I. Introducción

II. Marco jurídico

A. Derecho comunitario

B. Derecho nacional

1. Disposiciones legislativas

2. Convenios colectivos aplicables

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

V. Principales alegaciones formuladas

VI. Apreciación jurídica

A. Sobre la primera cuestión

1. Observaciones introductorias

2. El derecho a vacaciones anuales retribuidas como derecho social fundamental

3. El derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas en el Derecho comunitario

a) Competencia de los Estados miembros para aplicarlo

b) El nivel de protección garantizado por el Derecho comunitario

c) Vinculación del derecho a vacaciones con la capacidad laboral

i) Aplicabilidad de los principios desarrollados por la jurisprudencia

ii) Menoscabo del espíritu y de la finalidad del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88

— Riesgo de una interpretación que obvie la finalidad de la norma

— Interpretación que tenga en cuenta los intereses de las partes de la relación laboral

iii) Comparación con las normas del Convenio 132 de la OIT

B. Sobre la segunda cuestión

C. Sobre la tercera cuestión

VII. Conclusión

1.

Mediante su cuestión prejudicial el Landesarbeitsgericht Düsseldorf solicita al Tribunal de Justicia, conforme al artículo 234 CE, que interprete el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo ( 2 ) (en lo sucesivo, «Directiva 2003/88»).

2.

Dicha cuestión prejudicial se ha suscitado en el marco de un litigio entre Gerhard Schultz-Hoff (en lo sucesivo, «demandante») y su antiguo empleador, el Deutsche Rentenversicherung Bund (Confederación alemana del seguro de pensiones; en lo sucesivo, «demandada»), en el que el Landesarbeitsgericht debe pronunciarse sobre si el demandante puede hacer valer frente a la demandada un derecho a percibir una compensación económica sustitutoria de las vacaciones, una vez extinguida la relación laboral.

3.

El Landesarbeitsgericht Düsseldorf desea fundamentalmente averiguar si es compatible con el artículo 7 de la Directiva 2003/88 que el derecho del trabajador a un período de al menos cuatro semanas de vacaciones retribuidas expire al concluir el año de devengo o, como muy tarde, al final del período máximo de prórroga y que, en caso de extinguirse la relación laboral, las vacaciones no puedan sustituirse mediante una compensación económica si el trabajador sufre una enfermedad que le impida trabajar hasta el final del período máximo de prórroga.

4.

El 2 de agosto de 2004 entró en vigor la Directiva 2003/88 en sustitución de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. ( 3 ) Como su antecesora, dicha Directiva tiene por objeto establecer disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo. Su artículo 7, del mismo tenor que el artículo 7 de la Directiva precedente, establece lo siguiente:

«Vacaciones anuales

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales.

2.   El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la relación laboral.»

5.

El artículo 17 de la Directiva 2003/88 establece que los Estados miembros pueden establecer excepciones a determinadas disposiciones. El artículo 7 no forma parte de las disposiciones a las que la Directiva 2003/88 permita establecer excepciones.

6.

La Bundesurlaubsgesetz (Ley federal sobre las vacaciones mínimas garantizadas de los trabajadores; en lo sucesivo, «BUrlG»), de 8 de enero de 1963, en su versión de 7 de mayo de 2002, establece, en particular, lo siguiente:

«Artículo 1. Derecho a vacaciones

Todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar en el año natural de vacaciones retribuidas.

[…]

Artículo 3. Duración de las vacaciones

1.   Las vacaciones anuales tendrán una duración mínima de 24 días laborales.

[…]

Artículo 7. Momento, acumulación y compensación económica por vacaciones no disfrutadas

1.   Al fijarse el momento de las vacaciones habrá de tenerse en cuenta la voluntad del trabajador, a menos que a ello se opongan razones imperiosas en interés de la empresa o los intereses de otros trabajadores que deban ser tenidos en cuenta de forma prioritaria por motivos de índole social.

[…]

3.   Las vacaciones tienen que concederse y disfrutarse durante el año natural en curso. Solamente se permitirá transferir vacaciones al año natural siguiente por necesidades perentorias del servicio o cuando existan razones relacionadas con el trabajador que lo justifiquen. En caso de acumulación, las vacaciones deberán concederse y disfrutarse en los tres primeros meses del año natural siguiente.

4.   Cuando las vacaciones no puedan concederse en todo o en parte debido a la extinción de la relación laboral, deberá abonarse una compensación económica sustitutoria.»

7.

El artículo 13 de la BUrlG dispone que los convenios colectivos podrán diferir de lo dispuesto en los artículos precedentes, entre ellos, el artículo 7, apartado 3, de la BUrlG, siempre que no se haga en perjuicio del trabajador.

8.

El Manteltarifvertrag für die Angestellten der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (convenio colectivo para los empleados del Centro Federal de Seguros de Empleados; en lo sucesivo, «MTAng-BfA») establece lo siguiente:

«Artículo 47. Vacaciones

1.   En el período anual de devengo, se concederán al trabajador vacaciones retribuidas. El período anual de devengo se corresponde con el año natural.

[…]

7.   Las vacaciones deberán disfrutarse a más tardar al final del período anual de devengo. En caso de que no puedan disfrutarse las vacaciones antes del final del período anual de devengo, deberán disfrutarse antes del 30 de abril del año siguiente. En caso de que, por razones de trabajo, por incapacidad laboral o por coincidir con períodos de descanso por maternidad con arreglo a la Mutterschutzgesetz [Ley de permisos por maternidad] no puedan disfrutarse las vacaciones antes del 30 de abril, deberán disfrutarse antes del 30 de junio. Si, a instancias del Bundesverischerungsanstalt für Angestellte, las vacaciones anuales fijadas para el período anual de devengo se posponen a un período posterior al 31 de diciembre del período anual de devengo y, por incapacidad laboral, no pueden disfrutarse antes del 30 de junio, conforme a lo dispuesto en la segunda frase, deberán disfrutarse antes del 30 de septiembre.

[…]

El derecho a las vacaciones caducará cuando éstas no se hayan disfrutado en los plazos citados.

[…]

Artículo 51. Compensación económica por vacaciones no disfrutadas

1.   Cuando, en el momento de resolverse el contrato laboral, no se haya disfrutado de las vacaciones a las que se tiene derecho, éstas deberán concederse y disfrutarse durante el plazo de preaviso en la medida en que el servicio o la actividad de la empresa lo permitan. En la medida en que no puedan concederse las vacaciones o el plazo de preaviso no sea suficiente, deberá abonarse una compensación económica sustitutoria. Lo mismo ocurre en el caso de que la relación laboral se extinga por mutuo acuerdo entre las partes (artículo 58) o por invalidez (artículo 59) o en el caso de que la relación laboral se suspenda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, párrafo primero, quinta frase.»

9.

Tras la extinción de su relación laboral, el 30 de septiembre de 2005, las partes del procedimiento principal discuten sobre si el demandante tiene derecho a una compensación económica en sustitución de las vacaciones devengadas en 2004 y 2005.

10.

El demandante, nacido el 14 de enero de 1949, estuvo empleado desde el 1 de abril de 1971 en la demandada o su predecesora legal. A la relación laboral era de aplicación el MTAng-BfA. La última retribución percibida por el demandante correspondía al grupo retributivo 11. Desde 1985, el demandante trabajaba en la sucursal de Düsseldorf en calidad de empleado destinado en el servicio exterior. Una de sus tareas era la de realizar controles de empresas y de los organismos encargados de percibir las cotizaciones, actividad para la que necesitaba un automóvil.

11.

El demandante, reconocido, conforme al Derecho alemán como persona con discapacidad grave, (grado de discapacidad 60 «G») ( 4 ) tuvo que someterse desde el año 1995 a un total de 16 operaciones por una hernia discal grave. Se sucedieron períodos de capacidad laboral y de incapacidad laboral por razón de enfermedad. En 2004 trabajó hasta principios de septiembre. Desde el 8 de septiembre de 2004, y de forma continuada hasta el 30 de septiembre de 2005, fue declarado en baja laboral. Desde entonces y hasta la fecha, la ingesta continua de analgésicos a base de morfina le impide conducir un automóvil.

12.

Mediante escrito de 13 de mayo de 2005, el demandante solicitó que, a partir del 1 de junio de 2005, se le concedieran las vacaciones correspondientes al año 2004. El 25 de mayo de 2005, la demandada desestimó esta solicitud por estimar que, antes, el servicio médico de la empresa tenía que declarar la capacidad laboral, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del MTAng-BfA. Mediante escrito de 10 de agosto de 2005, el demandante solicitó que se le propusiera una posibilidad de realizar su trabajo a domicilio, a través de una medida de reinserción. El 6 de septiembre de 2005, la demandada respondió que, después de que el demandante hubiera solicitado inopinadamente una pensión de jubilación, deseaba esperar el resultado del procedimiento de concesión de dicha pensión.

13.

Mediante resolución notificada en septiembre de 2005, la demandada, en su condición de organismo competente en materia de seguro de pensiones, declaró la invalidez del demandante y le concedió, de forma retroactiva a 1 de marzo de 2005, una pensión definitiva por invalidez permanente total. Sobre la base de esta declaración, la relación laboral de las partes se extinguió el 30 de septiembre de 2005, con arreglo al artículo 59 del MTAng-BfA.

14.

En noviembre de 2005, el demandante presentó ante el Arbeitsgericht Düsseldorf una demanda para obtener una compensación económica sustitutoria por las vacaciones correspondientes a los años 2004 y 2005. Mediante resolución de 7 de marzo de 2006, el Arbeitsgericht desestimó la demanda. El 27 de abril de 2006, el demandante presentó un recurso contra esta resolución ante el Landesarbeitsgericht Dusseldorf, que ha planteado la cuestión prejudicial.

15.

El demandante, tomando como base 35 días de vacaciones por año y un salario mensual bruto de 4.362,67 euros, calcula en 14.094,78 euros el importe bruto de dicha compensación. Alega que, con las vacaciones que quería tomar a partir del 1 de junio de 2005, pretendía recuperarse para participar posteriormente en una medida de reinserción profesional. Además alega que es capaz de ejercer un trabajo sencillo de oficina a tiempo parcial.

16.

La demandada opone que el trabajo de oficina a tiempo parcial que indica el demandante no se corresponde con las obligaciones laborales establecidas contractualmente. Por lo tanto, si la incapacidad laboral del recurrente persiste hasta el día de hoy, el derecho a vacaciones de cada uno de los períodos de devengo se extinguió al término del correspondiente período máximo de prórroga de su disfrute por no haber podido ejercerse. Por tanto, en su opinión, el demandante tampoco tiene derecho a la compensación sustitutoria que reclama.

17.

El tribunal remitente considera que la resolución que deba recaer depende de la interpretación de la Directiva 2003/88. Por ese motivo, ha suspendido el procedimiento y ha planteado al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

18.

La resolución de remisión, fechada el 2 de agosto de 2006, se recibió el 21 de agosto en la Secretaría del Tribunal de Justicia.

19.

Han presentado observaciones escritas, dentro del plazo señalado en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la parte demandada en el procedimiento principal, los Gobiernos de la República Federal de Alemania, del Reino Unido y de la República Italiana y la Comisión de las Comunidades Europeas.

20.

A la vista, celebrada el 20 de noviembre de 2007, asistieron, para formular observaciones orales, los representantes de los Gobiernos de la República Federal de Alemania, del Reino Unido, del Reino de los Países Bajos y de la Comisión.

21.

La demandada alega que la acumulación ilimitada del derecho a vacaciones de trabajadores con capacidad laboral contradice el objetivo de protección perseguido por la Directiva (concesión de períodos mínimos de descanso para promover la salud y la seguridad de los trabajadores). En el caso de trabajadores con incapacidad laboral, la acumulación ilimitada podría incluso inducir a las empresas a despedir antes a los trabajadores con prolongadas bajas por enfermedad, pues, de no obrar así, correrían el riesgo de tener que compensar económicamente, en caso de conclusión de la relación laboral, un gran número de días de vacaciones acumuladas incluso durante varios años, lo que podría perjudicar gravemente los intereses de la empresa.

22.

El Gobierno alemán considera que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva únicamente establece que los trabajadores tienen derecho a un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. El objeto de esta disposición es únicamente la duración mínima de las vacaciones anuales. La Directiva reserva las condiciones de obtención del derecho a vacaciones, entre las que se encuentra la extinción del derecho, a la competencia normativa de los Estados miembros y a la interpretación jurisprudencial del Derecho nacional.

23.

Por lo que se refiere a la segunda cuestión prejudicial, el Gobierno alemán alega que es competencia de los Estados miembros y de sus órganos decidir si desean establecer una compensación económica de las vacaciones en caso de extinción de la relación laboral y, de ser así, en qué condiciones.

24.

En opinión del Gobierno británico, el demandante no trabajó mientras estuvo de baja por enfermedad, de forma que no necesitaba ningún «período efectivo de descanso» para recuperarse del trabajo. Según la tesis mantenida por el Gobierno británico, el objetivo del artículo 7 consiste en proteger la seguridad y la salud de los que efectivamente trabajan, concediéndoles períodos de descanso. Sin embargo, en el presente asunto, la concesión de vacaciones no habría redundado positivamente en la seguridad o la salud del trabajador, puesto que no habría podido tomar las vacaciones antes de que se extinguiera la relación laboral. Si, en el presente asunto, el demandante hubiera tenido derecho a vacaciones anuales, cabría preguntarse: ¿Vacaciones de qué? Por tanto, la afirmación de que el demandante tome sus «vacaciones anuales» durante su «baja por enfermedad» carece de sentido.

25.

El Gobierno británico señala que la respuesta a la segunda cuestión prejudicial se desprende de la respuesta a la primera cuestión. Puesto que, en su opinión, tal trabajador no tiene derecho a vacaciones anuales conforme al artículo 7, apartado 1, tampoco puede tener derecho a una compensación económica con arreglo al artículo 7, apartado 2. Añade que, aunque el artículo 7, apartado 2, permite la compensación económica de las vacaciones al extinguirse la relación laboral, no obliga a concederla. Por ese motivo, concluye que no puede existir una obligación de pagar tal compensación en el caso de un trabajador que no ha trabajado a consecuencia de su prolongada incapacidad laboral por razón de enfermedad.

26.

El Gobierno italiano se remite tanto a los Convenios 52 y 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT; ILO en sus siglas inglesas) como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 7 de la Directiva. Teniendo en cuenta los principios generales desarrollados por el Tribunal de Justicia, este Gobierno no considera posible llegar a la conclusión de que se extingue el derecho a la concesión efectiva de vacaciones invocado por el demandante del procedimiento principal, si no se quiere poner en entredicho la distinta finalidad de las vacaciones anuales y del permiso por enfermedad.

27.

De las consideraciones precedentes el Gobierno italiano deduce que, de extinguirse la relación laboral, el trabajador tiene en cualquier caso derecho a obtener una compensación económica en sustitución de las vacaciones devengadas y no disfrutadas. Por consiguiente, una disposición nacional conforme a la cual el trabajador no tuviera derecho a una compensación económica en el caso de que, al término del período anual de devengo o del período máximo de prórroga posterior, sufra una enfermedad que le impida trabajar no parece estar en consonancia con los principios generales del Derecho comunitario.

28.

La Comisión opina que la objeción de que un trabajador que, por razón de enfermedad, ha estado ausente del trabajo y que no ha trabajado no necesita un período de descanso no es compatible con el criterio expresado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia. Entiende que, en el caso de baja por enfermedad de un trabajador, no puede considerarse concedido su derecho a vacaciones anuales, puesto que la baja por enfermedad es consecuencia de la incapacidad laboral del trabajador y no está destinada al reposo, a la distracción y al descanso, sino a la curación y a la recuperación de la salud y de la capacidad laboral. En opinión de la Comisión, los Estados miembros deben respetar los límites que les impone la Directiva. Por tanto, las medidas que adopten no pueden llegar al extremo de obligar al trabajador a disfrutar sus vacaciones anuales dentro de un período máximo de prórroga en el año siguiente y sancionar el incumplimiento de esta condición con la extinción automática del derecho a vacaciones. Por consiguiente, considera que la extinción sin paliativos de dicho derecho es incompatible con el objetivo de la Directiva.

29.

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, la Comisión aduce que la tesis en la que se basa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a la cual la posibilidad de sustituir mediante una compensación económica las vacaciones anuales, es, en principio, incompatible con la Directiva 2003/88, también puede aplicarse a fortiori a una normativa nacional conforme a la cual no ejercer el derecho a las vacaciones anuales da lugar a su caducidad automática.

30.

En las observaciones que presentó en la vista, el Gobierno neerlandés se pregunta por la aplicabilidad de la Directiva 2003/88 a los supuestos en los que el trabajador se ausenta del trabajo por razón de enfermedad, dado que esos supuestos no son objeto de la citada normativa. Entiende que el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88 se limita exclusivamente a los trabajadores en activo, de forma que, en el presente asunto, el Derecho nacional es el único aplicable. Sin embargo, reconoce que la variedad en las normativas de los Estados miembros no permite llegar a una conclusión común respecto a los derechos de los trabajadores enfermos.

31.

Mediante su primera cuestión, el Landesarbeitsgericht Düsseldorf plantea un problema de interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, concretamente de la expresión «de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales». Desde un punto de vista jurídico, este problema de interpretación se refiere al extremo de si los Estados miembros son competentes para establecer las condiciones legales de extinción del derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas y, de ser así, en qué medida.

32.

Por lo que se refiere al reparto de competencias legislativas entre la Comunidad y sus Estados miembros en el marco de la garantía del derecho a vacaciones anuales retribuidas, debe señalarse, en primer lugar, que, al adoptar la Directiva 2003/88, el legislador comunitario ha empleado un instrumento jurídico que, a pesar de dejar a las autoridades nacionales, conforme al artículo 249 CE, apartado 3, cierto margen de discrecionalidad en la elección de la forma y de los medios de adaptación, les imponen al mismo tiempo limites, al ser obligatoria en cuanto al resultado que deba conseguirse. ( 5 ) De esta forma, los ordenamientos jurídicos nacionales adquieren, en el ámbito de la adaptación de su Derecho interno al derecho a vacaciones anuales retribuidas, un amplio margen para configurarlo, que, sin embargo, no es ilimitado. ( 6 ) Por consiguiente, al cumplir su obligación de adaptación del Derecho interno al artículo 7, los Estados miembros siempre deben respetar los objetivos de la Directiva 2003/88.

33.

Para poder responder adecuadamente al tribunal remitente es necesario, en mi opinión, remontarse muy atrás y analizar el derecho a vacaciones anuales retribuidas tanto en las disposiciones del Derecho comunitario derivado que lo consagran como en su contexto más amplio de derecho social fundamental.

34.

En lo que atañe al objetivo de la Directiva 2003/88, tanto del artículo 137 CE, que constituye su base jurídica, como de sus considerandos primero, cuarto, séptimo y octavo, y del tenor literal de su artículo 1, apartado 1, se desprende que la Directiva tiene por objeto establecer las disposiciones mínimas destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores mediante una armonización de las disposiciones nacionales relativas, en particular, a la duración del tiempo de trabajo. ( 7 ) Dicha armonización a nivel comunitario en materia de ordenación del tiempo de trabajo tiene por objeto garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, haciendo que éstos disfruten de períodos mínimos de descanso diario, semanal y anual, así como de períodos de pausa adecuados y estableciendo un límite máximo para la duración media de la semana de trabajo. ( 8 )

35.

De esta forma, al interpretar el artículo 7 de la Directiva 2003/88, hay que tener en cuenta que no fue la Directiva sobre el tiempo de trabajo la que consagró por vez primera el derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas, ya que, en realidad, hace tiempo que figura, más allá de la duración del período de vacaciones garantizado, entre los derechos sociales fundamentales reconocidos por el Derecho internacional público. ( 9 ) En Derecho internacional este principio ya se menciona, por ejemplo, en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ( 10 ) que reconoce a toda persona el «derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas». También se reconoce tal derecho en el artículo 2, apartado 3, de la Carta Social Europea del Consejo de Europa ( 11 ) y en el artículo 7, letra d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( 12 ) como expresión del derecho de toda persona a unas condiciones de trabajo justas y equitativas.

36.

En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como organización especial de las Nacionales Unidas, el derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas ha sido hasta la fecha objeto de dos convenios multilaterales, de los cuales el Convenio 132, ( 13 ) que entró en vigor el 30 de junio de 1973, modificó el Convenio 52, ( 14 ) vigente hasta ese momento. Contienen normas vinculantes para los Estados partes en lo relativo al cumplimiento de este derecho social fundamental dentro de sus ordenamientos jurídicos nacionales.

37.

Sin embargo, estos actos internacionales, de diversa naturaleza, se distinguen entre sí tanto en su contenido legislativo como en su alcance normativo, puesto que, en algunos casos, se trata de convenios de Derecho internacional público y, en cambio, en otros, son únicamente declaraciones solemnes sin fuerza jurídica vinculante. ( 15 ) También existen diferencias en la configuración de sus ámbitos de aplicación personal, por lo que tampoco son idénticos los titulares de los derechos reconocidos. A ello se añade que, por lo general, confieren a los Estados signatarios, como destinatarios de tales actos, un amplio margen de maniobra, por lo que los particulares beneficiarios no pueden invocar directamente tal derecho. No obstante, es significativo que en todos estos actos internacionales se mencione, en unos términos inequívocos, el derecho a un período de vacaciones retribuidas entre los derechos fundamentales de los trabajadores.

38.

Aun más significativo me parece el hecho de que, mediante su inclusión en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ( 16 ) dicho derecho haya sido confirmado, de manera cualificada y definitiva, como derecho fundamental. ( 17 ) En efecto, en el artículo 31, apartado 2, de la Carta se declara que «todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas». Esta disposición se inspiró en el artículo 2, apartado 3, de la Carta Social Europea y en el artículo 8 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, ( 18 ) y, según declaración expresa del Presidium de la Convención que elaboró la Carta, se basó en la Directiva 93/104, predecesora de la Directiva 2003/88, actualmente vigente. ( 19 )

39.

Así, el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales consagra el derecho a vacaciones anuales retribuidas como un derecho humano que corresponde a toda persona. ( 20 ) Es cierto que, al igual que algunos de los instrumentos jurídicos internacionales anteriormente citados, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tampoco se le atribuyó un verdadero alcance normativo, por lo que presenta esencialmente el carácter de declaración política. Sin embargo, opino que sería erróneo negar a la Carta su importancia a la hora de interpretar el Derecho comunitario. ( 21 ) Al margen de la cuestión, que deberá aclararse en el futuro, de la definitiva naturaleza jurídica de la Carta dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, ésta constituye hoy en día una concreción de valores fundamentales europeos comunes a los Estados miembros. ( 22 )

40.

Además, también constituye, en gran parte, un reflejo de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. Por lo que me parece, es posible llegar a esta conclusión respecto al derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas, puesto que el artículo 31, apartado 2, de la Carta encuentra modelo previo en las constituciones de numerosos Estados miembros. ( 23 ) De esta forma, cabe afirmar que, en un litigio sobre la naturaleza y alcance de un derecho fundamental como el presente, pueden invocarse los principios en los que se basa el artículo 31, apartado 2, de la Carta al interpretar el artículo 7 de la Directiva 2003/88. ( 24 )

41.

El Tribunal de Justicia ha reconocido el alcance del derecho a vacaciones anuales retribuidas y ha declarado que «el derecho de cada trabajador a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos expresamente por la propia Directiva [93/104]». ( 25 ) Lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88 constituye una regla que establece que el trabajador debe poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su seguridad y su salud. ( 26 )

42.

Para poder alcanzar los objetivos de la Directiva, hay que partir, como hace la jurisprudencia, de que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 tiene un ámbito de protección temporal amplio, de forma que las consideraciones siguientes también son válidas para las vacaciones que no se disfrutan en el año en curso, sino en un momento posterior. En efecto, a este respecto el Tribunal de Justicia ha declarado que el efecto positivo de estas vacaciones para la seguridad y la salud del trabajador se despliega plenamente cuando se disfrutan en el año previsto, es decir, durante el año en curso. Sin embargo, este tiempo de reposo no pierde interés a este respecto si se disfruta en un período posterior. Dado que las vacaciones que se disfruten en años posteriores pueden contribuir también a la seguridad y a la salud del trabajador, también están incluidas en ese caso en el ámbito de aplicación de la Directiva. ( 27 )

43.

Conforme a la jurisprudencia, los Estados miembros desempeñan un papel decisivo en la consecución de este derecho, puesto que a ellos incumbe, en cumplimiento de la obligación de adaptar su Derecho interno al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, establecer las modalidades de aplicación nacionales necesarias. ( 28 ) Esto incluye la posibilidad de establecer, en su normativa interna, los requisitos para el ejercicio y la aplicación del derecho a vacaciones anuales retribuidas, precisando las circunstancias concretas en las que los trabajadores pueden hacer uso del citado derecho, del que disfrutan por la totalidad de los períodos de trabajo cubiertos. ( 29 )

44.

La remisión a las legislaciones nacionales contenida en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 está especialmente destinada a permitir a los Estados miembros definir un marco normativo que regule los aspectos organizativos y procesales para el disfrute de las vacaciones, como son la planificación de los períodos de vacaciones, la eventual obligación del trabajador de notificar por adelantado al empresario el período de vacaciones que pretende tomar, la imposición de un período mínimo antes de poder disfrutar de las vacaciones, los criterios para el cálculo proporcional del derecho a vacaciones anuales cuando la duración de la relación laboral sea inferior a un año, etc. ( 30 ) Pero se trata justamente de medidas destinadas a establecer las condiciones de obtención y concesión del derecho a vacaciones y, como tales, permitidas por la Directiva 2003/88.

45.

Del deber de lealtad comunitaria impuesto en el artículo 10 CE se deduce, sensu contrario, la obligación comunitaria de los Estados miembros, al adaptar su Derecho interno al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, de evitar todo lo que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de dicha Directiva. ( 31 ) Así cabe afirmarlo en especial respecto a la adopción de medidas que pudieran poner en peligro la propia existencia del derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas. ( 32 ) Consiguientemente, en la sentencia BECTU, ( 33 ) el Tribunal de Justicia declaró incompatible con el Derecho comunitario una normativa nacional que establezca un requisito para el nacimiento del derecho a vacaciones anuales retribuidas que impida la propia existencia de éste por lo que a determinados trabajadores se refiere, debido a que no solamente vacía de contenido un derecho individual otorgado expresamente por la Directiva 93/104, sino que está también en contradicción con el objetivo de ésta.

46.

Entiendo que, en la citada sentencia, el Tribunal de Justicia aplicó el principio de efecto útil del Derecho comunitario y constató acertadamente que un Estado miembro que puede decidir sobre el nacimiento de un derecho, también puede inutilizarlo o incluso anularlo supeditando su ejercicio a requisitos difíciles de cumplir. Considero que también puede inutilizarse dicho derecho en el caso de que un Estado miembro establezca los requisitos de extinción de un derecho, puesto que, en ambos casos, se trata de la propia existencia de dicho derecho.

47.

En efecto, existe el mismo riesgo para la materialización del derecho a vacaciones retribuidas cuando se confiere a un Estado miembro la facultad de determinar en qué condiciones el trabajador pierde dicho derecho, una vez transcurrido un plazo determinado. En ese caso, ya no se trata de la decisión sobre la forma de ejercicio del derecho a vacaciones anuales, ( 34 ) es decir, de la concreta adaptación a ese derecho, sino de la definición del alcance de una disposición comunitaria, en concreto, del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88.

48.

Interpretar esta disposición en el sentido de que el derecho a vacaciones anuales expira una vez transcurrido un plazo determinado, aunque el trabajador no hubiera podido ejercerlo a consecuencia de su incapacidad laboral por razón de enfermedad, equivaldría a excluir a determinados trabajadores de ese derecho al limitar el ámbito personal de protección. ( 35 )

49.

Sin embargo, a consecuencia de la armonización en ese ámbito de la normativa de protección de los trabajadores que se persigue conforme al artículo 137 CE, apartado 2, letra b), base jurídica de la Directiva 2003/88, actualmente la competencia para definir el alcance de este derecho corresponde a la Comunidad. ( 36 ) En efecto, si estuviera a disposición de los Estados miembros, sería prácticamente imposible establecer un nivel de protección similar en toda la Comunidad y, de esta forma, garantizar el objetivo de la armonización. Por ese motivo, han de rechazarse las alegaciones del Gobierno alemán de que la extinción del derecho a vacaciones forma parte de las condiciones de obtención y concesión de dicho derecho y es competencia de los Estados miembros.

50.

Además, creo importante recordar que la libertad de los Estados miembros a la hora de establecer medidas nacionales de aplicación está limitada por el hecho de que el artículo 137 CE, apartado 2, letra b), al adoptar normas mínimas, pretende garantizar un nivel determinado de protección a nivel comunitario que los Estados miembros deben respetar. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Reino Unido/Consejo, ( 37 ) en relación con el concepto de «disposiciones mínimas» en el sentido del artículo 118 A del Tratado CE, antigua base jurídica, esta disposición no limita la intervención comunitaria al mínimo denominador común o, incluso, al nivel de protección más bajo establecido por los diferentes Estados miembros, sino que significa que los Estados son libres de conceder una mayor protección que la protección, en su caso elevada, resultante del Derecho comunitario.

51.

Esta interpretación viene confirmada por el tenor del artículo 136 CE, que menciona, como finalidad de la política social, la «mejora de las condiciones de vida y de trabajo». Allí se dice expresamente que este objetivo debe alcanzarse a través de la equiparación «por la vía del progreso». ( 38 ) Para alcanzar este objetivo impuesto por el Derecho primario, el artículo 15 de la Directiva 2003/88 faculta a los Estados miembros a aplicar o establecer disposiciones más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Paralelamente, en el artículo 23 de la Directiva 2003/88 se dice, respecto al nivel de protección de los trabajadores, que, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de adoptar disposiciones distintas, siempre que se cumplan los requisitos mínimos establecidos en la Directiva, la aplicación de la Directiva no constituye una justificación válida para la disminución del nivel general de protección de los trabajadores. ( 39 )

52.

El nivel mínimo de protección que ha fijado el legislador comunitario en el ámbito del derecho a vacaciones se puede determinar tomando como base la Directiva 2003/88. A este respecto ha de señalarse que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no establece limitaciones del derecho a vacaciones. La Directiva no establece el requisito de que el trabajador solicite a su debido tiempo las vacaciones y las disfrute efectivamente antes de una determinada fecha, es decir, antes de que concluya el año de devengo o el período máximo de prórroga, ni la caducidad del derecho. El artículo 7, apartado 1, tampoco figura entre las disposiciones respecto a las cuales el artículo 17 de la Directiva 2003/88 permite expresamente establecer excepciones. ( 40 )

53.

De esta forma, el legislador comunitario persigue conscientemente un nivel mínimo de protección superior al del Convenio 132 de la OIT. ( 41 ) Mientras que, para la concesión y el disfrute de las vacaciones anuales, el artículo 9 del Convenio OIT 132 establece un límite temporal de un año o de dieciocho meses contados a partir del final del año de devengo, ( 42 ) el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no establece, en absoluto, una norma similar. Ello permite concluir que la protección que desea garantizar a los trabajadores el Derecho comunitario es superior a la que confieren las normas laborales del Derecho internacional público. ( 43 )

54.

Por tanto, interpretar el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 en el sentido de que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue una vez expirado un plazo determinado si no se ha ejercido a su debido tiempo no es compatible con el objetivo del legislador comunitario de proporcionar un nivel de protección superior al del Convenio 132 de la OIT ni puede basarse en el tenor de dicha disposición.

55.

En contra de la opinión de los Gobiernos británico y de los Países Bajos, tampoco existen indicios de que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 vincule el derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas a la capacidad laboral del trabajador en el año de devengo o en el período de prórroga. En principio, cabría objetar que un trabajador que, por razón de su enfermedad, ha estado ausente y no ha trabajado no necesita ningún período de descanso. Sin embargo, como ha señalado acertadamente la Comisión, este criterio no es compatible con el del Tribunal de Justicia tal como lo ha expresado en las sentencias Merino Gómez ( 44 ) y Federatie Nederlandse Vakbeweging. ( 45 )

56.

En el asunto Merino Gómez, el Tribunal de Justicia debía pronunciarse sobre la relación, en Derecho comunitario, entre vacaciones anuales y permiso de maternidad. En concreto se trataba de determinar si, conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, al artículo 11, apartado 2, letra a), de la Directiva 92/85/CEE, ( 46 ) y al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE, ( 47 ) una trabajadora podía disfrutar de sus vacaciones anuales en un período distinto del de su permiso de maternidad, también en caso de coincidencia entre el período de permiso de maternidad y el fijado con carácter general, mediante un acuerdo colectivo, para las vacaciones anuales del conjunto de la plantilla. El Tribunal de Justicia declaró que la finalidad del derecho a disfrutar de vacaciones anuales es diferente de la del derecho al permiso de maternidad. Este último tiene por objeto, por una parte, la protección de la condición biológica de la mujer durante su embarazo y después de éste, y, por otra parte, la protección de las particulares relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto. ( 48 ) Por ese motivo, el Tribunal de Justicia concluyó que una trabajadora debe poder disfrutar de sus vacaciones anuales durante un período distinto del de su permiso de maternidad. ( 49 )

57.

En la sentencia Federatie Nederlandse Vakbeweging el Tribunal de Justicia confirmó este criterio y lo precisó en el sentido de que la acumulación de varios permisos garantizados por el Derecho comunitario a final de año puede hacer inevitable la transferencia total o parcial de las vacaciones anuales al año siguiente, ( 50 ) porque un permiso garantizado por el Derecho comunitario no puede menoscabar el derecho a disfrutar de otro permiso garantizado por él mismo. ( 51 )

58.

Aunque ciertamente el embarazo no puede equipararse a una enfermedad, pueden mencionarse varias razones para aplicar mutatis mutandis esta jurisprudencia a la relación entre vacaciones anuales y permisos por enfermedad. En efecto, al igual que el permiso de maternidad, el permiso por enfermedad tiene como objetivo conservar la integridad física y psíquica del trabajador eximiéndolo de las obligaciones laborales y concediéndole un período de descanso para permitirle recuperarse físicamente y reintegrarse posteriormente a su puesto de trabajo. A diferencia de las vacaciones anuales, destinadas al reposo, a la distracción y al descanso, el permiso por enfermedad persigue exclusivamente el restablecimiento y la curación, es decir, la superación de un estado patológico cuyas causas, además, no son imputables al trabajador afectado. ( 52 )

59.

En este sentido cabe afirmar, siguiendo el criterio expresado por el Gobierno italiano, que, habida cuenta de los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia, no es posible llegar a la conclusión de que el derecho del demandante del procedimiento principal a disfrutar efectivamente de las vacaciones se extingue, si no se quiere poner en entredicho las diferencias existentes entre los distintos objetivos perseguidos, respectivamente, por las vacaciones y por el permiso de enfermedad. Tomando como base la idea en que descansa la jurisprudencia anteriormente citada, debería prohibirse la imputación a las vacaciones anuales retribuidas de un permiso por enfermedad concedido, puesto que, de no ser así, este derecho, de carácter fundamental, podría verse privado de contenido.

60.

Además de las objeciones formuladas contra una interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 que permita la pérdida del derecho a vacaciones una vez expirado determinado plazo, puede invocarse, como argumento adicional, la incompatibilidad de tal régimen con el objetivo de la Directiva 2003/88 de promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores.

61.

La finalidad originaria de la prohibición laboral de acumular días de vacaciones no disfrutados, como la que imponían hasta ahora los ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, entre ellos el alemán, parece consistir en garantizar que las vacaciones se disfruten en el año de devengo atribuyendo al propio trabajador la responsabilidad de hacer valer su derecho a vacaciones en cada caso. Obviamente, según esta tesis, resulta coherente hacer pesar sobre el trabajador las consecuencias de su pasividad o de la reclamación tardía de su derecho con la pérdida del mismo. ( 53 )

62.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el objetivo originario de la protección social del trabajador que constituye el trasfondo del régimen y que, como tal, coincide con el de la Directiva 2003/88, se transmuta en su contrario cuando el trabajador, por motivos que no le son imputables, no puede hacer valer su derecho a vacaciones anuales. Entre las circunstancias que no son imputables al trabajador se encuentra, por una parte, la posibilidad de que el empresario no tenga ninguna intención de cumplir su obligación, obteniendo, con tal norma, una recompensa adicional. Pero también los supuestos naturales de fuerza mayor, como la enfermedad, que no entran dentro de la esfera de influencia del afectado.

63.

En ambos supuestos, la pérdida del derecho a vacaciones no sólo impide alcanzar el objetivo perseguido sino que, además, constituye, en definitiva, una sanción del trabajador que no encuentra justificación objetiva. Tal consecuencia jurídica es, evidentemente, incompatible con el espíritu y la finalidad de la Directiva 2003/88. Por consiguiente, no puede interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 en el sentido de que la incapacidad laboral del trabajador por razón de enfermedad produce una pérdida del derecho, de carácter fundamental, a un período mínimo de vacaciones anuales.

64.

En contra de la opinión mantenida por la parte demandada en el procedimiento principal, es perfectamente posible interpretar el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 de una forma que, aun teniendo en cuenta el interés de la empresa, sea menos restrictiva del derecho fundamental a un período mínimo de vacaciones anuales que la norma alemana controvertida. Como ha señalado con buen criterio la Comisión, parece adecuado que, por ejemplo, los Estados miembros impongan condiciones, para que, en aras de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, los derechos a vacaciones sólo puedan ser trasferidos a un período posterior en la medida en que resulte necesario. También cabría pensar en la posibilidad de crear incentivos para inducir a los trabajadores a tomar sus vacaciones anuales dentro de un período razonable del año siguiente.

65.

La aplicación concreta de estas medidas por parte de la empresa incumbe de nuevo al empresario, quien, a través de sus amplias competencias de organización y coordinación, ( 54 ) está en situación de compaginar, en la medida de lo posible, el derecho a vacaciones del trabajador con las eventuales necesidades de la empresa.

66.

Además, en contra de vincular el derecho a vacaciones a la capacidad laboral del trabajador se encuentra el hecho de que, conforme al claro tenor literal del artículo 5, apartado 4, del Convenio 132 de la OIT, «en las condiciones que en cada país se determinen por la autoridad competente o por el organismo apropiado, las ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad de la persona interesada, como enfermedad, accidente o maternidad, serán contadas como parte del período de servicios». ( 55 ) A ello se añade que el artículo 6, apartado 2, del mismo Convenio establece expresamente que «[…] los períodos de incapacidad de trabajo resultantes de enfermedad o de accidente no podrán ser contados como parte de las vacaciones pagadas anuales prescritas como mínimo […]».

67.

Por consiguiente, estas disposiciones deben interpretarse atendiendo a su finalidad, en el sentido de que un permiso por enfermedad disfrutado anteriormente no puede menoscabar el derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas. ( 56 )Aunque los Estados signatarios, entre los que se encuentran la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, ( 57 ) tienen que calcularlo «en las condiciones en que en cada país se determinen por la autoridad competente o por el organismo apropiado», la competencia de los Estados miembros también se limita en este ámbito a la adopción de medidas de aplicación, por lo que les está jurídicamente vetado considerar que estos períodos no trabajados no son tiempo de trabajo.

68.

De esta forma, las normas del Convenio 132 de la OIT y de la Directiva 2003/88 coinciden esencialmente en sus postulados jurídicos fundamentales. ( 58 ) Por consiguiente, los Estados miembros están obligados a interpretar esas normas y a configurar su ordenamiento jurídico de manera que la ausencia del trabajo por razón de enfermedad no menoscabe el derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas.

69.

El objeto de la segunda cuestión prejudicial es el alcance normativo del derecho conferido en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 a una compensación económica de las vacaciones. Esta compensación, es decir, el pago de las de vacaciones anuales no disfrutadas, sustituye la concesión del tiempo libre cuando ya no pueden concederse vacaciones a consecuencia de la extinción de la relación laboral. Este derecho constituye la única excepción a la prohibición esencial impuesta por la Directiva, que impide categóricamente, en otros casos, sustituir mediante una compensación económica las vacaciones anuales, independientemente de si deberían haberse tomado en el período anual de devengo o en el período de prórroga.

70.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la finalidad de dicha prohibición es garantizar que el trabajador pueda disfrutar normalmente de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su seguridad y de su salud. ( 59 ) Con ella se pretende evitar una «compra» abusiva por parte de la empresa del derecho de vacaciones o la renuncia del trabajador a dicho derecho por consideraciones meramente económicas. ( 60 )

71.

El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 subraya la función del mantenimiento de la retribución laboral durante el período de vacaciones, consistente en colocar al trabajador, durante las citadas vacaciones, en una situación que, desde el punto de vista del salario, sea comparable a los períodos de trabajo. ( 61 ) Dicho de otra forma, la exigencia de retribuir las vacaciones garantiza que el trabajador esté, desde el punto de vista económico, en situación de poder disfrutar efectivamente de sus vacaciones anuales. ( 62 ) Éste, y no otro, es el objetivo de la compensación económica de las vacaciones. En efecto, dicha compensación tiene por objeto, en principio, permitir al trabajador, una vez extinguida la relación laboral, disfrutar de un período de descanso retribuido antes de establecer una nueva relación laboral. ( 63 ) Por consiguiente, la inexistencia de dicha compensación impediría alcanzar el objetivo de descanso retribuido del trabajador que persigue la Directiva 2003/88.

72.

En la sentencia Robinson-Steele y otros, ( 64 ) el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2003/88 trata el derecho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en concepto de vacaciones como dos vertientes de un único derecho. Entiendo que precisamente esta identidad de funciones entre los derechos al salario y a la compensación económica de las vacaciones es un argumento a favor de considerar a ésta una parte indisoluble del derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas.

73.

Por tanto, la respuesta a la segunda cuestión prejudicial se desprende así de la respuesta a la primera. En efecto, si, como ya se ha señalado, la extinción automática del derecho a vacaciones anuales retribuidas tras un plazo determinado es contraria al objetivo de la Directiva 2003/88, lo mismo cabe decir respecto al derecho a compensación económica, vinculada al derecho a vacaciones, conferido por el Derecho derivado.

74.

En cambio, no puedo compartir las alegaciones de la demandada en el procedimiento principal conforme a las cuales la perspectiva de tener que compensar económicamente derechos a vacaciones acumulados durante años, por una cuantía eventualmente considerable, podría inducir a los empresarios a prescindir de los trabajadores que sufran una larga enfermedad, despidiéndolos antes. En efecto, en contra de esta tesis cabe oponer que precisamente la inexistencia de una obligación del empresario de compensar económicamente las vacaciones no disfrutadas podría animarlo a despedir a los trabajadores antes de concederles las vacaciones anuales, puesto que, en otro caso, estaría obligado a cumplir la obligación de concederles el período mínimo de vacaciones anuales retribuidas a que éstos tienen derecho conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88. Si se quiere evitar el uso abusivo de la facultad de despido ejercitada con el fin de eludir dicho derecho fundamental, garantizado por la normativa comunitaria, hay que reconocer, en cualquier caso, al trabajador el derecho a una compensación económica sustitutoria de las vacaciones adquiridas y no disfrutadas, al extinguirse su relación laboral.

75.

Un análisis comparativo de las disposiciones aplicables del Convenio 132 de la OIT tampoco permite llegar a otra conclusión. El artículo 11 del Convenio establece el derecho fundamental del trabajador, al terminarse la relación laboral, a vacaciones pagadas proporcionales a la duración del servicio por el que no haya recibido aún vacaciones. Puesto que el derecho a la compensación económica también está vinculado en ese caso a las vacaciones anuales mínimas como derecho primario, debe tenerse en cuenta el artículo 5, apartado 4, del Convenio, conforme al cual las ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad de la persona interesada, como enfermedad, accidente o maternidad, deben ser contadas como parte del período de servicios. ( 65 ) Por lo tanto, la incapacidad laboral por razón de enfermedad no puede tener repercusiones negativas sobre el derecho a la compensación económica sustitutoria de las vacaciones.

76.

Desde este punto de vista, el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que, al concluir la relación laboral, los trabajadores tienen, en cualquier caso, derecho a una compensación económica sustitutoria de las vacaciones no disfrutadas.

77.

Como ya se ha señalado, tanto de la interpretación teleológica del artículo 7 de la Directiva 2003/88 ( 66 ) como del criterio jurídico que subyace al artículo 5, apartado 4, del Convenio 132 de la OIT, ( 67 ) se desprende que los períodos de enfermedad deben equipararse a los períodos de servicio, puesto que se trata de ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad del trabajador, que, por tanto, están justificadas.

78.

Por ese motivo, en el mismo período se generan todos los derechos del trabajador, incluido el derecho a vacaciones anuales retribuidas, que pueden ser disfrutadas cuando se haya recuperado la capacidad de trabajo o que, en caso de extinción de la relación laboral, también deben ser compensadas económicamente en el caso de incapacidad laboral completa sobrevenida.

79.

El nacimiento del derecho a vacaciones anuales o a una compensación económica no está vinculado, por definición, al requisito de que anteriormente se haya desarrollado efectivamente una actividad, por lo que el trabajador también tiene tales derechos en el caso de que haya faltado del trabajo por razón de enfermedad durante todo el período anual de devengo.

80.

Por lo que se refiere a la cuestión prejudicial subsiguiente de si estos derechos también se generan en el caso de ausencias de trabajo injustificadas durante el período anual de devengo, me gustaría recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido por el artículo 234 CE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho comunitario que precisan para la solución del litigio que deban dirimir. ( 68 )

81.

En el marco de esta cooperación, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. ( 69 )

82.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha indicado que, en supuestos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él con objeto de verificar su propia competencia. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. ( 70 )

83.

En efecto, el espíritu de colaboración que debe presidir el funcionamiento de la remisión prejudicial implica, por su parte, que el juez nacional tenga consideración para con la función confiada al Tribunal de Justicia, que consiste en contribuir a la administración de la justicia en los Estados miembros y no en formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. ( 71 )

84.

De la resolución de remisión se desprende que, desde el 8 de septiembre de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005, es decir, hasta la fecha en que terminó su relación laboral, el demandante del procedimiento principal estuvo ininterrumpidamente en situación de baja por enfermedad. Por consiguiente, su ausencia del trabajo estaba claramente justificada, por lo que, a falta de relevancia para la sentencia que deba recaer en el procedimiento principal, el Tribunal de Justicia no necesita responder a la parte de la cuestión relativa a si el derecho a vacaciones anuales o a compensación económica también existe en el caso de que el trabajador se haya ausentado del trabajo sin motivo justificado.

85.

Habida cuenta de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a las cuestiones planteadas por el Landesarbeitsgericht Düsseldorf: