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Document 52022AE5991

    Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estado de la Unión de la Energía 2022 [de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima]» [COM(2022) 547 final]

    EESC 2022/05991

    DO C 184 de 25.5.2023, p. 88–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.5.2023   

    ES

    Diario Oficial de la Unión Europea

    C 184/88


    Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estado de la Unión de la Energía 2022 [de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima]»

    [COM(2022) 547 final]

    (2023/C 184/16)

    Ponentes: Marcin NOWACKI, Angelo PAGLIARA, Lutz RIBBE

    Consulta

    Comisión Europea, 25.11.2022

    Base jurídica

    Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

    Sección competente

    Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

    Aprobado en sección

    7.3.2023

    Aprobado en el pleno

    22.3.2023

    Pleno n.o

    577

    Resultado de la votación

    (a favor/en contra/abstenciones)

    208/4/7

    1.   Conclusiones y recomendaciones

    1.1.

    Con su informe de 2022 sobre el estado de la Unión de la Energía, la Comisión Europea presenta una reflexión muy optimista en relación con las medidas adoptadas y los objetivos fijados en los últimos meses.

    1.2.

    La lectura del informe deja claro que muchos de los objetivos que antes de la guerra contra Ucrania se percibían como demasiado ambiciosos, ahora se presentan como respuestas realistas a la crisis energética. Surge la duda de qué impidió a la Unión en su conjunto actuar de forma más directa con respecto a la protección del clima, la seguridad del suministro, la autonomía energética y la resiliencia del sistema europeo de energía antes del 24 de febrero de 2022.

    1.3.

    Si bien resulta instructivo conocer los diversos hechos y cifras que se presentan en la Comunicación, la Unión de la Energía implica mucho más que objetivos definidos matemática o estadísticamente para el despliegue de las energías renovables, el ahorro de energía o la reducción de emisiones. El CESE señala que la Unión de la Energía es ante todo un proyecto político con los siguientes objetivos políticos, definidos con precisión y descritos como aspiraciones (1):

    (1)

    una Unión de la Energía basada en la solidaridad y la confianza entre Estados miembros que hablan con una sola voz en asuntos de alcance mundial;

    (2)

    un sistema energético integrado en el que la energía fluya libremente a través de las fronteras, basado en la competencia, una regulación eficaz y un uso óptimo de los recursos;

    (3)

    una economía sostenible, hipocarbónica y respetuosa con el clima, diseñada para durar;

    (4)

    unas empresas europeas sólidas, innovadoras y competitivas que desarrollen la tecnología y los productos necesarios para que la eficiencia energética y la baja emisión de carbono permitan reducir las facturas, participar activamente en el mercado y proteger a los clientes vulnerables;

    (5)

    consolidar las competencias de la mano de obra europea que resultan necesarias para construir y gestionar la economía energética de Europa;

    (6)

    generar entre los inversores una confianza basada en señales de precios que comuniquen las necesidades a largo plazo y los objetivos políticos, lo que presupone, entre otras cosas, la supresión gradual de las subvenciones a las energías fósiles; y

    (7)

    situar a los ciudadanos —quienes hacen suya la transición del sistema energético, se benefician de las nuevas tecnologías para reducir su factura energética y participan activamente en el mercado, donde se protege a los consumidores vulnerables— en el centro de la Unión de la Energía.

    El informe ofrece una descripción de las medidas adoptadas o previstas hasta ahora para hacer realidad estas aspiraciones. No obstante, el CESE lamenta que la exposición que se hace en el informe no se refiera a las aspiraciones, sino más bien a las cinco dimensiones —que se refuerzan mutuamente y están estrechamente interrelacionadas— concebidas para aportar un mayor grado de seguridad energética, sostenibilidad y competitividad. Este doble conjunto de objetivos o aspiraciones, por un lado, y dimensiones, por otro, dificulta enormemente el seguimiento de la puesta en práctica de las aspiraciones, también porque, por ejemplo, las cuestiones de la ciudadanía en el centro de la Unión de la Energía o de la necesidad de reciclaje y perfeccionamiento profesional de la mano de obra aparecen en varias de las dimensiones. El CESE lamenta que esto dificulte en gran medida el seguimiento de los progresos realizados en la aplicación de los objetivos de la Estrategia de la Unión de la Energía.

    1.4.

    La Comunicación hace referencia acertadamente al plan REPowerEU, que ha contado con el apoyo del CESE y que ha reactivado y reforzado los instrumentos del Pacto Verde y el paquete de medidas «Objetivo 55», centrándose en la diversificación, el ahorro, la seguridad del suministro y la aceleración del desarrollo de las fuentes de energía renovables. No obstante, las actuales crisis climática y energética y la falta de seguridad, estabilidad y previsibilidad del suministro y los precios están ejerciendo una enorme presión sobre la Unión Europea. La crisis sería menos grave si se hubieran tomado medidas más específicas antes y, por ejemplo, si los propios objetivos de la UE (como los de la Unión Europea de la Energía) se hubieran tomado más en serio.

    1.5.

    Según el informe de 2022 sobre el estado de la Unión de la Energía, se estima que deben invertirse 300 000 millones EUR de fondos públicos en las diferentes líneas de acción destinadas a lograr la plena independencia de los combustibles fósiles rusos de aquí a 2030, lo que tendrá un impacto significativo en el presupuesto total de la UE. Además, será necesaria una mayor inversión privada, incluida la inversión por parte de la ciudadanía europea. El CESE considera que el dinero debe gastarse de manera que contribuya a alcanzar los objetivos mencionados de la Unión de la Energía. Además, el gasto no debería dar lugar a una reducción de los recursos destinados a la transición justa, a la investigación y la innovación, o a las empresas y consumidores afectados por el incremento de los precios de la energía.

    1.6.

    El aumento inédito del precio de la energía, provocado por la invasión rusa de Ucrania, está teniendo enormes consecuencias sociales y económicas, también en el tejido industrial y productivo de los países. El CESE subraya la ausencia de una coordinación clara a escala europea durante la crisis energética y, como parte de la respuesta, pide la creación de un instrumento basado en el modelo SURE, con el fin de apoyar a los trabajadores y a las empresas en dificultades.

    1.7.

    Los acontecimientos recientes han aumentado el riesgo potencial de ciberataques y actos de sabotaje contra infraestructuras críticas como la red energética y las centrales eléctricas. Por este motivo, el CESE recomienda diseñar y adoptar una estrategia global para proteger a la Unión frente a este tipo de amenazas.

    1.8.

    El principal objetivo estratégico de los países de la Unión a medio plazo —en especial, a la luz de lo ocurrido con la guerra en Ucrania y teniendo en cuenta también un posible agravamiento de la situación internacional— debe seguir siendo el de la autonomía energética. Entendemos por «autonomía energética estratégica» un concepto político que ayudará a configurar el futuro mercado de la energía de la UE, en el que las decisiones autónomas adoptadas por la UE garantizarán la independencia energética frente a proveedores poco fiables. El CESE lamenta que este tema no se tenga debidamente en cuenta en el informe y permanezca en la sombra, y que la atención se centre únicamente en la independencia con respecto a las importaciones energéticas de Rusia.

    1.9.

    Con el fin de alcanzar los objetivos de autonomía estratégica de la UE, el CESE pide al Consejo y a la Comisión que desarrollen instrumentos adecuados, también mediante la creación de un Fondo para la Soberanía Europea, a fin de impulsar la inversión en tecnologías e infraestructuras energéticas nacionales limpias. Al mismo tiempo, es fundamental animar a los Estados miembros a utilizar los fondos de manera óptima y eficiente para el desarrollo de energías limpias. Esta estrategia también debe incluir orientaciones sobre cómo incitar a las empresas, las instituciones comunitarias, la ciudadanía y las comunidades de energía a invertir más. Los instrumentos y recursos que se ofrecen en la actualidad se antojan insuficientes para los grandes retos que requieren atención. El CESE pide a la Comisión que muestre especial cuidado en relación con el impacto de los nuevos recursos y suministros en el medio ambiente, y con las nuevas dependencias con respecto a terceros países.

    1.10.

    A la hora de desarrollar la autonomía energética, el CESE propone seguir un enfoque ascendente, porque este facilita la consecución de los objetivos que se mencionan en el punto 1.3.

    1.11.

    El Pacto Verde aún no va acompañado de las políticas sociales equivalentes para hacer de esta una transición justa. Dado que los procesos de transición afectarán en gran medida al empleo y los sistemas industriales, el CESE lamenta que el informe no tenga debidamente en cuenta la importancia de las políticas globales de empleo, de competencias y sociales. Las inversiones en educación y en reciclaje y perfeccionamiento profesionales han de entenderse como una responsabilidad socioeconómica.

    2.   Observaciones generales

    2.1.

    La respuesta ideal a la perturbación de los suministros provocada por la agresión rusa contra Ucrania y la respuesta más acorde con los objetivos estratégicos de la Unión de la Energía sería un sistema energético basado al 100 % en energías limpias nacionales. Somos conscientes de que no hay consenso sobre si resulta viable cumplir este objetivo. Pero en el escenario previsto, un sistema energético como este aportaría como beneficio central una autonomía absoluta y una elevada resiliencia. Una vez refinanciados los gastos de capital para inversiones en instalaciones de energías renovables, tecnologías inteligentes, transporte limpio y eficiencia energética, ofrecería la energía más asequible al consumidor final, al tiempo que se reforzarían las economías locales y regionales y se crearían más puestos de trabajo que con el sistema antiguo. Todos esos beneficios se describen con claridad en los respectivos considerandos del paquete de medidas sobre energía limpia. Si bien teóricamente la energía renovable tiene potencial para garantizar la autonomía energética en términos operativos, aún debe garantizarse que todo el ecosistema, incluidos los materiales para las propias instalaciones renovables, permita la producción local. No obstante, el informe sobre el estado de la Unión de la Energía muestra que el sistema energético europeo aún dista mucho de alcanzar este objetivo.

    2.2.

    Así pues, esta situación requiere una diferenciación: si no se puede alcanzar la autonomía absoluta, la Unión necesitará autonomía estratégica. La autonomía estratégica implicaría definir hasta qué punto las importaciones de energía seguirán siendo inevitables en el futuro y qué supone esto para la vulnerabilidad o la resiliencia del sistema energético europeo. Sin embargo, el Estado de la Unión de la Energía no aporta ninguna respuesta en este sentido, ni ningún otro informe estratégico de la Comisión proporciona este tipo de indicaciones.

    2.3.

    Para responder a la pregunta mencionada en el punto 2.2, es necesario calcular la contribución de las energías renovables, incluidos el almacenamiento eléctrico y la gestión de la demanda, así como otras opciones de flexibilidad, para cubrir la demanda en los sectores de la electricidad, la calefacción y el transporte (crédito de capacidad). El crédito de capacidad es la fracción de la capacidad instalada de una central eléctrica con la que se puede contar en un momento dado. Las energías renovables son energías distribuidas, por lo que es perfectamente lógico comenzar esta evaluación en el lugar donde se generan. Siguiendo este enfoque, el primer crédito de capacidad tendría que evaluarse en el ámbito local (por ejemplo, en el distrito) expresando la contribución que pueden aportar los prosumidores, las comunidades de energías renovables y otros generadores de energía. Es en el ámbito local donde se debe poner en práctica uno de los objetivos o aspiraciones de la Unión de la Energía: situar a la ciudadanía en el centro del sistema energético. El siguiente ámbito sería el regional, donde los déficits (crédito de capacidad inferior al 100 %) y los superávits (crédito de capacidad superior al 100 %) podrían equilibrarse todo lo posible. Le seguirían el ámbito interregional, nacional y, finalmente, el europeo. Dado que las energías renovables conllevan unos costes sistémicos considerables para las infraestructuras energéticas, el objetivo principal es consumir localmente la energía procedente de fuentes renovables; de lo contrario, los costes deberán correr a cargo de los productores de energía.

    2.4.

    Este enfoque ascendente que se describe en el punto 2.3 es el que mejor se adapta a las características de las energías renovables y las opciones de flexibilidad con respecto a los productores de todos los tamaños, incluidas las grandes centrales energéticas y los pequeños productores, entre ellos los denominados prosumidores.

    2.5.

    En lo que respecta a la Unión de la Energía, el enfoque descrito en el punto 2.3 presenta tres ventajas esenciales.

    2.5.1

    En primer lugar, desde el punto de vista de la planificación de las inversiones, se debe tener previsto el volumen de las importaciones de energía a la UE necesarias en el presente y en el futuro. Solo entonces se podrán evitar las inversiones fallidas y, sobre todo, los efectos de un bloqueo. Por exponerlo en términos muy concretos: es imposible determinar correctamente la demanda real de GNL en 2025, 2030 y 2035 sin el análisis descrito. Cualquier decisión de compra, especialmente las que están asociadas a contratos a largo plazo, corre el riesgo de ser incorrecta si no se evalúan los créditos de capacidad en los ámbitos local, regional, interregional y europeo. Esto reviste especial importancia, ya que en la actualidad se necesitan contratos a largo plazo para asegurarse el GNL. El éxito de la Unión de la Energía depende de este análisis, pero este no existe.

    2.5.2

    La segunda ventaja de analizar los créditos de capacidad de las energías renovables, incluidas las opciones de flexibilidad, en los ámbitos local, regional, interregional y europeo es que ayudaría a implantar un sistema de planificación de infraestructuras energéticas prospectivo que abarcase la red eléctrica, la red de gases hipocarbónicos y los sistemas de calefacción urbana. En este caso, es de suma importancia manifestar que la infraestructura de gas de Europa debe estar preparada para el H2. Sin embargo, no existe en la actualidad ningún criterio fiable de preparación para el H2. El CESE pide a la Comisión que empiece a desarrollar estas normas con vistas a presentar una propuesta lo antes posible.

    2.5.3

    Una tercera ventaja está estrechamente ligada a la que se menciona en el punto 1.10: es necesario replantearse la estabilidad del sistema. El futuro sistema de redes de transporte y distribución en Europa y en el ámbito de los Estados miembros de la Unión debe ser una matriz de conexiones estandarizadas, interconectadas y que abarque tanto las líneas de alta tensión de gestión centralizada como las cooperativas de energía basadas en líneas comercializadas de media y baja tensión. En el ámbito local, es esencial acelerar el despliegue y el desarrollo simplificado de la energía distribuida por medio de mecanismos jurídicos y organizativos que permitan el uso de las denominadas «líneas directas», el uso conjunto de cables y la cooperación con los productores de fuentes de energía renovables basada en los principios de los contratos de compra de electricidad renovable conjuntos y bien definidos.

    2.6.

    En la actualidad, los gestores de redes de transporte en el ámbito nacional no están suficientemente interesados en desarrollar redes locales que aumenten la flexibilidad del sector eléctrico, ya que, desde su punto de vista, esto podría desestabilizar el sistema de suministro de energía eléctrica. No se anima a los gestores de redes de distribución a invertir en redes locales porque el actual entorno normativo y político carece de orientaciones claras. El Reglamento sobre las tarifas de red solo incentiva el transporte y la distribución de electricidad. No se ofrecen incentivos para los conceptos relacionados con la gestión inteligente de la electricidad. El CESE está convencido de que el desarrollo de cooperativas energéticas y del modelo de generación de energía para el autoconsumo permite reforzar la seguridad energética en el ámbito local y reducir la carga para la red eléctrica. El consumo local de energías renovables volátiles reduce la presión sobre la red, por lo que el consumo local debería ser la opción preferida siempre que los recursos y los costes sean eficientes. Los prosumidores y las comunidades energéticas (con la participación de distribuidores de energía, gobiernos locales, empresarios y ciudadanos) pueden equilibrar los recursos disponibles y la demanda de electricidad en sus hogares, en las empresas y en los edificios públicos, especialmente con el desarrollo de tecnologías digitales y de almacenamiento de energía. El CESE señala el riesgo de que los distribuidores de electricidad se encuentren en un conflicto de intereses a este respecto y pide a las autoridades de vigilancia competentes que estudien medidas para evitar los efectos negativos de la integración vertical.

    2.7.

    Frente a la mala práctica que se describe en el punto 2.6, resulta aún más importante seguir el enfoque descrito en el punto 2.3 para materializar las tres ventajas que se explican en los puntos 2.5.1, 2.5.2 y 2.5.3. Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que elabore una propuesta sobre cómo incorporar este enfoque a su política de la Unión de la Energía. Lograr la perspectiva estratégica de independencia energética, exenta ya de las necesarias intervenciones de emergencia del último año, requerirá un seguimiento y desarrollo constantes de los siguientes aspectos:

    el equilibrio de los recursos existentes (petróleo, gas, fuentes de energía renovables y nucleares, etc.);

    el equilibrio de los recursos potenciales (exploración, extracción de recursos convencionales, desarrollo de tecnologías innovadoras, etc.);

    el programa y la jerarquía de desarrollo óptimo de las distintas fuentes de energía en Europa; el sistema de financiación del programa de independencia energética.

    Esto también requiere una evaluación de qué instalaciones existentes, aún en funcionamiento, deben mantenerse y qué fuentes antiguas, incluidas las capacidades convencionales, deben sustituirse en un proceso complementario y sin contratiempos. También debe realizarse un análisis de los beneficios y los costes de las tecnologías de reformado del metano con vapor (SMR, por sus siglas en inglés) y las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CAC) o captura y utilización de carbono.

    2.8.

    A este respecto, el CESE reitera que el proceso de acelerar los permisos para proyectos de energías renovables es fundamental. Esta es una cuestión importante y relativamente fácil de cumplir en lo referente al proceso. El nivel de burocracia ralentiza claramente algunos proyectos, sobre todo los que implican grandes capacidades de generación. Vemos y valoramos de forma positiva los esfuerzos de la Comisión en este ámbito, pero los cambios se deben aplicar de una vez.

    2.9.

    Mientras lleva a término la tarea que se establece en el punto 2.5.3, la Comisión también debería considerar el vínculo estratégico entre la estrategia energética europea y la necesidad de un sistema industrial europeo fuerte, sostenible e innovador, que hasta ahora no se ha tenido en cuenta en los informes sobre el estado de la Unión de la Energía. En su Dictamen sobre el tema «Estado de la Unión de la Energía 2021» (TEN/767), el CESE recomendaba que la gobernanza y la gestión de la Unión de la Energía reflexionaran con mayor detenimiento sobre las sinergias con la nueva estrategia industrial de la UE. El CESE pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta, a partir del próximo informe, la importancia de este vínculo estratégico y garantice una coordinación más eficaz con el informe sobre prospectiva estratégica.

    2.10.

    Del mismo modo, el papel primordial y activo de la ciudadanía, que debería ser el elemento central de las políticas, no está recogido debidamente en el documento ni en los anexos. El CESE cree firmemente que los ciudadanos deben estar en el centro de la Unión de la Energía, a fin de integrarlos en el mercado y convertirlos en verdaderos «prosumidores». El concepto de prosumo debe ampliarse para incluir el uso compartido de energía, el autoconsumo virtual y otros casos de prosumo que utilizan la red pública. Para este fin, el CESE pide a los responsables de políticas que fomenten y promuevan todas las medidas necesarias para que los usuarios puedan convertirse en prosumidores de energía.

    2.11.

    Los Estados miembros están obligados a presentar sus planes nacionales integrados de energía y clima antes de junio de 2023. Para ello, los Estados miembros deben recibir un mensaje claro con una hoja de ruta que les permita planificar adecuadamente su itinerario en la transición energética, tal y como se describe en el punto 2.3 y teniendo en cuenta las recomendaciones que se formulan en los puntos 2.7, 2.8 y 2.9.

    2.12.

    Las actividades previstas para desarrollar un nuevo diseño de mercado deben estar enmarcadas en el contexto de los aspectos antes mencionados. El CESE coincide en la necesidad de que se adopten medidas para optimizar y mejorar el diseño del mercado de la electricidad de la Unión, habida cuenta también de la evolución futura del panorama energético, descrita en el punto 2.3, las nuevas tecnologías emergentes, los acontecimientos geopolíticos y las lecciones aprendidas a raíz de la crisis actual. El CESE toma nota con satisfacción de la intención de la Comisión de revisar el marco RITME para paliar los riesgos de abuso del mercado y pide a esta que adopte todas las medidas necesarias para preservar el funcionamiento del mercado y evitar los efectos distorsionadores en la fijación de precios y la especulación. El mercado europeo de la energía no debería funcionar como los mercados financieros. Nuestro mercado interior de la energía tiene que ofrecer una representación realista de la situación en el sistema energético en Europa. El CESE llama la atención sobre el reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que señala la insuficiencia de los recursos de la ACER para supervisar el mercado con el fin de evitar abusos, y pide a la Comisión que vele por que esta Agencia pueda desempeñar sus funciones a este respecto.

    2.13.

    El CESE expresa su preocupación por la reducción de las subvenciones a las energías renovables observada en 2021, mientras que las subvenciones a los combustibles fósiles se mantienen estables. Tras la crisis, se necesitan medidas decisivas que pongan fin a la «competencia por las subvenciones» entre las energías renovables y las energías fósiles. En su informe, la Comisión no da ningún tipo de indicación en este sentido.

    2.14.

    El CESE señala que el informe de 2022 sobre el estado de la Unión de la Energía no presta la debida atención a la cuestión de los costes y las consecuencias relacionados con el pilar de la estrategia europea para reducir la demanda de energía. Por consiguiente, el CESE recomienda a la Comisión que continúe explorando de qué forma podría afectar esta reducción a los distintos contextos regionales, y que esboce las herramientas necesarias para paliar sus efectos.

    2.15.

    Las políticas climáticas tendrán un fuerte impacto en los trabajadores y las empresas y exigirán una enorme formación, reciclaje y perfeccionamiento profesionales. Esta transición debe servir como una oportunidad para crear empleo de calidad con buenas condiciones laborales en todos los sectores y regiones. En el informe no se tiene suficientemente en cuenta la transición justa. El CESE insta a la Comisión a reforzar el mecanismo de transición justa, dedicando especial atención a los efectos para los trabajadores, los puestos de trabajo y el sistema industrial. Del mismo modo, la participación de los interlocutores sociales en el desarrollo de políticas de sostenibilidad, seguridad y solidaridad debe ser continua y tener un carácter estructural. La «transición justa» no es solo una cuestión de financiar la transición. También incluye el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores, crear empleo digno, puestos de trabajo de calidad y seguridad social, así como mantener y seguir aumentando la competitividad de las empresas europeas, y requiere medidas específicas a todos los niveles, especialmente a escala regional.

    Bruselas, 22 de marzo de 2023.

    La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  Véase COM(2015) 80 final «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva».


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