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Document 52012DC0154
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Updating the handling of relations with the complainant in respect of the application of Union law
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO de actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión,
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO de actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión,
/* COM/2012/0154 final */
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO de actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión, /* COM/2012/0154 final */
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL
CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO de actualización de la gestión de las
relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la
Unión, INTRODUCCIÓN La Unión Europea se apoya en el respeto
del Estado de Derecho. Su éxito en la realización de sus numerosos objetivos,
según lo establecido en los Tratados y en la legislación, depende de la
aplicación efectiva del Derecho de la Unión en los Estados miembros. En su
calidad de guardiana de los Tratados, la Comisión reconoce el papel fundamental
que desempeña el denunciante ayudándola a detectar las infracciones del Derecho
de la Unión. En 2002, la Comisión estableció los procedimientos que rigen sus
relaciones con los denunciantes en relación con las infracciones del Derecho de
la Unión[1].
Desde entonces, la Comisión ha mejorado y ampliado sus métodos de registro y de
tratamiento de la correspondencia de los denunciantes relativa a aplicación del
Derecho de la Unión por los Estados miembros. Para reflejar estos cambios, la
Comisión ha decidido revisar y actualizar su Comunicación de 2002. La nueva herramienta informática CHAP («Complaint
handling/Accueil des plaignants») de atención a los
denunciantes creada en septiembre de 2009 permite a la Comisión responder de forma
más directa a los intereses de los ciudadanos, las empresas y la sociedad
civil. Todas las denuncias se registran en dicha aplicación informática. Un
acuse de recibo se envía en el plazo de quince días laborables a partir de la
recepción, indicando que la correspondencia se ha registrado como denuncia.
Anteriormente, la correspondencia se registraba solamente previa evaluación de
su contenido. El seguimiento dado a la denuncia sigue dependiendo de la
naturaleza de la cuestión planteada, los argumentos en los que se basa, su
probable impacto y las prioridades fijadas por la Comisión en su Comunicación
«Una Europa de resultados – la aplicación del Derecho comunitario» [COM (2007)
502 final]. La entrada en vigor del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) hace necesario actualizar
determinados términos de la anterior comunicación que han sido modificados por
el Tratado. También es necesario aclarar divergencias en las distintas
versiones lingüísticas de la anterior Comunicación[2]. La Comisión enuncia, en la presente
Comunicación, las medidas administrativas en favor del denunciante que se
compromete a respetar en la tramitación de su denuncia y en la valoración de la
supuesta infracción. Estas medidas en favor del denunciante
que constituyen el objeto de la presente Comunicación no alteran la naturaleza
bilateral del procedimiento de infracción establecido en los artículos 258 y
260 del TFUE y en el artículo 106 bis del Tratado EURATOM. A este
respecto, de acuerdo con una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, la Comisión no puede sino recordar que dispone de
una potestad discrecional en cuanto a si debe proceder a la incoación del
procedimiento de infracción[3]
y cuándo ha de hacerlo[4]
y si presenta un recurso ante el Tribunal de Justicia y cuándo debe hacerlo[5]. Además, la
Comisión dispone de un poder de apreciación discrecional que descarta el
derecho de un particular a exigirle que adopte una posición específica[6]. Como el Tribunal de Justicia ha tenido
ocasión de señalar, «los daños causados por las instituciones nacionales
comprometen únicamente la responsabilidad de dichas instituciones y los jueces
nacionales son los únicos competentes para conceder tal reparación»[7]. En este contexto,
procede subrayar la importancia e, incluso, reforzar los medios de recurso
disponibles a nivel nacional, que permiten a los denunciantes hacer valer sus
derechos de manera más directa y personalizada[8].
Por último, en el ámbito del
procedimiento de infracción, la Comisión aplica las normas relativas al acceso
a documentos establecidas por el Parlamento Europeo y el Consejo en el
Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión[9],
que se aplica siguiendo las disposiciones establecidas en el anexo de la
Decisión de la Comisión 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 5 de
diciembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno[10], y según la
interpretación del Tribunal[11]. 1. Definiciones y ámbito de aplicación Se entenderá por «denuncia» todo trámite
escrito, realizado ante la Comisión, que señale medidas, ausencia de medidas o
prácticas de un Estado miembro contrarias al Derecho de la Unión. Se entenderá por «denunciante» toda
persona u órgano que presente una denuncia ante la Comisión. Se entenderá por «procedimiento de
infracción» la fase precontenciosa del procedimiento por incumplimiento incoado
por la Comisión sobre la base del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea (TFUE), o del artículo 106 bis del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom). El presente enfoque se aplicará a las
relaciones entre los denunciantes y la Comisión en relación con las medidas o
prácticas que pudieran entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 258
TFUE. No se aplicarán a las denuncias relativas a otras disposiciones de los
Tratados ni, en particular, a las denuncias relativas a las ayudas estatales
regidas por los artículos 107 y 108 del TFUE, así como por el Reglamento (CE)
nº 659/1999 del Consejo[12]. 2. Principios generales Toda persona podrá acusar a un Estado
miembro presentando, gratuitamente, una denuncia a la Comisión para señalar una
medida (legal, reglamentaria o administrativa), la ausencia de medida o una
práctica imputable a un Estado miembro que considere contraria al Derecho de la
Unión. El denunciante no tendrá que demostrar la
existencia de un interés en actuar, ni tampoco deberá probar que la medida, la
ausencia de medida o la práctica que denuncia le afecta principal y
directamente. Sin perjuicio de las excepciones
mencionadas en el punto 3, la Comisión registrará la correspondencia como
denuncia siguiendo las indicaciones de su autor tal y como figuren en la
correspondencia. La Comisión apreciará discrecionalmente
si debe o no darse curso a la denuncia. 3. Registro de denuncias Toda denuncia relativa a la aplicación
del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro se registrará en la
aplicación central para el registro de denuncias en relación con la aplicación
del Derecho de la Unión por un Estado miembro (en lo sucesivo, «la
aplicación»). No se considerará que puedan ser objeto
de instrucción como denuncias por los servicios de la Comisión y, por tanto, no
se registrará en la aplicación la correspondencia: – anónima o en la que no conste
la dirección del remitente o que contenga una dirección incompleta; – que no haga referencia,
explícita o implícita, a un Estado miembro al que puedan imputarse las medidas
o la práctica contrarias al Derecho comunitario; – que denuncie las prácticas de
una persona o una entidad privada, salvo en la medida en que la denuncia revele
la participación de los poderes públicos o denuncie su pasividad respecto a
estas prácticas; en cualquier caso, los servicios de la Comisión comprobarán si
el escrito en cuestión no revela una conducta contraria a las normas de
competencia (artículos 101 y 102 del TFUE); – que no formulen queja alguna; – que formulen quejas respecto
de las que ya exista, por parte de la Comisión, una posición clara, pública y
reiterada, posición que será comunicada al denunciante; – que formulen quejas
manifiestamente excluidas del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. 4. Acuse de recibo Todas las denuncias serán objeto de un
acuse de recibo por la Comisión en un plazo de quince días hábiles a partir de
su recepción. Dicho acuse de recibo mencionará el número de registro, que
deberá indicarse en toda la correspondencia. En caso de que se formulen numerosas
denuncias por el mismo motivo, los acuses de recibo individuales podrán ser
sustituidos por una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea
y en el servidor Europa de la Unión. Si la Comisión decidiera no registrar la
correspondencia en la aplicación, informará a su autor por correo ordinario
indicando la razón o razones contempladas en el párrafo segundo del punto 3. En tal caso, la Comisión informará al
denunciante de las eventuales posibilidades alternativas de recurso, como la
facultad de dirigirse a los tribunales nacionales, al Defensor del Pueblo
Europeo, a los Defensores del Pueblo nacionales o de recurrir a cualquier otro
procedimiento de denuncia existente en los ámbitos nacional o internacional. 5. Modalidades de presentación de las denuncias Para ser registrados en la aplicación,
las denuncias se han de presentar por escrito, por carta, fax o correo
electrónico. Deberán redactarse en una de las lenguas
oficiales de la Unión. Con el fin de acelerar la tramitación de
las denuncias, se recomienda utilizar el formulario tipo publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea[13]
y disponible en los servicios de la Comisión previa solicitud, o en el sitio
Web de la Comisión, en el servidor de la Unión Europea (EUROPA) en la siguiente
dirección: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm. Este formulario incluye un anexo donde se
exponen los principios generales de la acción por incumplimiento y que recuerda
que la sentencia declaratoria de un incumplimiento pronunciada por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas no tiene efecto sobre los derechos del
denunciante. También sugiere al denunciante utilizar los recursos nacionales a
su disposición. Las denuncias por escrito sobre la
aplicación del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro deberán
dirigirse a la Secretaría General de la Comisión, por correo, a la dirección
«1049 Bruselas, Bélgica», o, por correo electrónico, a
SG-PLAINTES@ec.europa.eu, o presentarse en una de las oficinas de
representación de la Comisión en los Estados miembros. 6. Protección del denunciante y de los datos de carácter personal La comunicación de la identidad del
denunciante al Estado miembro, así como los datos transmitidos por este último,
estará sujeta a su acuerdo previo con arreglo, en particular, al Reglamento
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos
comunitarios y a la libre circulación de estos datos[14]. 7. Comunicación con el denunciante Tras el registro, la denuncia podrá
seguir examinándose en cooperación con el Estado miembro afectado. La Comisión
informará de ello al denunciante por escrito. En caso de que, como consecuencia de
dicho examen, se incoara un procedimiento de infracción en respuesta a la
denuncia, la Comisión se pondrá en contacto con el denunciante y le informará
por escrito de cada fase del procedimiento (emplazamiento, dictamen motivado,
acción ante el Tribunal de Justicia o archivo del caso). En caso de que se formulen numerosas
denuncias por el mismo motivo, las cartas individuales podrán ser sustituidas
por una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el
servidor Europa de la Unión. El denunciante podrá solicitar, en
cualquier momento del procedimiento, exponer o precisar, in situ y haciéndose
cargo de los gastos que ello genere, los elementos de su denuncia a la
Comisión. 8. Plazo de instrucción de las denuncias Por regla general, la Comisión instruirá
las denuncias registradas con miras a adoptar una decisión de emplazamiento o
de archivo en un plazo máximo de un año a partir del registro de la denuncia. En caso de superar dicho plazo, la
Comisión informará al denunciante por escrito a petición de este último. 9. Resultado de la instrucción de las denuncias Tras la instrucción de la denuncia, la
Comisión podrá emitir un emplazamiento que incoe el procedimiento de infracción
contra el Estado miembro en cuestión, o el archivo definitivo del caso. La Comisión usará su potestad
discrecional para decidir incoar o dar por finalizado el procedimiento de
infracción. Se informará al denunciante por escrito
de la decisión tomada por la Comisión en relación con su denuncia y de las
decisiones ulteriores de la Comisión sobre este expediente. En caso de que se formulen varias
denuncias por el mismo motivo, las cartas individuales podrán ser sustituidas
por una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el
servidor Europa de la Unión. 10. Archivo A menos que se den circunstancias
excepcionales que requieran medidas urgentes, cuando se prevea el archivo de
una denuncia, la Comisión informará previamente al denunciante mediante carta
indicando las razones en que se basa para proponer dicho archivo e invitará al
denunciante a formular sus eventuales observaciones en un plazo de cuatro semanas. En caso de que se formulen varias
denuncias por el mismo motivo, las cartas individuales podrán ser sustituidas
por una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el
servidor Europa de la Unión. Si el denunciante no responde o si no se le
puede localizar por una causa de la que es responsable, o si las observaciones
del denunciante no dan lugar a que la Comisión reconsidere su posición, el caso
quedará archivado. Si las observaciones formuladas por el
denunciante pueden llevar a la Comisión a reconsiderar su posición, proseguirá
la instrucción de la denuncia. Se informará al denunciante por escrito
de la decisión de archivo adoptada por la Comisión. 11. Publicidad de las decisiones en materia de infracción Las decisiones de la Comisión en materia
de infracción se publicarán en un plazo de una semana a partir de su adopción
en el sitio Internet de la Secretaría General en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_decisions_en.htm
Las decisiones de expedir un dictamen
motivado al Estado miembro o de recurrir al Tribunal de Justicia serán, además,
objeto de un comunicado de prensa, salvo decisión contraria de la Comisión. 12. Acceso a los documentos en materia de infracción El acceso a los documentos en materia de
infracción está regulado por el Reglamento (CE) nº 1049/2001, según lo
aplican las disposiciones que figuran en el Anexo de la Decisión 2001/937/CE,
CECA, Euratom de la Comisión[15]. 13. Reclamación al Defensor del Pueblo Europeo Si un denunciante considera que, con
motivo de la tramitación de su denuncia, ha existido mala administración por
parte de la Comisión, al ignorar una de las presentes medidas, podrá ejercer su
derecho a recurrir ante el Defensor del Pueblo Europeo en las condiciones previstas
en los artículos 24 y 228 del TFUE. [1] COM (2002) 141 final de 20.3.2002. [2] En el texto modificado, las palabras «le cas échéant»
en el punto 4, que erróneamente habían sido traducidas por el término «where
necessary» en la versión EN, y por «en su caso» en la versión ES, se
sustituyen por las palabras «in such cases». Las palabras «a petición
suya» del punto 8 que no se tradujeron a las versiones EN y SE se vuelven a
introducir en el texto. [3] Véanse, en particular: la sentencia de 6 de diciembre de
1989 en el Asunto C-329/88, Comisión/Grecia, Rec. 1989, p. 4159; sentencia de
27 de noviembre de 1990 en el Asunto C-200/88, Comisión/Grecia, Rec. 1990, p.
I4299; sentencia de 21 de enero de 1999 en el Asunto C-207/97,
Comisión/Bélgica, Rec. 1999, p. I275; sentencia de 25 de noviembre de 1999 en
el asunto C-212/98, Comisión/Irlanda, Rec. 1999, p. I8571; sentencia de 6 de
julio de 2000 en el asunto C-236/99, Comisión/Bélgica, Rec. 2000, p. I05657; sentencia
de 14 de mayo de 2002 en el asunto C-383/00, Comisión/República Federal de
Alemania Rec. 2002, p. I04219. [4] Véase la sentencia de 1 de junio de 1994 en el Asunto
C-317/92, Comisión/Alemania, Rec. 1994, p. I2039; sentencia de 10 de mayo de
1995 en el Asunto C-422/92, Comisión/Alemania, Rec. 1995, p. I1097. [5] Véase la sentencia de 6 de octubre de 2009 en el asunto
C-562/07, Comisión/Grecia Rec. 2009, p. I-9553. [6] Véase la sentencia de 14 de septiembre de 1995 en el
Asunto T-571/93; Lefebvre y otros contra Comisión Rec. 1995, p. II2379. [7] Véase la sentencia de 26 de febrero de 1986 en el Asunto
175/84, Krohn & Co. Import – Export GmbH & Co. KG/Comisión, Rec. 1986,
p. 753. [8] Otras propuestas en este contexto se recogen en la
Comunicación de la Comisión «Sacar el mejor partido de las medidas ambientales
de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos y la
capacidad de respuesta» [COM(2012)95 final] de 7.3.2012. [9] DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. [10] DO L 345 de 29.12.2001, p. 94. [11] Véanse a este respecto: La sentencia de 5 de marzo de 1997
en el Asunto T-105/95, Comisión/WWF UK, Rec. 1997, p. II313; sentencia de 11 de
diciembre de 2001, en el Asunto T-191/99, Petrie y otros/Comisión Rec. 2001, p.
II3677; sentencia de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y Comisión
(C-514/07 P, C-528/07 P y C-532/07 P). [12] DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. [13] DO C 119 de 30.4.1999, p.. 5. [14] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1. [15] DO L 345 de 29.12.2001, p. 94.