1)

¿Deben interpretarse los artículos 107 TFUE y 108 TFUE en el sentido de que una normativa nacional que establece un impuesto solo a cargo de determinados productores de electricidad, como los [que producen energía] a partir de fuentes renovables, [y] no a cargo de todos los productores de electricidad, constituye una ayuda de Estado concedida a quienes están exentos de él y sujeta a la obligación de notificación?

2)

¿Deben interpretarse el artículo 3, apartados 1 y 4, el artículo 9, apartado 2, y el artículo 58, letras b) a d) de la Directiva 2019/944, (1) y el artículo 3, letras f), g), i) y n), del Reglamento 2019/943, (2) según los cuales los Estados miembros garantizarán condiciones de competencia equitativas y no discriminatorias a los productores de electricidad, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto adicional solo a cargo de determinados productores de electricidad, incluidos aquellos [que producen energía] a partir de fuentes renovables, excluyendo del pago del impuesto a determinadas categorías de productores, a pesar de que todos los productores de electricidad se encuentran en una situación comparable habida cuenta, entre otros, de los ingresos comparables obtenidos de la venta de electricidad?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE y el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que grava con un impuesto discriminatorio y de importe excesivo solo a determinados productores de electricidad (incluidos aquellos [que producen energía] a partir de fuentes renovables), excluyendo a otras categorías de productores?

4)

Con anterioridad al Reglamento 2022/1854, (3) ¿deben interpretarse la Directiva 2019/944 y el Reglamento 2019/943 en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que equivale a la fijación del precio de venta o a una restricción de la libertad para fijar el precio de venta?

5)

¿Deben interpretarse los principios de cautela, de acción preventiva y de corrección de la contaminación en su fuente y el principio de «quien contamina paga», así como [el artículo 2, apartados 1 y 2], y el artículo 4 del Reglamento 2021/1119, (4) en relación con el artículo 191 TFUE, apartado 2, y el artículo 3, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva 2018/2001, (5) que regulan los objetivos de neutralidad climática establecidos por la Unión Europea, [en el sentido] de que se oponen a una normativa nacional que menoscaba los objetivos europeos de lograr la neutralidad climática y la política de la Unión Europea en materia de tributación de la energía? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son los criterios que deben observarse al establecer dicho impuesto para que se respeten los principios antes expuestos?

6)

¿Debe interpretarse el artículo 401 de la Directiva 2006/112/CE (6) en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la introducida por el Decreto-ley n.o 27/2022, que establece un impuesto sobre el volumen de negocios que se aplica a los ingresos procedentes de la venta de electricidad?