1)

¿Debe interpretarse el artículo 63, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, «sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE», (1) considerado en sí mismo y en relación con el alcance de los principios del Derecho de la Unión de igualdad, no discriminación y transparencia en materia de contratación pública, en el sentido de que, si el poder adjudicador comprueba que una entidad a cuyas capacidades recurre un operador económico no cumple los criterios de selección pertinentes, está obligado a exigir a dicho operador la sustitución de tal entidad, o bien dispone de la posibilidad de exigir la sustitución si el operador económico pretende ser seleccionado?

2)

¿Existen circunstancias en las que el poder adjudicador, en virtud de los principios de igualdad, no discriminación y transparencia, así como en función de la tramitación del procedimiento de adjudicación, (ya) no deba o bien (ya) no pueda exigir que se proceda a la sustitución?