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Document 52012DC0348
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Implementation by the Republic of Moldova of the Action Plan on Visa Liberalisation
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados
/* COM/2012/0348 final */
- Date of document:
- 22/06/2012
- Date of dispatch:
- 22/06/2012; transmitido al Consejo
- Date of dispatch:
- 22/06/2012; transmitido al Parlamento
- Date of end of validity:
- No end date
- Author:
- Comisión Europea
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- Informe
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52012DC0348
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados /* COM/2012/0348 final */
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO
EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación por la República de
Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados I. Introducción El 15 de junio de 2010 se abrió el
diálogo UE-República de Moldavia para examinar las condiciones de exención de
visado para los ciudadanos de la República de Moldavia que viajan a la UE. El
24 de enero de 2011, la Comisión presentó el Plan de Acción para la
Liberalización de Visados (PALV)[1]
a las autoridades moldavas. El plan define una serie de criterios de referencia
para la República de Moldavia sobre cuatro «bloques» de temas pertinentes, con
vistas a la adopción de un marco legislativo y político (fase 1) y su
aplicación efectiva (fase 2). La Comisión ha informado periódicamente
al Parlamento Europeo y al Consejo de la aplicación del PALV. El primer
informe sobre el estado de la aplicación por la República de
Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados se presentó el 16
de septiembre de 2011[2].
El 7 de octubre de 2011 se celebró una reunión de altos funcionarios en la que
se presentó el primer informe sobre el estado de la aplicación y se discutieron
las siguientes medidas a adoptar. En la segunda quincena de octubre y a
principios de noviembre de 2011 se organizaron misiones de evaluación de los
bloques 2, 3 y 4 del PALV con expertos de los Estados miembros de la UE
acompañados por funcionarios de los servicios de la Comisión y del SEAE. El
objetivo de estas misiones de expertos era evaluar el marco institucional,
político y legislativo con arreglo a los criterios de referencia de la primera
fase del PALV y su conformidad con las normas internacionales y europeas. Los informes
de expertos concluyeron en diciembre de 2011. El segundo informe sobre el
estado de la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción
para la Liberalización de Visados se presentó el 9 febrero 2012[3]. El 27 febrero 2012
se celebró una reunión de altos funcionarios en la que se presentó el segundo
informe sobre el estado de la situación y se discutieron las siguientes medidas
a adoptar. El presente informe de la Comisión es
el tercer y último informe del estado de aplicación de la primera fase del
PALV. Presenta una evaluación consolidada por la Comisión de los progresos
realizados por la República de Moldavia para cumplir los criterios de
referencia en la primera fase del PALV, en relación con la adopción del marco
legislativo, político e institucional. II.
Evaluación de las medidas correspondientes a los cuatro bloques del Plan de
Acción para la Liberalización de Visados Bloque 1: seguridad de los documentos, incluida la biometría Evaluación general El marco legislativo está en vigor.
Se ha facilitado un calendario preciso para la plena implantación de los
pasaportes biométricos conformes con las normas de la Autoridad de Aviación
Civil Internacional (OACI), también en los consulados de Moldavia en el
extranjero, y para la supresión gradual completa de los pasaportes no conformes
con la OACI. La Comisión considera que la
República de Moldavia cumple los criterios de referencia fijados en el bloque
1. Observaciones específicas ·
Consolidación del marco jurídico para la
expedición de pasaportes biométricos legibles por máquina que cumplan
plenamente las normas más estrictas de la OACI, con arreglo a una gestión
segura de la identidad (registro civil y documentos primarios) y una protección
adecuada de los datos personales El marco
jurídico para la expedición de los pasaportes biométricos legibles por máquina,
plenamente conformes con las normas más estrictas de la OACI, se completó con
dos leyes adoptadas el 9 de junio de 2011 y una decisión del Gobierno adoptada
el 10 de mayo de 2011. Estas disposiciones adicionales garantizan un marco
consolidado para una gestión segura de la identidad. Además, el 27 de diciembre
de 2011 se adoptó una ley adicional en virtud de la cual el principio de «una
persona, un documento» también se aplica ahora a los pasaportes diplomáticos y
de servicio. ·
Adopción de un plan de acción con un
calendario para la plena implantación de los pasaportes biométricos conformes
con la OACI, también en los consulados de Moldavia en el extranjero, y la
desaparición gradual y completa de los pasaportes no conformes con la OACI Se ha
adoptado un plan de acción con un calendario preciso. ·
Establecimiento de programas de formación y
adopción de códigos éticos contra la corrupción de los funcionarios de las
administraciones públicas que tramitan pasaportes, tarjetas de identidad y
otros documentos primarios El «Código
ético para el personal encargado del registro civil y la expedición de
documentos» se aprobó el 1 de abril de 2011. Se remite al Código laboral para
las sanciones en caso de violación de sus disposiciones. Contiene disposiciones
sobre los conflictos de intereses, las incompatibilidades y la obligación de
notificar irregularidades. La «Orden sobre determinadas medidas de
prevención de la corrupción y el proteccionismo» fue aprobada el 31 de mayo de
2011 por el Director General del Registru (CSIR), seguida del «Plan de acción
para la gestión de riesgos de corrupción en el ámbito del registro del estado
civil y la documentación sobre la población», que se adoptó el 11 de agosto de
2011. El «Plan de gestión de riesgos de corrupción en el ámbito de la
documentación de la población», fue aprobado el 5 de abril de 2012 por el
Director General del Registru (CSIR). En 2011 y el primer trimestre de
2012 se impartieron cursos de formación para el personal de las subdivisiones
territoriales relativos a la documentación de la población. Bloque 2: Inmigración irregular, incluida la readmisión Evaluación general En el ámbito de la gestión de fronteras, se adoptó la
legislación pertinente. El marco institucional ya se ha establecido, incluidas
las disposiciones sobre formación y los códigos éticos de lucha contra la
corrupción. Con respecto a la gestión de la migración, la República de
Moldavia ha establecido una amplia base para un sistema eficaz de gestión de la
migración, y ha adoptado el marco legislativo pertinente. Aunque todavía se
necesitan algunas mejoras, los instrumentos adoptados son conformes, en gran
medida, con las normas internacionales y europeas. Gran parte del marco
institucional se ha establecido, aunque habrá que destinar más recursos a la
aplicación de las disposiciones pertinentes. En materia de asilo, existe una base legislativa sólida que
es conforme, en gran medida, con las normas internacionales y europeas. La Comisión considera que la República de Moldavia cumple, en
general, los criterios de referencia fijados en el bloque 2. Observaciones detalladas sobre las
políticas Bloque 2/Tema 1 - Gestión de las
fronteras ·
Consolidación del marco jurídico de la
gestión de las fronteras, incluida la adopción de la nueva Ley de fronteras del
Estado, que permite al servicio moldavo de guardia de fronteras participar en
la detección e investigación de la delincuencia transfronteriza en cooperación
con todos los servicios con funciones coercitivas competentes, y ampliar su
ámbito de competencias a todo el territorio, así como el marco jurídico para
una cooperación entre organismos eficaz entre el servicio de guardia de
fronteras, los servicios con funciones coercitivas y otros servicios que
intervienen en la gestión fronteriza La Ley de fronteras del Estado fue adoptada el 4 de noviembre de
2011, se publicó el 20 de abril de 2012 y entrará en vigor el 1 de julio de
2012. Se ajusta a las definiciones y al marco del Código de fronteras
Schengen [Reglamento (CE) nº 562/2006], y tiene en cuenta el marco jurídico de
la Unión Europea relativo a la responsabilidad de los transportistas. Por
su propia naturaleza, constituye un marco adecuado para otras normativas y
documentos estratégicos. Está previsto que los reglamentos de aplicación
correspondientes se adopten antes de la entrada en vigor de la ley. La Ley de la Policía de Fronteras fue
adoptada el 28 diciembre 2011, se publicó el 20 de abril de 2012 y entrará en
vigor el 1 de julio de 2012. La Ley constituye una base adecuada para la
desmilitarización y la profesionalización del servicio de vigilancia
fronteriza, que se transformará en una policía de fronteras. La Ley
sienta unas bases sólidas para una gestión moderna de las fronteras. También
concede a la policía de fronteras las competencias y facultades de ejecución
necesarias para el control eficaz de las fronteras. En particular, la
legislación permitirá a la policía de fronteras participar en la detección e
investigación de la delincuencia transfronteriza en cooperación con todos los
servicios competentes con funciones coercitivas. También ampliará el
ámbito de competencias de la policía de fronteras al conjunto del territorio.
Además, la legislación establece un marco jurídico para la cooperación
eficaz entre la policía de fronteras y los servicios competentes con funciones
coercitivas, así como con otros organismos que intervienen en la gestión
fronteriza. Ahora bien, habría que clarificar en mayor medida las
modalidades de cooperación, los procedimientos operativos y la división de
tareas. En particular, debería llegarse a un acuerdo, al menos mediante
protocolos de cooperación, sobre los procedimientos de vigilancia de
extranjeros y los procedimientos para tratar a los inmigrantes ilegales
interceptados y a los solicitantes de asilo. La Ley de modificación del Código de infracciones fue adoptada el
21 de octubre de 2011, se publicó el 16 de diciembre de 2011 y entrará en vigor
el 1 de julio de 2012. Confiere a la policía de fronteras competencias
para examinar infracciones administrativas como la violación del régimen
fronterizo estatal y de las normas sobre el cruce de fronteras estatales, daños
y destrucción de signos fronterizos y violaciones de las normas sobre los
derechos de residencia de los extranjeros en la República de Moldavia. La Ley de modificación del Código de infracciones en lo que
respecta a la responsabilidad de los transportistas, se adoptó el 23 de febrero
de 2012. Impone sanciones por infracción de las normas sobre el
transporte de extranjeros al país y se ajusta a las normas internacionales y
europeas. El servicio moldavo de guardia de
fronteras ha celebrado acuerdos y protocolos de cooperación con los países
vecinos, a saber, Rumanía y Ucrania, que sientan las bases de la cooperación
con los guardias de fronteras en estos países. Se han firmado acuerdos de
cooperación con varios Estados miembros de la UE (Letonia, Lituania, Estonia,
Hungría y Polonia), así como con Rusia y Georgia. El servicio de guardia de
fronteras se propone concluir los acuerdos de cooperación con los servicios de
guardia de fronteras de Belarús y Kazajistán en 2012. En agosto de 2008 se
firmó un acuerdo de trabajo con FRONTEX, y la República de Moldavia se ha
comprometido plenamente a colaborar activamente con la misión de asistencia
fronteriza de la UE (EUBAM). En diciembre de 2011 se firmó un nuevo plan de cooperación
para 2012-2014 por FRONTEX y la República de Moldavia. ·
Adopción de un plan de acción para la
aplicación eficaz de la estrategia nacional de gestión integrada de las
fronteras, con un calendario y objetivos específicos para el futuro desarrollo
de la normativa, la organización, las infraestructuras, los equipos, así como
suficientes recursos financieros y humanos en el ámbito de la gestión de
fronteras La estrategia nacional de gestión
integrada de las fronteras (GIF) para el periodo 2011-2013 se adoptó el 27 de
diciembre de 2010. Aborda todos los temas relativos a la gestión eficaz de las
fronteras y es conforme con las normas europeas y las mejores prácticas. El plan de acción GIF para el periodo
2011-2013 fue aprobado el 16 de mayo de 2011. Contiene planes más detallados
sobre cómo se aplicará la estrategia de la GIF nacional, incluidos objetivos y
acciones concretas. Al igual que la estrategia de la GIF, el plan de acción GIF
está bien elaborado y abarca todas las cuestiones pertinentes para la
aplicación de la estrategia GIF. Los principales objetivos incluyen cuestiones
relacionadas con la mejora del marco político y legislativo, el control de
fronteras y la cooperación internacional y entre organismos, así como con el
desarrollo de la estructura organizativa, la gestión de recursos humanos, la
logística y el sistema de análisis de riesgos. En la fase de aplicación, el
plan de acción GIF debe completarse con planes más detallados que incluyan,
entre otras cosas, los números y ubicaciones de equipos y dispositivos, así
como planes sobre la creación de centros de coordinación, un servicio de
vigilancia aérea y un centro de examen de documentos. El marco legislativo prevé recursos
humanos y financieros suficientes en el ámbito de la gestión de fronteras. ·
Creación de programas de formación y
adopción de códigos éticos contra la corrupción, específicamente destinados a
los guardias de fronteras, los funcionarios de aduanas y otros funcionarios que
intervienen en la gestión de las fronteras Se ha creado una serie de programas de
formación, teórica y práctica, tanto de nivel básico como universitario.
También se ofrece formación continua al personal (interno y externo) para
elevar su nivel profesional. Los programas de formación que se imparten
constituyen un marco adecuado para una gestión profesional de las fronteras. Se ha adoptado un marco político adecuado
para el comportamiento ético de los funcionarios y la prevención de la
corrupción. El 13 de junio de 2008 se aprobó el código deontológico de los
guardias de fronteras, que incluye las normas de actuación en caso de conflicto
de intereses y los principios sobre el uso de la fuerza. El servicio de aduanas
tiene un código ético similar. Además, la Ley de la policía de fronteras regula
los derechos y las obligaciones de los funcionarios de policía de fronteras y,
en este contexto, también incluye normas éticas. La estrategia de la GIF y el
plan de acción de la GIF incluyen medidas de prevención de la corrupción.
Tienen en cuenta el catálogo de recomendaciones y prácticas más idóneas de
Schengen. Además, se han puesto en marcha varias actividades anticorrupción
bajo los auspicios de la EU-BAM. Bloque 2/Tema 2 - Gestión de la
migración ·
Consolidación del marco jurídico de la
política de migración, incluidas medidas de reintegración de los ciudadanos
moldavos (que retornan voluntariamente o en virtud del acuerdo de readmisión
UE-República de Moldavia) y lucha contra la migración irregular (incluidos los
esfuerzos para celebrar acuerdos de readmisión con los principales países de
origen y la detección de migrantes irregulares en el interior) La nueva Ley relativa a los extranjeros
de la República de Moldavia fue adoptada el 16 de julio de 2011. Se trata de
una ley marco sobre los procedimientos legales para la concesión del derecho de
residencia a los extranjeros en la República de Moldavia. Su amplio articulado
regula todas las materias de inmigración. Desde julio de 2011 se aplican
procedimientos operativos adicionales que aportan mayor claridad a la nueva
Ley. Sin embargo, algunas leyes nacionales anteriores siguen aplicándose a las
estancias legales de los extranjeros en la República de Moldavia. Para mejorar
la seguridad jurídica, estas leyes deberían ser derogadas e integradas en la
nueva Ley (véase también el bloque 4). En enero de 2011 se abrió una «ventanilla
única» en la Oficina de Migración y Asilo (OMA) con arreglo a la nueva «Ley de
extranjería». La nueva Ley clarifica y simplifica los procedimientos de
solicitud de visados, residencia y trabajo en la República de Moldavia. Supone
un importante paso adelante en el desarrollo del sistema de gestión de la
migración. La Ley sobre la integración de los
extranjeros se adoptó el 27 de diciembre de 2011, se publicó el 13 de marzo de
2012 y entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Aporta una mayor seguridad
jurídica con respecto a los derechos y facilidades de integración que deben
concederse a los extranjeros residentes en la República de Moldavia. En cuanto a la reintegración de los
migrantes moldavos en su país, la República de Moldavia está desarrollando un
nuevo plan de acción para sustituir al antiguo plan de fomento del retorno de
los trabajadores migrantes moldavos desde el extranjero. Se han puesto
en práctica actividades como el programa PARE 1 + 1, que prevé la formación
para desarrollar capacidades empresariales y la ayuda financiera para la
creación de empresas. Además, se han realizado actividades dirigidas a mejorar
el sistema de reconocimiento de capacidades y cualificaciones, así como a
reforzar el mercado laboral nacional, especialmente en el contexto de la
asociación de movilidad UE-República de Moldavia. La Ley sobre la adhesión de la República
de Moldavia al Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas se adoptó el 27 de
diciembre de 2011. La Ley sobre la adhesión a la Convención sobre la Reducción
de los Casos de Apatridia se adoptó el 8 de diciembre de 2011. Estas leyes
llenan el vacío legal en la materia. La República de Moldavia formuló
recomendaciones metodológicas sobre la lucha contra la estancia ilegal de
extranjeros, que contienen directrices operativas para los funcionarios de
inmigración que trabajan a nivel local. Con respecto a la capacidad
institucional, a la OMA se le han atribuido prerrogativas complejas en su
calidad de principal organismo responsable de la gestión de los flujos
migratorios en el territorio de la República de Moldavia. La OMA necesita
reforzar sus capacidades, en particular a nivel local, y establecer protocolos
de cooperación entre los órganos competentes del Ministerio del Interior, que
clarificarían la división de competencias en los procedimientos de inmigración.
La República de Moldavia es parte de los
acuerdos de readmisión con la Unión Europea (en vigor desde el 1 de enero de 2008),
Ucrania (1997), Suiza (2004 y 2010), Noruega (2006), la Antigua República
Yugoslava de Macedonia (2008), Serbia (2011) y Dinamarca (2011). Entre
2009 y 2011, la República de Moldavia firmó los protocolos de aplicación
adicionales del acuerdo de readmisión UE-República de Moldavia con 11 Estados
miembros de la UE. Se están celebrando negociaciones con otros 11
Estados miembros de la UE. Entretanto, prosiguen las negociaciones
de los acuerdos de readmisión entre la República de Moldavia y los principales
países de origen de los inmigrantes irregulares. En 2007, el proyecto de
acuerdo intergubernamental de readmisión de residentes ilegales se aprobó y
envió a Rusia, Uzbekistán, Tayikistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Turquía, Siria, Bangladesh,
India, Líbano, Jordania, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, China, Bosnia y
Herzegovina y Montenegro. Se están celebrando efectivamente
negociaciones con Rusia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina. Se han
puesto en marcha las negociaciones sobre la firma de un nuevo acuerdo de
readmisión con Ucrania. Se han notificado algunos progresos en las
negociaciones con Turquía. Las autoridades turcas han pedido a las autoridades
moldavas que consideren la posibilidad de un régimen de exención de visados.
Según la República de Moldavia, una de las condiciones previas sería la
celebración de un acuerdo de readmisión con Turquía. ·
Adopción de una estrategia nacional de
gestión de la migración para la aplicación efectiva del marco jurídico de la
política de migración y un plan de acción, que incluye un calendario, objetivos
específicos, actividades, resultados, indicadores de rendimiento y suficientes
recursos humanos y financieros La estrategia en materia de migración y
asilo se adoptó el 6 de julio de 2011. Se trata de un importante
instrumento estratégico para la gestión de los flujos migratorios. La
estrategia fija objetivos para un período de tiempo suficientemente largo
(2011-2020) y define los principios que garantizarán la aplicación coherente y
global de las políticas. También atribuye a una comisión gubernamental
la función de coordinación de las actividades relacionadas con el proceso de
migración en la República de Moldavia. La estrategia se aplicará a
través del plan de acción (2011-2015) que se adoptó el 8 de noviembre de 2011.
El plan de acción contiene las actividades detalladas para conseguir los
objetivos a largo plazo de la estrategia, la distribución de la financiación,
las instituciones responsables, los plazos y los indicadores de progreso. Se deberán poner a disposición de las
autoridades competentes (especialmente la OMA) los recursos humanos adecuados
para cumplir sus tareas de aplicación global de la estrategia. ·
Creación de un mecanismo para el seguimiento
del volumen y los flujos de migración, la definición de un perfil migratorio
actualizado periódicamente para la República de Moldavia, con datos tanto de
migración legal como irregular, y la creación de organismos responsables de la
recogida y el análisis de datos sobre el volumen y los flujos de migración El complejo ejercicio del perfil migratorio ampliado que realiza
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la República de
Moldavia, con la ayuda financiera de la Comisión Europea, está en una fase muy
avanzada. Este instrumento ayudará a las autoridades moldavas a
gestionar mejor la migración y a incluir las cuestiones de migración en otras
políticas, tales como la política social y de empleo, para el desarrollo global
del país. El perfil migratorio fue considerado una buena práctica por el
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) que se celebró en diciembre de
2011, y las autoridades moldavas se han mostrado activas en el intercambio de
conocimientos especializados al respecto. Se confió a la OMA la tarea de
actualizar periódicamente el perfil migratorio. El sistema automático integrado de
información «migración y asilo» está actualmente en fase de creación. Se
están desarrollando los diferentes subsistemas. Deberá definirse mejor
la cooperación entre organismos para la recogida y el análisis de datos sobre
migrantes, incluido el grado de interconexión entre los sistemas de información
que contienen datos sobre migrantes. Bloque
2/Tema 3 - Política de asilo ·
Consolidación del marco jurídico de la
política de asilo mediante la adopción de la normativa sobre la integración de
los refugiados y los beneficiarios de otras formas de protección La República de Moldavia ha adoptado un
sólido marco legislativo del asilo en un plazo muy breve. La ley más importante
es la «Ley sobre el asilo», que se adoptó el 18 de diciembre de 2008 y entró en
vigor el 13 de marzo de 2009. Esta ley establece el marco institucional
necesario, los procedimientos legales y los principios, y se ajusta en gran medida
a las normas europeas e internacionales. Sin embargo, algunos de sus elementos
requieren mejoras. La Ley prevé la posibilidad de que los refugiados soliciten
un documento de viaje, pero no obliga a las autoridades a otorgarlo (se trata
de una cláusula «facultativa»). En la fase de ejecución, habrá que realizar un
esfuerzo para garantizar la expedición de documentos de viaje a los
beneficiarios de protección internacional. Las autoridades prevén expedir los
documentos en julio de 2012. Además, la Ley prevé motivos de exclusión del
estatuto de refugiado y de «devolución» más amplios que los previstos en la
Convención de 1951. Debería modificarse en consecuencia. También deberían
introducirse algunas mejoras en la Ley para ofrecer a los solicitantes de asilo
la posibilidad de clarificar todas las incoherencias y lagunas a su respecto, y
acceder al contenido de las actas de la entrevista. La Ley sobre la integración de los
extranjeros se adoptó el 27 de diciembre de 2011, se publicó el 13 de marzo de
2012 y entrará en vigor el 1 de julio de 2012 (véase el tema 2 anterior).
Contiene disposiciones sobre la puesta en práctica de los derechos de los
refugiados y los beneficiarios de protección humanitaria descritos en la «Ley
del asilo». A tal fin, el proyecto de ley establece el marco institucional
necesario, los procedimientos legales, los mecanismos y los principios. También
se crean mecanismos de coordinación con las autoridades públicas locales y
centrales. Para facilitar el proceso de integración, la República de Moldavia
debería considerar la posibilidad de reducir el nivel de exigencia del
requisito de residencia para que los refugiados, los beneficiarios de
protección humanitaria y los apátridas puedan adquirir la ciudadanía, pasando
del actual requisito de ocho años de residencia legal y habitual a cinco o
menos años. El Reglamento sobre la actividad del
centro de acogida de solicitantes de asilo se ajusta en gran medida a las
normas europeas e internacionales. Regula los derechos, las obligaciones y los procedimientos
más importantes. No obstante, podrían introducirse algunas mejoras como
disposiciones especiales aplicables a los grupos vulnerables o el
reconocimiento del carácter incondicional del derecho a la asistencia
psicológica y social. Bloque 3: Orden público y seguridad Evaluación general Se ha creado el marco político y
legislativo para la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada.
Se ha adoptado la Ley sobre la delincuencia organizada, así como la estrategia
y el plan de acción que la acompañan, en consonancia, en gran medida, con las
normas europeas e internacionales. Se ha consolidado el marco político
y legislativo para la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos,
de acuerdo con las normas europeas e internacionales. El plan de acción para el
período 2012-2013 prevé un enfoque holístico respecto de la lucha contra el
tráfico de seres humanos. En cuanto
a la política de lucha contra la corrupción, se ha puesto en marcha un
marco político y legislativo global que está en una fase avanzada de
consolidación. La República de Moldavia ha aprobado y está a punto de aprobar
un considerable número de enmiendas legislativas dirigidas a adaptar el marco
legislativo a los principales instrumentos europeos e internacionales. Se
adoptaron la estrategia y el plan de acción contra la corrupción 2012-2013. Se
adoptó la nueva ley sobre el Centro de lucha contra los delitos económicos y la
corrupción (que pasó a llamarse Centro nacional contra la corrupción).
Será preciso mejorar la planificación estratégica y la evaluación de
necesidades a fin de garantizar una aplicación eficaz. Deberían reforzarse más
las capacidades, el reparto de competencias y la cooperación entre las
instituciones que realizan tareas en el ámbito de la lucha contra la
corrupción. En cuanto
a la cooperación entre servicios con funciones coercitivas, debería
mejorar la coordinación para lograr un intercambio eficaz de información. Está
en vigor el marco político y legislativo para la prevención y la lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de conformidad
con las normas europeas e internacionales. La
República de Moldavia se ha adherido a todos los convenios de las Naciones
Unidas y del Consejo de Europa sobre el orden público y la seguridad, y a la
mayoría de los convenios de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa en
materia de lucha contra el terrorismo. Deberían adoptarse nuevas medidas,
especialmente por parte de la UE, para negociar acuerdos con Europol y
Eurojust. El marco
legislativo e institucional establecido en materia de la protección de datos
se ajusta en gran medida a las normas europeas. La República de Moldavia ha
puesto en vigor el marco legislativo, político e institucional requerido en la política
de lucha contra la droga, de conformidad con las normas europeas e
internacionales. El marco legislativo de la cooperación judicial en
materia penal se ha consolidado. La República de Moldavia firmó el segundo
Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre asistencia judicial
en materia penal, que está pendiente de ratificación. Se han
aprobado y posteriormente desarrollado importantes reformas institucionales
que afectan a todo el sector del orden público y la seguridad, como la reforma
del Ministerio del Interior y sus estructuras dependientes y descentralizadas,
y la reforma de la justicia: creación del Centro de reforma en marzo de 2012;
aplicación en curso del plan de desarrollo estratégico del Ministerio del
Interior de 2012 - 2014; y fase avanzada de la
adopción de la legislación adicional aplicable al proceso de reforma. La
reforma de la justicia prosigue su curso y el plan de acción sobre la
aplicación de esta estrategia ha sido aprobado por el Parlamento. En cuanto a los planes de acción
del bloque 3, se prestará más atención a sus resultados previstos, calendario y
plazos, indicadores de resultados, y recursos humanos y financieros necesarios
para su aplicación. La
Comisión considera que la República de Moldavia cumple, en general, los
criterios de referencia fijados en el bloque 3. Observaciones
específicas Bloque
3/Tema 1 – Prevención y lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo
y la corrupción ·
Adopción de una estrategia legislativa y
global para la prevención de y la lucha contra la delincuencia organizada,
junto con un plan de acción que incluye un calendario, objetivos, actividades,
resultados, indicadores de rendimiento específicos y suficientes recursos
humanos y financieros El 22 de marzo de 2012, el Parlamento aprobó la reforma de la Ley
sobre la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada. La Ley
establece la distinción entre medidas preventivas y procesales, e indica los
procedimientos aplicables en el ámbito de la delincuencia organizada. Contiene, entre otras cosas, medidas para prevenir
y combatir la creación de nuevos grupos u organizaciones criminales, medidas de
prevención y lucha contra las actividades delictivas, campañas de información
para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada, y el control operativo
de las personas vulnerables a la captación para actividades de la delincuencia
organizada. La Ley también indica las
autoridades competentes en este ámbito: Oficina
del Fiscal General, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, servicios
de inteligencia y de seguridad, Centro de lucha contra la corrupción y policía
de fronteras. La Ley sienta las bases para la formación
profesional de expertos, en asociación con las organizaciones internacionales y
las ONG. Ahora bien, la Ley podría mejorar si
se armonizara en mayor medida con instrumentos horizontales europeos e
internacionales tales como el Convenio de las Naciones Unidas sobre la
delincuencia organizada transnacional. Podría
incluir más definiciones específicas de los grupos organizados y los delitos
castigados por ley. También podría armonizarse
en lo que respecta a la tipificación como delito de la participación en un
grupo delictivo organizado, la confiscación y la incautación, la jurisdicción,
el traslado de personas condenadas, la tipificación como delito de la
obstrucción a la justicia, la protección de testigos, la asistencia y
protección de las víctimas, así como la recogida y el análisis de información
sobre la naturaleza y el alcance de la delincuencia organizada. En cuanto al marco estratégico, el
gobierno aprobó el 22 de junio de 2011 la estrategia de prevención y lucha
contra la delincuencia organizada para finales del periodo 2011-2016, y el 11
de noviembre de 2011 el plan de acción. La estrategia prevé la evaluación
permanente de las amenazas y los riesgos de la delincuencia organizada. Establece los principios básicos para luchar contra
la delincuencia organizada, los objetivos generales y las competencias de las
autoridades jerárquicas. Los principales
objetivos de la estrategia consisten en promover el desarrollo institucional y
funcional, mejorar la capacidad de gestión, armonizar la legislación, mejorar
la actividad operativa, consolidar la cooperación internacional y reforzar la
cooperación entre las autoridades nacionales. La
estrategia sienta unas sólidas bases para hacer frente a la delincuencia
organizada, siempre que se utilicen métodos y medidas eficaces. El plan de
acción abarca los siguientes ámbitos: desarrollo
operativo e institucional, consolidación de la cooperación internacional y
entre organismos, refuerzo y modernización de la capacidad de gestión,
consolidación de la capacidad institucional, y adaptación del marco jurídico a
las normas de la UE. El plan de acción incluye
una serie de objetivos generales que son adecuados, pero no fija plazos para
cada medida y algunos de los indicadores de progreso no son cuantificables ni suficientemente
precisos. Con relación al marco institucional,
existen varias entidades competentes en la prevención y la lucha contra la
delincuencia organizada. La Oficina del Fiscal General coordina todas las
actividades operativas de estas entidades. La función del Fiscal General
debería reforzarse de manera coherente con el actual proceso de reformas
institucionales y, en particular, con las reformas de la justicia y del Derecho
penal. ·
Consolidación del marco jurídico para la
prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, y actualización
periódica del correspondiente plan nacional, incluidos el calendario, objetivos
específicos, actividades, resultados, indicadores de rendimiento y suficientes
recursos humanos y financieros El marco político y legislativo para la prevención y la lucha contra
la trata de seres humanos se ha consolidado en los últimos años. La Ley marco
sobre la prevención de y la lucha contra la trata de seres humanos se aprobó en
2005 y ha sido completada con una serie de actos jurídicos, incluidas las
disposiciones pertinentes del Código penal y de la Ley de enjuiciamiento
criminal, así como los convenios internacionales. La Ley de ratificación del Convenio del
Consejo de Europa sobre la protección de la infancia contra la explotación y el
abuso sexual (Convenio de Lanzarote) fue aprobada por el Parlamento el 19 de
diciembre de 2011. Los instrumentos de
ratificación se depositaron en el Consejo de Europa el 12 de marzo de 2012 y el
Convenio entrará en vigor el 1 de julio de 2012. El
12 de abril de 2012, el Parlamento aprobó la Ley de reforma del Código penal y
la Ley de enjuiciamiento criminal con el fin de adaptar la legislación nacional
a las disposiciones del Convenio de Lanzarote. El plan de prevención y lucha contra la
trata de seres humanos para 2010-2011, que incluye medidas para hacer frente a
este fenómeno, se aprobó el 13 de septiembre de 2010.
El 21 de diciembre de 2010 se aprobó un plan adicional que preveía
medidas más concretas. Uno de sus objetivos
era mejorar el mecanismo para investigar y perseguir la participación de
funcionarios en los casos de trata de seres humanos. También
se proponía aumentar la protección de los menores que son víctimas de la trata
de seres humanos, un problema que sigue preocupando. Abordaba
la cooperación nacional e internacional, la sensibilización y la información. Ambos planes de acción incluían la mayoría de los
elementos exigidos: calendario, objetivos específicos, actividades y resultados
previstos, pero sin indicadores de rendimiento ni cifras concretas sobre los
recursos presupuestarios o de otro tipo. El nuevo plan de acción para el período
2012-2013 se ha elaborado y se aprobará, previsiblemente, en junio de 2012. Incluye elementos que faltaban en los planes de
acción anteriores. Por ejemplo, la prevención y protección de grupos
vulnerables contra el riesgo de convertirse en víctimas de la trata,
especialmente niños abandonados, conocidos como «huérfanos de la sociedad». El
nuevo plan de acción establece indicadores de progreso pero no describe medidas
de ejecución en detalle. Incluye una sección que tiene por objeto
reforzar el seguimiento y la evaluación del plan de acción. Se centra
principalmente en una mayor coordinación (tanto a escala nacional como
internacional) de actividades contra la trata de seres humanos, en la
prevención de la trata de seres humanos a través de actividades de
sensibilización y desarrollo de las capacidades, en la asistencia social y la
protección de las víctimas, y en el refuerzo de los sistemas de investigación y
de procedimiento. Está en plena consonancia con los instrumentos europeos e
internacionales sobre el tráfico de seres humanos. El marco
institucional está en vigor y se ha consolidado. El Centro de lucha contra la
trata de seres humanos, creado en 2006, es plenamente operativo. Las estructuras competentes en esta materia son
tanto de ámbito administrativo, como el Comité nacional para la lucha contra la
trata de seres humanos, que es un órgano consultivo de la administración, como
de carácter fiscal, bajo la supervisión de un Consejo de coordinación presidido
por el Fiscal General, que parece estar plenamente comprometido en la lucha contra
la trata de seres humanos. Por otra parte, el sistema nacional de remisión de
asistencia y protección de las víctimas de la trata, que constituye un marco o
estructura de cooperación entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales, también cuenta con equipos multidisciplinarios creados a nivel
regional. ·
Adopción de la normativa sobre la
prevención y la lucha contra la corrupción, y consolidación de las funciones
anticorrupción del Centro para la lucha contra los delitos económicos y la
corrupción; intensificación de la coordinación y del intercambio de información
entre las autoridades responsables de la lucha contra la corrupción La Ley
marco sobre la prevención y la lucha contra la corrupción se adoptó en 2008
y fue modificada posteriormente. Se ha completado con un número considerable de
actos jurídicos pertinentes (por ejemplo, la Ley sobre los conflictos de
intereses, la Ley sobre el código de conducta de los funcionarios públicos, la
Ley sobre la función pública y el estatuto de los funcionarios, la Ley sobre la
declaración y el control de los ingresos y el patrimonio de los cargos
públicos, la Ley de contratación pública, etc.), incluidas las correspondientes
disposiciones del Código penal, de la Ley de enjuiciamiento criminal y del
Código de infracciones administrativas. Se han
adoptado diversas medidas adicionales para mejorar el marco jurídico con objeto de adaptar la legislación nacional a los requisitos
europeos e internacionales. En 2011 y 2012 se elaboraron y
adoptaron numerosos actos legislativos. Las modificaciones legislativas
consisten, entre otras cosas, en extender los delitos de
corrupción a los funcionarios públicos extranjeros e internacionales; ampliar
el alcance de los delitos de cohecho ampliando los elementos de este tipo de
delito (por ejemplo, «ofrecimiento» y «entrega»); introducir la
responsabilidad penal de los votantes corruptos; adoptar medidas
especiales de decomiso y cautelares para indemnizar por los daños, y medidas de
decomiso de terceros en caso de que éstos conozcan el origen ilícito de los
bienes; modificar el sistema de sanción del proteccionismo y los
conflictos de intereses establecidos en el Código de infracciones
administrativas; e introducir la responsabilidad de las personas jurídicas por
delitos de corrupción activa. Se han
aprobado enmiendas legislativas adicionales para cumplir los requisitos de las
recomendaciones del GRECO y de la Convención de las Naciones Unidas contra la
corrupción, tales como: la tipificación como delito de la contabilidad falseada,
el endurecimiento del sistema de sanciones por infracción del código de
conducta por los funcionarios, y unos requisitos más exigentes en cuanto a la
obligación de informar de los delitos de corrupción. Deberían reforzarse las
garantías de protección de los denunciantes frente a las represalias, tanto en
el sector público como en el privado. La
recomendación de la segunda ronda de evaluación del GRECO sobre el marco
jurídico para el uso de medidas de investigación especiales en todos los casos
de corrupción se ha cumplido parcialmente, debido a que las medidas de
investigación especiales sólo pueden utilizarse en caso de «delitos graves» y
no de delitos de corrupción ordinarios. El marco legislativo se modificó para
elevar el nivel de las sanciones por cohecho activo y pasivo, lo cual tipificó
automáticamente este tipo de delitos como delitos «graves» para los que pueden
utilizarse medidas de investigación especiales. Sin embargo, el ámbito de
aplicación de las disposiciones sobre el uso de medidas de investigación
especiales no se ha ampliado a otros delitos de corrupción ordinarios que se
sitúan por debajo de los «delitos graves», como es el tráfico de influencias. Se han
adoptado medidas adicionales para seguir algunas de las recomendaciones de la
tercera ronda de evaluación del GRECO, en particular en lo que se refiere a las
incriminaciones (por ejemplo, el alcance de los delitos de corrupción,
la responsabilidad de las personas jurídicas, el alcance de los delitos de
corrupción en el sector privado, la tipificación del tráfico activo de
influencias como delito, etc.). La
financiación de los partidos políticos y las campañas electorales sigue presentando una serie de deficiencias significativas,
señaladas por el GRECO, que deben tratarse con carácter prioritario para
garantizar la total transparencia y eficiencia de la supervisión, así como un
sistema de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicable a la financiación
de los partidos y las campañas electorales. En la actualidad, los controles de
financiación de los partidos y las campañas electorales los realiza la Comisión
electoral central, compuesta por nueve miembros (de los cuales sólo tres son
permanentes). El marco actual podría reforzarse para ofrecer las garantías
necesarias para la detección y la sanción efectivas de todos los casos de
financiación ilegal de partidos. Se están preparando propuestas legislativas
sobre la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales a
fin de seguir las recomendaciones del GRECO. Las
autoridades moldavas seguirán informando de la aplicación de las
recomendaciones del GRECO en 2012. La República de Moldavia debería seguir
aplicando las recomendaciones del GRECO y suministrar más información sobre las
modalidades de aplicación de las mismas. La contratación
pública sigue siendo uno de los sectores más vulnerables a la corrupción,
con importantes deficiencias en la práctica. Algunas leyes tienen repercusiones
en este sector y se ha debatido intensamente sobre si las definiciones contenidas
en las mismas son suficientes, habida cuenta de los elevados riesgos
existentes. El actual sistema prevé el requisito obligatorio de publicar un
anuncio de contratación pública previo a la elaboración del plan de
contratación. Sin embargo, con frecuencia no se publica ningún anuncio ni se
elabora plan alguno. El sistema de sanciones es ineficaz. Deben redoblarse los
esfuerzos para garantizar la total transparencia del proceso de contratación
pública y sanciones disuasorias en caso de incumplimiento de los requisitos
legales. En lo que
respecta a los conflictos de intereses, las incompatibilidades y las
declaraciones de patrimonio, el marco legislativo está en vigor. Las
deficiencias más significativas afectan a la eficacia de los mecanismos de
verificación y sanción. La Ley sobre la Comisión Nacional de Integridad (CNI)
fue adoptada por el Parlamento en diciembre de 2011. La
Comisión es responsable del control de los conflictos de intereses, las
incompatibilidades y las declaraciones de patrimonio, pero aún no ha empezado
sus trabajos. Las tareas y competencias de la CNI, su organización y los
procedimientos que deben aplicarse están regulados por ley. Aunque es muy
positivo que se haya designado un único órgano para la realizar controles
exhaustivos de los conflictos de intereses, las declaraciones de patrimonio y
las incompatibilidades, se necesitan nuevas garantías sobre su independencia e
imparcialidad en el proceso de toma de decisiones, ya que su composición abre
la puerta al control político. El Presidente de la CNI debe ser nombrado por el
Parlamento. Tres de los cinco miembros de la CNI son propuestos por la mayoría
parlamentaria, uno por la oposición y uno solo procedería de la sociedad civil
a través de un concurso abierto. Su composición actual abre la posibilidad de
que la mayoría política controle las decisiones de la CNI. Las decisiones sobre
los conflictos de intereses, las declaraciones de patrimonio y las
incompatibilidades deberían ser imparciales y estar libres de interferencias
políticas. La ley describe con bastante detalle las tareas de la CNI y los
procedimientos relacionados con la verificación de los conflictos de intereses,
las declaraciones de patrimonio y las incompatibilidades. La eficacia de los
controles está pendiente de verificación en la práctica. La selección de los
miembros y del personal de la CNI debe basarse en criterios objetivos y de
mérito, y el proceso de toma de decisiones sobre casos individuales debe
protegerse de las influencias y las decisiones políticas. En caso de
«diferencia manifiesta» (no definida en la ley) entre los ingresos y el
patrimonio de un funcionario, la CNI podrá notificarlo a la fiscalía, si
hubiera sospechas de que se ha cometido un delito, y a las autoridades
fiscales. No se han atribuido a la CNI facultades específicas para proponer el
embargo en caso de enriquecimiento injustificado. Cuando se detecten conflictos
de intereses o incompatibilidades, la CNI levantará un «acta de infracción» y
podrá pedir, en última instancia, a las autoridades públicas que adopten
medidas disciplinarias o pongan fin al mandato o al contrato del funcionario de
que se trate. También podrá solicitar a los tribunales la revocación del acto
administrativo adoptado por el funcionario público en situación de conflicto de
intereses o de incompatibilidad. La ley ha introducido la obligación de enviar
las declaraciones de patrimonio al sitio web de la CNI. Se trata de una
medida positiva que ofrece al público en general un mayor acceso a las
declaraciones de patrimonio y puede incrementar el índice de casos detectados
de enriquecimiento injustificado. Hay que
asegurar los recursos humanos y presupuestarios suficientes para garantizar la eficacia
de las verificaciones realizadas por la CNI. Todos los aspectos de la independencia
en la toma de decisiones y la capacidad para realizar verificaciones y proponer
sanciones son de importancia clave para la eficacia del sistema, que sólo puede
probarse a través del historial de su aplicación. Debería suministrarse más
información sobre los equipos técnicos y las bases de datos electrónicas de que
dispone la CNI. Habría que
prestar especial atención a la coherencia global del proceso legislativo
a fin de evitar la inseguridad jurídica y garantizar una aplicación rigurosa.
El marco jurídico está experimentando cambios sucesivos exigidos por una serie
de medidas de reforma de la lucha contra la corrupción. Aunque es comprensible
que el ritmo de las reformas se haya acelerado y se refleje consecuentemente en
el marco legislativo, esto no debería afectar a la coherencia y la estabilidad
del marco general. Con frecuencia, una normativa es modificada por actos
legislativos diferentes en el transcurso de pocos meses. Las iniciativas
legislativas deben ser objeto de evaluaciones de impacto detalladas, incluso
sobre las necesidades de recursos humanos y financieros, y deben estar
coordinadas. El Parlamento adoptó en julio de 2011 la estrategia
contra la corrupción para el periodo 2011-2015, que establece
prioridades y objetivos claros. La
estrategia contiene una breve evaluación de la situación, en la que se analiza
una serie de estudios que evalúan la percepción de la corrupción, y un análisis
muy general de las causas de la corrupción. También
define los grandes principios y orientaciones de actuación, y establece una
serie de objetivos globales y criterios generales de rendimiento que deberán
cumplirse al final del periodo de ejecución. La
estrategia describe en detalle el proceso de control de su aplicación y confía
a una Comisión parlamentaria las tareas de coordinación. El Grupo de control está compuesto por diversos
interesados procedentes del sector privado y la sociedad civil. El plan de acción contra la corrupción
para el período 2012-2013 fue aprobado por el Parlamento en febrero de
2012. Contiene una serie de medidas concretas, plazos, indicadores y objetivos
previstos, pero no incluye referencias a la evaluación de costes ni a los
recursos presupuestarios y humanos. Tampoco hace referencia a la evaluación de
riesgos ni a los sectores vulnerables. Se centra en soluciones legislativas e
institucionales, cuando habría que prestar más atención a las medidas
operativas. Las medidas relacionadas con los mecanismos de control interno y su
interacción con los organismos con funciones coercitivas deberían desarrollarse
en mayor medida. En cuanto al marco
institucional, en 2002 se creó el Centro para combatir los delitos
económicos y la corrupción (CCDEC), que ha sido reestructurado en varias
ocasiones. El 25 de mayo de 2012, el
Parlamento aprobó la nueva Ley sobre el Centro para combatir los delitos
económicos y la corrupción, que ha
pasado a denominarse Centro nacional contra la corrupción. Su
independencia ha quedado reforzada al imponerle la obligación de rendir cuentas
al Parlamento, y con la garantía de un procedimiento de concurso abierto para
la selección de su Director, que será nombrado por el Parlamento. La nueva Ley
describe adecuadamente los procedimientos de destitución. Antes de la reforma
del Centro se celebraron varias consultas públicas, con la ayuda de la
comunidad internacional, que se materializaron en un proyecto de documento de
estrategia de reforma que se presentó al gobierno en noviembre de 2011 y
propone tres grandes capítulos de reforma: independencia, aumento de las capacidades
y apoyo público. La nueva ley se centra principalmente en la cuestión de la
independencia, mientras que la eficiencia y el aumento de las capacidades
quedan pendientes de una mayor clarificación y demostración práctica. En la
actualidad se está ultimando la nueva estrategia para la consolidación
institucional del Centro, sobre la base de los objetivos del anterior documento
de estrategia de reforma y con el fin de centrarse en la aplicación del nuevo
marco jurídico. Garantizar la capacidad adecuada para que el Centro pueda
desempeñar con eficacia sus tareas debería ser un elemento clave de la reforma
para completar las garantías de independencia. En su
configuración actual, el Centro conserva sus competencias de prevención e
investigación. En materia de represión, el Centro realiza actividades de
investigación bajo el control de los fiscales. Actualmente, su competencia para
investigar abarca sólo la corrupción y los delitos conexos, pero sin distinción
según el valor del daño o el cargo del funcionario investigado. Todos los
delitos de corrupción, tanto de pequeña cuantía como de alto nivel, entran
dentro de las competencias del Centro. La competencia sobre los delitos
económicos y financieros no relacionados con los delitos de corrupción se ha
transferido al Ministerio del Interior y la administración de aduanas. El
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo siguen siendo de la
competencia del Centro, en el que la UIF (Unidad de Información Financiera) se
mantiene como unidad autónoma (véase más adelante el apartado sobre el blanqueo
de capitales). El Director
del Centro será nombrado por el Parlamento Europeo, previo concurso abierto. La
destitución del Director también la decide el Parlamento, por los motivos
previstos explícitamente en la ley. La nueva Ley sobre el Centro nacional
contra la corrupción incluye también una serie de garantías relativas a la
integridad y los controles de integridad de sus empleados. Sin embargo, la
eficacia del nuevo sistema está aún por demostrar y plantea cuestiones sobre el
reparto de competencias y la coordinación con otros servicios con funciones
coercitivas. El programa de desarrollo estratégico del Centro para los próximos
dos años fue aprobado por el Consejo de Administración del Centro en enero de 2012.
Es relativamente impreciso en lo que se refiere a futuras medidas concretas.
Menciona los recursos presupuestarios y de personal de años anteriores, pero no
contiene ninguna evaluación de costes ni de las necesidades de recursos humanos
para los próximos dos años. Tampoco incluye ningún calendario detallado de las
medidas. La programación estratégica de las actividades del Centro no ofrece
una visión clara de cómo se garantizará la eficacia de sus actividades y la
coordinación con otras instituciones anticorrupción y servicios con funciones
coercitivas. En lo que
respecta a la cooperación interinstitucional, hay que seguir trabajando
para garantizar una clara división de tareas y una cooperación eficaz entre las
instituciones que actúan en el ámbito de la prevención y la lucha contra la
corrupción, incluida la Comisión nacional de integridad, el Centro nacional
contra la corrupción, los mecanismos de control interno, la UIF, los servicios
de la fiscalía y los servicios con funciones coercitivas. Es necesario adoptar
medidas adicionales para promover una actuación policial eficaz basada en la
inteligencia, y considerar como una prioridad la mejora de los sistemas de
intercambio de información entre estas instituciones. ·
Consolidación del marco jurídico de prevención
y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con
arreglo a las normas internacionales establecidas por el Grupo de Acción
Financiera internacional sobre el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo (GAFI); actualización periódica de la estrategia nacional
correspondiente y creación de una Unidad de Inteligencia Financiera
independiente El 7 de abril
de 2011 se aprobó la Ley por la que se modifica la Ley de 2007 sobre la
prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo. El gobierno aprobó el 3 de septiembre de
2010 la estrategia para la prevención y la lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo 2010-2012 y su plan de acción. La
estrategia constituye una buena base de trabajo. Fue especialmente constructivo
reconocer que las estrategias anteriores no habían sido plenamente eficaces
porque las medidas fueron retiradas de la estrategia al final del ejercicio con
independencia de que se hubieran aplicado de manera efectiva o no. Las
enseñanzas extraídas han conducido a una estrategia de cinco años basada en
planes de acción anuales pero que transfieren las medidas importantes a la
acciones del año siguiente. La estrategia parece tratar la falta de procedimientos
de embargo preventivo y decomiso de bienes sin necesidad de definir un delito
principal. En lo que
respecta a la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Ley
de 7 de abril de 2011 creó la Oficina de prevención y lucha contra el blanqueo
de dinero como una división independiente y especializada dentro del CCDEC
(véase el apartado sobre la lucha anticorrupción), dotada de las competencias
específicas de una UIF. Se han aprobado varias órdenes relativas a su
funcionamiento. La Oficina de prevención y lucha contra
el blanqueo de dinero es plenamente independiente del CCDEC. La UIF debe seguir
siendo independiente de otros organismos para cumplir las normas
internacionales y mantener sus funciones. La UIF es miembro reconocido del Grupo
Egmont y de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden
(Carin). La Oficina de prevención y lucha contra
el blanqueo de dinero elabora una evaluación nacional del riesgo de blanqueo de
capitales y medidas para combatir la financiación del terrorismo. Desempeña
funciones operativas y de investigación, dirige actuaciones penales y actúa de
intermediario entre los datos recibidos y los organismos de investigación y con
funciones coercitivas. Las
conclusiones del informe de situación de 14 de abril de 2011, elaborado por el
Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y
la financiación del terrorismo (Moneyval)[4]
del Consejo de Europa, reconocían los progresos constantes realizados en cuanto
a la debida diligencia y la información a clientes. Según las conclusiones del
informe Moneyval, son necesarias más indicaciones sobre la eficiencia del
sistema, en particular sobre las condenas por blanqueo de capitales y los
importes de los activos recuperados. La 4ª ronda de evaluación por Moneyval
debería proporcionar más indicaciones sobre los progresos realizados a este
respecto. En noviembre de 2011, en el marco de la cuarta ronda de evaluación,
tuvo lugar una visita in situ del Comité Moneyval, que preparará un proyecto
de informe que se examinará y adoptará en diciembre de 2012. Este
informe debería ofrecer más indicaciones sobre los progresos realizados a este
respecto. Desde julio
de 2011 la República de Moldavia no está sometida al seguimiento por parte del
GAFI. ·
Adopción de la estrategia nacional contra
la droga y su plan de acción correspondiente, y establecimiento de la
cooperación con el OEDT El 27 de diciembre de 2010, la República
de Moldavia aprobó la estrategia nacional contra la droga para 2011-2018. La
estrategia define los objetivos y las medidas necesarias, y clarifica las
responsabilidades de todas las partes interesadas que intervienen en la lucha
contra la toxicomanía y el tráfico de drogas. Se ha desarrollado de conformidad
con la Estrategia europea contra la droga 2005-2012 y los Convenios pertinentes
de las Naciones Unidas. La estrategia adopta un enfoque global de los problemas
relacionados con el consumo de drogas, a partir de una cooperación compleja,
interservicios e interdisciplinaria a todos los niveles, con tres componentes
principales: a) reducción de la oferta de drogas (ejerciendo un control legal
sobre la circulación de drogas y combatiendo el tráfico de drogas y su
distribución ilícita); b) reducción de la demanda de drogas (prevención
primaria, tratamiento y rehabilitación de drogodependientes), y c) reducción de
riesgos (daños). En junio de
2011, el gobierno adoptó la decisión por la que se crea el Comité nacional de
lucha contra la droga, un organismo permanente de la administración dedicado a
la vigilancia, el desarrollo y la coordinación de las políticas relativas a la
reducción de la oferta y la demanda de drogas. En julio de 2011 se creó, por
decisión del gobierno, su secretaría, que ha empezado a recopilar y analizar la
información y los datos facilitados por las autoridades nacionales. En cuanto a
la acción coercitiva, existe un departamento contra la droga en el Ministerio
del Interior. De la coordinación de las políticas se ocupa una Comisión
interministerial. Además, se han creado las estructuras pertinentes en el
Ministerio de Sanidad y se ha consolidado el Observatorio nacional contra la
droga. La
cooperación con el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT)
está en marcha. Las autoridades moldavas están suministrando datos nacionales y
estudiando las tendencias. En una carta de 28 de octubre de 2011, la República
de Moldavia solicitó la formalización de la cooperación con el OEDT mediante la
firma de un Memorándum de Entendimiento (ME). El procedimiento para la firma
del ME entre la República de Moldavia y el OEDT ya se ha iniciado y la firma
del ME está prevista en el transcurso de 2012. ·
Adopción de los Convenios de las Naciones
Unidas y del Consejo de Europa sobre las materias anteriormente mencionadas y la
lucha contra el terrorismo La República
de Moldavia se ha adherido a todos los convenios del Consejo de Europa y de las
Naciones Unidas aplicables en las materias anteriormente mencionadas. En
materia de lucha contra el terrorismo, se ha ratificado y ha entrado en vigor
la gran mayoría de los convenios de las Naciones Unidas y del Consejo de
Europa. Bloque 3/Tema 2 - Cooperación
judicial en materia penal ·
Adopción del marco jurídico de la
asistencia judicial El marco legislativo de la asistencia
judicial ya está establecido en gran medida. La República de Moldavia está realizando
un amplio proceso de reformas de su legislación penal y procesal. Con arreglo a
la decisión gubernamental de 9 de febrero de 2011 se creó un grupo de trabajo
interinstitucional para la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en lo
que se refiere a la investigación operativa y el enjuiciamiento. El grupo de
trabajo elaboró un documento de reflexión sobre la reforma del sistema de
enjuiciamiento y el procedimiento penal. Se
elaboró, en consecuencia, un proyecto de «Ley de modificación de determinados
actos legislativos (Ley nº 45-XII de 12 de abril de 1994 sobre la investigación
operativa, código de procedimiento penal)» para adaptarlos a las nuevas
disposiciones relativas a la lucha contra la delincuencia transfronteriza y a
los equipos internacionales conjuntos de investigación, la reforma de la
normativa nacional sobre la interceptación de conversaciones telefónicas, y la
revisión de la normativa aplicable en el marco del convenio de cooperación
policial con Europa Sudoriental. La «Ley sobre las actividades de
investigación especiales» fue adoptada por el Parlamento el 29 de marzo de
2012. La Ley por la que se modifican algunos
actos legislativos (Ley de enjuiciamiento criminal) fue adoptada por el
Parlamento el 5 de abril de 2012. La relación
entre las dos leyes requiere una mayor aclaración. ·
Adhesión al 2º Protocolo del Convenio
Europeo sobre asistencia judicial La República
de Moldavia firmó el 13 de marzo de 2012 el 2º Protocolo adicional del Convenio
del Consejo de Europa sobre asistencia judicial en materia penal, que está
pendiente de ratificación. ·
Celebración de un Acuerdo con Eurojust Eurojust ha
creado un punto de contacto en la República de Moldavia. Desde 2006 se han
mantenido contactos encaminados a abrir las negociaciones sobre el Acuerdo de
cooperación entre la República de Moldavia y Eurojust. Entre 2008 y 2010 se
celebraron tres reuniones sobre este tema. La plena consolidación del nuevo
marco jurídico moldavo de protección de datos a los efectos de la cooperación
judicial en materia penal es necesaria para avanzar en dichas negociaciones, ya
que la garantía de un nivel de protección de datos adecuado es una condición
previa para la celebración del acuerdo de cooperación con Eurojust (véase más
adelante el tema 4 sobre protección de datos). La República de Moldavia
suministró información adicional sobre protección de datos a Eurojust en
febrero de 2012. Se espera que las negociaciones del acuerdo comiencen en el segundo
semestre de 2012. Bloque
3/Tema 3 - Cooperación entre órganos con funciones coercitivas ·
Creación de un mecanismo de coordinación
adecuado entre los órganos nacionales pertinentes y una base de datos común que
garantice el acceso directo a los funcionarios responsables La
coordinación entre los organismos competentes con funciones coercitivas está
garantizada por la actividad del Centro virtual nacional SELEC (Convenio del
Centro de Aplicación de la Ley de Europa Sudoriental)/GUAM (Organización para la
Democracia y el Desarrollo Económico), que se creó en 2006. Es una subdivisión
del Ministerio del Interior que se ocupa de desarrollar la cooperación entre
los organismos nacionales y europeos competentes en materia de lucha contra la
delincuencia organizada transfronteriza y de seguridad de las fronteras. El
Centro virtual nacional SELEC/GUAM garantiza la coordinación entre los
siguientes organismos con funciones coercitivas: Ministerio del Interior,
servicio de guardia de fronteras, servicio de aduanas, servicio de seguridad e
información y Centro contra los delitos económicos y la corrupción. Estas
autoridades tienen acceso directo a la base de datos del Centro de
investigación, prevención y lucha contra la delincuencia organizada
transfronteriza. La información se intercambia utilizando los canales
SELEC/GUAM. Los
objetivos generales del Centro virtual nacional son: 1) garantizar el marco
organizativo necesario para la cooperación y el desarrollo de acciones
específicas a nivel nacional e internacional para la prevención y la lucha
contra la delincuencia transfronteriza y otros tipos de delitos graves en los
Estados miembros que participan en SELEC y GUAM, 2) intercambiar información
entre organismos con funciones coercitivas de los Estados miembros SELEC y GUAM
sobre la prevención y la lucha contra los delitos transfronterizos, y 3)
analizar, utilizar y permitir el acceso a la información recopilada para fines
de investigación, prevención y lucha contra los delitos transfronterizos. El Centro
utiliza la base de datos denominada Registru. Esta base contiene
información sobre personas, vehículos, empresas (propietarios, tipo de
actividad y medios de transporte matriculados a nombre de la empresa), permisos
de conducir, control de diferentes tipos de documentos como pasaportes y
certificados de nacimiento, y puestos fronterizos. Al existir diferentes tipos
de bases de datos, bajo distintos operadores (Registru en el Ministerio
de información, tecnología y comunicaciones, para la información sobre el cruce
de las fronteras estatales procedente de la guardia de fronteras; Cadastru para
información sobre bienes inmuebles), el Centro tiene acceso a estas bases de
datos a través de los funcionarios de enlace delegados. La «Ley
relativa al sistema de información electrónica sobre el registro de delitos,
asuntos penales y autores de delitos» de 2006 estableció un mecanismo de
coordinación entre las autoridades nacionales competentes y una base de datos.
Se aprobaron tres órdenes comunes sobre el mecanismo de coordinación: 1) Orden
de 2008 sobre el registro único de infracciones, asuntos penales y autores de
delitos, 2) Orden de 2006 sobre el registro único de expedientes operativos
(registros e identificaciones) de personas buscadas, personas de identidad
desconocida y cuerpos no identificados, y 3) Orden de 2004 sobre el registro
único de objetos, antigüedades, obras de arte y objetos perdidos. El establecimiento de un mecanismo de
coordinación adecuado entre los organismos nacionales competentes debería proseguir
mediante la creación de un comité de coordinación de todos los organismos
relacionados con la inteligencia y la investigación. Este comité de
coordinación estaría presidido por el Fiscal General, que desempeñaría una
función primordial, y debería convocarse periódicamente. No está claro si se ha previsto una
estructura interinstitucional para potenciar el intercambio de información
sobre la delincuencia organizada o si el citado Centro virtual nacional
desempeñará esta función. Actualmente no hay ninguna estructura que pueda
ofrecer acceso directo a todas las bases de datos que podrían ser de interés,
es decir: población (registro), vehículos, pasos fronterizos, bienes robados,
impresiones dactilares, ADN, administración fiscal, base de datos aduaneros,
bases de datos de los servicios de seguridad e información, registros de
antecedentes penales, personas detenidas, catastro, etc. Hasta ahora las
entidades existentes no han tenido acceso directo a todas las bases de datos
disponibles y deben basarse en los funcionarios de enlace, que se ponen en
contacto con sus administraciones para autorizarles el acceso a la información
que necesitan. Al no existir ninguna norma universal
sobre la creación de una «base de datos común», algunos países tienen una base
de datos y otros tienen bases de datos separadas, pero lo importante es
facilitar los instrumentos necesarios para la consulta proactiva de todas las
bases de datos disponibles. Las autoridades deberían prever la creación de un
instrumento interinstitucional como la Unidad de Análisis e Información
prevista, en la que los representantes de todos los servicios de inteligencia y
con funciones coercitivas podrían acceder a las distintas bases de datos. ·
Celebración de un acuerdo de cooperación
operativa con Europol que garantice un nivel adecuado de protección de datos La
negociación de un acuerdo operativo con Europol está condicionada a la
evaluación por Europol de las normas aplicables en materia de protección de
datos. Los trabajos de evaluación de la protección de datos están en curso.
Europol concluyó su primer control del material recibido y envió nuevas
preguntas a la República de Moldavia en enero de 2011. La República de Moldavia
contestó el 23 de marzo de 2011 suministrando información complementaria sobre
la protección de datos personales. En abril de 2012 se facilitó a Europol otra
normativa adicional (véase el apartado 4 sobre protección de datos).
Actualmente, Europol se ocupa de realizar la evaluación de la normativa de
protección de datos en la República de Moldavia, a la espera de la información
adicional y las aclaraciones que puedan ser necesarias. La visita para el
estudio de la protección de datos podrá realizarse tras la entrada en vigor de
la normativa y una vez se hayan reunido algunos ejemplos de su aplicación
práctica. La negociación de un acuerdo operativo con Europol sólo puede
comenzar tras la autorización del Consejo de Administración de Europol, previo
dictamen de la autoridad común de control, que se basa en el informe de
protección de datos de Europol. En abril de
2011, Europol organizó un seminario de sensibilización destinado a las
autoridades policiales moldavas. En julio de 2011 se propuso a la República de
Moldavia que destinara un segundo funcionario de enlace permanente en Europol. Bloque
3/Tema 4 - Protección de datos ·
Consolidación del marco jurídico de la
protección de datos personales, incluida la adhesión al Protocolo adicional del
Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto
al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal de 2001, en lo
que respecta a las autoridades de control y los flujos de datos
transfronterizos La nueva Ley sobre protección de datos de
la República de Moldavia, adoptada el 8 de julio de 2011, entró en vigor el 14 de
abril de 2012. Dicha Ley deroga la Ley sobre protección de datos de 2007 y
adapta la normativa de protección de datos de la República de Moldavia a los
instrumentos vigentes del Consejo de Europa y del acervo de la UE. Además, la
«Ley por la que se modifican y complementan ciertos actos legislativos»,
adoptada el 21 de octubre de 2011, entre otras cosas refuerza la independencia
y las competencias de la autoridad de control de protección de datos, e impone
sanciones por infracción de las normas de protección de datos. Está previsto
que estos cambios legislativos entren en vigor el 16 de junio de 2012. Se siguen realizando esfuerzos de
consolidación completa del marco jurídico mediante la adaptación de otras
normativas y decretos gubernamentales a la nueva «Ley de protección de datos».
Deberá prestarse especial atención a las normas de protección de datos en el
ámbito policial (en particular, la plena aplicación de la Recomendación del
Consejo de Europa), incluida la revisión del Código de procedimiento penal y la
«Ley de actividades de investigación especiales» (véase más arriba la
cooperación judicial en materia penal). La plena consolidación y la aplicación
efectiva del marco jurídico son una condición previa para la celebración de los
acuerdos de cooperación operativa con Eurojust y Europol (véanse los temas 2 y
3 anteriores). La
República de Moldavia ratificó el Protocolo adicional del Convenio del Consejo
de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal de 2001, en relación con las
autoridades de control y los flujos de datos transfronterizos. El Convenio
entró en vigor el 1 de enero de 2012. El Centro nacional de protección de datos
personales empezó a funcionar a mediados de 2009 con arreglo a la Ley sobre
protección de datos de 2007. El nuevo marco jurídico ha reforzado su
independencia y sus competencias. El Centro es un órgano sometido al Parlamento
y es imparcial e independiente respecto del poder político y los órganos
administrativos. Bloque 4: Relaciones exteriores y derechos fundamentales Evaluación general La República de Moldavia ha adoptado la normativa pertinente y, al
revisar su legislación nacional, avanza rápidamente hacia el cumplimiento de
los criterios de referencia exigidos. Con la adopción de la Ley general que
garantiza la igualdad, la República de Moldavia ha completado el marco que se
considera necesario para garantizar la aplicación eficaz de los criterios de
referencia en el ámbito de las relaciones exteriores y los derechos
fundamentales. El gobierno de la República de Moldavia también ha modificado el
plan de acción que incluye medidas de apoyo a la población romaní, siguiendo
las recomendaciones de las normas internacionales en materia de políticas de
inclusión. Asimismo, ha clarificado aspectos de la normativa a que hacía
referencia el informe anterior, especialmente en lo relativo al estatuto de los
apátridas. La Comisión considera que la República de Moldavia cumple, en
general, los criterios de referencia fijados en el bloque 4. Observaciones específicas Bloque 4/Tema 1 - Libertad de
circulación en la República de Moldavia ·
Revisión del marco legal y reglamentario de
los procedimientos de registro y de anulación del registro aplicables a los
extranjeros que residen legalmente y a los apátridas, con vistas a evitar
restricciones injustificadas En mayo de
2011, el gobierno adoptó la Decisión nº 337, por la que se modifica la Decisión
gubernativa nº 376, de 6 de enero de 1995, sobre medidas adicionales para consolidar
el sistema del pasaporte nacional. La Decisión se publicó en el Diario Oficial
en junio de 2011 y está en vigor. Su objetivo es revisar las disposiciones
relativas a reglas de prueba de la población para lo que establece, en
particular, un mecanismo para la obtención y el tratamiento de datos
biométricos, y prevé la regulación de las relaciones jurídicas entre las
personas, los entes jurídicos, y los servicios con funciones coercitivas y de
la administración local, con el fin de garantizar la libre circulación de
personas en la República de Moldavia y el derecho a establecer domicilio o
residencia en cualquier lugar del país. A fin de
prevenir y evitar los casos de personas apátridas relacionados con la sucesión
de Estados, el Parlamento adoptó en junio de 2011 las modificaciones de la «Ley
nº 1024-XIV de 2 de junio de 2000 sobre la ciudadanía», que se publicó en el
Boletín Oficial del Estado de 8 de julio de 2011. Además, en abril de 2012, la
República de Moldavia depositó formalmente sus instrumentos de adhesión al
Convenio de las Naciones Unidas sobre la reducción del número de personas
apátridas (adoptado en Nueva York el 30 de agosto de 1961) y sobre el Estatuto
de los Apátridas (adoptado en Nueva York el 28 de septiembre de 1954) (véase el
bloque 2, tema 2). El objetivo
de las modificaciones de la «Ley nº 1024-XIV de 2 de junio de 2002 sobre la
ciudadanía» es adaptar la legislación para prevenir y resolver los casos de
apátridas resultantes de la desintegración de la Unión Soviética y las cuestiones
relacionadas con la sucesión de Estados. La adhesión de la República de
Moldavia a los convenios sobre la reducción del número de apátridas y sobre el
estatuto de los apátridas supondrá un avance en el mecanismo y el procedimiento
para determinar el estatuto de las personas apátridas, y permitirá establecer
el marco institucional para la regulación de la condición de apátrida. En
cuanto al procedimiento para determinar el estatuto de apátrida, la República
de Moldavia podría considerar la posibilidad de reconocer a los solicitantes el
derecho al empleo legal durante los procedimientos, como sucede en el caso de
los solicitantes de asilo. En noviembre de 2011, el Gobierno aprobó un plan de acción para
introducir nuevas modificaciones legislativas horizontales con objeto de
suprimir todas las restricciones innecesarias de las pruebas obligatorias de
SIDA para el registro de extranjeros. Esta decisión se basó en la evaluación
realizada por un Grupo de trabajo que se creó para examinar detalladamente todos
los actos jurídicos vigentes que contienen disposiciones en la materia. En
consecuencia, el Parlamento adoptó las modificaciones legislativas de la Ley
23/2007 «sobre la profilaxis del SIDA», y el gobierno aprobó y envió al
Parlamento el proyecto de ley por el que se modifica y completa la Ley nº
180/2008 sobre la migración laboral y la Ley nº 200/2010 sobre el régimen de
los extranjeros, con vistas a facilitar el proceso de documentación de los
extranjeros en la República de Moldavia. Bloque 4/Tema 2 - Derechos de los
ciudadanos, incluida la protección de las minorías ·
Adopción de una normativa completa contra
la discriminación, según las recomendaciones de las Naciones Unidas y los
organismos de control del Consejo de Europa, a fin de garantizar una protección
eficaz contra la discriminación Además de las cláusulas constitucionales
y las normas de Derecho civil, penal y administrativo contra la discriminación,
en mayo de 2012 el Parlamento aprobó una ley de carácter exhaustivo sobre la
lucha contra la discriminación: la denominada «Ley sobre la garantía de la
igualdad». El objetivo de esta Ley es prevenir y luchar contra la
discriminación y garantizar la igualdad de derechos de todas las personas en el
territorio de la República de Moldavia en los ámbitos político, económico,
social, cultural y otros, sin hacer ninguna diferencia por motivos de raza,
color, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, creencias, sexo, edad,
discapacidad, opinión, opción política, u otros motivos similares. Estos
motivos se han clarificado al más alto nivel político[5]. Como consecuencia de las consultas
públicas anteriores, la Ley contiene disposiciones que limitan su aplicabilidad
al matrimonio y la relación de adopción que se rigen por la legislación
vigente, así como a los cultos religiosos y sus componentes relacionados con
las creencias religiosas. Se han introducido mejoras en las normas que regulan
las tareas del Consejo en materia de prevención y lucha contra la
discriminación y que garantizan la igualdad: un órgano imparcial y plenamente
independiente de los poderes públicos actuará según un mandato amplio en la
materia. Este órgano encargado de la igualdad tendrá también facultades de
requerimiento y sancionadoras que ejercerá en los casos de discriminación.
Según el artículo 12, apartado 1, letra k), y el artículo 15, apartado 6,
cuando del examen de una denuncia por presunta acción o trato discriminatorio
el órgano responsable de la igualdad deduzca que se ha cometido una infracción
administrativa, este órgano podrá imponer una sanción de conformidad con las
disposiciones del Código de infracciones. La prohibición de la discriminación por
razones de orientación sexual en el sector del empleo constituye el marco
general conforme con la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, por el
que se aplica el principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico, y la Directiva del Consejo
2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la educación. En el diálogo sobre los derechos humanos
con la República de Moldavia que tuvo lugar el 23 de mayo de 2012, la UE
recibió garantías de que la ley abarca todos los motivos de discriminación, en
consonancia con los compromisos internacionales de la República de Moldavia. Al
mismo tiempo, la parte moldava se comprometió a publicar directrices sobre la
aplicación de la Ley, que será objeto de seguimiento por parte de la UE en el
marco del diálogo actual. Aunque la Comisión y la Oficina de las
Naciones Unidas en la República de Moldavia señalaron varias deficiencias en
los diversos borradores de la Ley contra la discriminación, algunas de las
cuales están presentes en la versión final, la Ley constituye la base legislativa
necesaria para aplicar los criterios de referencia en el ámbito de la lucha
contra la discriminación. Será preciso mejorarla posteriormente en lo que
respecta a las definiciones de la discriminación directa y el acoso sexual, las
disposiciones aplicables al sector privado relativas a bienes y servicios, y
una mayor armonización con el acervo de la UE para clarificar explícitamente
aspectos importantes como la adaptaciones razonables para las personas con
discapacidad. ·
Adopción de un plan de acción nacional
completo sobre los derechos humanos; cumplimiento activo de las recomendaciones
específicas de los organismos de las Naciones Unidas, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH)
de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de
Europa/Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), y las
organizaciones internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que
respecta a la aplicación de las políticas contra la discriminación, la protección
de las minorías y la vida privada, y la garantía de la libertad religiosa El 12 de mayo de 2011, el Parlamento
Europeo apoyó un amplio plan de acción nacional sobre los derechos humanos que
se basa en recomendaciones específicas de organismos de las Naciones Unidas, la
OSCE/OIDDH, el Consejo de Europa/ECRI y las organizaciones internacionales de
derechos humanos. El plan prevé medidas en numerosos ámbitos, incluida la
aplicación de las políticas de lucha contra la discriminación y la protección de
las minorías y la vida privada. Al gobierno se le encargó que publicara un
informe anual sobre el estado de aplicación del plan de acción y lo presentara
al Parlamento Europeo el 1 de abril de cada año. El informe sobre el estado de
aplicación deberá debatirse en las conferencias anuales. El plan de acción se
preparó en estrecha consulta con la sociedad civil y las organizaciones
internacionales. En julio de 2010 se aprobó el plan de acción en favor de la
población romaní 2011-2015, tras las consultas celebradas con la sociedad civil
y los representantes de la comunidad romaní. Esta importante medida
demostró la voluntad del gobierno de prestar especial atención a la mejora de
la situación de la población romaní. Las discusiones subsiguientes con
las organizaciones internacionales mostraron que aún queda margen para una
mayor consolidación del plan de acción. Las autoridades señalaron que se
añadirá un nuevo capítulo sobre la introducción de mediadores romanís. En
enero de 2012, el gobierno modificó el plan de acción para tener en
consideración las recomendaciones de las normas internacionales relativas a las
políticas de inclusión. También puso en marcha un ejercicio dirigido a
garantizar los fondos presupuestarios necesarios para su aplicación, sobre la
base del marco presupuestario a medio plazo del gobierno. La aplicación ya ha
empezado. El plan de acción nacional sobre los
derechos humanos suministra información sobre el control y la evaluación, así
como sobre los recursos que deberán asignarse a su aplicación. No obstante, la
mayoría de las actividades deberán financiarse dentro de los límites de las
dotaciones presupuestarias generales y sólo unas pocas con cargo a asignaciones
presupuestarias específicas. Las autoridades revisarán anualmente los costes de
las actividades en función de las prioridades, las posibilidades financieras y
los resultados de la evaluación. El plan de acción nacional sobre los
derechos humanos no incluye medidas que afecten a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión. Estos aspectos están regulados en la «Ley de libertad de
conciencia, pensamiento y religión» adoptada el 27 de diciembre de 2011, que es
una versión revisada de la «Ley sobre los cultos religiosos y sus componentes»,
con vistas a adaptar la legislación y la práctica nacionales al Derecho
internacional. Se espera que la nueva ley genere una dinámica más
positiva que la registrada en los últimos años con respecto a los cultos
religiosos minoritarios. ·
Ratificación de los instrumentos de las
Naciones Unidas y el Consejo de Europa sobre la lucha contra la discriminación La República de Moldavia se ha
comprometido a considerar la posibilidad de formular una declaración con
arreglo al artículo 14 de la Convención internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial (ICERD), tras la aprobación de la
«Ley sobre la garantía de la igualdad». En
2000, la República de Moldavia firmó el Protocolo nº 12 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos, que todavía no ha ratificado. Las autoridades moldavas también
han manifestado su voluntad de considerar la ratificación del Protocolo nº 12
tras la aprobación de la «Ley sobre la garantía de igualdad». Se están
celebrando conversaciones con el gobierno sobre la retirada de las reservas
territoriales introducidas por la República de Moldavia en los tratados sobre
los derechos humanos. ·
Condiciones y circunstancias específicas
para la adquisición de la nacionalidad de la República de Moldavia En lo que respecta a las condiciones y
circunstancias para la adquisición de la nacionalidad moldava, el 3 de mayo de
2011 el gobierno aprobó las modificaciones de la Ley sobre la nacionalidad nº
1024-XIV, de 2 de junio de 2000, y modificó la decisión gubernamental sobre las
normas relativas a las pruebas de población en la República de Moldavia. El
Parlamento adoptó las modificaciones el 9 de junio de 2011. Las modificaciones
consistieron en eliminar los obstáculos a la adquisición de la nacionalidad por
los apátridas que, con arreglo al artículo 12, apartado 2, de la Ley, cumplan
las condiciones para su adquisición, pero hayan sido condenados a penas de
privación de libertad por delitos premeditados y tengan antecedentes penales o
estén procesados en el momento del examen de sus solicitudes. El gobierno de Moldavia ha seguido
ocupándose activamente de la situación en Transnistria. En abril
de 2012, junto a las autoridades de facto de Tiraspol, el gobierno de
Moldavia reactivó el grupo de trabajo bilateral sobre las cuestiones relativas
al estado civil. Actualmente, la autoridad nacional de registro
está aplicando medidas especiales para confirmar la nacionalidad y permitir el
acceso a las tarjetas nacionales de identidad gratuitas a los habitantes de la
región del Transnistria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre la
nacionalidad nº 1024-XIV, de 2 de junio de 2000, y la decisión gubernamental nº
959, de 9 de septiembre de 2005, sobre las medidas de seguridad relativas a la
confirmación de la nacionalidad y la documentación de la población de los
distritos de la región del Transnistria. Según los últimos datos proporcionados
por las autoridades moldavas, se han expedido pasaportes moldavos a 229 489
personas nacionales de la República de Moldavia residentes en Transnistria, de
los cuales 175 764 pasaportes siguen siendo válidos (es decir, no han
expirado). En los tres primeros meses de 2012, las autoridades de Chisinau
expidieron 2 722 pasaportes biométricos a los residentes de Transnistria.
El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en
cooperación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, ha
desarrollado el marco jurídico de los procedimientos de identificación, en la
primera fase de entrega de documentos, de las personas procedentes de la región
de Transnistria, a partir de información adicional sobre los miembros de la
familia y los parientes (documentos primarios de filiación, certificados de
matrimonio y otros). Se garantizará especialmente la
aplicación efectiva del mencionado marco legislativo durante la segunda fase
del PALV. III.
Conclusión Desde la apertura en junio de 2010 del
diálogo sobre visados UE-República de Moldavia y la presentación del plan de
acción para la liberalización de visados (PALV) a las autoridades moldavas en
enero de 2011, la Comisión ha informado periódicamente al Parlamento Europeo y
al Consejo de los progresos realizados por la República de Moldavia en la
adopción de las medidas necesarias para cumplir los criterios de referencia
definidos en el marco de los cuatro bloques de la primera fase del PALV. Se han presentado dos informes de
aplicación del PALV (en septiembre de 2011 y febrero de 2012)[6]. El segundo informe
de aplicación se elaboró a partir del análisis del marco legislativo, las
conclusiones de las misiones de evaluación en el marco de los bloques 2, 3 y 4,
organizadas en octubre y noviembre de 2011, con la participación de expertos de
los Estados miembros, y los informes de situación presentados por la República
de Moldavia sobre la aplicación del PALV. A lo largo e independientemente de este
intenso proceso de información sobre el PALV, la Comisión ha seguido
supervisando los progresos realizados por la República de Moldavia en los
ámbitos pertinentes del PALV y en el marco de: 1) el Comité mixto de facilitación de
visados UE-República de Moldavia;
2) el Comité mixto de readmisión UE-República de Moldavia;
3) el Subcomité mixto nº 3 UE-República de Moldavia[7];
4) la asociación de movilidad UE-República de Moldavia. En cada uno de estos comités y marcos ha
progresado el estado del diálogo y la cooperación entre la UE y la República de
Moldavia. En las reuniones más recientes de los Comités mixtos de readmisión y
de facilitación de visados, que se celebraron en Chisinau el 23 de mayo de 2012
(con la participación de los Estados miembros de la UE), la Comisión comprobó
la aplicación generalmente satisfactoria de ambos acuerdos. El diálogo sobre visados UE-República de
Moldova ha demostrado ser un instrumento importante para fomentar las reformas
que no se limita al ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Los
progresos realizados por la República de Moldavia en los diversos ámbitos
correspondientes a los cuatro bloques del PALV han sido constantes y efectivos
en los dos últimos años, y han mostrando el compromiso y los importantes
esfuerzos realizados por las autoridades moldavas para que la aplicación del
PALV sea una prioridad en la agenda legislativa y administrativa. Las medidas legislativas correspondientes
a la primera fase del PALV han sido adoptadas en última instancia. Su
evaluación, realizada por los servicios de la Comisión, el Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE) y los expertos de los Estados miembros, pone de
manifiesto que están en consonancia con los criterios de referencia fijados en
los cuatro bloques del PALV. Dicho esto, la Comisión continuará
coordinando el seguimiento del marco político y legislativo, en las fases
posteriores del diálogo, con vistas a evaluar si las disposiciones de
aplicación necesarias, en los cuatro bloques del plan de acción, son efectivamente
adoptadas y aplicadas. Además, la Comisión estará especialmente atenta a la
asignación por la República de Moldavia de los recursos financieros y humanos
necesarios para la ejecución de los citados actos legislativos y sus
reglamentos de aplicación. Basándose en los resultados de las
evaluaciones y del seguimiento continuos anteriormente mencionados, la Comisión
considera que, en última instancia, la República de Moldavia ha cumplido todos
los criterios de referencia de la primera fase del PALV y que, por lo tanto,
puede iniciarse la evaluación de los criterios de referencia de la segunda fase
del PALV. [1] Documento del Consejo 18078/10. [2] SEC(2011) 1075 final. [3] SWD(2012) 12 final. [4] http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/Progress%20reports%202y/MONEYVAL(2011)6_ProgRep2_MLD_en.pdf [5] Véase, entre otras, la declaración del Sr. Vlad Filat,
Primer Ministro de la República de Moldavia, publicada el 8 de junio de 2012. [6] (SEC(2011) 1075 final), (SWD(2012) 12 final). [7] Subcomité n ° 3: aduanas, cooperación transfronteriza,
blanqueo de dinero, drogas e inmigración ilegal.
