COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 30.9.2020
SWD(2020) 323 final
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN
Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Eslovenia
que acompaña al documento
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Informe sobre el Estado de Derecho en 2020
Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea
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Resumen
El sistema de justicia esloveno se caracteriza por el importante papel que desempeñan el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo en el nombramiento, la carrera y la gobernanza del poder judicial, y por contar con herramientas informáticas avanzadas para la gestión de asuntos. La asignación de recursos adecuados al Consejo de la Magistratura y al Consejo del Ministerio Fiscal es una condición importante para el funcionamiento independiente y eficaz de estos órganos de autogobierno. La inminente decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley de investigaciones parlamentarias puede servir de orientación para proteger la independencia y la autonomía de jueces y fiscales. Si bien la Fiscalía ha aumentado su eficiencia, persisten las dificultades para enjuiciar de forma eficaz los delitos económicos y financieros. Aunque los retrasos han seguido disminuyendo y no suponen un problema sistémico, la duración de los procedimientos judiciales en los asuntos de blanqueo de capitales sigue representando un reto.
En líneas generales, Eslovenia cuenta con el marco jurídico e institucional necesario para prevenir la corrupción y combatirla. Las políticas generales en materia de acceso a la información pública, consulta pública y transparencia del proceso legislativo se cumplen de forma adecuada en la práctica. Eslovenia cuenta, además, con un organismo especializado de lucha contra la corrupción, autónomo e independiente, la Comisión para la Prevención de la Corrupción, que supervisa la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad en el ejercicio de cargos públicos. Suscita preocupación que sus recursos humanos y financieros sean limitados. Asimismo, sigue preocupando su capacidad y las diferencias entre la legislación y la práctica, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la Ley de integridad y prevención de la corrupción, la principal ley en materia de lucha contra la corrupción de Eslovenia.
Si bien la independencia del organismo regulador de los medios de comunicación, la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación, está garantizada por ley, teniendo en cuenta sus competencias, funciona con escasos recursos, lo que afecta a su eficacia. El sistema actual de declaración de la propiedad de los medios de comunicación hace pública determinada información y, por lo tanto, garantiza la transparencia en materia de propiedad de forma parcial, pero no incluye a los propietarios últimos. La falta de normas específicas sobre medios de comunicación destinadas a prevenir conflictos de intereses en el sector afecta negativamente al pluralismo de los medios de comunicación en Eslovenia, tanto a escala nacional como regional. El acceso a la información pública puede ser un proceso prolongado para el público general y para los periodistas. Además de las demandas con un efecto intimidatorio, son motivo de preocupación el hostigamiento y las amenazas en línea contra periodistas, así como la falta de respuesta del sistema de justicia penal.
El sistema de contrapoderes institucionales se facilita, entre otros recursos, a través de herramientas en línea bien desarrolladas para la consulta del público y de otras partes interesadas, con la ayuda de un Defensor de los Derechos Humanos y un Defensor del Principio de Igualdad independiente. No obstante, el período de consulta suele ser breve y no siempre se tiene en cuenta la posición de los organismos independientes. El Tribunal Constitucional puede realizar un control constitucional ex post. Sin embargo, debido al aumento de los recursos de inconstitucionalidad presentados y a los crecientes retrasos, los procedimientos ante el Tribunal Constitucional se están dilatando cada vez más, lo que podría afectar a la eficacia de su funcionamiento. Se ha presentado una estrategia nacional destinada a mejorar el apoyo a las organizaciones no gubernamentales para 2023.
I.Sistema judicial
El sistema de justicia esloveno consta de tres niveles, con tribunales comarcales y territoriales (que se ocupan de asuntos civiles y mercantiles) y Tribunales de lo Laboral (uno de ellos se ocupa también de los asuntos de seguridad social) y un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo (con estatuto de tribunal superior) en primera instancia (sesenta órganos jurisdiccionales en total), cuatro Tribunales Superiores de segunda instancia (que se encargan de los recursos de casación contra las resoluciones de los tribunales de primera instancia) y un Tribunal Supremo de tercera instancia (que se ocupa de los recursos de casación contra determinadas sentencias de los Tribunales Superiores y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo). La Constitución prevé un Consejo de la Magistratura, un organismo sui generis fuera de los tres poderes del Estado, que está encargado de proteger la independencia, así como de promover y garantizar la rendición de cuentas, la eficiencia y la calidad del trabajo del poder judicial
. Los jueces candidatos son seleccionados por el Consejo de la Magistratura y posteriormente propuestos para ser nombrados por la Asamblea Nacional (Državni zbor, la primera Cámara del Parlamento)
. Si el Consejo de la Magistratura selecciona a un candidato que ya ha sido elegido para desempeñar un cargo judicial, el mismo Consejo puede ascenderle al nuevo cargo judicial. La Fiscalía es una autoridad independiente, pero forma también parte del poder ejecutivo, mientras que las principales competencias sobre la carrera de los fiscales del Estado y su funcionamiento recaen en el Consejo del Ministerio Fiscal y el Fiscal General. El Consejo del Ministerio Fiscal es un órgano estatal independiente que realiza las tareas de autogobierno del Ministerio Fiscal y desempeña un papel a la hora de garantizar la uniformidad del enjuiciamiento de delitos y salvaguardar la independencia de los fiscales del Estado. El Colegio de Abogados de Eslovenia forma parte del poder judicial y es un organismo autónomo e independiente.
Independencia
A principios de 2019, el Comité de Investigación Parlamentaria inició una investigación que preveía analizar las actuaciones de fiscales y jueces en asuntos penales concretos. No obstante, el Tribunal Constitucional suspendió posteriormente la aplicación de la Ley de investigaciones parlamentarias debido al riesgo que suponía para la independencia de jueces y fiscales una investigación parlamentaria sobre asuntos concretos de esas características. El Comité de Investigación fue establecido por la Asamblea Nacional a petición del Consejo Nacional (Državni svet, la segunda Cámara del Parlamento)
. El Tribunal Constitucional, al que el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Fiscal remitieron el asunto, suspendió la aplicación de la Ley de investigaciones parlamentarias tanto a jueces como a fiscales del Estado, a la espera del control de constitucionalidad de la ley
. Asimismo, el Tribunal Constitucional suspendió la aplicación de la Ley del Parlamento por la que se establece el Comité de Investigación. El Consejo de la Magistratura señaló que el ámbito de aplicación de la investigación parlamentaria definido en la Ley del Parlamento que la establece no abarcaría el funcionamiento del poder judicial en su conjunto, sino que se centraría en sentencias firmes específicas y jueces concretos. El Tribunal Constitucional, en su decisión sobre las medidas provisionales, destacó la falta de mecanismos adecuados en la Ley para proteger a los jueces y fiscales del Estado de ser objeto de investigaciones parlamentarias sobre su «responsabilidad política». Asimismo, señaló que existía el riesgo de que la investigación parlamentaria vulnerara la independencia de los jueces y fiscales, lo que «podría tener consecuencias irreparables» tanto para la independencia del poder judicial como para la independencia y autonomía de la Fiscalía. El Tribunal Constitucional todavía no ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.
El nivel de independencia judicial percibida ha mejorado continuamente en los últimos años, pero sigue estando por debajo de la media. El nivel de independencia judicial percibida entre los ciudadanos es medio (42 % lo considera bastante bueno o muy bueno), y entre las empresas sigue siendo bajo (36 %), aunque ha continuado aumentado en ambas encuestas, lo que muestra una tendencia positiva
. El principal motivo de la percepción de falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces que señalan las empresa es la percepción de injerencia o presión por parte del Gobierno y los políticos, seguida de cerca por la percepción de injerencia o presión de intereses económicos o de otro tipo, que en ambos casos se mantienen entre las más altas de la UE en términos comparativos
. El Tribunal Supremo encargó un estudio sobre las razones del bajo nivel de independencia de jueces y tribunales percibida y la escasa confianza en el sistema de justicia, que podría ayudar a identificar vías de mejora. Entre las razones de la escasa confianza en el sistema de justicia que se ha identificado a través de encuestas específicas y seminarios con las partes interesadas en los que participaron usuarios y personal de los órganos jurisdiccionales, profesionales del Derecho y el público en general, figuran la falta de conocimiento e información sobre el sistema de justicia, cuestiones organizativas y de comunicación, así como problemas para orientarse en los edificios de los órganos jurisdiccionales. Estos hallazgos dieron lugar a la adopción de una serie de medidas por parte del Tribunal Supremo y otros organismos, que van desde la formación hasta mejores herramientas de información que los usuarios de los órganos jurisdiccionales pueden utilizar una vez que llegan a los tribunales, destinadas a mejorar la confianza en el poder judicial y el nivel de independencia judicial percibida
.
Calidad
La digitalización del sistema de justicia para la gestión de asuntos está muy avanzada y se continúa trabajando para mejorar la comunicación electrónica entre los órganos jurisdiccionales y las partes. Las tecnologías de la información y la comunicación para la gestión de asuntos son avanzadas
. Los datos provenientes de todos los sistemas de gestión judicial están normalizados, integrados (utilizando herramientas de almacenamiento de datos) y centralizados, y se utilizan con fines estadísticos y de gestión. El Tribunal Supremo define, coordina y rige las políticas y estrategias informáticas. No obstante, la comunicación electrónica entre los órganos jurisdiccionales y las partes sigue estando menos avanzada. Por ejemplo, no siempre es posible presentar un asunto o recibir citaciones de forma electrónica ni realizar un seguimiento en línea de las etapas del proceso
. La comunicación electrónica ya está avanzada en determinados ámbitos, como la insolvencia, el registro de la propiedad y el cobro de deudas no impugnadas, que gestiona una unidad organizativa especial del Tribunal Comarcal de Liubliana (COVL), en la que los expedientes solo están en formato electrónico. Desde 2019, la mejora de las herramientas de comunicación electrónica en otros ámbitos, en particular en los procedimientos civiles, penales y por delitos menos graves, ha sido una prioridad para el Tribunal Supremo. Se ha puesto en marcha un proyecto para desarrollar archivos y presentaciones electrónicos, posibilitar la entrega digital de documentos judiciales y el pago en línea de las tasas judiciales, y crear otras herramientas digitales
.
Los resultados de las encuestas del Tribunal Supremo a los usuarios de los órganos jurisdiccionales se utilizan para continuar mejorando la calidad de la justicia. El Tribunal Supremo encargó un estudio (véase supra) que incluyó la realización de encuestas a los usuarios de los órganos jurisdiccionales y a otras partes interesadas. Con el objeto de mejorar la calidad de la actividad judicial y la confianza en la justicia, el Tribunal Supremo creó un grupo de trabajo especial. Este grupo organizó, entre otras iniciativas, encuestas a los jueces y al personal judicial, seminarios con agentes clave, entrevistas y observaciones internas. Sobre la base de esta información, el Tribunal Supremo elaboró manuales para los nuevos jueces, manuales de procedimiento en diversos ámbitos jurídicos, cursos de formación para el personal judicial y material informativo para el público, como folletos, vídeos y un sitio web, por ejemplo, sobre los procedimientos judiciales
. El proyecto fue galardonado a escala internacional
.
El Tribunal Supremo desempeña un papel importante en la asignación de recursos a los órganos jurisdiccionales. Las avanzadas herramientas informáticas de gestión de asuntos permiten llevar a cabo un seguimiento de los datos detallados de órganos jurisdiccionales específicos. Esto permite a los presidentes y al personal administrativo de los órganos jurisdiccionales, así como al Tribunal Supremo asignar recursos humanos y financieros sobre la base de datos comparativos relativos a la eficiencia de los tribunales
. Cada año, los presidentes de tribunales presentan sus propuestas de recursos al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo analiza a continuación los datos relativos a la eficiencia, compara la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional y presenta el análisis a los presidentes de los tribunales en el debate sobre los recursos. Posteriormente, se llega a un compromiso sobre la asignación de recursos, teniendo en cuenta los datos comparativos de los órganos jurisdiccionales.
Aunque se han introducido algunas mejoras, el Consejo de la Magistratura y el Consejo del Ministerio Fiscal presentan escasez de recursos. El Consejo de la Magistratura ha intensificado sus esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de la justicia, en particular, a través de la evaluación de jueces, los procedimientos disciplinarios y la mejora de la remuneración de los magistrados
. A pesar de que, en los últimos años, se le han asignado recursos adicionales todavía cuenta con un número relativamente bajo de empleados, teniendo en cuenta la amplia gama de competencias y el número de miembros no profesionales que lo integran
. De acuerdo con las partes interesadas, estos esfuerzos requieren recursos adicionales para aumentar su capacidad administrativa con el fin de mejorar, entre otras cosas, el proceso de selección de jueces, especialmente el razonamiento de las decisiones. El Consejo del Ministerio Fiscal sigue careciendo de recursos humanos y financieros
, lo que implica que no puede ocuparse de mejorar la calidad general del Ministerio Fiscal. La falta de personal dificulta, además, su papel en la mejora del proceso de selección de fiscales.
Se están llevando a cabo consultas para finalizar la reforma del mapa judicial. Durante las últimas décadas, el mapa judicial (que determina la localización y jurisdicción de los tribunales) osciló entre un solo tribunal y múltiples tribunales de primera instancia (comarcales y regionales). El sistema judicial cuenta actualmente con 55 tribunales de primera instancia, 44 tribunales comarcales que se ocupan de asuntos contenciosos y no contenciosos civiles de menos cuantía (financieros), y 11 tribunales regionales que se ocupan de asuntos civiles y mercantiles de elevada cuantía entre personas jurídicas. Hace tiempo que se ha establecido que la división entre los tribunales civiles y mercantiles de primera instancia influye en su eficiencia. Como solución parcial, las reformas de 2009 y 2015 sometieron a los tribunales comarcales a un control más estricto por parte de los tribunales regionales a fin de equilibrar el número de asuntos y reducir los conflictos de jurisdicción
. Los sistemas informáticos muy avanzados de gestión de casos y la experiencia del Tribunal Supremo en gestión de recursos permitirían crear tribunales más grandes en las zonas urbanas
. En 2019, el Ministerio de Justicia siguió llevando a cabo consultas con el poder judicial sobre el nuevo mapa judicial revisado, pero el Gobierno todavía no ha finalizado el proyecto legislativo.
La publicación de las sentencias de los tribunales de primera instancia sigue siendo limitada, especialmente en los asuntos civiles y mercantiles. Si bien la mayoría de las sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores se publican en línea, la publicación de sentencias de primera instancia sigue siendo escasa
. Asimismo, la legibilidad por máquina de las sentencias publicadas, que permitiría que se desarrollaran servicios y productos para los usuarios de los tribunales basados en soluciones de inteligencia artificial, es relativamente baja
. El proyecto para mejorar la accesibilidad en línea de las sentencias de los tribunales de primera instancia que dirige el Ministerio de Justicia se ha interrumpido debido a los retos relacionados con la anonimización automática de las sentencias. Se está explorando un nuevo método junto con una serie de investigadores.
Eficiencia
La mejora de la eficiencia del sistema de justicia ha dado lugar a una reducción de los retrasos, y la duración de los procedimientos judiciales se mantuvo estable en términos generales. A pesar de registrar uno de los números más elevados de asuntos civiles presentados de la UE, el sistema de justicia esloveno ha experimentado una mejora continua de la eficiencia en casi todas las categorías de asuntos
. En 2019, los retrasos disminuyeron más de un 7 % con respecto a 2018
. Los tribunales resolvieron nuevamente más asuntos de los que recibieron, a pesar de haber resuelto menos que el año anterior
. La duración media de los procedimientos ascendió a alrededor de trece meses en los asuntos contenciosos civiles y se mantuvo en once meses en los asuntos contenciosos mercantiles, ya que se priorizaron los asuntos más antiguos. No obstante, todavía se tarda más de doce meses en celebrar la primera audiencia en asuntos mercantiles. En la apelación, estos asuntos se resuelven rápidamente, generalmente en unos tres meses. Casi una cuarta parte de los asuntos contenciosos civiles y mercantiles se resolvieron mediante una transacción judicial. Sin embargo, todavía se tarda entre catorce y diecisiete meses en dictar una sentencia por escrito en ese tipo de asuntos.
Siguen observándose problemas de eficiencia, especialmente en los asuntos relacionados con delitos económicos y financieros. Los procedimientos judiciales, en particular en el caso del blanqueo de capitales, y las diligencias de investigación suelen ser prolongados. Los tribunales penales continuaron resolviendo más casos de los que recibieron (la tasa de resolución es de un 102 %). No obstante, mientras que en los tribunales comarcales, la duración de las causas penales se redujo a aproximadamente 9,5 meses, en los tribunales regionales aumentó (a más de 14 meses)
. En los casos de delitos de blanqueo de capitales más complejos, la duración de los juicios en los tribunales de primera instancia continuó aumentando y llegó a una media de 1 132 días
. En 2019, la Fiscalía del Estado resolvió más denuncias (notificaciones penales) de las que recibió ese año, y en la mayoría de los casos tardó entre uno y dos meses en rechazar una notificación, solicitar una investigación policial adicional o presentar una acusación ante un órgano jurisdiccional
. Sin embargo, la Fiscalía Especializada del Estado, que se ocupa de los delitos económicos y financieros, tardó en promedio unos cuatro meses en llevar a cabo estos trámites. En lo que respecta a los asuntos presentados por la Fiscalía del Estado a los tribunales de lo penal, el número ha ido reduciéndose constantemente
. A pesar de algunas mejoras, las investigaciones sobre delitos financieros y económicos por parte de la policía y los fiscales a veces pueden llevan varios años, en parte debido a la falta de recursos. Estos problemas de eficiencia y calidad se están abordando a través de cursos de formación específicos (por ejemplo, sobre la lucha contra el blanqueo de capitales), iniciativas de intercambio de buenas prácticas y análisis de la eficiencia de los fiscales mediante un sistema informático mejorado.
II.Marco de lucha contra la corrupción
El marco institucional y legislativo de prevención y lucha contra la corrupción está constituido por la Ley de integridad y prevención de la corrupción. Se han aprobado leyes que regulan los conflictos de intereses y la declaración del patrimonio de los miembros de la administración pública, los ministerios y el Parlamento, así como leyes que regulan las actividades de los grupos de presión y el paso del sector público al privado y viceversa («puertas giratorias»). El marco institucional de lucha contra la corrupción está integrado por un organismo estatal autónomo, la Comisión para la Prevención de la Corrupción, que colabora con otros organismos dedicados a la lucha contra la corrupción, la policía y la fiscalía especial.
Eslovenia tiene una puntuación de 60/100 en el índice de percepción de la corrupción 2020 de Transparencia Internacional y se sitúa en el 11.º puesto en la Unión Europea y el 35.º a escala mundial. Las cifras recientes del Eurobarómetro muestran que el 87 % de los encuestados considera que la corrupción es un fenómeno generalizado en Eslovenia (71 % de media en la UE) y el 36 % considera que la corrupción le afecta personalmente en su vida diaria (26 % de media en la UE)
. Según las encuestas, el 90 % de las empresas cree que la corrupción es un fenómeno generalizado (63 % de media en la UE) y el 41 % considera que la corrupción supone un problema a la hora de hacer negocios (37 % de media en la UE). El 23 % de las personas encuestadas considera que el número de procesamientos en casos de corrupción que culminan con éxito es suficiente para disuadir a otros de estas prácticas (36 % de media en la UE), mientras que el 10 % de las empresas considera que las personas y las empresas enjuiciadas por sobornar a altos funcionarios reciben penas adecuadas (31 % de media en la UE)
.
La Ley de integridad y prevención de la corrupción es el marco jurídico básico para reforzar la integridad en el sector público, que garantiza la transparencia y evita los conflictos de intereses. No obstante, la aprobación de modificaciones a la Ley de integridad y prevención de la corrupción para abordar las deficiencias del marco de lucha contra la corrupción se ha retrasado. Esta ley es el principal acto jurídico para combatir la corrupción en Eslovenia y regula además las responsabilidades de la Comisión para la Prevención de la Corrupción (CPC). Las modificaciones a la Ley de integridad y prevención de la corrupción para abordar algunas de las deficiencias importantes del marco existente, incluidas las que ha señalado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), fueron aprobadas por el Gobierno en enero de 2018 y su aprobación por el Parlamento estaba prevista en junio de 2020
. Sin embargo, se ha retrasado, dejando pendientes reformas fundamentales de lucha contra la corrupción. No se han observado avances importantes con respecto a las normas de conducta, los conflictos de intereses, la denuncia de irregularidades o las «puertas giratorias», asuntos que solo aborda en parte la Ley de integridad y prevención de la corrupción
.
La Comisión para la Prevención de la Corrupción (CPC) funciona en un marco jurídico sólido, pero con recursos limitados. La CPC es un organismo estatal autónomo cuya independencia está garantizada por el procedimiento de selección del personal directivo, con arreglo al cual una junta de selección especial integrada por miembros de cada uno de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil formula una recomendación de nombramiento al presidente. La CPC coopera regularmente con la policía y la fiscalía especial, pero conserva competencias de investigación administrativa y de supervisión. Además, supervisa las iniciativas de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la integridad en el ejercicio de cargos públicos. La CPC lleva a cabo investigaciones administrativas y goza de amplias facultades jurídicas para acceder a otras instituciones y organismos con funciones coercitivas y para darles instrucciones para que recaben pruebas. Es responsable de supervisar la aplicación de las disposiciones sobre conflictos de intereses, planes de integridad, declaraciones de patrimonio, donaciones y restricciones de la Ley de integridad y prevención de la corrupción. No obstante, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha señalado que la falta de recursos suficientes y las deficiencias de procedimiento parecen obstaculizar las acciones de la CPC
. Se espera, además, que las modificaciones a la Ley de integridad y prevención de la corrupción aborden cuestiones jurídicas relacionadas con el procedimiento sui generis de la CPC para tratar los casos de corrupción. Algunos de los casos tramitados mediante el procedimiento por el que la CPC lleva a cabo investigaciones administrativas y emite decisiones públicas se han recurrido ante los órganos jurisdiccionales al considerarse que no se habían garantizado debidamente los derechos de defensa de los sospechosos
.
Junto a la Comisión especializada para la Prevención de la Corrupción, varios organismos públicos participan en la prevención y el enjuiciamiento de la corrupción. La Fiscalía Especializada del Estado, la policía y otras autoridades estatales desempeñan funciones importantes en la lucha contra la corrupción. El Ministerio de Justicia es responsable de la mayor parte del marco jurídico de prevención y enjuiciamiento de la corrupción, incluida la Ley de integridad y prevención de la corrupción y el Código Penal. El Ministerio de la Administración Pública es competente para regular el estatuto, los derechos y las obligaciones de los funcionarios, y participa en el fomento de la integridad. El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano de supervisión de las cuentas del Estado, el presupuesto y el gasto público. Ejerce sus facultades de auditoría con plena independencia y estas no pueden ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales ni cuestionarse antes otros organismos del Estado. La Comisión de control de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos es un tribunal especializado independiente que proporciona protección jurídica a los licitadores. El Programa de Medidas Gubernamentales de Integridad y Transparencia 2017-2019 se centró en sensibilizar a los funcionarios públicos sobre la integridad y la transparencia y en aportar mecanismos de gestión y control de las finanzas públicas. Asimismo, tenía como objetivo aumentar la transparencia en la redacción de reglamentos y procedimientos de gestión
.
Se han adoptado normas de conducta. Las disposiciones pertinentes figuran en la Ley de la administración pública, la Ley sobre los funcionarios y la Ley de integridad y prevención de la corrupción. Si bien los ministros y secretarios de Estado están sujetos al Código Deontológico de los funcionarios gubernamentales y ministeriales de 2015, la Ley de integridad y prevención de la corrupción es el acto jurídico básico que rige los conflictos de intereses en el caso de los funcionarios públicos. La Ley regula los deberes de los funcionarios con respecto a los conflictos de intereses, las declaraciones de patrimonio y su supervisión, las restricciones a la realización de otras actividades y las prohibiciones relacionadas con las donaciones. Se aplica al primer ministro, los ministros, los secretarios de Estado, los miembros del gabinete y los secretarios generales del Gobierno. Ciertas disposiciones, como las relacionadas con la declaración de patrimonio y las restricciones post-empleo, también se aplican a los ex funcionarios
. El 12 de junio de 2020, la Asamblea Nacional adoptó un código de ética en el que se enumeran los principios éticos que deben observar los diputados y se establecen amonestaciones en caso de infracción. No obstante, se han destacado las carencias del Código de Conducta del Consejo Nacional con respecto a los conflictos de intereses, la supervisión y las sanciones
.
Se han adoptado disposiciones para prevenir y gestionar los conflictos de intereses. Las normas destinadas a evitar conflictos de intereses y sobre la declaración de patrimonio se definen en la Ley de integridad y prevención de la corrupción. Evitar conflictos de intereses es, en primer lugar, obligación de cada funcionario público, que debe informar inmediatamente por escrito a sus superiores o a la Comisión para la Prevención de la Corrupción (CPC) si surge un conflicto. Las normas adicionales sobre la incompatibilidad de funciones y la restricción de realizar actividades comerciales también están destinadas a prevenir conflictos de intereses en el sector público. Además, la Ley de funcionarios prohíbe a los funcionarios públicos realizar actividades que generen un conflicto de intereses. Asimismo, establece ciertas restricciones y deberes de los funcionarios públicos (y miembros de su familia) relativos a la aceptación de donaciones. Las modificaciones previstas ampliarán el número de personas que están obligadas a notificar conflictos de intereses. La Ley establece también el ámbito de aplicación y determina qué funcionarios están obligados a presentar declaraciones a la CPC
. Una persona debe presentar estas declaraciones a la CPC cuando asume un cargo público, un año después de cesar en sus funciones y cuando cambie de puesto o actividad, o cuando adquiera una propiedad o activo cuyo valor supere los 10 000 EUR. La CPC lleva a cabo controles ad hoc y mantiene registros de las personas sujetas a la obligación de declaración del patrimonio. Las declaraciones de patrimonio están disponibles al público durante el mandato de cada funcionario y hasta un año después de haber cesado en el cargo. No obstante, las declaraciones de patrimonio de las personas que desempeñan altos cargos ejecutivos no se publican ni están sujetas a controles sustanciales
. En este sentido, se ha recomendado ampliar el ámbito de aplicación de las declaraciones del patrimonio a los familiares de ministros y secretarios de Estado, sin hacerlas públicas necesariamente
. En respuesta a estas recomendaciones, las autoridades eslovenas prevén modificar el ámbito de aplicación de la declaración del patrimonio y su supervisión. No obstante, la CPC carece de personal suficiente, así como de recursos humanos y financieros para realizar su labor. A este respecto, el GRECO recomendó que se dote a la CPC de recursos adecuados para realizar sus funciones de manera eficaz
.
Las actividades de los grupos de presión y el paso del sector público al privado y viceversa («puertas giratorias») están reguladas
. La Ley de integridad y prevención de la corrupción establece que está prohibido realizar actividades de cabildeo en asuntos que sean objeto de procedimientos judiciales y administrativos, y dichas actividades solo pueden ser realizadas por una persona física inscrita en el registro de grupos de presión establecido por la CPC. Los funcionarios públicos solo pueden acceder a realizar actividades de cabildeo si el grupo de presión está inscrito en el registro y deben rechazar cualquier contacto si hay conflictos de intereses. No obstante, se ha recomendado someter a una evaluación exhaustiva la aplicación de las normas relativas a los contactos con grupos de presión por parte de los miembros de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional.
Aunque el 76 % de las empresas en Eslovenia consideran que la única forma de tener éxito en los negocios es tener conexiones políticas (54 % de media en la UE), esta recomendación continúa sin aplicarse
. Además, en el caso de las altas funciones ejecutivas, las normas relativas a los grupos de presión contienen algunas lagunas y su cumplimiento es deficiente. No se notifican debidamente todos los contactos con terceros que tratan de influir en la toma de decisiones del Gobierno, incluidos los mantenidos con representantes legales y autorizados de empresas y grupos de interés
. Asimismo, en el caso de los funcionarios de alto nivel, la Ley de integridad y prevención de la corrupción prevé un período de incompatibilidad durante el cual tienen prohibido participar en actividades de cabildeo o actuar como representantes de una entidad comercial que haya tenido contactos comerciales con el organismo en el que desempeñaron su cargo, por un plazo de dos años desde que cesaron en sus funciones. Los organismos públicos tampoco puede hacer negocios con una entidad en la que un antiguo funcionario tenga una participación; esta prohibición se aplica durante un año desde que el funcionario cesó en sus funciones
.
Eslovenia ha adoptado otras medidas para prevenir la corrupción y aumentar la transparencia en el ámbito de la contratación pública. Eslovenia se encuentra entre los miembros de la OCDE más avanzados en términos de transparencia y ha introducido una serie de medidas para prevenir la corrupción en la contratación pública. Por ejemplo, los planes de integridad son herramientas para verificar la integridad de una organización. Constituyen un proceso documentado para evaluar los niveles de vulnerabilidad y exposición a prácticas no éticas o corruptas. Todas las instituciones públicas están obligadas a presentar sus planes de integridad a la CPC, con el objetivo principal de identificar riesgos y aplicar medidas para reforzar la integridad. La Ley sobre contratación pública incluye un sistema de presentación y publicación electrónica obligatoria de licitaciones de determinado valor junto con las decisiones finales y el razonamiento del órgano de contratación. Estas medidas van acompañadas de las declaraciones de patrimonio que se exigen a las personas responsables de la contratación pública, como se detalla en la Ley de integridad y prevención de la corrupción. La solución informática STATIST, disponible desde enero de 2016, garantiza la publicación de información sobre los contratos públicos que se han adjudicado en Eslovenia desde 2013. Asimismo, la CPC ha creado una aplicación en línea (ERAR) que ofrece a los ciudadanos un fácil acceso a la información sobre las transacciones comerciales de todos los organismos del sector público. Esta aplicación sigue siendo un motor importante de la transparencia en el sector público, que permite la visualización del gasto público. No obstante, aunque la CPC afirma que solo el 10 % de las denuncias de corrupción están relacionadas con la contratación pública, las encuestas del Eurobarómetro muestran que las empresas se mantienen escépticas sobre las prácticas de contratación pública en Eslovenia.
El Departamento de Lucha contra la Corrupción, adscrito a la División de Delitos Económicos de la Dirección General de Policía (DGP), se ocupa de los delitos de corrupción a escala nacional. Supervisa, gestiona y dirige el trabajo de todas las direcciones de policía e investiga presuntos actos de corrupción denunciados a través de notificaciones electrónicas. El presupuesto anual de la DGP para 2019 (369 400 EUR) supone un aumento del 7,3 % con respecto a 2018. El GRECO ha acogido con satisfacción las medidas que ha adoptado la policía para prevenir la corrupción dentro de sus filas, ya que los funcionarios de policía no tienen inmunidad ni privilegios procesales. En Eslovenia, la policía figura constantemente entre los organismos del Estado en los que más se confía
. La Oficina Nacional de Investigación, establecida en noviembre de 2009, es una unidad de la Dirección de la Policía Judicial, de la Dirección General de Policía, especializada en delitos graves y complejos, incluidos los delitos financieros y los relacionados con la delincuencia organizada y la corrupción. Si bien la Oficina tiene autonomía en la selección de casos, esta práctica ha sido criticada por la Fiscalía Especializada del Estado, ya que en algunas ocasiones la policía local se enfrenta a dificultades con casos complejos que la Oficina ha decidido no investigar
.
Hay varios casos de corrupción de alto perfil abiertos, pero existen dificultades concretas para garantizar procedimientos con un resultado satisfactorio. La Fiscalía Especializada del Estado enjuicia los delitos más graves, incluida la corrupción, que desde 2017 se considera una prioridad política
. No obstante, varios asuntos de alto nivel siguen pendientes o han prescrito y, al parecer, la ineficacia de la policía para priorizar los casos y transmitir la información relacionada con ellos influye en que los asuntos no se cierren. Además, Eslovenia registra el porcentaje más alto de encuestados que creen que el número de procesamientos en casos de corrupción que culminan con éxito es insuficiente para disuadir a otros de estas prácticas (72 %) y que no están de acuerdo con la afirmación de que los esfuerzos del gobierno para combatir la corrupción son eficaces (77 %)
. Eslovenia introdujo el decomiso de activos civiles en su legislación nacional en 2011, cuando se adoptó la Ley de decomiso de los productos del delito. No obstante, en 2018, el Tribunal Constitucional dictaminó que las medidas contra los activos que un imputado ha obtenido antes de 2011 representan una «retroactividad inadmisible»
. Esta sentencia tiene repercusiones prácticas para el funcionamiento del régimen de decomiso civil y su eficacia, ya que ahora las autoridades solo pueden aplicar este instrumento a los bienes obtenidos por una persona imputada después de 2011. No obstante, en 2019, el ministerio fiscal presentó 147 acusaciones por corrupción, un 22 % menos que en 2018 (188). En 2019, los órganos jurisdiccionales dictaron 21 sentencias condenatorias, un 30 % menos que en 2018 (30), así como nueve absoluciones (tres en 2018) y un sobreseimiento (dos en 2018). Hay otros 225 asuntos de corrupción abiertos en los órganos jurisdiccionales en distintas etapas del proceso penal, y los tribunales aún no han emitido sentencias en primera instancia
. Las autoridades han señalado que el reducido número de acusaciones y condenas se puede atribuir a las dificultades para llevar a cabo un seguimiento de las pruebas proporcionadas por los denunciantes, que solo reciben una protección parcial con arreglo a la Ley de integridad y prevención de la corrupción
.
III.Pluralismo de los medios de comunicación
En Eslovenia, la libertad de expresión y de información está consagrada en la Constitución, mientras que el pluralismo de los medios de comunicación queda garantizado mediante leyes sectoriales específicas. El organismo regulador de los medios de comunicación, la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación, es una autoridad independiente y separada del Gobierno tanto desde el punto de vista jurídico como funcional. Las normas sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación exigen que las empresas declaren a las autoridades competentes la propiedad o la influencia en la gestión por encima de un determinado umbral. Un cambio considerable de propiedad requiere, además, el acuerdo del ministerio competente. La protección de los periodistas no está regulada específicamente y se aplican los mecanismos disponibles a todos los ciudadanos
.
La independencia de la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación está estipulada por ley. No obstante, su eficacia se ve limitada por la falta de recursos humanos y de salvaguardias contra la injerencia política. Además de ser el organismo regulador de los medios de comunicación, la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación de la República Eslovaca (AKOS) es también el ente regulador de los sectores de telecomunicaciones, correos y transporte ferroviario. El estatuto de la AKOS está garantizado por la Ley de comunicaciones electrónicas
. Sus poderes de ejecución en el ámbito de los medios audiovisuales emanan de la Ley de medios de comunicación
y la Ley de servicios de comunicación audiovisual
. Ambas leyes están actualmente siendo objeto de revisión y deben transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. En julio de 2020, se puso en marcha una consulta pública de solo cinco días de duración. A raíz de las críticas generalizadas de, entre otros, las asociaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales, el período de consulta se ha ampliado hasta principios de agosto y septiembre, respectivamente
. La gestión de AKOS se confía a un director y un Consejo, integrado por cinco miembros. El poder de decisión recae en el director, mientras que el Consejo supervisa el cumplimiento del programa de trabajo y aprueba la planificación financiera. Ambos son nombrados por el Gobierno sobre la base de un procedimiento de selección previo y a propuesta del ministro responsable. La suspensión y el despido solo pueden tener lugar en caso de incapacidad para el correcto desempeño del cargo, incompetencia, o por otros motivos de peso relativos a la persona interesada. Aunque las normas relativas a los conflictos de intereses con el sector se definen en la Ley de comunicaciones electrónicas, no existen disposiciones específicas que aborden la posibilidad de que el director tenga un conflicto de intereses con respecto a un partido político
. Los recursos financieros y humanos se dejan a la discreción del organismo regulador. El presupuesto proviene de los ingresos obtenidos de las actividades de la Agencia, lo que refuerza su independencia del Gobierno. No obstante, teniendo en cuenta su amplia gama de facultades, parece que carece de recursos humanos, lo que a su vez puede influir en su eficacia. La Agencia tiene la potestad de imponer sanciones, que pueden recurrirse ante los órganos jurisdiccionales. La Agencia presenta su informe anual al Gobierno y al Parlamento, y publica todos los documentos relevantes en su sitio web, lo que garantiza un nivel adecuado de transparencia
. El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor, MPM 2020) califica de medio el riesgo para la independencia y eficacia de la autoridad de medios de comunicación, principalmente debido a la ausencia de salvaguardias que eviten la interferencia política
.
La transparencia de la propiedad de los medios de comunicación exige la presentación de una declaración de participación en la propiedad o la gestión. Con arreglo a la Ley de medios de comunicación, el editor u organismo de radiodifusión debe presentar una declaración cada vez que el porcentaje de participación en la propiedad particular o la gestión de la empresa alcance o supere el 5 %. Determinada información se pone a disposición del público en el sitio web del Ministerio de Cultura
. La legislación actual hace que sea difícil identificar si la toma de decisiones se concentra en un segundo plano, en particular cuando hay múltiples propietarios en cascada
. Por consiguiente, el MPM 2020 calificó el riesgo para la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación en Eslovenia de intermedio
. El anteproyecto de revisión, que se presentó en julio de 2020, amplía el ámbito de aplicación de la Ley de medios de comunicación a los medios digitales y elimina el umbral mínimo del 5 %, salvo en el caso de las sociedades constituidas como sociedades de responsabilidad limitada por acciones
. Asimismo, pone a disposición del público toda la información relativa a la propiedad, incluidas las fuentes financieras no divulgadas previamente y las recientemente introducidas que provienen de fondos públicos
.
La asignación de publicidad oficial no está específicamente regulada. A falta de datos sobre los ingresos de las empresas de medios de comunicación, resulta complicado obtener información fiable sobre los gastos publicitarios, incluso sobre la identidad del contratista. Durante las elecciones, solo los medios de comunicación de servicio público están obligados a otorgar suficiente tiempo de emisión para garantizar una representación política equitativa en los programas pertinentes.
La Ley de integridad y prevención de la corrupción establece normas generales relativas a los conflictos de intereses, que son aplicables a los funcionarios públicos, incluido el sector de los medios de comunicación.
Aparte de ellas, no existen normas específicas que regulen los conflictos de intereses en el sector de los medios de comunicación, como, por ejemplo, entre sus propietarios y los partidos políticos. En la práctica, esto influye negativamente en el pluralismo de los medios de comunicación en Eslovenia. Según se ha informado, existe un alto nivel de influencia política en las empresas de medios de comunicación, que puede llegar hasta la prensa y los organismos de radiodifusión regionales y locales. Los ciudadanos, en general, suelen percibir que los grandes medios de comunicación son políticamente parciales. Por ejemplo, al menos dos cadenas de televisión, así como los medios de comunicación impresos y en línea se consideran controlados por un partido político
. En este contexto, el MPM 2020 consideró que el riesgo para la independencia política de los medios de comunicación era alto. Las partes interesadas han expresado preocupación sobre los posibles cambios relacionados con la financiación del organismo de radiodifusión público nacional y la gestión de la agencia nacional de prensa nacional, que se consideraba que respondían a motivos políticos.
La aplicación del derecho a la información conlleva procedimientos prolongados, pero no se han registrado muchos casos de vulneraciones de este derecho.
El derecho está consagrado en la Constitución y regulado en la Ley de acceso a la información pública. Se han establecido mecanismos de recurso que gestiona el Comisario de Información. El MPM 2020 atribuyó a la protección del derecho a la información un nivel de riesgo bajo.
Aunque los ataques físicos contra periodistas son poco comunes, el acoso y las amenazas en línea son frecuentes y el sistema judicial rara vez los sanciona. Con respecto al marco de protección de los periodistas, la libertad de expresión y de información está consagrada en la Constitución y las leyes pertinentes (p. ej., el Código Penal), y existen mecanismos judiciales. Si bien Reporteros sin Fronteras ha señalado que en 2019 no se registraron agresiones físicas contra periodistas
, se denunció que se llevaron a cabo juicios con efecto intimidatorio
. Asimismo, hubo informes sobre casos de procesamiento de periodistas que revelaron información de interés público
. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2019 que elabora Reporteros sin Fronteras, se destacan como aspectos problemáticos el «derecho a la corrección»
, el debilitamiento del pluralismo de los medios de comunicación y la autocensura de los periodistas
. En Eslovenia, la difamación puede sancionarse con penas de prisión. En 2018 y 2019, el MPM 2020 calificó el riesgo para la protección de la libertad de expresión de medio. No obstante, la situación parece haber empeorado. La plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas publicó cuatro alertas relativas a Eslovenia en 2020, principalmente relacionadas con el acoso a periodistas
. Tres de ellas se han abordado mediante una respuesta de las autoridades eslovenas, como se indica en la plataforma. Los ataques y amenazas en línea, incluso por parte de políticos, son numerosos, pero muchos de los autores de estas agresiones permanecen en el anonimato
. A la luz de un caso reciente preocupante, varias organizaciones han expresado preocupación por la seguridad de un periodista de investigación
. La aplicación restrictiva de la legislación penal hace que el acoso o las amenazas en línea contra periodistas rara vez sean sancionados. Esta aplicación se basa en la interpretación jurídica de la Fiscalía, según la cual, para ser procesada como delito, la incitación pública al odio debe ser «concreta» y suponer un «peligro concreto para el orden público y la paz»
. Esta interpretación puede tener efectos negativos en la protección de los periodistas por parte del sistema de justicia penal. Además, varias fuentes informaron de que los procedimientos judiciales relativos a periodistas pueden ser prolongados, lo que tiene un efecto paralizador en la libertad de expresión y hace que las víctimas a menudo se abstengan de denunciar estos actos
.
IV.Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios
Eslovenia tiene un sistema de gobierno parlamentario con una estructura bicameral imperfecta, en el que solo la Asamblea Nacional (la primera Cámara del Parlamento), y no el Consejo Nacional (la segunda Cámara del Parlamento), adopta las leyes
. El Gobierno, cualquier miembro del Parlamento o al menos 5 000 «votantes» pueden presentar proyectos de ley. El Tribunal Constitucional lleva a cabo un control de constitucionalidad ex post, incluso en casos concretos motivados por un recurso de inconstitucionalidad. Además del sistema de justicia, otras instituciones, en particular el Defensor del Pueblo y el Defensor del Principio de Igualdad, participan en el sistema de contrapoderes institucionales.
Las consultas públicas sobre los proyectos de ley se organizan a través de una herramienta en línea específica. Una resolución parlamentaria recomienda que la duración de las consultas públicas sea de entre 30 y 60 días y que el proceso se resuma en un informe
. Los proyectos de ley se publican en un sitio web específico, e-Demokracija
, a través del cual el público puede enviar sus contribuciones. En la práctica, los ciudadanos no siempre tienen suficientes oportunidades para participar en el proceso legislativo. Con frecuencia no se sigue el período de consulta recomendado, al darse menos tiempo a los ciudadanos para presentar sus observaciones. En algunos casos, los comentarios no se toman debidamente en consideración
. Las leyes pueden adoptarse en un procedimiento abreviado o de emergencia en las condiciones estipuladas en el Reglamento de la Asamblea Nacional
. El Collegium del presidente de la Asamblea Nacional decide si la ley se debatirá de esta manera
. Durante el procedimiento abreviado y de emergencia, no se lleva a cabo el debate general y la segunda y tercera lecturas se realizan durante la misma sesión del Parlamento. En la legislatura 2014-2018, el 39 % de las leyes se aprobó con arreglo al procedimiento ordinario, el 19,1 % según el procedimiento de emergencia y el 23 % con arreglo al procedimiento legislativo abreviado
.
Debido al aumento de los recursos de inconstitucionalidad, los retrasos y la duración de los procedimientos en el Tribunal Constitucional continuaron incrementándose. De acuerdo con la Constitución, el Tribunal Constitucional está facultado para examinar la conformidad de las leyes, los reglamentos, los actos de carácter general dictados en el ejercicio de la autoridad pública y los tratados internacionales, así como para resolver recursos de inconstitucionalidad. El proceso puede ser iniciado, entre otros, por la Asamblea Nacional, un tercio de sus diputados, el Gobierno, el Defensor del Pueblo
, el Consejo de la Magistratura o el Fiscal General. El Tribunal Constitucional puede derogar las leyes que no se ajusten a la Constitución y derogar o anular los reglamentos o actos de carácter general dictados para el ejercicio de la autoridad pública que sean inconstitucionales o ilícitos. Si el Tribunal Constitucional considera inconstitucional o ilícito un reglamento, emite una sentencia declaratoria. En 2019, el Tribunal Constitucional resolvió 1 804 asuntos
. Si bien las solicitudes de control de constitucionalidad han seguido disminuyendo (a 165 casos), el Tribunal Constitucional no puede hacer frente al número de casos que recibe debido al continuo aumento de los recursos de inconstitucionalidad. En la actualidad se encuentra tramitando más de 2 500 casos, de los que más de cuatro quintas partes son recursos de inconstitucionalidad. Desde 2016, el número de casos atrasados ha aumentado aproximadamente un 25 % cada año. En consecuencia, la duración media de los procedimientos ascendió de 250 días en 2012 a 425 días y casi 500 días en 2019 para los recursos de inconstitucionalidad y el control de constitucionalidad respectivamente. Asimismo, se ha recurrido al Tribunal Constitucional para examinar determinadas medidas adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19
.
El Defensor de los Derechos Humanos y el Defensor del Principio de Igualdad también responsables de la protección de los derechos de las personas. El Defensor de los Derechos Humanos es responsable de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales frente a las autoridades estatales, la autonomía local y las personas que desempeñan un cargo público. Está acreditado como institución nacional de derechos humanos con la categoría A por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Desde su acreditación se han ampliado sus facultades a fin de lograr la categoría «A»
. Su Oficina actúa también como defensoría de los derechos del niño. El Defensor de los Derechos Humanos elabora informes anuales que se debaten en la Asamblea Nacional
. El Gobierno prepara, a continuación, una respuesta a las conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe. El Defensor del Principio de Igualdad es otra institución independiente responsable de la protección de los derechos humanos. Entre sus funciones se incluye la protección frente a la discriminación y la promoción de la igualdad a nivel sistémico, el asesoramiento, apoyo legal y la representación ante los órganos jurisdiccionales de las víctimas de discriminación, así como la adopción de decisiones jurídicamente vinculantes sobre denuncias de discriminación. No obstante, no está facultado para imponer sanciones
. A pesar del aumento de los recursos financieros, el Defensor funciona con un número relativamente limitado de empleados
. Cabe señalar que otros organismos independientes también se enfrentan a desafíos
.
La Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sector no Gubernamental y del Voluntariado tiene como objeto mejorar el apoyo a las organizaciones no gubernamentales para 2023. La estrategia establece medidas para ayudar a estas organizaciones a contribuir a los principios de pluralismo y democracia en la sociedad
. Asimismo, promueve la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las ONG. El Estado financia proyectos y programas de las ONG en los ámbitos en que considera que pueden aplicar políticas públicas y prestar servicios a la ciudadanía. Los fondos se distribuyen principalmente a través de licitaciones públicas, convocatorias públicas o financiación directa. Se considera que Eslovenia tiene una sociedad civil abierta y amplia, con niveles relativamente altos de voluntariado
.
Anexo: Lista de fuentes por orden alfabético*
* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 está disponible en (sitio web de la Comisión).
Centre for Media Pluralism and Media Freedom (2020), 2020 Media pluralism monitor.
https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2020
.
CIVICUS, Monitor tracking civic space: Slovenia.
https://monitor.civicus.org/country/slovenia/
Recomendación de la Comisión de 22 de junio de 2018 sobre normas relativas a los organismos para la igualdad, C(2018) 3850 final.
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Country Report Slovenia 2020 Accompanying the document communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank and the Eurogroup 2020 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011, SWD/2020/523 final.
Tribunal Constitucional de Eslovenia (2019), Decisión sobre la suspensión temporal de la Ley de investigaciones parlamentarias en lo que respecta a los jueces.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLU291
.
Tribunal Constitucional de Eslovenia (2019), Decisión sobre la suspensión temporal de la Ley de investigaciones parlamentarias en lo que respecta a los fiscales del Estado.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLU293
.
Tribunal Constitucional de Eslovenia (2020), Informe sobre el trabajo del Tribunal Constitucional de 2019.
https://www.us-rs.si/wp-content/uploads/2020/05/usrs_letnoporocilo_2019.pdf
.
Tribunal Constitucional de Eslovenia, decisión de 16 de abril de 2020, U-I-83/20-10,
http://www.us-rs.si/zadrzanje-izvrsevanja-7-clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih/
.
Tribunal Constitucional de Eslovenia, sentencia de 22 de octubre de 2008, U-I-295/07.
Tribunal Constitucional de Eslovenia, sentencia de 5 de julio de 2018, U-I-6/15-23, Up-33/15-32 y Up-1003/15-27.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLU1809
.
Consejo de Europa (2019), Newsroom: The CEPEJ awards the Crystal Scales of Justice Prize to the Supreme Court of Slovenia.
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/-/the-cepej-awards-the-crystal-scales-of-justice-prize-to-the-supreme-court-of-slovenia
.
Consejo de Europa, Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas: Eslovenia.
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/slovenia
.
Consejo de Europa: Comité de Ministros (2016), Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors.
Consejo de Europa: Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) (2019), ECRI report on Slovenia.
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/slovenia
.
Dirección General de Comunicación (2020), Special Eurobarometer 502: corruption.
Comisión Europea (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.
Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia (ECRI) (2019), Fifth report on Slovenia.
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/slovenia
.
Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2020), The rule of law in the European Union: reports from national human rights institutions. Contribución en el marco de la visita al país para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
Red Europea de Consejos del Poder Judicial (2020), Aportación de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial a la consulta de las partes interesadas para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
GRECO (2013), Cuarta Ronda de Evaluación – Informe de Evaluación sobre Eslovenia relativo a la prevención de la corrupción respecto de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales.
GRECO (2016), Cuarta Ronda de Evaluación – Informe Intermedio de Cumplimiento sobre Eslovenia relativo a la prevención de la corrupción respecto de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales.
GRECO (2018), Quinta Ronda de Evaluación – Informe de Evaluación sobre Eslovenia relativo a Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Consejo de la Magistratura (2019), Solicitud de control de constitucionalidad y suspensión parcial de la aplicación de la Ley de investigaciones parlamentarias.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLU291
.
Ministerio de Cultura, sitio web del registro de medios de comunicación.
https://rmsn.ekultura.gov.si/razvid/mediji
.
Ministerio del Interior: Policía (2020), «As of today, Igor Lamberger is taking over the management of the National Investigation Office».
https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/103938-z-danasnjim-dnem-vodenje-nacionalnega-preiskovalnega-urada-prevzema-igor-lamberger
.
Asamblea Nacional de la República de Eslovenia (2018), Informe sobre el trabajo de la Asamblea Nacional en la legislatura 2014-2018.
https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/PorocilaDZ/Mandat_2014%E2%80%932018/Report_2014-2018.pdf
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Defensor del Pueblo de la República de Eslovenia (2020), Informe anual del Defensor del Pueblo de la República de Eslovenia de 2019.
http://www.varuh-rs.si/sl/promocija-publikacije-projekti/publikacije-gradiva/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/
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Reporteros sin Fronteras, Eslovenia.
https://rsf.org/en/slovenia
.
Gobierno de Eslovenia (2018), el Tribunal Supremo presenta nuevas actividades para la mejora a largo plazo de la calidad y reputación del poder judicial esloveno.
http://www.sodisce.si/vsrs/objave/2018102509355191/
.
Gobierno de Eslovenia (2019), El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la importancia de aplicar sanciones cuando hay indicios de incitación al odio.
http://www.sodisce.si/vsrs/objave/2019080810051183/
.
Gobierno de Eslovenia (2020), 47.ª sesión por correspondencia del Gobierno de la República de Eslovenia.
https://www.gov.si/novice/2020-05-21-47-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/
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Gobierno de Eslovenia (2020), Aportaciones de Eslovenia al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
Gobierno de Eslovenia, página del sitio web de e-Democracy.
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija
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Tribunal Supremo (2019), Informe anual de 2019.
http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=2020052510305888
.
Fiscalía Suprema del Estado (2013), Dictamen jurídico sobre el enjuiciamiento de los delitos contemplados en el artículo 297 del Código Penal.
http://www.spletno-oko.si/sites/default/files/sovrazni_govor_pravno_stalisce_-_vrhovno_tozilstvo_0.doc
.
Fiscalía Suprema del Estado y Fiscal General (2019), Iniciativa de control de constitucionalidad de la ley de investigaciones parlamentarias.
https://www.dt-rs.si/files/documents/USTAVNA%20POBUDA03.pdf
.
Fiscal General del Estado (2019), Informe anual de 2019.
UX Design Awards, Ganador del premio UX Design Award de 2019.
https://ux-design-awards.com/news/gewinner-der-ux-design-awards-2019-2/
.
Visita virtual a Eslovenia en el marco de la redacción del Informe sobre el Estado de Derecho en 2020.
Anexo II: Visita a Eslovaquia
Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en junio de 2020 con:
·la Agencia de Redes y Servicios de Comunicación de la República Eslovaca (AKOS)
·la Asociación de Periodistas
·la Asociación de Periodistas y Publicistas
·la Comisión para la Prevención de la Corrupción
·la Dirección General de Policía - Departamento de Lucha contra la Corrupción
·el Consejo de la Magistratura
·el Ministerio de Justicia
·el Ministerio para las Administraciones Públicas
·la Fiscalía Especializada
·el Consejo de la Fiscalía del Estado
·el Tribunal Supremo
·la Fiscalía Suprema del Estado
·Transparency International Eslovenia
* Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones:
·Amnistía Internacional
·Civil Liberties Union for Europe
·Civil Society Europe
·Conference of European Churches
·EuroCommerce
·European Center for Not-for-Profit Law
·European Centre for Press and Media Freedom
·European Civic Forum
·Free Press Unlimited
·Front Line Defenders
·ILGA-Europe
·la Comisión Internacional de Juristas
·la Federación Internacional por los Derechos Humanos
·International Press Institute
·Lifelong learning Platform
·Open Society Justice Initiative/Open Society European Policy Institute
·Reporteros sin fronteras
·Transparency International EU
