6.8.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/30

A.

Considerando que la Comisión asumió el compromiso de tener plenamente en cuenta la posición del Parlamento Europeo, expresada en sus Resoluciones relativas a la Estrategia de Lisboa, y en particular en su Resolución sobre la mundialización, aprobada el 15 de noviembre de 2007,

B.

Considerando que el Parlamento, en sus resoluciones anteriores, ha mostrado un fuerte apoyo a la Estrategia de Lisboa y se ha congratulado especialmente del nuevo enfoque centrado en la Estrategia para el crecimiento y el empleo,

C.

Considerando que existe una estrecha relación entre el crecimiento económico, el empleo, la lucha contra la pobreza y la integración social,

D.

Considerando que la Unión Europea y los Estados miembros tienen la responsabilidad compartida de ocuparse de los retos, oportunidades e incertidumbres de los ciudadanos por lo que respecta a la globalización; que la Unión Europea tiene que asumir su responsabilidad política como actor global y contribuir a la consecución y configuración de un desarrollo sostenible en el mundo, en la era de la globalización, de manera que las poblaciones en cualquier lugar puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización,

E.

Considerando que el mercado interior es un instrumento eficaz para construir una economía dinámica y competitiva basada en el conocimiento y reforzar la posición competitiva de Europa en el mercado mundial para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos,

F.

Considerando que la presente Resolución, de conformidad con el mandato de su Grupo de coordinación de la Estrategia de Lisboa y dentro del respeto de las competencias de otras comisiones del Parlamento, no va a tratar detalles de la legislación en curso ni del proceso de consulta,

1.

Subraya de nuevo la importancia de una firme aplicación de la Estrategia de Lisboa, enfatizando la interdependencia del progreso económico, social y medioambiental para crear una economía sostenible dinámica e innovadora;

2.

Considera que el desarrollo económico y la prosperidad futura de Europa dependerán de la medida en que se consiga crear unas condiciones más favorables para el desarrollo sostenible y la creación de empleo, y responder a los desafíos y las oportunidades que se deriven de la globalización, la evolución demográfica y las amenazas globales que se ciernen sobre el medio ambiente; considera que el instrumento común de la Unión Europea es la Estrategia de Lisboa revisada y las directrices integradas;

3.

Considera que, para garantizar el éxito de la Agenda de Lisboa revisada, es también necesario aumentar el potencial de crecimiento de Europa, y superar una insuficiente demanda interior que deberá lograrse a través de un aumento de los ingresos derivado de un incremento de la productividad y el empleo;

4.

Reconoce que la Unión Europea habrá de afrontar numerosos desafíos en el futuro más próximo: una población que entrará en declive hacia 2020, una creciente presión en el plano económico por parte de sus competidores mundiales, un aumento de los precios de la energía, el cambio climático y los desequilibrios sociales; opina que Europa debe dar una respuesta a todos estos desafíos mediante una adecuada combinación de políticas;

5.

Constata que la Estrategia de Lisboa está evolucionando positivamente; pero constata asimismo que todavía existen deficiencias en su aplicación y que no se comprende adecuadamente que el proceso de desarrollo europeo hacia un mayor crecimiento, la creación de empleo, una seguridad social adecuada y una protección medioambiental conveniente todavía no es inmune a las crisis;

6.

Indica que la UE, como la mayor importadora y exportadora de mercancías de todo el mundo, la mayor exportadora de servicios, el segundo destino y origen en importancia en materia de inversiones extranjeras directas, se encuentra entre las zonas que más beneficios obtienen de una economía mundial abierta; considera que, como tal, la Unión Europea tiene una gran responsabilidad en afrontar las cuestiones globales;

7.

Celebra la dimensión global del proceso de Lisboa y observa que la Estrategia de Lisboa constituye una respuesta europea a las oportunidades y los riesgos inherentes a la globalización; en este sentido, subraya especialmente la importancia de la cooperación transatlántica, así como la conveniencia de mejorar la cooperación con otros actores de importancia tales como China, India, Brasil y otras zonas económicas del mundo;

8.

Pide que se acuerden normas y prácticas para el comercio mundial que sean compatibles con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con la responsabilidad de dirigir la lucha contra el cambio climático y de promover la salud; pide en principio que se tomen medidas para combatir el proteccionismo dentro y fuera de la Unión Europea; pide colaboración y un enfoque equitativo a la hora de proseguir las negociaciones de la Ronda de Doha;

9.

Destaca el innegable valor de una política de estabilidad y crecimiento coherente y la importancia que reviste la estabilidad macroeconómica como fuente de confianza en la que se basa la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa; indica que, en aras de la estabilidad macroeconómica, el aumento de la productividad debe ir acompañado de una distribución más justa de los frutos del crecimiento, así como de un reforzamiento de la cohesión social; llama la atención, en este sentido, sobre las reivindicaciones de aumentos salariales para seguir el ritmo del crecimiento a medio plazo de la productividad;

10.

Subraya —como la Comisión— que las economías de los Estados miembros son muy interdependientes y que el argumento a favor de una agenda común de reformas es el más fuerte en la zona euro;

11.

Indica la gran importancia de salvaguardar la estabilidad de los mercados financieros y observa que la reciente crisis de las hipotecas «subprime» muestra la necesidad de que la Unión Europea desarrolle medidas supervisoras para reforzar la transparencia y la estabilidad de los mercados financieros y mejorar la protección de los clientes; pide que se lleve a cabo una evaluación de los sistemas e instrumentos actuales de supervisión cautelar en Europa, e insiste en que se mantenga una estrecha consulta con el Parlamento que desemboque en claras recomendaciones para mejorar la estabilidad del sistema financiero y su capacidad de ofrecer una financiación segura a largo plazo a las empresas europeas;

12.

Indica que la subsidiariedad es importante para que los Estados miembros puedan adaptar las políticas comunes en materia de seguridad y flexibilidad a las prácticas y tradiciones específicas de sus mercados laborales nacionales;

13.

Recuerda que la política de cohesión es un principio fundamental de los Tratados y un instrumento para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa en materia de crecimiento y empleo, destinándose hasta un 75 % de los fondos de la política de cohesión a la innovación y a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa; considera que el potencial de la política de cohesión de la UE en general, y de los Fondos Estructurales y de Cohesión en particular, debe utilizarse para la aplicación de la Estrategia de Lisboa en el plano regional, y que deben seguirse atentamente los resultados de este proceso a nivel regional y local; considera que la actual bonanza económica debería ser un acicate para emprender otras reformas; subraya la necesidad de examinar los efectos que ha tenido la aplicación de la Estrategia de Lisboa a nivel regional, puesto que 2008 es el primer año en que se evalúan los resultados preliminares de la asignación de los fondos de la política de cohesión;

14.

Considera que la investigación científica y tecnológica constituye uno de los elementos clave de la Estrategia de Lisboa; corrobora la extrema importancia de promover la investigación y el desarrollo (I + D) y de que los Estados miembros tomen medidas adicionales para alcanzar sus objetivos de inversión en I + D para 2010 indicando cómo se alcanzarán los objetivos para 2010 en materia de inversiones en I + D y cómo contribuirán sus estrategias en materia de I + D a lograr una zona europea de investigación; subraya que la orientación necesaria hacia una economía baja en carbono basada en energías eficientes y renovables mediante el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías creará numerosas oportunidades para la Unión Europea; observa las enormes oportunidades que ofrece a la economía europea el desarrollo y la expansión de las nuevas tecnologías y servicios que contribuirán a la reducción de las emisiones de carbono de la economía mundial; celebra la propuesta de la Comisión de establecer una «quinta libertad» en este sentido —la libertad de conocimiento— que complete las cuatro libertades relativas al movimiento de mercancías, servicios, personas y capitales, así como de poner en común los recursos en materia de I + D de la UE y de los Estados miembros para asegurar un uso más eficaz de los mismos;

15.

Celebra las recientes iniciativas e inversiones en la política industrial y de investigación; en este sentido, acoge también con satisfacción el establecimiento del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación y las recientes inversiones en Galileo como instrumentos eficientes para combinar las necesidades de innovación tecnológica con la agenda de la industria en materia de investigación; apoya los programas europeos del Sistema de Navegación por Satélite (Galileo y el Servicio Europeo de Navegación Geoestacionaria) como proyectos clave de la UE; subraya los méritos económicos y públicos de los programas, así como los beneficios de los nuevos servicios y mercados;

16.

Considera que se requiere una red de excelencia que asegure el liderazgo de Europa en los sectores económico y tecnológico; considera que los Estados miembros y las regiones deberían promover el desarrollo de polos de excelencia y la adopción de medidas destinadas a fomentar la competencia entre sí con objeto de estimular la cultura de la innovación; opina que la Comisión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales deberían adoptar nuevas medidas dirigidas a apoyar activamente una cooperación más estrecha entre las autoridades públicas, los organismos de investigación, las universidades y la industria;

17.

Subraya la importancia de que las empresas, los ciudadanos y las autoridades de Europa completen con éxito su transición hacia la era digital y creen verdaderamente una economía y una sociedad basadas en el conocimiento, que es el objetivo de la Estrategia de Lisboa; pide que se desarrollen ulteriormente la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana de los ciudadanos y se promueva una sociedad del conocimiento que incluya a todos;

18.

Insta a los Gobiernos de los Estados miembros y a sus administraciones regionales, que son los empleadores, compradores y proveedores de servicios más importantes en el mercado interior, a fomentar la innovación mediante la creación de mercados piloto para los productos y servicios innovadores;

19.

Observa que las PYME desempeñan un papel esencial en la creación de nuevos empleos así como en la aplicación de nuevas investigaciones; apoya firmemente la propuesta de la Comisión de presentar una ley sobre las pequeñas empresas que cree oportunidades para las PYME, fomente la cultura de «piense primero en pequeño» y aplique un enfoque de política integrada para activar el potencial de crecimiento en cada fase del ciclo de vida de las PYME;

20.

Subraya el potencial de ayuda para las PYME que ofrece la reducción de las cargas reglamentarias, la mejora de su acceso a los contratos públicos y el fomento de unas condiciones más favorables para la financiación y aplicación de las innovaciones;

21.

Reconoce que, en la Unión Europea, las tecnologías innovadoras deben convertirse más rápidamente en nuevos productos y servicios; por tanto, apoya la solicitud de la Comisión de un «triángulo del conocimiento» formado por la investigación, la educación y la innovación; espera unas inversiones más eficaces en nuevas cualificaciones, aprendizaje permanente y sistemas de educación y formación modernos;

22.

Se felicita de que la Comisión haya comenzado a reducir las cargas reglamentarias, con el objetivo de legislar mejor, y alienta a los Estados miembros a que adopten unas medidas semejantes sin poner en peligro los derechos participativos de los ciudadanos y la protección de los consumidores; espera que el Consejo y la Comisión estén a la altura de los compromisos suscritos en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (2); observa con gran preocupación que una serie de propuestas legislativas importantes presentadas recientemente por la Comisión se han tramitado sin realizar una previa evaluación de impacto o sin una evaluación adecuada de los efectos de la legislación anterior en la misma materia;

23.

Subraya, en este contexto, la necesidad de un nuevo enfoque exhaustivo en materia de política exterior y comercial que se centre una convergencia a escala mundial de las reglas, las normas y la cooperación normativa; subraya que Europa debe maximizar su potencial como trampolín para las empresas que salen a los mercados globales y como un lugar atractivo para los inversores; pide además que todos los acuerdos comerciales bilaterales o regionales de la UE en curso de negociación incluyan disposiciones vinculantes sobre la aplicación de los criterios laborales esenciales y otros aspectos del trabajo digno, así como los criterios medioambientales multilaterales;

24.

Reafirma de nuevo su convicción de que, para crear una sociedad receptiva al cambio, será esencial un estilo de toma de decisiones económicas más incluyente; recuerda las conclusiones del Consejo Europeo de primavera de 2005 que subrayaban que un elevado nivel de protección social es fundamental para la Estrategia de Lisboa; reafirma que es inaceptable que haya personas que viven bajo el umbral de la pobreza y en una situación de exclusión social; corrobora que todos los ciudadanos europeos deberían tener acceso a un trabajo decente, así como a una vida decente, incluso después de la jubilación; apoya nuevas medidas que refuercen la política de lucha contra la pobreza y la exclusión social, con objeto de adoptar un enfoque exhaustivo que renueve el impulso decisivo dado al objetivo de eliminar la pobreza antes de 2010, y que permita a todos los ciudadanos europeos acceder a sus derechos fundamentales; subraya la incorporación con carácter jurídico vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al Tratado de Reforma de Lisboa; pide que el Consejo Europeo de primavera de 2008 se comprometa con una ambiciosa agenda social que tenga un impacto concreto para los resultados de la Estrategia de Lisboa;

25.

Reitera —dado que la cohesión social y territorial es uno de los componentes esenciales del mercado interior— la importancia de elevar la confianza de los ciudadanos promocionando objetivos sociales y medioambientales comunes a los Estados miembros, tales como los empleos de calidad, la igualdad de oportunidades y la protección de la salud y del medio ambiente, al tiempo que se respeta la diversidad cultural europea; pide a la Comisión que asegure que la UE lleva a cabo su función protectora en estos ámbitos y evita toda competencia reguladora entre los Estados miembros;

26.

Considera que es necesaria una mayor integración del sector del transporte en la Estrategia de Lisboa; insiste en que se conceda prioridad, en las nuevas directrices integradas, al transporte sostenible, a la logística y al desarrollo de las redes transeuropeas, y pide a los Estados miembros que aseguren que los planes nacionales que se presenten al próximo Consejo Europeo de primavera de 2008 contienen estas prioridades;

27.

Destaca que un correcto funcionamiento del mercado interior, una mano de obra altamente cualificada, una economía social de mercado equilibrada y la estabilidad democrática constituyen la mayor ventaja competitiva para Europa; señala que, para los inversores de terceros países, el mercado interior ofrece ventajas tales como igualdad de condiciones y libertad de movimiento, pero que el acceso al mercado interior debería ir acompañado de una apertura similar para los inversores de la UE por parte de terceros países con economías desarrolladas o emergentes; toma nota, además, de que hay que crear el mejor entorno posible para las empresas europeas, especialmente en lo que se refiere a la mejora reglamentaria, la buena gobernanza, una competencia sana y leal, el funcionamiento de los mercados de capital-riesgo y la comercialización de los resultados de la investigación y la innovación;

28.

Insta urgentemente a los Estados miembros a que sitúen la competitividad de la UE en el centro de sus políticas y conviertan la plena realización del mercado interior en su prioridad económica y política fundamental, especialmente mediante la aplicación apropiada y en los plazos previstos de las Directivas sobre mercado interior y la supresión de las barreras que obstaculizan de forma injustificada el acceso a los mercados nacionales; recuerda, sin embargo, que el establecimiento del mercado interior se ha basado en la competencia, en la cooperación y en la solidaridad, que siguen siendo los principios básicos para mayores logros del mercado interior en el siglo XXI; subraya que el mercado interior debe desarrollarse mediante normas de competencia leal, sistemas de protección fiscal y social eficientes y un elevado nivel de protección de los consumidores;

29.

Destaca la necesidad de completar el mercado interior y llevar a cabo las reformas necesarias; insta a los Estados miembros a que ratifiquen las medidas todavía pendientes y necesarias para la creación de un mercado interior de servicios financieros, y a que velen por que sus reguladores nacionales alienten a los nuevos prestadores de servicios y productos, al tiempo que garantizan la igualdad de condiciones y la protección adecuada de los intereses de los inversores individuales; opina que las nuevas iniciativas políticas para completar el mercado interior deberían basarse en mayor medida en un análisis del impacto que tienen en los diversos mercados, en los sectores económicos y en el medio ambiente, así como en el ámbito social;

30.

Subraya la necesidad de un nivel adecuado de protección de los derechos de la propiedad intelectual y apoya la iniciativa a favor de un sistema de patentes asequible, seguro y eficiente que ofrezca incentivos a los esfuerzos de inversión e investigación y aumente la capacidad innovadora, especialmente de las PYME; insta a las tres instituciones a que elaboren en común un consenso político para la mejora auténtica del sistema de patentes que permita a los ciudadanos beneficiarse de los nuevos productos y servicios a unos precios asequibles;

31.

Señala que los instrumentos basados en el mercado implican una amplia serie de instrumentos políticos que se utiliza cada vez en mayor medida para alcanzar los objetivos ambientales; considera que los instrumentos basados en el mercado, como los impuestos, las exacciones y el comercio de derechos de emisión, pueden favorecer la asignación eficaz de los recursos naturales y contribuir, en este contexto, a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa;

32.

Reitera su opinión sobre las ventajas que supondría una reorientación de la carga fiscal desde el trabajo hacia el medio ambiente como medio eficaz para solucionar al mismo tiempo los problemas del medio ambiente y del empleo, y opina que debe reducirse la presión sobre el trabajo para crear más empleos y luchar contra la economía sumergida;

33.

Declara que el objetivo de la seguridad del abastecimiento energético y el objetivo de garantizar a los ciudadanos de Europa movilidad y energía duraderas a precios razonables y equitativos pueden alcanzarse con la misma estrategia que la utilizada para una ambiciosa protección climática;

34.

Insta, por tanto, a la Comisión a que ponga en práctica rápida y coherentemente las decisiones del Consejo Europeo de primavera de 2007 y a que considere la eficiencia energética y las energías renovables como prioridades reales de la política energética común;

35.

Indica que otra tarea importante para la UE y los demás países industrializados es la transición a una economía de bajo consumo de energía basada en fuentes de energía renovables, y que un enfoque eficiente consiste en la aplicación de tecnologías ya disponibles, pero para cuya utilización deben adoptarse medidas políticas ambiciosas que incluyan incentivos y sanciones multilaterales que se apliquen a aquellos países que no estén dispuestos a soportar la parte que les corresponda de la carga global; subraya que la orientación necesaria hacia una economía baja en carbono mediante el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías creará numerosas oportunidades para la UE;

36.

Subraya la importancia de la política de transportes para luchar contra el cambio climático y para ocuparse de un amplio conjunto de problemas medioambientales; defiende políticas que reduzcan el transporte innecesario con diferentes medidas y pide que las redes de transporte transeuropeas se sometan a una exhaustiva evaluación estratégica de impacto medioambiental;

37.

Pide a los Estados miembros que amplíen rápidamente las redes de transporte transeuropeas de manera interconectada e interoperativa, con especial atención a las necesidades de los nuevos Estados miembros, en el marco de una política de transporte eficiente, sostenible y respetuosa del medio ambiente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la adecuada combinación de políticas para aprovechar íntegramente el potencial de unos sistemas de transporte más inteligentes y respetuosos del medio ambiente y de las innovaciones tecnológicas;

38.

Considera, por tanto, fundamental asegurar que la futura demanda de servicios de logística sea compatible con un menor impacto medioambiental y con unas emisiones de gases de efecto invernadero más reducidas; opina que los transportes sostenibles dependen de la capacidad de los políticos a nivel europeo, nacional y regional, para ofrecer unos incentivos eficientes de manera que los usuarios de transporte, los transportistas y los fabricantes de vehículos prosigan sus esfuerzos para crear un mercado de logística más respetuoso con el medio ambiente;

39.

Reconoce que la estrategia de la UE para el crecimiento y el empleo está dando frutos pero subraya al mismo tiempo que no todos los ciudadanos de la UE se han beneficiado de dichos resultados; subraya que, para hacer frente a la globalización y al reto del cambio demográfico, es de la mayor importancia ofrecer a las personas los necesarios conocimientos profesionales y las oportunidades para incorporar a más gente al mercado de trabajo y hacer del trabajo una opción real para todos, especialmente mediante medidas dirigidas a las personas que están más alejadas del mercado de trabajo;

40.

Subraya que, para asegurar la libertad de movimientos y la movilidad en el mercado de trabajo, el Consejo necesita adoptar las directivas sobre la organización del tiempo de trabajo, las condiciones de trabajo para los trabajadores temporales y la transferencia de los derechos de pensión y revisar de inmediato la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo (3); subraya que la supresión de los obstáculos a la movilidad en el mercado laboral europeo permite una mayor protección de la mano de obra europea; indica que la UE debe esforzarse en explicar a los ciudadanos las ventajas de un enfoque que combine de manera efectiva la ampliación, la integración, la solidaridad y la movilidad laboral;

41.

Reafirma que Europa no puede permitirse las elevadas cifras de desempleo actuales; constata que el modelo social europeo se verá inevitablemente afectado por las transformaciones que se producen en el mundo; opina que, para hacer frente al reto demográfico y asegurar unas finanzas públicas sostenibles, Europa debe proseguir las reformas del mercado laboral y de los sistemas de protección social, con el fin de reforzar los incentivos laborales y ofrecer a los ciudadanos las oportunidades y las capacidades que permitan afrontar los cambios y facilitar la reintegración en el trabajo remunerado; señala que, si quiere mantener su competitividad en el plano mundial, la Unión Europea debe emprender numerosas reformas; opina que el nivel de confianza necesario entre las empresas y los trabajadores aumentará a medida que se refuerce el diálogo social; subraya la importancia de aplicar los principios comunes acordados en materia de flexiguridad de manera global y equilibrada tanto para los empleados como para los empleadores;

42.

Destaca que el trabajo flexible es solicitado cada vez más por los empleadores y por los empleados, y apoya la adopción de un conjunto equilibrado de principios comunes relativos a la flexiguridad; recuerda que la educación, la cualificación y la formación profesional forman parte de la mejor política de empleo y que hay que considerar las infraestructuras de custodia de los hijos, como una condición imprescindible para incrementar la participación, en particular de las mujeres, en la vida profesional; anima a los Estados miembros a que incluyan dichos principios comunes en las consultas que realicen con los interlocutores sociales en sus PNR y realza el papel central de las medidas para reconciliar el empleo y la vida privada, la promoción de la igualdad de oportunidades para todos, la formación y el reciclaje profesional, las políticas activas del mercado de trabajo, una adecuada protección social y la supresión de la segmentación del mercado de trabajo asegurando unos derechos laborales para todos los trabajadores;

43.

Reconoce la contribución de unos mercados laborales flexibles, móviles, seguros y que funcionen correctamente a la integración social mediante la creación de oportunidades de empleo para todos los grupos de la sociedad; insta a los Estados miembros, por tanto, a que evalúen y mejoren las reglamentaciones laborables e inviertan en la educación, el aprendizaje permanente y en políticas activas del mercado de trabajo para crear las mejores condiciones posibles para un elevado empleo y la movilidad laboral; destaca la necesidad de elevar las competencias básicas de los jóvenes, evitar el abandono escolar prematuro, reducir el trabajo precario y fortalecer la integración social y laboral de todos; señala que en el contexto de la economía basada en el conocimiento y la sociedad de la información del siglo XXI, la inclusión digital reviste excepcional importancia, en particular en relación con las personas desfavorecidas, de mayor edad y que habitan en zonas rurales apartadas;

44.

Constata con preocupación la tendencia hacia una creciente desigualdad de ingresos y de riqueza en los Estados miembros; considera que esta tendencia debería invertirse mediante una acción nacional y europea dirigida a lograr una sociedad con mayor cohesión y a garantizar que los ciudadanos perciban que el crecimiento les beneficia;

45.

Observa que algunos Estados miembros han introducido el concepto de salario mínimo; sugiere que otros Estados miembros aprovechen el estudio de esta experiencia; pide a los Estados miembros que salvaguarden las condiciones de la participación social y económica para todos y que, en particular, establezcan regulaciones sobre el salario mínimo, otros mecanismos jurídicos y contractuales, acuerdos colectivos de conformidad con las tradiciones nacionales, que permitan a los trabajadores a tiempo completo lograr una vida decente a partir de sus ingresos;

46.

Celebra que el programa comunitario de la Comisión para Lisboa 2008-2010 sea un programa con prioridades centradas en sólo 10 objetivos clave que pueden alcanzarse durante el período 2008-2010; subraya, sin embargo, que la mejor oportunidad de la Estrategia de Lisboa consiste en conectar las diferentes necesidades de reforma y los instrumentos económicos, medioambientales y de empleo en una agenda de reformas única; pide, por tanto, a la Comisión que mantenga su enfoque coherente e integrador de combinación de políticas y no lo desintegre mediante una tendencia hacia medidas políticas aisladas;

47.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para reducir la burocracia, en particular con vistas a ayudar a las PYME y mejorar la evaluación del impacto legislativo; lamenta al mismo tiempo que el Parlamento y la Comisión no hayan llegado aún a un acuerdo sobre el tipo de evaluación de impacto requerido; reitera, en este contexto, su petición de un control externo independiente sobre dicha evaluación;

48.

Se congratula por el objetivo fijado por la Comisión de reducir las cargas administrativas de las empresas; espera recibir datos concretos que indiquen en qué medida se está alcanzando este objetivo, al tiempo que se asegura la buena gobernanza; subraya que todos los niveles de gobierno pueden contribuir a lograr este objetivo por lo que deberían verse implicados en las decisiones políticas correspondientes; pide, en relación con la reducción de la burocracia y la simplificación de la legislación europea, un claro control con objeto de determinar hasta qué punto el margen que ofrecen las disposiciones legislativas europeas es efectivamente utilizado por los Estados miembros para tener en cuenta, en el momento de su transposición, las particularidades nacionales y la acumulación de innovaciones;

49.

Considera que los Estados miembros, junto con las partes interesadas a nivel nacional, regional y local, son los principales actores de la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa; indica que aquellos países que aceptan la competencia exterior, aplican reformas y mantienen un equilibrio presupuestario, así como unas inversiones públicas y privadas de elevada calidad, son los que más crecen y crean mayor empleo; lamenta la todavía escasa visibilidad de la Estrategia de Lisboa en las políticas nacionales de numerosos países de la UE; opina que la movilización de todos los agentes económicos es esencial para asegurar su aplicación eficaz; opina en particular que una mejor implicación de los interlocutores sociales, los Parlamentos nacionales, las autoridades regionales y locales, así como la sociedad civil, mejorarán los resultados de la Estrategia de Lisboa y realzarán el debate público sobre las reformas adecuadas; apoya la propuesta de la Comisión a los Estados miembros de profundizar la colaboración con los Parlamentos nacionales y regionales al tiempo que se celebran debates anuales acerca de la aplicación de sus PNR;

50.

Subraya la importancia del compromiso de las autoridades regionales y locales y las partes interesadas en la configuración y el carácter innovador de los logros de Lisboa; celebra en este sentido el serio interés del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones en supervisar la Estrategia de Lisboa;

51.

Recuerda que las Directrices Integradas ofrecen un importante instrumento de coordinación y un marco común que permite a varios Estados miembros llevar a cabo sus propios programas nacionales de reforma; considera que los análisis y los resultados facilitados por los Estados miembros ponen de manifiesto que las Directrices son eficaces, si bien se necesita una mejora en lo que respecta a la adaptación a las nuevas condiciones económicas y de empleo y al seguimiento o la evaluación comparativa de los Estados miembros; pide una aplicación y una ejecución más global de los indicadores y objetivos;

52.

Se felicita de los informes por país que elabora la Comisión Europea; pide, sin embargo, un enfoque más sistemático que subraye tanto los logros como las deficiencias; apoya la propuesta de la Comisión de introducir determinados «elementos por observar», como parte de la supervisión multilateral, como ocasión de mejorar las respuestas políticas nacionales;

53.

Considera que la ausencia de un control adecuado constituye un obstáculo importante para elegir políticas bien informadas; subraya en este sentido que podrían utilizarse de mejor modo los conocimientos de que disponen las agencias descentralizadas europeas en los ámbitos de sus competencias respectivas;

54.

Se felicita, por tanto, de la decisión del Consejo Europeo de primavera de 2006 de paliar la carencia de datos relativos a la supervisión de datos pidiendo al Comité de las Regiones que elabore un estudio evaluando su «Estrategia para el crecimiento y el empleo» relativa a 104 regiones y ciudades de la UE que intercambian sus puntos de vista sobre la aplicación de la política de la Estrategia de Lisboa, estudio que se presentará al Consejo Europeo de primavera de 2008; subraya que este estudio indicará si la asignación de los Fondos Estructurales puede canalizar una mayor parte de los Fondos Estructurales a favor de la innovación y de los objetivos ambientales; espera que este estudio evalúe el valor añadido de la regionalización de la estrategia de Lisboa;

55.

Considera que no es fácil encontrar el método adecuado para evaluar el éxito de la Estrategia de Lisboa o, en términos más generales, cuáles serían los indicadores apropiados para medir los «progresos»; considera, no obstante, que la evaluación de los éxitos y los fracasos no puede limitarse a indicadores económicos como el PIB y la RNB, ya que, en el mejor de los casos, el PIB y la RNB son un indicador de la creación de riqueza en un período dado que no ofrece siquiera información fiable sobre el nivel de prosperidad de una sociedad determinada, y que dista mucho de facilitar indicadores sobre el coste social y ambiental que comporta la creación de la riqueza adicional;

56.

Considera que es preciso desarrollar y a aplicar un planteamiento multidimensional a la evaluación del bienestar humano más allá del terreno del PIB y de la RNB; se congratula por tanto de las deliberaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el contexto de su segundo foro mundial «Estadísticas, conocimiento y política» titulado «Medir y favorecer el progreso de las sociedades», que tuvo lugar en junio de 2007, así como de los debates que tuvieron lugar en la conferencia de la Comisión «Más allá del PIB» que se celebró en el Parlamento Europeo a principios de noviembre de 2007, porque a la hora de tomar decisiones con conocimiento de causa sobre opciones políticas es importante contar con datos fiables;

57.

Acoge con satisfacción el trabajo emprendido por varias DG de la Comisión para desarrollar nuevos indicadores cualitativos; insta a que esos indicadores —ya se refieran a la dimensión social, como el indicador de pobreza, o a la dimensión medioambiental, como el indicador de biodiversidad— se utilicen en las próximas evaluaciones de los programas nacionales de Lisboa y se incorporen al seguimiento de la Comisión, creando así un conjunto de indicadores más completo para medir el éxito de la Estragegia de Lisboa;

58.

Subraya la necesidad de garantizar la debida cooperación entre las tres instituciones de la UE y la plena participación de las mismas en el seguimiento de la Estrategia de Lisboa; insta al Consejo y a la Comisión a reconocer el papel del Parlamento Europeo que sigue de cerca la Estrategia de Lisboa y los PNR, asegura recursos financieros considerables para los objetivos de Lisboa y coopera estrechamente con los Parlamentos nacionales en disposiciones legislativas importantes;

59.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.