17.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 139/59

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reitera que es indispensable adoptar un planteamiento europeo en beneficio de las personas más necesitadas de la Unión Europea para alcanzar el objetivo que la Unión se ha fijado en el marco de la Estrategia Europa 2020 de reducir en al menos veinte millones de aquí a 2020 el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social;

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reconoce la pertinencia de cambiar la base jurídica del programa (artículo 174 del TFUE), pero sugiere que a partir de 2014 se recurra a una doble base jurídica, apoyándose también en el artículo 39 del TFUE, para mantener la continuidad y el nexo con los objetivos de la política agrícola común;

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acoge favorablemente la intención de la Comisión Europea de ir más allá del objetivo básico del actual programa destinado a los más necesitados, considerando que combinar la ayuda alimentaria a los ciudadanos más necesitados con medidas para mitigar la falta de vivienda y la pobreza infantil, en coordinación con el FSE, abre las puertas a actividades de repercusiones muy variadas y brinda la posibilidad de abordar a un mismo tiempo la aparición de carencias en distintas necesidades básicas;

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muestra su satisfacción por el hecho de que en la propuesta de la Comisión se ofrezca a los entes locales y regionales la posibilidad de asumir un papel de agente activo en la distribución de la ayuda a las personas necesitadas;

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rechaza el principio de participación voluntaria de los Estados miembros, en la medida en que podría privar a los entes territoriales del acceso al fondo sin ningún mecanismo de concertación participativo y democrático a nivel europeo o nacional y sin tener en cuenta los retos de la lucha contra la pobreza y la exclusión a nivel subnacional;

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considera justificado, en el caso de las de regiones más afectadas, financiar por completo el programa destinado a los ciudadanos más necesitados con cargo al presupuesto común, como una muestra de cohesión entre los ciudadanos, las regiones y los pueblos de Europa;

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subraya que el nivel propuesto de financiación es demasiado reducido al recortarse considerablemente los créditos respecto del nivel actual (un 30 % menos en la propuesta de la Comisión, y hasta un 40 % menos en la del Consejo), y solicita, pues, que se mantenga la asignación de fondos, por lo menos, al nivel actual.

Ponente

Ossi MARTIKAINEN (FI/ALDE), Presidente de la Corporación Municipal de Lapinlahti

Documento de referencia

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados

COM(2012) 617 final/2

1.

reitera que es indispensable adoptar un planteamiento europeo en beneficio de las personas más necesitadas de la Unión Europea para alcanzar el objetivo que la Unión se ha fijado en el marco de la Estrategia Europa 2020 de reducir en al menos veinte millones de personas de aquí a 2020 el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Este objetivo es especialmente apremiante teniendo en cuenta que en 2011 había 119,6 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, seis millones más que en 2009. Este alejamiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 hace que sea aún más incomprensible que el Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013 haya propuesto reducir en 1 000 millones de euros el importe destinado a la ayuda europea a los más necesitados;

2.

reconoce la pertinencia de cambiar la base jurídica del programa (artículo 174 del TFUE), pero sugiere que a partir de 2014 se recurra a una doble base jurídica apoyándose también en el artículo 39 del TFUE para mantener la continuidad y el nexo con los objetivos de la política agrícola común;

3.

subraya la importancia del principio de subsidiariedad en la formulación de una estrategia eficaz de ayuda a los más necesitados;

4.

critica la falta de coherencia de la propuesta de la Comisión con la Estrategia Europa 2020, pues no hace referencia al indicador del número de personas en riesgo de pobreza pese a tratarse de uno de los tres indicadores utilizados en la Estrategia Europa 2020 para evaluar el objetivo europeo en materia de inclusión social y reducción de la pobreza;

5.

cree que es importante y comprensible que la Comisión 1) haya presentado un nuevo fundamento jurídico que evita la contradicción constatada por el Tribunal de Justicia de la UE en lo relativo a la obtención de los alimentos destinados a ayuda en el mercado y 2) haya presentado un nuevo programa con mayor amplitud de cometidos que permite sentar las condiciones para proseguir las actividades de asistencia y, al mismo tiempo, mejorar la sostenibilidad y el impacto de sus resultados;

6.

considera que combinar la ayuda alimentaria a los ciudadanos más necesitados con medidas para mitigar la falta de vivienda y la pobreza infantil en coordinación con el FSE abre las puertas a actividades de repercusiones muy variadas y brinda la posibilidad de abordar a un mismo tiempo la aparición de carencias en distintas necesidades básicas;

7.

acoge favorablemente la intención de la Comisión Europea de ir más allá del objetivo básico del actual programa de ayuda alimentaria para los más necesitados, aunque se muestra seriamente preocupado por que la ampliación de la lista de los aspectos relativos a la pobreza que debería abordar el nuevo fondo de ayuda europea para los más necesitados solo diluya su impacto final, especialmente porque existe el riesgo de que los recursos se recorten casi un 30 % teniendo en cuenta la posición del Consejo Europeo (3 500 millones de euros para el programa de ayuda alimentaria para los más necesitados en 2007-2013 y 2 500 millones de euros para el nuevo fondo en 2014-2020);

8.

recuerda que los agentes implicados consideran que, en numerosos casos, los procedimientos administrativos del FSE plantean dificultades y, cuando se trata de un nuevo instrumento orientado a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos más necesitados, exhorta a evitar toda regulación pormenorizada innecesaria;

9.

opina que, como consecuencia de, entre otros, el alargamiento de la crisis económica, el instrumento relativo a la ayuda destinada a los más necesitados no debería acaparar los recursos del FSE, sino que precisaría una financiación propia a más largo plazo, con la asignación de los créditos necesarios con cargo a la rúbrica 2 del marco financiero plurianual;

10.

muestra su satisfacción por el hecho de que en la propuesta de la Comisión se ofrezca a los entes locales y regionales la posibilidad de asumir un papel de agente activo en la distribución de la ayuda a las personas necesitadas y considera que, por su parte, este papel activo puede reducir las cargas y los procedimientos administrativos de ámbito nacional y de la UE, toda vez que, para desempeñar sus propias actividades, los entes locales y regionales tienen a su disposición procedimientos y normas de control muy desarrollados que se basan en la legislación nacional y de la UE;

11.

recuerda la estrategia de la OMS titulada «Salud 21 – Salud para todos en el siglo XXI», que insiste en la imperiosa necesidad de reducir las desigualdades sociales y económicas para mejorar la salud de toda la población. La OMS también pide, en particular, que se tomen medidas para prestar la máxima atención a los más necesitados o a quienes están agobiados por la mala salud, combatir las deficiencias en los servicios de salud y reducir las desigualdades sanitarias y sociales (Punto II de la Declaración «Salud 21» de la 51a Asamblea de la OMS);

12.

constata que, aunque el programa de ayuda alimentaria para los ciudadanos más necesitados se combine en su nueva formulación con el resto de los instrumentos de integración social y solidaridad, sus antecedentes y sus actividades pasadas como parte de la PAC se han justificado sólidamente con la argumentación de que, en el fondo, el cometido de la PAC estriba en garantizar una alimentación suficiente y asequible a los ciudadanos de la Unión (artículo 39, apartado 1, letra e)) y en garantizar la seguridad de los abastecimientos (artículo 39, apartado 1, letra d));

13.

considera, por lo tanto, que en los nuevos programas se deberá seguir manteniendo la posibilidad de utilizar los excedentes de productos agrícolas (las existencias de intervención). Sin embargo, el uso de esos excedentes no debería deducirse de la dotación presupuestaria del Fondo de ayuda europea para los más necesitados;

14.

cree que es importante que en la propuesta legislativa se ofrezca a la Comisión, a las autoridades nacionales y a los entes locales y regionales una normativa clara y se les brinde la posibilidad de intervenir en caso de que se detecten deficiencias, ya que, a efectos de legitimidad de la Unión y de la confianza ciudadana, se trata de un ámbito de actuación más frágil de lo normal sobre el cual, además, existen distintos puntos de vista en cada Estado miembro y en sus regiones por lo que respecta a su necesidad, funcionalidad o resultados;

15.

rechaza el principio de participación voluntaria de los Estados miembros, en la medida en que podría privar a los entes territoriales del acceso al fondo sin ningún mecanismo de concertación participativo y democrático a nivel europeo o nacional y sin tener en cuenta los retos de la lucha contra la pobreza y la exclusión a nivel subnacional;

16.

considera que el programa se debe financiar completamente con cargo a los recursos de la Unión en las regiones afectadas por la crisis económica y en las regiones de la cohesión;

17.

pide a las instituciones que tengan en cuenta que una financiación parcial podría conllevar que no se adoptara este mecanismo, aunque así lo exigiera la situación económica y social de numerosas regiones;

18.

como ya hizo en su anterior dictamen, pide a la Comisión que evalúe de manera continua si los créditos asignados a esta medida son suficientes, y recuerda que el nivel de financiación precedente (500 millones de euros al año) ya le planteó dudas por este motivo. Por distintas razones, la necesidad no ha hecho sino crecer, por lo que el nivel propuesto de financiación es demasiado reducido al recortarse considerablemente los créditos respecto del nivel actual (un 30 % menos en la propuesta de la Comisión, y hasta un 40 % menos en la del Consejo); solicita, pues, que se mantenga la asignación de fondos, por lo menos, al nivel actual;

19.

admite que una alimentación suficiente, variada y saludable constituye un derecho fundamental consolidado en numerosos acuerdos y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos y cuya ejecución se debe garantizar, a todos los niveles, al conjunto de los ciudadanos y residentes de la Unión Europea;

20.

recuerda que las carencias nutritivas que afectan a los ciudadanos más necesitados tienen su origen en fenómenos distintos, aunque relacionados entre sí, como:

21.

cree que para solucionar estos problemas, amplios y pluridimensionales, se necesitan también unas políticas y una financiación eficaces a nivel de la Unión;

22.

opina que garantizar una alimentación suficiente y variada a los ciudadanos de la Unión Europea sigue siendo uno de los principales cometidos básicos de la PAC, y exhorta a renovar la política agrícola para que la fijación de los precios de los productos alimentarios en los mercados sea transparente y para mantener la rentabilidad de la producción básica del sector agrícola en todas las regiones de la Unión;

23.

considera que, aunque el desarrollo de los mercados, la evolución en los últimos años de los niveles de cosechas y los cambios en los hábitos de consumo han reducido los excedentes de productos agrícolas, existe la posibilidad de que estos se sigan acumulando en el futuro, por lo que su utilización en ayuda de los ciudadanos más necesitados podría ser importante desde el punto de vista de la legitimidad de la Unión;

24.

hace hincapié en lo expresado anteriormente en el punto 12 para argumentar que la PAC ha sido desde un primer momento uno de los ámbitos esenciales de la política comunitaria y que debe mantenerse como tal. Su inclusión en la base legislativa del nuevo instrumento (fundamento jurídico doble) garantizaría la continuidad a largo plazo de la ayuda destinada a los ciudadanos más necesitados, independientemente de que la financiación de las demás políticas de la Unión, como la cohesión social, se pudiera ver obstaculizada a la larga por la aparición de los desafíos actuales;

25.

recuerda que la situación socioeconómica de las regiones europeas varía también dentro de los propios Estados miembros, y considera que el programa propuesto es necesario para complementar, en nombre de la cohesión y la solidaridad europeas, aquellas medidas que adopten los Estados miembros y sus entes locales y regionales. En este sentido, el programa propuesto se basa enérgicamente en los valores fundamentales comunes de la Unión y en la idea básica de la integración europea;

26.

En el contexto del nuevo fondo, considera que es muy importante la tarea de aunar los distintos objetivos para combatir las causas de la pobreza y la exclusión, toda vez que la falta de vivienda, la desnutrición y las carencias sociales de las familias con niños influyen entre sí. No obstante, el Comité recuerda que los programas anteriores al nuevo instrumento giraban en torno a la nutrición, y resulta claro que las deficiencias en este ámbito vuelven a representar ahora un problema verdadero y de largo recorrido en numerosas regiones. Así las cosas, el Comité exhorta a los Estados miembros y a las regiones a resaltar en la ejecución de los programas la importancia de la ayuda alimentaria y, a través de ella, a ayudar a los ciudadanos con acciones y programas encaminados a luchar contra la falta de vivienda y la exclusión social;

27.

como argumentación de los anteriores puntos 16 a 18, afirma que: