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El recurso es admisible por cuanto la demandante es, según la Decisión impugnada, supuestamente la destinataria de las ayudas, por lo que dicha Decisión la afecta directa e individualmente.

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Se alega que la Comisión debería haber tenido en cuenta las circunstancias existentes en la fecha en que se celebró el contrato de arrendamiento, las consideraciones económicas y los criterios interpretativos vigentes en dicho momento.

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Asimismo, se alega que la Comisión concluyó erróneamente que el procedimiento de licitación no se había efectuado en condiciones de mercado, puesto que dicho procedimiento se atuvo a las condiciones más ventajosas para el Estado.

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Se alega que la Comisión declaró que existía una ayuda de Estado basándose en datos irrelevantes o insuficientes, siendo así que debería haber constatado que las inversiones en mejoras de los terrenos, los gastos de conservación de estos y de mejora de la calidad de la tierra estaban incluidos totalmente en el arrendamiento.

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Se aduce que la Comisión obvió considerar, indebidamente, que la supuesta ventaja económica que se derivaba del contrato de arrendamiento se compensó, en cualquier caso, con la privatización y la fusión de la demandante y el titular de sus participaciones ya en 2002.

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La demandante aduce que la Comisión basó su apreciación en medias aritméticas equivocadas e incumplió su obligación de motivación.

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Toda supuesta ayuda se concedió antes de la entrada de Estonia en la Unión y había finalizado totalmente en dicha fecha, mientras que la empresa fue privatizada en 2001 y la fusión de la demandante y el titular de sus participaciones tuvo lugar en 2002.

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Se alega que la Comisión debería haber concluido que la ayuda de Estado que supuestamente resultaba del contrato de arrendamiento había finalizado completamente ya en 2002 con ocasión de la fusión de la demandante y el titular de sus participaciones y, por tanto, era obsoleta en toda su extensión.

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Se alega que de las especiales circunstancias se desprende que la recuperación de la ayuda era absolutamente contraria a la equidad, toda vez que la demandante no tuvo que reconocer la existencia de una ayuda de Estado.

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La demandante alega que, pese a que los contratantes expusieron las razones por las que el contrato de arrendamiento contribuyó a impulsar el desarrollo económico, la Comisión no entró a analizar tales razones.