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Se alega que el BCE no estaba en condiciones de adoptar una decisión plenamente motivada debido a la existencia de procedimientos de apelación sometidos al Derecho nacional.

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Se alega que el BCE cometió un error al basarse en que las directivas de la Malta Financial Services Authority (Autoridad Maltesa de Servicios Financieros) eran finales y definitivas pese a que estaban sujetas a confirmación, anulación o modificación por el Financial Services Tribunal (Tribunal de Servicios Financieros, Malta). En todo caso, el BCE se equivocó de forma manifiesta al afirmar que la revocación de la licencia de la entidad supervisada era preferible a la venta forzosa del Banco y que había pocas probabilidades de que la venta se materializase.

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Se alega que el BCE carecía de competencia para adoptar la decisión impugnada ya que la competencia para revocar la licencia otorgada a la entidad supervisada como entidad financiera recae en la Malta Financial Services Authority (Autoridad Maltesa de Servicios Financieros) y no en el BCE. La decisión del BCE era ultra vires y vulneraba los derechos de la demandante a apelar conforme al Derecho nacional así como su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial conforme al Derecho de la UE.

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Se alega que, incluso en el supuesto de que el BCE dispusiera de la mencionada competencia, incurrió en desviación de poder al privar a la entidad supervisada y al resto de demandantes de su derecho a plantear un recurso de apelación conforme al Derecho nacional.

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Se alega que el principio de proporcionalidad debería haberse aplicado en el presente caso de modo que se impidiese la revocación de la licencia de la entidad supervisada. A la vista de las circunstancias, la venta del Banco habría causado menos daños a la entidad supervisada y no habría perjudicado ni a los depositantes de la entidad supervisada ni a los empleados ni a los accionistas.