1.

La sociedad VAG France SA es una filial del constructor de automóviles Volkswagen AG. Importa para éste en Francia vehículos y productos de las marcas VW y Audi y encarga a concesionarios exclusivos, para zonas determinadas, la reventa al público de los vehículos nuevos y de las piezas de recambio de estas marcas, así como el servicio posventa. Entre estos concesionarios figuraba, desde 1975, Établissements Magne SA, que cubría diferentes áreas de la circunscripción de Angulema.

Las relaciones entre VAG France SA y Établissements Magne SA estaban reguladas por contratos de duración determinada, celebrados cada vez por un año. El último contrato de concesión entre las dos partes se firmó el 18 de diciembre de 1984 para el período del 1 de enero de 1985 al 31 de diciembre de 1985 sin posibilidad de tácita reconducción.

Según las condiciones de este contrato tipo, el concesionario se comprometía, entre otras cosas, a no ocuparse ni de la venta ni de la distribución de vehículos nuevos y piezas de recambio de marcas competidoras. Tenía la obligación de garantizar el servicio de posventa, incluida la garantía, del material VW-Audi, aun cuando sólo se encontrara temporalmente en su territorio y no lo hubiera vendido él. El concesionario se comprometía, en consideración al potencial de su territorio y a los objetivos de penetración que se hubiera fijado VAG France SA, a vender un número de vehículos nuevos correspondiente a sus objetivos cuantitativos de venta que figuraban incorporados como anexo al contrato.

2.

El 18 de enero de 1985, se publicó en el Diario Oficial (DO 1985, L 15, p. 16; EE 08/02, p. 150) el Reglamento no 123/85 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles, adoptado en virtud del Reglamento no 19/65 del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y de prácticas concertadas (DO 1965, p. 533; EE 08/01, p. 85). Mediante este Reglamento, la Comisión declaró inaplicable, en determinadas condiciones especiales, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado a los acuerdos de distribución exclusiva en el sector de los vehículos automóviles.

De los considerandos del Reglamento se desprende que la Comisión entiende que los contratos de distribución exclusiva de automóviles que contienen las restricciones de competencia y las obligaciones mencionadas en los artículos 1 a 4 de este Reglamento reúnen, como norma general, las condiciones del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, pero que dichas cláusulas pueden, en determinadas condiciones, ser consideradas racionales e indispensables en el sector de los vehículos automóviles, dado que se trata de un producto que necesita a intervalos regulares, así como en momentos imprevisibles y en lugares variables, mantenimientos y reparaciones especializadas, lo que supone una cooperación entre el constructor y un número limitado de distribuidores y de talleres seleccionados.

El párrafo 2 del apartado 2 del artículo 5 de este Reglamento dispone que cuando el distribuidor haya asumido determinadas obligaciones del tipo de las que contiene el contrato de que se trata para mejorar la estructura de la distribución y del servicio, la aplicación de la exención a los compromisos de no vender vehículos automóviles nuevos más que de la gama considerada en el acuerdo o de no hacerlos objeto de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa, estará subordinada a la condición de:

«que la duración del acuerdo sea al menos de cuatro años o que el plazo de cancelación ordinaria del acuerdo convenido para un período indeterminado sea al menos de un año para las dos partes, a menos:

Con arreglo a su artículo 14, el Reglamento no 123/85 entró en vigor el 1 de julio de 1985. Según su artículo 7, la inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratado produjo efectos a partir del día en que se reunieron las condiciones del Reglamento, pero, salvo respecto á determinados acuerdos antiguos, no antes del día de la notificación. El artículo 8 dispone que, respecto a determinados acuerdos antiguos notificados, con la condición de que hayan sido notificados antes del 1 de octubre de 1985, de manera que satisfagan las condiciones enunciadas y que esta modificación sea comunicada a la Comisión antes del 31 de diciembre de 1985, la prohibición dictada por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado no será aplicable al período anterior a la modificación.

3.

Mediante carta de 24 de junio de 1985, VAG France SA informó a Établissements Magne SA de su intención de proponerle un nuevo contrato, de duración indeterminada a partir del 1 de enero de 1986. Refiriéndose a un retraso considerable de las ventas realizadas por Établissements Magne SA, que alcanzaron únicamente el 46,4 % con relación al objetivo de éstas el 30 de abril de 1985, VAG France SA sometió, sin embargo, esta oferta a la condición de que se alcanzara el objetivo de venta de Établissements Magne SA el 31 de diciembre de 1985 en una proporción igual, al menos, a las realizaciones nacionales de la red, sin lo cual no se propondría ningún nuevo contrato tras el existente que expiraba el 31 de diciembre de 1985.

Etablissements Magne SA no aceptó que VAG France SA pudiera no renovar su contrato por las razones señaladas. Alegó que el Reglamento no 123/85 tiene por efecto prorrogar el contrato por una duración de cuatro años con preaviso y exigió que se le propusiera un apéndice del contrato en este sentido.

El 25 de septiembre de 1985, VAG France SA dirigió a Établissements Magne SA, con las reservas y condiciones anteriormente indicadas, ei texto de un nuevo contrato de concesión, previsto para una duración indeterminada, observando que éste se había adaptado al Reglamento no 123/85 y debería regular las relaciones entre las partes a partir del 1 de octubre de 1985.

Établissements Magne SA se negó a firmar este nuevo contrato de concesión y reiteró su petición de que se le propusiera un apéndice al contrato existente conforme al artículo 5 del Reglamento no 123/85. Esta petición no tuvo respuesta.

Desde el 1 de enero de 1986 cesaron todas las relaciones comerciales entre VAG France SA y Établissements Magne SA.

4.

En el curso de este desacuerdo sobre sus relaciones contractuales, VAG France SA emplazó a Établissements Magne SA ante el Tribunal de grande instance de Paris.

En el marco de este litigio, VAG France SA mantiene especialmente que, al rechazar la oferta de un contrato de duración indeterminada, Établissements Magne SA impidió la continuación de todas las relaciones comerciales y que no puede exigir un nuevo contrato de concesión si no se alcanza la cifra de ventas adecuada a los objetivos contractuales. Établissements Magne SA reclama, por el contrario, que se ajuste el contrato de concesión al Reglamento no 123/85 mediante una adaptación retroactiva de la cláusula relativa a la duración determinada a una duración de cuatro años y mantiene que VAG France SA no puede imponerle un nuevo contrato de diferente naturaleza, es decir, de duración indeterminada ni exigir condiciones relativas a los objetivos de venta contrarias al Reglamento no 123/85.

Mediante resolución de 18 de diciembre de 1985, el Tribunal de grande instance de París decidió solicitar al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado, que se pronunciara

«sobre las condiciones de aplicación del Reglamento no 123/85 al contrato celebrado el 18 de diciembre de 1984 por una duración de un año y que surtía efecto el 1 de enero de 1985 y expiraba el 31 de diciembre de 1985, sin tácita reconducción, entre las sociedades VAG France y Établissements Magne, teniendo en cuenta las respectivas interpretaciones de las partes».

Respecto a estas posturas de las partes, el Tribunal de grande instance expuso que

«el litigio entre las partes se refiere esencialmente a la cuestión de si la entrada en vigor de dicho Reglamento, el 1 de julio de 1985, les obliga a modificar el contrato existente que les vincula para adecuarlo especialmente al punto 2 del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento en cuanto a la duración, de tal manera que ésta se extienda a cuatro años, como mantiene Établissements Magne, o si la entrada en vigor del Reglamento sólo tenía por efecto anular las cláusulas de exclusividad y de no competencia y, en su caso, el conjunto del contrato, y esto hasta su expiración o, por lo menos, hasta que las partes hayan celebrado un nuevo acuerdo conforme a las normas comunitarias, como pretende VAG France».

5.

La resolución del Tribunal de grande instance de París se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de enero de 1986.

Con arreglo al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE, presentaron observaciones escritas VAG France SA, representada por el Sr. Yann François, Abogado de París, Etablissements Magne SA, representada por el Sr. Jean Threard, Abogado de París, y la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Norbert Koch.

Previo informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba y, con arreglo al párrafo 1 del artículo 95 del Reglamento de Procedimiento, remitió el asunto a la Sala Tercera.

—

en nombre de VAG France SA por Me. Yann François, Abogado de Paris,

—

en nombre de Établissements Magne SA por Me Jean Threard, Abogado de Paris,

—

en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas por su Consejero Jurídico, Norbert Koch,

1

Mediante resolución de 18 de diciembre de 1985, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de enero de 1986, el Tribunal de grande instance de París planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento no 123/85 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles (DO 1985, L 15, p. 16; EE 08/02, p. 150).

2

Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre las sociedades VAG France SA, distribuidor de vehículos y productos de las marcas Volkswagen AG y Audi en Francia, y Établissements Magne SA, concesionario exclusivo encargado de la venta al público y del servicio de posventa de los productos VW y Audi, para diferentes regiones de la circunscripción de Angulema. El litigio se refiere a la ruptura de las relaciones comerciales entre las partes en el asunto principal, producida tras un desacuerdo sobre las consecuencias que resultan para su contrato de la entrada en vigor del Reglamento no 123/85, anteriormente citado.

3

En el apartado 2 de su artículo 5, el Reglamento no 123/85 subordina una exención de la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE respecto a determinadas categorías de acuerdos de distribución en el sector de los vehículos automóviles, a la condición de que se trate, bien de un acuerdo de una duración determinada de por lo menos cuatro años, bien de un acuerdo celebrado por una duración indeterminada con un plazo de cancelación de por lo menos un año.

4

Se desprende del expediente que las relaciones comerciales entre las partes en el asunto principal estaban reguladas por contratos tipo celebrados todos los años por un año, el último de los cuales había sido firmado el 18 de diciembre de 1984 para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1985. Tras la adopción del Reglamento no 123/85, VAG France SA propuso a Établissements Magne SA la celebración de un nuevo contrato de duración indeterminada a partir del 1 de enero de 1986, haciendo depender siempre la celebración de dicho contrato de la realización de determinados objetivos de venta para el año en curso; Établissements Magne SA rechazó esta propuesta y exigió la firma de un nuevo contrato de duración determinada, y esto por cuatro años, alegando que el contrato existente que debía adecuarse al Reglamento no 123/85 era también de duración determinada.

5

El Tribunal de grande instance de París consideró que el litigio entre las partes se refería esencialmente a la cuestión de si la entrada en vigor del Reglamento no 123/85 les obligaba a modificar el contrato existente para adecuarlo especialmente al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento en cuanto a la duración, de manera que ésta se extendiera a cuatro años, como mantiene Établissements Magne SA, o si, como pretende VAG France SA, la entrada en vigor del Reglamento sólo tenía por efecto anular las cláusulas de exclusividad y de no competencia y, en su caso, el conjunto del contrato, y esto hasta su expiración o hasta que las partes hubieran celebrado un nuevo acuerdo conforme a las normas comunitarias. Para poder pronunciarse sobre este litigio, el Tribunal de grande instance consideró necesario preguntar al Tribunal de Justicia

«sobre las condiciones de aplicación del Reglamento no 123/85 al contrato celebrado el 18 de diciembre de 1984 por una duración de un año y que surtía efecto el 1 de enero de 1985 y expiraba el 31 de diciembre de 1985, sin tácita reconducción, entre las sociedades VAG France SA y Établissements Magne SA, teniendo en cuenta las respectivas interpretaciones de las partes».

6

Para una más amplia exposición de los hechos del asunto, de la normativa comunitaria en cuestión y de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia por las partes en el asunto principal y por la Comisión, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

7

Procede recordar, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia no tiene competencia, en el marco del artículo 177 del Tratado CEE, para pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones de Derecho comunitario a casos concretos. Sin embargo, de la redacción de la cuestión formulada por el juez nacional y teniendo en cuenta los datos suministrados por éste, puede deducir los elementos relativos al Derecho comunitario que permitirán al juez nacional resolver el problema jurídico que se le ha sometido.

8

Comprendida de esta forma, la cuestión que plantea el Tribunal de grande instance de París pretende saber si el Reglamento no 123/85 debe interpretarse en el sentido de que el apartado 2 de su artículo 5 contiene disposiciones vinculantes que afectan directamente a la validez o al contenido del contrato en su conjunto o a determinadas de sus cláusulas o que obligan a las partes contratantes a adaptar el contenido de su contrato para adecuarlo a estas disposiciones.

9

La respuesta a esta cuestión debe buscarse en una lectura del Reglamento no 123/85 a la luz del artículo 85 del Tratado CEE y del Reglamento no 19/65 del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y de prácticas concertadas (DO 1965, p. 533; EE 08/01, p. 85), sobre cuya base fue adoptado el Reglamento no 123/85.

10

En virtud del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE, son incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos determinados acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Según el apartado 2 de este artículo, dichos acuerdos serán nulos de pleno derecho, salvo si las disposiciones del apartado 1 han sido declaradas inaplicables por la Comisión con arreglo al apartado 3 del mismo artículo.

11

La decisión de inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 85, que prevé el apartado 3 de este artículo, puede ser adoptada por la Comisión, bien bajo la forma de una decisión individual para un acuerdo específico, en aplicación del Reglamento no 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO, p. 204; EE 08/01, p. 22), o bien mediante un Reglamento de exención para determinadas categorías de acuerdos en virtud del artículo 1 del Reglamento no 19/65. Mediante un reglamento de este tipo, la Comisión establece condiciones bajo las cuales la prohibición del apartado 1 del artículo 85 es inaplicable a un acuerdo, aunque éste reúna los supuestos para esta prohibición.

12

Resulta de lo que precede que el Reglamento no 123/85, como reglamento de aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, se limita a dar a los agentes económicos del sector de los vehículos automóviles ciertas posibilidades que les permitan, a pesar de la presencia de determinados tipos de cláusulas de exclusividad y de no competencia, en sus acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa, que éstos queden eximidos de la prohibición del apartado 1 del artículo 85. Las disposiciones del Reglamento no 123/85 no imponen, sin embargo, a los agentes económicos la obligación de hacer uso de estas posibilidades. Tampoco tienen por efecto modificar el contenido de dichos acuerdos o de anularlos cuando no se cumplan todas las condiciones del Reglamento.

13

Cuando un acuerdo no reúna todas las condiciones que exige este Reglamento, las partes contratantes podrán, bien solicitar a la Comisión una decisión individual de inaplicabilidad del artículo 85, apartado 1, bien alegar que se cumplen las condiciones de otro reglamento de exención respecto a otras categorías de acuerdos, o bien incluso probar que el acuerdo en cuestión no es, por otros motivos, incompatible con la prohibición del apartado 1 del artículo 85.

14

Conviene añadir que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 30 de junio de 1966, la Technique minière, 56/65, Rec. 1966, p. 337, y de 14 de diciembre de 1983, Société de vente de ciments et bétons de l'Est, 319/82, Rec. 1983, p. 4173), las consecuencias de la nulidad de pleno derecho de las cláusulas contractuales incompatibles con el apartado 1 del artículo 85 respecto a todos los demás elementos del acuerdo o respecto a otras obligaciones que se deriven de él, no entran dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario.

15

Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar, en virtud del Derecho nacional aplicable, el alcance y las consecuencias, respecto al conjunto de las relaciones contractuales, de una eventual nulidad de determinadas cláusulas de contratos, en virtud del apartado 2 del artículo 85. Procede especialmente apreciar en virtud del Derecho nacional si dicha incompatibilidad puede tener como consecuencia obligar a las partes contratantes a adaptar el contenido de su contrato con el fin de eximirle de la nulidad, y en su caso elegir a tal fin una u otra de las posibilidades que prevé el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento no 123/85, en lo que se refiere a la duración del contrato.

16

Por ello procede responder a la cuestión que plantea el Tribunal de grande instance de París diciendo que el Reglamento no 123/85 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO 1985, L 15, p. 16; EE 08/02, p. 150) no establece prescripciones vinculantes que afecten directamente a la validez o al contenido de las cláusulas contractuales o que obliguen a las partes contratantes a adaptar a éstas el contenido de su contrato, sino que se limita a establecer condiciones que, cuando se cumplen, permiten exceptuar a determinadas cláusulas contractuales de la prohibición y, por consiguiente, de la nulidad de pleno derecho que prevén los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Tratado CEE; y que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar, en virtud del Derecho nacional aplicable, las consecuencias de una eventual nulidad de determinadas cláusulas contractuales.

17

Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal de grande instance de París mediante resolución de 18 de diciembre de 1985, declara:

El Reglamento no 123/85, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO 1985, L 15, p. 16; EE 08/02, p. 150) no establece prescripciones vinculantes que afecten directamente a la validez o al contenido de las cláusulas contractuales o que obliguen a las partes contratantes a adaptar al mismo el contenido de su contrato, sino que se limita a establecer condiciones que, cuando se cumplen, permiten exceptuar a determinadas cláusulas contractuales de la prohibición y, por consiguiente, de la nulidad de pleno derecho que preven los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Tratado CEE.

Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar, en virtud del Derecho nacional aplicable, las consecuencias de una eventual nulidad de determinadas cláusulas contractuales.