—

el pago de las retribuciones de los trabajadores que hayan quedado impagadas debido a la insolvencia del empresario, mediante una institución de garantía cuyo patrimonio debe ser independiente e inembargable (artículos 3 a 5);

—

el mantenimiento del derecho de los trabajadores a las prestaciones en el marco de los regímenes legales nacionales de Seguridad Social en caso de impago de cotizaciones obligatorias adeudadas por el empresario a las instituciones de seguros (artículo 7);

—

la protección de los derechos de los trabajadores a prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan independientemente de los regímenes legales nacionales de Seguridad Social (artículo 8).

1)

Declare que, al no haber adoptado ni notificado a la Comisión, dentro de los plazos señalados, todas las medidas necesarias para adaptar su legislación al conjunto de las disposiciones de la Directiva 80/987 del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

2)

Condene en costas a la República Helénica.

1)

Desestime el recurso.

2)

Condene en costas a la Comisión.

—

El artículo 4 de la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de asegurar a los trabajadores el pago de la retribución correspondiente a tres meses, por lo menos. En efecto, el apartado 1 del artículo único de la citada Ley no asegura, en opinión de la Comisión, a los trabajadores el derecho a exigir de la institución nacional de garantía el pago del citado importe mínimo, puesto que consagra la facultad discrecional del Ministro de Trabajo, quien puede decidir o no por medio de una orden que la institución nacional de garantía pague a los trabajadores el total o una parte de su retribución en caso de insolvencia del empresario.

—

El artículo 2 de la Directiva exige que la institución nacional de garantía intervenga desde el inicio de un procedimiento tendente a reembolsar colectivamente a los acreedores. En efecto, la Ley n° 1172/81 no sólo supedita la adopción facultativa de la mencionada orden ministerial a la declaración de quiebra del empresario o a su evidente ruina y al cese del trabajo por parte del trabajador, sino que además exige un requisito adicional para la adopción de la orden del Ministro de Trabajo, a saber, que los trabajadores tengan un seguro de desempleo.

—

El artículo 7 de la Directiva establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el impago de cotizaciones obligatorias adeudadas por el empresario en virtud de los regímenes legales nacionales de Seguridad Social no tenga efectos perjudiciales en el derecho a prestaciones del trabajador asalariado. Sin embargo, la citada Ley no establece tales disposiciones.

—

El artículo 8 de la Directiva impone a los Estados miembros asegurarse de que sean adoptadas las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa en la fecha en que se produce la insolvencia del empresario, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos, o a sus derechos en curso de adquisición, a prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes, en virtud de regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan independientemente de los regímenes legales nacionales de Seguridad Social. En opinión de la Comisión, tampoco existe en el Derecho helénico disposición alguna que sea apta para cumplir esta obligación.

—

el Decreto-Ley n° 690/1945 (Diario Oficial de la República Helénica n° 202 A' de 6.12.1945), que establece penas de prisión que pueden llegar a tres meses para el empresario que no pague las retribuciones debidas a sus empleados dentro de los plazos señalados;

—

la Ley n° 762/1978 (Diario Oficial de la República Helénica n° 45 A' de 30.3.1978), «sobre la responsabilidad civil del representante de un empresario que celebre en Grecia un contrato de trabajo con un hombre de mar»;

—

el artículo 16 del Decreto-Ley n° 373/1968 (Diario Oficial de la República Helénica n° 79 A' de 15.4.1968), que prohibe al GENE (Oficina de empleo para marineros) conceder autorizaciones para enrolar hombres de mar helénicos en los navios de pabellón griego o extranjero cuyos propietarios no hubiesen pagado las sumas adeudadas a la tripulación en virtud del contrato de enrolamiento y que dichas cantidades hayan sido reconocidas como válidas mediante una decisión judicial firme;

—

el artículo 81 del KIND (Código de Derecho marítimo privado), que establece que el trabajador del mar tiene derecho a ser alojado y mantenido en el barco hasta que se le haya pagado;

—

el artículo 205 del KIND, que clasifica los créditos de los trabajadores del mar en segundo lugar de los privilegios marinos;

—

el artículo 207 del KIND modificado por el artículo 8 de la Ley n° 1711/87, que modifica y completa la legislación sobre la caja de pensiones de los marineros (NAT). Este artículo establece que, en caso de cesión contractual del buque, el trabajador dispone del plazo de un año (en vez de los tres meses que se aplicaban anteriormente) para interponer un recurso judicial con el objeto de reclamar los créditos privilegiados derivados de su contrato de trabajo.

1

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de febrero de 1988, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al no haber adoptado ni comunicado a la Comisión, dentro de los plazos señalados, las medidas legales, reglamentarias y administrativas para adaptar su Derecho interno al conjunto de las disposiciones de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219), la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

2

La Directiva controvertida tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario, y, a estos efectos, establece, en particular, garantías específicas para el pago de los créditos de que sean acreedores.

3

En este asunto, la Comisión imputa a la República Helénica, por una parte, en lo que atañe al conjunto de los trabajadores, no haberse atenido a las obligaciones que respectivamente resultan del artículo 2 (intervención de la institución de garantía nacional a partir de la solicitud de apertura de un procedimiento de pago colectivo de los acreedores), del artículo 4 (obligación de asegurar a los trabajadores el pago de al menos tres meses de salario), del artículo 7 (garantía de las prestaciones adeudadas a los trabajadores en virtud de los regímenes legales de Seguridad Social) y del artículo 8 (garantía de prestaciones de vejez en virtud de regímenes complementarios de previsión profesionales) y, por otra parte, en lo que respecta a las dos categorías de trabajadores respecto de las cuales la República Helénica solicitó la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva, no haber adoptado medidas que asegurasen una protección equivalente a la que resulta de la Directiva.

4

Para una más amplia exposición de la normativa nacional pertinente, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

5

Según consta en autos, durante el procedimiento administrativo previo, el Gobierno helénico comunicó a la Comisión que estimaba que ya había cumplido sus obligaciones de adecuación del Derecho nacional a la Directiva mediante la adopción de la Ley n° 1172/81 (Diario Oficial de la República Helénica n° 177 de 9.7.1981, serie I), por la que se garantizan los créditos de los trabajadores en los casos en que el empresario no pueda abonar las retribuciones adeudadas, especialmente en caso de insolvencia. La Comisión alegó que, en su opinión, esta Ley no es suficiente para adaptar el Derecho nacional a la Directiva, y en particular a sus artículos 2, 4, 7 y 8.

6

Durante el procedimiento contencioso, el Gobierno helénico tampoco negó que la citada Ley fuera insuficiente para adaptar el Derecho interno a la Directiva. En sus escritos de contestación y de duplica, se refirió a un proyecto de decreto presidencial destinado a integrar la Directiva en el ordenamiento jurídico nacional. Al responder a una pregunta formulada por este Tribunal de Justicia, señaló que este proyecto había sido abandonado, pero también informó sobre la adopción de una nueva Ley n° 1836/89 que establece, en particular, la creación de una.cuenta específica titulada «Cuenta de protección de los trabajadores contra la insolvencia del empresario» y que contiene una habilitación para adoptar un decreto presidencial. Finalmente, en enero de 1990, el Gobierno demandado comunicó el texto de este decreto presidencial que, en su opinión, satisface completamente las exigencias planteadas por la Directiva.

7

No procede examinar si el citado decreto presidencial efectúa una adaptación satisfactoria del Derecho interno a la Directiva. En efecto, según una jurisprudencia reiterada (véase, en último lugar, la sentencia de 11 de mayo de 1989, Comisión contra Alemania, 76/86, Rec. 1989, p. 1021, apartado 8), el procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 169 delimita el objeto de un recurso interpuesto al amparo de dicho artículo.

8

En consecuencia, el objeto de este asunto debe limitarse al examen de la situación jurídica imperante en Grecia en relación con la Directiva en el momento en que expiró el plazo señalado en el dictamen motivado.

9

Ahora bien, no se ha discutido que las medidas que existían en Grecia antes del vencimiento de este plazo no eran suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que resultan de la Directiva.

10

Se deduce de lo que antecede que los motivos de recurso de la Comisión basados en la inaplicación de los artículos 2, 4, 7 y 8 de la Directiva deben ser considerados como fundados.

11

Según el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva:

«Los Estados miembros podrán excepcionalmente excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los créditos de determinadas categorías de trabajadores asalariados, en razón de la naturaleza especial del contrato de trabajo o de la relación laboral de aquéllos, o en razón de la existencia de otras formas de garantía que ofrezcan a los trabajadores asalariados una protección equivalente a la que resulta de la presente Directiva.

La lista de las categorías de trabajadores asalariados a que se refiere el párrafo 1 figura en anexo.»

12

Esta lista incluye, en el apartado I, a los «trabajadores asalariados que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral de carácter particular» y, en el apartado II, a los «trabajadores asalariados que se beneficien de otras formas de garantía». En lo que respecta a Grecia, incluye, en el apartado I, al patrón y a los miembros de la tripulación de un buque de pesca, cuando y en la medida en que se les retribuya mediante participación en las ganancias o en los ingresos brutos del buque, y en el apartado II, a las tripulaciones de los buques marítimos.

13

La Comisión alega que la República Helénica hubiera debido prever para ambas categorías de trabajadores garantías que les asegurasen una protección equivalente a la que resulta de la Directiva.

14

No puede acogerse esta tesis en lo que atañe a la primera categoría de trabajadores. En efecto, hay que destacar que el apartado 2 del artículo 1 atribuye a los Estados miembros la facultad de excluir, si bien excepcionalmente, del ámbito de aplicación de la Directiva los créditos de estos trabajadores en razón de la naturaleza particular de su contrato de trabajo o de la relación laboral, sin subordinar dicha exclusión a la existencia de otra forma de garantía que les asegure una protección equivalente.

15

Por consiguiente, la imputación de la Comisión relativa a la inexistencia de una protección equivalente a la que resulta de la Directiva para la primera de las categorías de trabajadores antes mencionadas debe ser desestimada.

16

Por el contrario, en lo que atañe a la segunda categoría de trabajadores, procede señalar que el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva subordina la posibilidad de su exclusión del ámbito de aplicación de ésta a la existencia de otras formas de garantía que aseguren una protección equivalente a los trabajadores de que se trata.

17

El Gobierno helénico alega que las tripulaciones de los buques se benefician de una protección equivalente a la otorgada por la Directiva en virtud de una serie de disposiciones nacionales, a saber, el Decreto-Ley n° 690/1945, la Ley n° 762/1978, el artículo 16 del Decreto-Ley n° 373/1968, los artículos 81, 205 y 207 del Código de Derecho marítimo privado y la Ley n° 1220/81 relativa al organismo de gestión del puerto de El Pireo.

18

Por el contrario, la Comisión sostiene que las citadas disposiciones no garantizan a las tripulaciones de los buques una protección equivalente a la que resulta de la Directiva.

19

Ante todo, procede destacar que se deduce tanto de la finalidad de la Directiva, que pretende asegurar un mínimo de protección a todos los trabajadores, como del carácter excepcional de la posibilidad de exclusión prevista por el apartado 2 del artículo 1 que sólo puede ser considerada «equivalente» en el sentido de esta disposición una protección que, aun estando fundada en un sistema cuyas modalidades difieran de las previstas por la Directiva, asegure a los trabajadores las garantías esenciales definidas por ésta.

20

En cuanto al Decreto-Ley n° 690/1945, que prevé penas de prisión que pueden llegar hasta tres meses para el empresario que no haya abonado las retribuciones adeudadas a sus empleados dentro de los plazos exigidos, basta comprobar que se trata de una ley de índole penal que, por sí misma, no garantiza a los trabajadores el pago de sus créditos impagados en caso de insolvencia del empresario, garantía que constituye, tal como resulta del primer considerando de la Directiva, el objetivo esencial de la misma.

21

Respecto a la Ley n° 762/1978 sobre la responsabilidad civil del representante de un empresario que celebre en Grecia un contrato de trabajo con un hombre de mar, procede observar que dicha Ley no contiene garantías para el caso de que el representante sea insolvente.

22

En lo que atañe al artículo 16 del Decreto-Ley n° 373/1968, según el cual está prohibido conceder la autorización de enrolar marineros griegos a los propietarios de buques que no hayan satisfecho los créditos de la tripulación, tampoco garantiza los mencionados derechos de los marineros, ya que simplemente obliga al propietario del buque a enrolar marineros extranjeros, en vez de marineros griegos.

23

Respecto al artículo 81 del Código de Derecho marítimo privado, que prevé que el trabajador del mar despedido tiene derecho a ser alojado y alimentado en el buque hasta que se le haya pagado, hay que señalar que no garantiza el pago de las retribuciones en caso de insolvencia del empresario, sino que otorga a los trabajadores otra clase de protección en un supuesto diferente, a saber, el de su despido.

24

En cuanto a los artículos 205 (que clasifica los créditos de los trabajadores del mar en el segundo grado de los créditos marítimos privilegiados, después de las costas judiciales y de los créditos fiscales) y 207 (que establece que, en caso de cesión contractual de un buque, la tripulación podrá reclamar sus créditos privilegiados dentro del plazo de un año) del mismo Código, es exacto que tienen por objeto garantizar el pago de los créditos de los trabajadores del mar en caso de insolvencia del empresario. No obstante, como acertadamente destacó la Comisión, se trata de una garantía insuficiente porque, cuando se procede a la venta de buques en pública subasta, no se obtiene siempre una cantidad suficiente como para pagar también los créditos de segundo grado.

25

Además, hay que señalar, como también destaca la Comisión, que la protección establecida en el artículo 205 del Código de Derecho marítimo privado sólo se aplica en el caso de venta en pública subasta y, por tanto, no, como exige la Directiva, cuando sobrevenga la insolvencia del empresario, que puede manifestarse mucho antes.

26

En consecuencia, niguna de estas disposiciones invocadas por el Gobierno demandado asegura a las tripulaciones de los buques una protección equivalente a la que resulta de la Directiva.

27

Finalmente, respecto a la Ley n° 1220/81, hay que destacar que fue invocada por el Gobierno helénico por primera vez durante la vista. Por consiguiente, y sin que sea necesario examinar los argumentos deducidos por este Gobierno, procede declarar la inadmisibilidad de este motivo.

28

El Gobierno helénico también alega que, durante las consultas que precedieron a la adopción de la Directiva, la Comisión ya había examinado los aspectos esenciales de la citada normativa y había reconocido que otorga una protección equivalente a la que resulta de la Directiva. La Comisión impugna esta alegación.

29

No puede acogerse el argumento del Gobierno demandado. En efecto, basta señalar que, si bien se deduce del documento presentado por este Gobierno que el Comité interino CEE-Grecia había examinado la petición de la delegación helénica de incluir determinadas excepciones en el anexo de la Directiva y que había decidido completar el anexo, como así se hizo seguidamente, para tomar en cuenta la adhesión de la. República Helénica a la Comunidad a partir del 1 de enero de 1981, los elementos que constan en autos no ponen de manifiesto que la Comisión haya efectuado en esa época un examen detallado de la normativa helénica de que se trata para verificar si proporcionaba una protección equivalente a las tripulaciones de los buques.

30

De lo que antecede resulta que el motivo referido a las tripulaciones de los buques debe ser considerado fundado.

31

Habida cuenta del conjunto de las consideraciones precedentes, procede declarar que, al no haber adoptado ni comunicado a la Comisión, dentro de los plazos señalados, las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno al conjunto de las disposiciones de la Directiva 80/987 del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.

32

A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados, en lo fundamental, los motivos formulados por la República Helénica, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

decide: