15.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 366/106

1.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo denominada «la Autoridad»), con sede en Parma, se creó en virtud del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 (1). Su misión consiste en facilitar la información científica necesaria para la elaboración de la normativa de la Unión, así como en obtener y analizar los datos que permitan caracterizar y controlar los riesgos (2) e informar de manera independiente sobre los mismos.

2.

El presupuesto de 2010 de la Autoridad se elevó a 74,7 millones de euros frente a los 71,4 millones de euros de 2009. El número de personas empleadas por la Autoridad al término del ejercicio ascendía a 433 frente a las 407 del ejercicio anterior.

3.

De conformidad con el artículo 287, apartado 1, segundo párrafo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales (3) de la Autoridad, que comprenden los «estados financieros» (4) y los «estados sobre la ejecución presupuestaria» (5) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010, así como la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

4.

La presente declaración de fiabilidad está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 (6) del Consejo.

5.

El director tiene atribuida, en su calidad de ordenador, la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto, ateniéndose a la normativa financiera de la Autoridad, bajo su propia responsabilidad y ajustándose a los créditos asignados (7), y es responsable asimismo de la implantación de la estructura organizativa (8) y de los sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas (9) estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y para garantizar que las operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares.

6.

El Tribunal debe emitir, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Autoridad y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

7.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de la IFAC y las ISSAI (10). Estas normas exigen que el Tribunal cumpla con las exigencias deontológicas y que planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas estén libres de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

8.

La fiscalización del Tribunal implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. De su criterio profesional depende la selección de estos procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales u operaciones ilegales o irregulares, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los riesgos, se tiene en cuenta el control interno aplicado por la entidad a la preparación y presentación de las cuentas con el fin de concebir procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias. El Tribunal evaluará asimismo en su fiscalización la idoneidad de las políticas contables utilizadas, el carácter razonable de las estimaciones contables de la dirección y la presentación general de las cuentas.

9.

El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para emitir las opiniones que se exponen a continuación.

10.

En opinión del Tribunal, las cuentas anuales (11) de la Autoridad presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su Reglamento financiero.

11.

En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de la Autoridad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

12.

El contenido de las observaciones que se exponen a continuación no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

13.

Las declaraciones de intereses de los miembros del Consejo de Administración son examinadas por el presidente que es asistido en esta tarea por los vicepresidentes. El proceso de examen no es lo suficientemente riguroso y detallado y se adoptan enfoques diferentes para la gestión de asuntos de conflicto de intereses en situaciones similares. Debe aún mejorarse la exahustividad y transparencia del procedimiento.

14.

Se observaron insuficiencias en algunos procedimientos de selección: no se respetó el anonimato en las pruebas escritas, la puntuación para pasar a la fase siguiente de los procedimientos fue decidida después de haberse iniciado el proceso de evaluación y se utilizaron criterios que adolecían de falta de precisión. Estas prácticas ponen en peligro la transparencia de los procedimientos de contratación del personal.