1.   La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de terceros países y apátridas que formulen una solicitud de protección internacional en el territorio, incluida la frontera exterior, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Estados miembros siempre y cuando se permita a dichos nacionales de terceros países y apátridas permanecer en el territorio en calidad de solicitantes. La presente Directiva también se aplicará a los miembros de la familia de un solicitante, siempre que dichos miembros de la familia estén cubiertos por la solicitud de protección internacional de conformidad con el Derecho nacional.

2.   La presente Directiva no se aplicará a las peticiones de asilo diplomático o territorial presentadas en las representaciones de los Estados miembros.

3.   Los Estados miembros podrán decidir aplicar la presente Directiva a los procedimientos relativos a solicitudes de otras formas de protección distintas de las contempladas en el Reglamento (UE) 2024/1347.

1.   Los Estados miembros facilitarán a los solicitantes información relativa a las condiciones de acogida establecidas en la presente Directiva, incluida información específica de sus sistemas de acogida, lo antes posible y con suficiente antelación para que los solicitantes puedan disfrutar de los derechos correspondientes y cumplir las obligaciones que se derivan de la presente Directiva.

En particular, los Estados miembros facilitarán a los solicitantes información normalizada relativa a las condiciones de acogida establecidas en la presente Directiva, utilizando una plantilla que elaborará la Agencia de Asilo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Agencia de Asilo»). Dicha información se facilitará lo antes posible y a más tardar tres días después de haber formulado la solicitud o dentro de los plazos para su registro de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348.

Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes reciban información sobre las organizaciones o grupos de personas que proporcionan asistencia jurídica y representación legal específicas, incluida información sobre organizaciones o grupos de personas que proporcionan dichas asistencia jurídica y representación legal de forma gratuita, y sobre las organizaciones que puedan ayudarles o informarles por lo que respecta a las condiciones de acogida disponibles, incluida la atención sanitaria.

2.   Los Estados miembros garantizarán que la información a que se refiere el apartado 1 se facilite por escrito de forma concisa, transparente, inteligible y fácilmente accesible, utilizando un lenguaje claro y sencillo y en una lengua que los solicitantes comprendan o cuya comprensión por los solicitantes sea razonable suponer. En caso necesario, dicha información se facilitará asimismo oralmente o, si procede, de forma visual mediante la utilización de vídeos o pictogramas, y se adaptará a las necesidades de los solicitantes.

En el caso de un menor no acompañado, los Estados miembros facilitarán la información a que se refiere el apartado 1 de manera adaptada a su edad y de manera que se garantice que el menor no acompañado la entienda, utilizando, cuando proceda, materiales informativos específicamente adaptados a los menores. Dicha información se facilitará en presencia del representante del menor no acompañado o de la persona apta para actuar provisionalmente como representante hasta que se nombre al representante.

En casos excepcionales, los Estados miembros podrán facilitar al solicitante la información a que se refiere el apartado 1 mediante una traducción oral o, en su caso, de forma visual, como vídeos o pictogramas, cuando:

En los casos a que se refiere el párrafo tercero, los Estados miembros obtendrán lo antes posible una traducción de la información a que se refiere el apartado 1 por escrito y la facilitarán al solicitante, salvo que quede claro que ya no es necesario facilitar dicha información.

1.   Los Estados miembros garantizarán que el solicitante reciba el documento a que se refiere el artículo 29, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1348.

2.   Los Estados miembros no exigirán a los solicitantes, por el mero hecho de ser solicitantes de protección internacional o únicamente por razón de su nacionalidad, que faciliten documentación innecesaria o en una cantidad desproporcionada ni impondrán otros requisitos administrativos a los solicitantes antes de concederles los derechos que les corresponden en virtud de la presente Directiva.

3.   Los Estados miembros podrán facilitar a los solicitantes un documento de viaje únicamente cuando existan motivos humanitarios graves u otros motivos que requieran su presencia en otro Estado. La validez del documento de viaje deberá limitarse a la finalidad y a la duración necesaria para el motivo por el que se expida.

1.   Los Estados miembros podrán organizar libremente sus sistemas de acogida de conformidad con la presente Directiva. Los solicitantes podrán circular libremente por el territorio del Estado miembro de que se trate.

2.   Siempre que todos los solicitantes disfruten efectivamente de los derechos que les confiere la presente Directiva, los Estados miembros podrán asignar a los solicitantes un alojamiento en su territorio con el fin de gestionar sus sistemas de asilo y acogida.

3.   A la hora de asignar o reasignar alojamientos a los solicitantes, los Estados miembros tendrán en cuenta factores objetivos, como la unidad familiar contemplada en el artículo 14, y las necesidades de acogida particulares de los solicitantes.

4.   La concesión de las condiciones materiales de acogida por los Estados miembros podrá supeditarse a la residencia efectiva de los solicitantes en el alojamiento que se les haya asignado de conformidad con el apartado 2.

5.   Los Estados miembros también podrán establecer mecanismos para evaluar y satisfacer las necesidades de sus sistemas de acogida, incluidos mecanismos para verificar que los solicitantes realmente residen en el alojamiento que se les haya asignado en virtud del apartado 2.

6.   Los Estados miembros requerirán a los solicitantes que proporcionen a las autoridades competentes su dirección actual, un número de teléfono en el que se les pueda contactar y, si disponen de ella, una dirección de correo electrónico. Los Estados miembros también exigirán a los solicitantes que notifiquen a dichas autoridades competentes, con la mayor brevedad, cualquier cambio de dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico.

7.   Los Estados miembros no estarán obligados a adoptar decisiones administrativas a efectos del presente artículo.

1.   Los Estados miembros podrán asignar a los solicitantes una zona geográfica situada en su territorio en la que puedan circular libremente mientras dure el procedimiento de protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1348.

2.   Los Estados miembros podrán asignar a los solicitantes una zona geográfica en su territorio, de conformidad con el apartado 1, únicamente con el fin de garantizar la rapidez, eficiencia y eficacia de la tramitación de sus solicitudes de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348 o el reparto geográfico de dichos solicitantes, teniendo en cuenta la capacidad de las distintas zonas geográficas en de que se trate.

Los Estados miembros informarán a los solicitantes, con arreglo al artículo 5, acerca de la asignación de una zona geográfica, incluidos los límites geográficos de dicha zona.

3.   Los Estados miembros garantizarán a los solicitantes el acceso efectivo a los derechos que les confiere la presente Directiva y las garantías procedimentales de protección internacional en la zona geográfica que se les haya asignado a dichos solicitantes. Dicha zona geográfica será suficientemente amplia, permitirá el acceso a las infraestructuras públicas necesarias y no afectará a la esfera inalienable de la vida privada de los solicitantes.

4.   Los Estados miembros no estarán obligados a adoptar decisiones administrativas a efectos del apartado 1.

5.   A petición del solicitante, los Estados miembros le concederán permiso para abandonar temporalmente la zona geográfica por motivos familiares urgentes y graves debidamente justificados, o para recibir un tratamiento médico necesario que no esté disponible en la zona geográfica.

Cuando un solicitante abandone la zona geográfica sin permiso, los Estados miembros no aplicarán sanciones distintas de las previstas en la presente Directiva.

No se exigirá al solicitante que solicite permiso para presentarse a las citas con las autoridades o ante los órganos jurisdiccionales si su comparecencia es necesaria. El solicitante comunicará con antelación dichas citas a las autoridades competentes.

6.   Cuando se haya constatado, también como consecuencia de una solicitud de recurso o de revisión presentada por el solicitante de conformidad con el artículo 29, que no se ha concedido a un solicitante el acceso efectivo a sus derechos en virtud de la presente Directiva o a las garantías procedimentales en el procedimiento de protección internacional dentro de la zona geográfica, dejará de ser aplicable la asignación a dicha zona geográfica a dicho solicitante.

7.   Antes de aplicar el presente artículo, el Estado miembro de que se trate establecerá las condiciones para su aplicación en el Derecho nacional e informará de ello a la Comisión y a la Agencia de Asilo de conformidad con el capítulo 5 del Reglamento (UE) 2021/2303.

1.   En caso necesario, los Estados miembros podrán decidir que un solicitante únicamente pueda residir en un lugar específico que esté adaptado para alojar solicitantes por razones de orden público o para para prevenir de forma efectiva la fuga del solicitante cuando exista riesgo de fuga, en particular en lo que respecta a:

Cuando se haya permitido a un solicitante residir únicamente en un lugar específico de conformidad con el presente apartado, la concesión de condiciones materiales de acogida estará supeditada a la efectiva residencia de los solicitantes en ese lugar específico.

2.   Los Estados miembros podrán, en su caso, exigir a los solicitantes que contacten con las autoridades competentes en un momento concreto o a intervalos razonables sin que ello afecte de manera desproporcionada a los derechos que la presente Directiva confiere a los solicitantes.

Tal exigencia de contacto con las autoridades podrá imponerse para garantizar la observancia de las decisiones a que se refiere el apartado 1 o para evitar de manera efectiva la fuga de los solicitantes.

3.   A petición del solicitante, los Estados miembros podrán concederle permiso para residir temporalmente fuera del lugar específico designado de conformidad con el apartado 1. Las decisiones relativas a dicho permiso se adoptarán de forma objetiva e imparcial en base a las circunstancias de cada caso y se motivarán cuando no se conceda dicho permiso.

No se exigirá al solicitante que pida permiso para presentarse a las citas con las autoridades o ante los tribunales si su comparecencia es necesaria. El solicitante comunicará dichas citas a las autoridades competentes.

4.   Las decisiones adoptadas de conformidad con los apartados 1 y 2 serán proporcionadas y tendrán en cuenta los aspectos pertinentes de la situación individual del solicitante, incluidas sus necesidades de acogida particulares.

5.   Los Estados miembros expondrán en dicha decisión los fundamentos de hecho y, en su caso, de Derecho de toda decisión adoptada de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo. Los solicitantes serán informados por escrito de tal decisión, así como de los procedimientos de impugnación de la decisión de conformidad con el artículo 29 y de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones impuestas por la decisión. Los Estados miembros facilitarán a los solicitantes dicha información en una lengua que estos comprendan o cuya comprensión por los solicitantes sea razonable suponer y de forma concisa, transparente, inteligible y fácilmente accesible, con un lenguaje claro y sencillo. Los Estados miembros garantizarán que las decisiones adoptadas de conformidad con el presente artículo sean controladas de oficio por una autoridad judicial cuando se apliquen por un período superior a dos meses, o que dichas decisiones puedan ser recurridas a petición del solicitante interesado de conformidad con el artículo 29.

1.   Los Estados miembros no internarán a una persona por la única razón de que sea un solicitante o por razón de su nacionalidad. El internamiento solo se basará en uno o varios de los motivos de internamiento enumerados en el apartado 4. El internamiento no tendrá carácter punitivo.

2.   Cuando resulte necesario, sobre la base de una evaluación individual de cada caso, los Estados miembros podrán internar a un solicitante siempre que no se puedan aplicar efectivamente medidas menos coercitivas.

3.   Cuando internen a un solicitante, los Estados miembros tendrán en cuenta todos señales visibles, declaraciones o comportamientos que indiquen que el solicitante tiene necesidades de acogida particulares. Cuando aún no haya finalizado la evaluación prevista en el artículo 25, esta se deberá completar sin demora indebida y sus resultados se tendrán en cuenta para decidir si continúa el internamiento o si es necesario adaptar las condiciones de internamiento.

4.   Un solicitante solo podrá ser internado por uno o varios de los siguientes motivos:

Los motivos de internamiento a que se refiere el párrafo primero quedarán establecidos en el Derecho nacional.

5.   Los Estados miembros garantizarán que en su Derecho nacional se establezcan normas que ofrezcan alternativas al internamiento, como su contacto periódico con las autoridades, el depósito de una fianza o la obligación de permanecer en un lugar asignado.

1.   El período de internamiento del solicitante será lo más breve posible y solo se le mantendrá internado mientras sean aplicables los motivos establecidos en el artículo 10, apartado 4.

Los procedimientos administrativos que correspondan a los motivos de internamiento establecidos en el artículo 10, apartado 4, se tramitarán con la debida diligencia. Las demoras de los procedimientos administrativos que no sean imputables al solicitante no podrán justificar una prórroga del internamiento.

2.   El internamiento de los solicitantes será ordenado por escrito por las autoridades judiciales o administrativas. La orden de internamiento reflejará los motivos de hecho y de Derecho en que se base, así como las razones por las que no se pueden aplicar eficazmente medidas alternativas menos coercitivas.

3.   Cuando las autoridades administrativas ordenen el internamiento, los Estados miembros someterán a un control judicial rápido la legalidad del internamiento, el cual se efectuará de oficio o a instancia del solicitante o por ambas vías. Cuando se efectúe de oficio, dicho control finalizará lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, y en un plazo máximo de quince días o, en situaciones excepcionales, en un plazo máximo de veintiún días a partir del inicio del internamiento. Cuando se efectúe a instancia del solicitante, dicho control finalizará lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, y en un plazo máximo de quince días o, en situaciones excepcionales, en un plazo máximo de veintiún días a partir del inicio de los procedimientos correspondientes.

Cuando el control judicial a que se refiere el párrafo primero no haya finalizado, en caso de efectuarse de oficio, en un plazo de veintiún días a partir del inicio del internamiento o, en caso de efectuarse a instancia del solicitante, en el plazo de veintiún días a partir del inicio de los procedimientos correspondientes, el solicitante de que se trate será puesto en libertad inmediatamente.

4.   Se informará inmediatamente a los solicitantes internados por escrito, en una lengua que comprendan o cuya comprensión por los solicitantes sea razonable suponer, de las razones en las que se basa el internamiento y de los procedimientos establecidos en el Derecho nacional para impugnar la orden de internamiento, así como de la posibilidad de solicitar representación legal y asistencia jurídica gratuitas.

5.   El internamiento será objeto de control por la autoridad judicial a intervalos de tiempo razonables, de oficio o a instancia del solicitante interesado, especialmente si es de larga duración, si surgen circunstancias pertinentes o si se dispone de nueva información que pueda afectar a la legalidad del internamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, el internamiento de menores no acompañados será controlado de oficio a intervalos regulares.

Cuando, como resultado del control judicial, el internamiento se considere ilegal, el solicitante de que se trate deberá ser puesto en libertad inmediatamente.

6.   En caso de control judicial de la orden de internamiento contemplados en los apartados 3 y 5 del presente artículo, los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan acceso a representación legal y asistencia jurídica gratuitas en las condiciones establecidas en el artículo 29.

1.   El internamiento de los solicitantes se llevará a cabo, por norma general, en centros de internamiento especializados. Cuando un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y deba recurrir a centros penitenciarios, el solicitante internado será mantenido separado de los presos comunes y se aplicarán las condiciones de internamiento establecidas en la presente Directiva.

En la medida de lo posible, los solicitantes internados se mantendrán separados de los otros nacionales de terceros países que no hayan formalizado una solicitud de protección internacional.

Cuando los solicitantes no puedan mantenerse internados separados de otros nacionales de terceros países, el Estado miembro de que se trate garantizará la aplicación de las condiciones de internamiento establecidas en la presente Directiva.

2.   Los solicitantes internados tendrán acceso a espacios al aire libre.

3.   Los Estados miembros garantizarán que los representantes del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tengan la posibilidad de ponerse en contacto con los solicitantes y de visitarlos en condiciones que respeten la intimidad. Dicha posibilidad se aplicará igualmente a cualquier organización que trabaje en el territorio del Estado miembro de que se trate en nombre del ACNUR en virtud de un acuerdo con dicho Estado miembro.

4.   Los Estados miembros garantizarán que los miembros de la familia, los asesores jurídicos o consejeros y las personas representantes de organizaciones no gubernamentales pertinentes reconocidas por el Estado miembro de que se trate tengan la posibilidad de ponerse en contacto con los solicitantes y de visitarlos en condiciones que respeten la intimidad. Solo podrán imponerse límites al acceso al centro de internamiento cuando, en virtud del Derecho nacional, sean objetivamente necesarios para la seguridad, el orden público o la gestión administrativa del centro de internamiento, siempre que dicho acceso no resulte por ello seriamente restringido o imposibilitado.

5.   Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes internados reciban sistemáticamente información con explicaciones sobre las normas aplicables en el centro y sobre los derechos y obligaciones de dichos solicitantes, en una lengua que comprendan o cuya comprensión por los solicitantes sea razonable suponer. En caso de que un solicitante sea internado en un puesto fronterizo o en una zona de tránsito, los Estados miembros podrán establecer excepciones a dicha obligación en casos debidamente justificados y por un período razonable que será lo más breve posible. Esta excepción no se aplicará en los casos mencionados en el artículo 43 del Reglamento (UE) 2024/1348.

1.   La salud, incluida la salud psíquica, de los solicitantes internados que tengan necesidades de acogida particulares deberá ser una prioridad de las autoridades nacionales.

Los solicitantes con necesidades de acogida particulares no serán internados cuando su internamiento represente un grave riesgo para su salud física o psíquica.

Cuando se interne a solicitantes con necesidades de acogida particulares, los Estados miembros garantizarán un seguimiento regular de dichos solicitantes y la prestación de ayuda adecuada y oportuna que tendrán en cuenta su situación particular, incluida su salud física y psíquica.

2.   Por regla general, no se internará a los menores. Se les proporcionará un alojamiento adecuado de conformidad con los artículos 26 y 27.

Por regla general, a las familias con menores se les proporcionará alternativas adecuadas al internamiento de conformidad con el principio de unidad familiar. A dichas familias se les proporcionará alojamiento que sea adecuado para ellas.

En circunstancias excepcionales, se podrá internar a los menores como medida de último recurso y tras haberse determinado la imposibilidad de aplicar eficazmente otras medidas alternativas menos coercitivas y después que se haya valorado que el internamiento redunda en su interés superior de conformidad con el artículo 26:

El período de tiempo de dicho internamiento será el más breve posible. En ningún caso se internará a los menores en un centro penitenciario u otra instalación utilizada con fines policiales. Se realizarán todos los esfuerzos necesarios para la puesta en libertad de los menores internados y para proporcionarles alojamiento adecuado para menores.

Primará para los Estados miembros el interés superior del niño a que hace referencia el artículo 26.

Los menores internados tendrán derecho a la educación de conformidad con el artículo 16, a no ser que la educación que se pueda impartir tenga un valor limitado para ellos debido a la breve duración de su internamiento. Dichos menores tendrán asimismo la posibilidad de participar en actividades de ocio, incluido el juego y actividades de recreo propias de su edad.

3.   Cuando se interne a menores no acompañados, se les alojará en instalaciones adaptadas para albergar a menores no acompañados. Dichas instalaciones contarán con personal cualificado para salvaguardar los derechos de los menores no acompañados y atender sus necesidades.

Cuando se interne a menores no acompañados, los Estados miembros garantizarán que sean alojados separadamente de los adultos.

4.   Se facilitará a las familias internadas un alojamiento separado que garantice una intimidad adecuada.

Las familias internadas con menores se alojarán en centros de internamiento adaptados a las necesidades de los menores.

5.   Los Estados miembros garantizarán que los hombres y mujeres solicitantes internados sean alojados por separado, salvo que dichos solicitantes internados sean miembros de la familia y todos los interesados consientan en ser alojados juntos.

Las excepciones al párrafo primero también podrán aplicarse al uso de espacios comunes concebidos para las actividades sociales o de recreo, incluido el suministro de comidas.

6.   En casos debidamente justificados y por un período razonable que será lo más breve posible, los Estados miembros podrán establecer excepciones al apartado 3, párrafo primero, al apartado 4 y al apartado 5, párrafo primero, cuando el solicitante esté internado en un puesto fronterizo o en una zona de tránsito, salvo en los casos mencionados en el artículo 43 del Reglamento (UE) 2024/1348. Los Estados miembros dispondrán de instalaciones y recursos suficientes para garantizar que las excepciones establecidas en el presente apartado solo se apliquen en situaciones excepcionales. Al aplicar dichas excepciones, los Estados miembros informarán de ello a la Comisión y a la Agencia de Asilo.

1.   Los Estados miembros proporcionarán a los hijos menores de los solicitantes y a los solicitantes que sean menores de edad el mismo acceso a la educación que a sus propios nacionales y en condiciones similares, hasta el momento en que se ejecute efectivamente una medida de expulsión contra ellos o sus padres.

Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de los menores, en particular en relación con el respeto de su derecho a la educación y al acceso a la atención sanitaria. Por regla general, la educación de los menores estará integrada en la de los propios nacionales de los Estados miembros y será de la misma calidad. Los Estados miembros harán cuanto sea posible por garantizar la continuidad de la educación de los menores hasta el momento en que se ejecute efectivamente una medida de expulsión contra ellos o sus padres.

Los Estados miembros no privarán a un menor de la enseñanza secundaria solo porque este haya alcanzado la mayoría de edad.

2.   Los Estados miembros concederán a los menores a que se refiere el apartado 1 acceso al sistema educativo lo antes posible y no retrasarán la concesión de dicho acceso durante más de dos meses a partir de la fecha de formalización de la solicitud de protección internacional teniendo en cuenta las vacaciones escolares. Los Estados miembros impartirán la educación dentro del sistema educativo general. No obstante, como medida temporal y por un período máximo de un mes, los Estados miembros podrán impartir dicha educación fuera del sistema educativo general.

Cuando sea necesario, se ofrecerán a los menores clases preparatorias, incluidos cursos de idiomas, para facilitar su acceso al sistema educativo general y su participación en él.

3.   Cuando el acceso al sistema educativo general no sea posible debido a la situación específica del menor, el Estado miembro de que se trate ofrecerá otras modalidades de enseñanza con arreglo al Derecho y práctica nacionales.

1.   Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan acceso al mercado de trabajo a más tardar a los seis meses a partir de la fecha de registro de la solicitud de protección internacional, siempre que las autoridades competentes no hayan adoptado una decisión administrativa y la demora no pueda atribuirse al solicitante.

Cuando el Estado miembro haya acelerado el examen del fondo de una solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 42, apartado 1, letras a) a f), del Reglamento (UE) 2024/1348, no se concederá el acceso al mercado de trabajo o se retirará si ya se ha concedido.

2.   Los Estados miembros garantizarán el acceso efectivo al mercado de trabajo de conformidad con el Derecho nacional a aquellos solicitantes que tengan acceso al mercado de trabajo de conformidad con el apartado 1.

Atendiendo a políticas del mercado de trabajo, también en lo referido a los niveles de desempleo juvenil, los Estados miembros podrán verificar si una vacante específica que un empresario está considerando cubrir con un solicitante que tiene acceso al mercado de trabajo de conformidad con el apartado 1 puede ser ocupada por los nacionales del Estado miembro de que se trate, por otros ciudadanos de la Unión o por nacionales de terceros países o apátridas que sean residentes legales en dicho Estado miembro. Si el Estado miembro concluye que la vacante específica podría ser cubierta por dichas personas, el Estado miembro o el empresario podrán denegar la contratación del solicitante para cubrir dicha vacante.

3.   Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes que tengan acceso al mercado de trabajo de conformidad con el apartado 1 disfruten de un trato igual al de sus propios nacionales en lo referente a:

4.   Los Estados miembros podrán restringir la igualdad de trato de los solicitantes que tengan acceso al mercado de trabajo de conformidad con el apartado 1:

5.   Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes que estén empleados o tengan derecho a prestaciones de seguridad social por haber estado empleados anteriormente disfruten de igualdad de trato en relación con los nacionales por lo que respecta a las ramas de seguridad social a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004.

6.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 1231/2010, los Estados miembros podrán restringir la igualdad de trato prevista en el apartado 5 del presente artículo excluyendo las prestaciones de seguridad social que no dependan de los períodos de empleo o de las cotizaciones.

7.   El derecho a la igualdad de trato con arreglo al presente artículo no conllevará el derecho de residencia en los casos en los que una resolución adoptada de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348 haya extinguido el derecho de permanencia del solicitante.

8.   A efectos del apartado 3, letra d), del presente artículo, y sin perjuicio del artículo 2, apartado 2, y del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE, los Estados miembros facilitarán, en la medida de los posible, el pleno acceso a los procedimientos vigentes de reconocimiento de las cualificaciones extranjeras de los solicitantes que no puedan presentar documentos justificativos de sus cualificaciones.

9.   No se privará al solicitante del acceso al mercado de trabajo durante los procedimientos de recurso cuando el solicitante tenga derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro durante dichos procedimientos y hasta la notificación de la desestimación del recurso.

1.   Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes puedan disponer de las condiciones materiales de acogida desde el momento en que formulen su solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 26 del Reglamento (UE) 2024/1348.

2.   Los Estados miembros garantizarán que las condiciones materiales de acogida y la atención sanitaria recibida de conformidad con el artículo 22 proporcionen a los solicitantes un nivel de vida adecuado que les garantice su subsistencia y la protección de su salud física y psíquica y respete los derechos que les confiere la Carta.

Los Estados miembros garantizarán que el nivel de vida adecuado a que se refiere en el párrafo primero se mantenga en la situación específica de los solicitantes con necesidades de acogida particulares, así como en la situación de las personas objeto de internamiento.

3.   Los Estados miembros podrán conceder todas o algunas de las condiciones materiales de acogida a condición de que los solicitantes carezcan de medios suficientes para tener un nivel de vida adecuado mencionado en el apartado 2.

4.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán exigir a los solicitantes que sufraguen, o contribuyan a sufragar, los costes de las condiciones materiales de acogida cuando dichos solicitantes tengan medios suficientes para ello, por ejemplo si han trabajado durante un período de tiempo razonable.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán exigir a los solicitantes que sufraguen o contribuyan a sufragar los costes de la atención sanitaria recibida cuando dichos solicitantes tengan medios suficientes para ello, salvo cuando la atención sanitaria se preste gratuitamente a los nacionales de dichos Estados miembros.

5.   Cuando resulte que un solicitante tenía medios suficientes para cubrir los costes de las condiciones materiales de acogida o de la atención sanitaria recibida de conformidad con el apartado 4 en el momento en que se le proporcionó un nivel de vida adecuado, los Estados miembros podrán exigir al solicitante el reembolso de los costes de las condiciones materiales de acogida o de la atención sanitaria.

6.   Cuando evalúen los recursos de un solicitante, cuando le exijan sufragar o contribuir a sufragar los costes de las condiciones materiales de acogida y de la atención sanitaria recibida o cuando le exijan el reembolso de conformidad con el apartado 5, los Estados miembros respetarán el principio de proporcionalidad. También tendrán en cuenta las circunstancias particulares del solicitante y la necesidad de respetar su dignidad o integridad personal, incluidas sus necesidades de acogida particulares.

7.   Cuando los Estados miembros proporcionen las condiciones materiales de acogida en forma de asignaciones financieras o de vales, la cuantía de las mismas se fijará de conformidad con los niveles que el Estado miembro de que se trate haya establecido, por ley o en la práctica, para garantizar un nivel de vida adecuado a los nacionales. Los Estados miembros informarán a la Comisión y a la Agencia de Asilo de dichos niveles. A este respecto, los Estados miembros podrán dispensar a los solicitantes un trato menos favorable que a los nacionales, en particular, cuando la ayuda material se preste total o parcialmente en especie o cuando dichos niveles, aplicados a los nacionales, tengan por objeto garantizar un nivel de vida superior al requerido para los solicitantes con arreglo a la presente Directiva.

1.   En caso de que los Estados miembros concedan alojamiento en especie, estos garantizarán que dicho alojamiento proporcione al solicitante un nivel de vida adecuado con arreglo al artículo 19, apartado 2, así como el apoyo necesario para satisfacer las necesidades de acogida particulares de los solicitantes. El alojamiento se facilitará en alguna de las siguientes formas, o en una combinación de ellas:

2.   Sin perjuicio de las condiciones de internamiento específicas previstas en los artículos 12 y 13, en lo que respecta al alojamiento a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), del presente artículo, los Estados miembros velarán por que:

3.   Cuando ofrezcan condiciones materiales de acogida, los Estados miembros deberán tomar en consideración los factores específicos de género y edad y la situación de los solicitantes con necesidades de acogida particulares.

4.   Cuando concedan alojamiento de conformidad con el apartado 1, los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar, en la medida de lo posible, que se prevengan agresiones y actos de violencia, incluida la violencia cometida por motivos sexuales, de género, racistas o religiosos.

5.   Cuando las solicitantes sean mujeres y sean ubicadas en centros de acogida, los Estados miembros proporcionarán instalaciones sanitarias independientes y un lugar seguro en dichos centros para ellas y sus hijos menores.

6.   Los Estados miembro garantizarán, en la medida de lo posible, que los solicitantes adultos dependientes con necesidades de acogida particulares sean alojados junto con parientes cercanos adultos que ya se encuentren en el mismo Estado miembro y que con arreglo al Derecho o la práctica del Estado miembro de que se trate sean responsables de ellos.

7.   Los Estados miembros garantizarán que los traslados de los solicitantes de un alojamiento a otro se realicen solamente cuando sean necesarios. Los Estados miembros posibilitarán que los solicitantes informen a sus asesores jurídicos o consejeros del traslado y de su nueva dirección.

8.   Las personas que proporcionen condiciones materiales de acogida, incluidas aquellas que presten atención sanitaria o impartan enseñanza en los centros de acogida, deberán tener una formación adecuada, y se someterán a las normas de confidencialidad definidas en el Derecho nacional en relación con la información a que tengan acceso por razón de su trabajo.

9.   Los Estados miembros podrán implicar a los solicitantes en la gestión de los recursos materiales y de los aspectos inmateriales de la vida en el centro de acogida, a través de un consejo o un comité consultivo de representación de residentes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, los Estados miembros también podrán permitir a los solicitantes que realicen trabajo de carácter voluntario fuera del centro de acogida en las condiciones establecidas por el Derecho nacional.

10.   En casos debidamente justificados y durante un período razonable que será lo más breve posible, los Estados miembros podrán proporcionar excepcionalmente condiciones materiales de acogida que sean diferentes de las previstas en el presente artículo cuando:

Las condiciones materiales de acogida diferentes a que se hace referencia en el párrafo primero del presente apartado garantizarán, en cualquier caso, el acceso a la atención sanitaria de conformidad con el artículo 22 y un nivel de vida para todos los solicitantes que sea conforme con el Derecho de la Unión, incluida la Carta, y las obligaciones internacionales.

Cuando un Estado miembro proporcione condiciones materiales de acogida diferentes de conformidad con el párrafo primero del presente apartado, dicho Estado miembro de que se trate informará sin demora a la Comisión y a la Agencia de Asilo, de conformidad con el artículo 32, apartado 2, de la activación de su plan de contingencia. Dicho Estado miembro también informará a la Comisión y a la Agencia de Asilo en cuanto hayan dejado de existir los motivos para proporcionar esas condiciones materiales diferentes.

1.   Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes, con independencia del lugar en que tengan la obligación de estar presentes de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351, reciban la atención sanitaria necesaria, tanto si es prestada por médicos generalistas como, cuando proceda, por especialistas. Esa atención sanitaria necesaria será de una calidad adecuada e incluirá, como mínimo, los cuidados de urgencia y el tratamiento básico de enfermedades, incluidos los trastornos psíquicos graves, y la atención sanitaria en materia de salud sexual y reproductiva indispensable para tratar un problema físico grave.

2.   Los Estados miembros garantizarán que los hijos menores de los solicitantes y los solicitantes que sean menores reciban el mismo tipo de atención sanitaria que sus propios nacionales menores. Los Estados miembros garantizarán que el tratamiento específico proporcionado de conformidad con el presente artículo que se inicie antes de que el menor haya alcanzado la mayoría de edad y sea considerado necesario siga dispensándose sin interrupción ni retraso cuando el menor alcance la mayoría de edad.

3.   Cuando resulte necesario por motivos médicos, los Estados miembros proporcionarán a los solicitantes con necesidades de acogida particulares la atención necesaria, médica o de otro tipo, como la rehabilitación y los dispositivos médicos de apoyo necesarios, incluida una atención sanitaria psíquica adecuada.

1.   Por lo que se refiere a los solicitantes que tienen la obligación de estar presentes en su territorio de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2024/1351, los Estados miembros podrán reducir o retirar la asignación para gastos diarios.

Si está debidamente justificado y es proporcionado, los Estados miembros también podrán:

2.   Los Estados miembros podrán adoptar decisiones de conformidad con el apartado 1 cuando un solicitante:

3.   Cuando un Estado miembro haya adoptado una decisión en una situación a que se refiere el apartado 2, letras a), b) o f), y dejen de concurrir las circunstancias en las que se había basado dicha decisión, se examinará la posibilidad de restablecer algunas o todas las condiciones materiales de acogida retiradas o reducidas. Cuando no se restablezcan todas las condiciones materiales de acogida, el Estado miembro deberá adoptar una decisión debidamente motivada y notificársela al solicitante.

4.   Las decisiones contempladas en el apartado 1 del presente artículo se adoptarán de forma objetiva e imparcial basándose en las circunstancias de cada caso y estarán motivadas. Las decisiones se basarán en la situación particular del solicitante, especialmente por lo que respecta a los solicitantes con necesidades de acogida particulares, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Los Estados miembros garantizarán el acceso a la atención sanitaria de conformidad con el artículo 22 así como un nivel de vida para todos los solicitantes que sea conforme con el Derecho de la Unión, en particular la Carta, y las obligaciones internacionales.

5.   Los Estados miembros garantizarán que las condiciones materiales de acogida no se retiren ni reduzcan antes de que se haya tomado una decisión en una situación a que se refiere el apartado 2.

1.   A fin de aplicar de una manera efectiva el artículo 24, los Estados miembros evaluarán individualmente, lo antes posible desde la formulación de la solicitud de protección internacional, si el solicitante presenta necesidades de acogida particulares, recurriendo a la traducción oral cuando resulte necesario.

La evaluación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado podrá formar parte de los procedimientos nacionales vigentes o de la evaluación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento (UE) 2024/1348.

La evaluación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado comenzará por la identificación de las necesidades de acogida particulares atendiendo a las señales visibles o a las declaraciones o al comportamiento de los solicitantes o, cuando proceda, de las declaraciones de los padres del solicitante o de su representante.

La evaluación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado terminará en un plazo de treinta días a partir de que se haya formulado la solicitud de protección internacional o, si se ha integrado en la evaluación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento (UE) 2024/1348, dentro del plazo establecido en dicho Reglamento, y las necesidades de acogida particulares determinadas a partir de dicha evaluación deberán ser atendidas.

Cuando las necesidades de acogida particulares surjan en una fase posterior del procedimiento de protección internacional, los Estados miembros evaluarán y atenderán tales necesidades.

Los Estados miembros garantizarán que la asistencia prestada a los solicitantes con necesidades de acogida particulares, de conformidad con la presente Directiva, tenga en cuenta sus necesidades de acogida particulares durante toda la duración del procedimiento de protección internacional y que su situación sea objeto de un seguimiento adecuado.

2.   A efectos del apartado 1, los Estados miembros garantizarán que el personal que evalúe las necesidades de acogida particulares de conformidad con el presente artículo:

Las autoridades competentes tendrán en cuenta el resultado de la evaluación a que se refiere la letra c) al decidir sobre el tipo de asistencia de acogida particular que podría concederse al solicitante.

3.   No es necesario que la evaluación a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 adopte la forma de un procedimiento administrativo.

4.   Únicamente los solicitantes con necesidades de acogida particulares podrán beneficiarse de la asistencia específica prevista de conformidad con la presente Directiva.

5.   La evaluación prevista en el párrafo primero del apartado 1 se entiende sin perjuicio de la evaluación de las necesidades de protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347.

1.   El interés superior del menor será la consideración básica para los Estados miembros a la hora de aplicar las disposiciones de la presente Directiva que posiblemente afecten a los menores. Los Estados miembros garantizarán que los menores tengan un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, psíquico, espiritual, moral y social.

2.   Al valorar el interés superior del niño, los Estados miembros tendrán especialmente en cuenta los siguientes factores:

3.   Los Estados miembros garantizarán que los menores tengan acceso a actividades de ocio, incluido el juego y actividades de recreo propias de su edad, y a actividades al aire libre en los locales y centros de acogida a que se refiere el artículo 20, apartado 1, letras a) y b), así como a material escolar cuando sea necesario.

4.   Los Estados miembros garantizarán el acceso a los servicios de rehabilitación para los menores que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante o que hayan sido víctimas de conflictos armados, y garantizarán que se les preste la atención psicológica adecuada y se les proporcione asesoramiento cualificado cuando sea necesario.

5.   Los Estados miembros garantizarán que los hijos menores de los solicitantes o los solicitantes que sean menores se alojen con sus padres o con el adulto responsable de ellos y sus hermanos menores no casados conforme al Derecho o a la práctica del Estado miembro de que se trate, siempre que ello responda al interés superior del menor.

6.   Las personas que trabajen con menores, incluidos los representantes y las personas aptas para actuar provisionalmente como representantes de conformidad con el artículo 27, no deberán tener antecedentes de delitos o infracciones relacionados con la infancia, o de delitos o infracciones que puedan sembrar una duda fundada sobre su capacidad para asumir una función de responsabilidad en relación con menores, deberán recibir formación inicial y continua adecuada sobre los derechos y las necesidades de los menores, incluido en lo que respecta a las posibles normas aplicables de protección del niño, y se someterán a las normas de confidencialidad definidas en el Derecho nacional con relación a la información a que tengan acceso por razón de su trabajo.

1.   Cuando una persona que afirme ser menor, o respecto de la cual existan motivos objetivos para creer que es menor, formule una solicitud, los Estados miembros designarán:

El representante y la persona apta para actuar provisionalmente como representante se reunirán con el menor no acompañado y tendrán en cuenta las opiniones del menor sobre sus propias necesidades.

Cuando un Estado miembro haya determinado que un solicitante que afirma ser menor ya ha cumplido, sin lugar a dudas, los dieciocho años, no será necesario que dicho Estado miembro nombre a un representante o designe a una persona apta para actuar provisionalmente como representante de conformidad con el párrafo primero o segundo, respectivamente.

Los Estados miembros incluirán en sus planes de contingencia a que se refiere el artículo 32, las medidas que deban adoptarse para garantizar el nombramiento de representantes y la designación de personas aptas para actuar provisionalmente como representantes de conformidad con el presente artículo, en caso de que los Estado miembros se enfrenten a un número desproporcionado de solicitudes formuladas por menores no acompañados.

Cuando la aplicación de las medidas a que se refiere el párrafo cuarto sea insuficiente para responder a un número desproporcionado de solicitudes formuladas por menores no acompañados, o en otras situaciones excepcionales, podrá retrasarse el nombramiento de representantes diez días hábiles y podrá incrementarse el número de menores no acompañados por representante hasta un máximo de cincuenta menores no acompañados.

Cuando apliquen el párrafo quinto, los Estados miembros informarán a la Comisión y a la Agencia de Asilo en consecuencia.

Las funciones del representante y de la persona apta para actuar provisionalmente como representante cesarán si las autoridades competentes, tras la evaluación de la edad a que se refiere el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1348, no estiman que el solicitante sea menor o consideran que el solicitante no es menor, o si el solicitante deja de ser menor no acompañado.

2.   Los Estados miembros garantizarán que, cuando un menor no acompañado formule una solicitud de protección internacional, se informe inmediatamente de cualquier hecho pertinente relacionado con dicho menor a la persona apta para actuar provisionalmente como representante. No se designarán como personas aptas para actuar provisionalmente como representantes a aquellas personas cuyos intereses entren en conflicto o pudieran entrar en conflicto con los intereses del menor no acompañado. Se informará inmediatamente al menor no acompañado de que se ha designado a una persona apta para actuar provisionalmente como representante.

3.   Cuando una organización sea nombrada como representante o sea designada como persona apta para actuar provisionalmente como representante, dicha organización nombrará a una persona física para desempeñar las funciones del representante con respecto al menor no acompañado, con arreglo a la presente Directiva.

4.   El representante contemplado en el apartado 1 del presente artículo podrá ser la misma persona que se contempla en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1348.

5.   Las autoridades competentes informarán con carácter inmediato:

6.   Solo se sustituirá al representante o la persona apta para actuar provisionalmente como representante cuando sea necesario, en particular cuando las autoridades competentes consideren que dicho representante o persona no ha desempeñado adecuadamente sus funciones.

No se podrán nombrar como representantes ni designar como personas aptas para actuar provisionalmente como representantes a aquellas organizaciones o personas físicas cuyos intereses entren en conflicto o pudieran entrar en conflicto con los intereses del menor no acompañado.

7.   Los Estados miembros encomendarán a una persona física nombrada como representante o designada como una persona apta para actuar provisionalmente como representante un número proporcionado y limitado de menores no acompañados y, en circunstancias normales, no más de treinta menores no acompañados simultáneamente, con el fin de garantizar que dicha persona pueda desempeñar su cometido con eficacia.

8.   Los Estados miembros garantizarán que existan autoridades administrativas o judiciales u otras entidades responsables para supervisar el desempeño adecuado de sus funciones por parte de los representantes y personas aptas para actuar provisionalmente como representantes, también examinando periódicamente los antecedentes penales de dichos representantes nombrados y personas designadas con el fin de detectar posibles incompatibilidades con su cometido. Esas autoridades administrativas o judiciales u otras entidades examinarán las denuncias presentadas por menores no acompañados contra sus representantes nombrados o personas designadas.

9.   Los menores no acompañados que formulen una solicitud de protección internacional, desde el momento en que sean admitidos en el territorio de un Estado miembro de acogida en el que se haya formulado o se esté examinando la solicitud de protección internacional hasta el momento en que se les obligue a abandonar dicho Estado miembro, se alojarán:

Los Estados miembros podrán alojar a los menores no acompañados a partir de los dieciséis años de edad en centros de acogida para solicitantes adultos, siempre que sea en su interés superior, tal como establece el artículo 26, apartado 2.

En la medida de lo posible, se mantendrá unidos a los hermanos, atendiendo al interés superior del menor de que se trate y, en particular, a su edad y grado de madurez. Se limitarán al mínimo los cambios de residencia de los menores no acompañados.

10.   Los Estados miembros iniciarán cuanto antes la búsqueda de los miembros de la familia de los menores no acompañados con la ayuda, en su caso, de las organizaciones internacionales u otras organizaciones competentes, una vez formulada la solicitud de protección internacional y respetando el interés superior de dicho menor no acompañado. Cuando pueda haber una amenaza para la vida o la integridad del menor o de sus parientes cercanos, en particular si dichos parientes permanecen en el país de origen, deberá garantizarse que la recogida, el tratamiento y la comunicación de la información referente a esas personas se realice de forma confidencial, a fin de no poner en peligro su seguridad.

1.   Los Estados miembros garantizarán que a las personas que hayan padecido trata de seres humanos, tortura, violación u otros actos graves de violencia psicológica, física o sexual, incluida la violencia por motivos sexuales, de género, racistas o religiosos, se les proporcione el tratamiento y los cuidados médicos y psicológicos necesarios, incluidos servicios de rehabilitación y asesoramiento cuando sea necesario, para reparar los daños producidos por tales actos. Cuando sea necesario, se facilitará a dichas personas una traducción oral de conformidad con el artículo 25, apartado 2, letra c).

El acceso a este tipo de tratamiento y cuidados se facilitará lo antes posible tras la determinación de las necesidades de la persona en cuestión.

2.   Las personas que trabajen con las personas a que se refiere el apartado 1, incluidos los profesionales de la salud, deberán haber recibido y seguir recibiendo una formación adecuada sobre las necesidades de dichas personas y los tratamientos adecuados, incluidos los servicios de rehabilitación necesarios. Asimismo se someterán a las normas de confidencialidad establecidas en el Derecho nacional y a los códigos éticos profesionales aplicables con relación a la información a que tengan acceso por razón de su trabajo.

1.   Los Estados miembros garantizarán que las decisiones relativas a la concesión, retirada o reducción de los beneficios en virtud de la presente Directiva, las decisiones que deniegan el permiso a que se refiere el artículo 8, apartado 5, párrafo primero, o las decisiones adoptadas en virtud del artículo 9 que afecten de manera individual a los solicitantes puedan ser objeto de recurso con arreglo a los procedimientos previstos por el Derecho nacional. Al menos en el último caso, la posibilidad de recurso o de revisión, de hecho y de Derecho, se garantizará ante una autoridad judicial.

2.   Los Estados miembros garantizarán que, en los casos de recurso o de revisión ante una autoridad judicial previstos en el apartado 1 del presente artículo y de control judicial previstos en el artículo 11, apartados 3 y 5, se disponga de la asistencia jurídica y la representación legal gratuitas en la medida necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva. Tal asistencia jurídica y representación legal consistirán en la preparación del recurso o de la solicitud de revisión, incluidas al menos la preparación de los documentos procesales y la participación en la vista ante las autoridades judiciales, en nombre del solicitante.

La asistencia jurídica y la representación legal gratuitas serán ejercidas por asesores jurídicos u otras personas debidamente cualificadas admitidas o habilitadas en virtud del Derecho nacional cuyos intereses no estén o no puedan entrar en conflicto con los de los solicitantes.

3.   Los Estados miembros podrán decidir que no se concedan la asistencia jurídica y la representación legal gratuitas cuando:

Si la decisión de no conceder asistencia jurídica ni representación legal gratuitas es adoptada por una autoridad que no sea un órgano jurisdiccional, por considerar que el recurso o la revisión tiene pocos visos de prosperar, el solicitante tendrá derecho a vías de recurso efectivas ante un órgano jurisdiccional contra dicha decisión y, para ello, tendrá derecho a solicitar asistencia jurídica y representación legal gratuitas.

Los Estados miembros también podrán disponer que la asistencia jurídica y la representación legal gratuitas solo sean concedidas por asesores jurídicos u otros consejeros designados específicamente en virtud del Derecho nacional para asistir y representar a los solicitantes o a través de organizaciones no gubernamentales acreditadas en virtud del Derecho nacional para prestar asistencia jurídica y representación legal gratuitas.

4.   Los Estados miembros también podrán:

5.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, de la presente Directiva los Estados miembros podrán solicitar el reembolso total o parcial de cualquier gasto en que se incurra cuando la situación financiera del solicitante haya mejorado considerablemente durante el procedimiento de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348 o cuando la decisión de prestar asistencia jurídica y representación legal gratuitas se hubiese adoptado sobre la base de información falsa facilitada por el solicitante.

6.   Los Estados miembros establecerán normas de procedimiento específicas que rijan la forma en que las solicitudes de asistencia jurídica y representación legal gratuitas se presentan y tramitan, o aplicarán normas existentes para solicitudes nacionales similares, siempre que dichas normas no hagan imposible o excesivamente difícil el acceso a la asistencia jurídica y la representación legal gratuitas.

1.   Los Estados miembros, respetando su estructura constitucional, establecerán los mecanismos necesarios para garantizar que se establezcan una orientación, un seguimiento y un control adecuados del nivel de las condiciones de acogida. Los Estados miembros tendrán en cuenta las normas operativas, los indicadores, las directrices o las mejores prácticas disponibles y no vinculantes sobre las condiciones de acogida elaborados por la Agencia de Asilo de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2021/2303, sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de acogida de conformidad con la presente Directiva.

2.   Los sistemas de acogida de los Estados miembros estarán sujetos al mecanismo de seguimiento establecido en el capítulo 5 del Reglamento (UE) 2021/2303.

1.   Cada Estado miembro elaborará un plan de contingencia en consulta con las autoridades locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, según proceda. El plan de contingencia recogerá las medidas para asegurar una adecuada acogida de los solicitantes de conformidad con la presente Directiva en caso de que se enfrente a un número desproporcionado de solicitantes de protección internacional, incluido de los menores no acompañados. El plan de contingencia también incluirá medidas para hacer frente a las situaciones a que se refiere el artículo 20, apartado 10, letra b), en el plazo más breve posible.

2.   El plan de contingencia a que se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta las circunstancias nacionales específicas, utilizando una plantilla que elaborará la Agencia de Asilo y deberá notificarse a dicha Agencia a más tardar el 12 de abril de 2025. Dicho plan deberá revisarse cuando sea necesario por razón de un cambio de circunstancias y, en cualquier caso, al menos cada tres años y, en caso de ser actualizado, se notificará a la Agencia de Asilo. Los Estados miembros informarán a la Comisión y a la Agencia de Asilo siempre que se activen sus planes de contingencia.

3.   Los Estados miembros facilitarán a la Agencia de Asilo, a petición de esta, información sobre sus planes de contingencia, a que se refiere el apartado 1, y la Agencia de Asilo ayudará a los Estados miembros, con su acuerdo, a elaborar y revisar sus planes de contingencia.

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que el personal de las autoridades y otras organizaciones directamente responsables de la aplicación de la presente Directiva hayan recibido la formación necesaria con respecto a las necesidades de los solicitantes, incluidos los menores. A tal fin, los Estados miembros incluirán las partes fundamentales pertinentes del currículo europeo en materia de asilo relativas a las condiciones de acogida, así como la herramienta de identificación de solicitantes con necesidades de acogida particulares, desarrollado por la Agencia de Asilo.

2.   Los Estados miembros asignarán los recursos necesarios, incluidos el personal, los traductores y los intérpretes necesarios, para la aplicación de la presente Directiva, teniendo en cuenta las fluctuaciones estacionales del número de solicitantes. Cuando participen en la aplicación de la presente Directiva autoridades locales y regionales, la sociedad civil u organizaciones internacionales, se les asignarán los recursos necesarios.

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor a más tardar el 12 de junio de 2026 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 a 10, 12, 13, 17 a 29 y 31 a 34. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención en la que se precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y la formulación de dicha mención.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.