1. 

El Rechtbank ’s-Gravenhage (Países Bajos), que conoce de diversas acciones para que se declare la existencia de una violación de un derecho de patente europea dirigidas contra sociedades establecidas en Estados miembros diferentes, acciones a las que ha seguido una solicitud de adopción de una medida provisional con objeto de que se prohíba la violación transfronteriza, plantea al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales acerca de la aplicación, en los litigios sobre derechos de propiedad intelectual, del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. ( 2 )

2. 

Las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, muy precisas, ( 3 ) reflejan algunos de los principales problemas ( 4 ) que plantea la aplicación de este Reglamento a los litigios transfronterizos en materia de patentes europeas ( 5 ) y dan al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar sus sentencias más importantes en este ámbito en relación con los artículos 6, número 1, ( 6 ) 22, número 4, ( 7 ) y 31 ( 8 ) del Reglamento no 44/2001.

3.

En virtud del artículo 3 del Reglamento no 44/2001, y como excepción al principio que establece su artículo 2, las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en los artículos 5 a 24 del citado Reglamento.

4.

El artículo 6 del Reglamento no 44/2001 dispone que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:

«[…]

[…]»

5.

El artículo 22 del Reglamento no 44/2001 establece:

«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:

[…]

[…]».

6.

Por último, el artículo 31 del Reglamento no 44/2001 dispone:

«Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.»

7.

Solvay SA, sociedad establecida en Bélgica y titular de la patente europea EP 0 858 440, en vigor en varios Estados miembros, ( 9 ) interpuso el 6 de marzo de 2009 ante el Rechtbank ’s-Gravenhage (Países Bajos) una acción por violación ( 10 ) de varias partes nacionales de dicha patente, concretamente contra tres sociedades de dos Estados miembros diferentes, Honeywell Fluorine Products Europe BV, con sede en los Países Bajos, así como Honeywell Europe NV y Honeywell Belgium NV, establecidas en Bélgica, ( 11 ) por haber comercializado un producto fabricado por Honeywell International Inc. (HFC-245), idéntico al cubierto por la citada patente.

8.

En el marco de dicho procedimiento, Solvay SA presentó, el 9 de diciembre de 2009, una demanda incidental contra las demandadas en el procedimiento principal, solicitando la concesión de una medida provisional con objeto de que se prohibiese la violación transfronteriza mientras durase el litigio principal. ( 12 )

9.

Como durante el procedimiento incidental las demandadas en el procedimiento principal invocaron la nulidad de las partes nacionales de la patente controvertida, sin, no obstante, haber interpuesto acciones de nulidad —ni haber anunciado siquiera su voluntad de hacerlo— y negaron la competencia del órgano jurisdiccional neerlandés que había de conocer de la acción principal y del procedimiento incidental, el Rechtbank ’s-Gravenhage decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001 y varias cuestiones prejudiciales en relación con los artículos 22, número 4, y 31 del Reglamento no 44/2001.

10.

Las cuestiones prejudiciales planteadas por el Rechtbank ’s-Gravenhage tienen el siguiente tenor:

11.

Las partes demandante y demandadas en el procedimiento principal, la República Federal de Alemania, la República Helénica, el Reino de España y la Comisión han formulado observaciones escritas. En la vista oral celebrada el 30 de noviembre de 2011 fueron oídos los representantes de Solvay SA y de Honeywell Fluorine Products Europe BV, así como los agentes del Reino de España y de la Comisión.

12.

Con carácter preliminar, debe recordarse que, en la medida en que el Reglamento no 44/2001 sustituye a partir de su entrada en vigor, en las relaciones entre los Estados miembros, ( 13 ) al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ( 14 ) la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia de las disposiciones del Convenio es de aplicación también a las del Reglamento, cuando las disposiciones de éste y las del Convenio de Bruselas puedan considerarse equivalentes. ( 15 ) Además, el decimonoveno considerando del Reglamento no 44/2001 señala que procede garantizar la continuidad en la interpretación entre el Convenio de Bruselas y dicho Reglamento.

13.

Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si puede declararse competente en virtud del artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001. Más concretamente, desea que se dilucide si, habida cuenta de que conoce de acciones relativas a una empresa establecida en los Países Bajos y a dos empresas que tienen su sede en Bélgica, hay un riesgo de que se lleguen a dictar resoluciones inconciliables, lo que justificaría su competencia con arreglo a dicha disposición.

14.

En efecto, el artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001 contempla la posibilidad de que un demandante demande a varias personas ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellas, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente. ( 16 )

15.

El Tribunal de Justicia había establecido este requisito del vínculo de conexión entre las demandas al interpretar el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas ( 17 ) —antes de que se plasmase en el artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001 ( 18 )—, con el fin de evitar que la excepción al principio de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandando pudiese poner en entredicho la existencia misma del citado principio.

16.

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para que las resoluciones puedan ser consideradas contradictorias, no basta con que exista una mera divergencia en la solución del litigio, sino que hace falta, además, que tal divergencia se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho. ( 19 )

17.

Por lo demás, incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, a la luz de todos los datos obrantes en autos, si existe un vínculo de conexión entre las diferentes demandas presentadas ante él, es decir, si existe un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas se juzgan por separado. ( 20 )

18.

No obstante, en su sentencia Roche Nederland y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que las acciones paralelas por violación interpuestas en diferentes Estados miembros, que, en virtud del artículo 64, apartado 3, del Convenio de Múnich, deben examinarse a la luz de cada una de las normativas nacionales en vigor, ( 21 ) no encajan en la misma situación de Derecho, ( 22 ) de modo que las posibles resoluciones divergentes no pueden calificarse de contradictorias. ( 23 )

19.

En otras palabras, parece que, en principio, no pueden cumplirse los requisitos de aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001 cuando las acciones por violación se basen en una patente europea.

20.

Desde esta perspectiva, la jurisprudencia Roche Nederland y otros del Tribunal de Justicia ha sido muy criticada, ( 24 ) en la medida en que reduce considerablemente, según se afirma, el ámbito de aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001 ( 25 ) en la esfera de la propiedad industrial. ( 26 ) Se ha considerado generalmente ( 27 ) que reduce la protección de los titulares de patentes europeas ( 28 ) a la vez que resulta incompatible con el artículo 69 del Convenio de Múnich. ( 29 )

21.

Así pues, ¿debe entenderse que el problema que plantea el presente asunto equivale, en definitiva, a decidir o bien mantener, o bien quebrar la jurisprudencia Roche Nederland y otros?

22.

No lo veo así. Me parece que, tal como han alegado tanto la República Federal de Alemania como el Reino de España y la Comisión, es posible un enfoque más matizado, que limite cuidadosamente el alcance de la jurisprudencia Roche Nederland y otros.

23.

En efecto, la situación de Derecho que se cuestiona en el asunto principal se distingue de la del asunto que dio lugar a la sentencia Roche Nederland y otros, antes citada, en la medida en que a las demandadas en el procedimiento principal, establecidas en los Países Bajos y en Bélgica, se les acusa, por separado, de comercializar en los mismos Estados miembros los mismos productos imitados y, por tanto, de vulnerar las mismas «partes nacionales de la patente europea», tal como están en vigor en esos Estados miembros.

24.

Para apreciar la pertinencia de estas alegaciones, puede ser oportuno evaluar la situación que se plantearía si hubiese que declarar inaplicable el artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001. El órgano jurisdiccional remitente, neerlandés, sería competente por lo que respecta a la acción entablada contra la demandada en el procedimiento principal, establecida en los Países Bajos, y la demandante en el procedimiento principal tendría que interponer ante un órgano jurisdiccional belga una acción por violación contra las dos demandadas en el procedimiento principal establecidas en Bélgica, en aplicación del artículo 2 de dicho Reglamento. ( 30 )

25.

Los dos órganos jurisdiccionales deberían examinar, cada uno por su lado, las violaciones denunciadas a la luz de los diferentes Derechos nacionales que regulan las diferentes «partes nacionales de la patente europea» cuya infracción se alega, en aplicación del principio lex loci protectionis. ( 31 ) Por ejemplo, estarían llamados a apreciar, con arreglo al mismo Derecho finlandés, la vulneración por parte de las tres demandadas en el procedimiento principal de la parte finlandesa de la patente europea debido a la comercialización en territorio finlandés de un producto imitado idéntico.

26.

Es cierto que, en estas circunstancias, estarían llamados a dictar resoluciones que encajarían en una misma situación de Derecho —la violación de la misma parte nacional de una patente que define en los mismos términos el alcance de la protección de dicha patente—, ( 32 ) pero podrían dictar resoluciones diametralmente opuestas.

27.

En otras palabras, el artículo 6, punto 1, del Reglamento no 44/2001 no llegaría a aplicarse a un conjunto de acciones por violación referidas a sociedades diferentes establecidas en Estados miembros diferentes, ya que tendrían por objeto actos realizados en Estados miembros diferentes y vulnerarían partes nacionales diferentes de una patente europea reguladas por Derechos diferentes. ( 33 ) En cambio, podría llegar a aplicarse, en la medida en que se cumpla el requisito de la identidad de la situación de hecho, a un grupo de acciones por violación relativas a sociedades diferentes establecidas en Estados miembros diferentes, siempre que se refieran por separado a actos realizados en un mismo Estado miembro que vulneren la misma parte nacional de una patente europea regulada por el mismo Derecho. ( 34 )

28.

No obstante, es preciso recordar que el órgano jurisdiccional nacional debe interpretar las reglas de competencia especial del Reglamento no 44/2001 ( 35 ) respetando el principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los objetivos de dicho Reglamento, lo que implica que el artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001 se interprete «de modo que permita al demandado normalmente informado prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el que pudiera ser demandado». ( 36 )

29.

En estas circunstancias, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente declarando que el artículo 6, número 1, del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se aplica en el marco de un litigio por violación de una patente europea en el que intervienen varias sociedades establecidas en Estados miembros diferentes cuando las acciones se refieran por separado a actos realizados en un mismo Estado miembro que vulneren la misma parte nacional de una patente europea regulada por el mismo Derecho.

30.

Mediante su segunda serie de cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si para que pueda aplicarse el artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001 es suficiente con que la validez de una patente se cuestione en un procedimiento incidental, que tiene por objeto la prohibición de violación transfronteriza, paralelo a una acción principal para que se declare la violación, y, en caso de respuesta afirmativa, con qué requisitos formales o procesales, de modo que, por una parte, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto deba declararse incompetente para conocer de la acción principal, en virtud del artículo 25 del Reglamento no 44/2001, y por otra, por consiguiente, tenga que examinar su competencia para conocer del procedimiento incidental con arreglo al artículo 31 del Reglamento no 44/2001.

31.

La primera serie de cuestiones relativas al alcance de lo dispuesto en el artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001 debe examinarse a la luz de los fundamentos y de la parte dispositiva de la sentencia GAT. ( 37 )

32.

En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas debía interpretarse, a la luz de su finalidad y del lugar que ocupaba en el sistema de dicho Convenio, ( 38 ) en el sentido de que la regla de competencia exclusiva que establecía se aplicaba a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscitaba por vía de acción como por vía de excepción, con independencia de la fase del procedimiento en la que se hubiese planteado.

33.

Sin entrar a examinar nuevamente la razón de ser de estas disposiciones, puede destacarse que había tres grupos de consideraciones, relacionadas con el fundamento y la finalidad del sistema establecido por el Convenio de Bruselas, que justificaban esta solución: ( 39 ) en primer lugar, el carácter imperativo de la competencia exclusiva que establecía el artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas; ( 40 ) segundo, la necesidad de garantizar la previsibilidad de las reglas de competencia y, por tanto, la seguridad jurídica, evitando la multiplicación de los criterios de competencia, ( 41 ) y, por último, la necesidad de evitar multiplicar el riesgo de que se adoptasen resoluciones contradictorias, que el Convenio trataba precisamente de evitar. ( 42 )

34.

La República Federal de Alemania, la República Helénica, el Reino de España y la Comisión, retomando a este respecto algunos de los datos presentados por el órgano jurisdiccional remitente, coinciden en considerar, en esencia, que los órganos jurisdiccionales que, como en el asunto principal, conocen de una demanda incidental no resuelven sobre el fondo, ni se pronuncian sobre la existencia de la violación (objeto de la acción principal) ni sobre la validez de la patente (motivo de oposición formulado en el procedimiento incidental), sino que, por el contrario, normalmente se limitan a examinar si se dan los requisitos para conceder la medida provisional solicitada. Por tanto, al realizarse prima facie el eventual examen de la validez de una patente y no conducir a una resolución definitiva, no existe, según afirman, riesgo alguno de resoluciones contradictorias.

35.

No obstante, este punto de vista debe examinarse a la luz, en particular, del apartado 30 de la sentencia GAT, antes citada, en la que el Tribunal de Justicia se pronunció, de manera muy precisa, sobre la cuestión de la incidencia de los efectos de las resoluciones en la aplicabilidad del artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas. Se había alegado que, dado que los efectos de una resolución que se pronuncia con carácter incidental sobre la validez de una patente sólo alcanzaban, en Derecho alemán, a las partes del proceso (efecto inter partes), no podía haber riesgo de que se adoptasen resoluciones contradictorias. El Tribunal de Justicia desestimó la alegación en términos muy generosos y muy radicales a la vez.

36.

Destacando que es el Derecho nacional el que determina los efectos vinculados a tal resolución y que la resolución que anula una patente tiene, en numerosos Estados contratantes, efectos erga omnes, consideró que «para evitar el riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias, sería necesario por tanto restringir la competencia de los órganos jurisdiccionales de cualquier Estado distinto del Estado de expedición de la patente para pronunciarse con carácter incidental sobre la validez de una patente extranjera a los casos en que el Derecho nacional sólo atribuya a la resolución que se vaya a adoptar un efecto limitado a las partes del proceso». Declaró que esto no era posible porque «una restricción de este tipo conllevaría distorsiones y pondría en peligro la igualdad y la uniformidad de derechos y obligaciones que se derivan del Convenio para los Estados contratantes y para las personas afectadas». ( 43 )

37.

¿Debe considerarse, por tanto, que la sentencia GAT, antes citada, obliga al órgano jurisdiccional remitente a declinar su competencia en circunstancias como las del asunto principal? A mi juicio, se impone una respuesta más matizada que tenga en cuenta la realidad procesal.

38.

En efecto, debe destacarse que sólo pueden darse tres supuestos, en función de si la validez de la patente ha sido cuestionada tanto en el marco de la acción principal como en el procedimiento incidental [hipótesis a)], o de si sólo lo ha sido en el marco de la acción principal [hipótesis b)] o sólo en el procedimiento incidental [hipótesis c)].

39.

En las hipótesis a) y b), se aplica la jurisprudencia GAT, y, por tanto, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe, conforme al artículo 25 del Reglamento no 44/2001, declinar su competencia para conocer de la acción principal y examinar la posible concesión de la medida provisional solicitada con arreglo al artículo 31 del Reglamento no 44/2001.

40.

En la hipótesis c), pueden ocurrir dos cosas. Puede que el demandado no haya tenido la posibilidad de plantear la cuestión de la validez de la patente en el marco de la acción principal, por ejemplo porque la medida provisional se haya adoptado antes de que se haya interpuesto la acción principal ( 44 ) [situación c1)]. También puede ocurrir que el demandado haya tenido esta posibilidad pero que no haya considerado oportuno hacerlo [situación c2), que parece corresponderse con la situación que se plantea en el asunto principal, algo que incumbe determinar al órgano jurisdiccional remitente].

41.

En la situación c1), el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe poder examinar la solicitud de la medida provisional o cautelar y, en su caso, concederla, pero respetando estrictamente la jurisprudencia GAT. Esto supone que tal medida provisional sólo puede adoptarse con la condición de que ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto se plantee, en un plazo razonable, una acción principal relacionada con la medida solicitada —una acción para que se declare la violación en el contexto de una solicitud de prohibición de violación—, en el marco de la cual pueda garantizarse el respeto de la jurisprudencia GAT y, por tanto, con la estricta condición de que no produzca ningún efecto definitivo.

42.

En cambio, en la situación c2), la alegación basada —en el procedimiento incidental— en la falta de validez de la patente controvertida no puede, en principio, llevar al órgano jurisdiccional que conoce del asunto a declinar su competencia para conocer de la acción principal con arreglo al artículo 25 del Reglamento no 44/2001. En efecto, en esta hipótesis cabe presumir que el argumento basado en la falta de validez de la patente controvertida es dilatorio, debiendo el demandado demostrar que ha interpuesto ante el juez competente una acción para que se declare la nulidad de dicha patente. Así pues, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, siempre que sea competente para conocer sobre el fondo, puede adoptar, conforme a su Derecho nacional, la medida provisional solicitada.

43.

Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que la regla de competencia exclusiva que establece no se aplica cuando la validez de la patente únicamente se ha planteado en el marco de un procedimiento incidental, en la medida en que la resolución que pueda adoptarse al respecto en dicho procedimiento no produce ningún efecto definitivo.

44.

Las conclusiones relativas a este punto sólo se presentan a título subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia declare, o bien que el órgano jurisdiccional remitente no es competente para conocer del litigio sobre el fondo con arreglo al artículo 22, número 4, del Reglamento no 44/2001, o bien que no es competente para conocer del litigio sobre el fondo en su totalidad con arreglo al artículo 6, número 1, de dicho Reglamento.

45.

Según reiterada jurisprudencia, ( 45 ) el órgano jurisdiccional competente para conocer del fondo de un asunto en virtud de uno de los criterios de competencia previstos en el Convenio de Bruselas, y, posteriormente, en el Reglamento no 44/2001, es también competente para adoptar medidas provisionales o cautelares, sin que esta última competencia esté supeditada al cumplimiento de otros requisitos. ( 46 )

46.

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 31 del Reglamento no 44/2001 —igual que, antes de él, el artículo 24 del Convenio de Bruselas— constituye un criterio autónomo de competencia, ( 47 ) complementario de los criterios de competencia que se establecen en los artículos 2 a 24 del Reglamento no 44/2001. ( 48 ) No obstante, en la medida en que esta disposición establece una excepción al sistema de competencia que establece el Reglamento no 44/2001, debe ser objeto de interpretación estricta, ( 49 ) al estar el ejercicio de la «jurisdicción provisional» sometido a ciertos requisitos, establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, relacionados con la naturaleza de los derechos que han de protegerse y con la finalidad y el objeto de las medidas solicitadas. ( 50 )

47.

Ante todo, las medidas provisionales deben estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento no 44/2001, limitado a las esferas civil y mercantil, pertenencia que debe determinarse, no por su propia naturaleza, habida cuenta de la gran variedad de tales medidas en los diferentes Estados miembros, sino por la de los derechos cuya salvaguardia garantizan. ( 51 ) Así ocurre, sin ninguna duda, con las acciones por violación, a las que se aplican las reglas generales del Reglamento no 44/2001, ( 52 ) y con las solicitudes de medidas provisionales que tienen por objeto una prohibición de violación transfronteriza como la controvertida en el asunto principal. ( 53 )

48.

Por otra parte, las medidas que pueden ser adoptadas en virtud del artículo 31 del Reglamento no 44/2001 deben tener carácter provisional, es decir, estar destinadas a mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar los derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al juez que conoce del fondo del asunto. ( 54 ) Este requisito supone, principalmente, que una medida provisional adoptada con arreglo al artículo 31 del Reglamento no 44/2001 tiene una duración limitada.

49.

El Tribunal de Justicia, en términos muy generales, ha destacado que el órgano jurisdiccional llamado a conceder tal medida debe actuar con una «circunspección particular y un conocimiento profundo de las circunstancias concretas en las que deben producir sus efectos las medidas solicitadas», lo que implica que debe «limitar su autorización en el tiempo» o, más ampliamente, «supeditar su autorización a todos los requisitos que garanticen [su] carácter provisional o cautelar», ( 55 ) normalmente hasta que se tome una decisión sobre el fondo.

50.

Por otra parte, y precisamente con el objetivo de asegurar el carácter provisional o cautelar de las medidas adoptadas en virtud del artículo 31 del Reglamento no 44/2001, el Tribunal de Justicia, en su sentencia Van Uden, antes citada, ( 56 ) estableció un requisito adicional, relacionado con la existencia de un vínculo real de conexión entre el objeto de las medidas provisionales solicitadas y la competencia territorial del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, ( 57 ) que constituye precisamente el objeto de la última cuestión prejudicial formulada por el órgano jurisdiccional remitente.

51.

Hasta ahora, el Tribunal de Justicia no ha tenido directamente oportunidad de precisar qué implican estos dos requisitos por lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual.

52.

Dado que la demanda incidental objeto del asunto principal se planteó después de que se hubiese interpuesto una acción principal, de modo que puede considerarse potencialmente cumplido el requisito relativo a la limitación del ámbito de aplicación ratione temporis de la medida adoptada, me centraré sobre todo en examinar el requisito de la existencia de un vínculo real de conexión.

53.

Este requisito, criticado, ( 58 ) es objeto de diversas interpretaciones. ( 59 ) Para unos, esta exigencia supone un límite al efecto extraterritorial de las medidas provisionales adoptadas. Para otros, este requisito implica que la medida adoptada produce —al menos parcialmente— sus efectos en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Por tanto, el requisito no opera en absoluto, según afirman, como una limitación del ámbito de aplicación ratione loci de la medida adoptada, pudiendo, por el contrario, esta última producir sus efectos en otros Estados miembros distintos al del órgano jurisdiccional que conoce del asunto y, por tanto, tener un alcance extraterritorial. ( 60 ) Se trata más bien, según estos autores, de un requisito de localización territorial mínima de la medida provisional solicitada. Así pues, afirman que la existencia de un vínculo real de conexión debe examinarse atendiendo, principalmente, a las vías de ejecución del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. ( 61 )

54.

Efectivamente, me parece que cabe admitir que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro, teóricamente no competente para conocer del fondo del litigio, sólo pueda declararse competente para conceder una medida provisional en virtud del artículo 31 del Reglamento no 44/2001 en la medida en que está produzca efectos en el territorio de dicho Estado miembro y pueda ser ejecutada en él. A ese mismo órgano jurisdiccional, el mejor situado para hacerlo, le corresponde apreciar la existencia del referido vínculo real de conexión.

55.

En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 31 del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional no puede conceder una medida provisional que no produzca ningún efecto en su territorio, algo que corresponde a él mismo determinar.

56.

En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Rechtbank ’s-Gravenhage declarando que: