a)

en la fecha que figura en el número del Diario Oficial que contiene el texto del citado Reglamento;

b)

en el momento en que este número del Diario Oficial está disponible efectivamente en la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, o

c)

en el momento en que el Diario Oficial de que se trata está disponible efectivamente en el territorio del Estado miembro interesado?

a)

Debo estudiar, en primer lugar, la alegación de la demandante según la cual los contratos de importación fueron pactados en una moneda revaluada y, por tanto, las importaciones no pudieron efectuarse a precios inferiores por razones de técnica monetaria.

A mi juicio, es indiscutible que, conforme al sistema de la compensación monetaria, este hecho es irrelevante. A este respecto, la Comisión alegó, acertadamente, que, debido al gran número de movimientos de mercancías que entran en consideración, no cabe plantearse si, en cada caso particular, se obtiene o no un beneficio monetario. Además, es posible pensar que acuerdos de este género ya hayan tenido en cuenta tendencias a la revaluación, pero tampoco esto puede verificarse. Además, en relación con este problema, puedo remitirme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia. Así en la sentencia de 24 de octubre de 1973, Balkan-Import-Export GmbH (5/73,↔ Rec. p. 1091), el Tribunal de Justicia destacó que para la percepción de los montantes compensatorios no es posible referirse a posibles beneficios de cambio del importador, sino que más bien es necesario aplicar criterios uniformes y globales. En el mismo sentido, se lee en la sentencia de 7 de julio de 1976, IRCA (7/76,↔ Rec. p. 1213), que los montantes compensatorios no se basan en los precios de las mercancías efectivamente pagadas: por consiguiente, no puede tenerse en cuenta el valor de las diferentes mercancías. En el caso presente habría que atenerse también a esta afirmación.

b)

Además, la demandante en el procedimiento principal ha alegado que el sistema de intervención de la organización comunitaria de los mercados del vino está suficientemente protegido contra las importaciones procedentes de países terceros por el de los precios de referencia. Los precios de referencia cuya observancia, por otra parte, había garantizado Yugoslavia y que, en caso de que se rebasaran a la baja, darían lugar a la percepción de exacciones, son, en efecto, mucho más elevados que los precios de desencadenamiento que son de gran importancia para la intervención; por ello, importaciones procedentes de países terceros no pueden, en ningún caso, perturbar el sistema de intervención.

A este respecto, la Comisión ha destacado, con razón, que no hay que olvidar que los precios de referencia y sus correspondientes exacciones, por una parte, y la compensación monetaria, por otra, tienen funciones diferentes y dependen de requisitos diferentes. Constituye un hecho importante, principalmente, el que los precios de referencia permiten que los precios de los vinos procedentes de países terceros alcancen el nivel comunitario, en tanto que los montantes compensatorios monetarios tienen por finalidad compensar los márgenes observados en los precios agrícolas reales en las monedas nacionales, como consecuencia de la diferente evolución de los tipos de cambio. Además, la compensación monetaria no se basa únicamente en la idea de evitar perturbaciones en el sistema de intervención. Se trata, más bien, de impedir pura y simplemente las perturbaciones en el mercado. Seguidamente, estudiaré también la cuestión de si el pronóstico avanzado en aquel momento por la Comisión resulta discutible a este respecto.

En este sentido, cuando la demandante planteó también en la fase oral, la cuestión de por qué no se había hecho superflua la compensación monetaria aumentando los precios de referencia —los precios de una gran parte de los vinos procedentes de países terceros son, de todos modos, superiores a su nivel— la Comisión manifestó, acertadamente, que semejante crítica al sistema de los precios de referencia no era oportuna al estudiar la compensación monetaria. Hay que referirse también a la forma en que se aplica dicho régimen de precios precisamente en el caso de la compensación monetaria (véase la sentencia de 22 de enero de 1976, Balkan-Import-Export GmbH, 55/75, Rec. p. 19, en lo referente a los productos lácteos). Además, debe recordarse la necesidad de una aplicación uniforme del sistema de la compensación monetaria que se aplica asimismo a los intercambios intracomunitarios en los que los precios de referencia no desempeñan ningún papel.

c)

En tercer lugar, la demandante alegó que el sistema de intervención de la organización común de los mercados del vino sirve únicamente para proteger el mercado de los vinos de mesa y que no se aplica a los vinos de calidad. Por consiguiente, dentro de la Comunidad, sólo existe una compensación monetaria para los vinos de mesa. Así, parece injustificado aplicar la compensación monetaria a los vinos de calidad procedentes de países terceros —objeto del procedimiento principal-pues, respecto a ellos, no se puede admitir que tengan incidencia en el mercado de los vinos de mesa; en cualquier caso, este punto no ha sido estudiado.

Por lo que se refiere a esta cuestión, no cabe duda alguna, en primer lugar, de que la clasificación como vino de mesa, por una parte, y vino de calidad, por otra, está reservada a los productos de la Comunidad. Efectivamente, las disposiciones del Reglamento (CEE) no 817/70 (DO 1970, L 99, p. 20), al que el apartado 5 del artículo 1 del Reglamento no 816/70 hace referencia —se trata de un control de la producción y de las regiones de cultivo-, están claramente concebidas para los vinos procedentes de países miembros. Por otra parte, no parece que exista ningún principio del Derecho comunitario en virtud del cual una mercancía procedente de un país tercero deba, bajo cualquier punto de vista, equipararse a productos comunitarios; se debe, por el contrario, partir de la idea de que, en relación con países terceros, la Comunidad posee una gran libertad en la organización de las relaciones de política comercial.

En la medida en que, en el marco de la organización común de los mercados del vino se habla igualmente de vinos de calidad tratándose de vinos procedentes de países terceros, como es el caso del párrafo tercero del apartado 3 del artículo 9, según el cual puede decidirse dejar de percibir la totalidad o parte del gravamen compensatorio por las importaciones de determinados vinos de calidad producidos en países terceros, no hay que olvidar que la demandante no ha afirmado que los vinos que ella importó estuvieran contemplados por esta disposición, que, si estoy bien informado, parece ser que sólo se ha aplicado hasta ahora a determinados vinos del mediodía. Además, la demandante tampoco puede fundamentar su tesis sobre el Regla mento (CEE) no 2133/74 -que, por otra parte, fue adoptado con posterioridad-por el que se establecen las normas generales para la designación y la presentación de los vinos y mostos de uva (DO 1974, L 227, p. 1), ni sobre el Reglamento (CEE) no 1608/76 por el que se establecen las modalidades de aplicación para la designación y la presentación de los vinos y mostos de uva (DO 1976, L 183, p. 1). En efecto, un elemento importante es que, también aquí, en lo que se refiere a los vinos de calidad de países terceros, se trata únicamente de cuestiones relativas a la legislación en materia de designación. En cuanto a los precios, no existe disposición particular alguna que se aplique a estos vinos; también éstos están sujetos al sistema de los precios de referencia. Por consiguiente —y esto es importante para la compensación monetaria—, estos vinos de calidad están también sometidos a una organización común de mercados. Además, resulta relevante el hecho de que su precio esté en función del precio de productos para los que se prevén medidas de intervención. Ello puede afirmarse porque el párrafo segundo del apartado 1 del Reglamento no 816/70 precisa que estos precios de referencia se fijan a partir de los precios de orientación de los tipos de vino de mesa tinto y blanco más representativos de la producción comunitaria, por tanto de precios de productos en cuyo favor se prevén medidas de intervención.

d)

Por último, la demandante ha criticado también la hipótesis del eventual riesgo de perturbación grave para la compensación monetaria con arreglo al Reglamento no 974/71.

En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado ya en numerosas ocasiones en su jurisprudencia que la Comisión y el Comité de gestión disponen, a este respecto, de una amplia facultad de apreciación y que, por tanto, el examen jurisdiccional debe limitarse a la cuestión de si cabe apreciar un error evidente o una desviación de poder o, incluso, un abuso manifiesto de poder. También a este respecto, son relevantes los factores monetarios y las condiciones del mercado (sentencias de 14 de mayo de 1975, Comptoir national technique agricole/Comisión, 74/74, ↔ Rec. p. 533, y de 25 de mayo de 1978, Racke, 136/77, Rec. p. 1245). Como es indispensable una aplicación rápida de las medidas, es inevitable realizar apreciaciones globales que excluyen un estudio detallado de cada uno de los productos y de cada país exportador (sentencias de 7 de julio de 1976, IRC A, antes citada, y de 20 de octubre de 1977, Roquette Frères, 29/77, ↔ Rec. p. 1835). Por último, y sobre todo, se debe destacar que, en la citada sentencia roquette Frères, este Tribunal manifestó que sólo puede hablarse de un peligro de perturbación en el supuesto de un descenso sustancial de la cotización de una moneda.

La demandante, cuestiona la legalidad de esta sentencia. Está convencida de que no es admisible limitar el control jurisdiccional a casos en que ha habido una extralimitación manifiesta en la facultad de apreciación. Además, habría que velar por que los elementos de apreciación quedaran suficientemente demostrados — lo que no se ha producido en el presente asunto. En todo caso, una modificación de los tipos de cambio no puede bastar por sí sola para que se admita la existencia de un riesgo de perturbación.

Respecto a este problema, en contra de la opinión de la demandante, no veo razón alguna para modificar sustancialmente la jurisprudencia. Aunque las fórmulas citadas puedan parecer un poco amplias, su sentido es claro y difícilmente discutible: en la compensación monetaria, se examinan situaciones complejas que incluyen un gran número de factores; para que dicha compensación sea eficaz, este examen debe efectuarse con gran celeridad y hace que las apreciaciones globales resulten inevitables. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no puede estudiar cada detalle de la necesaria apreciación global y sólo le corresponde efectuar a posteriori y de forma detallada la ponderación de los factores más diversos, indispensable en caso de apreciación global.

Si uno se atiene a esta posición, procede estimar en el presente caso que la magnitud de la crisis monetaria a principios del año 1973, con las particularidades a que me he referido al inicio, imponía una acción muy rápida. Indudablemente era imposible realizar un estudio profundo del mercado en todos los aspectos y para cada Estado miembro, principalmente en lo que se refiere a las incidencias sobre el mercado de los vinos de mesa y, en particular, a la necesidad de protegerlo. Además, el nuevo sistema creado por el Reglamento no 509/73, para el que todavía debían reunirse experiencias, se aplicó por primera vez en aquella época. En esta situación y habida cuenta de la considerable caída de la moneda italiana y de la revaluación simultánea del marco alemán, se podía temer una reducción considerable de las exportaciones agrícolas procedentes de Italia y, por consiguiente, una perturbación del mercado francés y alemán del vino. Era una razón justificada para extender a todas las categorías de vinos de mesa la compensación monetaria aplicada en el interior de la Comunidad. Simultáneamente, debido a las relaciones de precio existentes entre el vino de mesa y el vino procedente de países terceros, tuvo que admitirse la necesidad de incluir también a este último dentro del sistema de compensación monetaria. El hecho de no haberlo tenido en cuenta sólo habría significado aceptar que los vinos italianos se encontraran desfavorecidos en la competencia.

A mi juicio, esto basta para justificar los montantes compensatorios monetarios que aquí nos interesan. En realidad, no existen razones para discutir los pronósticos emitidos por la Comisión sobre una perturbación del mercado, ni para criticar el hecho de que, en una primera fase, se incluyeran todos los vinos de países terceros dentro del sistema de la compensación monetaria, sin diferenciación según las categorías de precios y los países importadores.

e)

Por consiguiente, en lo que se refiere a la primera cuestión, sólo puede decirse que ninguna de las alegaciones avanzadas por la demandante incita a poner en duda la validez de los Reglamentos citados en la cuestión, en la medida en que, según éstos, debía recaudarse una compensación monetaria por la importación de vinos procedentes de países terceros.

a)

Como reconoció, con acierto el órgano jurisdiccional que dictó la resolución de remisión, la aplicación de los citados Reglamentos a partir de la fecha de la publicación efectiva del Reglamento no 649/73, es decir el 12 de marzo de 1973, no plantea problema. Por consiguiente, no cabe hablar de retroactividad respecto del Reglamento no 649/73, que incluyó por primera vez determinados vinos en el sistema de la compensación monetaria. En cuanto al Reglamento no 741/73, es cierto que parece existir una retroactividad -si se compara la fecha de su publicación con la de su aplicabilidad—. Pero, a este respecto, al tratarse únicamente de una adaptación de los montantes compensatorios, es posible remitirse a la sentencia dictada en el asunto 7/76. Según ésta, resulta evidente que, en una situación semejante, es decir cuando determinadas mercancías están ya incluidas en el sistema de la compensación monetaria —lo que ocurrió con los vinos desde el 12 de marzo de 1973-y cuando sólo se corrigen los montantes compensatorios con arreglo a la evolución de las monedas, no se puede hablar de una verdadera retroactividad.

b)

Por el contrario, existe una verdadera retroactividad en la medida en que se ha querido efectuar una aplicación antes del 12 de marzo de 1973, lo que es exacto respecto del Reglamento no 649/73 desde el 26 de febrero de 1973 y respecto del Reglamento no 741/73 desde el 5 de marzo de 1973. Habida cuenta de que el objeto del litigio en el procedimiento principal, es decir las retiradas del depósito y las importaciones, no se realizaron hasta el 9 de marzo de 1973, sólo corresponde estudiar la legalidad de esta aplicación respecto a esta última fecha, es decir respecto a un período relativamente breve.

Como sabe este Tribunal de Justicia, la Comisión se ha esforzado por disipar las dudas que pudieran surgir a este respecto desde la óptica del Estado de Derecho y yo considero -me apresuro a decirlo-que lo ha logrado de manera convincente.

a)

En el asunto 98/78, procede declarar que el procedimiento no ha revelado ningún elemento que permita cuestionar la validez de los Reglamentos (CEE) nos 649/73, 741/73 y 811/73, en la medida en que fijaron, sin hacer distinción alguna, montantes compensatorios aplicables a la importación de vinos blancos y tintos correspondientes a la subpartida arancelaria 22.05 C I y C II.

b)

Respecto a las otras tres cuestiones comunes a ambos asuntos, debe declararse que: