuestionado las recurrentes la pertinencia de dichos criterios, el Tribunal concluyó que su argumentación por lo que atañe a la elaboración de la muestra debía desestimarse. También consideró, en el apartado 173 de la sentencia recurrida, que las alegaciones de las recurrentes con respecto a los datos falseados supuestamente facilitados por dos empresas italianas sólo podían considerarse pertinentes si dichos datos podían poner en entredicho los factores tomados en consideración por el Consejo a la hora de comprobar la existencia de perjuicio.

16

Por lo que se refiere al séptimo motivo de recurso, relativo al error manifiesto de apreciación cometido en lo relativo a los malos resultados de exportación de la industria de la Comunidad, el Tribunal consideró, en el apartado 192 de la sentencia recurrida, que el Consejo había acertado al observar, en el considerando 224 del Reglamento controvertido, que la gran mayoría de la producción comunitaria estaba destinada a ser vendida en el mercado comunitario y que, por tanto, los resultados de exportación no podían haber causado un perjuicio importante a la industria de la Comunidad. El Tribunal también declaró, en el apartado 196 de la sentencia recurrida, que los efectos resultantes de las importaciones de otros países terceros no podían poner en entredicho la relación de causalidad que existe entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad. Por otra parte, como señaló el Tribunal en el apartado 199 de dicha sentencia, cuando las instituciones comprueban que las importaciones de un producto sujeto hasta entonces a restricciones cuantitativas aumentan tras la expiración de dichas restricciones, pueden tener en cuenta ese aumento a la hora de apreciar el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad. En consecuencia concluyó, en el apartado 200 de la misma sentencia, que las instituciones habían tenido en cuenta, por lo que atañe al perjuicio y a la relación de causalidad, varios factores relativos no sólo al último trimestre del período de investigación sino también al período considerado.

17

Por último, el Tribunal también desestimó el octavo motivo alegado por las recurrentes en apoyo de su recurso, según el cual la apreciación del Consejo, en el Reglamento controvertido, relativa al nivel que debían alcanzar las medidas antidumping definitivas para eliminar el perjuicio era manifiestamente errónea, al declarar, en el apartado 208 de la sentencia recurrida, que el Consejo no había incurrido en un error manifiesto de apreciación al basarse en el margen de beneficio que la industria de la Comunidad había obtenido por otro calzado distinto del que era objeto de la investigación, ya que ese otro calzado era suficientemente próximo al producto afectado.

18

Mediante su recurso de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

19

El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

20

La Comisión solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a las recurrentes.

21

En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan nueve motivos basados, en primer lugar, en un error de Derecho relativo a la aplicación de los artículos 2, apartado 7, y 9, apartado 5, del Reglamento de base, en segundo lugar, en un error de Derecho relativo a la aplicación del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y en una falta de motivación por lo que respecta al plazo de tres meses tal como se aplicó a las solicitudes de EEM/TI de los productores chinos que formaban parte de la muestra, en tercer lugar, en un error de Derecho relativo a la aplicación de dicho artículo 2, apartado 7, letra c), por lo que se refiere a ese mismo plazo tal como se aplicó a las solicitudes de EEM/TI de las recurrentes, en cuarto lugar, en una valoración manifiestamente errónea de las pruebas, en una falta de motivación y en un error de Derecho en relación con la aplicación de los artículos 3, apartados 2, 5 y 6, 4, apartado 1, y 5, apartado 4, del mismo Reglamento y, en quinto lugar, en un error de Derecho por lo que se refiere a la aplicación del artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento. Los otros cuatro motivos alegados en apoyo del recurso de casación atañen a las declaraciones del Tribunal General relativas al perjuicio de los productores comunitarios y se basan, en primer lugar, en un error de Derecho por lo que se refiere a la aplicación del artículo 3 del Reglamento de base y en una valoración manifiestamente errónea de las pruebas, en segundo lugar, en un error de Derecho en relación con la obligación de la autoridad investigadora de examinar, minuciosa e imparcialmente, todos los elementos relevantes, en tercer lugar, en una infracción del artículo 253 CE y, en cuarto lugar, en un error de Derecho por lo que respecta a la aplicación del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base.

22

Procede examinar conjuntamente los tres primeros motivos del recurso de casación en la medida en que se refieren a errores supuestamente cometidos en el Reglamento controvertido por lo que respecta a las solicitudes de EEM/TI de las recurrentes.

23

Mediante su primer motivo, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho por lo que se refiere a la aplicación de los artículos 2, apartado 7, letra c), y 9, apartado 5, del Reglamento de base, al considerar que las instituciones no estaban obligadas a examinar las solicitudes de EEM/TI de las recurrentes ni a tenerlas en cuenta de una u otra manera. Según éstas, si los productores exportadores chinos podían demostrar que cumplen los requisitos establecidos en dichas disposiciones, debían ser tratados como si estuvieran establecidos en un Estado distinto al de los productores que no cumplen dichos requisitos, a saber, un Estado en el que no existe una economía de mercado. Por definición, dichas disposiciones sólo podrían aplicarse de forma individual, ya que, a su entender, implican que se proceda a una determinación de las condiciones económicas en las que opera cada empresa considerada individualmente. Las recurrentes señalan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al reducir su solicitud de EEM/TI a una solicitud para obtener un margen de dumping individual en el sentido artículo 17 del Reglamento de base. En cualquier caso, solicitaron que se reconociera que operan en una «China en la que existe una economía de mercado» y, en consecuencia, que les fuera concedido el tipo del derecho medio ponderado aplicable a los productores que operan en tales condiciones. Además, según las recurrentes, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que las instituciones podían alegar válidamente que el número de solicitudes de EEM/TI era tan grande que su examen les impediría concluir oportunamente la investigación.

24

Por lo que respecta al segundo motivo, las recurrentes afirman que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no examinar su alegación de que las instituciones vulneraron el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base al no pronunciarse sobre la solicitud de EEM/TI de los productores chinos que formaban parte de la muestra en el plazo de los tres meses siguientes al inicio de la investigación. Según las recurrentes, el Tribunal General incumplió su obligación de motivación al no proporcionar ninguna motivación a este respecto.

25

Mediante su tercer motivo, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que éstas no podían invocar el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base por lo que se refiere a sus propias solicitudes de EEM, debido a que el período de tres meses «atañe a los casos en los que la Comisión está obligada a examinar» las solicitudes de EEM/TI.

26

Según el Consejo, el primer motivo consiste en una repetición del motivo tal como se invocó en primera instancia y que fue desestimado por el Tribunal General. El Consejo sostiene que consta que los exportadores que no forman parte de la muestra y cuya solicitud de EEM no ha sido aceptada de conformidad con el artículo 17, apartado 3, del Reglamento de base, no pueden obtener un margen de dumping individual, estén o no establecidos en un país con economía de mercado. Por consiguiente, en el caso de Estados que no tienen una economía de mercado, el EEM/TI tiene por objeto permitir a las empresas que forman parte de la muestra, o aquellas cuya solicitud ha sido aceptada de conformidad con el artículo 17, apartado 3, obtener un margen de dumping individual. En cualquier caso, las recurrentes no invocaron el derecho a acogerse a un margen de dumping individual o a un tipo individual de derecho en primera instancia y, por consiguiente, sus alegaciones no son pertinentes.

27

La Comisión recuerda que la alegación esencial de las recurrentes consiste en sostener que el examen de las solicitudes de EEM/TI de los operadores que no forman parte de la muestra puede ser útil aunque no se conceda un margen de dumping individual a dichos operadores. Afirman que dicho examen podría ser útil si, en consecuencia, los operadores afectados pudieran obtener el derecho (medio ponderado) de los operadores que forman parte de la muestra que gocen del EEM o de un TI. No obstante, el Tribunal General consideró, aspecto que las recurrentes no cuestionan, que no era posible en el caso de autos. Según la Comisión, éstas no presentan ningún razonamiento que pueda justificar la obligación de las instituciones de evaluar cada solicitud de EEM/TI, incluso en el caso de que éstas decidan recurrir al método del muestreo, obligación que, a su juicio, el Tribunal General no aplicó correctamente.

28

Por lo que se refiere al segundo motivo de casación, el Consejo y la Comisión sostienen principalmente que éste es inadmisible debido a que constituye un motivo nuevo invocado por primera vez en fase de casación.

29

En lo que respecta al tercer motivo, el Consejo considera que el plazo de tres meses controvertido se aplica expresamente a la cuestión de determinar «si el productor es conforme a los criterios» del EEM. A su juicio, cuando esta cuestión no se examine, el plazo de tres meses no se aplica. Según la Comisión, las instituciones no estaban obligadas a examinar las solicitudes de EEM/TI de las recurrentes, por las mismas razones indicadas en respuesta al primer motivo de recurso. A su entender, este motivo es por tanto infundado.

30

Con carácter preliminar, procede señalar que, según el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, en el caso de importaciones procedentes de los países sin economía de mercado, como excepción a las reglas establecidas en los apartados 1 a 6 de esa misma disposición, el valor normal será determinado, en principio, sobre la base del precio o del valor calculado en un país tercero de economía de mercado.

31

No obstante, en virtud del apartado 7, letra b), de dicho artículo, en las investigaciones antidumping referentes a importaciones originarias, en particular, de China, el valor normal se fijará de conformidad con los apartados 1 a 6, si se demuestra, de acuerdo con las alegaciones correctamente probadas de uno o más productores sujetos a investigación y de conformidad con los criterios y los procedimientos establecidos en el mismo apartado 7, letra c), que para este productor o productores prevalecen unas condiciones de economía de mercado en relación con la fabricación y venta del producto similar afectado.

32

Es importante subrayar que la carga de la prueba recae sobre el productor exportador que desea gozar del EEM en virtud del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. A estos efectos, este mismo apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento de base dispone que las alegaciones formuladas por dicho productor deben demostrar adecuadamente, tal como se especifica en esta última disposición, que el productor opera en condiciones de economía de mercado. Por lo tanto, no corresponde a las instituciones de la Unión probar que el productor exportador no cumple los requisitos establecidos para acogerse a dicho estatuto. Corresponde, en cambio, a estas instituciones apreciar si los elementos aportados por el productor exportador son suficientes para demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, para que se le reconozca dicho estatuto y al juez de la Unión verificar si dicha apreciación adolece de un error manifiesto.

33

Como se desprende del apartado 14 de la sentencia recurrida, las recurrentes comunicaron a la Comisión la información requerida en el punto 5.1, letra a), inciso i), y letra e), del anuncio de inicio con el fin de que se les concediese el EEM o, en su defecto, un TI. Las instituciones de la Unión no efectuaron un examen individualizado de dichas solicitudes.

34

Del considerando sexagésimo primero del Reglamento controvertido se desprende, en efecto, que las instituciones implicadas consideraron, refiriéndose al artículo 17 del Reglamento de base, que, debido a la naturaleza de la técnica de muestreo, los exportadores no podían disfrutar de una evaluación individualizada. También se precisó, en dicho considerando, que el número de solicitudes para la obtención del EEM y de un TI había sido tan elevado que, desde un punto de vista administrativo, fue imposible un examen individualizado de las solicitudes, tal como se había hecho en otras ocasiones. En tales circunstancias, las instituciones de la Unión consideraron razonable aplicar por igual a todas las empresas no incluidas en la muestra el margen medio ponderado calculado para todas las empresas de la muestra.

35

En los apartados 72 a 80 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la alegación de las recurrentes según la cual el Reglamento de base obligaba a la Comisión a examinar toda solicitud individual de EEM y de TI presentada por un operador establecido en un Estado sin economía de mercado. Declaró en este sentido, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, que la Comisión no estaba obligada a examinar las solicitudes de EEM/TI presentadas por operadores que no formasen parte de la muestra, puesto que, en el marco de la aplicación del artículo 17, apartado 3, de dicho Reglamento, ésta había concluido que el cálculo de los márgenes de dumping individuales le resultaría excesivamente gravoso y le impediría concluir oportunamente la investigación.

36

Ahora bien, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la Comisión no estaba obligada a examinar las solicitudes de EEM basadas en el artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base presentadas por operadores que no formasen parte de la muestra.

37

A este respecto, debe señalarse, en primer lugar y con carácter preliminar, que el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base forma parte de las disposiciones de dicho Reglamento que tienen únicamente por objeto la fijación del valor normal, mientras que el artículo 17 del mismo Reglamento, relativo al muestreo, forma parte de las disposiciones que se refieren, en particular, a los métodos disponibles para la determinación del margen de dumping. Se trata por tanto de disposiciones con un contenido y una finalidad diferentes.

38

En segundo lugar, la obligación de la Comisión de pronunciarse sobre una solicitud de un operador que desea obtener el EEM se deriva expresamente del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. En efecto, esta disposición establece la obligación de fijar el valor normal, de conformidad con los apartados 1 a 6 del mismo artículo, si se demuestra, de acuerdo con las alegaciones correctamente probadas de uno o más productores, que para éstos prevalecen unas condiciones de economía de mercado. Una obligación de este tipo relativa al reconocimiento de las condiciones económicas en las que opera cada productor, en relación con la fabricación y venta del producto similar afectado, no está condicionada por la manera en que se vaya a calcularse el margen de dumping.

39

En tercer lugar, según el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base, la cuestión de si el productor cumple los requisitos mencionados en el párrafo primero del mismo apartado 7, letra c), para que le sea concedido el EEM debe dilucidarse en los tres meses siguientes al inicio de la investigación.

40

Por consiguiente, deben estimarse los tres primeros motivos invocados por las recurrentes en apoyo de su recurso de casación, en la medida en que se basan en una infracción del artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base. En consecuencia, procede anular la sentencia recurrida sin que sea necesario examinar los demás motivos de casación.

41

A tenor del artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita. Tal es el caso en el presente asunto.

42

Se desprende en primer lugar de los apartados 36 a 40 de la presente sentencia que la Comisión debería haber examinado las alegaciones probadas que las recurrentes le habían presentado sobre la base del artículo 2, apartado 7, letras b) y c), del Reglamento de base dirigidas a obtener el EEM en el marco del procedimiento antidumping al que se refiere el Reglamento controvertido. Debe observarse, a continuación, que no se excluye que dicho examen hubiese conducido a que se les impusiera un derecho antidumping definitivo distinto al derecho del 16,5 % que les es aplicable en virtud del artículo 1, apartado 3, del Reglamento controvertido. En efecto, de esta disposición se desprende que se impuso sólo un derecho antidumping definitivo del 9,7 % al operador chino que figuraba en la muestra que obtuvo el EEM. Pues bien, como se desprende el apartado 38 de la presente sentencia, si la Comisión hubiese comprobado que las condiciones de una economía de mercado también prevalecían para las recurrentes, al no ser posible calcular un margen de dumping individual, éstas también deberían haber gozado de dicho porcentaje.

43

En estas circunstancias, procede anular el Reglamento controvertido en la medida en que afecta a las recurrentes.

44

A tenor del artículo 122, párrafo primero, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y él mismo resuelva definitivamente el litigio. El artículo 69 del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 118, dispone en su apartado 2 que la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el apartado 4 del mismo artículo 69, se establece, en su párrafo primero, que las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas y, en su párrafo tercero, que el Tribunal de Justicia podrá decidir que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en los párrafos precedentes soporte sus propias costas.

45

Puesto que se ha estimado el recurso de casación de las recurrentes y se ha anulado el Reglamento controvertido en la medida en que les afecta, procede condenar al Consejo a cargar con las costas en que éstas hayan incurrido, de conformidad con las pretensiones que formularon a este respecto. Por otra parte, procede resolver que la Comisión y la CEC soporten sus propias costas, tanto las correspondientes a la primera instancia como las correspondientes al presente procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide: