Bajo el título «Una Economía al Servicio de las Personas», el Programa de Trabajo de la Comisión para 2020 prevé una revisión de su Reglamento sobre los índices de referencia financieros («Reglamento sobre los índices de referencia», «RIR»). Los índices de referencia financieros son índices con arreglo a los cuales se determina el importe a pagar en virtud de un instrumento financiero o un contrato financiero o el valor de un instrumento financiero. Con la definición de normas en materia de gobernanza y calidad de los datos para los índices de referencia utilizados en los contratos financieros, el Reglamento sobre los índices de referencia tiene por objeto reforzar la confianza de los participantes en el mercado de capitales en índices utilizados como índices de referencia en la Unión. Dicho Reglamento contribuye a los esfuerzos de la Comisión en favor de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC).

El RIR introduce un requisito de autorización para los administradores de índices de referencia financieros, e impone obligaciones a los contribuidores de los datos utilizados para calcular el índice de referencia financiero. El RIR también regula el uso de los índices de referencia financieros1. En particular, las disposiciones del RIR exigen a las entidades supervisadas de la UE (tales como bancos, empresas de inversión, empresas de seguros y OICVM2) que utilicen únicamente índices cuyo administrador haya sido autorizado. Los índices de referencia administrados en terceros países solo pueden utilizarse en la UE tras un procedimiento de equivalencia, reconocimiento o refrendo.

El Reglamento sobre los índices de referencia se aplica desde el 3 de enero de 20183. Sin embargo, los participantes en el mercado de la UE pueden seguir utilizando los índices de referencia administrados en un país no perteneciente a la Unión, independientemente de si existe una decisión de equivalencia, o de si el índice ha sido reconocido o refrendado para su uso en la Unión4, hasta que, a finales de diciembre de 2021, expire el régimen transitorio.

Si bien los tipos de cambio al contado desempeñan un papel fundamental para la economía internacional, en el caso de algunas monedas los tipos disponibles no están regulados en gran medida y a menudo reflejan las políticas monetarias de los bancos centrales. En algunos países, los bancos centrales han aplicado controles para restringir la publicación de los tipos de cambio al contado fuera de su jurisdicción. Además de evitar la publicación de tipos de cambio en el extranjero, algunos países aplican controles de capital que limitan la convertibilidad de sus monedas.

Dado que sus monedas no son libremente convertibles, es limitada la disponibilidad de instrumentos de cobertura del tipo de cambio a nivel interno, tales como los contratos a plazo, las permutas financieras o las opciones sobre divisas. La demanda de instrumentos de cobertura de la volatilidad del tipo de cambio en estos países rebasa la escasa liquidez que ofrece el mercado nacional. En consecuencia, las instituciones financieras europeas han desarrollado mercados de derivados financieros en el extranjero en los que, debido a las restricciones de convertibilidad vigentes, las liquidaciones se efectúan en la moneda de base de la entidad de cobertura, aunque aplicando el tipo de cambio publicado en el momento de la expiración del contrato de cobertura. Por lo tanto, la cobertura contra las fluctuaciones de las divisas sujetas a tales restricciones en materia de convertibilidad se lleva a cabo con contratos de derivados a nivel internacional. Entre ellos se incluyen instrumentos financieros tales como los contratos de cambio de divisas a plazo no entregables o las permutas financieras de divisas no entregables.

Cuando estos contratos a plazo o permutas financieras sean ofrecidos por una entidad supervisada (banco intermediario) 1 y negociados en un centro de negociación de la UE o a través de un internalizador sistemático de la UE, la utilización del tipo de cambio al contado utilizado para determinar el pago debido en virtud del acuerdo a plazo o de la permuta financiera constituye un «uso» del tipo de cambio al contado que sitúa dentro del ámbito de aplicación del RIR a esta oferta de contratos a plazo y de permutas financieras por una entidad supervisada.

Al final del período transitorio actual establecido en el artículo 51 del RIR, dejará de permitirse la referencia a los tipos de cambio al contado en los contratos a plazo o permutas financieras de divisas negociados en la UE. Esto significa que, a principios de 2022, las entidades supervisadas de la UE corren el riesgo de perder el acceso a muchos tipos directores administrados fuera de la UE, incluidos los tipos de cambio al contado a que se hace referencia en los contratos de derivados que ofrecen a sus contrapartes para ayudarlas a gestionar su cobertura diaria del riesgo de tipo de cambio.

La urgencia de la cuestión se plantea porque casi ninguna otra jurisdicción, aparte de la UE, regula los tipos de cambio al contado. Debido a la ausencia de regulación, los tipos de cambio al contado no podían, por tanto, ser objeto de una evaluación de equivalencia en el marco del RIR. Tampoco pueden ser reconocidos o refrendados para su uso en la Unión en el marco del RIR, ya que ambos mecanismos, a su vez, requieren alguna forma de regulación y supervisión. En conclusión, los tipos de cambio al contado no son apropiados para la equivalencia, el refrendo o el reconocimiento al final del período transitorio.

Por consiguiente, la presente propuesta introduce una modificación específica del ámbito de aplicación del RIR a fin de garantizar que las empresas europeas mantengan su acceso a los instrumentos de cobertura de la volatilidad de las monedas que no sean libremente convertibles en su moneda de base, garantizando una continuación ininterrumpida de sus actividades empresariales en el extranjero tras la expiración del período transitorio al final de 2021.

La política de servicios financieros de la Unión Europea fomenta la seguridad jurídica y la estabilidad financiera. Este objetivo se extiende a los contratos que son esenciales para la financiación de su sector bancario. Como parte del Plan de acción sobre la Unión de los Mercados de Capitales, la Unión procura crear un marco jurídico que garantice la estabilidad de los préstamos a empresas, las emisiones de deuda por su sector bancario y las titulizaciones.

A la luz de la cesación prevista del LIBOR tras el final de 2021, las entidades supervisadas de la Unión Europea afrontarán una inseguridad jurídica en cientos de miles de contratos financieros. Con el fin de evitar consecuencias adversas para la capacidad de préstamo del sector bancario europeo, es necesario aclarar en una fase temprana la disponibilidad de un tipo sustitutivo legal para su utilización por las entidades supervisadas en todos los contratos basados en el LIBOR que venzan después del final de 2021. Por lo tanto, las modificaciones previstas del RIR son corolario tanto de la UMC como de iniciativas más recientes encaminadas a ayudar a la economía a superar las repercusiones de la pandemia de COVID-19.

De conformidad con las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera, la reforma de los índices de referencia cruciales, como los tipos IBOR, es una de las principales prioridades del Plan de acción de la Comisión sobre la Unión de los Mercados de Capitales (UMC). Preparar la eliminación ordenada de un índice de referencia crucial contribuye al logro de uno de los principales objetivos fijados en la revisión intermedia de la UMC, a saber: reforzar el crédito bancario y la financiación estable del sector empresarial a través de los mercados de capitales.

Los tipos de los préstamos interbancarios son índices importantes utilizados para calcular los intereses adeudados por los préstamos a las empresas, pero también para la emisión de deuda a corto y medio plazo y para la cobertura de las posiciones de deuda. Por lo tanto, la disponibilidad y la seguridad jurídica de los tipos interbancarios afecta a la capacidad de los bancos para conceder préstamos a la economía real y desempeñar sus funciones básicas.

La presente propuesta introduce diversos instrumentos para garantizar que la supresión gradual de un tipo de interés interbancario no afecte indebidamente a la capacidad del sector bancario de proporcionar financiación a las empresas de la UE y no ponga, así, en peligro un objetivo clave de la UMC. Por último, las medidas propuestas deben considerarse como un apoyo a «una economía de la UE al servicio de las personas», que es uno de los objetivos principales establecidos en el programa de trabajo de la Comisión para 2020. Los préstamos bancarios a clientes minoristas son un elemento importante de una economía que responde a las necesidades de la población. Los préstamos al por menor utilizan como referencia los tipos IBOR, cuya variación determina los importes de reembolso de los préstamos, que para muchos ciudadanos constituyen un elemento fundamental a la hora de gestionar sus finanzas. Al proporcionar los instrumentos para una transición jurídicamente sólida cuando se abandonen los tipos IBOR, la presente iniciativa beneficia a los clientes minoristas que tienen préstamos que hacen referencia a esos tipos.

La base jurídica de la adopción del Reglamento sobre índices de referencia (RIR) es el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La adopción de modificaciones destinadas a mejorar la eficiencia de este Reglamento, mediante la atribución de competencias para garantizar la continuidad de los contratos en el contexto de la cesación de un índice de referencia con importancia sistémica en la Unión y mediante la exclusión de determinados índices de referencia de su ámbito de aplicación, también debería formar parte de la misma base jurídica.

En particular, el artículo 114 del TFUE confiere al Parlamento Europeo y al Consejo la facultad de adoptar las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Dicho artículo permite a la UE adoptar medidas no solo para eliminar los obstáculos actuales al ejercicio de las libertades fundamentales, sino también para evitar, si son suficientemente previsibles de forma concreta, la aparición de tales obstáculos, entre otros los que dificultan a los operadores económicos, incluidos los inversores, el pleno aprovechamiento de los beneficios del mercado interior. Así pues, el artículo 114 del TFUE otorga a la UE el derecho a actuar para: 1) abordar los problemas de continuidad de los contratos que surjan en el contexto de la probable cesación de un índice de referencia con importancia sistémica en la Unión en un futuro próximo; y 2) garantizar la disponibilidad continuada de tipos de cambio al contado para su uso en herramientas de cobertura emitidas en la Unión Europea tras el final del período de transición del RIR en diciembre de 2021.

Más concretamente, la falta de mecanismos en el RIR para organizar la cesación ordenada de un índice de referencia con importancia sistémica en la Unión podría traducirse en diferencias entre las soluciones legislativas o ejecutivas de los Estados miembros. Esto crearía confusión entre los usuarios de índices de referencia y los inversores finales, lo que daría lugar a perturbaciones en el mercado interior, impidiéndoles beneficiarse plenamente del mercado único. Por lo tanto, el artículo 114 del TFUE resulta ser la base jurídica más adecuada para resolver estos problemas de manera exhaustiva y uniforme y evitar la fragmentación del mercado único.

Por lo que se refiere a la continuidad del acceso de los usuarios de la UE a los tipos de cambio al contado de terceros países, la presente acción tiene por objeto evitar un perjuicio a la competitividad de determinados interesados de la UE y a la eficacia del sistema financiero para la economía de la Unión, sus ciudadanos y sus empresas, que se produciría si dichos tipos quedaran sujetos al RIR. Esta acción tiene también por objeto evitar los obstáculos al mercado único que podrían derivarse de los impedimentos a los intercambios transfronterizos provocados por la imposibilidad de seguir tomando como referencia tipos de cambio al contado de terceros países. Por consiguiente, el artículo 114 del TFUE es la base jurídica adecuada para alcanzar este objetivo de desregulación coordinada.

Así pues, el establecimiento de un mecanismo de la UE para tratar los contratos existentes y de un régimen de exención que permita seguir utilizando como referencia tipos de cambio al contado sería competencia de la UE de conformidad con el artículo 114 del TFUE.

Con arreglo al principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea), la Unión solo debe intervenir en caso de que los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la UE. Aunque algunos índices de referencia son de ámbito nacional, el sector de dichos índices, globalmente considerado, es de dimensión internacional, tanto por el lado de la elaboración como por el de la utilización. Las cuestiones relativas a los índices de referencia con importancia sistémica en la Unión, así como el uso de índices de referencia de terceros países, tienen por definición una dimensión europea.

Las cuestiones que el objetivo de esta propuesta legislativa pretende resolver no podrían abordarse mediante una acción individual de los Estados miembros. En cuanto a la cuestión de la liquidación ordenada de los índices de referencia cuya cesación tendría como consecuencia una perturbación significativa del funcionamiento de los mercados financieros de la Unión, los Estados miembros podrían intervenir adoptando disposiciones legislativas que designen el tipo sustitutivo nacional que se ha de utilizar en los contratos basados en un índice de referencia en cesación. No obstante, es probable que la acción individual de los Estados miembros solo abordara parcialmente los problemas constatados (particularmente porque algunos Estados miembros podrían legislar, mientras que otros no lo harían). Además, la existencia de enfoques diferentes en relación con los tipos sustitutivos para los antiguos contratos existentes podría llevar a una fragmentación dentro del mercado único. Así pues, con el fin de garantizar la coherencia y seguir mejorando el funcionamiento del mercado único, es necesario actuar a nivel de la UE estableciendo, para los índices de referencia con importancia sistémica, un régimen de transición ordenado para los contratos existentes que funcione en toda la Unión. Más concretamente, la acción a nivel nacional en relación con los índices de referencia cuya cesación se traduciría en perturbaciones significativas en el funcionamiento de los mercados financieros de la Unión podría dar lugar a un mosaico de normas divergentes, crear condiciones de competencia no equitativas en el mercado interior y traducirse en una ausencia de coherencia y coordinación. Un mosaico de normas nacionales impediría que los índices de referencia en cesación que se utilizan en muchas operaciones transfronterizas de deuda, préstamo o derivados fueran tratados de la misma manera y, por lo tanto, haría más compleja la gestión de estas transacciones.

Las modificaciones del Reglamento sobre los índices de referencia propuestas son proporcionadas, tal como exige el artículo 5, apartado 4, del TUE. La propuesta sigue un enfoque proporcionado por el que se garantiza la imposición de nuevas obligaciones limitadas a las entidades supervisadas que utilizan índices de referencia sistémicos y ya están sujetas a exigencias con arreglo al Reglamento sobre los índices de referencia.

Además, el procedimiento que acompaña el abandono de los índices de referencia con importancia sistémica tiene por objeto proporcionar visibilidad y seguridad jurídica a los usuarios de estos índices, que podrían no estar en condiciones de modificar o renegociar sus contratos existentes. Por consiguiente, tanto el sector financiero como los clientes finales, ya sean empresas o ciudadanos, deberían beneficiarse considerablemente de las mejoras introducidas en el presente Reglamento de modificación.

Una modificación del Reglamento sobre los índices de referencia es el instrumento jurídico más adecuado para resolver los problemas derivados de la posible desaparición de determinados tipos IBOR ampliamente utilizados en la UE, que están regulados por el Reglamento sobre los índices de referencia.

El recurso a un reglamento, que es directamente aplicable sin necesidad de legislación nacional, restringirá la posibilidad de que las autoridades competentes tomen medidas divergentes a escala nacional, y garantizará un enfoque coherente y una mayor seguridad jurídica en toda la UE.

La Comisión ha llevado a cabo amplias consultas con diversos grupos de partes interesadas a fin de obtener una imagen completa de los distintos puntos de vista que los participantes en el mercado pueden tener en relación con las cuestiones abordadas en el presente Reglamento.

El 18 de marzo, la DG FISMA publicó una evaluación de impacto inicial destinada a informar a las partes interesadas sobre el alcance de la revisión del Reglamento (UE) 2016/1011 (Reglamento sobre los índices de referencia, RIR) y esbozar las distintas opciones estratégicas consideradas. El período de consulta finalizó el 15 de abril de 2020. La Comisión ha recibido respuestas de 22 encuestados, principalmente empresas privadas y asociaciones empresariales.

El 26 de noviembre de 2019, la Comisión organizó un taller sobre tres temas principales:

El 11 de octubre, la DG FISMA publicó una consulta pública destinada a apoyar su revisión del Reglamento sobre los índices de referencia. Las partes interesadas tuvieron hasta el 31 de diciembre de 2019 para expresar sus puntos de vista a través del portal en línea EUSurvey.

Más allá del taller y de la consulta pública, presentados con más detalle en las secciones 2.1 y 2.2, la Comisión ha participado activamente en las tareas del Grupo de Trabajo «Euro RFR (tipo de interés sin riesgo - euro)», integrado por partes interesadas del sector privado, incluidos los contribuidores, administradores y usuarios de índices de referencia, así como el BCE, que proporciona la secretaría, y la AEVM y la FSMA (Autoridad de Servicios y Mercados Financieros belga) en calidad de observadora, junto con la Comisión, con el fin de determinar las distintas preocupaciones de las partes interesadas que deben tenerse en cuenta al diseñar las mejores herramientas para la cesación ordenada de los índices de referencia cruciales. Por otra parte, la Comisión es miembro del Official Sector Steering Group (Grupo director del sector público) del Consejo de Estabilidad Financiera, que cuenta con altos funcionarios de los bancos centrales y de las autoridades reguladoras, dando así una buena visión de las perspectivas de las políticas internacionales sobre la transición a tipos de interés sin riesgo. Además, los servicios de la Comisión actúan como observadores en la Junta de Supervisores de la AEVM y en sus grupos técnicos permanentes, entre los que se cuenta el grupo sobre los índices de referencia, lo que le ha permitido seguir de cerca el trabajo de la AEVM en el contexto de los índices de referencia cruciales. Por último, el personal de la DG FISMA ha mantenido numerosos contactos bilaterales con un amplio espectro de partes interesadas con el fin de perfeccionar su análisis y su enfoque estratégico.

La propuesta se basa en la experiencia de las autoridades competentes de la UE que actualmente supervisan a los administradores de índices de referencia cruciales, así como en la experiencia de los propios administradores. Además, la Comisión supervisa de cerca la evolución de la situación en otras jurisdicciones que también están preparando la transición a tipos sustitutivos de los tipos IBOR, particularmente en relación con los trabajos preparatorios que tienen lugar en el Official Sector Steering Group del Consejo de Estabilidad Financiera.

Varias jurisdicciones también han creado grupos de trabajo del sector privado para acompañar la transición. La Comisión ha sido informada de las distintas alternativas consideradas por estos grupos y ha adoptado una posición sobre la posibilidad de aplicarlas a la situación de la UE.

La Comisión ha realizado una evaluación de impacto sobre la mejor solución para los contratos existentes basados en un índice de referencia de tipos de interés en cesación muy utilizado y que no pueden renegociarse de aquí a finales de 2021 (contratos existentes «problemáticos»). Tras haber emitido un primer dictamen negativo sobre esta evaluación de impacto el 15 de mayo de 2020, el Comité de Control Reglamentario emitió un dictamen favorable el 4 de junio de 2020.

Todas las opciones consideradas en la evaluación de impacto se centraban en la creación de un tipo sustitutivo en caso de abandono de un índice de referencia de tipos de interés muy utilizado. El tipo sustitutivo se derivaría de la conversión del índice de referencia en cesación en un tipo sustitutivo limitado en el tiempo para acompañar la liquidación de los contratos existentes, de la autorización de ese tipo sustitutivo por la autoridad reguladora competente para el índice de referencia en cesación, de la publicación de un tipo sustitutivo en el marco de una exención legal o de la prescripción de sustitución permanente para un índice de referencia en cesación.

El enfoque elegido en la evaluación de impacto era modificar el RIR con el fin de dotar a la autoridad nacional competente para el administrador de un índice de referencia de tipos de interés en cesación muy utilizado con competencias de regulación para gestionar la liquidación ordenada de dicho índice de referencia, cuando ya no sea capaz de reflejar el mercado subyacente o la realidad económica. Estas competencias incluirían la facultad de exigir a un administrador de ese índice de referencia en cesación que cambie la metodología que sustenta el índice de referencia con el fin de garantizar que el índice de referencia siga siendo lo suficientemente sólido y sostenible para acompañar la liquidación de los contratos existentes relativos a dicho índice en el momento en que la autoridad reguladora competente llegue a la conclusión de que se ha perdido la capacidad de medir el mercado subyacente o la realidad económica. Estas nuevas «competencias de conversión» permitirían a la autoridad reguladora competente exigir un cambio de metodología siempre que ello fuera necesario para proteger a los consumidores y la estabilidad financiera de la Unión.

Sin embargo, tras la finalización de la evaluación de impacto, una serie de reservas introducidas más recientemente por la autoridad reguladora del LIBOR, la FCA, deja dudas en cuanto a si las competencias de conversión son eficaces para hacer frente a todos los casos que podría tener que cubrir un tipo de conversión. Por ejemplo, según la FCA, adoptar medidas reglamentarias para modificar la metodología del LIBOR podría no ser viable en todas las circunstancias, especialmente cuando no se dispone de los datos necesarios para un método alternativo en la moneda considerada.»  2

Varios problemas de eficacia podrían limitar la conveniencia de recurrir a competencias de conversión:

En primer lugar, la utilización de competencias de conversión podría no ser posible en todas las circunstancias o para todas las monedas del LIBOR. Por ejemplo, la FCA señala que las competencias de conversión no podrían ejercerse cuando no se disponga de los datos necesarios para un método alternativo en la moneda considerada 3 .

En segundo lugar, es posible que la conversión no siempre sea factible por razones jurídicas o prácticas. Si bien la FCA cita casos en los que el administrador puede no tener acceso a datos de cálculo sólidos en la moneda considerada, los problemas de acceso podrían incluir casos en los que la obtención de estos datos o de licencias relativas a ellos pudiera parecer demasiado compleja o costosa para justificar el esfuerzo de crear un tipo sustitutivo 4 . En este caso, la publicación del índice de referencia en cesación dejaría de tener lugar sin la introducción de un tipo sustitutivo.

En tercer lugar, aunque ello sea factible, las competencias de conversión podrían dar lugar a resultados heterogéneos. Según la FCA, algunos mercados, como los de derivados y obligaciones, y gran parte de los mercados al contado prefieren pasar a tipos de interés a un día, determinados de forma retroactiva al final del período de intereses considerado. Por el contrario, los contratos existentes problemáticos de préstamo al consumo o a la exportación que utilizan como índices de referencia tipos LIBOR a tres, seis o doce meses utilizan una medida prospectiva de los tipos de interés esperados. Por lo tanto, los cambios metodológicos inherentes al ejercicio de las competencias de conversión no podrían ofrecer a todos los usuarios actuales del LIBOR la solución que desean. Así pues, como indica la FCA, serían preferibles los acuerdos en materia de sustitución acordados por el sector, ya que es más probable que abarquen una gama más amplia de contratos.

En cuarto lugar, las competencias de conversión dependen de que el administrador de un índice de referencia en cesación y el administrador del índice de referencia que se derive de la conversión sean la misma entidad jurídica. Este requisito obligaría a los grupos de trabajo sobre tipos sin riesgo, que emitirán recomendaciones sobre el tipo sustitutivo acordado por el sector, a limitarse a recomendar un tipo sustitutivo que sea creado por el mismo administrador que creó el índice de referencia en cesación. Esto no es necesariamente así, especialmente en situaciones transfronterizas, en las que el grupo de trabajo sobre tipos sin riesgo opera en una jurisdicción diferente a la del administrador del índice de referencia en cesación (por ejemplo, el LIBOR para los contratos en USD). Además, este requisito impondría restricciones innecesarias al tipo que un grupo de trabajo sobre tipos sin riesgo podría recomendar como índice de referencia sustitutivo más adecuado.

A la luz de lo anterior, el enfoque elegido se ha modificado para garantizar que la Comisión disponga de las competencias jurídicas necesarias con objeto de lograr que la designación del tipo sustitutivo para un índice de referencia cuya cesación dé lugar a perturbaciones significativas del funcionamiento de los mercados financieros de la Unión sea lo suficientemente flexible para cubrir todas las situaciones posibles.

Por consiguiente, las competencias de conversión han sido sustituidas por las competencias de la Comisión Europea para designar un sucesor legal de un índice de referencia cuya cesación daría lugar a perturbaciones significativas del funcionamiento de los mercados financieros de la Unión. En el ejercicio de sus competencias de designación, la Comisión Europea podrá tener en cuenta los tipos sustitutivos acordados por el sector que puedan ser recomendados por los grupos de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo constituidos por los bancos centrales de varias zonas monetarias. El cambio de enfoque está justificado con el fin de garantizar que un tipo de sustitución adecuado acordado por el sector esté disponible para su utilización en todos los contratos celebrados por una entidad supervisada de la UE. Este tipo sustitutivo debe estar disponible para todos los contratos existentes, independientemente de las posibles restricciones de uso o de duración que puedan estar asociadas al ejercicio de un tipo de conversión establecido por una autoridad reguladora fuera de la Unión.

Con el fin de mantener la posibilidad de cubrir el riesgo de tipo de cambio para los sectores financiero y no financiero de la UE, la evaluación de impacto analizó cuatro opciones, equivalente cada una de ellas a exenciones específicas de la aplicación del RIR, bien en el caso de determinados índices de referencia de tipos de cambio al contado, bien en el caso de instrumentos de cobertura basados en estos índices de referencia para calcular los pagos.

Una opción (exención general para todos los índices de referencia de terceros países, excepto los designados como cruciales para la estabilidad financiera de la Unión), fue descartada en una fase temprana, ya que se consideró menos coherente con el enfoque inicial del RIR, que consiste en ofrecer una cobertura exhaustiva de todos los índices de referencia de terceros países, dado que dicho enfoque «global» ha sido un objetivo estratégico específico en el momento de la negociación del RIR.

De las tres opciones restantes, la opción preferida era la de crear una exención legal para los tipos de cambio al contado de terceros países. Este planteamiento se consideró el mejor para permitir a las entidades supervisadas de la UE seguir utilizando como referencia, en los contratos a plazo basados en la UE, el tipo de cambio al contado de países terceros para las monedas no convertibles. Al mismo tiempo, garantizaría la coherencia en el Reglamento sobre los índices de referencia y no obligaría a las autoridades reguladoras a aprobar contratos a plazo individuales. La filosofía del RIR ya recoge una exención para los tipos utilizados con fines de políticas públicas, en forma de una exención para los tipos directores publicados por los bancos centrales. Además, si la exención se formula con el grado de flexibilidad necesario, también sería adecuada para otros tipos asociados a políticas públicas que, por razones de política monetaria o de otro tipo, son establecidos en los terceros países afectados bajo la orientación y el control de los bancos centrales o de otros poderes públicos, tales como los tesoros nacionales. Por otra parte, esta opción estaba más preparada para el futuro que las otras dos. Esta opción también abordaría una de las deficiencias de diseño del RIR, que es la exigencia de cumplimiento de dicho Reglamento para unos tipos de cambio de terceros países que son tan volátiles que un mercado de contratos a plazo establecido en la UE se ha desarrollado precisamente con el objetivo de cubrir la volatilidad del tipo al contado correspondiente.

La propuesta respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y especialmente el principio que establece un elevado nivel de protección de los consumidores para todos los ciudadanos de la UE (artículo 38). Sin una transición ordenada a tipos sustitutivos de los tipos IBOR, los clientes minoristas podrían verse afectados negativamente por la cesación de tipos IBOR, en particular en algunos Estados miembros que recurren más a contratos hipotecarios con tipos de interés variables.

La iniciativa no tiene incidencia en el presupuesto de la UE.

La Comisión propone establecer un programa de seguimiento para evaluar si las modificaciones propuestas dan los resultados previstos.

Las modificaciones propuestas del RIR tienen por objeto reducir la inseguridad jurídica y los riesgos para la estabilidad financiera. El enfoque introduce competencias para designar un tipo sustitutivo legal que sustituya todas las referencias a un índice cuya cesación pudiera perturbar significativamente el funcionamiento de los mercados financieros de la Unión. La sustitución de todas las referencias al «índice de referencia en cesación» por un tipo sustitutivo legal está destinada a evitar, o al menos reducir en la medida de lo posible, unos litigios onerosos, al proporcionar seguridad jurídica a todos los contratos en los que participe una entidad supervisada de la UE. En particular, las competencias de sustitución legal propuestas permitirían: 1) evitar que una de las partes de un contrato que implique la intervención de una entidad supervisada se niegue a cumplir sus obligaciones contractuales o declare un incumplimiento de contrato como resultado del abandono de un índice de referencia cuya cesación daría lugar a perturbaciones significativas del funcionamiento de los mercados financieros de la Unión; 2) establecer que un tipo sustitutivo para dicho índice de referencia, tal como recomienda un grupo de trabajo sobre tipos de interés sin riesgo establecido bajo los auspicios de un banco central en la zona monetaria considerada, pueda servir como sustitutivo legal de este índice de referencia; y 3) proporcionar una protección frente a los litigios a las entidades supervisadas que utilicen (como referencia) el tipo sustitutivo legal.

Las modificaciones propuestas del RIR podrían alcanzar estos objetivos habilitando a la Comisión Europea para designar un tipo sustitutivo legal que sustituyera la referencia al índice de referencia en cesación cuando: 1) el contrato no contenga cláusulas de reserva que cubran la cesación definitiva; y 2) la cesación de dicho índice de referencia perturbaría significativamente el funcionamiento de los mercados financieros de la Unión. En el caso de los contratos que no impliquen a entidades supervisadas en el ámbito del RIR, la sustitución legal no sería aplicable. Con el fin de cubrir también estos contratos, se anima a los Estados miembros a prever tipos sustitutivos legales. Estos tipos sustitutivos legales se aplicarían a los contratos entre contrapartes no financieras que se rijan por la legislación vigente en su territorio. En el momento oportuno, la Comisión Europea tiene la intención de adoptar una recomendación que anime a los Estados miembros a seleccionar el tipo sustitutivo elegido en su derecho nacional como tipo sustitutivo legal para las entidades supervisadas de la UE.

Dado que el principal objetivo de estas nuevas competencias es garantizar la seguridad jurídica de los contratos existentes que utilizan un índice de referencia cuya cesación supondría una perturbación significativa del funcionamiento de los mercados financieros de la Unión, resulta coherente que las autoridades competentes de la entidad supervisada que utiliza el índice de referencia pertinente verifiquen si los tipos sustitutivos legales aplicables a los contratos celebrados por las entidades supervisadas han dado lugar a la reducción del número de litigios o de incumplimientos de dichos contratos y comuniquen sus conclusiones anualmente a la Comisión.

Las modificaciones propuestas de las disposiciones del RIR por las que se rige el abandono de un índice de referencia con importancia sistémica en la Unión se basan en tres pilares principales.

En primer lugar, las modificaciones propuestas para el RIR introducirán una competencia normativa, en virtud de la cual la Comisión Europea designa un tipo sustitutivo cuando deje de publicarse un índice sustitutivo cuya cesación daría lugar a una perturbación significativa del funcionamiento de los mercados financieros de la Unión. Esta competencia puede ejercerse con independencia del lugar en que esté autorizado y publicado el índice de referencia. Al designar el tipo sustitutivo legal, la Comisión Europea tendrá en cuenta las recomendaciones de los grupos de trabajo sobre tipos de cambio sin riesgo que operen bajo los auspicios de los bancos centrales responsables de la moneda en la que estén denominados los tipos del índice de referencia en cesación.

En segundo lugar, el tipo sustitutivo legal sustituirá, en virtud de la legislación, todas las referencias al «índice de referencia en cesación» en todos los contratos celebrados por una entidad supervisada de la UE. Con el fin de beneficiarse del tipo sustitutivo legal, los contratos que utilicen el índice de referencia en cesación deben estar en curso en el momento en que entre en vigor la designación; ningún contrato celebrado tras la entrada en vigor del acto de ejecución que designe el tipo sustitutivo legal podrá utilizar el tipo sustitutivo legal.

En tercer lugar, en el caso de los contratos que no impliquen a entidades supervisadas de la UE, se invita a los Estados miembros a que adopten tipos sustitutivos legales nacionales. En el momento oportuno, la Comisión Europea podrá emitir una recomendación en el sentido de que los tipos sustitutivos legales nacionales sean idénticos al tipo sustitutivo legal designado para los contratos en los que intervienen entidades supervisadas de la UE.

A continuación, figura una descripción de los principales componentes del tipo sustitutivo legal propuesto y de sus efectos sobre las disposiciones contractuales:

El tipo sustitutivo legal será aplicable cuando se produzca cualquiera de los tres factores desencadenantes objetivos que se indican en el cuadro anterior.

Las modificaciones propuestas tienen por objeto eximir del ámbito de aplicación del Reglamento a determinados índices de referencia de tipos de cambio al contado de terceros países si cumplen determinados criterios. La lista de exenciones prevista en el artículo 2 del RIR se ampliaría para incluir los índices de referencia de tipos de cambio al contado designados por la Comisión [apartado 1, nueva letra i)]. Ello iría acompañado de una disposición que especifique el modo en que la Comisión podrá ejercer sus competencias y los criterios para excluir del ámbito de aplicación del RIR los índices de referencia de tipos de cambio al contado admisibles (nuevos apartados 3 y 4 del artículo 2). Para que el índice de referencia de tipos de cambio al contado pueda acogerse a la exención, debe: 1) medir el tipo de cambio al contado de una moneda de un tercer país que no sea libremente convertible y 2) ser utilizado por entidades supervisadas de la UE, de forma frecuente, sistemática y periódica como tipo de liquidación para calcular el pago en el marco de un contrato a plazo o de una permuta financiera de divisas. Además, a fin de que la Comisión pueda disponer de todos los elementos necesarios para designar los índices de referencia exentos, la AEVM y el BCE deben proporcionarle la información y las opiniones pertinentes sobre los criterios de exención específicos.

Por último, con el fin de supervisar la adecuación de la nueva exención, las autoridades competentes y las entidades supervisadas deben informar periódicamente a la Comisión sobre el uso de los índices de referencia exentos por las empresas de la UE y sobre la evolución de los balances de las entidades supervisadas en términos de exposición a la fluctuación de las monedas de terceros países.