(1)

El artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea tiene por objeto establecer un mercado interior que obre en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado, en particular, en un crecimiento económico equilibrado y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

(2)

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo marco mundial para el desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (4), centrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que comprenden tres pilares de sostenibilidad, a saber: el ambiental, el social y el económico y de gobernanza. La Comunicación de la Comisión de 2016 sobre las próximas etapas para un futuro europeo sostenible (5) vincula los ODS al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya de partida dichos objetivos. Las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de junio de 2017 (6) confirmaron el compromiso de la Unión y sus Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 de manera íntegra, coherente, exhaustiva, integrada y efectiva y en estrecha cooperación con los países socios y otros interesados.

(3)

En 2016, el Consejo celebró en nombre de la Unión el Acuerdo de París sobre el cambio climático (7). En su artículo 2, apartado 1, letra c), el Acuerdo de París fija el objetivo de reforzar la respuesta al cambio climático, entre otras cosas compatibilizando los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

(4)

La sostenibilidad y la transición a una economía circular, más eficiente en el uso de los recursos, con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima son fundamentales para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión. La sostenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el proyecto de la Unión Europea y los Tratados reconocen sus dimensiones social y ambiental.

(5)

En diciembre de 2016, la Comisión encomendó a un grupo de expertos de alto nivel la labor de definir una estrategia general completa de la Unión en relación con las finanzas sostenibles. El informe del grupo de expertos publicado el 31 de enero de 2018 (8) aboga por la creación de un sistema de clasificación técnicamente sólido a escala de la Unión a fin de aclarar qué actividades son «ecológicas» o «sostenibles», comenzando por la mitigación del cambio climático.

(6)

En marzo de 2018, la Comisión publicó su Plan de Acción «Financiar el crecimiento sostenible» (9), que recoge una estrategia ambiciosa e integral respecto de las finanzas sostenibles. Uno de los objetivos fijados en dicho Plan de Acción es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, a fin de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. La medida más importante y urgente prevista por el Plan de Acción es el establecimiento de un sistema de clasificación unificado y de indicadores para identificar el grado de sostenibilidad de las actividades sostenibles. El Plan de Acción reconoce que la reorientación de los flujos de capital hacia actividades más sostenibles debe sustentarse en una interpretación común de lo que significa «sostenible» e integral del impacto de las actividades económicas e inversiones en la sostenibilidad ambiental y el uso eficiente de los recursos . Como primer paso, la definición de orientaciones claras sobre las actividades que pueden considerarse coadyuvantes al logro de objetivos ambientales ayudará sin duda a informar a los inversores sobre las inversiones que financian actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Posteriormente podrían en función de su grado de sostenibilidad . Reconociéndose los Objetivos de Sostenibilidad de las Naciones Unidas y las conclusiones del Consejo Europeo del 20 de junio de 2017, deberían también elaborarse orientaciones complementarias sobre las actividades que contribuyen a otros objetivos de sostenibilidad, entre ellos los de índole social y de gobernanza, aplicando con ello la Agenda 2030 de manera completa, coherente, exhaustiva, integrada y efectiva . [Enm. 80]

(6 bis)

Si bien reconoce la urgencia de abordar el cambio climático, un enfoque demasiado centrado en la exposición al carbono podría tener efectos indirectos negativos, al reorientar los flujos de inversión hacia objetivos que conlleven otros riesgos para el medio ambiente. Por ello, es necesario poner en marcha garantías adecuadas a fin de velar por que las actividades económicas no causen un perjuicio a otros objetivos ambientales, como la biodiversidad y la eficiencia energética. Los inversores necesitan disponer de información comparable y completa acerca de los riesgos ambientales y sus repercusiones que les permita evaluar sus carteras sin limitarse a la exposición al carbono. [Enm. 2]

(6 ter)

Habida cuenta de la urgencia que revisten el deterioro ambiental y el consumo excesivo de recursos en varios ámbitos interrelacionados, es necesario adoptar un enfoque sistémico ante el crecimiento exponencial de tendencias negativas como la pérdida de diversidad biológica, el consumo excesivo global de recursos, la aparición de nuevas amenazas, como productos químicos peligrosos y sus mezclas, la escasez de nutrientes, el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, el agotamiento del agua dulce y el cambio del uso de la tierra. Por ello, es necesario que las medidas que se adopten sean prospectivas y estén a la altura de los retos futuros. La magnitud de estos retos requiere un enfoque global y ambicioso y una aplicación estricta del principio de precaución. [Enm. 3]

(7)

La Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) preconizaba un aumento de la contribución del sector privado a la financiación de los gastos ambientales y relacionados con el cambio climático, en particular a través del establecimiento de incentivos y métodos que alienten a las empresas a medir los costes ambientales de su negocio y los beneficios derivados de la utilización de servicios ambientales.

(7 bis)

El informe de iniciativa del Parlamento Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre finanzas sostenibles establece los elementos esenciales de unos indicadores y una taxonomía de sostenibilidad como incentivos para las inversiones sostenibles. Es preciso garantizar la coherencia entre la legislación pertinente. [Enm. 4]

(8)

La consecución de los ODS en la Unión exige la canalización de los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Es importante aprovechar plenamente el potencial del mercado interior para el logro de esos objetivos. Asimismo, es esencial garantizar que los flujos de capital encauzados hacia inversiones sostenibles no sufran perturbaciones en el mercado interior.

(8 bis)

La magnitud del reto conlleva la reorientación gradual de todo el sistema financiero de manera que apoye el funcionamiento sostenible de la economía. A tal fin, es necesario que las finanzas sostenibles estén plenamente integradas en el sistema financiero y debe prestarse atención a la incidencia de los servicios y productos financieros en la sostenibilidad. [Enm. 5]

(9)

Ofrecer productos financieros que persigan objetivos sostenibles desde el punto de vista ambiental es una forma eficaz de canalizar reorientar gradualmente la inversión privada en actividades con repercusiones ambientales negativas hacia actividades más sostenibles. Los requisitos impuestos a nivel nacional para la comercialización de productos y servicios financieros y bonos de empresa como inversiones sostenibles, tal como se definen en el presente Reglamento, en particular los requisitos establecidos para permitir a los pertinentes agentes de los mercados utilizar una etiqueta nacional, pretenden aumentar la confianza de los inversores y su conciencia de los riesgos , crear visibilidad y disipar los temores acerca del «blanqueo ecológico». El blanqueo ecológico hace referencia a la práctica de obtener una ventaja competitiva desleal presentando un producto financiero como respetuoso con el medio ambiente a la hora de comercializarlo, cuando, en realidad, no cumple los requisitos ambientales básicos. Actualmente, algunos Estados miembros disponen de sistemas de etiquetado, los cuales se basan en diferentes taxonomías para clasificar las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Habida cuenta de los compromisos políticos adquiridos en virtud del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, es probable que cada vez más Estados miembros establezcan sistemas de etiquetado u otros requisitos para los agentes de los mercados respecto de los productos financieros o bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de vista ambiental. Para ello, los Estados miembros utilizarían sus propias taxonomías nacionales al determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles. Si tales requisitos nacionales se basan en criterios e indicadores diferentes en cuanto a las actividades económicas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental, los inversores se verán disuadidos de realizar inversiones transfronterizas, debido a las dificultades que supondrá comparar las distintas oportunidades de inversión. Además, los operadores económicos que deseen atraer inversiones de toda la Unión tendrían que cumplir requisitos diferentes en los diversos Estados miembros, a fin de que sus actividades se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental a efectos de las diferentes etiquetas. La falta de criterios e indicadores uniformes incrementará orientará la inversión de forma ineficaz desde el punto de vista ambiental , pues y en ocasiones contraproducente, y tendrá como consecuencia el incumplimiento de los objetivos ambientales y de sostenibilidad. Por tanto , dicha falta hace aumentar los costes y supondrá genera un importante factor disuasorio para los operadores económicos, que representará un obstáculo al acceso transfronterizo a los mercados de capitales para las inversiones sostenibles. Cabe prever que las barreras de acceso a los mercados de capitales transfronterizos a efectos de la captación de fondos para proyectos sostenibles serán aún mayores. Por consiguiente, resulta oportuno armonizar gradualmente a escala de la Unión los criterios e indicadores para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental el grado de sostenibilidad de una actividad económica , a fin de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior y prevenir su aparición futura. Con esta armonización de información, parámetros y criterios , será más fácil para los operadores económicos obtener financiación para sus actividades ecológicas sostenibles desde el punto de vista ambiental a escala transfronteriza, ya que sus actividades económicas podrán compararse a la luz de criterios e indicadores uniformes antes de ser seleccionadas como activos subyacentes de inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental. Se facilitará así, por tanto, la captación de inversiones transfronterizas dentro de la Unión. [Enm. 6]

(9 bis)

Para que la Unión pueda cumplir sus compromisos ambientales y climáticos es necesario movilizar las inversiones privadas. Ello requiere una planificación a largo plazo y un marco regulador estable y previsible para los inversores. Por tanto, con el fin de garantizar un marco político coherente para las inversiones sostenibles, es importante que las disposiciones del presente Reglamento se basen en la legislación vigente de la Unión. [Enm. 7]

(10)

Por otra parte, si los participantes en los mercados no ofrecen a los inversores ninguna explicación sobre revelan la forma en que las actividades en las que invierten contribuyen negativa o positivamente a los objetivos ambientales, o si se basan en diferentes conceptos al explicar lo que constituye al explicar el grado de sostenibilidad ambiental de una actividad económica «sostenible» se basan en diferentes parámetros y criterios para determinar sus repercusiones , a los inversores les resultará desproporcionadamente arduo comprobar y comparar los diferentes productos financieros. Se ha constatado que esto disuade a los inversores de invertir en productos financieros ecológicos sostenibles . Además, la falta de confianza de los inversores tiene importantes efectos perjudiciales en el mercado de la inversión sostenible. Se ha demostrado también que las normas nacionales o las iniciativas basadas en el mercado adoptadas para solucionar este problema dentro de las fronteras nacionales llevan a fragmentar el mercado interior. Si los participantes en los mercados financieros dan a conocer de qué manera los productos financieros que presentan como respetuosos con el medio ambiente cumplen los objetivos ambientales y si, al hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la Unión de lo que constituye una actividad económica sostenible desde el punto de vista ambiental, ayudarán a los inversores a comparar distintas las repercusiones ambientales de las oportunidades de inversión respetuosas con el medio ambiente a escala transfronteriza a escala transfronteriza e incentivarán que las empresas en las que se invierte aumenten la sostenibilidad de sus modelos de negocio . Los inversores invertirán en productos financieros ecológicos con mayor confianza en toda la Unión, mejorando así el funcionamiento del mercado interior. [Enm. 8]

(10 bis)

Para lograr una repercusión significativa en el medio ambiente y la sostenibilidad en general, reducir la carga administrativa innecesaria que soportan los participantes en los mercados financieros y otras partes interesadas y favorecer el crecimiento de los mercados financieros europeos que financian actividades económicas sostenibles, la taxonomía debe basarse en indicadores y criterios armonizados comparables e uniformes, que incluyan, como mínimo, los indicadores de la economía circular. Dichos indicadores deben ser coherentes con la metodología unificada de análisis del ciclo de vida y aplicarse en todas las iniciativas reguladoras de la Unión. Han de constituir la base para la evaluación del riesgo y el impacto ambiental de las actividades económicas e inversiones. Es preciso evitar cualquier solapamiento en la normativa, lo que no se ajustaría a los principios de la mejora de la legislación y de una aplicación proporcionada, ni contribuiría al objetivo de crear una terminología coherente y un marco regulatorio claro. Conviene evitar también la imposición de cargas innecesarias a las autoridades y las instituciones financieras. Desde esta misma perspectiva, antes de que entren en vigor la taxonomía y los criterios correspondientes es necesario definir con claridad el ámbito de aplicación y el uso de los criterios técnicos de selección, así como el vínculo con otras iniciativas. Al establecer los criterios armonizados aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental deben tenerse en cuenta las competencias de los Estados miembros en los distintos ámbitos políticos. Los requisitos del presente Reglamento deben aplicarse de manera proporcional a las entidades pequeñas y no complejas, tal como se definen en virtud del presente Reglamento. [Enm. 9]

(10 ter)

Los indicadores deben armonizarse sobre la base de iniciativas actuales, como los trabajos de la Comisión, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la OCDE, entre otros, y deben recoger el impacto ambiental del dióxido de carbono y de otras emisiones, la diversidad biológica, la producción de residuos, el uso de la energía y la energía renovable, las materias primas, el agua y el uso directo e indirecto de la tierra, con arreglo al marco de seguimiento de la Comisión para la economía circular (COM(2018)0029), el plan de acción de la UE para la economía circular (COM(2015)0614) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular (2014/2208(INI)). Asimismo, en la elaboración de los indicadores deben tenerse en cuenta también las recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre el apoyo a la financiación de la economía circular de la Comisión Europea. La Comisión debe evaluar cómo integrar el trabajo de este grupo de expertos en la labor del grupo de expertos técnicos. Los indicadores deben tomar en consideración las normas en materia de sostenibilidad reconocidas internacionalmente. [Enm. 10]

(11)

Con vistas a eliminar los actuales obstáculos al funcionamiento del mercado interior y a prevenir la aparición de tales obstáculos en el futuro, resulta oportuno disponer que los Estados miembros y la Unión utilicen un concepto común de «inversión sostenible desde el punto relacionado con el grado de sostenibilidad ambiental de vista ambiental» las inversiones al establecer los requisitos que los agentes de los mercados deberán cumplir a efectos del etiquetado de los productos y servicios financieros o los bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de vista ambiental a nivel nacional. Por las mismas razones, los gestores de fondos y los inversores institucionales que declaren perseguir objetivos ambientales deben utilizar el mismo concepto de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental y los mismos indicadores, parámetros y criterios para calcular el impacto ambiental cuando revelen de qué manera persiguen esos objetivos. [Enm. 11]

(12)

El establecimiento de criterios para las actividades económicas sostenibles desde La información sobre el punto de vista impacto ambiental puede alentar a las empresas a difundir, de forma voluntaria, en sus sitios web información sobre las actividades de ese tipo que lleven a cabo. Esa información no solo ayudará a los pertinentes agentes de los mercados financieros a identificar y determinar sin dificultad las empresas que realizan el grado de sostenibilidad ambiental de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, sino que llevadas a cabo por las empresas y también facilitará para dichas empresas la obtención de financiación a efectos de sus actividades ecológicas. [Enm. 12]

(13)

Una clasificación de la Unión de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental debería Los indicadores a escala de la Unión pertinentes para determinar el impacto ambiental de las actividades económicas deberían permitir el desarrollo de futuras políticas y estrategias de la Unión, incluidas normas a escala de la Unión sobre los productos financieros sostenibles desde el punto de vista ambiental, y, en última instancia, la creación de etiquetas que reconozcan formalmente el cumplimiento de esas normas en toda la Unión , así como constituir la base para otras medidas económicas, reguladoras y prudenciales . A modo de referencia para la futura legislación de la Unión destinada a  facilitar la transición de unas potenciar las inversiones sostenibles desde el punto de vista con un impacto ambiental negativo a otras con un impacto ambiental positivo , son necesarios requisitos jurídicos uniformes que permitan considerar las inversiones como tales el grado de sostenibilidad ambiental de las inversiones , basados en criterios uniformes sobre para determinar el grado de sostenibilidad ambiental de las actividades económicas sostenibles desde y en indicadores comunes para evaluar el punto impacto ambiental de vista ambiental las inversiones . [Enm. 13]

(14)

En el marco de la consecución de los ODS en la Unión, ciertas opciones estratégicas, como la creación de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, han demostrado su eficacia pueden ser eficaces a la hora de contribuir a  movilizar y canalizar la inversión privada, junto con el gasto público, hacia inversiones sostenibles. El Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) fija un objetivo horizontal de inversiones en proyectos de infraestructura e innovación propicios a la lucha contra el cambio climático del 40 %, en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La fijación de criterios comunes en materia de sostenibilidad de las actividades económicas podría y de indicadores comunes para la evaluación del impacto ambiental puede respaldar futuras iniciativas similares de la Unión en apoyo de las destinadas a movilizar inversiones que persigan objetivos climáticos u otros objetivos ambientales. [Enm. 14]

(15)

Con objeto de evitar la fragmentación del mercado, así como cualquier perjuicio a los intereses de los consumidores debido a conceptos divergentes de las actividades económicas sostenibles desde el punto en relación con el grado de sostenibilidad ambiental de vista ambiental las actividades económicas , los requisitos nacionales que los agentes de los mercados deben cumplir, si desean comercializar productos financieros o bonos de empresa como sostenibles desde el punto de vista ambiental en virtud del presente Reglamento , deben basarse en los criterios uniformes aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Entre dichos agentes de los mercados figuran los participantes en los mercados financieros que ofrecen productos o servicios financieros «ecológicos» sostenibles y las empresas no financieras que emiten bonos de empresa «ecológicos» sostenibles . [Enm. 15]

(16)

A fin de no vulnerar los intereses de los consumidores, los gestores de fondos y los inversores institucionales que ofrezcan productos financieros presentados como sostenibles desde el punto de vista ambiental deben revelar de qué modo y en qué medida se utilizan los criterios aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental para determinar la sostenibilidad ambiental de las inversiones. La información divulgada debe permitir a los inversores conocer la proporción de la inversión que financia actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental en porcentaje del total de actividades económicas y, por ende, el grado de sostenibilidad ambiental de la inversión. Es conveniente que la Comisión especifique la información que deberá divulgarse a tal efecto. Esa información ha de permitir a las autoridades nacionales competentes comprobar el cumplimiento de la obligación de divulgación con facilidad y hacer cumplir dicha obligación de conformidad con la legislación nacional aplicable.

(17)

Con vistas a evitar que se eluda la obligación de divulgación, esta debe aplicarse también cuando se declare que a todos los productos financieros ofrecidos tienen a los que se atribuyan características similares a inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, incluidas las que tengan por finalidad la protección del medio ambiente en sentido amplio. Los participantes en los mercados financieros no deben estar obligados a invertir únicamente en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental que se determinen de conformidad con los criterios técnicos de selección establecidos en el presente Reglamento. Resulta oportuno alentarlos alentar a los participantes en los mercados financieros y a otros agentes a informar a la Comisión si juzgan que una actividad económica que no cumple los no se han establecido aún criterios técnicos de selección, o respecto de la cual aún no se han establecido tales criterios, debe pertinentes para las actividades que financian y que, por lo tanto, sus productos financieros deben considerarse sostenible sostenibles desde el punto de vista ambiental, a fin de ayudar a la Comisión a evaluar la conveniencia de complementar o actualizar los criterios técnicos de selección. [Enm. 16]

(18)

Con el fin de determinar si el grado de sostenibilidad ambiental de una actividad económica es sostenible desde el punto de vista , debe confeccionarse una lista exhaustiva de objetivos ambientales basados en indicadores que midan el impacto ambiental, debe confeccionarse una lista exhaustiva de los objetivos ambientales teniendo en cuenta las repercusiones de la actividad en toda la cadena de valor industrial y garantizando la coherencia con la legislación vigente de la Unión, como el paquete sobre la energía limpia . [Enm. 17]

(19)

El objetivo ambiental de protección de los ecosistemas sanos debe interpretarse a la luz de los instrumentos legislativos y no legislativos pertinentes de la Unión, tales como la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), la Directiva 92/43/CEE del Consejo (13), el Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 (15), la Estrategia en materia de Infraestructura Verde de la UE, la Directiva 91/676 del Consejo (16), el Reglamento (UE) n.o 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), el Reglamento (UE) n.o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), el Plan de Acción de la UE sobre la Aplicación de las Leyes, la Gobernanza y el Comercio Forestales (19), y el Plan de Acción de la UE contra el Tráfico de Especies Silvestres (20).

(20)

Por cada objetivo ambiental, resulta oportuno definir criterios uniformes basados en la información facilitada por medio de indicadores armonizados para considerar que las actividades económicas contribuyen sustancialmente a ese objetivo. Uno de los elementos de los criterios uniformes debe ser evitar cualquier perjuicio significativo a alguno de los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento. Se pretende así evitar que las inversiones se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental, cuando las actividades económicas que se beneficien de ellas causen al medio ambiente un perjuicio mayor que su contribución a un objetivo ambiental. Merced a las condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo, cabe esperar que las inversiones en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental aporten una contribución real a los objetivos ambientales. [Enm. 18]

(21)

Recordando el compromiso asumido conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de observar los principios consagrados por el pilar europeo de derechos sociales en apoyo de un crecimiento sostenible e inclusivo, y reconociendo la trascendencia de las normas mínimas vigentes a escala internacional en materia de derechos humanos y laborales, una de las condiciones para que las actividades económicas se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental ha de ser el cumplimiento de unas garantías mínimas. Por ese motivo, las actividades económicas solo deben considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental cuando se lleven a cabo de conformidad con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y con los ocho convenios fundamentales de la OIT. Los convenios fundamentales de la OIT definen los derechos humanos y laborales que las empresas están obligadas a respetar. Varias de estas normas internacionales están también consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, así como el principio de no discriminación. Estas garantías mínimas se entienden sin perjuicio de la aplicación de requisitos de sostenibilidad más estrictos que el Derecho de la Unión pueda establecer en materia de medio ambiente, salud y seguridad y en el ámbito social.

(22)

Habida cuenta de los detalles técnicos específicos que se requieren para evaluar el impacto ambiental de una actividad económica y de la rapidez con que evolucionan la ciencia y la tecnología, los criterios de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental pertinentes para determinar el grado de sostenibilidad ambiental de las actividades económicas deben adaptarse periódicamente a dicha evolución. Para que los criterios e indicadores estén actualizados, sobre la base de los datos científicos y las aportaciones de los expertos y las partes interesadas pertinentes, las condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo deben especificarse con más detalle en función de las diferentes actividades económicas y actualizarse periódicamente. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión establezca criterios técnicos de selección detallados y calibrados y un conjunto de indicadores armonizados en función de las distintas actividades económicas, basándose en la aportación técnica de una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles de carácter multilateral. [Enm. 19]

(23)

Algunas actividades económicas tienen un impacto negativo en el medio ambiente, y la reducción de ese impacto negativo puede representar una contribución sustancial a uno o más objetivos ambientales. En relación con las actividades económicas de ese tipo, es conveniente establecer criterios técnicos de selección que exijan una mejora sustancial del comportamiento ambiental en comparación, entre otras cosas, con la media del sector con el fin de estudiar si la actividad puede aportar una contribución sustancial a uno o más objetivos ambientales . Dichos criterios deben tener en cuenta también las repercusiones a largo plazo (esto es, más de tres años) de una determinada actividad económica , en particular los beneficios ambientales de los productos y servicios y la contribución de los productos intermedios, y evaluar así el impacto de todas las fases de fabricación y uso a lo largo de la cadena de valor y el ciclo de vida . [Enm. 20]

(24)

Una actividad económica no debe considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental si son más los daños que causa no aporta un beneficio neto al medio ambiente que los beneficios que aporta. Los criterios técnicos de selección deben determinar los requisitos mínimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a otros objetivos. Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe cerciorarse de que sean razonables y proporcionados, se basen en datos científicos disponibles y tengan en cuenta toda la cadena de valor y el ciclo de vida de las tecnologías. Debe asegurarse también de que se actualicen periódicamente. Cuando la evaluación científica no permita determinar el riesgo con suficiente certeza, debe aplicarse el principio de precaución, de conformidad con el artículo 191 del TFUE. [Enm. 21]

(25)

Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe tener en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, así como los instrumentos no legislativos de la Unión ya aprobados, incluidos el Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), el sistema de gestión y auditoría medioambientales de la UE (22), los criterios de contratación pública ecológica de la UE (23) , la Plataforma sobre Economía Circular de la Comisión, la Plataforma Europea de Análisis del Ciclo de Vida y los trabajos en curso sobre las normas relativas a la huella ambiental de productos y de organizaciones (24). Al objeto de evitar incoherencias innecesarias con las clasificaciones de las actividades económicas que ya existen para otros fines, la Comisión también debe tener en cuenta las clasificaciones estadísticas relativas al sector de bienes y servicios ambientales, a saber, la Clasificación de Actividades y Gastos de Protección del Medio Ambiente (CEPA) y la Clasificación de las Actividades de Gestión de Recursos (CReMA) (25). [Enm. 22]

(26)

Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección y los indicadores armonizados , la Comisión debe igualmente tener en cuenta las especificidades del sector de infraestructura de los distintos sectores y las externalidades ambientales, sociales y económicas en el marco de un análisis coste-beneficio. A este respecto, conviene que la Comisión tome en consideración la labor de organizaciones internacionales, como la OCDE, la legislación y las normas pertinentes de la Unión, entre ellas la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26), la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (27), la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (28), la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (29), y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (30), así como la metodología actual. En este contexto, los criterios técnicos de selección y los indicadores deben promover marcos de gobernanza adecuados que integren los factores ambientales, sociales y de gobernanza, tal como se contemplan en los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (31), en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. [Enm. 23]

(26 bis)

Al definir los criterios técnicos de selección, la Comisión también debe prever medidas transitorias respecto de actividades que apoyen la transición a una economía más sostenible y con bajas emisiones de carbono. Las empresas que se dedican actualmente a actividades económicas muy perjudiciales para el medio ambiente deben tener incentivos para reorientarse rápidamente hacia actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental, o al menos no problemáticas. Los criterios técnicos de selección deben incentivar dichos procesos de transición allá donde ocurran. Los criterios de selección pueden tener en cuenta si la mayoría de las empresas que llevan a cabo una actividad perjudicial concreta han emprendido manifiestamente una transición de ese tipo. La existencia de esfuerzos serios de transición puede demostrarse, entre otras cosas, mediante actividades sostenidas de investigación y desarrollo, grandes proyectos de inversión en tecnologías nuevas y más sostenibles desde el punto de vista ambiental o planes de transición concretos que se encuentren, por lo menos, en las fases iniciales de su ejecución. [Enm. 24]

(27)

A fin de impulsar la innovación sostenible desde el punto de vista ambiental y no falsear la competencia al obtener financiación para actividades económicas sostenibles desde un punto de vista ambiental, los criterios técnicos de selección deben garantizar que todas las actividades económicas pertinentes de un sector concreto los macrosectores (esto es, sectores NACE como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, construcción y servicios de transporte y almacenamiento) puedan tener la consideración de sostenibles desde un punto de vista ambiental y sean tratadas del mismo modo si contribuyen por igual a uno o más de los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento , siempre que no causen un perjuicio significativo a cualquier otro objetivo ambiental mencionado en los artículos 3 y 12 . La capacidad potencial para contribuir a los objetivos ambientales puede, sin embargo, variar según los sectores, lo cual debe reflejarse en los criterios de selección . Con todo, dentro de cada sector macrosector económico , los citados criterios no deben poner injustamente en desventaja determinadas actividades económicas frente a otras, si las primeras contribuyen a la consecución de los objetivos ambientales en la misma medida que las segundas , siempre que no causen un perjuicio significativo a cualquier otro objetivo ambiental mencionado en los artículos 3 y 12 . [Enm. 25]

(27 bis)

Las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental son el resultado de tecnologías y productos desarrollados a lo largo de toda la cadena de valor. Por este motivo, los criterios técnicos de selección deben tener en cuenta el papel de todas las fases de la cadena de valor —desde la transformación de las materias primas hasta el producto final y su conversión en residuos— en el resultado final de las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental. [Enm. 26]

(27 ter)

Para no perturbar el buen funcionamiento de las cadenas de valor, los criterios técnicos de selección deben tomar en consideración que las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental precisan de tecnologías y productos desarrollados por múltiples agentes económicos. [Enm. 27]

(28)

Al establecer los criterios técnicos de selección, la Comisión debe evaluar los posibles riesgos de transición y si el ritmo de adopción de dichos criterios respecto de actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental generaría activos obsoletos u ofrecería incentivos incoherentes, y si tendría alguna incidencia negativa en la liquidez de los mercados financieros. [Enm. 28]

(29)

Con vistas a no imponer a los operadores económicos costes de cumplimiento excesivamente gravosos, la Comisión debe establecer criterios técnicos de selección que ofrezcan la suficiente claridad jurídica, sean viables y fáciles de aplicar, y cuya observancia pueda verificarse a un coste razonable.

(30)

A fin de garantizar que las inversiones se canalicen hacia actividades económicas que tengan las máximas repercusiones positivas sobre los objetivos ambientales, la Comisión debe dar prioridad al establecimiento de criterios técnicos de selección respecto de las actividades económicas que potencialmente contribuyan más a dichos objetivos. Los criterios de selección deben tener en cuenta los resultados de los proyectos para facilitar la identificación y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la escalabilidad de dichas tecnologías. [Enm. 29]

(31)

Resulta oportuno establecer criterios técnicos de selección adecuados con respecto al sector del transporte, incluidos los activos móviles, criterios que tengan en cuenta todo el ciclo de vida de las tecnologías y el hecho de que este sector, en el que se incluye el transporte marítimo internacional, representa casi el 26 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión. Tal como puso de manifiesto el Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible (32), el sector del transporte supone en torno al 30 % de las necesidades anuales adicionales de inversión de cara a un desarrollo sostenible de la Unión, por ejemplo, a través del aumento de la electrificación o la transición a modos de transporte más limpios mediante el fomento de un cambio modal y la gestión del tráfico. [Enm. 30]

(32)

Reviste especial importancia que la Comisión, en su labor preparatoria para la definición de los criterios técnicos de selección, lleve a cabo las oportunas consultas con arreglo a los requisitos relativos a la mejora de la legislación. El proceso para el establecimiento y la actualización de los criterios técnicos de selección y de los indicadores armonizados debe también implicar a las partes interesadas pertinentes y basarse en datos científicos, en el impacto socioeconómico, en las mejores prácticas y en el trabajo y las entidades existentes, en particular, la Plataforma sobre Economía Circular de la Comisión Europea, así como en el asesoramiento de expertos con conocimientos y experiencia global acreditados en los ámbitos correspondientes. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión cree una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que debe estar compuesta por una amplia gama de expertos que representen tanto al sector público como al privado , a fin de garantizar que se toman en la debida consideración las especificidades de todos los sectores pertinentes . Los representantes del sector público deben ser expertos procedentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente y los organismos nacionales de protección del medio ambiente , las Autoridades Europeas de Supervisión , el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera y el Banco Europeo de Inversiones. Los expertos del sector privado deben incluir representantes de las partes interesadas pertinentes, como agentes de los mercados financieros y no financieros, representantes de una amplia gama de sectores de la economía real , universidades, centros de investigación, asociaciones y organizaciones. En su caso, se debe permitir que la Plataforma pueda solicitar asesoramiento a los no miembros. La Plataforma debe asesorar a la Comisión acerca de la elaboración, el análisis y la revisión de los criterios técnicos de selección y de los indicadores armonizados , incluido su impacto potencial sobre la valoración de activos que, hasta la adopción de los criterios, se considerasen activos ecológicos sostenibles de conformidad con los usos vigentes en el mercado. La Plataforma debe también asesorar a la Comisión acerca de la posible idoneidad de los criterios técnicos de selección y de los indicadores para otros usos en futuras iniciativas de actuación de la Unión encaminadas a facilitar las inversiones sostenibles. La Plataforma debe asesorar a la Comisión sobre el desarrollo de normas de contabilidad de la sostenibilidad y normas relativas a la elaboración integrada de informes para empresas y participantes en los mercados financieros, también mediante la revisión de la Directiva 2013/34/UE. [Enm. 31]

(33)

A fin de especificar los requisitos contenidos en el presente Reglamento, y en particular para establecer y actualizar indicadores y criterios técnicos de selección detallados y calibrados aplicables a distintas actividades económicas en cuanto a lo que constituye una contribución sustancial y un perjuicio significativo a los objetivos ambientales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la información necesaria para cumplir con la obligación de información establecida en el artículo 4, apartado 3, y los criterios técnicos de selección mencionados en el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas públicas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y los expertos del Parlamento Europeo y del Consejo han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. [Enm. 32]

(34)

Con objeto de conceder a los agentes pertinentes tiempo suficiente para familiarizarse con los criterios aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental que establece el presente Reglamento y para prepararse de cara a su aplicación, las obligaciones contenidas en el presente Reglamento deben comenzar a aplicarse, respecto de cada objetivo ambiental, seis meses después de la adopción de los correspondientes criterios técnicos de selección.

(35)

La aplicación del presente Reglamento debe revisarse periódicamente y, como mínimo, después de dos años con objeto de evaluar los progresos realizados en el desarrollo de los criterios técnicos de selección y los indicadores armonizados aplicables a las actividades sostenibles y perjudiciales desde el punto de vista ambiental, el uso de la definición de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental o de inversiones con un impacto ambiental negativo , y la necesidad, en su caso, de instaurar un mecanismo adicional de verificación del cumplimiento de las obligaciones. En el marco de la revisión debe deben evaluarse asimismo la conveniencia de las disposiciones necesarias para ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para hacerlo extensivo a los objetivos de sostenibilidad social. A más tardar, el 31 de marzo de 2020, la Comisión, en su caso, debe publicar nuevas propuestas legislativas sobre el establecimiento de un mecanismo de verificación del cumplimiento. [Enm. 33]

(36)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de introducir en toda la Unión criterios uniformes e indicadores aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. [Enm. 34]