5.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 356/60

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aprecia el planteamiento estratégico que propone la Comisión por medio del paquete sobre inversión social para prestar más atención a la mejora de las capacidades de las personas y apoyar su participación en la sociedad y el mercado laboral, a fin de aumentar la prosperidad de los ciudadanos, mejorar la economía y ayudar a la UE a salir de la crisis más fuerte, cohesiva y competitiva;

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lamenta que el paquete sobre inversión social de la Comisión no tenga en cuenta el papel de los entes regionales y locales. Los entes regionales y locales tienen un conocimiento directo de los problemas sociales y desempeñan un papel fundamental en la coordinación y puesta en práctica de las acciones para abordarlos.

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señala que muchos entes regionales y locales ya están desarrollando y aplicando con gran éxito una serie de programas para hacer frente a los desafíos mencionados en el paquete sobre inversión social. Por ello, habría que promover el intercambio de las mejores prácticas entre los entes locales y regionales;

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pide a la UE que considere la posibilidad, con el acuerdo de los Estados miembros, de establecer un marco europeo para las viviendas sociales, ya que la vivienda social juega un papel esencial para abordar la falta de hogar y realizar las estrategias preventivas para las personas sin hogar y orientadas al alojamiento que reclama la Comisión;

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señala que el FSE debe responder mejor a las necesidades reales de los ciudadanos concediendo a los entes regionales y locales una mayor flexibilidad para establecer los objetivos a nivel local;

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pide a la Comisión que desarrolle un plan concreto de aplicación para el paquete sobre inversión social. Debería incluir mecanismos de seguimiento, coordinación, intercambio transnacional y aprendizaje mutuo sobre prioridades temáticas como el desempleo juvenil, la educación, la falta de hogar, la pobreza infantil y la atención a personas con discapacidad y a personas en situación de dependencia.

Ponente

Ahmed ABOUTALEB (NL/PSE), alcalde de Rotterdam

Documento de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020

COM(2013) 83 final

1.

aprecia el planteamiento estratégico que propone la Comisión por medio del paquete sobre inversión social para prestar más atención a la mejora de las capacidades de las personas y apoyar su participación en la sociedad y el mercado laboral, a fin de aumentar la prosperidad de los ciudadanos, mejorar la economía y ayudar a la UE a salir de la crisis más fuerte, cohesiva y competitiva;

2.

recuerda su dictamen sobre la inclusión activa (2008/C 257/01), que hacía hincapié en que los entes locales y regionales son los principales actores a la hora de desarrollar políticas de inclusión activa;

3.

considera que el crecimiento sostenible, unos presupuestos equilibrados y la cohesión social solo podrán conseguirse si se hacen más esfuerzos para generar empleos nuevos, así como para mejorar la protección social y la inclusión social. Ello deberá reflejarse plenamente en el Semestre Europeo garantizando la incorporación en los mecanismos de supervisión y coordinación de objetivos relacionados en particular con un empleo digno y la reducción de las desigualdades, y, por lo tanto, un equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y los continuos esfuerzos para fomentar la cohesión económica, social y territorial, a fin de reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones;

4.

llama la atención sobre el hecho de que los retos relacionados con la pobreza y la exclusión social son especialmente importantes en términos absolutos en las zonas urbanas, que representa el 80 % de la población europea y el 85 % del PIB de la UE, mientras que las zonas rurales, debido unos niveles de ingresos más bajos y una densidad de población menor, afrontan graves problemas sociales en términos relativos. En las zonas urbanas, los problemas sociales tienden a concentrarse en determinados barrios, lo que crea bolsas de pobreza al margen de la prosperidad de la ciudad de que se trate;

5.

destaca que, en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, es esencial garantizar, tal y como está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a unos servicios básicos de interés general, como la vivienda, la educación, la atención sanitaria, el empleo y el acceso a los servicios sociales. La solidaridad entre los ciudadanos de todos los estratos de la sociedad es uno de los requisitos previos para conseguirlo. La distribución de estos servicios básicos requiere un planteamiento general, a corto y largo plazo, que ponga a los ciudadanos en el centro del proceso para encontrar soluciones;

6.

aboga por un claro compromiso de todas las instituciones de la UE con la participación ciudadana en todas las fases del desarrollo de las políticas, desde la deliberación hasta la aplicación. Es de suma importancia que en este momento tan particular recuperemos la confianza en nuestras instituciones democráticas demostrando nuestro total interés por las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Además, al buscar respuestas a escala territorial y aprovechar la energía, la voluntad de marcar la diferencia y el conocimiento sobre las necesidades reales sobre el terreno entre los ciudadanos, estaremos mejor equipados para ofrecer respuestas realistas y eficaces a los problemas sociales. Invertir en comunidades a nivel (sub)local da lugar a unos vecindarios estables que tendrán un impacto positivo en la percepción de seguridad;

7.

se felicita de que la Comisión reconozca que la política social y de empleo es competencia primordialmente de los Estados miembros y los entes regionales y locales, ya que de esta forma respeta el principio de subsidiariedad;

8.

respalda la opinión de la Comisión de que, para luchar contra el desempleo, es fundamental poner más énfasis en las medidas que persiguen crear nuevos puestos de trabajo, reducir el desempleo, fomentar el aprendizaje permanente, emprender acciones dirigidas a aumentar la competitividad en el mercado laboral, la educación, la formación, la igualdad de oportunidades y otras medidas destinadas a mejorar las capacidades y oportunidades de la población. Entre estas medidas también cabe citar la potenciación de la movilidad de los trabajadores y la concesión de microcréditos a los que quieran crear o ampliar una empresa;

9.

lamenta que el paquete sobre inversión social de la Comisión no tenga en cuenta el papel de los entes regionales y locales. Tanto por lo que se refiere a la vivienda, el lugar de trabajo o los centros educativos o la atención a personas con discapacidad y a personas en situación de dependencia, los entes locales y regionales tienen un importante impacto en la vida de la mayoría de los ciudadanos europeos. Los entes regionales y locales son el nivel en el que se prestan la mayoría de los servicios sociales y se pagan la mayor parte de las prestaciones sociales;

10.

considera que la aplicación integrada de estrategias de inclusión activa por la que han abogado el Parlamento Europeo y la Comisión Europea se beneficiará de que los entes regionales y locales tengan un papel más importante en las decisiones. Los entes regionales y locales tienen un conocimiento directo de los problemas sociales y desempeñan un papel fundamental en la coordinación y puesta en práctica de las acciones para abordarlos. La experiencia a la hora de afrontar los retos sociales es esencial para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por ello, los entes regionales y locales necesitan desempeñar un papel esencial en el Semestre Europeo y en las negociaciones sobre los programas nacionales de reforma (PNR) y su aplicación;

11.

destaca que el trabajo debe ser recompensado. Ello supone garantizar un salario mínimo adecuado y empleos de calidad. Si una persona (todavía) no puede trabajar (temporalmente), deberían garantizarse medios de subsistencia adecuados con acceso equitativo a servicios básicos de prevención, capacitación y activación. Por lo tanto, el CDR pide a la Comisión Europea que considere la necesidad de aplicar la Recomendación del Consejo de 1992 sobre los ingresos mínimos;

12.

señala que los entes locales deben aprovechar las energías de todos los individuos, sociedad civil y empresas que se concentran en las zonas urbanas. Habría que fomentar el espíritu innovador de emprendedores sociales que pueden proporcionar nuevas soluciones para satisfacer la demanda de servicios e infraestructuras. Las regiones y ciudades deberían hacer todo lo posible para impulsar un proceso de creación conjunta por medio de asociaciones productivas con el sector privado y la sociedad civil organizada, fomentando simultáneamente una participación genuina y profunda de los ciudadanos en todas las fases de la innovación social (ideas, planificación, orientación, desarrollo y aplicación);

13.

considera que, a nivel regional y local, es esencial la participación de todos los residentes en las políticas de integración e inclusión social; por lo tanto, no debería establecerse distinción entre los nacionales de terceros países y los ciudadanos de la UE. Llama la atención sobre el hecho de que el flujo de recién llegados como resultado de la movilidad intraeuropea plantea retos de ajuste de los servicios públicos y prestación de asistencia para los ciudadanos por lo que se refiere al alojamiento, trabajo y educación. Los requisitos de integración básicos para los ciudadanos de la UE no suelen ser diferentes de los que tienen otros recién llegados. Deben familiarizarse con una nueva lengua, nuevas instituciones y, a veces, con normas sociales diferentes;

14.

lamenta que la Comisión solo haya recogido parcialmente el informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre inversión social (25.7.2012, 2012/2003 INI), que abogaba por una mejor gobernanza para conseguir los objetivos sociales y de empleo de la Estrategia Europa 2020, y no proponga recursos adicionales. El paquete sobre inversión social debería ir más allá de las recomendaciones políticas dirigidas a los Estados miembros y del anuncio de unas pocas iniciativas legislativas. Más concretamente en estos momentos de crisis, el presupuesto europeo y los presupuestos nacionales deberían proponerse incluir programas de empleo e inversión social;

15.

señala que el paquete sobre inversión social presenta información exhaustiva sobre las tendencias sociales en Europa. Los datos y la información utilizados se basan en las tendencias y estadísticas regionales o nacionales. Esta información agregada no refleja de manera suficiente los retos a nivel local o las distintas necesidades sociales y la penuria existentes entre las ciudades y los niveles regional o nacional. La recogida de pruebas sobre lo que funciona y lo que no es esencial para garantizar que las medidas aplicadas sean eficientes y eficaces para alcanzar los objetivos de la política social. El CDR anima a las instituciones europeas a recoger, a nivel regional y local, datos e información sobre las tendencias sociales y a analizar y evaluar las políticas de inclusión social que llevan a cabo los entes regionales y locales y, en particular, las grandes ciudades;

16.

se remite a las persistentes desigualdades por razón de género que afectan cada vez más a las personas pertenecientes a varios grupos desfavorecidos (por ejemplo, mujer y madre soltera), y acoge favorablemente que la Comisión Europea sea consciente de este particular reto y le preste la debida atención;

17.

no obstante, reconoce que la Comunicación podría constituir un punto de inflexión al definir la política social como una inversión en la sociedad más que como un coste del fracaso del mercado. La descripción de la política social de esta forma puede fomentar un cambio en la política desde las medidas correctoras a las medidas preventivas, lo que permitiría abordar problemas como la exclusión social antes de que se desarrollen o el retraso de la dependencia mediante la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo;

18.

se felicita de que el Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013 reconociera la necesidad de reforzar la dimensión social de la unión económica y monetaria (UEM). El reto consiste en dotar a la UE de los instrumentos para apoyar el potencial de una convergencia económica y un progreso social reales en todos los Estados miembros, en vez de confiar únicamente en los mecanismos de devaluación interna para compensar las crisis asimétricas. Por lo tanto, espera con interés la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión social de la UEM prevista para principios de octubre de 2013;

19.

considera que la dimensión social de la UEM, tal como sugirió el Parlamento Europeo (1), podría basarse en un «Pacto de inversión social» siguiendo el modelo del «Pacto por el Euro Plus». De este modo se fijarían objetivos de inversión social que los Estados miembros deberían asumir para cumplir los objetivos de empleo, sociales y educativos de la Estrategia Europa 2020; el Pacto de inversión social también debería completarse con el establecimiento de un cuadro de indicadores de política social y de empleo en consonancia con el artículo 148 del TFUE y bajo la responsabilidad del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO), con el fin de detectar desequilibrios laborales y sociales que pudieran poner en peligro la estabilidad de la unión económica y monetaria;

20.

anima a la Comisión Europea a continuar analizando la viabilidad de un régimen de seguro de desempleo de la Unión Europea que actúe potencialmente como un estabilizador automático en la UEM;

21.

se congratula de que las Conclusiones del Consejo Europeo (2) subrayen que deben «aprovecharse» más «las posibilidades que ofrece el marco presupuestario actual de la UE para encontrar un equilibrio entre las necesidades de inversión pública productiva y los objetivos de disciplina presupuestaria en la rama preventiva» del Plan de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, espera que la Comisión Europea vuelva a abordar el tema de la calidad del gasto público, entre otros, analizando una separación del gasto corriente y la inversión en el cálculo del déficit presupuestario, a fin de evitar que las inversiones públicas con beneficios netos a largo plazo se vean obstaculizadas;

22.

insiste en que el paquete sobre inversión social debería centrarse en la educación (tanto formal como informal). Las desigualdades en el acceso a la educación –especialmente a la educación de calidad que prepara a los jóvenes para aprovechar las oportunidades laborales en una sociedad de la información integradora y les ayuda a ser ciudadanos activos en unas sociedades democráticas complejas– constituyen una importante barrera para reducir la pobreza y aumentar el crecimiento económico. Los Estados miembros deben hacer gala de su compromiso por invertir en educación, formación y aprendizaje permanente para todos, haciendo especial hincapié en la educación precoz y el acceso a enseñanza superior, cooperación entre empresas y escuelas, formación en el lugar de trabajo y formación especial para sectores con déficit de mano de obra (como los sectores médico, de tecnologías limpias o TIC), así como en la reducción de la tasa de abandono escolar;

23.

se felicita de que la Comisión se centre en la educación y formación y considera que, a este respecto, deberíamos prestar una mayor atención a la formación profesional y a su calidad, a través de la aplicación de medidas concretas tanto en la fase de orientación como en la de formación y educación. Necesitamos más artesanos, ingenieros y técnicos para que la economía de la UE sea competitiva en un mundo globalizado. Lamentablemente, cada vez menos ciudadanos de la UE se interesan por la formación profesional, cuando lo cierto es que esta brinda grandes oportunidades para combatir el paro e impulsar el desarrollo económico sostenible;

24.

insiste en que hay que valorar muy positivamente la formación profesional continua y permanente. La Unión Europea debería presentar suficientes medidas a largo plazo y reservar una financiación suficiente del Fondo Social Europeo (FSE) para mejorar el nivel de la formación profesional;

25.

subraya que, además de centrarse principalmente en el lado de la oferta de la empleabilidad, hay que prestar más atención al lado de la demanda del mercado laboral. Es indudable que los desempleados poseen mayoritariamente una baja cualificación y que los puestos de trabajo vacantes exigen altas cualificaciones, por lo que, en estos momentos de la crisis, debemos completar las medidas que inciden en la demanda con instrumentos del lado de la oferta que vayan más allá de la desregulación de los mercados laborales, reducción de los costes laborales y concesión de incentivos para que los desempleados acepten trabajos mal remunerados. Deberíamos mejorar las capacidades de los desempleados y los trabajadores de baja cualificación proporcionándoles las capacitaciones de aprendizaje necesarias;

26.

insta a la Comisión, los Estados miembros y los entes regionales y locales a promover una mejor anticipación de las capacidades que se necesitarán en el futuro, desarrollar capacidades que respondan mejor a las necesidades del mercado de trabajo y tender un puente entre el mundo educativo y el laboral, especialmente en los segmentos más bajos del mercado de trabajo en los que la participación de los trabajadores debe fomentarse de una forma flexible y no burocrática. En los Países Bajos, por ejemplo, el gobierno, las empresas y las instituciones educativas firmaron el Pacto Tecnológico, destinado a mejorar la relación entre la enseñanza y el mercado laboral en el sector tecnológico con el fin de reducir la escasez de personal técnico. El Pacto Tecnológico se acordó a nivel nacional, pero se trata en gran medida de acciones que se llevarán a cabo mediante un enfoque regional y sectorial, utilizando las estructuras ya existentes, como los diferentes centros locales de conocimiento («kenniswerkplaatsen») sobre desarrollo del talento, ciudades habitables y salud pública de Rotterdam;

27.

subraya la importancia de aprovechar al máximo todo el potencial laboral. Respecto de las personas situadas en los márgenes del mercado laboral, podrían introducirse medidas de apoyo que sean de la competencia de las administraciones nacionales y/o los entes territoriales;

28.

recomienda que se añada la participación (social) a los tres pilares incluidos en el planteamiento de la Comisión para mejorar la inclusión activa de los ciudadanos más allá del mercado de trabajo: apoyo a la renta adecuado, integración activa y servicios de calidad. La inclusión y participación social deben ser las claves para conseguir nuestras ambiciones sociales y para construir y mantener fuertes nuestros estados del bienestar. Los ciudadanos deben tener la posibilidad de alcanzar todo su potencial y de explotar y perfeccionar sus capacidades al máximo, con el objetivo de la independencia económica;

29.

reclama una mayor clarificación en el ámbito de la condicionalidad respecto del acceso al bienestar. La condicionalidad puede considerarse aceptable si existen transferencias sociales que proporcionen a las personas tanto apoyo como incentivos para volver a incorporarse al mercado laboral, la educación o la formación;

30.

considerando que, según las estimaciones, alrededor de 56 millones de personas en la UE mayores de quince años no poseen una cuenta bancaria, el CDR acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de otorgar a todos los ciudadanos de la Unión Europea el derecho a una cuenta bancaria básica;

31.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de examinar el empleo de nuevos instrumentos financieros y, en particular, los rendimientos sociales de la inversión y los bonos de inversión social para aumentar el efecto multiplicador de las inversiones sociales públicas, y pide a la Comisión que presente propuestas más detalladas sobre este asunto haciendo que las normas de contratación de la UE tengan en cuenta los «rendimientos sociales de la inversión». Apoya en este contexto la propuesta de introducción de una cuenta de ahorro de la UE que podría facilitar a la UE financiación complementaria para contribuir a los objetivos de empleo y crecimiento de Europa 2020 a nivel local y regional;

32.

subraya que los Estados miembros, las regiones y los entes locales deberían aprovechar la diversidad de sus ciudadanos. Una cultura integradora en la que sea seguro ser único y entrar en contacto con otros gracias a esa diversidad es una condición imprescindible para la innovación;

33.

señala que muchos entes regionales y locales ya están desarrollando y aplicando con gran éxito una serie de programas para hacer frente a los desafíos mencionados en el paquete sobre inversión social. Entre los ejemplos cabe citar las ventanillas únicas (ventanillas para jóvenes), centros regionales para jóvenes y familias, estrategias preventivas para las personas sin hogar y orientadas al alojamiento, rendimientos sociales de las estrategias de inversión, bonos de impacto social, «casas para el talento», barrios adaptados a los niños y pleno compromiso. Por ello, habría que promover el intercambio de las mejores prácticas entre los entes locales y regionales. La asociación y colaboración entre los entes locales les permite explotar una mayor reserva de recursos y experiencias, al tiempo que fomentan una amplia participación en el desarrollo con los socios de diversos sectores. Deberíamos tener plenamente en cuenta estas experiencias al establecer el banco de conocimientos sugerido por el paquete sobre inversión social y como apoyo a dichas experiencias en el marco del Programa de la UE para el cambio y la innovación sociales;

34.

destaca que tanto el Fondo Europeo de Integración como el FSE han financiado programas de integración. No obstante, con demasiada frecuencia la fuente de financiación ha limitado el alcance de la prestación de servicios. Debe destacarse que, habida cuenta de la creciente movilidad dentro de la UE, el siguiente marco presupuestario debería dedicar financiación para apoyar la movilidad de los ciudadanos de la UE, fusionando las prioridades de ambos Fondos y creando un programa de financiación para todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad. Estos nuevos presupuestos de financiación podrían utilizarse para integrar a los ciudadanos de la UE en programas de lenguas y de orientación, en estrecha cooperación con otras partes interesadas, como las ONG y especialmente el sector privado. La Comisión debe utilizar su influencia para instar a los entes regionales y locales de los países de origen a utilizar el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para invertir de forma ingente en el desarrollo económico y social de sus poblaciones;

35.

señala que, aunque la migración dentro y entre los Estados miembros ha proporcionado una manera para que las personas afronten la crisis económica, una inversión social más global y a largo plazo en las regiones y administraciones locales, que ocupan una posición óptima para comprender las especificidades de sus propias regiones y comunidades, puede contrarrestar la crisis de manera más sostenible aliviando las presiones que soportan los ciudadanos para abandonar su hogar, familias y comunidades en busca de empleo. Asimismo, la capacidad de las personas para emigrar a otros Estados miembros en busca de empleo o de oportunidades de educación, etc., podría verse en peligro por unos conocimientos lingüísticos insuficientes. Podrían ser necesarios esfuerzos adicionales para reforzar la enseñanza de las lenguas con el fin de apoyar la migración a corto plazo, hasta encontrar soluciones a más largo plazo. Además, ello continuará fomentando la inclusión social;

36.

apoya el punto de vista de la Comisión sobre el impacto local del cambio demográfico y el envejecimiento de la población, que están generando nuevas demandas de infraestructuras sociales y accesibilidad de los espacios públicos. El creciente fenómeno de la pobreza de los mayores está creando la necesidad de servicios y sistemas sostenibles de seguridad social que deben ser accesibles y asequibles para todos. El modelo asistencial debe superarse, tendiendo a la implantación de un modelo preventivo que prolongue el mantenimiento de estados de autonomía funcional e integración relacional de la población. Habría que prestar especial atención al fomento del envejecimiento activo y sano entre los ciudadanos europeos, pasando de un enfoque institucional a un planteamiento basado en la comunidad local;

37.

lamenta que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Long-term Care in Ageing Societies» (Los cuidados de larga duración en una población que envejece) no aborde los temas de la pobreza, la exclusión social y una renta digna para las personas de edad avanzada que, a su vez, pueden provocar una necesidad creciente de cuidados de larga duración. El CDR también echa en falta un análisis más profundo sobre la manera en que los Fondos Estructurales pueden apoyar la inversión en cuidados de larga duración;

38.

considera que el paquete sobre inversión social debería ir acompañado de un mayor reconocimiento del papel de la economía social, ya que a nivel de la UE las empresas de la economía social representan unos dos millones de empresas (esto, es, el 10 % de todas las empresas europeas) y dan trabajo a más de once millones de trabajadores asalariados (el equivalente al 6 % de la población activa de la UE). Reitera, por lo tanto, su llamamiento en favor de una Mutualidad Europea, que también suscribió el Parlamento Europeo en marzo de 2013;

39.

subraya la importancia de la cooperación interprofesional entre los sectores de la salud y la asistencia social y entre las redes formales e informales de la comunidad. Es necesario tener información sobre los diferentes tipos de apoyo que ofrecen los vecinos y las funciones complementarias de los voluntarios, profesionales y vecinos que prestan ayuda. Los profesionales deben identificarse más estrechamente con el vecindario local, dado que un papel de cooperación y facilitación puede consolidar y poner en contacto el apoyo de los vecinos y el trabajo de voluntario. Este nuevo enfoque respecto de la gobernanza, que tiene éxito en algunas ciudades europeas, debería respaldarse con instrumentos a nivel europeo para difundir las mejores prácticas en toda Europa. Se presenta como un método conveniente la implementación de sistemas en los que converjan tanto la información del ciudadano (historia social y médica) como el acceso a la información de los recursos y servicios disponibles (catálogo o cartera de servicios y recursos, tecnologías innovadoras aplicables, tales como sistemas de teleasistencia avanzada, monitorización remota, etc.);

40.

pide a la UE que considere la posibilidad, con el acuerdo de los Estados miembros, de establecer un marco europeo para las viviendas sociales, tal como solicitaron el CDR en su dictamen de octubre de 2011 y el Parlamento Europeo en su resolución de 11 de junio de 2013. Aunque las viviendas sociales no constituyen una competencia explícita de la UE, muchas políticas suyas (política de competencia, mercado interior, Fondos Estructurales, política de eficiencia energética, normas medioambientales, etc.) tiene una repercusión directa en este ámbito. Por lo tanto, es necesario un marco de coordinación con el fin de garantizar la coherencia con los derechos fundamentales y entre las políticas de la UE relacionadas con la vivienda. A este respecto, el CDR recuerda que el Tratado de la UE otorga libertad a las autoridades públicas para determinar la organización del sector de los alojamientos sociales y qué familias pueden tener derecho; el CDR también opina que las viviendas sociales son clave para la cohesión y que no deben limitarse solo a las personas desfavorecidas con el fin de promover la diversidad social;

41.

recuerda a los Estados miembros y a la Comisión que el gasto en vivienda social contribuye a satisfacer las necesidades sociales urgentes como una base para la inversión social estratégica, al tiempo que ayuda de forma sostenible a generar empleo local que no puede deslocalizarse, a estabilizar la economía impidiendo las burbujas inmobiliarias, frenar el cambio climático y combatir la pobreza energética. Asimismo, el CDR subraya que la vivienda social juega un papel esencial para abordar la falta de hogar y realizar las estrategias preventivas para las personas sin hogar y orientadas al alojamiento que reclama la Comisión;

42.

apoya la inclusión de la falta de hogar como prioridad temática en el paquete sobre inversión social e insta a los Estados miembros a «que luchen contra la falta de hogar con estrategias integrales basadas en la prevención, en enfoques orientados a la vivienda y en la revisión de las normativas y las prácticas sobre desahucios, teniendo en cuenta las conclusiones clave de las orientaciones para combatir la falta de hogar que se ofrecen en el presente paquete». A este respecto, el CDR pide a la Comisión que desarrolle un marco de la UE concreto para apoyar a las partes interesadas y, especialmente, a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes para avanzar en la lucha contra la falta de hogar, teniendo en cuenta el dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre este asunto;

43.

destaca que, para conseguir nuestros objetivos sociales, debemos reformar nuestros planteamientos con el fin de mejorar la calidad de los resultados para los beneficiarios y alcanzar la eficacia y eficiencia. La innovación social en la lucha contra la pobreza y la exclusión social es necesaria y debería incluirse en el reglamento de los Fondos Estructurales, pero también tiene un papel destacado en el programa Horizonte 2020 y debería recibir apoyo específico del Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales. A tal fin, las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 y, en particular, la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social deberán constituir el marco de referencia para conseguir mejor los objetivos previstos;

44.

señala que las sociedades contemporáneas se basan en la ciencia y la tecnología no solo para el crecimiento económico, sino también para el progreso y el bienestar social. Sin embargo, la interacción entre la ciencia/investigación y la sociedad/ciudadanos suele ser insuficiente y a veces inexistente. Por lo tanto, la financiación futura de la investigación europea debe prestar atención no sólo a las ciencias tecnológicas, sino también a las ciencias sociales y las humanidades, con el fin de desarrollar un conocimiento pertinente en la práctica y la investigación acerca de los problemas y habitabilidad de los barrios urbanos y de las zonas poco pobladas, así como difundir este conocimiento entre los responsables de la política urbana y la ordenación territorial. En particular, se recomienda diseñar una investigación de vanguardia evaluable para adquirir conocimientos sistemáticos sobre la eficacia de las actuaciones políticas, por qué funcionan, para qué grupos sociales y en qué circunstancias; a este respecto, apoya las iniciativas que la Comisión está llevando a cabo para respaldar la innovación social y los esfuerzos para compartir información sobre experiencias innovadoras;

45.

llama la atención sobre el hecho de que la política regional de la UE promueve el desarrollo urbano sostenible desde 1989. A través de sus Fondos Estructurales, la política regional invierte en proyectos que promueven la buena gobernanza local, garantizan un entorno urbano sostenible, fomentan la igualdad y la inclusión social, regeneran áreas urbanas y favorecen el empleo y el crecimiento económico. A la vista de la proximidad de los entes regionales y locales a sus ciudadanos y su experiencia a la hora de identificar las aspiraciones y necesidades locales, habría que subrayar que la actual estructura financiera debería adaptarse mejor a las necesidades locales, permitiendo a las ciudades y áreas urbanas asumir una mayor responsabilidad y liderazgo en la coordinación de planteamientos integrados a nivel de la ciudad o del área metropolitana. Para apoyar la cohesión territorial y los planteamientos integrados basados en el territorio habría que mejorar la coordinación entre el FSE y el FEDER;

46.

apoya la propuesta de destinar como mínimo el 20 % de la financiación del FSE en cada Estado miembro al fomento de la inclusión social y la lucha contra la pobreza. El CDR desea más garantías en este ámbito acerca de la adecuada gestión y orientación de los fondos, con el fin de que se utilicen para ayudar a los más necesitados. Ello podría requerir, en cada Estado miembro, que se asignen fondos a escala regional, en vez de central, con arreglo a una serie de factores que permitan determinar la mayor necesidad de intervenciones de apoyo (indicadores de pobreza, PIB per cápita, empleo, enseñanza, inmigración, etc.);

47.

pide que se aplique de forma inmediata la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y considera necesario incluir en el sistema de la Garantía Juvenil a los jóvenes menores de 30 años. Apoya la recomendación sobre la Garantía Juvenil de la Comisión, que prevé una intervención rápida para las personas que corren el riesgo de abandonar la educación, el empleo o la formación. Destaca el papel fundamental de los entes locales y regionales para lograrlo. Manifiesta una gran preocupación por la falta de fondos suficientes para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil durante todo el próximo período de programación (6 000 millones de euros) y pide de manera urgente que los fondos de la nueva línea presupuestaria sobre esta Iniciativa se concentren de manera significativa en los primeros años del Marco Financiero Plurianual. La admisibilidad para las regiones NUTS II no deberían basarse solo en el criterio del 25 % del paro juvenil, sino que también debería tener en cuenta la desviación significativa a nivel regional del índice medio de paro juvenil a nivel nacional;

48.

por lo tanto, señala que el FSE debe responder mejor a las necesidades reales de los ciudadanos concediendo a los entes regionales y locales una mayor flexibilidad para establecer los objetivos a nivel local. Los entes regionales y locales deben participar en la elaboración de las prioridades del FSE y la gestión de sus fondos. En cuanto a la legislación, el reglamento que rige el futuro FSE debe conceder un papel más importante a los entes regionales y locales en la gobernanza estratégica del FSE. El CDR también pide que se establezca la obligación de las autoridades de gestión del FSE de demostrar que se ha tenido en cuenta a los entes regionales y locales en la elaboración de las prioridades de los programas operativos y la gestión estratégica posterior del FSE.

49.

De forma más específica y con referencia a su dictamen anterior sobre la agenda urbana de la UE y su Cumbre de Copenhague de 2012, el CDR considera que hay una serie de opciones que reforzarían la participación concreta de las ciudades: los programas operativos con un enfoque urbano claro; la participación de las ciudades como organismos intermedios y en los consejos de administración del FSE, los comités de gestión y los grupos de asesoramiento; y la posibilidad de que las autoridades de gestión del FSE trabajen en asociación con las ciudades en el diseño y la realización de los programas. Puede ser conveniente que algunas grandes ciudades tengan sus propios programas operativos;

50.

pide que el FSE fomente modelos de servicios innovadores y que el nuevo marco jurídico facilite y financie el desarrollo de servicios destinados a la comunidad de base en apoyo a las políticas del mercado laboral;

51.

señala que el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE es cinco veces mayor que el presupuesto del FSE. Esto se debe, por supuesto, al hecho de que la PAC es la única política común de la UE, mientras que la financiación de la política social depende en gran medida de los presupuestos nacionales y subnacionales. Sin embargo, este desequilibrio también podría interpretarse por la opinión pública como una falta de prioridad concedida a la política social de la UE. Por consiguiente, el CDR insiste en que la renovada atención prestada a las políticas sociales de la UE vaya acompañada de un aumento de los recursos del FSE;

52.

acoge favorablemente el planteamiento integrado de inversión territorial de la Comisión en el marco del período de programación del FSE para consolidar el desarrollo social, económico y físico. Dada la gran importancia de las ciudades para la cohesión social, económica y territorial, el apoyo europeo debe ir más allá del objetivo mínimo del 5 % propuesto;

53.

señala que las estrictas normas de la UE sobre contratación pública y ayudas estatales deberían ser más coherentes con las políticas sociales, permitiendo que estas últimas se desarrollen y apliquen más eficazmente. Con el fin de lograr esta coherencia, el CDR pide a la Comisión Europea que presente una propuesta para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios sociales de interés general basada en el artículo 14 del TFUE;

54.

recomienda que el documento se aplique en estrecha sinergia con los demás documentos de trabajo de la Comunicación para garantizar una puesta en práctica coherente y eficaz. El CDR anima a la Comisión a adoptar un planteamiento holístico al respecto y a comprometerse directamente con los entes regionales y locales en este proceso;

55.

pide a la Comisión que desarrolle un plan concreto de aplicación para el paquete sobre inversión social. Debería incluir mecanismos de seguimiento, coordinación, intercambio transnacional y aprendizaje mutuo sobre prioridades temáticas como el desempleo juvenil, la educación, la falta de hogar, la pobreza infantil y la atención a personas con discapacidad y a personas en situación de dependencia. En el marco del Semestre Europeo, los entes regionales y locales deberían ser consultados sobre la elaboración de los Estudios Prospectivos Anuales sobre el Crecimiento y desempeñar un papel más importante en el seguimiento de los avances. Debería instarse a los Estados miembros a mejorar la medida en que se consulta, se informa y se tiene en cuenta en la toma de decisiones a los entes regionales y locales, ya que gran parte de las inversiones sociales se refiere a asuntos esenciales para ellos.