(1)

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entró en vigor en noviembre de 2016 («el Acuerdo de París»). Las Partes han acordado mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 oC en relación con los niveles preindustriales y perseverar en los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5  oC por encima de dichos niveles.

(1)

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entró en vigor en noviembre de 2016 («el Acuerdo de París»). Las Partes han acordado mantener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 oC en relación con los niveles preindustriales y perseverar en los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5  oC por encima de dichos niveles , guiándose, entre otros, por los principios de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas . Al adoptar el Pacto por el Clima de Glasgow en noviembre de 2021, las Partes en el Acuerdo de París reconocieron que mantener el aumento de la temperatura media del planeta en 1,5  oC reduciría de manera significativa los riesgos y los efectos del cambio climático, y se comprometieron a reforzar sus objetivos para 2030 a más tardar a finales de 2022.

(1 bis)

La necesidad de emprender acciones encaminadas a reducir las emisiones resulta cada vez más urgente, y así lo declara el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) en sus últimos informes de 7 de agosto de 2021, titulado «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» (Cambio climático 2021: bases físicas), y de 28 de febrero de 2022, titulado «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambio climático 2022: impactos, adaptación y vulnerabilidad). El GIECC declaró, con un grado de seguridad muy elevado, que el cambio climático constituye una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, y que todo retraso adicional en la acción mundial concertada y anticipada en materia de adaptación y mitigación supondrá la pérdida de una breve y limitada oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. El GIECC proporciona nuevas estimaciones de la probabilidad de superar el nivel de calentamiento global de 1,5  oC en las próximas décadas, y determina que, a menos que se den reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a temperaturas cercanas a 1,5  oC, o incluso a 2 oC, quedará fuera de nuestro alcance. Por tanto, la Unión debe abordar esta urgencia redoblando sus esfuerzos y constituyéndose en líder internacional de la lucha contra el cambio climático.

(3)

El Pacto Verde Europeo (31) combina un conjunto completo de medidas e iniciativas que se refuerzan entre ellas, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050, y establece una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, que utiliza eficientemente los recursos y competitiva , en la que el crecimiento económico esté disociado del uso de los recursos . El Pacto aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esta transición afecta de manera diferente a mujeres y hombres y ejerce un efecto concreto sobre algunos grupos desfavorecidos, como las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas. Por lo tanto, debe garantizarse que la transición sea justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás.

(3)

El Pacto Verde Europeo (31) proporciona un punto de partida para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050 y el objetivo de lograr unas emisiones negativas a partir de entonces, tal como se establece en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo  (31 bis) . Combina un conjunto completo de medidas e iniciativas que se refuerzan entre ellas, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050 a más tardar , y establece una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, que utiliza eficientemente los recursos y competitiva. El Pacto aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Al mismo tiempo, esta transición afecta de manera diferente a todos los géneros y ejerce un efecto concreto sobre algunos grupos desfavorecidos, como las personas mayores, las personas con discapacidad , las personas que sufren pobreza energética o de transporte, y las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas . La transición también afecta de manera diferente a los Estados miembros y a las regiones . Por lo tanto, debe garantizarse que la transición sea justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás.

3 bis)

Para ser socialmente aceptable, la ambición climática formulada en el presente Reglamento debe ir acompañada de una ambición social equivalente. Este mayor nivel de ambición implica cambios sustanciales en los sectores afectados, cambios que podrían tener repercusiones sociales y laborales. Los objetivos revisados en materia de reducción de emisiones deben acompañarse de unas medidas financieras y estratégicas suficientes para garantizar que dichos objetivos puedan alcanzarse de un modo socialmente justo. Se pueden adoptar, entre otras, medidas como la realización de evaluaciones de impacto sobre el empleo que evalúen el impacto en los puestos de trabajo y las condiciones laborales a nivel tanto nacional como regional, así como la asignación de recursos nacionales y de la Unión para financiar las medidas de adaptación social y la creación de empleo de calidad, la igualdad de género, el aprendizaje permanente, la formación profesional y la protección social, así como para garantizar una negociación colectiva efectiva. También es importante que haya una consulta oportuna y una participación efectiva de los interlocutores sociales nacionales en los sectores regulados por el artículo 2 del presente Reglamento en lo que atañe a la elaboración y la aplicación de las medidas nacionales de ejecución del presente Reglamento.

(3 ter)

La transición hacia una economía de la Unión compatible con el objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar podría, además, tener repercusiones particulares en determinados sectores económicos, especialmente en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas vulnerables de estos sectores. Al aplicar el presente Reglamento, es importante que los Estados miembros creen un entorno propicio para que estas empresas lleven a cabo la transición hacia prácticas que impliquen una reducción y, progresivamente, una eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(3 quater)

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Foro Mundial sobre el Medio Ambiente de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han llegado a la conclusión de que los cambios medioambientales tienen repercusiones específicas en función del género. Los roles diferenciados por género también dan lugar a vulnerabilidades diferenciadas para todos los géneros en relación con los efectos del cambio climático, y los efectos del cambio climático agravan las desigualdades de género.

(4)

En el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (32) («Legislación Europea sobre el Clima»), la Unión ha consagrado en su legislación el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en toda la economía de aquí a 2050. Dicho Reglamento establece también un compromiso vinculante de la Unión de reducir de aquí a 2030 las emisiones netas internas de gases de efecto invernadero (las emisiones tras la deducción de las absorciones) en al menos un 55 % por debajo de los niveles de 1990.

(4)

En el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (32) («Legislación Europea sobre el Clima») la Unión ha consagrado en su legislación el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en toda la economía , a más tardar, de aquí a 2050 y lograr emisiones negativas a partir de esa fecha . Dicho Reglamento establece también un compromiso vinculante de la Unión de reducir de aquí a 2030 las emisiones netas internas de gases de efecto invernadero (las emisiones tras la deducción de las absorciones) en al menos un 55 % por debajo de los niveles de 1990. Además, establece que, al procurar la consecución del objetivo, debe otorgarse prioridad a las reducciones rápidas y previsibles de las emisiones y que, al mismo tiempo, deben promoverse las absorciones por sumideros naturales. La contribución de las absorciones netas al objetivo de 2030 se limita a 225 millones de toneladas equivalentes de CO2, mientras que el resto del objetivo debe alcanzarse mediante las reducciones de emisiones directas.

(5)

A fin de aplicar estos compromisos, así como las contribuciones de la Unión en virtud del Acuerdo de París (33) adoptado en el marco de la CMNUCC, debe adaptarse el marco regulador de la Unión para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(5)

A fin de aplicar estos compromisos, así como las contribuciones de la Unión determinadas a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París (33) adoptado en el marco de la CMNUCC, debe adaptarse el marco regulador de la Unión para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

(7)

Aunque el comercio de derechos de emisión también se aplicará a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera y marítimo, así como de los edificios, se mantendrá el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842. Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2018/842 seguirá aplicándose a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la navegación interior, pero no a las procedentes de la navegación internacional. Las emisiones de gases de efecto invernadero de un Estado miembro incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842 que deban tenerse en cuenta para los controles del cumplimiento seguirán determinándose una vez finalizadas las revisiones de los inventarios de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (34).

(7)

Aunque el comercio de derechos de emisión también podrá aplicarse a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte por carretera y marítimo, así como de los edificios, se mantendrá el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842. Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2018/842 seguirá aplicándose a las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la navegación interior, pero no a las procedentes de la navegación internacional. Las emisiones de gases de efecto invernadero de un Estado miembro incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842 que deban tenerse en cuenta para los controles del cumplimiento seguirán determinándose una vez finalizadas las revisiones de los inventarios de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (34). Ahora bien, las emisiones de algunos sectores en los últimos años, o han aumentado o se han mantenido estables.

(9)

En sus conclusiones de 11 de diciembre de 2020, el Consejo Europeo mencionó que la Unión alcanzará colectivamente el objetivo para 2030 con la máxima eficiencia en términos de coste, que todos los Estados miembros participarán en este esfuerzo, teniendo en cuenta consideraciones de equidad y solidaridad, sin dejar a nadie atrás, y que el nuevo objetivo para 2030 debe alcanzarse preservando la competitividad de la UE y tomando en consideración los diferentes puntos de partida de los Estados miembros y las circunstancias nacionales y el potencial específico de reducción de las emisiones de cada país, en particular los Estados miembros insulares y las islas, así como los esfuerzos realizados.

(9)

En sus conclusiones de 11 de diciembre de 2020, el Consejo Europeo mencionó que la Unión alcanzará colectivamente el objetivo para 2030 con la máxima eficiencia en términos de coste, que todos los Estados miembros participarán en este esfuerzo, teniendo en cuenta consideraciones de equidad y solidaridad, sin dejar a nadie atrás, y que el nuevo objetivo para 2030 debe alcanzarse preservando la competitividad de la UE y tomando en consideración los diferentes puntos de partida de los Estados miembros , las reducciones de emisiones logradas previamente y las circunstancias nacionales y el potencial específico de reducción de las emisiones de cada país, en particular los Estados miembros insulares y las islas, así como los esfuerzos realizados.

(9 bis)

Pasado 2030, es necesario que la Unión y cada Estado miembro alcancen el objetivo de neutralidad climática para toda la Unión en 2050 a más tardar, con el objetivo de lograr unas emisiones negativas a partir de esa fecha. El Reglamento (UE) 2018/842 debe garantizar que todos los Estados miembros adopten trayectorias en materia de emisiones, además de políticas concretas a largo plazo, que conduzcan a la consecución de dicho objetivo.

(10)

Para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 %, los sectores cubiertos por el Reglamento (UE) 2018/842 deberán reducir progresivamente sus emisiones hasta alcanzar el - 40 % en 2030, en comparación con los niveles de 2005.

(10)

Para cumplir los compromisos de la Unión en el marco del Acuerdo de París y alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 %, todos los sectores cubiertos por el Reglamento (UE) 2018/842 deberán reducir progresivamente sus emisiones hasta alcanzar el - 40 % en 2030, en comparación con los niveles de 2005.

(11)

A tal fin, debe revisarse el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí 2030 con respecto a cada Estado miembro. La revisión del objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero debe aplicar la misma metodología que se siguió cuando se adoptó por primera vez el Reglamento (UE) 2018/842, según la cual las contribuciones nacionales se determinaron teniendo en cuenta las diferentes capacidades y oportunidades de rentabilidad de los Estados miembros, a fin de garantizar un reparto justo y equilibrado del esfuerzo. Por tanto, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero máximas de cada Estado miembro en 2030 debe determinarse en relación con su nivel de emisiones revisadas de gases de efecto invernadero de 2005 reguladas por el presente Reglamento, a excepción de las emisiones de gases de efecto invernadero verificadas de las instalaciones que estaban en funcionamiento en 2005 y que no se incluyeron en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión hasta después de ese año.

(11)

A tal fin, debe revisarse el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí 2030 con respecto a cada Estado miembro. La revisión del objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero aplica la misma metodología que se siguió cuando se adoptó por primera vez el Reglamento (UE) 2018/842, según la cual las contribuciones nacionales se determinaron teniendo en cuenta las diferentes capacidades y oportunidades de rentabilidad de los Estados miembros, a fin de garantizar un reparto justo y equilibrado del esfuerzo. No obstante, el reparto de los objetivos de los Estados miembros no es convergente, lo cual debe tenerse en cuenta al evaluar el modo en que los objetivos nacionales contribuyen al logro del objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar de una manera rentable y justa. Por tanto, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero máximas de cada Estado miembro en 2030 debe determinarse en relación con su nivel de emisiones revisadas de gases de efecto invernadero de 2005 reguladas por el presente Reglamento, a excepción de las emisiones de gases de efecto invernadero verificadas de las instalaciones que estaban en funcionamiento en 2005 y que no se incluyeron en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión hasta después de ese año.

(11 bis)

En la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano se destaca que el metano es un potente gas de efecto invernadero y el segundo, después del dióxido de carbono, por su contribución total al cambio climático. A nivel molecular, el metano es más potente que el dióxido de carbono. Aunque el metano permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, tiene un efecto significativo en el clima. En septiembre de 2021, la Unión y los Estados Unidos anunciaron el Compromiso Mundial de Reducción de Emisiones de Metano, al que se han unido desde entonces más de cien países en total. Los firmantes del Compromiso pretenden lograr, de aquí a 2030, el objetivo colectivo de reducir las emisiones mundiales de metano en al menos un 30 % respecto a los niveles de 2020 y mejorar las normas de notificación. El metano, el óxido nitroso y los denominados gases F o fluorados representan, en conjunto, más del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. Teniendo en cuenta estos compromisos y el carácter efímero de muchos de esos gases de efecto invernadero, conviene establecer uno o más objetivos de la Unión para todas las emisiones de gases de efecto invernadero distintas del CO2 en todos los sectores.

(13)

La pandemia de COVID-19 ha afectado a la economía de la Unión y a su nivel de emisiones en un grado que todavía no puede cuantificarse plenamente. Por otra parte, la Unión está desplegando su mayor paquete de estímulo hasta la fecha, lo que también tiene posibles repercusiones en el nivel de emisiones. Debido a estas incertidumbres, procede revisar los datos de emisiones en 2025 y, en caso necesario, reajustar las asignaciones anuales de emisiones.

(13)

La pandemia de COVID-19 ha afectado a la economía de la Unión y a su nivel de emisiones en un grado que todavía no puede cuantificarse plenamente. Por otra parte, la Unión está desplegando su mayor paquete de estímulo hasta la fecha, con el objetivo de garantizar una recuperación ecológica, lo que también tiene posibles repercusiones en el nivel de emisiones. Procede mantener una trayectoria reguladora en materia de emisiones estable, previsible y ambiciosa a lo largo de la década en curso, con el fin de garantizar tanto las reducciones necesarias de las emisiones como la seguridad de la planificación.

(14)

Procede, por tanto, actualizar en 2025 las asignaciones anuales de emisiones para los años 2026 a 2030. Esto debe basarse en una revisión exhaustiva de los datos de los inventarios nacionales realizada por la Comisión con el fin de determinar la media de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada Estado miembro durante los años 2021, 2022 y 2023.

(14 bis)

En consonancia con el Reglamento (UE) 2021/1119, debería darse prioridad a la reducción de las emisiones directas, lo que tendrá que complementarse con un aumento de las absorciones de CO2 para lograr la neutralidad climática. El Reglamento (UE) 2021/1119 reconoce que los sumideros de carbono incluyen soluciones naturales y tecnológicas. El papel de las soluciones tecnológicas para la eliminación de CO2 también se ha abordado en varios informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en particular en la contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación. Es importante que se establezca un régimen de la Unión para la certificación de las absorciones del CO2 almacenadas de forma segura y permanente mediante soluciones tecnológicas, que ofrezca claridad a los Estados miembros y a los operadores del mercado para mejorar dichas absorciones. Cuando ese régimen de certificación esté en vigor, podrá analizarse la contabilización de esas absorciones con arreglo al Derecho de la Unión, incluida la cuestión de si la contabilización de esas absorciones afecta a las emisiones reguladas por el Reglamento (UE) 2018/842, respetando plenamente las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119. Dichas absorciones son suplementarias y no compensan la necesaria reducción de emisiones de conformidad con los objetivos climáticos de la Unión establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119.

(15)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842, la cancelación de una cantidad limitada de derechos de emisión en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea puede tenerse en cuenta para el cumplimiento por parte de algunos Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) 2018/842. Dada la particular estructura de la economía maltesa, el objetivo nacional de reducción de este Estado miembro basado en el producto interior bruto per cápita está muy por encima de su potencial de reducción rentable; por lo tanto, resulta conveniente reforzar el acceso de Malta a esa flexibilidad, sin comprometer el objetivo de reducción de emisiones de la Unión para 2030.

(15)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842, la cancelación de una cantidad limitada de derechos de emisión en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea puede tenerse en cuenta para el cumplimiento por parte de algunos Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) 2018/842. Dada la particular estructura de la economía maltesa, el objetivo nacional de reducción de este Estado miembro basado en el producto interior bruto per cápita está muy por encima de su potencial de reducción rentable; por lo tanto, resulta conveniente reforzar el acceso de Malta a esa flexibilidad, sin comprometer el objetivo de reducción de emisiones de la Unión para 2030. A los Estados miembros que tienen derecho a esta flexibilidad, pero que no hicieron uso de ella en el contexto del año 2019 del Reglamento (UE) 2018/842, se les debe ofrecer la posibilidad de revisar tal decisión para tener en cuenta los objetivos de reducción nacionales recientemente propuestos. Los Estados miembros en cuestión también deben poder revisar con más frecuencias los porcentajes que hayan comunicado.

(16 bis)

Con el fin de garantizar e incentivar el cumplimiento por parte de los Estados miembros con respecto a sus contribuciones mínimas para el período comprendido entre 2021 y 2030 en virtud del Reglamento (UE) 2018/842 modificado, las medidas correctoras contempladas en el Reglamento deben reforzarse y conectarse más estrechamente con los planes nacionales integrados de energía y clima de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999. Si un Estado miembro excede sus asignaciones anuales de emisiones durante dos años consecutivos, deberá revisar su plan nacional integrado de energía y clima que se le haya presentado con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999, brindando al mismo tiempo al público la posibilidad de participar en el proceso.

(16 ter)

La Unión Europea y sus Estados miembros son partes en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»)  (1 bis) . El control público y el acceso a la justicia constituyen una parte fundamental de los valores democráticos de la Unión, y una herramienta para salvaguardar el Estado de Derecho. En su Comunicación de 14 de octubre de 2020 titulada «Mejorar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente en la UE y sus Estados miembros», la Comisión reconoció que el acceso a la justicia no está garantizado en todos los Estados miembros, y pidió al Consejo y al Parlamento Europeo que introdujeran disposiciones sobre el acceso a la justicia en la legislación sectorial. Por tanto, es conveniente establecer una disposición que garantice el acceso del público a la justicia en relación con las medidas de aplicación del Reglamento (UE) 2018/842 modificado.

(16 quater)

Para alcanzar los objetivos formulados en el Reglamento (UE) 2018/842 modificado y otra legislación de la Unión, y, en particular, los previstos en el Reglamento (UE) 2021/1119, la Unión y sus Estados miembros deben servirse del conocimiento científico más reciente al ejecutar políticas. Por tanto, debe tenerse en cuenta en el Reglamento (UE) 2018/842 modificado, según proceda, el asesoramiento del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático, constituido en virtud del artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1119.

(18)

El establecimiento de objetivos más ambiciosos en virtud del Reglamento (UE) 2018/841 reducirá la capacidad de los Estados miembros de generar absorciones netas que puedan utilizarse para dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2018/842. Además, la división del uso del mecanismo de flexibilidad del UTCUTS en dos períodos separados limitará aún más la disponibilidad de absorciones netas a efectos del cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/842. Como consecuencia de ello, algunos Estados miembros pueden enfrentarse a dificultades a la hora de cumplir sus objetivos en virtud del Reglamento (UE) 2018/842, mientras que estos mismos —u otros— Estados miembros pueden generar absorciones netas que no puedan utilizarse para cumplir el Reglamento (UE) 2018/842. Siempre que se cumplan los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2021/1119, en particular en lo que respecta al límite máximo de la contribución de las absorciones netas, resulta conveniente crear un nuevo mecanismo voluntario, en forma de reserva adicional, que ayude a los Estados miembros participantes a cumplir sus obligaciones.

(18 bis)

Dada la dimensión de largo plazo que caracteriza a la protección efectiva del clima establecida en el Reglamento (UE) 2021/1119 y en el compromiso de la Unión con los objetivos del Acuerdo de París, la claridad respecto a las trayectorias de reducción a largo plazo de cada Estado miembro con posterioridad a 2030 permitiría planificar las políticas de manera más precisa. Por tanto, procede incluir un proceso que establezca las trayectorias nacionales de reducción de cada Estado miembro para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 a más tardar.

–1)

1)

En el artículo 1 , «30 %» se sustituye por «40 %»;

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«El presente Reglamento establece obligaciones para los Estados miembros respecto de sus contribuciones mínimas en el periodo 2021-2030 para alcanzar, en 2030, el objetivo de la Unión de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % por debajo de los niveles de 2005 en los sectores regulados por el artículo 2 del presente Reglamento. Contribuye al logro del objetivo a largo plazo de la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050 a más tardar, con el fin de lograr unas emisiones negativas a partir de esa fecha. En este sentido, contribuye además a la consecución de los objetivos del Reglamento (UE) 2021/11191 y del Acuerdo de París. El presente Reglamento establece asimismo las normas relativas a la determinación de las asignaciones anuales de emisiones y a la evaluación de los avances de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus contribuciones mínimas y allana el camino para establecer los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión para después de 2030 en los sectores regulados por el artículo 2 del presente Reglamento.».

2 bis)

3)

En el artículo 4, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

3)

En el artículo 4, los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

a)

no superen, en los años 2021 y 2022, el límite definido por una trayectoria lineal, que empiece por la media de sus emisiones de gases de efecto invernadero durante los años 2016, 2017 y 2018, según lo establecido de acuerdo con el apartado 3 del presente artículo, y termine en 2030 en el límite fijado para ese Estado miembro en la columna 1 del anexo I del presente Reglamento. La trayectoria lineal de un Estado miembro comenzará a cinco doceavas partes del tiempo que dista entre 2019 y 2020, o en 2020 si esta fecha supone una asignación menor para dicho Estado miembro;

a)

no superen, en los años 2021 y 2022, el límite definido por una trayectoria lineal, que empiece por la media de sus emisiones de gases de efecto invernadero durante los años 2016, 2017 y 2018, según lo establecido de acuerdo con el apartado 3 del presente artículo, y termine en 2030 en el límite fijado para ese Estado miembro en la columna 1 del anexo I del presente Reglamento. La trayectoria lineal de un Estado miembro comenzará a cinco doceavas partes del tiempo que dista entre 2019 y 2020, o en 2020 si esta fecha supone una asignación menor para dicho Estado miembro;

b)

no superen, en los años 2023, 2024 y 2025, el límite definido por una trayectoria lineal que comience en 2022 con la asignación anual de emisiones para ese Estado miembro, según lo establecido en el apartado 3 del presente artículo para ese año, y termine en 2030 en el límite fijado para ese Estado miembro en la columna 2 del anexo I del presente Reglamento;

b)

no superen, en los años 2023 a 2030 , el límite definido por una trayectoria lineal que comience con la media de sus emisiones de gases de efecto invernadero durante los años 2016, 2017 y 2018, según lo establecido en el apartado 3 del presente artículo para ese año, y termine en 2030 en el límite fijado para ese Estado miembro en la columna 2 del anexo I del presente Reglamento. La trayectoria lineal de un Estado miembro comenzará a cinco doceavas partes del tiempo que dista entre 2019 y 2020, o en 2020 si esta fecha supone una asignación menor para dicho Estado miembro;

c)

no superen, en los años 2026 a 2030, el límite definido por una trayectoria lineal que comience en 2024 con la media de sus emisiones de gases de efecto invernadero durante los años 2021, 2022 y 2023, presentadas por el Estado miembro de conformidad con el artículo 26 del Reglamento (UE) 2018/1999, y termine en 2030 en el límite fijado para ese Estado miembro en la columna 2 del anexo I del presente Reglamento.

3 bis)

3 ter)

3 quater)

3 quinquies)

a )

con respecto al año 2021, acumular ese excedente de su asignación anual de emisiones para los años siguientes hasta 2030 ; y

« a )

con respecto al año 2021, acumular el excedente de su asignación anual de emisiones hasta alcanzar un 5 % de esa asignación anual de emisiones para los años siguientes hasta 2025 ; y»

3 sexies)

b)

con respecto a los años 2022 a  2029 , acumular ese excedente de su asignación anual de emisiones hasta alcanzar un 30  % de su asignación anual de emisiones hasta ese año para los años siguientes hasta 2030 .

3 septies)

3 octies)

3 nonies)

3 decies)

5 bis)

–a)

–a ter)

a)

las actuaciones adicionales que el Estado miembro vaya a realizar para cumplir sus obligaciones específicas contempladas en el artículo 4 del presente Reglamento, mediante políticas y medidas internas, así como la ejecución de la actuación de la Unión;

a)

las actuaciones adicionales que el Estado miembro vaya a realizar para cumplir sus obligaciones específicas contempladas en el artículo 4 del presente Reglamento, mediante políticas y medidas internas, así como la ejecución de la actuación de la Unión;

b)

un calendario estricto para la aplicación de dichas actuaciones, que permita evaluar los avances anuales de la ejecución.

b)

un calendario estricto para la aplicación de dichas actuaciones, que permita evaluar los avances anuales de la ejecución; en los casos en los que un Estado miembro haya establecido un órgano nacional consultivo en materia de clima, procurará el asesoramiento de esta entidad para determinar las acciones necesarias;

b bis)

una declaración de la cantidad de reducciones adicionales de emisiones que el Estado miembro calcula que se alcanzarán mediante dichas políticas y el método utilizado para calcular esas reducciones adicionales de emisiones;

b ter)

cómo reforzará el plan de medidas correctoras el plan nacional integrado de energía y clima del Estado miembro adoptado en virtud del Reglamento (UE) 2018/1999.

7)

a)

todo mecanismo de flexibilidad utilizado en virtud de los artículos 11 a 13 ter del Reglamento (UE) 2018/841;

b)

las cantidades tenidas en cuenta a efectos del cumplimiento con arreglo al artículo 7 del presente Reglamento.

a)

las emisiones de gases de efecto invernadero del Estado miembro exceden sus asignaciones anuales de emisiones en el período de 2026 a 2030;

b)

el Estado miembro ha agotado los mecanismos de flexibilidad previstos en el artículo 5, apartados 2 y 3;

c)

el Estado miembro ha hecho el máximo uso posible de las absorciones netas con arreglo al artículo 7, aun cuando la cantidad no alcance el nivel fijado en el anexo III; y

d)

el Estado miembro no ha efectuado transferencias netas a otros Estados miembros con arreglo al artículo 5.

7 bis)

7 ter)

a)

la adecuación de los objetivos nacionales actuales en el marco del anexo I del presente Reglamento en relación con su contribución al logro del objetivo de la neutralidad climática para 2050 a más tardar en el marco del Reglamento (UE) 2021/1119 de una manera rentable y justa;

b)

una trayectoria de reducción para cada Estado miembro de las emisiones de gases de efecto invernadero reguladas por el presente Reglamento que sea compatible con el objetivo de lograr la neutralidad climática para cada Estado miembro de aquí a 2050 a más tardar.

7 quater)

a)

que incumplan las obligaciones legales que se deriven de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente Reglamento; o

b)

que estén sujetos a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2018/1999.

a)

tengan un interés suficiente; o

b)

aleguen el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo.

7 quinquies)