27.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 319/1

(1)

El artículo 33 del Tratado determina los objetivos de la política agrícola común. Al determinar la política agrícola común y sus métodos especiales de aplicación tienen que tenerse en cuenta las características específicas de las actividades agrícolas, derivadas de la estructura inherente a la propia agricultura y de las disparidades estructurales y naturales entre las diferentes regiones; también deben tenerse presentes la necesidad de que, cuando sea necesario llevar a cabo ajustes, se haga de forma gradual, y el hecho de que la agricultura constituye un sector íntimamente ligado a la economía en su conjunto. El recurso a ayudas estatales solo estará justificado si se ajusta a los objetivos de la política agrícola.

(2)

El Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (1) consagra un cambio fundamental en la forma de conceder la ayuda de la Comunidad a los agricultores. El Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (2), establece el marco para la política de desarrollo rural relativa a los años 2007-2013, confirmando el papel del desarrollo rural como segundo pilar de la política agrícola común. Los artículos 88 y 89 del Reglamento (CE) no 1698/2005 incluyen disposiciones específicas relativas a la ayuda estatal. Su artículo 5 establece que la ayuda para las medidas de desarrollo rural debe ser conforme con el Tratado y con los actos adoptados en virtud del mismo.

(3)

Puesto que los efectos económicos de una ayuda no varían en función de que la conceda en parte la Comunidad o la financie íntegramente un Estado miembro, la Comisión considera que debe existir, en principio, una coherencia entre la política de control de las ayudas estatales y la política de subvención con arreglo a la política agrícola común o a la política de desarrollo rural.

(4)

Mediante carta de 30 de mayo de 2005, se invitó a los Estados miembros a presentar propuestas para la simplificación de las normas aplicables a las ayudas estatales al sector agrario. El Grupo de trabajo sobre las condiciones de competencia en la agricultura fue consultado acerca de las presentes Directrices en sus reuniones de los días 22 y 23 de junio de 2006 y 25 de octubre de 2006.

(5)

Las presentes Directrices se aplicarán a todas las ayudas estatales, concedidas a actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado. Se aplican a toda ayuda, cualquiera que sea su forma, incluidas las ayudas financiadas a través de gravámenes parafiscales, comprendida en la definición de ayuda estatal del artículo 87, apartado 1, del Tratado. Las presentes Directrices no se aplicarán a las ayudas estatales al sector de la pesca y la acuicultura (3). El capítulo VII contiene normas para las ayudas al sector forestal, incluidas ayudas para la forestación de tierras agrícolas.

(6)

A efectos de las presentes Directrices, se entenderá por «producto agrícola» los productos comprendidos en el anexo I del Tratado, los incluidos en los códigos NC 4502, 4503 y 4504 (productos del corcho) y los que imitan o sustituyen a la leche o los productos lácteos (4), excluidos los enumerados en el Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (5).

(7)

A efectos de las presentes Directrices, se entenderá por «transformación de un producto agrícola» cualquier operación efectuada sobre el mismo en la que el producto resultante sea también un producto agrícola, exceptuando las actividades realizadas en la explotación que sean necesarias para preparar un animal o un producto vegetal para su primera venta. Por lo tanto, la transformación de productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado y su conversión en productos no comprendidos en el mismo queda fuera del ámbito de aplicación de las presentes Directrices.

(8)

A efectos de las presentes Directrices, se entenderá por «comercialización de un producto agrícola» la tenencia o exposición del producto con vistas a su venta, su puesta en venta, su entrega o cualquier otra modalidad de colocación en el mercado, a excepción de la primera venta por parte del productor primario a revendedores o transformadores y cualquier actividad para preparar un producto para dicha primera venta; una venta realizada por un productor primario a los consumidores finales deberá considerarse comercialización si se desarrolla en un local diferente dedicado a tal fin. La ayuda a la publicidad de productos agrícolas entra dentro del ámbito de aplicación de las presentes Directrices, mientras que la ayuda para la publicidad de productos agrícolas no incluidos en el anexo I del Tratado está cubierta por las normas horizontales en materia de ayudas estatales (6).

(9)

A efectos de las presentes Directrices, se entenderá por «pequeñas y medianas empresas (PYME)» las pequeñas y medianas empresas según la definición del anexo I del Reglamento (CE) no 70/2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (7).

(10)

El artículo 36 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que las normas de competencia del Tratado serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Consejo. Al contrario que en otros sectores, la autoridad de la Comisión a la hora de controlar y supervisar las ayudas estatales al sector agrario no se deriva directamente del Tratado, sino de la legislación adoptada por el Consejo en virtud del artículo 37 del Tratado, y está sujeta a las restricciones que imponga dicha institución. En la práctica, sin embargo, todos los Reglamentos por los que se establecen organizaciones comunes de mercado ordenan la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de los artículos 87, 88 y 89 del Tratado a los productos de su ámbito. Por otro lado, el artículo 88 del Reglamento (CE) no 1698/2005 establece expresamente que los artículos 87, 88 y 89 del Tratado se aplicarán a la ayuda de los Estados miembros al desarrollo rural. De ello se desprende que, con la salvedad de algunas limitaciones o excepciones específicas que pudieran disponer los distintos reglamentos, las disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado son íntegramente aplicables al sector agrario, con la excepción de aquéllas específicamente dirigidas al número restringido de productos no regulados por las organizaciones comunes de mercado (véase el punto 21).

(11)

Aunque los artículos 87, 88 y 89 son íntegramente aplicables a los sectores regulados por las organizaciones comunes de mercado, su aplicación sigue estando condicionada a lo dispuesto en los distintos reglamentos. Es decir, que el recurso por parte de un Estado miembro a lo dispuesto en los artículos 87, 88 y 89 no puede tener prioridad sobre lo dispuesto en el reglamento por el que se organiza un determinado sector del mercado (8). De ello se desprende que la Comisión no puede en ningún caso aprobar ayudas incompatibles con lo dispuesto en una organización común de mercado, ni ayudas que entorpezcan el correcto funcionamiento de la misma.

(12)

La Comisión no autorizará ayudas a actividades relacionadas con la exportación, en particular ayudas directamente vinculadas con las cantidades exportadas, ni ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados, ni para la creación y explotación de una red de distribución o para otros gastos corrientes relacionados con la actividad de exportación en otros Estados miembros. Las ayudas destinadas a los gastos de participación en ferias comerciales, o de estudios o servicios de asesoría necesarios para el lanzamiento de un producto nuevo o existente en un mercado nuevo no suele constituir una ayuda a la exportación.

(13)

A la vista de las normas específicas aplicables a la ayuda alimentaria prestada a terceros países, la Comisión no suele autorizar ayudas estatales destinadas a la adquisición de productos agrícolas dentro de la Comunidad que sean donados como ayuda alimentaria en terceros países.

(14)

Las presentes Directrices se aplican sin perjuicio de las excepciones específicas que pudieran disponer los Tratados o la legislación comunitaria.

(15)

Para ser consideradas compatibles con el mercado común, las ayudas deben constituir un factor de incentivación o exigir alguna contrapartida por parte del beneficiario. A no ser que las presentes Directrices o la legislación comunitaria prevean excepciones expresas, las ayudas estatales unilaterales cuyo objetivo sea simplemente mejorar la situación financiera del productor, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector, y especialmente las que se otorgan tomando como base para su concesión únicamente el precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de los medios de producción, deben considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común. Por otro lado, por su propia naturaleza, estas ayudas suelen perturbar el mecanismo de las organizaciones comunes de mercado.

(16)

Por las mismas razones, no puede pensarse que una ayuda concedida de forma retroactiva a una actividad ya realizada por el beneficiario constituya un factor de incentivación, sino una ayuda de funcionamiento dirigida simplemente a dispensar al beneficiario de una carga financiera. Con el fin de optimizar el efecto incentivador de la ayuda, y para facilitar la demostración de ello en caso de notificación, las normas relativas a la subvencionabilidad de los gastos que establezcan los Estados miembros deberán prever los pasos siguientes anteriores a la concesión de la ayuda:

Solo se concederán ayudas en virtud de un régimen de ayudas para las actividades realizadas o servicios recibidos después de que se haya establecido el régimen de ayudas y la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado.

Si el régimen de ayudas crea un derecho automático a recibir la ayuda, que no exija otras actuaciones administrativas de la Administración, la propia ayuda solo podrá ser concedida para actividades realizadas o servicios recibidos después de que se haya establecido el régimen de ayudas y la Comisión lo haya declarado compatible con el Tratado.

Si el régimen de ayudas exige que se envíe una solicitud a la autoridad competente en cuestión, la propia ayuda solo se concederá para las actividades realizadas o servicios recibidos después de que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

Solo se concederán ayudas individuales fuera de cualquier régimen de ayudas para actividades realizadas o servicios recibidos después de que se hayan cumplido los criterios de los puntos b) y c) anteriores.

Estos requisitos no serán aplicables en el caso de los regímenes de ayuda de carácter compensatorio.

(17)

Debido a las semejanzas entre empresas de transformación y de comercialización agrícolas y no agrícolas, por ejemplo en el sector de la transformación alimentaria, las normas en materia de ayudas estatales aplicables a las empresas de transformación y de comercialización agrícolas deberán armonizarse con las aplicables a empresas no agrícolas. Dicha política deberá aplicarse a las ayudas estatales concedidas para cualquier finalidad, por ejemplo para ayudas destinadas a los costes de inversión, la protección del medio ambiente o la ayuda técnica. A este respecto, la Comisión ya ha incluido la transformación y comercialización de productos agrícolas en:

(18)

Como consecuencia de dicha armonización con las normas para las empresas no agrícolas, las grandes empresas podrán dejar de ser elegibles para determinados tipos de ayudas, en particular en lo que respecta al apoyo técnico, como la asesoría. En el futuro, la ayuda a grandes empresas en este aspecto estará limitada a la ayuda de minimis.

(19)

Salvo si está contemplado específicamente en las presentes Directrices mediante una referencia al sector agrario, en oposición a la producción primaria (agricultores) o a la transformación o comercialización, una ayuda en favor de la transformación y comercialización de productos agrícolas solo se declarará compatible con el artículo 87, apartados 2 o 3, del Tratado si dicha ayuda también fuera declarada compatible en caso de que se conceda a empresas no agrícolas, fuera de sectores específicos como el transporte o la pesca.

(20)

Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (11) de la Comisión no se aplicarán a la producción primaria debido a que las particulares circunstancias de la producción primaria agrícola han de ser tenidas en cuenta en la apreciación de las ayudas dirigidas a las regiones desfavorecidas, según lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Serán aplicables, no obstante, a la transformación y comercialización de productos agrícolas en la medida establecida en dichas Directrices.

(21)

Como se ha señalado anteriormente, algunos tipos de productos agrícolas incluidos en el anexo I no cuentan todavía con una organización común de mercado, entre ellos la patata no destinada a fécula, la carne de caballo, la miel, el café, los vinagres de alcohol y el corcho. A falta de una organización común de mercado, las ayudas estatales específicamente dirigidas a estos productos se regirán por lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas (12). El artículo 3 establece que para estas ayudas únicamente es aplicable lo dispuesto en el artículo 88, apartado 1, y en la primera frase del apartado 3 de dicho artículo. En consecuencia, los Estados miembros deberán informar a la Comisión con la suficiente antelación para que esta pueda presentar sus observaciones sobre cualquier proyecto de concesión o modificación de ayudas. Por su lado, la Comisión no podrá oponerse a la concesión de las ayudas mediante una decisión negativa definitiva. Al examinar las ayudas, la Comisión tendrá en cuenta el hecho de que no existe una organización común de mercado a nivel comunitario y el hecho de que el Reglamento (CE) no 1782/2003 ha establecido el principio de que la ayuda comunitaria debe concederse normalmente en forma de ayuda disociada que no esté vinculada a productos específicos ni a la producción actual. Es preciso señalar también que determinadas organizaciones de mercado no contemplan ninguna ayuda interna comunitaria. Si los regímenes de ayudas nacionales siguen dicho principio, la Comisión no formulará observaciones, ni siquiera si las medidas en cuestión consisten en ayudas de funcionamiento, que suelen estar prohibidas. Cuando formule sus observaciones, la Comisión también tendrá en cuenta el riesgo de que la ayuda que se esté concediendo a un producto no sujeto a una organización común de mercado beneficie a la producción de un producto sujeto a una de dichas organizaciones. Este es el caso del sector de la patata. Si un Estado miembro no sigue las observaciones y recomendaciones de la Comisión, esta se reserva el derecho de recurrir al artículo 226 del Tratado.

(22)

El artículo 6 del Tratado dispone que «las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible». Las actividades a que se refiere el artículo 3 son la agricultura y la política de competencia. Por ello, en el futuro habrá que prestar una mayor atención a los aspectos medioambientales a la hora de presentar notificaciones de ayuda, y ello incluso en casos en los que esta no abarque específicamente tales aspectos. Por ejemplo, suponiendo un régimen de ayuda a la inversión cuyo objetivo sea aumentar la producción, y que acarree una mayor utilización de recursos naturales escasos o un aumento de la contaminación, tendrá que demostrarse que el régimen no infringe la legislación comunitaria de protección del medio ambiente ni causa daño alguno al entorno. En el futuro todas las notificaciones de ayuda estatal deberán contener una evaluación del impacto ambiental previsto de la actividad beneficiaria. En muchos casos, esto consistirá simplemente en confirmar que no se prevé impacto medioambiental alguno. La Comisión se reserva el derecho de exigir la información adicional, los compromisos y las condiciones que considere necesarios para asegurar una protección adecuada del medio ambiente.

(23)

La Comisión analizará todas las ayudas no comprendidas en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices de forma individual y teniendo en cuenta los principios establecidos en los artículos 87, 88 y 89 del Tratado, en la política agrícola común y en la política de desarrollo rural. Los Estados miembros que propongan ayudas para el sector agrario no comprendidas en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices tendrán que presentar una evaluación económica sobre el impacto positivo de la medida para el desarrollo del sector agrario y de los riesgos de distorsiones de la competencia que plantea la medida en cuestión. La Comisión solo aprobará dichas medidas si la contribución positiva al desarrollo del sector supera claramente los riesgos de falseamiento de la competencia.

(24)

A no ser que se precise lo contrario, todos los niveles de ayuda expuestos en las presentes Directrices se expresan en términos del total de ayuda, en forma de un porcentaje del volumen de los gastos subvencionables (equivalentes en subvención bruta).

(25)

El Reglamento (CE) no 1698/2005 establece una serie de medidas de ayuda al desarrollo rural. El presente capítulo de las Directrices establece las normas para las ayudas estatales en favor de dichas medidas y de algunas otras medidas estrechamente relacionadas con el desarrollo rural.

(26)

Al objeto de garantizar la coherencia entre las medidas de desarrollo rural propuestas para la financiación en el marco de los programas de desarrollo rural creados por los Estados miembros y las medidas de desarrollo rural financiadas a través de las ayudas estatales, toda notificación relativa a ayudas para la inversión (capítulos IV A y B), ayudas medioambientales y para el bienestar animal (capítulo IV C), ayudas destinadas a compensar desventajas en determinadas zonas (capítulo IV D), ayudas para el cumplimiento de las normas (capítulo IV E) y ayudas para la instalación de jóvenes agricultores (capítulo IV F) deberán ir acompañadas de documentación que demuestre que la ayuda estatal se enmarca en los correspondientes programas de desarrollo rural y es coherente con ellos. Las ayudas estatales que no sean coherentes con el correspondiente programa de desarrollo rural y, en particular, las ayudas estatales que den lugar a incrementos de capacidad para los que no se puedan encontrar salidas comerciales normales no serán autorizadas.

(27)

El presente subcapítulo es aplicable a la inversión relacionada con la producción primaria de los productos incluidos en el anexo I del Tratado. No se aplica a las inversiones realizadas en una explotación agrícola en favor de la transformación y comercialización de dichos productos.

(28)

Con el fin de determinar su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

a)

para la reestructuración y desarrollo del potencial físico y el fomento de la innovación, el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1698/2005 prevé una ayuda para inversiones materiales o inmateriales que mejoren el rendimiento global de la explotación agrícola;

b)

conforme a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1698/2005, en caso de que las inversiones se realicen a efectos del cumplimiento de las normas comunitarias, solo se beneficiarán de la ayuda las inversiones destinadas al cumplimiento de nuevas normas comunitarias. En tal caso, se podrá conceder a los agricultores un período de gracia para cumplir dichas normas, que no podrá superar 36 meses a partir de la fecha en que dichas normas pasen a ser obligatorias para la explotación agrícola. En el caso de los jóvenes agricultores beneficiarios de la ayuda para la instalación, se podrá conceder una ayuda para las inversiones destinadas a ajustarse a las normas comunitarias existentes, si dichas inversiones figuran en el plan empresarial a que se refiere el artículo 22, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1698/2005. El período de gracia en el que habrán de ajustarse a las normas no podrá superar los 36 meses desde la fecha de su instalación;

c)

el artículo 88, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1698/2005 prohíbe la ayuda estatal a la modernización de las explotaciones agrícolas que supere los porcentajes establecidos en el anexo de dicho Reglamento, que son los siguientes:

d)

la prohibición del artículo 88, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1698/2005 no se aplica a las ayudas relativas a las inversiones realizadas fundamentalmente por motivos de interés público y relacionadas con la conservación de paisajes tradicionales modificados por actividades agrícolas o forestales o el traslado de edificios agrícolas, inversiones para la protección y mejora del medio ambiente, inversiones para la mejora de las condiciones higiénicas de las explotaciones ganaderas y el bienestar de los animales y seguridad en el lugar de trabajo;

e)

cuando la necesidad de traslado se derive de una expropiación que, de acuerdo con la legislación del Estado miembro de que se trate, da lugar a compensación, el pago de la misma no será considerada normalmente ayuda estatal a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado;

f)

los Estados miembros que aplazan la aplicación de normas comunitarias obligatorias más allá de la fecha prevista en la legislación comunitaria pueden, con tales retrasos, proporcionar una ventaja comparativa a los agricultores frente a los agricultores de los Estados miembros que cumplen dichas nuevas normas de acuerdo con las fechas de aplicación previstas en la legislación comunitaria. Este riesgo de distorsión de la competencia no debería verse incrementado por la concesión de ayudas estatales de cuantías elevadas a unos agricultores que corren con los gastos de las nuevas normas más tarde de lo previsto en la legislación comunitaria. No obstante, cuando se establezca la intensidad de la ayuda adecuada para la inversión vinculada al cumplimiento de las nuevas normas, deberá tenerse también en cuenta el hecho de que dichas normas a menudo solo suponen gastos para el agricultor, sin incrementar el potencial de ganancia. Así pues, la intensidad máxima de la ayuda para las inversiones relacionadas con las nuevas normas deberá reservarse para aquéllas realizadas dentro del plazo previsto por la legislación comunitaria. Las inversiones realizadas posteriormente solo deberían beneficiarse de una ayuda de menor intensidad. Dicha intensidad deberá reflejar el retraso sufrido y debería reducirse a cero en algún momento determinado;

g)

por lo que atañe a la aplicación de la Directiva 91/676/CEE, deberían tenerse en cuenta los problemas y necesidades específicos de los Estados miembros que ingresaron en la Comunidad el 1 de mayo de 2004 y el 1 de enero de 2007;

h)

las ayudas estatales para la compra de material de ocasión deben aceptarse en favor de las pequeñas y medianas empresas, siempre que una reducción en el coste de dichos materiales pueda constituir un primer paso útil hacia la modernización, en particular para las explotaciones que comiencen desde un nivel técnico muy bajo y dispongan de poco capital. Las grandes empresas deberían recibir solo ayudas a la inversión para la adquisición de material nuevo.

(29)

La ayuda a la inversión en las explotaciones agrícolas se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1857/2006. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) no 1857/2006, podrán concederse ayudas de hasta el mismo porcentaje y en las mismas condiciones que las previstas en el citado artículo 4 para productos agrícolas específicos, así como para obras de saneamiento o equipos de riego y obras de regadío que no generen una reducción respecto al consumo anterior de agua del 25 %. El importe máximo de ayuda fijada en el artículo 4, apartado 9, del Reglamento (CE) no 1857/2006 no será aplicable.

(30)

La ayuda a la conservación de los paisajes y edificios tradicionales se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letras c) o d), del Tratado si cumple todas las condiciones del [artículo 5 del REC que sustituirá al Reglamento (CE) no 1/2004]. No obstante, el límite de 10 000 EUR fijado en el [artículo 5, apartado 2, del REC que sustituirá al Reglamento (CE) no 1/2004] podrá rebasarse en casos debidamente justificados.

(31)

La ayuda al traslado de los edificios agrícolas por motivos de interés se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones del [artículo 6 del REC que sustituirá al Reglamento (CE) no 1/2004].

(32)

La ayuda para las inversiones que supongan un aumento de costes derivado de la protección o mejora del medio ambiente, la mejora de las condiciones de higiene de empresas ganaderas o la promoción del bienestar animal se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones del [artículo 4, apartado 2, letra e), del REC que sustituirá al Reglamento (CE) no 1/2004]. Tratándose de gastos en inversiones realizadas fuera de plazo para el cumplimiento de las nuevas normas establecido por [el artículo 2, apartado 10, del REC que sustituirá al Reglamento (CE) no 1/2004], la intensidad máxima de la ayuda será de:

(33)

Las ayudas del 75 % para los costes adicionales de las inversiones efectuadas en los Estados miembros que ingresaron en la Comunidad el 1 de mayo de 2004 y el 1 de enero de 2007 para la aplicación de la Directiva 91/676/CEE, se declararán compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado hasta el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, respectivamente. Dicha intensidad de ayuda deberá limitarse a los costes subvencionables adicionales necesarios y no se aplicará en el caso de inversiones que produzcan un aumento de la capacidad de producción. La Comisión verificará con especial detenimiento la compatibilidad de las medidas de ayuda propuestas con los planes de actuación establecidos de conformidad con la Directiva 91/676/CEE.

(34)

Las ayudas del 50 % en zonas desfavorecidas o en las zonas que figuran en el artículo 36, letra a), incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) no 1698/2005, y el 40 % de las inversiones subvencionables en otras zonas, respecto de los gastos adicionales de las inversiones efectuadas para la aplicación de la Directiva 91/676/CEE, se declararán compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, en la medida en que estén subvencionadas con arreglo al Reglamento (CE) no 1698/2005. Dicha intensidad de ayuda deberá limitarse a los costes subvencionables adicionales necesarios y no se aplicará en el caso de inversiones que produzcan un aumento de la capacidad de producción. La Comisión verificará con especial detenimiento la compatibilidad de las medidas de ayuda propuestas con los planes de actuación establecidos de conformidad con la Directiva 91/676/CEE. Las medidas de ayuda para la aplicación de la Directiva 91/676/CEE declaradas compatibles con el Tratado por la Comisión antes de la entrada en vigor de las presentes Directrices podrán continuar hasta el 31 de diciembre de 2008, con los porcentajes de ayuda autorizados por la Comisión.

(35)

No se autorizará ninguna ayuda a la inversión para cumplir las normas comunitarias o nacionales existentes. Sin embargo, la ayuda a la inversión concedida a los jóvenes agricultores para las inversiones destinadas a ajustarse a las normas comunitarias o nacionales existentes se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, cuando se indique en el plan empresarial mencionado en el artículo 22, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1698/2005. Dicha ayuda se autorizará hasta un nivel del 60 % del importe de las inversiones subvencionables realizadas por jóvenes agricultores en las zonas desfavorecidas o en las zonas que figuran en el artículo 36, letra a), incisos i), ii) y iii), del Reglamento (CE) no 1698/2005, y hasta el 50 % de las inversiones subvencionables realizadas por jóvenes agricultores en otras zonas. La ayuda deberá limitarse a los gastos adicionales relativos a la aplicación de las normas realizados en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de la instalación.

(36)

Las notificaciones de la ayuda a la inversión para las explotaciones agrícolas deben ir acompañadas de documentación que demuestre que la ayuda se destina a objetivos claramente definidos que reflejan necesidades estructurales y territoriales determinadas, así como desventajas estructurales.

(37)

Cuando una organización común de mercado, incluidos los regímenes de ayuda directa, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) fije restricciones a la producción o limitaciones a la ayuda comunitaria a nivel de los agricultores individuales, las explotaciones o los centros de transformación, no deberá financiarse ninguna inversión mediante ayudas estatales que incrementen la producción superando dichas restricciones o limitaciones.

(38)

La Comisión aplicará también por analogía las normas establecidas en la presente sección a las inversiones destinadas a la producción agrícola primaria no efectuadas por agricultores, como, por ejemplo, en el caso de un equipo adquirido por una agrupación de productores para su utilización conjunta.

(39)

La Comisión no declarará la ayuda a la adquisición de material de ocasión compatible con el Tratado si dicha ayuda se concede a grandes empresas.

(40)

El presente subcapítulo es aplicable a las ayudas concedidas a la inversión en el sector de la transformación y la comercialización de los productos agrícolas.

(41)

Con el fin de determinar su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(42)

Las ayudas a la inversión concedida a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas se declararán compatibles con el artículo 87, apartado 3, letras a) o c), del Tratado, si se cumplen todas las condiciones de una de las disposiciones siguientes:

(43)

En consecuencia, y salvo mención en contrario en las presentes Directrices, por ejemplo para las ayudas relacionadas con la protección del medio ambiente, la Comisión solo autorizará las ayudas a la inversión para empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas, que tengan 750 empleados o más y un volumen de negocios igual o superior a 200 millones de EUR, si el beneficiario cumple todas las demás condiciones de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013, hasta un importe máximo determinado en el mapa de las ayudas regionales aprobado por los Estados miembros afectados para el período 2007-2013, en las regiones que pueden optar a las ayudas regionales. Las ayudas a la inversión que no cumplan estas condiciones normalmente serán declaradas incompatibles con el Tratado. No se concederán ayudas para la fabricación y comercialización de productos que imiten o sustituyan a la leche o los productos lácteos.

(44)

La Comisión declarará la ayuda a la adquisición de material de ocasión compatible con el Tratado solamente si dicha ayuda se concede a pequeñas y medianas empresas.

(45)

Las ayudas a la inversión con gastos subvencionables superiores a 25 millones de EUR, o en las que el importe real de la ayuda supere los 12 millones de EUR, han de ser notificadas específicamente a la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(46)

Las notificaciones de ayudas a la inversión relacionadas con la transformación y comercialización de productos agrícolas deben ir acompañadas de documentación que demuestre que la ayuda se destina a objetivos claramente definidos que reflejan necesidades estructurales y territoriales determinadas, así como desventajas estructurales.

(47)

Cuando una organización común de mercado, incluidos los regímenes de ayuda directa, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) fije restricciones a la producción o limitaciones a la ayuda comunitaria a nivel de los agricultores individuales, las explotaciones o los centros de transformación, no deberá financiarse ninguna inversión en virtud de ayudas estatales que incrementen la producción superando dichas restricciones o limitaciones.

(48)

Salvo que se especifique explícitamente lo contrario, el presente subcapítulo solo es aplicable a las ayudas concedidas a los productores primarios (agricultores).

(49)

Con el fin de determinar su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(50)

Con el fin de determinar su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(51)

La ayuda para los compromisos agroambientales o relativos al bienestar de los animales se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones establecidas en los artículos 39 y 40 del Reglamento (CE) no 1698/2005, y en las pertinentes normas de desarrollo aprobadas por la Comisión.

(52)

Cuando notifiquen una ayuda estatal concedida en favor de compromisos agroambientales o relativos al bienestar animal, los Estados miembros tienen que comprometerse a adaptar dichos regímenes a cualquier modificación importante del Reglamento (CE) no 1698/2005 o de sus normas de desarrollo aprobadas por la Comisión.

(53)

Todo Estado miembro que desee conceder ayudas adicionales que superen los importes máximos fijados de conformidad con el artículo 39, apartado 4, o el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005 deberá demostrar que la medida cumple todas las condiciones fijadas por dicho Reglamento y por las pertinentes normas de desarrollo. Asimismo, deberá justificar los pagos adicionales y facilitar un desglose detallado de los componentes del gasto implicado sobre la base de las rentas no percibidas y los costes adicionales derivados del compromiso contraído.

(54)

Las ayudas que superen los importes establecidos en el anexo del Reglamento (CE) no 1698/2005 en principio solo se declararán compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si se conceden para costes adicionales y/o pérdidas de ingresos demostrados, en casos excepcionales y teniendo en cuenta circunstancias específicas que han de ser debidamente justificadas, en favor de compromisos que constituyan un verdadero cambio de la práctica agrícola habitual y que den lugar a un efecto positivo demostrable y significativo en el medio ambiente. A menos que puedan demostrarse beneficios excepcionales para la protección del medio ambiente, no se autorizará esta ayuda más elevada en favor de agricultores cuya propuesta sea simplemente no cambiar las prácticas agrícolas actuales en las tierras en cuestión (por ejemplo, no pasar del pastoreo extensivo a formas de producción más intensivas).

(55)

Si un Estado miembro desea compensar los costes de transacción generados por la suscripción de compromisos medioambientales o de bienestar de los animales, deberá presentar pruebas convincentes de dichos costes, en particular presentando comparaciones de costes con explotaciones que no hayan suscrito dichos compromisos. En consecuencia, la Comisión no autorizará normalmente las ayudas estatales para costes de transacción para la continuación de compromisos medioambientales o relativos al bienestar animal que hayan sido suscritos en el pasado, a menos que un Estado miembro demuestre que dichos costes siguen produciéndose o que se está incurriendo en nuevos costes de transacción.

(56)

En los casos en los que los costes de transacción se calculen a partir de costes medios y/o de explotaciones medias, los Estados miembros deberán demostrar que las grandes explotaciones, en particular, no están siendo compensadas en exceso. Al objeto de calcular la compensación, los Estados miembros deberán tener en cuenta si los costes de transacción de que se trate se han producido por explotación o por hectárea.

(57)

La ayuda para los costes de inversiones no productivas vinculadas con el cumplimiento de compromisos contraídos en virtud de los compromisos de carácter agroambiental podrá concederse hasta un 100 % de los gastos subvencionables. A tal efecto, las inversiones no productivas no deberán dar lugar a un aumento sensible del valor o del rendimiento agrícolas.

(58)

Cuando, de forma excepcional, un Estado miembro proponga la concesión de ayudas estatales en virtud de compromisos de una duración inferior a la prescrita por el Reglamento (CE) no 1698/2005, deberá justificarla de forma detallada, adjuntando una demostración de que los efectos medioambientales de la medida pueden conseguirse íntegramente en el menor espacio de tiempo propuesto. La cuantía de la ayuda debe reflejar la duración más corta de los compromisos.

(59)

Para determinar la política futura, se han tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(60)

La Comisión declarará compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado las ayudas estatales si estas cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 38 del Reglamento (CE) no 1698/2005 y las pertinentes normas de desarrollo aprobadas por la Comisión. Solo se permitirán ayudas por obligaciones que vayan más allá de las obligaciones de condicionalidad y de las condiciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1782/2003. Las ayudas que no se ajusten al principio de que quien contamina paga deberán ser excepcionales, temporales y decrecientes.

(61)

La ayuda a la inversión para los agricultores relacionada con la protección medioambiental se trata en el capítulo IV.A anterior.

(62)

La Comisión examinará cualquier otra ayuda en favor de la protección del medio ambiente a partir de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, que de este modo se declaran aplicables al sector agrario. En caso de que dichas Directrices se modifiquen o sustituyan, serán aplicables las nuevas disposiciones, a menos que se especifique otra cosa en dichas normas.

(63)

La ayuda para la protección del medio ambiente en favor de empresas dedicadas a la transformación y comercialización en el sector agrario, se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente. En el caso de la ayuda a la inversión en favor de la protección del medio ambiente, podrá aplicarse un nivel máximo de ayuda más elevado como resultado de la aplicación de las normas para las ayudas a la inversión establecidas en el capítulo IV.B. anterior.

(64)

El presente subcapítulo solo es aplicable a las ayudas concedidas a la producción primaria (agricultores).

(65)

El artículo 37 del Reglamento (CE) no 1698/2005 establece ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales en zonas de montaña de un máximo de 250 EUR por cada hectárea de SAU y ayudas a otras zonas con dificultades de un máximo de 150 EUR por cada hectárea de SAU. Se podrán conceder ayudas superiores a los importes máximos en casos debidamente justificados, siempre que el importe medio de todas las ayudas abonadas en el Estado miembro de que se trate no supere dicho importe máximo. El artículo 88, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005 prohíbe el pago de ayudas estatales destinadas a compensar a los agricultores por las dificultades naturales en las zonas de montaña y en otras zonas con dificultades cuando dichas ayudas no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 37. No obstante, en casos debidamente justificados, podrán concederse ayudas suplementarias que excedan de los importes fijados con arreglo al artículo 37, apartado 3.

(66)

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 94 del Reglamento (CE) no 1698/2005, el artículo 37 y el artículo 88, apartado 3, serán aplicables a partir del 1 de enero de 2010, previo acto del Consejo adoptado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 37 del Tratado. Hasta entonces, de conformidad con el artículo 93, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1698/2005, las disposiciones pertinentes del Reglamento (CE) no 1257/1999 se mantienen, y en particular, el artículo 14, apartado 2, el artículo 15 y el artículo 51, apartado 3, del citado Reglamento. El Reglamento (CE) no 1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, que modifica el Reglamento (CE) no 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (24) incrementó de 200 EUR a 250 EUR el importe medio máximo por hectárea que podría concederse en base al artículo 15 del Reglamento (CE) no 1257/1999, en casos debidamente justificados por circunstancias objetivas. Al contrario que el artículo 88, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005, el artículo 51, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1257/1999 prohíbe que las ayudas estatales superen el importe máximo establecido en el anexo del Reglamento, es decir, las ayudas estatales superiores a un promedio de 250 EUR por hectárea.

(67)

Debe establecerse un método consecuente para calcular el impacto económico de las dificultades reconocidas, basado en la experiencia adquirida por la Comisión. Dicho método garantizará en particular que no se compensa en exceso el efecto económico de las dificultades naturales.

(68)

Deberán evitarse el falseamiento de la competencia y los desequilibrios graves de los niveles globales de ayuda entre los Estados miembros. En consecuencia, debe fijarse un límite máximo para la compensación.

(69)

Estas normas podrán ser revisadas después de la entrada en vigor del artículo 37 y el artículo 88, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005.

(70)

Hasta la entrada en vigor del artículo 37 y el artículo 88, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005, la Comisión declarará las ayudas estatales compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, si cumplen todas las condiciones del artículo 14, apartado 1, de los dos primeros guiones del artículo 14, apartado 2, y del artículo 15 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo y todas las normas de desarrollo aprobadas por la Comisión, y si los beneficiarios cumplen las obligaciones de condicionalidad.

(71)

Cuando unas determinadas ayudas estatales se combinen con ayudas concedidas con arreglo al Reglamento (CE) no 1257/1999, el nivel total de ayuda concedido al agricultor no deberá superar el máximo determinado por el artículo 15 de dicho Reglamento.

(72)

A partir de la entrada en vigor del artículo 37 y del artículo 88, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1698/2005, la Comisión declarará las ayudas estatales compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, si cumplen todas las condiciones de estos artículos, y todas las normas de desarrollo aprobadas por el Consejo o la Comisión.

(73)

En todos los casos, tanto para la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) no 1257/1999 como para la del Reglamento (CE) no 1698/2005, la ayuda estatal solo se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado si se concede en las siguientes condiciones:

(74)

La Comisión, en coherencia con las normas del desarrollo rural, se reserva el derecho de exigir ayudas decrecientes para las explotaciones que superen un tamaño dado. Para tal fin, las notificaciones deberán especificar el tamaño de la explotación que vaya a ser beneficiaria de estas ayudas.

(75)

El presente subcapítulo solo es aplicable a las ayudas concedidas a la producción primaria (agricultores).

(76)

Con el fin de determinar su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(77)

La Comisión declarará la ayuda estatal compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones del artículo 31 y del artículo 88, apartado 5 o 6, del Reglamento (CE) no 1698/2005 y todas las normas de desarrollo aprobadas por la Comisión.

(78)

La ayuda que supere el límite máximo establecido en el anexo del Reglamento (CE) no 1698/2005 no sufragará más del 80 % de los costes y las pérdidas de ingresos ocasionados a los agricultores. En conjunto, y teniendo en cuenta cualquier ayuda comunitaria que pueda concederse, la ayuda no superará 12 000 EUR por explotación. Este importe no podrá ser rebasado durante ningún período de cinco años en el caso de una compensación concedida por cumplir más de una norma.

(79)

La ayuda solo podrá concederse en relación con normas que, si se calcula para una explotación media del sector y del Estado miembro afectados por la norma, sean la causa directa demostrable de:

(80)

La ayuda solo podrá concederse en relación con normas que den lugar a este tipo de incremento de los costes de explotación o pérdida de ingresos como mínimo en el 25 % del total de explotaciones del (sub)sector en el Estado miembro afectado por la norma.

(81)

En relación con las normas nacionales, el Estado miembro deberá demostrar que la introducción de la correspondiente norma a nivel nacional correría el riesgo de provocar una importante desventaja desde el punto de vista competitivo a los productores afectados. La demostración de dicha desventaja deberá hacerse basándose en los márgenes de beneficio neto medios para las explotaciones medias del (sub)sector afectado por la norma.

(82)

El presente subcapítulo solo es aplicable a las ayudas concedidas a la producción primaria (agricultores).

(83)

El objetivo de las ayudas al establecimiento de jóvenes agricultores es desarrollar el sector en su conjunto y evitar la despoblación de las zonas rurales. El artículo 22 del Reglamento (CE) no 1698/2005 establece en consecuencia un régimen comunitario para apoyar la instalación de jóvenes agricultores.

(84)

La Comisión declarará compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado las ayudas estatales para la instalación de los jóvenes agricultores si estas cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 22 del Reglamento (CE) no 1698/2005 y todas las normas de desarrollo de dicho Reglamento aprobadas por la Comisión.

(85)

El presente capítulo solo es aplicable a las ayudas concedidas a la producción primaria (agricultores).

(86)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(87)

La Comisión declarará las ayudas estatales a la jubilación anticipada compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si estas cumplen las condiciones establecidas en el artículo 23 del Reglamento (CE) no 1698/2005. La Comisión autorizará pagos que superen los importes máximos establecidos en dicho Reglamento siempre que el Estado miembro demuestre que dicho pago no se transfiere a agricultores activos.

(88)

Siempre que se cumpla la condición de cese definitivo de la actividad agrícola con fines comerciales, la Comisión autorizará las ayudas estatales para la retirada de agricultores de cualquier actividad agrícola.

(89)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones: debido a la naturaleza dispar de la producción agrícola, la Comisión ha solido adoptar una actitud favorable hacia las ayudas a la creación y puesta en marcha («start-up»), encaminadas a incentivar la constitución de agrupaciones de productores, con el objetivo de fomentar la asociación de los agricultores, a fin de concentrar sus suministros y adaptar su producción a las necesidades del mercado. Con el fin de dirigir la ayuda hacia las pequeñas agrupaciones de productores y para evitar que se concedan grandes importes, conviene limitar dicha ayuda, sin embargo, a las pequeñas y medianas empresas, dentro de un importe máximo.

(90)

La Comisión declarará compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado las ayudas a la creación y puesta en marcha concedidas a agrupaciones de productores si cumplen todas las condiciones establecidas en el [artículo 9 del proyecto de Reglamento de exención].

(91)

Las ayudas concedidas a otro tipo de asociaciones agrícolas cuyos objetivos se realizan en la fase de la producción, tales como las asociaciones de auxilio mutuo y servicios de sustitución en la explotación y gestión agrícolas, sin intervenir en la adaptación conjunta de la oferta al mercado, no están cubiertas por la presente sección. Sin embargo, la Comisión aplicará los principios establecidos en la presente sección a las ayudas dirigidas a sufragar los costes iniciales de asociaciones de productores responsables de supervisar la utilización de denominaciones de origen y marcas de calidad.

(92)

Las ayudas concedidas a agrupaciones o uniones de productores con el fin de sufragar costes no relacionados con su creación y puesta en marcha, tales como inversiones o actividades de promoción, serán evaluadas con arreglo a las normas que rigen dichas ayudas.

(93)

Los regímenes de ayuda autorizados con arreglo a la presente sección estarán sujetos a la condición de que se realicen las modificaciones que sean oportunas para adaptarlos a cualquier cambio en las disposiciones que rigen las organizaciones comunes de mercado.

(94)

Como alternativa a la concesión de ayudas a las agrupaciones o uniones de productores, tales ayudas, y hasta el mismo importe global, podrán concederse directamente a los productores con el fin de compensarles su contribución a los costes de funcionamiento de las agrupaciones durante los primeros cinco años siguientes a la constitución de la agrupación. La Comisión no autorizará ayudas estatales para los gastos cubiertos por el presente subcapítulo en favor de grandes empresas.

(95)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(96)

La Comisión declarará las ayudas a la concentración parcelaria compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado si cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 13 [del nuevo Reglamento de exención].

(97)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(98)

La Comisión declarará la ayuda estatal para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad, concedida a los productores primarios (agricultores), compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones del [artículo 14 del futuro Reglamento de exención].

(99)

La Comisión declarará la ayuda estatal para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad, concedida a empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas, compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 70/2001.

(100)

La Comisión no autorizará ayudas estatales para los gastos cubiertos por el presente subcapítulo en favor de grandes empresas.

(101)

Las ayudas de inversión necesarias para mejorar las instalaciones de producción, incluidas las inversiones necesarias para gestionar el sistema de documentación y efectuar controles del proceso y de los productos, solo podrán concederse de acuerdo con lo establecido en los capítulos IV.A y IV.B anteriores, según convenga.

(102)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(103)

La Comisión declarará la ayuda estatal para la prestación de apoyo técnico al sector agrario concedida a los productores primarios (agricultores) compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones del [artículo 15 del futuro Reglamento de exención].

(104)

La prestación de apoyo técnico a los productores primarios (agricultores) podrá ser llevada a cabo por agrupaciones de productores u otras organizaciones, independientemente de su tamaño.

(105)

La Comisión declarará la ayuda estatal para la prestación de apoyo técnico concedida a empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las condiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 70/2001.

(106)

La Comisión no autorizará ayudas estatales para los gastos cubiertos por los puntos 104 y 105 en favor de grandes empresas.

(107)

La Comisión estudiará caso por caso la ayuda estatal en favor de otras actividades para la divulgación de nuevas técnicas, como proyectos piloto o proyectos de demostración de escala razonablemente reducida. El Estado miembro deberá presentar una descripción clara del proyecto en la que se incluya una explicación de su carácter novedoso y del interés público que revestiría la concesión de una ayuda (por ejemplo, porque no ha sido probado con anterioridad) y demostrar que cumple las siguientes condiciones:

(108)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(109)

La Comisión declarará las ayudas estatales al sector de la ganadería compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, letras a), b) y c), y en el artículo 16, apartado 3, del [nuevo Reglamento de exención]. La Comisión no autorizará ayudas estatales para los gastos cubiertos por el presente capítulo en favor de grandes empresas.

(110)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(111)

La Comisión estudiará caso por caso las propuestas de concesión de ayudas estatales destinadas a cubrir las necesidades de dichas regiones, basándose en las disposiciones jurídicas específicas aplicables a dichas regiones, y teniendo en cuenta la compatibilidad de las medidas afectadas con los programas de desarrollo rural para las regiones en cuestión y sus efectos en la competencia tanto en las regiones afectadas como en otras partes de la Comunidad.

(112)

Una buena gestión de los riesgos y las crisis constituye un instrumento esencial para un sector agrario sostenible y competitivo en la Comunidad. El debate se ha visto estimulado últimamente por la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre la gestión de riesgos y crisis en la agricultura (27). Tras su examen en el Consejo durante 2005, este concluyó (28) de forma unánime que las ayudas estatales para medidas de gestión de riesgos y crisis deben estar sometidas a normas comunitarias adecuadas en el ámbito de la competencia. El Consejo acordó que los instrumentos de gestión de riesgos acogidos a financiación deben conformarse a las disposiciones previstas en las Directrices de la Comunidad relativas a las ayudas públicas en el sector agrario. Existe una amplio consenso entre los Estados miembros sobre el hecho de que, aunque la financiación pública puede ser esencial, especialmente para la creación y la correcta puesta en marcha de nuevos instrumentos, también es fundamental la responsabilidad compartida y, por consiguiente, una aportación financiera por parte de los productores agrícolas.

(113)

Para determinados tipos de riesgos y crisis en el sector agrario, la concesión de ayuda estatal puede ser un medio de apoyo adecuado. Sin embargo, tiene que tenerse siempre presente que un Estado miembro no tiene obligación alguna de conceder efectivamente ayudas estatales. Por consiguiente, en caso de riesgos o crisis semejantes, puede ser que los productores de un Estado miembro o región reciban ayuda mientras que los de otros Estados miembros o regiones no la reciban. Estas diferencias en cuanto al apoyo pueden falsear la competencia. Por lo tanto, al igual que para otros tipos de ayudas estatales, la autorización de ayudas estatales para la gestión de riesgos y crisis debe tener en consideración la necesidad de evitar un falseamiento excesivo de la competencia. Para reducir el riesgo de falseamiento de la competencia y como incentivo para minimizar el riesgo, deberá contemplarse el exigir a los productores una aportación mínima para las pérdidas o los costes de dichas medidas o alguna otra contrapartida adecuada.

(114)

La producción primaria (agricultura) es la que está expuesta a los riesgos y crisis específicos con que se enfrenta el sector agrario. Las empresas que se dedican a la transformación y comercialización de productos agrícolas suelen tener muchas más posibilidades de protegerse contra los riesgos. Así pues, determinados tipos de ayuda para los riesgos y crisis deberían limitarse a la producción primaria.

(115)

Deberá limitarse la ayuda estatal para ayudar a los agricultores que se enfrentan con diversas dificultades a pesar de haber realizado esfuerzos razonables para minimizar dichos riesgos. La ayuda estatal no deberá incitar a los agricultores a correr riesgos innecesarios. Los agricultores deberán cargar ellos mismos con las consecuencias de las elecciones imprudentes de métodos de producción o de productos.

(116)

Basándose en estas consideraciones, la Comisión ha revisado la serie de medidas de gestión de los riesgos y crisis actualmente en vigor que puede ser financiada por medio de ayudas estatales. La conclusión de dicha revisión es que la actual combinación de instrumentos es adecuada, pero debería refinarse a la luz de la experiencia. A la luz de la evaluación y revisión a gran escala de la política comunitaria de compensación por enfermedades animales que está todavía en curso, no obstante será necesario revisar el subcapítulo V.B.4 en cuanto haya concluido dicha evaluación.

(117)

La introducción en 2005 de una disposición de minimis  (29) a nivel de la producción primaria ofrece un instrumento adicional a los Estados miembros para conceder un mínimo de ayuda rápidamente y sin ninguna necesidad de obtener la autorización de la Comisión. La inclusión de empresas de transformación y comercialización agrícolas en el Reglamento de minimis que cubre a las empresas no agrícolas, y que abre la posibilidad de ayuda de hasta [200 000 EUR] por empresa y por período de tres ejercicios fiscales, constituye una facilidad adicional para apoyar a dichas empresas. Sin embargo, debe quedar claro que la ayuda de minimis no puede resolver los problemas económicos de mayor importancia producto de una crisis. Cualquier ayuda de más envergadura ha de ser concedida en un marco de ayuda estatal que garantice el control de la Comisión y evite el falseamiento de la competencia.

(118)

Es necesario dejar claro que dichas normas en materia de ayudas estatales no pueden por sí solas constituir una gestión de crisis óptima, ni remplazarla. La ayuda estatal solo puede hacerla más fácil en determinadas circunstancias. Una crisis puede producirse de un día para otro, exigiendo una rápida reacción. Una gestión de la crisis efectiva exige que los Estados miembros reflexionen con prontitud sobre las medidas de ayudas estatales que habrán de estar disponibles. Corresponde a los Estados miembros examinar las diferentes posibilidades de apoyo con ayudas estatales y establecer los regímenes a tiempo, para que puedan ser utilizados inmediatamente en caso de problemas graves. De otro modo, la necesidad de establecer un sistema de compensación, notificarlo y pedir la autorización de la Comisión puede llevar un tiempo precioso antes de que la ayuda pueda ofrecerse a los más necesitados.

(119)

Con el fin de evitar el riesgo de falseamiento de las condiciones de competencia, la Comisión considera que es importante garantizar que las ayudas destinadas a compensar a las empresas los daños sufridos por la producción agrícola se paguen lo antes posible después del acontecimiento climático adverso. Cuando las ayudas se pagan varios años después del mismo, existe el peligro de que produzcan los mismos efectos económicos que las ayudas de funcionamiento. Esto sucede sobre todo cuando se pagan ayudas con carácter retroactivo para satisfacer unas solicitudes que en su momento no estuvieron suficientemente documentadas. Por lo tanto, si no se facilita una motivación específica, derivada, por ejemplo, de la naturaleza o amplitud del acontecimiento, o del efecto continuado o retardado de los daños, la Comisión no aprobará propuestas de ayuda presentadas más de tres años después del acontecimiento, ni ayudas que hayan de pagarse más de cuatro años después de que haya sucedido este.

(120)

El presente subcapítulo se aplica a todo el sector agrario.

(121)

Por constituir excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común, tal como se establece en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, la Comisión ha considerado siempre que los conceptos de «desastre natural» y «acontecimiento de carácter excepcional» del artículo 87, apartado 2, letra b), deben ser interpretados de forma restrictiva. Esto ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (30). La Comisión ha aceptado que los terremotos, avalanchas, corrimientos de tierras e inundaciones pueden constituir desastres naturales. Con el fin de facilitar una rápida gestión de la crisis, la Comisión autorizará en el futuro regímenes de ayuda para compensar los daños provocados por desastres naturales en forma de terremotos, avalanchas, corrimientos de tierras, inundaciones y otros desastres naturales, a condición de que pueda establecerse una descripción suficientemente precisa.

(122)

Entre los acontecimientos de carácter excepcional aceptados hasta el momento por la Comisión pueden incluirse las guerras, alteraciones internas y huelgas y, con ciertas reservas y según su envergadura, los grandes accidentes nucleares e industriales y los incendios que ocasionen pérdidas generalizadas. La Comisión no acepta, sin embargo, que un incendio en un único centro de transformación, cubierto por otra parte por un seguro comercial ordinario, constituya un acontecimiento de carácter excepcional. Como regla general, la Comisión no acepta que la aparición de enfermedades animales o vegetales pueda considerarse un desastre natural o un acontecimiento de carácter excepcional. Sin embargo, en una ocasión la Comisión reconoció que la aparición generalizada de una enfermedad animal totalmente nueva constituía un acontecimiento de carácter excepcional. Debido a la dificultad de prever este tipo de acontecimientos, la Comisión seguirá evaluando las propuestas de concesión de ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado de forma individual y teniendo en cuenta la práctica seguida anteriormente en esta materia.

(123)

Una vez demostrada la existencia de un desastre natural o de un acontecimiento de carácter excepcional, la Comisión autorizará ayudas para compensar hasta un 100 % los daños materiales. Las compensaciones se calcularán normalmente por beneficiario individual. Con el fin de evitar un exceso de compensación, se deducirán de la cuantía de la ayuda todas las sumas percibidas en virtud de, por ejemplo, pólizas de seguro. La Comisión autorizará también ayudas destinadas a compensar por la pérdida de renta a raíz de la destrucción de medios de producción agrícola, siempre que no se produzca un exceso de compensación. En todos los casos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que el Estado miembro demuestre una relación directa entre los daños causados por el acontecimiento de carácter excepcional y la ayuda estatal, requiriéndose una evaluación lo más precisa posible de los daños sufridos por los productores afectados.

(124)

El presente subcapítulo solo es aplicable a las ayudas concedidas a la producción primaria (agricultores).

(125)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(126)

La Comisión declarará compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado las ayudas por pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos si cumplen todas las condiciones establecidas en el [artículo 11 del futuro Reglamento de exención].

(127)

Para que la Comisión pueda evaluar correctamente este tipo de ayudas, las notificaciones relativas a daños causados por este concepto deben incluir toda la información meteorológica oportuna. Dicha información también podrá proporcionarse a posteriori en forma de informes anuales, de acuerdo con los requisitos de la última frase del [artículo 20, apartado 3, del futuro Reglamento de exención].

(128)

La Comisión aceptará otros métodos diferentes de cálculo de la producción normal, por ejemplo índices regionales de referencia, siempre que sean representativos y no se basen en rendimientos anormalmente altos. Si las condiciones climáticas adversas han afectado en la misma medida a una zona extensa, los pagos de la ayuda podrán basarse en las pérdidas medias, siempre que estas sean representativas y que no den lugar a la sobrecompensación significativa de ningún beneficiario.

(129)

Los destinatarios de las ayudas descritas en el presente subcapítulo son únicamente los agricultores o, de forma alternativa, las organizaciones de productores a las que pertenezca el agricultor, y la cuantía de la ayuda no deberá superar la pérdida real sufrida por el agricultor.

(130)

En el caso de las pérdidas sufridas a partir del 1 de enero de 2010, la Comisión no aplicará la condición del [artículo 11, apartado 8, del futuro Reglamento de exención] solo si un Estado miembro puede demostrar de forma convincente que, a pesar de todos los esfuerzos razonables realizados, no se podía conseguir en el momento en que se produjo el daño un seguro asequible que cubriese los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o región en cuestión.

(131)

El presente subcapítulo solo es aplicable a las ayudas concedidas a los productores primarios (agricultores). A la luz de la evaluación y revisión a gran escala de la política comunitaria de compensación por enfermedades animales que está todavía en curso, no obstante será necesario revisar el subcapítulo pertinente en cuanto haya concluido dicha evaluación.

(132)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(133)

La Comisión declarará las ayudas destinadas a la lucha contra enfermedades animales y vegetales compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen todas las condiciones establecidas en el [artículo 10 del futuro Reglamento de exención].

(134)

La Comisión declarará las ayudas estatales relativas a las pruebas de las EET y al ganado muerto compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen todas las condiciones establecidas en el [artículo 16 del futuro Reglamento de exención].

(135)

En relación con el ganado muerto y los residuos de los mataderos, la Comisión no autorizará las siguientes ayudas estatales:

(136)

Si las ayudas se concedieran con arreglo a regímenes comunitarios, nacionales o regionales, la Comisión exigirá una prueba de que no existe posibilidad de exceso de compensación debido a la acumulación de diferentes regímenes. En caso de autorización de ayudas comunitarias, deberá facilitarse la fecha y los demás datos de la Decisión correspondiente de la Comisión.

(137)

La Comisión autorizará este tipo de ayuda estatal en favor de los agricultores únicamente.

(138)

El presente subcapítulo solo es aplicable a los productores primarios (agricultores).

(139)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(140)

La Comisión declarará las ayudas para el pago de primas de seguro compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumplen todas las condiciones establecidas en el [artículo 12 del futuro Reglamento de exención].

(141)

La Comisión examinará de forma individual las demás ayudas en materia de seguros contra desastres naturales y acontecimientos de carácter excepcional, especialmente tratándose de regímenes de reaseguro o de ayudas destinadas a productores en zonas de alto riesgo.

(142)

La Comisión no autorizará este tipo de ayuda estatal para el pago de primas de seguro en favor de grandes empresas y de empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas.

(143)

La Comisión considera de forma positiva las ayudas destinadas al abandono de capacidad en el sector de la agricultura siempre que sean coherentes con las disposiciones comunitarias de reducción de la capacidad de producción y se cumplan ciertas condiciones, entre ellas:

(144)

La Comisión declarará las ayudas destinadas al abandono de capacidad compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si se cumplen las siguientes condiciones:

(145)

Las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis en el sector agrario serán examinadas con arreglo a las vigentes Directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (36).

(146)

Desde el año 2002, la ayuda para la creación de empleo en el sector agrario se regula mediante el Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo (37). Las normas definidas en dicho Reglamento constituyen un marco coherente para esta ayuda. La ayuda al empleo limitada al sector agrario pero que cumple todas las demás condiciones del Reglamento no está exenta. Debido a las características específicas del sector agrario, y en particular de la producción primaria, los Estados miembros pueden tener interés en introducir regímenes de ayuda específicos para el empleo en este sector. En la medida en que dicha ayuda está abierta a todo el sector agrario, sin limitar el apoyo a determinados productos, sus beneficios parecen contrarrestar el riesgo de falseamientos resultantes de este tipo de enfoque.

(147)

La Comisión declarará la ayuda estatal para el empleo en el sector agrícola compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado, si cumple todas las condiciones de los artículos 1 y 2, así como de los artículos 4 a 9, del Reglamento (CE) no 2204/2002. La ayuda limitada al sector agrario se autorizará en las mismas condiciones.

(148)

Las ayudas de investigación y desarrollo serán analizadas con arreglo a los criterios establecidos en el Encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo (38), incluida la posibilidad de ayuda adicional para la investigación en favor del sector agrario.

(149)

En aras de la integridad, debe señalarse que, aparte de los instrumentos de ayuda y normas arriba descritos, también es aplicable al sector agrario la siguiente normativa relativa a la definición de ayuda y a la compatibilidad de la ayuda con el Tratado:

(150)

Si se revisa cualquiera de estos instrumentos de ayuda, la intención de la Comisión es mantener su política de incluir la agricultura, a menos que parezca haber razones convincentes que determinen un tratamiento específico para el sector agrario.

(151)

En cuanto a la aplicación del artículo 86, apartado 2, del Tratado en el sector agrario, es preciso señalar que la Comisión ha mantenido que las empresas que producen y comercializan los productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado, sujetos a una organización común de mercados, no pueden considerarse empresas encargadas de gestionar servicios de interés económico general, según lo definido en el artículo 86, apartado 2, del Tratado (48).

(152)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(153)

La ayuda a las campañas de publicidad dentro de la Comunidad se declarará compatible con el Tratado si se cumplen las siguientes condiciones:

(154)

Cuando la campaña publicitaria esté destinada a denominaciones reconocidas por la Comunidad, podrá hacerse referencia al origen de los productos siempre que la referencia corresponda exactamente a aquellas referencias que han sido registradas por la Comunidad.

(155)

En el caso de las etiquetas de calidad de carácter nacional o regional, el origen de los productos podrá mencionarse como mensaje subsidiario. Para evaluar si el origen es realmente un mensaje subsidiario, la Comisión tendrá en cuenta la importancia global del texto y/o del símbolo, incluidos las imágenes y la presentación general, que hagan referencia al origen, y la importancia del texto y/o del símbolo relativos al argumento clave de venta del anuncio, es decir, la parte del mensaje publicitario que no se centra en el origen.

(156)

El porcentaje de ayuda directa no superará el 50 %. Si la contribución del sector asciende al menos al 50 % de los costes, sea cual fuere la forma de la contribución, la intensidad de la ayuda podrá llegar hasta el 100 %.

(157)

Por otro lado, las ayudas estatales para publicidad de hasta el 100 % serán declaradas compatibles si son de carácter genérico y redundan en beneficio de todos los productores del tipo de producto de que se trate. En este tipo de publicidad no se podrá hacer ninguna mención al origen del producto. La publicidad podrá ser realizada por agrupaciones de productores u otras organizaciones, independientemente de su tamaño.

(158)

Las actividades de publicidad cuyo presupuesto anual supere 5 millones de EUR serán notificadas de forma individual.

(159)

La Comisión examinará y autorizará la ayuda estatal en favor de la publicidad en terceros países compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si se atiene a los principios del Reglamento (CE) no 2702/1999. Sin embargo, la Comisión no declarará compatible la ayuda estatal para publicidad que:

(160)

Con el fin de establecer su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(161)

La Comisión no declarará la ayuda estatal para préstamos a corto plazo compatible con el Tratado.

(162)

La posibilidad de conceder tipos impositivos reducidos y excepciones en la tributación del sector agrario existe en la legislación sobre impuestos especiales de la Comunidad desde 1993. Hasta el momento no se ha establecido ninguna política clara acerca de la compatibilidad de estas medidas con las normas en materia de ayudas estatales. La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (54), actualmente en vigor, permite a los Estados miembros aplicar exenciones fiscales, reducciones impositivas, diferenciación de tipos y devoluciones de impuestos. Su artículo 26, apartado 2, pone de relieve explícitamente que «las medidas tales como exenciones fiscales, reducciones impositivas, diferenciación de tipos y devoluciones de impuestos en el sentido de la presente Directiva podrán constituir ayuda estatal, y en tal caso deberán notificarse a la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 88 del Tratado».

(163)

Las medidas en cuestión, efectivamente, pueden constituir una ayuda estatal por las razones siguientes: pueden considerarse financiadas con fondos públicos ya que, al aplicarlas, el Estado se priva de recursos financieros; si se aplican en un sector específico de la economía, constituyen una ventaja para determinadas empresas o determinados tipos de productos; pueden falsear o amenazar con falsear la competencia en un sector sensible como es la agricultura, en que los flujos comerciales son muy intensos.

(164)

Es necesario establecer una serie de normas al objeto de evaluar la compatibilidad de dichas medidas con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(165)

El artículo 8 de la Directiva 2003/96/CE establece que los niveles mínimos de imposición fijados tal y como se establece en el cuadro B del anexo I del mismo se aplicarán a los productos utilizados como carburante de automoción para fines agrarios, hortícolas y silvícolas.

(166)

El artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2003/96/CE establece que los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y a la electricidad utilizados para fines agrarios, hortícolas y silvícolas, pero también que, antes del 1 de enero de 2008, basándose en una propuesta de la Comisión, el Consejo estudiará la posibilidad de rechazar la aplicación del tipo impositivo cero.

(167)

La Comisión tiene en cuenta estas disposiciones al elaborar sus normas para la compatibilidad de las ayudas estatales para la producción primaria en el sector agrario, al tiempo que garantiza que no se aplica ninguna diferenciación de tipos impositivos en el sector agrario. Cuando una medida fiscal prevista en los artículos 8 y 15, apartado 3, de la Directiva 2003/96/CE se aplica por igual a todo el sector agrario, la Comisión considera que dicha medida puede contribuir al desarrollo del sector. Hasta el momento, la Comisión solo ha recibido notificaciones relativas a reducciones impositivas en relación con los carburantes de automoción usados en la producción agrícola primaria. A la vista del hecho de que estas reducciones se basan en las cantidades de carburante de automoción efectivamente utilizado en la producción primaria (que debe estar justificado mediante facturas presentadas por los agricultores) y habida cuenta de la estructura de pequeña escala de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea (más del 60 % de las explotaciones agrícolas tienen menos de 5 hectáreas de superficie agrícola utilizada), la Comisión considera que esta medida no falseará indebidamente la competencia. Análogamente, las exenciones fiscales para la energía y la electricidad utilizadas en la producción agrícola primaria también deberían ser relativamente de pequeña escala y por lo tanto tampoco deberían alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(168)

Es posible que, desde la entrada en vigor de la Directiva 2003/69/CE, se hayan concedido ayudas estatales ilegalmente, en forma de exenciones fiscales, reducciones, diferenciaciones y devoluciones, en relación con la producción agrícola primaria. Si cumplen las disposiciones pertinentes de la Directiva y no se ha aplicado ninguna diferenciación de tipos impositivos en el sector agrario, deberían ser declaradas compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

(169)

La aplicación de niveles mínimos de imposición fijados en el cuadro B del anexo I de la Directiva 2003/96/CE a los productos utilizados como carburante de automoción para producción agrícola primaria se declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, siempre y cuando no se haya hecho diferenciación en el sector agrario.

(170)

La aplicación de un tipo impositivo cero a los productos energéticos y a la electricidad utilizados para producción agrícola primaria será declarada compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado hasta el 31 de diciembre de 2007 o hasta cualquier otra fecha que decida el Consejo, siempre y cuando no se haya aplicado diferenciación alguna en el sector agrario. En caso de que se modifique la Directiva 2003/96/CE, la presente disposición se revisará en consecuencia.

(171)

Si la posibilidad de aplicar un tipo impositivo cero a los productos energéticos y a la electricidad utilizados en labores agrarias es rechazada por el Consejo, la ayuda estatal vinculada a una reducción fiscal conforme a la Directiva 2003/96/CE del Consejo será declarada compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE si la reducción en cuestión cumple todas las disposiciones pertinentes de la Directiva y no se aplica ninguna diferenciación de tipos impositivos en el sector agrario.

(172)

La ayuda estatal concedida ilegalmente desde la entrada en vigor de la Directiva 2003/96/CE será declarada compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si cumple todas las disposiciones pertinentes establecidas en el presente capítulo y no se aplica ninguna diferenciación de tipos impositivos en el sector agrario.

(173)

No existen normas comunitarias específicas que regulen las ayudas estatales para el sector forestal (industrias de la silvicultura y afines) (55). Sin embargo, además de las ayudas estatales concedidas con arreglo a las normas comunitarias comunes a todos los sectores, en particular el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de estado de investigación y desarrollo (56) y las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (57), algunos instrumentos comunitarios que regulan la ayuda estatal para los intercambios comerciales y la producción industrial son aplicables también al sector forestal, en particular las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (58). El sector forestal puede también beneficiarse de ayudas concedidas en virtud del Reglamento de minimis aplicable a las actividades industriales y del Reglamento (CE) no 70/2001, que no es aplicable a la producción agrícola. Además, aparte de las normas e instrumentos mencionados, es una práctica establecida de la Comisión el autorizar ayudas estatales para la conservación, mejora, desarrollo y mantenimiento de los bosques, habida cuenta de las funciones ecológica, protectora y recreativa del bosque. Con el fin de hacer que esta práctica sea transparente y establecer su ámbito de aplicación respecto a las otras normas en materia de ayudas estatales al sector forestal, es conveniente determinar la política que la Comisión aplicará para las ayudas estatales para el sector forestal. A la hora de formular esta política es también necesario tener en cuenta las ayudas disponibles para medidas destinadas al uso sostenible del suelo forestal con arreglo al Reglamento (CE) no 1698/2005, con el fin de asegurar la coherencia de las ayudas estatales y el apoyo cofinanciado para la silvicultura.

(174)

Con el fin de determinar su política futura, la Comisión ha tenido especialmente en cuenta las siguientes consideraciones:

(175)

Al objeto de contribuir al mantenimiento y a la mejora de los bosques y para fomentar su función ecológica, protectora y recreativa, la Comisión declarará la ayuda estatal hasta el 100 % compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado para los siguientes costes subvencionables, siempre que el Estado miembro pueda demostrar que dichas medidas contribuyen directamente a mantener o restaurar las funciones ecológica, protectora y recreativa de los bosques, la biodiversidad y un ecosistema forestal sano:

(176)

La Comisión declarará compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado la ayuda estatal para la repoblación forestal de tierras agrícolas o no agrícolas, la implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas, las ayudas de «Natura 2000», las ayudas al medio ambiente forestal, la restauración del potencial forestal y la introducción de acciones de prevención, así como las inversiones no productivas, si la ayuda cumple las condiciones establecidas en los artículos 43 a 49 del Reglamento (CE) no 1698/2005, y no rebasa la intensidad máxima prevista en ellos.

(177)

La Comisión autorizará la ayuda estatal para los costes adicionales y pérdidas de ingresos debidos al uso de tecnologías forestales respetuosas con el medio ambiente que vayan más allá de los requisitos obligatorios pertinentes si los propietarios forestales suscriben un compromiso voluntario que se refiera al uso de dichas tecnologías y el compromiso cumple las condiciones del artículo 47 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Las ayudas que superen los importes establecidos en el anexo del Reglamento (CE) no 1698/2005 en principio solo se declararán compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si se conceden, para costes adicionales y/o pérdidas de ingresos demostrados, en casos excepcionales y teniendo en cuenta circunstancias específicas que han de ser debidamente justificadas, en favor de compromisos que den lugar a un efecto positivo demostrable y significativo en el medio ambiente.

(178)

La Comisión declarará la ayuda estatal para la adquisición de suelo forestal compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado si la intensidad de la ayuda no supera la establecida en el [artículo 4 del Reglamento de exención por categorías] para la adquisición de suelo agrícola.

(179)

La Comisión declarará compatible con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado la ayuda estatal para la formación de propietarios y trabajadores forestales y para los servicios de asesoría prestados por terceros, incluidos el establecimiento de planes empresariales, planes de gestión forestal y estudios de viabilidad, así como la participación en competiciones, exhibiciones y ferias, si la ayuda cumple las condiciones establecidas en el [artículo 15 del futuro Reglamento de exención].

(180)

La Comisión autorizará ayuda estatal para la creación de asociaciones forestales si la ayuda cumple las condiciones establecidas en el [artículo 9 del futuro Reglamento de exención].

(181)

La Comisión autorizará la ayuda estatal en favor de actividades para la divulgación de nuevas técnicas, como proyectos piloto de escala razonablemente reducida o proyectos de demostración, si la ayuda cumple las condiciones establecidas en el punto 107 de las presentes Directrices.

(182)

Las disposiciones del presente capítulo no prejuzgan de la posibilidad de aplicar otras normas para ayudas estatales aplicables a todos los sectores o a los intercambios comerciales y a la industria del sector forestal.

(183)

Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos siguientes, todos los regímenes de ayuda y todas las ayudas individuales de nueva creación deben ser notificados a la Comisión antes de ser ejecutados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado y en el Reglamento (CE) no 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado (59). Esto no es aplicable a la ayuda cubierta por uno de los Reglamentos de exención adoptados por la Comisión en base al Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (60).

(184)

De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento (CE) no 1698/2005, no será necesaria una notificación independiente con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado para las ayudas estatales destinadas a proporcionar una financiación adicional a medidas de desarrollo rural que ya cuenten con un respaldo comunitario, siempre que las ayudas hayan sido notificadas a la Comisión y aprobadas por ella con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento como parte de los programas mencionados en el citado Reglamento.

(185)

Para poder acogerse a esta excepción, las medidas en cuestión deben cumplir ellas mismas todas las condiciones de fondo para las ayudas estatales y, en particular, respetar los costes subvencionables y las intensidades de ayuda que figuran en las presentes Directrices. Las cantidades adicionales de ayuda estatal asignadas a cada una de ellas deben quedar claramente identificadas en el programa de desarrollo rural, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de aplicación del Reglamento de desarrollo rural. En la aprobación de los programas por parte de la Comisión, solo se aceptarán medidas que se hayan determinado claramente. Las ayudas estatales concedidas a otras medidas, estén o no incluidas en el programa, o las medidas que se ajusten a condiciones diferentes a las del programa, deberán ser objeto de una notificación independiente a la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3.

(186)

Por otro lado, la aprobación del programa por parte de la Comisión solo afectará a la cantidad de ayuda establecida por el Estado miembro.

(187)

Por analogía, lo mismo cabe decir respecto a las modificaciones efectuadas en los programas de desarrollo rural.

(188)

En virtud de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario durante el período 2000-2006, la Comisión ha aceptado notificaciones de regímenes de ayudas estatales de duración ilimitada. Esto puede crear una falta de transparencia, en particular cuando una medida de ayuda no se utiliza durante varios años. También hace más difícil la revisión periódica de todos los regímenes existentes para la Comisión.

(189)

Por consiguiente, en el futuro la Comisión solo autorizará regímenes de duración limitada. Los regímenes que cubren las ayudas estatales para medidas que también pueden beneficiarse de la cofinanciación con arreglo al Reglamento (CE) no 1698/2005 deberán limitarse a la duración del período de programación 2007-2013. Otros regímenes de ayuda no deberán aplicarse por de más de siete años.

(190)

El artículo 21 del Reglamento (CE) no 659/1999 obliga a los Estados miembros a presentar a la Comisión informes anuales sobre todos los regímenes de ayudas existentes respecto de los cuales no estén sujetos a la obligación específica de informar, impuesta mediante una decisión condicional. Los detalles se fijan en el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (61).

(191)

La Comisión se reserva el derecho de recabar, cuando sea necesario, información complementaria sobre los regímenes de ayuda vigentes de forma individualizada con el fin de cumplir las obligaciones que le impone el artículo 88, apartado 1, del Tratado.

(192)

Si los informes anuales no fueran remitidos con arreglo a las presentes Directrices, la Comisión podrá actuar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento (CE) no 659/1999.

(193)

Vistos los informes anuales presentados por los Estados miembros, la Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar un aumento de la transparencia de la información en lo relativo a las ayudas estatales en el sector agrario.

(194)

La Comisión aplicará las presentes Directrices a las nuevas ayudas estatales a partir del 1 de enero de 2007. Las notificaciones pendientes a 31 de diciembre de 2006 serán evaluadas de acuerdo con las Directrices comunitarias para las ayudas estatales que eran aplicables en el sector agrario en la fecha de notificación de la ayuda. Excepto para las medidas a que se hace referencia en el punto 195, a partir del 1 de enero de 2007 la Comisión ya no aplicará los textos siguientes:

(195)

Para la evaluación de los regímenes de ayuda y ayudas individuales que se consideren como ayudas existentes de conformidad con el punto 4, capítulo 4 del anexo IV del Acta de adhesión de 2003 (65), las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario aplicables el 31 de diciembre de 2006 seguirán siendo aplicables hasta el 31 de diciembre de 2007 no obstante lo dispuesto en el punto 196, siempre que dicha ayuda sea conforme con las citadas Directrices a más tardar el 30 de abril de 2007.

(196)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88, apartado 1, del Tratado, la Comisión propone que los Estados miembros modifiquen los regímenes de ayuda vigentes con el fin de adaptarlos a las presentes Directrices a más tardar el 31 de diciembre de 2007, a excepción de los regímenes vigentes de ayudas a la inversión en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, que habrán de ser eliminados a más tardar el 31 de diciembre de 2008, así como a la inversión relativa a la compra de tierras en las explotaciones agrícolas, que habrán de ser modificados para conformarse a las presentes Directrices antes del 31 de diciembre de 2009.

(197)

Se invita asimismo a los Estados miembros a confirmar por escrito la aceptación de las propuestas de medidas apropiadas a más tardar el 28 de febrero de 2007.

(198)

Si un Estado miembro no confirmara por escrito para dicha fecha tal aceptación, la Comisión aplicará el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999 y, si fuera necesario, incoará el procedimiento al que se refiere dicha disposición.

(199)

Las presentes Directrices serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2013. La Comisión podrá modificar estas Directrices antes de dicha fecha, cuando así lo justifiquen razones importantes relacionadas con la política de competencia o en materia de agricultura o de salud humana o animal, o para tener en cuenta otras políticas comunitarias o compromisos internacionales.