a)

Considerando que, al reconocer un derecho de recurso basado en el artículo 16 del Protocolo, resulta manifiesto que los autores de éste pretendieron garantizar el respeto de los privilegios e inmunidades en él establecidos, y ello en interés no sólo de la Comunidad y de sus Instituciones, sino también de las personas a las que se otorgaron dichos privilegios e inmunidades y, por otra parte, en interés de los Estados miembros y de su Administración, que deben ser protegidos contra una interpretación demasiado amplia de los referidos privilegios e inmunidades;

que, en consecuencia, es perfectamente admisible que un funcionario de la Comunidad se presente ante el Tribunal de Justicia como demandante contra el Gobierno de su país de origen, al igual que algunas empresas, que han intervenido en apoyo de la Alta Autoridad, ya se han opuesto ante el Tribunal de Justicia a las alegaciones formuladas por el Gobierno de su país;

que, si bien es cierto que los privilegios e inmunidades se otorgaron «exclusivamente en interés de la Comunidad», no debe perderse de vista que se concedieron de modo expreso «a favor de los funcionarios de las Instituciones de la Comunidad»;

que el hecho de que los privilegios, inmunidades y facilidades se establecieran en aras del interés público comunitario justifica, sin duda la facultad otorgada a la Alta Autoridad de determinar las categorías de funcionarios a las que se aplican (artículo 12) o de suspender, en su caso, la inmunidad (apartado 2 del artículo 13), pero no significa que dichos privilegios se otorgaran a la Comunidad y no de forma directa a sus funcionarios; por lo demás, esta interpretación se desprende claramente del tenor de las disposiciones antes citadas;

que el Protocolo crea, por consiguiente, un derecho subjetivo en favor de las personas a las que se aplica, cuyo respeto está garantizado por el derecho de recurso previsto en el artículo 16 del propio Protocolo.

b)

Considerando que el artículo 16 del Protocolo, de acuerdo con el cual «cualquier controversia relativa a la interpretación o la aplicación del presente Protocolo será sometida al Tribunal de Justicia», no contiene ninguna referencia a ningún procedimiento que deba iniciarse y concluirse con carácter previo a la interposición del recuso ante el órgano jurisdiccional comunitario; que, de acuerdo con el texto de dicho artículo, cualquier persona que considere lesionados sus derechos por la interpretación o la aplicación del Protocolo puede someter el litigio al Tribunal de Justicia sin necesidad de formalidades previas;

que, por tanto, los funcionarios de la Comunidad están facultados para ejercer ante el Tribunal de Justicia una acción contra el Gobierno de su país basada en el artículo 16 del Protocolo, sin estar obligados a recurrir previamente al procedimiento establecido por otras disposiciones de Derecho comunitario o de Derecho nacional.

a)

Considerando que, en primer lugar, debe resolverse el problema de si el ejercicio de la acción de un funcionario de la Comunidad que estima que se han lesionado sus derechos por una infracción del Protocolo cometida por un Estado miembro le corresponde de modo exclusivo a la Comunidad o a la Institución a la que pertenezca el interesado;

que el examen de esta cuestión es tanto más necesario por cuanto ninguna disposición del Tratado CECA permite a los particulares recurrir directamente al Tribunal de Justicia invocando una vulneración del Tratado cometida por un Estado miembro, sino que, por el contrario, corresponde en principio a la Alta Autoridad reaccionar contra semejante vulneración aplicando el procedimiento previsto al efecto en el artículo 88 del Tratado.

Considerando, no obstante, que ciertamente a los autores del Tratado no se les escapó que las «controversias» que pueden suscitarse en relación con «la interpretación o la aplicación» del Protocolo se derivarían, sobre todo, de discrepancias entre las personas a las que el Protocolo confiere privilegios e inmunidades y las autoridades que tienen interés en una interpretación restrictiva de dichos privilegios e inmunidades;

que, a este respecto, las partes del presente litigio se presentan típicamente como partes de un «controversia» a efectos del artículo 16.

Considerando, además, que, tal como ya se ha indicado anteriormente, los privilegios establecidos mediante el Protocolo confieren a sus beneficiarios derechos subjetivos, como lo atestiguan los equivalentes en alemán y neerlandés del término «privilegio» («Vorrechte, voorrechten»); que es normal suponer que un derecho material tiene su corolario en la facultad del beneficiario de invocarlo mediante el ejercicio de una acción judicial por sí mismo, y no por medio de un tercero.

Considerando que, en estas circunstancias, procede aplicar el principio según el cual, en caso de duda, una disposición que establece garantías jurisdiccionales no puede interpretarse de manera restrictiva en perjuicio del justiciable;

que, por último, no puede ignorarse el hecho de que el artículo 16 no contiene las limitaciones establecidas en el artículo 33 del Tratado.

b)

Considerando que procede examinar, asimismo, si el recurso no es inadmisible también por el hecho de que el demandante debería haber agotado previamente los recursos administrativos y jurisdiccionales que se encuentren a su disposición de conformidad con la legislación nacional a la que esté sujeto.

Considerando que, por lo que respecta a la vía administrativa, procede señalar, en efecto, que, en el estado actual del procedimiento, ha quedado agotada, una vez que el directeur des contributions directes de la Provincia de Lieja desestimó, mediante decisión de 15 de junio de 1960, la reclamación presentada por el demandante contra la liquidación tributaria controvertida.

Considerando que, por lo que respecta a la vía judicial, de las observaciones de las partes se desprende que el demandante recurrió ante la cour d'appel de Liège; que, en consecuencia, en el estado actual del procedimiento, la vía judicial belga se ha iniciado pero no agotado.

Considerando, no obstante, que los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas no superpusieron en modo alguno el Tribunal de Justicia de dichas Comunidades a los órganos jurisdiccionales nacionales, en el sentido de que las decisiones adoptadas por dichos órganos puedan ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia;

que, por el contrario, por lo que respecta a la interpretación del Protocolo, el Tribunal de Justicia tiene una competencia exclusiva; que, tal como se ha indicado anteriormente, los Tratados se inspiran en el principio de separación estricta entre las atribuciones del Tribunal de Justicia, por un lado, y las de los órganos jurisdiccionales nacionales, por otro; que de ello se desprende que está excluida cualquier superposición entre las competencias conferidas a estos diferentes órganos jurisdiccionales;

que, por consiguiente, en la medida en que existe competencia del Tribunal de Justicia, no puede exigirse el «agotamiento» previo de la vía judicial nacional, lo que equivaldría a someter una misma cuestión primero a la decisión de los órganos jurisdiccionales nacionales y después a la del Tribunal de Justicia;

que, en consecuencia, dado que el Tribunal de Justicia es competente para resolver la cuestión jurídica que se le ha planteado dentro de los límites anteriormente precisados, el hecho de que el demandante no haya agotado la vía judicial ante los órganos jurisdiccionales de su país no se opone a la admisibilidad del recurso.

Considerando que de todo lo anterior se desprende que no puede discutirse la legitimación activa del demandante; que, en consecuencia, el recurso es admisible en la medida en que sus pretensiones están comprendidas dentro de la competencia del Tribunal de Justicia.

a)

Considerando que procede señalar que sólo la exención de las retribuciones abonadas por la Comunidad de todos los impuestos nacionales permite a las Instituciones comunitarias ejercer eficazmente su derecho a fijar el importe efectivo de las retribuciones de sus funcionarios, derecho que le reconoce el Tratado (artículo 78 del Tratado CECA y artículos 15 y 16 del Protocolo sobre el Estatuto CECA del Tribunal de Justicia);

que, en efecto, si los Estados miembros mantuvieran el derecho de someter al impuesto las retribuciones de los funcionarios de la CECA de acuerdo en cada caso con su propio sistema tributario, la Comunidad se vería privada de la posibilidad de fijar los ingresos netos de sus funcionarios;

que, sin embargo, la fijación de estos ingresos netos es la que permite a las Instituciones evaluar los servicios de sus funcionarios y a éstos apreciar la situación que se les ofrece;

que, en consecuencia, la aplicación de las legislaciones tributarias nacionales a las retribuciones abonadas por la Comunidad menoscabaría la facultad exclusiva de ésta para fijar la cuantía de dichas retribuciones;

que tal razonamiento se ve confirmado por los Tratados constitutivos de la CEE y la CEEA, que, al mismo tiempo que prevén la tributación en favor de las Comunidades de las retribuciones abonadas por éstas, reservan, sin embargo, el establecimiento de dichos impuestos, al igual que la fijación de las retribuciones, a una Institución de la Comunidad, a saber, los Consejos (CEE, CEEA, párrafo primero del artículo 12 de los Protocolos sobre los Privilegios, artículo 212 del Tratado CEE y artículo 186 del Tratado CEEA);

que, por tanto, considerados los tres Tratados en su conjunto, en el ámbito de que se trata, tienen, en común el hecho de que sustraen las retribuciones abonadas a los funcionarios de las Comunidades a la soberanía tributaria de los Estados miembros;

que, de este modo, los Tratados persiguen reforzar la independencia de las estructuras administrativas de la Comunidad con respecto a los poderes nacionales.

b)

Considerando que al argumento antes expuesto se añade una razón perentoria, a saber, el hecho de que la exención total de los impuestos nacionales es indispensable para garantizar la igualdad de trato entre funcionarios de nacionalidades diferentes; que sería sumamente injusto que dos funcionarios para los cuales la Institución comunitaria ha establecido la misma retribución bruta perciban retribuciones netas diferentes;

que la diferencia de retribuciones netas podría dificultar la selección de funcionarios nacionales de determinados Estados miembros, estableciendo de este modo una discriminación con respecto a las posibilidades reales de acceso a las funciones comunitarias de los nacionales de los diferentes Estados miembros.

c)

Considerando que, puesto que los funcionarios están interesados no en la retribución bruta, sino en la retribución neta, si no se hubiera garantizado la exención fiscal de las retribuciones comunitarias se hubiera debido tener en cuenta la carga tributaria a la hora de fijar los emolumentos de los funcionarios; que, de este modo, dicha carga hubiera gravado, en definitiva, el presupuesto de la Comunidad; que, por otro lado, la tributación de las retribuciones de que se trata en los Estados miembros hubiera podido menoscabar la igualdad entre los Estados miembros; que, en efecto, podría tener como consecuencia que las empresas de determinados Estados miembros, que aportan a la Comunidad un volumen de contribuciones relativamente elevado, acabaran financiando indirectamente a algunos otros Estados cuya legislación tributaria establece, en su caso, una tributación particularmente onerosa.

Considerando que la exención de las retribuciones abonadas por la Comunidad corresponde, por tanto, a un interés legítimo cuya salvaguardia está asegurada por lo dispuesto en la letra b) del artículo 11 del Protocolo.

a)

Considerando que el sistema practicado por la Administración Tributaria belga por lo que respecta a la aplicación del impuesto complementario a los funcionarios de la CECA constituye una tributación indirecta de las retribuciones comunitarias.

Considerando que el demandado sostuvo que dicho sistema no es contrario a las disposiciones de la letra b) del artículo 11 del Protocolo, ya que, a su entender, las retribuciones abonadas por la Comunidad no están sujetas a ningún impuesto; que, según sostiene, el impuesto grava únicamente los otros rendimientos, si bien aplicando el tipo que correspondería al tramo resultante de la suma ficticia a tales rendimientos de la retribución comunitaria;

que este razonamiento ignora algunas de las consecuencias derivadas del sistema impositivo establecido en la legislación belga sobre el impuesto complementario (o por sistemas similares vigentes en otros Estados miembros), en virtud del cual la renta imponible se divide en tramos que tributan a tipos impositivos progresivamente más elevados;

que la aplicación de esta técnica tributaria no causa ninguna dificultad cuando todos los rendimientos del contribuyente están sujetos a impuestos; que, en efecto, la aplicación de tipos impositivos diferentes a los diferentes tramos no impide la percepción de un solo impuesto global que grave el conjunto de los rendimientos percibidos, lo que tiene como consecuencia que el tipo impositivo más elevado aplicado al tramo superior grava también, en realidad, la totalidad de la renta;

que, normalmente, poco importa, por tanto, que un determinado rendimiento se incluya en los tramos inferiores o en los tramos superiores, ya que la cuota del impuesto global aplicado al conjunto de los rendimientos es en todo caso la misma;

que, por el contrario, el sistema practicado por las autoridades tributarias belgas con respecto a los funcionarios de la CECA implica, por motivos que no tienen justificación posible, la clasificación de los ingresos distintos de las retribuciones comunitarias en los tramos superiores, y la aplicación de un tipo impositivo más elevado que el que se les hubiera aplicado si no se hubiera tenido en cuenta la retribución comunitaria;

que, por este hecho, los rendimientos distintos de la retribución comunitaria tributan a un tipo impositivo que no es el que corresponde a su cuantía real;

que, por consiguiente, se produce una tributación indirecta de la retribución comunitaria, ya que sólo por el hecho de tenerla en cuenta es posible la aplicación a los restantes rendimientos del sujeto pasivo de un tipo impositivo más elevado que el que les hubiera sido aplicable.

b)

Considerando que, por lo demás, atendiendo a criterios económicos y financieros razonables, el conjunto de los ingresos de un contribuyente constituye un todo orgánico; que las propias legislaciones nacionales se inspiran en dichos criterios;

que, desde este punto de vista, el hecho de percibir impuestos «sobre» una determinada categoría de rendimientos teniendo en cuenta los restantes rendimientos percibidos a efectos del cálculo del tipo impositivo equivale, al menos materialmente, a la tributación directa de estos últimos;

que, en efecto, entre la tributación directa y la imputación indirecta existe un elemento común esencial, ya que, en ambos casos, hay una relación de causa a efecto entre los rendimientos de que se trata y la cuantía global por la que debe tributar el interesado.

c)

Considerando que, en consecuencia, un Estado miembro infringe el Protocolo si, en el caso de que el Derecho tributario nacional establezca un sistema tributario de carácter progresivo, tiene en cuenta las retribuciones abonadas por la Comunidad a sus funcionarios a efectos de la determinación del tipo impositivo de los impuestos correspondientes a otros rendimientos no exentos;

que el Derecho comunitario se opone a que un funcionario soporte una carga fiscal más elevada sobre sus rendimientos privados por el hecho de percibir una retribución de la Comunidad, ya que la incidencia de dicho impuesto se traduce en una reducción cierta de dicha retribución, quebrando así la igualdad de la prestación;

que no puede oponerse a esta conclusión la alegación según la cual semejante tributación no vulneraría el principio de igualdad de la carga tributaria, ya que sólo recaería sobre los funcionarios que cuenten con otros ingresos además de los emolumentos abonados por la Comunidad;

que esta argumentación ignora el hecho de que la comparación esencial que se impone en la materia debe hacerse entre los funcionarios comunitarios de diferentes nacionalidades que perciben la misma retribución bruta y cuentan además, en sus respectivos países, con ingresos adicionales sujetos a impuestos de una cuantía similar;

que, si los Estados miembros pudieran incluir libremente las retribuciones de los funcionarios comunitarios en la base de cálculo del tipo impositivo aplicado a sus otros ingresos, la mencionada diferenciación sería el resultado no sólo de las divergencias existentes entre las escalas tributarias de las diferentes legislaciones nacionales y, por tanto, de factores ajenos a la Comunidad, sino también de la aplicación de legislaciones nacionales diferentes a ingresos establecidos por la legislación comunitaria a los que ésta última pretende dispensar un trato común.

d)

Considerando que el sistema establecido por la parte demandada impide, desde otro punto de vista más, la libre fijación por parte de la Comunidad de la retribución de sus funcionarios; que, en efecto, de acuerdo con este sistema, un funcionario de la Comunidad estaría obligado no sólo a declarar su retribución al fisco, sino también a aplicar las deducciones habituales (gastos profesionales y otros) correspondientes a dicha retribución, con el fin de evitar una excesiva tributación de sus rendimientos personales;

que, cuando las autoridades fiscales nacionales tuvieran que examinar el fundamento y la cuantía de dichas deducciones, deberían proceder a una apreciación de los diferentes elementos que integran la retribución comunitaria; que, sin tener en cuenta las consecuencias perniciosas que podrían derivarse de las diferencias de apreciación entre las distintas Administraciones Tributarias, ello menoscabaría el derecho de las Instituciones comunitarias de fijar soberanamente las retribuciones de sus funcionarios y, por ende, de determinar y justificar los diferentes elementos que integran la retribución global otorgada a cada funcionario;

que, en consecuencia, la tesis sostenida por la parte demandada conduce, en la práctica, a distorsionar, aunque sólo sea parcialmente, el sentido que debe atribuirse a la letra b) del artículo 11 del Protocolo; que, en efecto, dicha tesis tendría como consecuencia no sólo sustraer las retribuciones controvertidas a la Ley única y homogénea de la Comunidad, sino también someterlas a un conjunto de ordenamientos jurídicos diferentes e incluso dispares;

que el cómputo de las retribuciones a que se refiere la letra b) del artículo 11 del Protocolo a efectos del cálculo del tipo impositivo aplicable a los otros rendimientos del propio interesado es, por tanto, contrario al Tratado.

1)

Desestimar la pretensión del demandante que tiene por objeto que se anule la liquidación tributaria controvertida, que se declare que ésta es nula de pleno derecho, y que se condene a la parte demandada a la devolución de las sumas abonadas, incluida la multa impuesta por haber efectuado una declaración incompleta de sus rentas, así como al pago de intereses compensatorios.

2)

Por lo que respecta a las restantes pretensiones del recurso, estimar que éste es admisible y fundado en la medida en que procede declarar:

3)

Condenar en costas a Da parte demandada.