(1)

Según establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». El artículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». Estos valores se reafirman y articulan en los derechos, libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta») .

(2)

Es necesario continuar cultivando, protegiendo, promoviendo y haciendo respetar estos derechos y valores de manera activa , seguir compartiéndolos entre los ciudadanos y pueblos de la UE y asignarles un lugar central en el proyecto europeo , dado que el deterioro de la protección de dichos derechos y valores en cualquiera de los Estados miembros puede tener consecuencias perjudiciales para la Unión en su conjunto . Por consiguiente, se crearán en el presupuesto de la UE un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores que englobe el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y el Programa de Justicia. En unos momentos en que las sociedades europeas se enfrentan al extremismo, el radicalismo y la división y a un espacio que se va reduciendo para la sociedad civil independiente , es más importante que nunca promover, fortalecer y defender la justicia, los derechos y los valores de la UE: los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Esto tendrá implicaciones directas y profundas para la vida política, social, cultural, judicial y económica de la UE. Como parte del nuevo Fondo, el Programa de Justicia seguirá apoyando el desarrollo del espacio de justicia de la Unión basado en el Estado de Derecho, la independencia y la imparcialidad del poder judicial, el reconocimiento mutuo y la confianza mutua, el acceso a la justicia y la cooperación transfronteriza. El programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores reunirá el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y el programa Europa para los Ciudadanos, establecido por el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo (5) (en lo sucesivo, los «programas precedentes»).

(3)

El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación subyacentes se centrarán ▌en las personas y entidades que contribuyen a hacer que nuestros valores y derechos comunes y nuestra igualdad y rica diversidad se mantengan vivos y dinámicos. El objetivo final es reforzar y mantener una sociedad democrática, inclusiva, pluralista, abierta, igualitaria y basada en derechos . Esto incluye una sociedad civil dinámica y empoderada , que fomente la participación democrática, cívica y social de las personas y cultive la rica diversidad de la sociedad europea, todo ello basándonos en nuestros valores, nuestra historia y nuestra memoria comunes. ▌El artículo 11 del Tratado de la Unión Europea exige que las instituciones de la Unión mantengan un diálogo abierto, transparente y periódico con la sociedad civil, y den «a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.»

(3 bis)

Debe abrirse un diálogo periódico, abierto y transparente con los beneficiarios del programa y otras partes interesadas pertinentes mediante la creación de un grupo de diálogo civil. Dicho grupo de diálogo civil debe constituir un foro de debate abierto e informal y contribuir al intercambio de experiencias y buenas prácticas y al debate sobre la evolución de las políticas relacionadas con los ámbitos y objetivos cubiertos por el programa y los ámbitos conexos. El grupo de diálogo civil no debería tener ninguna responsabilidad en relación con la gestión del programa.

(4)

El programa ▌debe posibilitar el desarrollo de sinergias para abordar los retos comunes a la promoción y la protección de los valores de la Unión y alcanzar una dimensión crítica que permita obtener resultados concretos en este ámbito. Esto debe lograrse aprovechando y desarrollando aún más las experiencias positivas de los programas precedentes, y permitirá el pleno aprovechamiento del potencial de las sinergias a fin de prestar apoyo de manera más eficaz en los ámbitos políticos cubiertos y de aumentar su potencial para llegar a  a las personas y a la sociedad civil, fijándose como objetivo una distribución geográfica equilibrada . Para ser eficaz, el programa debe tener en cuenta el carácter específico de las distintas políticas, sus diferentes grupos destinatarios y sus necesidades particulares mediante planteamientos específicos y a medida.

(4 bis)

Para que los ciudadanos confíen en la Unión y exista una confianza mutua entre los Estados miembros resulta fundamental respetar plenamente y promover el Estado de Derecho y la democracia. El programa contribuirá, mediante la promoción de derechos y valores, a la construcción de una Unión más democrática, al respeto del Estado de Derecho y el diálogo democrático, la transparencia y la buena gobernanza, incluso en los casos en que se reduzca el espacio para la sociedad civil.

(5)

Para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos y fomentar la participación democrática se necesitan acciones variadas y esfuerzos coordinados. La ciudadanía y la identidad europeas deben desarrollarse y avanzar fomentando la comprensión por los ciudadanos del proceso de elaboración de las políticas y promoviendo el compromiso cívico en las acciones de la Unión. Acercar a los ciudadanos mediante proyectos de hermanamiento y redes de ciudades y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil a nivel local, regional, nacional y transnacional en los ámbitos cubiertos por el programa también contribuirá a fortalecer el compromiso social de los ciudadanos y, en última instancia, su participación activa en la vida democrática de la Unión. Al mismo tiempo, el apoyo de las actividades que promueven el entendimiento mutuo, el diálogo intercultural, la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y el respeto por los demás fomenta el sentimiento de pertenencia a la Unión y la ciudadanía común al amparo de una identidad europea, basados en un entendimiento compartido de nuestros valores, cultura, historia y patrimonio europeos comunes . El fomento de un sentimiento más fuerte de pertenencia a la Unión y de los valores de esta es particularmente importante entre los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, debido a su lejanía y distancia con respecto a la Europa continental.

(6)

Las actividades conmemorativas y la reflexión crítica sobre la memoria histórica de Europa son necesarias para que los ciudadanos , en particular los jóvenes, cobren conciencia de su historia y sus valores comunes como fundamento para un futuro común ▌. Las actividades conmemorativas deben servir para reflexionar sobre las causas de los regímenes totalitarios en la historia moderna de Europa, en particular el nazismo, que condujo al Holocausto, el fascismo, el estalinismo y los regímenes comunistas totalitarios), y para conmemorar a las víctimas de sus crímenes. También deben incluir actividades relativas a otros momentos definitorios y puntos de referencia en la reciente historia europea. Se deberá también tener en cuenta la importancia de los aspectos históricos, sociales, culturales e interculturales para crear una identidad europea basada en valores comunes y en un sentimiento de pertenencia.

(7)

Asimismo, los ciudadanos deberían ser más conscientes de los derechos que les asisten en virtud de su condición de ciudadanos de la Unión, y deberían sentirse cómodos al vivir, viajar, estudiar, trabajar y hacer voluntariado en otro Estado miembro, así como sentirse capaces de disfrutar y ejercer todos sus derechos de ciudadanía y de confiar en la igualdad de acceso y la plena exigibilidad y protección de sus derechos, sin discriminación alguna y con independencia del lugar de la Unión en el que se encuentren. La sociedad civil necesita recibir apoyo para la promoción, la protección y la sensibilización acerca de los valores de la Unión enunciados en el artículo 2 del TUE, así como para su contribución al disfrute efectivo de los derechos con arreglo al Derecho de la Unión.

(8)

La igualdad de género es un valor y un objetivo fundamental de la Unión Europea. Sin embargo, el progreso general en materia de igualdad de género se ha estancado. La discriminación contra las mujeres y el trato desigual de las mujeres y las niñas, así como las diversas formas de violencia contra las mujeres, infringen sus derechos fundamentales e impiden su plena participación política, social y económica en la sociedad. Además, la existencia de barreras políticas, estructurales y culturales impiden el logro de una igualdad de género real. La promoción y la integración de la igualdad de género en todas las actividades de la Unión es, por consiguiente, una tarea fundamental para la Unión y un motor de crecimiento económico y de desarrollo social , y debe contar con el apoyo del programa. Revisten una importancia especial la lucha activa contra los estereotipos y la discriminación interseccional silenciosa. La igualdad de acceso al trabajo, la participación en pie de igualdad en el mercado laboral y la eliminación de los obstáculos a la progresión de la carrera profesional en todos los sectores, como el judicial y los relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, son pilares de la igualdad de género. También debe hacerse hincapié en la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y en el reparto equitativo entre hombres y mujeres del trabajo doméstico y de cuidados de los niños, las personas mayores y otras personas dependientes, no remunerado, que siguen siendo pilares de la independencia y la participación económicas equitativas y están intrínsecamente relacionadas con la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.

(9)

La violencia de género y ▌contra los grupos de riesgo ( los niños, los jóvenes y otros grupos de riesgo como las personas LGBTQI y las personas con discapacidad) supone una grave violación de los derechos fundamentales y persiste en toda la Unión, en todos los contextos sociales y económicos con graves repercusiones en la salud física , mental y psicológica de las víctimas, así como en el conjunto de la sociedad. Las mujeres son las personas más afectadas por la violencia de género y el acoso tanto en el ámbito doméstico como en el público, por lo que la lucha contra esta violencia es una acción fundamental para promover la igualdad de género. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) define la «violencia contra las mujeres» como «todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada». La lucha contra la violencia de género requiere un enfoque pluridimensional que abarque sus aspectos jurídicos, económicos, educativos y sanitarios. Es menester asimismo luchar activamente contra los estereotipos de género desde una edad temprana, así como contra todas las formas de incitación al odio y de violencia en línea. En este contexto, sigue siendo esencial apoyar a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y a otros agentes que trabajan en este ámbito. Los niños, los jóvenes y otros grupos de riesgo, como las personas LGBTQI y las personas con discapacidad, también presentan un mayor riesgo de ser objeto de violencia , en particular en las relaciones familiares e íntimas . Se debe actuar con el fin de promover los derechos de las personas en situación de riesgo, en particular los derechos de los niños (incluidos los huérfanos, los huérfanos a consecuencia de delitos domésticos y otros grupos de niños especialmente vulnerables) y de contribuir a  su protección y garantizar sus derechos al desarrollo ▌y la dignidad. El combate contra todas las formas de violencia, en particular contra la violencia de género, la promoción de su prevención y la protección y el apoyo a las víctimas constituyen prioridades de la Unión que ayudan a hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas y contribuyen a la igualdad de género . Estas prioridades recibirán el apoyo del programa.

(10)

Una voluntad política fuerte y una actuación coordinada basada en los métodos y los resultados de programas precedentes como Daphne, el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía y el Programa de Justicia son necesarias para la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia y la protección de las víctimas. En particular, desde su inicio en 1997, la financiación del programa Daphne para el apoyo a las víctimas de la violencia y la lucha contra la violencia contra las mujeres, los niños y los jóvenes ha sido un verdadero éxito, tanto por su popularidad entre las partes interesadas (autoridades públicas, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales) como en términos de eficacia de los proyectos financiados. Ha financiado proyectos de sensibilización, de prestación de servicios de apoyo a las víctimas y de respaldo a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno. Ha abordado todas las formas de violencia, como, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia sexual, el tráfico de seres humanos , el acecho y prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital femenina, y las nuevas formas emergentes de violencia, como el ciberacoso y la ciberintimidación .

Por lo tanto, es importante continuar todas estas acciones , con una dotación presupuestaria independiente para el programa Daphne, y que los resultados y las lecciones aprendidas se tengan en cuenta debidamente en la ejecución del programa.

(11)

La no discriminación es un principio fundamental de la Unión. El artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. La no discriminación también se encuentra consagrada en el artículo 21 de la Carta. Deben tenerse en cuenta las características específicas de las diversas formas de discriminación , incluida la discriminación directa, indirecta y estructural, y, al mismo tiempo, deben concebirse las acciones apropiadas para prevenir y luchar contra la discriminación por uno o más motivos. El programa debe apoyar las acciones destinadas a prevenir y combatir todas las formas de discriminación, ▌racismo, ▌xenofobia, afrofobia, antisemitismo, odio contra la población romaní, islamofobia ▌y otras formas de intolerancia , incluidas la homofobia, la transfobia y la interfobia y otras formas de intolerancia basadas en la identidad de género, tanto en línea como en otros medios, contra personas pertenecientes a minorías, teniendo en cuenta los múltiples niveles de discriminación . En este contexto, debe dedicarse una especial atención a la prevención y a la lucha contra todas las formas de violencia, odio, segregación y estigmatización, así como a combatir el acoso, el hostigamiento y el trato intolerante. El Programa debe ejecutarse buscando las sinergias con otras actividades de la Unión que tengan los mismos objetivos, en particular con las mencionadas en la Comunicación de la Comisión de 5 de abril de 2011, titulada «Estrategias nacionales de integración de los gitanos: marco europeo común hasta 202010» y con la Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (6).

(12)

Los obstáculos sociales y debidos ▌al entorno y la falta de accesibilidad impiden que las personas con discapacidades participen en la sociedad de forma plena y efectiva y en pie de igualdad con los demás. Las personas con discapacidades se enfrentan a obstáculos a la hora de —entre otras cosas— acceder al mercado de trabajo, beneficiarse de una educación inclusiva y de calidad, evitar la pobreza y la exclusión social, disfrutar del acceso a las iniciativas culturales y a los medios o de valerse de sus derechos políticos. En cuanto que parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en lo sucesivo, la «CDPD»), la Unión y todos sus Estados miembros se han comprometido a promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad. Las disposiciones de la CDPD se han convertido en una parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión.

(13)

El derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones (el derecho a la intimidad) es un derecho fundamental consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales. La protección de los datos personales es un derecho fundamental consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El cumplimiento de las normas relativas a la protección de datos personales está sometido al control de autoridades de supervisión independientes. El marco jurídico de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), establece disposiciones para garantizar que el derecho a la protección de los datos personales se aplique de manera eficaz. Estos instrumentos jurídicos confían a las autoridades nacionales de supervisión de la protección de datos la tarea de promover la sensibilización y la comprensión públicas en cuanto a los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos en materia de tratamiento de datos personales. La Unión debe poder llevar a cabo actividades de sensibilización , incluso prestando su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que abogan por la protección de los datos personales con arreglo a las normas de la Unión, y realizar estudios y otras actividades relevantes, habida cuenta de la importancia del derecho a la protección de los datos de carácter personal en tiempos de rápido progreso tecnológico.

(14)

El artículo 24 del TFUE obliga al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar disposiciones sobre los procedimientos y las condiciones necesarias a efectos de la presentación de iniciativas ciudadanas a tenor del artículo 11 del Tratado de la Unión Europea. Esta obligación se ha cumplido mediante la adopción del Reglamento [(UE) n.o 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (9)]. El programa debe apoyar la financiación de la asistencia técnica y organizativa para la aplicación del Reglamento [(UE) n.o 211/2011], respaldando así el ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a poner en marcha y apoyar Iniciativas Ciudadanas Europeas.

(15)

Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el programa debe apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres, y de lucha contra la discriminación. La evaluación intermedia y la evaluación final del programa deben evaluar el impacto del género para valorar en qué medida el programa contribuye a la igualdad de género y si tiene repercusiones negativas no deseadas sobre la igualdad de género. En este contexto, y teniendo en cuenta la diferencia de carácter y de tamaño entre las actividades de los diferentes capítulos del programa, será importante que los datos individuales recogidos por los promotores del proyecto se desglosen por sexo siempre que sea posible. También es importante proporcionar información a los solicitantes sobre la manera de tener en cuenta la igualdad de género, incluido el uso de herramientas de integración de la perspectiva de género, como la presupuestación con perspectiva de género y las evaluaciones de impacto de género cuando sea necesario. A la hora de consultar a expertos y partes interesadas, hay que tener en cuenta el equilibrio de género.

(16)

El artículo 3, apartado 3, del TUE exige que la Unión promueva la protección de los derechos del niño, en consonancia con el artículo 24 de la Carta y con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

(17)

En aplicación de los actos de la Unión en materia de igualdad de trato, los Estados miembros han creado organismos independientes para la promoción de la igualdad de trato, comúnmente conocidos como «organismos para la igualdad», con el fin de combatir la discriminación por razón de raza, origen étnico o género. Sin embargo, muchos Estados miembros han ido más allá de estas exigencias y garantizan que los organismos para la igualdad puedan combatir también la discriminación por motivo de idioma, edad, características sexuales, identidad de género y no conformidad de género, orientación sexual, religión, creencias y discapacidad ▌. Los organismos para la igualdad desempeñan una función clave a la hora de promover la igualdad y garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre igualdad de trato al ofrecer, en particular, un apoyo independiente a las víctimas de discriminación, realizar sondeos independientes sobre la discriminación, publicar informes independientes y hacer recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con la discriminación en sus países. Resulta esencial que el trabajo de los organismos para la igualdad a este respecto se coordine a nivel de la Unión. EQUINET se creó en 2007. Sus miembros son los organismos nacionales de promoción de la igualdad de trato establecidos por las Directivas 2000/43/CE (10) y 2004/113/CE (11) del Consejo y por las Directivas 2006/54/CE (12) y 2010/41/UE (13) del Parlamento Europeo y del Consejo. El 22 de junio de 2018, la Comisión adoptó una Recomendación sobre normas relativas a los organismos para la igualdad que abarca el mandato, la independencia, la eficacia y la coordinación y cooperación de los organismos para la igualdad. La situación de EQUINET es excepcional, pues es la única entidad que garantiza la coordinación de las actividades entre los organismos de igualdad. Las actividades de coordinación de EQUINET son claves para la correcta aplicación de la legislación antidiscriminatoria de la Unión en los Estados miembros, y deben contar con el apoyo del programa.

(17 bis)

A fin de incrementar la facilidad de acceso y proporcionar directrices imparciales e información práctica acerca de todos los aspectos del programa, pueden crearse puntos de contacto en los Estados miembros para brindar asistencia tanto a los beneficiarios como a los solicitantes. Los puntos de contacto del programa deben poder desempeñar sus funciones de manera independiente, sin interferencia de las autoridades públicas en su toma de decisiones. Los Estados miembros deben poder elegir la gestión más adecuada de los puntos de contacto del programa, por ejemplo, a través de las autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil o sus consorcios. Los puntos de contacto no deben tener responsabilidad alguna en la gestión del programa.

(18)

Los organismos de derechos humanos independientes y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel esencial en la promoción, la protección y la sensibilización respecto de los valores comunes de la Unión que figuran en el artículo 2 del TUE, así como a la hora de contribuir al disfrute efectivo de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Tal como se pone de manifiesto en la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de abril de 2018, un incremento de la financiación y una ayuda financiera suficiente son fundamentales para el desarrollo de un entorno propicio y sostenible que permita a las organizaciones de la sociedad civil fortalecer su papel y llevar a cabo sus funciones de forma independiente y eficaz. Al complementar los esfuerzos realizados a nivel nacional, la financiación de la UE debe, por tanto, contribuir a apoyar, empoderar y desarrollar la capacidad de las organizaciones independientes de la sociedad civil que se dedican a la promoción de los valores y derechos ▌y cuyas actividades contribuyen a la aplicación estratégica de los derechos establecidos por el Derecho de la UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, mediante, entre otras cosas, actividades de defensa como litigios estratégicos, campañas, comunicación y otras actividades de vigilancia, así como a promover, proteger y sensibilizar respecto de los valores de la Unión a nivel local, regional, nacional y transnacional . El programa debe aplicarse de manera respetuosa con el usuario, por ejemplo, mediante un procedimiento de solicitud y de presentación de informes de fácil uso. Debe prestarse especial atención a su accesibilidad para las organizaciones de la sociedad civil a nivel transnacional, nacional, regional y local, incluidas las organizaciones locales de base de la sociedad civil, así como a la capacidad de los beneficiarios. A tal fin se debe tomar en consideración cuando proceda la utilización de la ayuda financiera para terceros.

(19)

La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, en particular el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y debe hacer balance de los trabajos de otros actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el programa.

(20)

El programa debe estar abierto, siempre que se cumplan determinadas condiciones, a la participación de los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio («AELC») que son miembros del Espacio Económico Europeo («EEE»), a los Estados miembros de la AELC que no son miembros del EEE, y a otros países europeos. Los países en vías de adhesión, los países candidatos y los candidatos potenciales que se acojan a una estrategia de preadhesión deben poder participar también en el programa.

(21)

A fin de garantizar una asignación eficaz de los fondos del presupuesto general de la Unión, es necesario garantizar el valor añadido europeo de todas las acciones llevadas a cabo y su complementariedad respecto de las acciones de los Estados miembros, al tiempo que debe buscarse la coherencia, la complementariedad y las sinergias con los programas de financiación que ofrezcan apoyo en los ámbitos políticos estrechamente vinculados, en particular en el contexto del Fondo de Justicia, Derechos y Valores —y, por tanto, del Programa de Justicia—, así como con el programa Europa Creativa y con Erasmus+, a fin de aprovechar el potencial de las pasarelas culturales en los campos de la cultura, los medios de comunicación, las artes, la educación y la creatividad. Es necesario crear sinergias con otros programas de financiación europeos, en particular en los ámbitos del empleo y la lucha contra la exclusión social, especialmente el Fondo Social Europeo Plus , el mercado interior, la empresa, la juventud, la salud, la ciudadanía, la justicia, la migración, la seguridad, la investigación, la innovación, la tecnología, la industria, la cohesión, el turismo, las relaciones exteriores, el comercio y el desarrollo sostenible .

(22)

El presente Reglamento establece una dotación financiera para el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, que debe constituir el importe de referencia privilegiado a tenor del [referencia pendiente de actualización según corresponda en virtud del nuevo Acuerdo interinstitucional: apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (14)], para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(23)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o [el nuevo RF] («el Reglamento Financiero») es aplicable al presente programa. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(24)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa , la capacidad de las partes interesadas pertinentes y de los beneficiarios destinatarios, y el riesgo de incumplimiento esperado. Esto implica que deba considerarse el empleo de cantidades a tanto alzado, de tipos fijos y de costes unitarios, así como la financiación no ligada a los costes a la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero. ▌

(24 bis)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo  (15) , el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2988/95 del Consejo  (16) , el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo  (17) y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo  (18) , los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir el fraude y otras actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo  (19) . De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(25)

En lo que respecta a la consecución de los objetivos específicos de promover la igualdad de género, los derechos, el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión a nivel local, regional, nacional y transnacional, y de luchar contra la violencia, los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida con arreglo al Acuerdo sobre el EEE, que prevé la ejecución de programas sobre la base de decisiones tomadas en virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, cabe la participación de terceros países en virtud de otros instrumentos jurídicos. Se debe incluir una disposición específica en el presente Reglamento a fin de otorgar los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal de Cuentas Europeo para que puedan ejercer plenamente sus respectivas competencias.

(26)

Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son aplicables al presente Reglamento. Estas normas figuran en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento para el establecimiento y la ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratación pública, premios y gestión indirecta, y prevén el control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE conciernen también a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, ya que el respeto del Estado de Derecho constituye una precondición esencial para la buena gestión financiera y la financiación eficaz de la UE.

(26 bis)

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros tiene por objeto dotar a la Unión de una mejor protección de su presupuesto cuando las deficiencias del Estado de Derecho menoscaben o amenacen con menoscabar la buena gestión financiera o los intereses financieros de la Unión. Debe complementar el programa Derechos y Valores, cuya función es diferente, a saber, financiar políticas acordes con los derechos fundamentales y con los valores europeos que tengan como eje principal la vida de las personas y su participación.

(27)

De conformidad con el [actualización de la referencia de conformidad con una nueva decisión sobre los países y territorios de ultramar: el artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE (20)] del Consejo, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate Al aplicar el programa se han de tener en cuenta las limitaciones impuestas por el alejamiento de los países y territorios de ultramar, y se ha de efectuar un seguimiento y una evaluación periódica de su participación efectiva en el programa.

(28)

Habida cuenta de la importancia de luchar contra el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de cara a la aplicación del Acuerdo de París y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el presente programa contribuirá a la incorporación generalizada de la acción por el clima y al cumplimiento del objetivo general de que el 25 % de los gastos presupuestarios de la UE apoyen objetivos relacionados con el clima a lo largo del periodo que cubre el marco financiero plurianual 2021-2027, así como un objetivo anual del 30 % en el plazo más breve posible y a más tardar en 2027 . Las acciones pertinentes a estos efectos se determinarán durante la preparación y la ejecución del programa y serán objeto de revisión en el contexto de su evaluación intermedia.

(29)

A tenor de lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el presente programa en función de la información recogida a través de los requisitos específicos de control, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y las cargas administrativas, en particular para los Estados miembros. Estos requisitos podrán incluir, cuando proceda, indicadores mensurables como fundamento para evaluar los efectos del programa sobre el terreno.

(30)

A fin de complementar el presente Reglamento con vistas a ejecutar el programa y garantizar la evaluación efectiva de sus progresos en la consecución de sus objetivos , deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a los programas de trabajo en virtud del artículo 13 y a los indicadores a que se refieren los artículos 14 y 16 y el anexo II. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

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