1)

¿Los hechos y medidas siguientes son contrarios a los artículos 30 y 34 o 38 a 47 del Tratado CEE, a los artículos 42 y 60 del Tratado de adhesión o al Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas:

2)

En caso de respuesta al menos parcialmente afirmativa a la primera cuestión, ¿se ve ésta afectada por el hecho de que la mayoría de los productores se hayan declarado favorables a la subsistencia del Council?

3)

Las disposiciones de Derecho comunitario con las que las medidas descritas en la primera cuestión fueran, en su caso, incompatibles, ¿tienen efecto directo en el sentido de conferir a los particulares derechos que estos pueden alegar ante los órganos jurisdiccionales nacionales?

En caso afirmativo,

4)

La supuesta incompatibilidad de alguna de las medidas descritas en la primera cuestión con el artículo 30 o el artículo 34 del Tratado, ¿se remonta al 1 de enero de 1975, fecha mencionada por el artículo 42 del Acta de adhesión, o al 1 de febrero de 1973, mencionada en el artículo 60 de dicha Acta?

—

la compatibilidad con el Derecho comunitario de la publicidad de peras y manzanas británicas,

—

la compatibilidad con el Derecho comunitario de la acción del Council eh materia de normas de calidad.

1.

En la vista, el Council formuló serias reservas acerca de la oportunidad de dicho examen. Destacó que dicha cuestión, planteada por primera vez en el transcurso del procedimiento ante este Tribunal, era enteramente nueva y no tenía ninguna conexión con ninguna de las materias contempladas por el Juez nacional. Estima que responder a este extremo pondría en peligro el equilibrio entre las prerrogativas respectivas de los órganos jurisdiccionales y del Tribunal de Justicia en materia prejudicial. Considera que ello podría perjudicar los derechos de las partes en el litigio principal, que hubieran podido presentar observaciones o, al menos, observaciones más extensas sobre dichas cuestiones ante el Juez nacional y ante este Tribunal de Justicia si se hubieran suscitado en una fase del procedimiento anterior a la presentación de las observaciones escritas de una Institución y de un Estado miembro, meros terceros respecto del litigio, en el presente procedimiento.

Estas observaciones, ciertamente pertinentes, me hubieran convencido sí, además, la cuestión de la calificación de las exacciones litigiosas como ayudas me hubiera parecido decisiva para resolver el litigio.

Sin embargo, no me lo parece. Se desprende, en efecto, de las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de noviembre de 1978 ( 3 ) y de 26 de junio de 1979 ( 4 ) que, en el caso de un litigio sobre un sector agrícola regido por una organización común de mercados, procede examinar prioritariamente el problema planteado bajo dicho ángulo. Efectivamente, se deduce del apartado 2 del artículo 38 del Tratado que las normas generales para el establecimiento del mercado común deben ceder ante las disposiciones específicas adoptadas en el marco de la política agrícola común. Entre estas últimas se incluyen, por las razones ya explicadas en la sentencia Pigs Marketing Board, ( 5 ) las disposiciones del Tratado relativas a la eliminación de los obstáculos arancelarios y comerciales a los intercambios intracomunitários. ( 6 ) El examen prioritario de las normas de Derecho agrícola es particularmente necesario en relación con lo dispuesto en el capítulo del Tratado relativo a las normas de competencia, es decir, al conjunto de los artículos 85 a 94. En efecto, se desprende del artículo 31 del Reglamento n° 1035/72, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas, que el recurso, por parte de un Estado miembro, a las disposiciones de los artículos 92 a 94 sobre las ayudas no puede prevalecer sobre las disposiciones del Reglamento por el que se establece la organización de dicho sector de mercado. ( 7 )

En estas circunstancias, sólo me referiré sumariamente y con carácter subsidiario a la cuestión de la compatibilidad de la exacción impuesta a los productores con los artículos 92 a 94 del Tratado, para el caso de que este Tribunal no compartiera mi análisis.

2.

Esta cuestión ha revestido gran importancia durante la fase oral, probablemente en razón de la postura de la Comisión. Esta estima, en efecto, que las actividades del Council contravienen el Derecho comunitario.

Su parecer se basa en el hecho incontestable de que servicios como los prestados por el Council constituyen una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado, aunque se financien mediante una exacción impuesta a los productores. En la sentencia de 22 de marzo de 1977, ( 8 ) este Tribunal consideró, a propósito de medidas similares a las que aquí se debaten, «que una medida de la autoridad pública que favorezca a ciertas empresas o a ciertos productos no pierde su carácter de ventaja gratuita por el hecho de que esté parcial o totalmente financiada por contribuciones impuestas por la autoridad pública y recaudadas de las empresas afectadas». ( 9 ) Por tanto, los servicios prestados por el Council a los productores de manzanas y de peras sí que constituyen una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado.

Además, en los autos se puede comprobar que el importe máximo de la exacción se aumentó en tres ocasiones a partir de la adhesión del Reino Unido a la Comunidad, el 1 de abril de 1975 y los días 7 de mayo y 18 de diciembre de 1980. Comparto la opinión expresada por el Abogado General Sr. Warner en sus conclusiones en el asunto Pigs and Bacon Commission, ( 10 ) según la cual el aumento de una exacción parafiscal que sirva para financiar una ayuda puede constituir una modificación de una ayuda en el sentido del apartado 3 del artículo 93. Ahora bien, la Comisión indica que no fue previamente informada de dicha modificación en ninguno de los casos, contrariamente a lo exigido por el apartado 3 del artículo 93. De ello se deduce, su opinión, que dicha ayuda es ilegal a partir del 1 de abril de 1975, fecha en la que se modificó su tipo por primera vez.

Esta tesis ha sido enérgicamente rebatida por el Gobierno del Reino Unido. Este estima haber informado constantemente a la Comisión de las actividades del Council y, en particular, de las modificaciones del importe de la exacción, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado en materia de ayudas estatales. A este respecto, ha presentado copias de extractos del inventario de las ayudas concedidas al Reino Unido en el sector de las frutas y hortalizas, que ha notificado a la Comisión. Los extractos presentados se refieren a los años 1973, 1974, 1976, 1979, 1980 y 1981. Se comprueba, efectivamente, que el importe de la ayuda se menciona en ellos cada vez. ( 11 ) Pero la Comisión responde acertadamente que dichas informaciones se diferencian poisu naturaleza de la notificación exigida por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado: aquéllas son en efecto, posteriores a la concesión de la ayuda, mientras que el apartado 3 del artículo 93 expresa la exigencia de una notificación previa.

No obstante, esta consideración no me parece decisiva a efectos de resolver el debate. Estimo, en efecto, que el procedimiento previsto por el apartado 3 del artículo 93 no era aplicable al caso de autos. Aunque comparto la opinión del Abogado General Sr. Warner, según la cual «no hay [...] ninguna razón para interpretar el apartado 3 del artículo 93 si no es de manera estricta», ( 12 ) también estoy de acuerdo con la opinión del Abogado General Sr. Trabucchi, para quien las adaptaciones de importancia secundaria, de conformidad con lo previsto en el régimen de base«, están dispensadas de la obligación de notificar. ( 13 ) En este caso, creo que la modificación del importe de la ayuda, que sólo se efectuó —según el Reino Unido- para compensar la inflación, debe calificarse de secundaria, o incluso de despreciable.

1.

En el caso de autos, es incontestable que las campañas de que se trata se proponen permitir a los productores británicos reconquistar su cuota de mercado. ( 14 ) Algunos documentos de los autos demuestran claramente que ésta ha disminuido estos últimos años en beneficio de los productores de otros países miembros de la Comunidad (en particular, de los productores franceses) e incluso de productores de Estados terceros (Africa del Sur, Nueva Zelanda).

Por este hecho, y habida cuenta de la definición extremadamente amplia que da la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del concepto de medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, dichas campañas podrían considerarse contrarias al artículo 30 del Tratado. Correspondería entonces al Juez remitente verificar si los requisitos exigidos por las sentencias de este Tribunal se reúnen efectivamente en cuanto a las actividades promocionales del Council se refiere.

Pero me parece difícil afirmar que la controvertida actividad del Council consiste de hecho en «instaurar una práctica nacional, introducida por el Gobierno [...] y ejecutada con su colaboración, cuyo efecto potencial sobre las importaciones procedentes de otros Estados miembros es comparable con el resultante de actos gubernamentales de carácter obligatorio». ( 15 ) En efecto, contrariamente al Irish Goods Council, el Apple and Pear Development Council no ha recibido subvenciones públicas para financiar sus campañas publicitarias, cuyos objetivos y directrices han sido definidas por el Gobierno británico. ( 16 )

2.

Los informes anuales del Council demuestran que este último llevó a cabo actividades de promoción en favor de ciertas variedades frutales. Me refiero a las acciones de promoción de las manzanas Cox y Bramley. ( 17 )

Procede examinar la compatibilidad de dichas acciones con el Reglamento n° 1035/72, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las fintas y hortalizas, y con el apartado 3 del artículo 40 del Tratado.

1.

No cabe duda de que la constitución del Council, a la que el Juez remitente se refiere nuevamente en la primera parte de la cuestión, no es en absoluto incompatible con el Derecho comunitario.

Hay que precisar que con la expresión «constitución del Consejo» (Constitution of Council), se designa a los miembros del Council (productores, trabajadores por cuenta ajena, independientes, personas con conocimientos especiales en materia de comercialización y distribución) que son nombrados por el Ministro. ( 21 )

Lo mismo ocurre con otras actividades de dicho organismo, como los estudios de mercado y, a una escala muy modesta, la realización o promoción de investigaciones científicas.

Parece claro que el Council no ha ejercido nunca, y sigue sin ejercer, las demás funciones enumeradas en el Anexo 1 de las «Orders» de 1966 y 1980.

2.

La obligación de inscripción (segunda parte de la cuestión del Juez remitente) constituye simplemente, a mi parecer, un medio de garantizar la percepción de la exacción obligatoria, objeto de la cuarta parte de la cuestión. En efecto, es necesario obligar a los productores a inscribirse en el Consejo con el fin de recaudar eficazmente la exacción que deben satisfacer. No creo que la elevación a la categoría de delito especial del incumplimiento de dicha obligación baste para independizar a ésta de la percepción de la exacción.

3.

La posibilidad dada al Council de imponer a los productores la obligación de proporcionar declaraciones e información sobre las actividades que ejercen y la calificación de delito del incumplimiento de dicha obligación tampoco me parece contraria a ninguna norma o principio de Derecho comunitario.

4.

En cambio, más compleja es la apreciación de la licitud de la exacción anual obligatoria pagada por los productores al Council, con el fin de permitirle hacer fiente a los gastos relativos a sus actividades.

Debo precisar que me contentaré con dar aquí mi opinión sobre la legalidad de dicha exacción en sí misma y no en la medida en que permite financiar actividades del Council eventualmente incompatibles con el Derecho comunitario. En caso de que el Juez remitente apreciara la incompatibilidad de las acciones llevadas a cabo tanto en materia de publicidad como de calidad, la exacción que sirve para financiarlas debería obviamente quedar incluida.

A continuación, puedo decir, sin asomo de duda, que la exacción, en cuanto es una medida de naturaleza pecuniaria, no puede analizarse desde la perspectiva de los artículos 30 y siguientes del Tratado. ( 22 )

También se desprende de la jurisprudencia de este Tribunal, que dicha exacción no puede considerarse como una exacción de efecto equivalente a derechos de aduana a la importación o a la exportación prohibida por los artículos 13 y 16 del Tratado respectivamente, ya que no grava las manzanas y las peras por el hecho de cruzar una frontera intracomunitária. ( 23 )

La compatibilidad de la exacción debe también examinarse en relación con las normas de la organización común de mercados. En una sentencia de 10 de marzo de 1981, ( 24 ) este Tribunal declaró que una exacción que debe ser soportada por los productores sobre el valor de ciertos productos agrícolas que están sometidos a una organización común de mercados no es, en principio, incompatible con las normas de dicha organización común, salvo si «tiene por efecto obstaculizar el funcionamiento de los mecanismos previstos, en el marco de las organizaciones comunes de que se trata, para la formación de los precios comunes y para regular el abastecimiento del mercado». ( 25 ) En este caso, me parece claro que la exacción no produce tales efectos. Debo añadir que, como ya he dicho, sigue siendo posible que algunas de las actividades que financia tengan dichos efectos.

5.

Por último, en respuesta a la última parte de la cuestión del Juez británico, indicaré que me parece lógico eximir de las obligaciones descritas en otros lugares de la cuestión a los productores muy modestos. Cabe presumir que los productores que tengan menos de dos hectáreas de tierra plantada con manzanos o perales o con menos de 50 manzanos o perales no comercializan su producción, o lo hacen sólo de manera marginal.

1.

Dicho órgano jurisdiccional pregunta si las normas de Derecho comunitario supuestamente violadas por el Council producen efectos directos, en el sentido de que confieren derechos a los particulares que éstos pueden hacer valer ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

Al responder a la primera cuestión, he considerado la posibilidad de que ciertas actividades del Council sean incompatibles, por una parte, con el Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas y, por otra parte, con el apartado 3 del artículo 40 del Tratado.

El efecto directo de las normas de la organización común de mercados deriva del hecho de que están insertas en un Reglamento, el cual, con arreglo al artículo 189 del Tratado, es «directamente aplicable en todo Estado miembro». ( 26 )

En el ámbito del mercado de las frutas y hortalizas el efecto directo del apartado 3 del artículo 40 proviene de su aplicación por Reglamento n° 1035/72. ( 27 )

2.

Es también incontestable que si la exacción estuviera destinada a financiar actividades incompatibles con dichas disposiciones, los productores podrían alegar que dicha circunstancia tiene un efecto eximente absoluto fiente a cualquier solicitud de pago de la exacción. ( 28 )

3.

El efecto directo de las disposiciones eventualmente infringidas también permite, en principio, fundamentar una demanda que tenga por objeto la devolución de las exacciones anuales pagadas por los productores. Dicha demanda de devolución debe limitarse a la parte de la exacción que sirva para financiar actividades contrarias al Derecho comunitario. Corresponde al órgano jurisdiccional determinar sobre dicha base, y con arreglo a las modalidades definidas por su Derecho nacional, cómo debe llevarse a cabo dicha devolución. ( 29 )

4.

El Juez nacional pregunta a continuación si un recurso que tenga por objeto la devolución de las exacciones comprende a las exacciones satisfechas antes del pronunciamiento de la sentencia prejudicial o si se limita a los posibles pagos que puedan efectuarse después del pronunciamiento de dicha sentencia.

1.

Por último, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si, al decidir ordenar la devolución de las exacciones, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro pueden tomar en consideración el hecho de que el dinero recaudado mediante las exacciones ha sido utilizado para finés que han procurado, o hubieran podido procurar, una ventaja a los productores.

También a este respecto, la jurisprudencia de este Tribunal es clara. En efecto, este Tribunal ha declarado que «nada se opone, desde el punto de vista de Derecho comunitario, a que los órganos jurisdiccionales nacionales tomen en consideración, de conformidad con su Derecho nacional, el hecho de que las exacciones indebidamente percibidas hayan podido incorporarse en los precios de la empresa deudora de la exacción y repercutirse sobre los compradores». ( 33 ) Este Tribunal precisó incluso «que la protección de los derechos garantizados en la materia (los derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de proteger) por el ordenamiento jurídico comunitario no exige conceder la devolución de las exacciones indebidamente percibidas en circunstancias que implicarían un enriquecimiento injustificado de los beneficiarios». ( 34 )

Esta solución parece trasladable a los casos expuestos por el Juez remitente, en los que se ha utilizado una exacción con fines beneficiosos para quienes la han pagado.

I.

II.

Si las medidas de que se trata fueran incompatibles con el Derecho comunitario, ni el consentimiento de la mayoría de productores, ni, con más motivo, la consulta a otras partes interesadas, tendrían por efecto eliminar dicha incompatibilidad.

III.

El apartado 3 del artículo 40 del Tratado y el Reglamento (CEE) n° 1035/72 del Consejo producen efecto directo, en el sentido de que confieren a los particulares derechos que éstos pueden hacer valer ante los órganos jurisdiccionales nacionales:

IV.

Si alguna de las actividades del Council resultara contraria al artículo 30 del Tratado (CEE), aplicado por el Reglamento (CEE) n° 1035/72, debería considerarse que dicha incompatibilidad comenzó el 1 de febrero de 1973, según el apartado 1 del artículo 60 del Acta de adhesión.