17.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 222/52

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El 14 de enero de 2009, la Comisión recibió una denuncia de Radiodifusión Digital SL (en lo sucesivo, «Radiodifusión») y el 18 de mayo de 2009 otra denuncia de SES Astra SA (en lo sucesivo, «Astra»). Ambas denuncias se refieren a un régimen de ayuda estatal que las autoridades españolas habían adoptado en el contexto de la conversión de la televisión analógica a la televisión digital en zonas remotas y menos urbanizadas de España. El régimen impugnado tiene su origen en la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (1). Otros actos legislativos adoptados con relación al proceso de transición a la televisión digital terrestre son, entre otros, los siguientes: Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre (en lo sucesivo, el «Plan Técnico Nacional») (2); Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre; Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la que se aprueba el Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre; y Real Decreto 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable.

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Esas medidas afectan a la totalidad del territorio de España. No obstante, la Comisión incoó dos procedimientos distintos, uno para toda España con excepción de la Comunidad de Castilla-La Mancha y otro específicamente para la Comunidad de Castilla-La Mancha. Aunque la medida de ayuda es la misma en ambos casos y plantea los mismos problemas, Castilla-La Mancha presenta algunas cuestiones particulares que son de poca (o ninguna) importancia para el asunto general. En particular, la denuncia de Radiodifusión solo se refiere al asunto de Castilla-La Mancha, ya que el gobierno regional de Castilla-La Mancha aplicó el régimen de ayuda de manera distinta si se compara con la pauta seguida en las demás regiones y, en el caso de Castilla-La Mancha, fue necesario realizar una evaluación pormenorizada de un estudio económico.

(3)

En ambos casos, la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal el 29 de septiembre de 2010, alegando que el régimen de ayuda estatal discrimina entre operadores de plataforma. La Decisión de incoar el procedimiento de investigación formal (en lo sucesivo, la «Decisión de incoación») se publicó el 11 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3). Se recibieron observaciones de tres interesados: de Radiodifusión, el 11 de enero de 2011, y de Abertis y SES Astra SA (en lo sucesivo: «Astra»), el 4 de febrero de 2011.

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El 19 de enero y el 9 de febrero de 2011, se transmitieron las observaciones a España, dándole la oportunidad de opinar al respecto. El 18 de febrero de 2011 y el 8 de marzo de 2011, la Representación Permanente del Reino de España presentó las observaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, «JCCM») a las observaciones de terceros. El 27 de mayo de 2011 y el 9 de agosto de 2012, la Comisión envió solicitudes de información a España, a las que esta respondió (JCCM) el 10 de junio de 2011 y el 10 de septiembre de 2012, respectivamente. El 20 de agosto de 2011, la Comisión envió una solicitud de información a Radiodifusión, que respondió el 29 de septiembre de 2011. El 14 de octubre de 2011, 15 de noviembre de 2011 y 6 de diciembre de 2012, la JCCM presentó información adicional por iniciativa propia. Además, el 18 de mayo de 2011 la Comisión mantuvo una reunión con autoridades españolas y de la JCCM.

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El 15 de mayo de 2013, la JCCM facilitó información sobre la organización de una licitación destinada a la ayuda para la explotación y el mantenimiento; el 20 de diciembre de 2013 facilitó información sobre los procedimientos de sanción en curso en España contra Radiodifusión y su compañía matriz INGEST y observaciones sobre las conversaciones en curso entre la Comisión y las autoridades españolas sobre el asunto de ayuda estatal SA.28599. El 6 de junio de 2014, la JCCM presentó observaciones para demostrar que sus acciones se ajustaban al «principio del operador en una economía de mercado» y que respetaban las normas de contratación pública de la UE. Además, ha habido varios intercambios de resultados de investigación entre la Comisión y la JCCM.

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El 20 de junio de 2013, la Comisión adoptó una decisión final negativa relativa a la ayuda estatal SA.28599 para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas (excepto en Castilla-La Mancha) (4).

(7)

Radiodifusión es un operador local de telecomunicaciones y de la plataforma de televisión terrestre, inscrito en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en lo sucesivo, la «CMT») para la gestión de una red pública de telecomunicaciones y para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, en particular la prestación de servicios de radiodifusión de radio y televisión.

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Radiodifusión denunció que los regímenes de financiación en Castilla-La Mancha iban destinados a operadores de plataforma que ya operaban una red con cobertura nacional. De esta manera, todas las redes alternativas (es decir, los operadores de redes locales) quedaban excluidos. Según Radiodifusión, el régimen impugnado obstaculiza la competencia real a nivel local y la competencia potencial a nivel regional y nacional.

(9)

Radiodifusión también alegaba que el grueso de los fondos invertidos por la Comunidad de Castilla-La Mancha no se utilizó para la mejora de centros emisores analógicos ya existentes sino para la construcción de otros nuevos. Radiodifusión respaldaba esta alegación comparando la lista de ayuntamientos que recibieron fondos con la lista de aquellos ayuntamientos que albergaban un centro emisor analógico. Aproximadamente el 80 % de los ayuntamientos beneficiarios no tenía un centro emisor analógico antes de que se implantara el régimen. Radiodifusión también hacía hincapié en que la mera digitalización de la red terrestre no requeriría la construcción masiva de centros adicionales. Por tanto, el importe de los fondos destinados a su mejora era desproporcionadamente elevado.

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De lo anterior, Radiodifusión infería que el verdadero objetivo de las subvenciones no era la mera digitalización de la red existente sino más bien construir una red mejor y ampliada que permitiera a los operadores tradicionales (principalmente TelecomCLM y Abertis) competir más activamente en el mercado de servicios de transmisión de radiodifusores locales y de televisión móvil. Dadas las circunstancias, Radiodifusión consideró que no se justifica que no se hubiera seguido un procedimiento abierto y transparente para la concesión de las subvenciones, puesto que cualquier operador de red podría haber construido nuevos centros. Por tanto, Radiodifusión apunta también a la existencia de un falseamiento del mercado de los operadores de redes.

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El segundo denunciante es el operador de plataforma satelital SES Astra. Creado en 1985, fue el primer operador satelital privado de Europa. Astra ofrece una amplia cartera de soluciones de radiodifusión y banda ancha para clientes dentro y fuera de Europa. Emite programas de televisión y radio directamente a millones de hogares y ofrece acceso a internet y servicios de red a usuarios públicos y privados.

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Astra alega que la medida infringe el principio de neutralidad tecnológica puesto que solo apoya la transmisión terrestre para la digitalización. Para demostrar que la plataforma satelital sería realmente una alternativa, Astra remite, en particular, al caso de Cantabria. En enero de 2008, el Gobierno regional de esta comunidad autónoma organizó una licitación para la extensión de la cobertura de la televisión digital a todo el territorio de Cantabria y seleccionó a Astra para ofrecer canales en abierto a través de su plataforma. Sin embargo, en noviembre de 2008, ese contrato fue rescindido por el Gobierno regional. Según ASTRA, las autoridades solo rescindieron el contrato cuando se les informó de que el Gobierno central iba a financiar la mejora de la red analógica terrestre. De hecho, en una carta de las autoridades cántabras de 7 de noviembre de 2008 se explicaba que la rescisión del contrato se debía a que, entre tanto, el Gobierno central había adoptado decisiones relativas a la extensión de la cobertura de la televisión digital a todo el territorio español (5). Así pues, según la denunciante, el caso de Cantabria demuestra, en primer lugar, que Astra podía competir en ese mercado y, en segundo lugar, que las decisiones del Gobierno central hicieron imposible esta competencia.

(13)

El asunto se refiere al sector de la radiodifusión. Es un sector en el que ejercen su actividad muchos operadores en los distintos niveles de la cadena de productos de servicios de radiodifusión.

(14)

Los radiodifusores son los editores de canales de televisión que adquieren o producen contenidos propios de televisión y los agrupan en canales. Posteriormente, estos canales se difunden al público mediante diversas plataformas (por ejemplo, por satélite, TDT, cable, televisión por internet). En España, el legislador consideró que los servicios de radiodifusión constituyen un servicio público, razón por la cual lo prestan tanto organismos de radiodifusión de titularidad estatal (RTVE) como radiodifusores privados que operan con licencia del Estado (6). Los denominados canales en abierto se ofrecen de forma gratuita a los televidentes. Para que la población pueda gozar realmente de este servicio público, la legislación contempla obligaciones de cobertura mínima tanto para la misión encomendada al organismo público de radiodifusión como a los operadores concesionarios privados. En consecuencia, los radiodifusores públicos están obligados a cubrir al menos el 98 % de la población española, mientras que los operadores privados deberán abarcar al menos el 96 % de la población. En España los radiodifusores nacionales no poseen una red de radiodifusión nacional, por lo que celebran convenios con operadores de plataforma para la emisión de sus contenidos y el cumplimiento de sus obligaciones de cobertura.

(15)

Los proveedores de equipos de telecomunicación son fabricantes o instaladores de las infraestructuras o dispositivos necesarios para construir las diversas plataformas.

(16)

Los operadores de plataforma (u operadores de red) son entidades privadas o de control público que explotan la infraestructura necesaria para transportar y difundir la señal de los canales de radiodifusión. En los albores de la televisión, la única plataforma existente era la analógica terrestre. A medida que se desarrollaba la tecnología, han ido llegando más plataformas al mercado, en concreto: la plataforma por satélite, la plataforma por cable y, la última en llegar, la televisión por internet (7), que explota la conexión de banda ancha para transmitir la señal de televisión.

(17)

En la radiodifusión terrestre la señal de televisión se envía desde un estudio de televisión a un centro emisor (cabecera), que suele ser propiedad de un operador de red, que también se ocupa de su funcionamiento. Posteriormente la señal se transporta y distribuye desde un centro emisor (cabecera) a los centros de radiodifusión gestionados por un operador de red (por ejemplo, una torre). En ocasiones este transporte se hace por satélite. Por último, la señal se distribuye desde los centros de radiodifusión a los hogares. Para digitalizar la red analógica terrestre, es necesario sustituir los emisores sobre el terreno. No obstante, como la señal digital tiene un alcance inferior al de la analógica y, por lo tanto, la nueva tecnología exige una red más capilar, la extensión de la cobertura también requiere en algunos casos que se construyan nuevos centros emisores. El espectador ha de estar equipado con un descodificador, que puede estar ya integrado en el aparato de televisión.

(18)

En la radiodifusión por satélite, la señal se envía a un centro emisor (cabecera) para luego ser transportada a un satélite que la distribuye a los hogares. Como alternativa, la señal podría ser enviada directamente desde un estudio de televisión al satélite, si el estudio cuenta con los dispositivos adecuados. El espectador ha de estar equipado con una antena parabólica y un descodificador. Para ampliar la cobertura de satélite de una región, es preciso que el equipo de tierra anterior se instale en el domicilio del cliente. En términos de cobertura geográfica, la plataforma de satélite podría cubrir casi el 100 % del territorio español, mientras que la plataforma terrestre abarca aproximadamente el 98 %.

(19)

La medida investigada se ha de analizar en el contexto de la digitalización de la radiodifusión que han llevado o están llevando a cabo las plataformas por tierra, por satélite y por cable. En comparación con la radiodifusión analógica, la digitalizada cuenta con una mayor capacidad de transmisión gracias a un uso más eficiente del espectro de radiofrecuencia. Esto es especialmente relevante para la radiodifusión terrestre, en la que el espectro de frecuencias de que se dispone es limitado y, por lo tanto, esta compite con las telecomunicaciones móviles por la escasa banda ancha. En cambio, la transmisión por satélite tiene la ventaja de operar en una banda de frecuencia completamente distinta en la que no escasean las frecuencias.

(20)

La transición de la televisión analógica a la digital libera una gran cantidad de espectro de radio de gran calidad en lo que se conoce como el «dividendo digital», que quedará libre para el despliegue de servicios de comunicación electrónica. Este dividendo digital, y especialmente la frecuencia de 790-862 MHz («banda de 800 MHz»), puede impulsar el sector de las comunicaciones electrónicas, provocar un gran impacto en la competitividad y el crecimiento, y aportar un amplio abanico de beneficios sociales y culturales (8).

(21)

El «dividendo digital» podría lograrse ya fuera mediante la transición de una plataforma terrestre a otra distinta, ya fuera pasando de la radiodifusión terrestre analógica a la digital. También se podría plantear una solución mixta que combinase diferentes plataformas (9).

(22)

No obstante, en el caso de la radiodifusión terrestre, la escasez de frecuencias sigue planteando problemas incluso después de la digitalización. Poco después de la culminación de la conversión de la televisión analógica a la digital en abril de 2010, el Gobierno español tuvo que reubicar a los radiodifusores de la banda de 800 MHz en una banda de frecuencia inferior (10). La reubicación de los múltiples digitales asignados a los radiodifusores provocó costes adicionales y nuevas ayudas estatales, que la Comisión está analizando en la actualidad en el marco de un procedimiento de investigación formal (11).

(23)

Por lo que respecta a la radiodifusión de televisión, la transmisión digital terrestre seguirá siendo una plataforma de distribución importante en un futuro previsible pero es probable que la tecnología de banda ancha, como las redes de nueva generación (NGA, por sus siglas en inglés), se convierta en una alternativa importante como tecnología de transmisión dominante. Por el momento, sin embargo, en España la cobertura geográfica de tales redes NGA no es universal.

(24)

Hoy en día existen en España cuatro plataformas de radiodifusión: TDT — tecnología digital terrestre (DVB-T), satelital (DVB-S), por cable (DVB-C) y televisión por internet. La TDT es la plataforma principal para los canales españoles públicos y privados en abierto (12). El principal operador de la red terrestre es Abertis. Abertis también controla el operador de satélite Hispasat. Asimismo, hay una serie de operadores de telecomunicaciones locales que transportan las señales de TDT y suelen estar interconectados con la red nacional de Abertis. En Castilla-La Mancha, el principal operador regional es TelecomCLM (13). En cuanto a los canales de televisión de pago, se difunden por lo general vía satélite, cable y TV por internet. Astra e Hispasat son los principales operadores de satélite.

(25)

Con vistas a la conversión de la televisión analógica en digital, España adoptó en el período 2005-2008 una serie de medidas que afectaban a la red terrestre, como se describe en la sección 2.2. Las autoridades españolas dividen el territorio en tres zonas distintas:

(26)

El régimen investigado se basa en un complejo sistema de disposiciones legales establecido por las autoridades centrales españolas a partir de 2005. Sobre la base de estas disposiciones, la ayuda estatal para el despliegue de la TDT en la zona II fue concedida en el período 2008-2009 por las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Estos últimos hicieron llegar a los beneficiarios fondos procedentes del presupuesto central y de sus presupuestos respectivos. Además, desde 2009, las Comunidades Autónomas han venido concediendo ayuda de forma continuada para el mantenimiento y la explotación de las redes de la zona II.

(27)

La reglamentación de la transición a la tecnología de televisión digital comenzó con la adopción de la Ley 10/2005 de 14 de junio de 2005. En ella se mencionaba la necesidad de fomentar una transición de la tecnología analógica a la digital terrestre y se obligaba al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para llevarla a cabo.

(28)

A raíz de este mandato, mediante Real Decreto 944/2005, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Técnico Nacional, que fijaba el 3 de abril de 2010 como fecha del apagón analógico (14).

(29)

Por lo que respecta a las zonas II y III, la disposición adicional duodécima del Plan Técnico Nacional contemplaba ya la posibilidad de que las autoridades locales y regionales extendieran la cobertura entre el 96 y el 100 % de la población. A este respecto, el Plan Técnico hace referencia explícita a la televisión digital terrestre (TDT) y establece seis condiciones en las que las autoridades locales podían llevar a cabo esta extensión de cobertura. La condición e) dispone que la instalación local ha de ser conforme con el Plan Técnico de la televisión digital terrestre.

(30)

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2007, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de transición a la televisión digital terrestre (en lo sucesivo, el «Plan de Transición») (15) que ejecuta el Plan Técnico. El Plan de Transición dividió el territorio español en noventa proyectos técnicos de transición (16) y estableció una fecha límite para el cese de la radiodifusión analógica para cada uno de estos proyectos.

(31)

El 29 de febrero de 2008, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (en lo sucesivo, el «MIEyT») adoptó una decisión orientada a mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones, y establecer los criterios y la distribución de la financiación de las actuaciones encaminadas al desarrollo de la Sociedad de la Información en el marco del Plan Avanza de 2008 (17). El presupuesto aprobado mediante esta decisión ascendía a 558 millones EUR y se asignó en parte al desarrollo de la banda ancha y en parte a la digitalización de la televisión en zonas remotas y menos urbanizadas de España que quedan al margen de las obligaciones legales impuestas a los radiodifusores comerciales (18). La digitalización en esas zonas se solía denominar «extensión de cobertura» y fue llevada a cabo posteriormente mediante una serie de adendas a los convenios marco vigentes (19) firmados por el MIEyT y las Comunidades Autónomas entre julio y noviembre de 2008 («las adendas a los convenios marco de 2006», publicadas en el Boletín Oficial del Estado separadamente para cada Comunidad Autónoma). La redacción de estos convenios señala en la mayoría de los casos que es la tecnología digital terrestre la que se ha de financiar. Como consecuencia de los convenios, el MIEyT transfirió fondos a las Comunidades Autónomas, que se comprometieron a cubrir los demás costes de la operación a partir de sus presupuestos. Estas adendas también incluían la obligación de las autoridades locales de cumplir las disposiciones de la disposición adicional duodécima del Plan Técnico Nacional.

(32)

En paralelo, el 17 de octubre de 2008, el Consejo de Ministros acordó asignar otros 8,72 millones EUR para la extensión y culminación de la cobertura de TDT en el marco de los proyectos de transición que debían completarse a lo largo de la primera mitad de 2009, la fase I del Plan de Transición. La financiación se concedió a raíz de la firma de los nuevos convenios marco entre el MIEyT y las Comunidades Autónomas celebrados en diciembre de 2008 («los convenios marco de 2008»). Estos convenios se refieren a la financiación antes mencionada de 8,72 millones EUR y recibieron el nombre de «Convenios marco de colaboración entre el MITyC y las Comunidades Autónomas de […] para el desarrollo del Plan Nacional de Transición a la TDT». En ellos se establece una lista de actividades que serán financiadas por las autoridades centrales y regionales con objeto de alcanzar una cobertura de la televisión digital idéntica a la cobertura analógica existente. Estas actividades están relacionadas con el despliegue de la televisión digital terrestre.

(33)

El 29 de mayo de 2009, el Consejo de Ministros aprobó los criterios para distribuir 52 millones EUR para la financiación de iniciativas encaminadas a la transición a la TDT, destinadas a financiar la extensión de la cobertura de los proyectos de las fases II y III del Plan de Transición (20). El Acuerdo de Consejo de Ministros establecía un vínculo directo con el Plan de Transición, ya que señalaba que, «para conseguir el objetivo fijado en el Plan Nacional de Transición a la TDT de que la cobertura del servicio TDT sea similar a la cobertura del actual servicio de televisión terrestre con tecnología analógica, resulta necesaria la colaboración financiera de la iniciativa pública» y que «la ejecución de esta cooperación se formalizará, dentro de las líneas fijadas por el Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre».

(34)

Por último, entre octubre y diciembre de 2009, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las adendas a los convenios marco de 2008 (mencionadas en el considerando 32), incluida la financiación para la extensión de la cobertura de las fases II y III del Plan de Transición. Estas adendas definen lo que se debe entender por «actuaciones de extensión de cobertura», haciendo referencia explícita únicamente a la tecnología terrestre (aunque sin excluir formalmente otras tecnologías) (21).

(35)

Tras la publicación de los convenios marco de 2008 y las adendas descritas anteriormente (22), los gobiernos de las Comunidades Autónomas comenzaron a llevar a cabo la extensión. A tal efecto, ellos mismos organizaron licitaciones públicas o encomendaron su organización a empresas privadas. Las subvenciones se acordaban en parte con el MIEyT y, por tanto, se financiaban a partir del presupuesto central, o las financiaban parcialmente las propias Comunidades Autónomas. En algunos casos, estas encomendaban la extensión a los ayuntamientos.

(36)

A diferencia de la mayoría de las demás Comunidades Autónomas, las autoridades de Castilla-La Mancha no organizaron licitaciones regionales para la extensión de la cobertura de televisión digital. Aparentemente, fue por una cuestión de premura de tiempo, ya que hubo que mejorar más de 400 centros emisores (23). En su lugar, la JCCM siguió un procedimiento específico con objeto de seleccionar operadores de telecomunicaciones para digitalizar los centros emisores, establecido en el Decreto 347/2008 de 2 de diciembre de 2008 (en lo sucesivo, el «Decreto»).

(37)

El Decreto disponía la asignación directa de los fondos necesarios para la digitalización a los titulares de los centros emisores (analógicos) existentes. Por consiguiente, no requirió un procedimiento de licitación abierta. La JCCM tuvo que seguir un procedimiento especial: i) análisis técnico de los centros que ofrecen cobertura analógica, ii) análisis de la cobertura digital que se quiere conseguir, iii) selección de los centros emisores que se van a digitalizar, iv) identificación del titular de los centros emisores, v) propuesta por el Gobierno autonómico al titular de los centros emisores, y vi) concesión de la subvención.

(38)

El Decreto se aplicó en consecuencia. Se contactó directamente a los titulares de los centros emisores existentes. Se les informó de los requisitos para beneficiarse de la financiación pública. Cabe distinguir tres situaciones distintas: En primer lugar, en la mayoría de los casos, los centros emisores son propiedad de los ayuntamientos, que son responsables de su explotación y mantenimiento. Después de recibir la financiación de la JCCM, sobre la base de una oferta técnica y económica, los ayuntamientos compraron el equipo digital a Abertis o a TelecomCLM y subcontrataron la instalación, explotación y mantenimiento del equipo a estas dos empresas. Las autoridades solo se pusieron en contacto con estas dos empresas y solo ellas presentaron propuestas técnicas para solicitar la ayuda. En segundo lugar, aproximadamente en una cuarta parte de los casos, los centros seleccionados pertenecen directamente a TelecomCLM o a Abertis. En esos casos, las dos empresas recibieron la ayuda para actualizar su equipo. En tercer y último lugar, había que construir algunos nuevos centros emisores. Aunque su financiación sí fue pública ahora son propiedad de TelecomCLM.

(39)

La JCCM celebró 147 convenios con los dos operadores y 475 convenios con ayuntamientos. Aproximadamente el 84 % de las instalaciones cubiertas por dichos convenios eran instalaciones de TDT y un 16 % receptores vía satélite en los hogares. Se han utilizado receptores vía satélite para garantizar la cobertura de canales TDT en localidades muy pequeñas. Para ello, la JCCM decidió utilizar la plataforma satelital de Hispasat (24). Al término del proceso, la información sobre la mejora de los centros existentes se publicó en el tablón de anuncios de los ayuntamientos.

(40)

La Comisión fue informada de que, en total, aproximadamente 46 millones EUR de fondos públicos se dedicaron a la mejora de centros emisores, de los cuales 32,6 millones EUR fueron directamente a los ayuntamientos, titulares de 355 centros emisores (25). Los convenios entre la JCCM y los ayuntamientos disponen que estos últimos son los responsables de contratar al operador seleccionado, que se encargará de la instalación y los servicios de mantenimiento (26). Los ayuntamientos eligieron distintos procedimientos de selección. Algunos enviaron cartas directamente a TelecomCLM y Abertis, mientras que otros publicaron la información en el tablón de anuncios del ayuntamiento, invitando a los operadores a presentar sus ofertas técnicas.

(41)

En virtud del convenio, la JCCM paga la adquisición de equipos digitales, su instalación y la explotación y mantenimiento durante los dos primeros años de cada uno de los centros emisores digitalizados. Puesto que el convenio no obligaba al operador a pagar la explotación y mantenimiento a partir de entonces, TelecomCLM transfirió el equipo a la JCCM (27). A partir de entonces, la JCCM era la responsable de pagar la explotación y mantenimiento del equipo de TDT.

(42)

La Comisión fue informada de que, del total de 46 millones EUR de fondos públicos utilizados, al menos 13,5 millones EUR se transfirieron a operadores de plataforma: 13,2 millones EUR a TelecomCLM, que posee 138 de los centros emisores, y aproximadamente 250 000 EUR a Abertis, que posee tres de ellos. TelecomCLM y Abertis digitalizaron sus centros con su propio equipo. En algunos casos, el equipo utilizado para digitalizar los repetidores de TelecomCLM todavía pertenece a las autoridades públicas. En esos casos, el operador no tiene que pagar por el uso de dicho equipo. Además, el importe total de fondos utilizado en los años 2009-2011 en concepto de explotación y mantenimiento de los centros digitalizados (ayuda en curso) fue como mínimo de 6,5 millones EUR.

(43)

Sin embargo, la mera actualización de los centros existentes no era suficiente para completar la cobertura de la zona de extensión. Por tanto, se construyeron 20 nuevos centros con fondos públicos. Las autoridades se pusieron en contacto directamente con TelecomCLM, sin organizar una licitación abierta, para pedirle que ejecutara esta tarea. Según la información facilitada a la Comisión, se destinó un total de 2,26 millones EUR para la construcción de los nuevos centros, de los cuales aproximadamente 751 000 EUR se destinaron a la construcción de seis centros que posteriormente se transfirieron a TelecomCLM. Los 14 centros restantes siguen siendo propiedad de los municipios.

(44)

Por último, como se señala en el considerando 39, cuando resultaría demasiado caro desplegar un centro de TDT, se ha utilizado en su lugar transmisión por satélite. Con ese fin, se celebraron 100 convenios para instalar receptores por satélite en hogares particulares. Los receptores por satélite forman parte de la red de transmisión por satélite.

(45)

Como resultado del procedimiento, las autoridades firmaron en total 622 convenios con los ayuntamientos y los operadores en cuestión. Según la información facilitada a la Comisión, los importes se distribuyeron como sigue:

(46)

En la Decisión de incoación, la Comisión señaló que la medida descrita parece reunir todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado por lo que podría ser considerada ayuda estatal. La medida impugnada parece implicar discriminación en favor de los operadores de plataforma terrestre, infringiendo el principio de neutralidad tecnológica (30). Además, la medida impugnada parece discriminar a los operadores de plataforma que prestan servicios de radiodifusión a radiodifusores terrestres regionales y locales, lo que supondría una ventaja para los radiodifusores y los operadores de plataforma nacionales.

(47)

La Comisión llegó a la conclusión preliminar de que el régimen puede haber generado un falseamiento potencial o real de la competencia entre las plataformas por satélite y entre las propias plataformas terrestres. La Comisión no encontró motivo alguno por el que tales medidas pudieran ser compatibles con el mercado interior, pues no parecía que fuese aplicable excepción alguna.

(48)

Para detalles concretos adicionales, se debe remitir a la Decisión de incoación, que se ha de considerar parte integrante de la presente Decisión.

(49)

En su defensa frente a lo expuesto en la Decisión de incoación, España y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha han aducido numerosos argumentos. En términos generales, pueden englobarse en dos bloques. En primer lugar, las autoridades españolas alegaron que no se otorgaba ninguna ventaja a los beneficiarios de la ayuda. En segundo lugar, si se considerara, no obstante, que se había concedido ayuda estatal, de todos modos sería compatible (31). Estos argumentos se resumen a continuación.

(50)

Según las autoridades de Castilla-La Mancha, la medida investigada no es constitutiva de ayuda estatal y no supone una ventaja para las empresas. Las transferencias directas de fondos proceden de una combinación de fondos del Estado español y las Comunidades Autónomas a los beneficiarios actuando en su capacidad oficial o como autoridad pública (32). Las subvenciones impugnadas se utilizaron exclusivamente para digitalizar 141 centros emisores analógicos ya existentes y construir seis nuevos centros. La digitalización de los centros emisores se llevó a cabo tras una evaluación pormenorizada de un informe técnico presentado por los operadores titulares de esos centros. El convenio con los titulares de los centros solo se firmó sobre la base de esos informes técnicos (33). Este «procedimiento negociado» debe considerarse abierto, transparente y no discriminatorio, teniendo en cuenta que también se expuso en el tablón de anuncios de los ayuntamientos (véase el considerando 39).

(51)

Las autoridades nacionales sostienen que, cuando los operadores de plataforma recibieron financiación pública, esta financiación era únicamente para la explotación y el mantenimiento del equipo emisor electrónico propiedad de los ayuntamientos. Los ayuntamientos actuaron como meros proveedores e instaladores del equipo técnico necesario para actualizar y adaptar esos centros, pero no como operadores de plataforma (34). Cuando prestan servicios en la zona II después de la financiación pública, es únicamente para el suministro de la señal de televisión terrestre como servicio básico y público.

(52)

Para realizar la digitalización de sus redes, los 475 ayuntamientos encargaron informes técnicos que a menudo elaboraron operadores de plataforma. Tampoco en este caso se concedió una ventaja económica a los operadores.

(53)

Según las autoridades nacionales, los centros emisores digitalizados de los que eran titulares TelecomCLM o Abertis Telecom existían antes de la concesión de las subvenciones impugnadas, por lo que estas subvenciones no se utilizaron para financiar la extensión de la red de ninguno de los dos operadores de red implicados en la extensión de la cobertura TDT en la zona II de Castilla-La Mancha.

(54)

A TelecomCLM y Abertis se les concedió financiación pública para digitalizar 141 de sus centros emisores propios. Las autoridades nacionales señalan que solo fue así en zonas en las que los mismos ayuntamientos no eran propietarios de centros emisores o retransmisores aptos para la extensión de la cobertura TDT. No obstante, las autoridades nacionales sostienen que estas inversiones no concedieron a TelecomCLM y Abertis una ventaja competitiva en mercados adyacentes como el de la televisión local o los mercados Digital Video Broadcasting (DV-BH). La digitalización de centros de TelecomCLM no permitió a esta empresa prestar servicios de ámbito regional a radiodifusores ni incrementó la capilaridad de su red para prestar nuevos tipos de servicios.

(55)

Los operadores de red implicados en el proceso de digitalización de los tres tipos de centros emisores en la zona II no obtuvieron una ventaja económica. En todos los centros de los tres tipos, los servicios como el suministro, la instalación y explotación, y el mantenimiento del equipo de TDT, los han prestado los operadores a precio de mercado.

(56)

No se ha producido falseamiento de la competencia y el comercio. Cualquier operador de telecomunicaciones inscrito en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) puede actuar como subcontratista de los ayuntamientos y, por consiguiente, solicitar subvenciones en virtud del Decreto 347/2008. Esto también se aplica a los operadores de satélite, cable o televisión y a todos los operadores, independientemente de si actúan a nivel nacional, regional o local.

(57)

Según las autoridades nacionales, el proceso de selección examinado era transparente y se realizó con arreglo tanto a la legislación de contratación pública española como de la UE. Las autoridades regionales han hecho públicas las subvenciones. Todos los procedimientos de extensión de la TDT se publicaron en el tablón de anuncios de los ayuntamientos y se enviaron cartas a los principales operadores de red de la región, es decir, TelecomCLM y Abertis Telecom.

(58)

Por tanto, las subvenciones concedidas a los ayuntamientos no reforzaron la posición competitiva de un tipo de operador de red frente a otros operadores competidores. Los principales beneficiarios son los ayuntamientos, mientras que los operadores de red no son más que proveedores del equipo emisor y los servicios de mantenimiento durante un período máximo de dos años. Nunca se contactó a Radiodifusión porque, en aquel momento, nada indicaba que fuera titular de un solo centro emisor en la región.

(59)

Por otra parte, las autoridades de Castilla-La Mancha sostienen que estudiaron cuidadosamente la solución de la plataforma satelital como opción para extender la cobertura digital antes de promulgar el Decreto n.o 347/2008. En un estudio interno (35) se compararon dos tecnologías para la extensión: TDT y satélite. El estudio tomaba en cuenta los criterios de concesión de las subvenciones para la cobertura de la señal digital en la zona II. Esto incluye el requisito de que la transición ha de realizarse sin costes adicionales u otros inconvenientes para los ciudadanos y debe utilizar la infraestructura existente.

(60)

El estudio concluía que, durante un período de 10 años, los costes totales asociados a la solución TDT terrestre serían aproximadamente de entre 15,2 y 17,3 millones EUR mientras que optar por una tecnología de satélite costaría más de 47 millones EUR.

(61)

El estudio hacía diversas recomendaciones en cuanto a los métodos más adecuados para llevar a cabo la extensión de la cobertura de la señal TDT en aquellas localidades de Castilla-La Mancha que no están incluidas en los planes de cobertura oficial de radiodifusores regionales y nacionales. También evaluaba todas las implicaciones de una solución satelital para la extensión de la cobertura digital. Concluía que la tecnología satelital generaría inversiones de tres a seis veces mayores que la terrestre. Esta diferencia en los costes procede directamente de los costes asociados al arrendamiento del equipo emisor satelital, independientemente del coste del descodificador satelital. En consecuencia, sería razonable concluir que la extensión del servicio de TDT universal a la población de Castilla-La Mancha debía realizarse con tecnología TDT terrestre (36).

(62)

Además, el Gobierno español presentó un estudio interno sobre la viabilidad de prestar el servicio TDT universal utilizando TDT o satélite, realizado por el MIEyT en julio de 2007. Las autoridades consideran que el estudio tiene en cuenta los costes realistas de utilizar transmisión TDT o por satélite. Ambos estudios se discuten más a fondo en la sección 5.3.2.2.

(63)

Al tomar la decisión de realizar la extensión de la cobertura TDT en la zona II de Castilla-La Mancha, la JCCM sostiene que solo tuvo en cuenta criterios de eficiencia técnica y económica. Cualquier operador de red —terrestre, satelital, cable, etc.— podría haber presentado una oferta técnica, ya que el único requisito era estar inscrito en el Registro de la CMT (37). Por esa razón, la decisión era acorde con el principio de neutralidad tecnológica. Esto también lo confirmaría el hecho de que en casos específicos la JCCM eligió la plataforma satelital, anteriormente desarrollada por Abertis, basándose estrictamente en criterios de análisis de costes (38).

(64)

En cuanto a la presunta discriminación de los operadores locales, la JCCM admite que, según el artículo 4 del Decreto, los radiodifusores están excluidos específicamente (independientemente de que sean de ámbito nacional, regional o local) como beneficiarios de las subvenciones (39). Sin embargo, el Decreto no excluye a ningún operador de red.

(65)

No obstante, según las autoridades españolas, Radiodifusión podría haber participado en igualdad de condiciones con todos los demás operadores de red digitalizando uno de sus centros emisores que ya trasportaba la señal de televisión analógica pública nacional o regional. Para ello, podría haber firmado un convenio con la JCCM o podría haber presentado ofertas a un ayuntamiento como operador de telecomunicaciones inscrito en el Registro de Operadores de la CMT.

(66)

Según la JCCM, Radiodifusión está inscrita como operador de telecomunicaciones en el Registro de Operadores de la CMT para prestar los siguientes servicios: «Red terrestre — Soporte del servicio de radiodifusión sonora y televisión». No obstante, hace hincapié en que estar escrito en ese registro no basta para cumplir sus obligaciones como operador de telecomunicaciones en Castilla-La Mancha previstas en la correspondiente Ley n.o 8/2001 de Castilla-La Mancha. Es especialmente así en el caso de la obligación de los operadores de radiocomunicaciones de «presentar un Plan Territorial de Despliegue de Red que contemple las estaciones fijas ya existentes y las previsiones de implantación y desarrollo del conjunto de toda su red […]». Hasta la fecha, a la JCCM no le consta que Radiodifusión haya presentado ningún Plan Territorial. Por otra parte, no se tiene conocimiento de que Radiodifusión comparta infraestructuras con otro operador. En definitiva, la JCCM sostiene que la alegación de Radiodifusión de que cuenta con un 60 % de cobertura en Castilla-La Mancha carece de fundamento (40).

(67)

Además, la JCCM señala que hay una empresa del grupo con los mismos accionistas que Radiodifusión, INGEST, Infraestructuras y Gestión 2002, SL (en lo sucesivo, «INGEST»), con varios procedimientos pendientes. En todos ellos, INGEST está acusada de ocupación ilegal de espectro radiofónico reservado para la TDT nacional, que la demandada utiliza para emitir la señal de las televisiones locales. Por otra parte, Radiodifusión no tiene autorización para retransmitir la señal TDT de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha («RTV C-LM»).

(68)

Según la JCCM, ni TelecomCLM ni Abertis Telecom son beneficiarios de las medidas impugnadas para cubrir los costes recurrentes asociados con la explotación y el mantenimiento de los centros terrestres municipales. La finalidad de los convenios es «financiar la infraestructura necesaria para complementar la extensión y la emisión de la cobertura de señal de entidades y compañías autorizadas para prestar servicios esenciales de televisión». Por tanto, solo reciben financiación la adquisición e instalación de elementos como equipo de radiocomunicaciones y antenas o elementos de construcción. En la zona II, los costes los asumen los ayuntamientos que son los titulares de esos centros. Los costes estimados de explotación y mantenimiento durante los dos primeros años para 516 centros en total ascienden a 6,5 millones EUR. En consecuencia, para el período 2010-2015 estos costes ascenderían a aproximadamente 15 millones EUR para 516 centros a lo largo de cinco años (a una media de 29 000 EUR por centro).

(69)

Según la JCCM, los centros emisores digitalizados, tanto los que pertenecen a los ayuntamientos como a los operadores de red, pueden ser considerados «infraestructura general», es decir, una infraestructura abierta a todos los usuarios potenciales en condiciones de igualdad y no discriminatorias. Por tanto, la infraestructura digitalizada permite la recepción de TDT a todos los usuarios en la zona II de Castilla-La Mancha en igualdad de condiciones cuando cesen las emisiones de televisión en analógico.

(70)

La JCCM alega que la transferencia de fondos públicos en cuestión se ajusta al principio del inversor en una economía de mercado (PIEM) sobre la base de un análisis comparativo de los precios de mercado. Los pagos a TelecomCLM por determinados servicios se hicieron a precios de mercado.

(71)

Una comparación de la financiación real y el pago que habría tenido que hacer un inversor privado en condiciones normales para obtener el mismo tipo de servicios lleva a JCCM a la conclusión de que los convenios se basaron en criterios comerciales objetivos. En consecuencia, los operadores de redes no han sido favorecidos si se compara con lo que habrían obtenido en condiciones normales de mercado. Por lo tanto, no han recibido una ventaja selectiva.

(72)

La JCCM remite al artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado. Alega que esta disposición puede aplicarse en la zona II, que no ha suscitado el interés comercial de los radiodifusores y operadores de red. Los ayuntamientos, al prestar servicios de TDT y subcontratar la adquisición, instalación y explotación y mantenimiento del equipo de TDT, han subsanado una laguna del mercado con la consiguiente mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la zona II y la mejora económica general de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

(73)

La JCCM no está de acuerdo con el argumento de Abertis de que no debería considerársele un operador de red en la zona II. La JCCM señala que Abertis firmó convenios con la JCCM en virtud del Decreto n.o 347/2008 para realizar la extensión de la cobertura TDT en la zona II (41). Por otra parte, Abertis y TelecomCLM deben considerarse operadores de red activos en la zona II porque existen centros emisores oficiales de televisión analógica de RTVE y/o Tele5 en el caso de Abertis y centros emisores oficiales de televisión analógica de CMT, en el caso de TelecomCLM.

(74)

En varios casos, el equipo municipal digitalizado está situado en centros de los que son titulares Abertis o TelecomCLM. En esos casos, el equipo de TDT pertenece a los ayuntamientos correspondientes. Abertis alega que, dado que no es un operador de red en la zona II, no puede ser considerado beneficiario directo de las subvenciones impugnadas ya que «los equipos son propiedad y están explotados por TelecomCLM y otros operadores locales» (42). La JCCM considera errónea esta afirmación.

(75)

En su respuesta a la Decisión de incoación de la Comisión, Radiodifusión observa que las autoridades españolas no han encomendado formalmente a los beneficiarios de la ayuda una misión de interés económico general. Por otra parte, el importe de la ayuda por centro parecería excesivo si solo se aplicara a los centros existentes, como afirmaban las autoridades españolas. En opinión de Radiodifusión, la ayuda se utilizó principalmente para crear nuevos centros emisores en toda la Comunidad de Castilla-La Mancha y ocultar una ayuda ilegal.

(76)

Radiodifusión insiste en que las autoridades de Castilla-La Mancha concedieron la ayuda sin un procedimiento de licitación y que la transferencia de recursos ha sido selectiva porque excluyó a las plataformas basadas en otras tecnologías, como el cable o el satélite.

(77)

Según Radiodifusión, TelecomCLM ha obtenido ventajas decisivas de las medidas impugnadas. Fue seleccionada directamente por las autoridades regionales, sin un procedimiento de selección competitiva. Como resultado, pudo incrementar significativamente la cobertura geográfica de su red en zonas en las que, de otro modo, nadie habría invertido. TelecomCLM se benefició además de la falta de vigilancia regulatoria ya que no está sujeta a ninguna obligación regulatoria de dar acceso a la red recién construida o mejorada. Radiodifusión señala que el Decreto n.o 347/2008 precisaba que el objetivo de la ayuda estatal es crear nuevos centros de emisión y no digitalizar los existentes.

(78)

En opinión de Radiodifusión, la ayuda refuerza a los operadores tradicionales en el único segmento de mercado en el que hay algo de margen para la competencia. En concreto, Abertis presuntamente ha podido reforzar su posición de monopolio y realmente utilizar la financiación pública para desarrollar una red nueva más densa que le permita competir en nuevos mercados.

(79)

Radiodifusión está convencida de que la ayuda estatal investigada no es proporcionada. Para cumplir el requisito de proporcionalidad, la ayuda debe aplicarse solo a zonas rurales remotas y beneficiar a todos los operadores por igual, imponiendo obligaciones de acceso efectivo.

(80)

En su respuesta de 27 de septiembre de 2011 a una solicitud de información de la Comisión, sobre las cuestiones de capacidad legal planteadas por España, Radiodifusión declaró que su actividad principal es prestar servicios a radiodifusores audiovisuales locales. Facilitó una lista de sus instalaciones que explota en 18 ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Según Radiodifusión, sin embargo, las mismas instalaciones podrían utilizarse para difundir emisiones nacionales y regionales y, por tanto, podrían haberse utilizado si se le hubiera permitido competir por la ayuda.

(81)

Al seleccionar directamente la plataforma terrestre, Astra considera que la medida, incluida la ayuda en curso para explotación y mantenimiento, infringe el principio de neutralidad tecnológica. Astra hace hincapié en que la transmisión por satélite habría sido más barata que la TDT en la zona II (43), como había demostrado claramente el éxito de Astra en la licitación de Cantabria. Dadas sus importantes economías de escala, la solución vía satélite habría permitido incluso un mayor ahorro de costes si varias regiones hubieran coordinado su selección de una plataforma en la zona II. Incluso si, por razones constitucionales, el Gobierno español no hubiera podido imponer que se tuvieran en cuenta sinergias interregionales como una condición para la concesión de los fondos, las regiones podrían haberlo hecho por sí mismas. Solo así los gobiernos regionales podrían haber garantizado que optaban por la solución más rentable para sus contribuyentes.

(82)

Al comparar las diferentes plataformas, aparte de los costes directos de la instalación, según Astra también habría que tener en cuenta otros efectos positivos que habría tenido la solución vía satélite. El proceso de transición habría sido mucho más sencillo y menos costoso. La audiencia televisiva se habría beneficiado de un período de transición «simultánea» durante el que hubiera recibido canales tanto por satélite como terrestres. Dada la escasez de ancho de banda en la red terrestre y la necesidad de liberar más capacidad para servicios de telecomunicaciones en el futuro, en el caso de la red terrestre surgirían otros costes para los hogares y los radiodifusores. Los futuros cambios de ancho de banda requerirán que los residentes en la zona II adapten sus antenas. Los radiodifusores tendrán que hacer frente a más gastos en otros períodos simultáneos. Estos costes no se producirían si se hubiera optado por la tecnología de satélite.

(83)

Astra insiste en que los operadores de red no obtuvieron una ventaja gracias a la medida. En particular, la digitalización de la red favorece la oferta comercial de Abertis a los radiodifusores puesto que la red de TDT ahora llegará casi al 100 % de la población sin coste adicional.

(84)

En cuanto al falseamiento de la competencia, Astra estima que las plataformas satelital y terrestre pertenecen a los mismos mercados. No hay una distinción estricta entre televisión de pago y en abierto, al menos por lo que se refiere a la competencia de plataforma. Ya existen varios canales de pago que ofrecen su señal a través de la plataforma de TDT, y, salvo uno, también se ofrecen en transmisión vía satélite.

(85)

En cuanto a posibles ventajas para las plataformas satelitales, Astra en particular aborda la necesidad de garantizar la condicionalidad del acceso y encriptado. Proteger los DPI no plantearía problemas a los radiodifusores por satélite de canales en abierto. Esa tecnología ya se usa actualmente en muchos canales de pago en la plataforma satelital. Además, la solución propuesta en Cantabria para el acceso condicional fue aceptada por las autoridades cántabras que podían decidir qué usuarios activar para que recibieran el servicio.

(86)

Abertis considera que la medida impugnada para extender la cobertura en la zona II no constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(87)

Primero, las transferencias investigadas fueron meras transferencias del Estado central destinadas a actualizar los centros emisores, que, o bien pertenecen directamente a la Administración Pública o bien la Administración es titular de derechos de uso. Por tanto, no habría transferencia de fondos estatales a ninguna empresa: los fondos permanecieron en la administración estatal.

(88)

Segundo, Abertis subraya que los operadores de redes no se beneficiaron de las medidas impugnadas. Abertis no puede considerarse beneficiario puesto que no es un operador de red en la zona II y no opera la red utilizada para extender la TDT en Castilla-La Mancha. TelecomCLM es el propietario y el que opera, entre otras cosas, el equipo en cuestión.

(89)

Tercero, por lo que se refiere a la neutralidad tecnológica, Abertis hace hincapié en que la medida impugnada no hace más difícil la competencia entre plataformas porque el incremento marginal en cobertura de TDT en la zona II no tiene ningún impacto económico en la zona I. Por otra parte, la digitalización de la zona II no afecta al precio que puede cobrar Abertis por sus servicios de emisión. De hecho, sus precios están regulados y basados en su capital y gastos de explotación. En cuanto a TelecomCLM, las instalaciones han pasado a ser propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La Comunidad también controla el operador de red regional TelecomCLM.

(90)

Cuarto, la medida impugnada no beneficia a los radiodifusores puesto que no incrementaron sus ingresos después de la digitalización de la zona II. Los proveedores de equipos de telecomunicación tampoco pueden considerarse beneficiarios indirectos de la medida, puesto que la estructura competitiva del mercado de equipos de telecomunicación no se ha visto afectada ni falseada por la mera adquisición de equipo para actualizar centros emisores analógicos a tecnología digital.

(91)

Quinto, Abertis considera que la medida impugnada no tuvo ningún efecto apreciable sobre la competencia entre los operadores de red. Aunque Radiodifusión se hubiera beneficiado de la medida, no podría competir con Abertis a nivel nacional porque los centros operados por Radiodifusión no corresponden a los centros necesarios para la zona I, como ocurre para cualquier centro en la zona II.

(92)

Sexto, si se considerara que constituye ayuda, en opinión de Abertis, sería ayuda existente. El despliegue de las redes de radiodifusión en la zona II comenzó en 1982, en un sector de radiodifusión no liberalizado. En ese momento, el Estado español disfrutaba de un monopolio legal en el mercado de la radiodifusión terrestre. En la actualidad se están destinando fondos públicos para la instalación, el mantenimiento y la explotación de redes locales en la zona II desplegadas antes de la liberalización de este sector. Por tanto, la medida investigada constituiría una ayuda en curso, ya existente.

(93)

Por lo que se refiere a la compatibilidad en virtud del artículo 106, apartado 2, Abertis señala que no es probable que TelecomCLM y otros operadores de redes locales sobrepasaran los umbrales de volumen de negocios medio anual antes de impuestos de 100 millones EUR durante los dos ejercicios financieros previos al ejercicio en el que se atribuyó el SIEG y la compensación anual por el servicio en cuestión de 30 millones EUR.

(94)

Además, toda posible ayuda sería compatible con el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado. Las medidas adoptadas por las autoridades españolas pretenden acelerar el proceso de conversión a la tecnología digital en España, que ha sido reconocido como objetivo de interés común. La ayuda era un instrumento adecuado, ya que la TDT es una tecnología que se adecua mejor para llevar a cabo la extensión de la cobertura (44). Además de las razones económicas, Abertis señala también que los radiodifusores son reacios a utilizar plataformas satelitales debido a las restricciones a las que han de hacer frente cuando adquieren derechos de contenidos para sus programas en abierto. En la mayoría de los casos solo adquieren el derecho a difundir los contenidos a través de una determinada plataforma, la TDT, ya que esta tecnología permite la emisión discriminada y limitaciones geográficas. Por otra parte, las medidas son proporcionadas, pues solo abarcan los costes estrictamente necesarios para la conversión de los servicios de televisión analógicos en digitales en la zona II.

(95)

Los radiodifusores sostienen que la medida no puede considerarse ayuda estatal porque no otorgó ventajas financieras a ninguna empresa y sobre todo no las ha brindado a los radiodifusores. Las medidas no han incrementado la audiencia de los radiodifusores en relación con la que tenían cuando emitían en analógico. Además, las personas que residen en las zonas de cobertura ampliada, es decir, en zonas rurales, remotas y escasamente pobladas, no inciden en el mercado de la publicidad, por lo que no forman parte de la audiencia a la que se dirigen los radiodifusores. En estas circunstancias, los operadores privados no incrementaron las tarifas publicitarias como consecuencia de la extensión.

(96)

Los radiodifusores también manifestaron la opinión de que no les interesaba migrar a una plataforma de satélite en la que sus programas tendrían que competir con cientos de canales. La plataforma terrestre presenta la ventaja de la capacidad limitada, lo que para los radiodifusores en abierto implica menor competencia. Además, subrayaron que suelen adquirir contenidos solo para la plataforma específica, en este caso la terrestre. Ello se debe a que la radiodifusión terrestre garantiza la delimitación geográfica de las emisiones, lo que no sucede con la radiodifusión vía satélite.

(97)

Los radiodifusores también insistieron en que, tras la adjudicación de la licitación de Cantabria a Astra, informaron a las autoridades de esta comunidad autónoma que se opondrían a la radiodifusión por satélite, ya que habían adquirido derechos de difusión de contenidos exclusivamente a través de la plataforma terrestre.

(98)

Como se ha descrito pormenorizadamente en la sección 2.2, considerandos 26 a 44 y expuesto con detalle en la Decisión relativa al asunto SA.28599 — televisión digital terrestre en España (45), el marco legal para la conversión digital en España es una compleja red formada por varios actos promulgados tanto por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas como por las autoridades locales a lo largo de un período de cuatro años. El Plan Técnico Nacional para la TDT de 2005 y el Plan Nacional de Transición a la TDT de 2007 regulan esencialmente la transición a la TDT en la zona I, aunque también sientan las bases para medidas de extensión adicionales en la zona II. Estas medidas de extensión fueron llevadas a cabo por las autoridades regionales tras la celebración de varios convenios marco con el Gobierno central (los convenios marco de 2008) y adendas en 2008 a los anteriores convenios marco de 2006 y en 2009 a los convenios marco de 2008.

(99)

Como resultado de la celebración de estos convenios y adendas, las autoridades regionales y/o locales desarrollaron una amplia batería de medidas destinadas a extender la cobertura de TDT en la zona II. La Comisión considera, por tanto, que los diversos actos adoptados a nivel central y los convenios celebrados y modificados entre el MIEyT y las Comunidades Autónomas constituyen la base del régimen de ayuda para la extensión de la cobertura en la zona II. Estos actos y convenios orientaron a las Comunidades Autónomas hacia medidas que no eran tecnológicamente neutras (46).

(100)

Aunque el Plan Técnico Nacional regula la conversión a la TDT en la zona I, también otorga un mandato a las autoridades locales para establecer, en cooperación con las Comunidades Autónomas, centros emisores adicionales necesarios para garantizar la recepción de la TDT en la zona II. Por tanto, en ese momento el Gobierno central ya contemplaba la extensión de la cobertura de TDT. El mandato contenido en el principal instrumento jurídico que regula la conversión a la televisión digital solo se refiere a la plataforma terrestre. En la práctica, las Comunidades Autónomas han ejecutado, por tanto, las directrices del Gobierno central sobre la extensión de la TDT (47).

(101)

El momento en que se desembolsó realmente la ayuda estatal para el despliegue de la TDT en la zona II vino marcado por la transferencia de fondos de las autoridades centrales y regionales a los beneficiarios. Este hecho tuvo lugar a lo largo de un período de tiempo, dependiendo de cada comunidad autónoma. En cuanto a la ayuda en curso para la explotación y el mantenimiento de las redes, se decidió a nivel de las Comunidades Autónomas.

(102)

En el caso de Castilla-La Mancha, como se ha explicado con detalle en los considerandos 36 a 45, se optó por un proceso diferente. A diferencia de la mayoría de las demás comunidades autónomas, no se recurrió a licitaciones regionales para la extensión de la cobertura de televisión digital, sino que el Decreto 347/2008 de 2 de diciembre de 2008, disponía la asignación directa de los fondos necesarios para la digitalización a los titulares de los centros emisores (analógicos) existentes. Por consiguiente, la JCCM no recurrió a un procedimiento de licitación abierta sino que, en su lugar, seleccionó a los operadores de telecomunicaciones directamente. Estas empresas también realizaron tareas de explotación y mantenimiento.

(103)

En los casos en los que los centros emisores pertenecen directamente a TelecomCLM o a Abertis, estas empresas recibieron la ayuda para actualizar su equipo. En los casos en los que hubo que construir nuevos centros emisores, estos se financiaron con fondos públicos, pero TelecomCLM obtuvo la propiedad. Por último, en la mayoría de los casos, los centros emisores analógicos son propiedad de los ayuntamientos. Estos últimos compraron el equipo digital a Abertis o a TelecomCLM y subcontrataron la instalación, explotación y mantenimiento del equipo a estas dos empresas.

(104)

La medida en cuestión, incluida la ayuda en curso para la explotación y el mantenimiento, puede ser considerada ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado, en el que se establecen las siguientes condiciones para la presencia de ayuda estatal. Primero, debe haber una intervención del Estado o mediante fondos estatales. Segundo, la intervención debe conferir una ventaja económica selectiva al beneficiario. Tercero, debe falsear o amenazar con falsear la competencia. Cuarto, la intervención debe poder afectar al comercio entre los Estados miembros.

(105)

La medida en cuestión emana del sistema de actos jurídicos antes descrito, promulgados tanto a nivel central como regional o local, así como de los convenios celebrados entre el MIEyT y las autoridades de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha no cuestionó la conclusión plasmada en la Decisión de incoación según la cual la medida había sido financiada a partir de recursos presupuestarios. No obstante, las autoridades españolas insistieron en que se financió tanto a partir del presupuesto central como de los presupuestos autonómicos y municipales. Asimismo manifestó la opinión de que la medida en cuestión era de hecho una mera transferencia de fondos entre distintas administraciones. Con ello, Castilla-La Mancha reconocía que los fondos proceden en parte del presupuesto central. Además, la medida no era una simple transferencia de fondos entre administraciones, pues, en último término, los fondos fueron utilizados para el despliegue de la red de TDT por entidades que desarrollaban una actividad económica (como se explica en la sección 5.2.1.2).

(106)

En estas circunstancias, se ha acreditado que la medida en cuestión se financió directamente a partir del presupuesto del Estado y de los presupuestos de los distintos ayuntamientos y la Comunidad Autónoma. La ayuda en curso no se financió con cargo al presupuesto del Estado central sino que procede del presupuesto de la Comunidad Autónoma.

(107)

Puesto que la medida está financiada por el Estado, a nivel central como regional o local, es imputable al Estado e implica el uso de fondos estatales.

(108)

Abertis, que cotiza en bolsa en España, es una empresa internacional dedicada a la gestión de peajes de autopistas e infraestructuras de telecomunicaciones terrestres y por satélite. Está presente en doce países de Europa y América, y aproximadamente dos tercios de los ingresos del grupo se generan fuera de España. Abertis Telecom posee y explota infraestructuras de telecomunicaciones en España. Tiene también la red principal de centros para la distribución y transmisión de señales de radio y televisión en España. TelecomCLM, SA es un operador regional de telecomunicaciones que presta servicios en Castilla-La Mancha. Entre sus servicios están el transporte, la contribución y difusión de señales de radio y televisión; albergar equipos y sistemas radiantes; la utilización compartida de infraestructuras; y el mantenimiento integral de infraestructuras. La compañía presta servicios a los operadores locales, autonómicos y nacionales. […].

(109)

La medida en cuestión implica una transferencia de fondos estatales a determinadas empresas. Aunque el Tratado no define el concepto de empresa, hace referencia a cualquier persona física o jurídica, independientemente de su estatus y financiación, que desarrolle una actividad económica. En la práctica de la Comisión, confirmada por el Tribunal de Justicia, la explotación de redes de emisión de televisión se considera una actividad económica (48), de modo similar a otros casos que implican la gestión de infraestructuras por parte de las autoridades regionales (49). En el caso que nos ocupa, las empresas públicas están inscritas en el Registro de la CMT en calidad de operadores de red. Este hecho sugiere que prestan determinados servicios que, según la práctica consolidada, constituyen una actividad económica. El mercado existe si, como sucede en este caso, otros operadores estarían dispuestos a prestar el servicio en cuestión o en condiciones de hacerlo. Así, por ejemplo, Astra, antes de llevar a cabo la extensión de la cobertura en la zona II, mantuvo varias reuniones con las Comunidades Autónomas para presentarles su oferta. Por otra parte, en marzo de 2008 Astra participó y resultó ganadora de una licitación tecnológicamente neutra publicada en Cantabria para la prestación de televisión digital en las zonas II y III. El hecho de que las empresas públicas y los ayuntamientos no perciban remuneración por los servicios prestados no es óbice para que las actividades en cuestión sean consideradas como actividad económica (50).

(110)

La Comisión no está de acuerdo con el argumento esgrimido por España de que la explotación de la red terrestre por parte de las Comunidades Autónomas, las empresas públicas y los ayuntamientos se encuadre en el ejercicio de los poderes oficiales en calidad de autoridad pública, por lo que queda al margen del ámbito de aplicación del artículo 107 del Tratado. Se ha reconocido que las actividades relacionadas con el ejercicio de prerrogativas estatales por el propio Estado o por autoridades que funcionen dentro de los límites de su autoridad pública no constituyen actividades económicas a efectos de las normas de competencia (51). Se puede considerar que se encuadran en esta excepción actividades como las que forman parte de las funciones esenciales del Estado o están relacionadas con dichas funciones por su naturaleza, finalidad y las normas a las que estén sujetas. La jurisprudencia del Tribunal ha ofrecido varios ejemplos de actividades que se encuadran en esta categoría, con lo que se traza una línea divisoria entre actividades estatales puras y actividades comerciales que puede desarrollar una entidad estatal. En esta lista se incluyen actividades relacionadas con el Ejército o la Policía; el mantenimiento y la mejora de la seguridad en la navegación aérea, el control del tráfico aéreo (52); la vigilancia contra la contaminación, que es una tarea de interés público que forma parte de las funciones esenciales del Estado en lo que respecta a la protección del medio ambiente en zonas marítimas (53), actividades de normalización y actividades de investigación y desarrollo afines (54).

(111)

En este contexto, la Comisión opina que, en el presente asunto, la explotación de la red de radiodifusión terrestre no se encuadra entre las obligaciones o prerrogativas del Estado ni es una actividad típica que solo pueda desarrollar el Estado. Los servicios tomados en consideración no son los habituales de una autoridad pública y tienen por sí mismos naturaleza económica, lo que se pone de manifiesto por el hecho de que son varias las empresas que operan en el mercado de la zona I. En segundo lugar, una empresa privada, que no depende de ninguna autoridad pública, en concreto Astra (como evidencia su presencia en calidad de licitadora en la licitación de 2008 de Cantabria), estaba interesada en prestar este servicio en la zona II. La denuncia de Astra se refiere también a la región de Castilla-La Mancha, en la que está interesada en prestar servicios digitales de radiodifusión como operador de plataforma. En tercer lugar, el despliegue de la red en la zona II solo afecta a la transmisión de canales nacionales y regionales privados (55). Como consecuencia de ello, se concluye que la explotación de la red terrestre por parte de las Comunidades Autónomas, empresas públicas y ayuntamientos no se encuadra en el ejercicio de sus prerrogativas como poder público.

(112)

La Comisión no está de acuerdo con la JCCM en que la medida se ajuste al principio del inversor en una economía de mercado (PIEM). Esta prueba analiza si un inversor privado habría invertido en el proyecto de la misma forma y en las mismas condiciones que el inversor público en el momento en que se adoptó la decisión de llevar a cabo la inversión pública. En el presente asunto, la inversión pública es la financiación por parte de la JCCM de la digitalización de las redes de radiodifusión terrestre de Telecom CLM y Abertis. Cuando el equipo sigue siendo propiedad de las autoridades públicas (ayuntamientos), está operado por las antiguas compañías. El convenio con los operadores no establece un reembolso de los fondos o una remuneración del equipo propiedad de las autoridades públicas. Esto contradice directamente el concepto de un inversor privado, que no solo exigiría este reembolso o remuneración sino que además exigiría también un rendimiento de la propia inversión. No se pretendía que la financiación pública de la red de TDT fuera una inversión rentable en sí. En consecuencia, la inversión de la JCCM en la digitalización de la red terrestre en la zona II no cumple el PIEM.

(113)

Por tanto, existe una ventaja económica cuando el operador recibe fondos públicos para digitalizar su propio equipo o construir nuevos centros emisores. Segundo, cuando una autoridad pública selecciona directamente (es decir, sin una licitación pública) a un operador para el suministro de equipo de TDT y la prestación de servicios de explotación y mantenimiento, no respeta las condiciones de mercado. Esto también concede una ventaja económica al operador.

(114)

Como se establece en los considerandos 36 y 37, la JCCM no organizó licitaciones regionales para la mejora de las redes analógicas ni para la extensión de la cobertura de televisión digital. En su lugar, estos fondos se asignaron directamente a los ayuntamientos o a los operadores terrestres existentes. Por su parte, los ayuntamientos eligieron a los operadores para llevar a cabo la tarea sin licitación pública. Como resultado, no se informó debidamente de la medida a otros operadores de plataforma, ya fuera terrestre o de otro tipo, que, por tanto, no pudieron hacer una propuesta técnica para la actualización de infraestructuras o la extensión de la cobertura de la televisión digital en la zona II en la Comunidad (56).

(115)

Abertis y TelecomCLM fueron los receptores de los fondos destinados a la mejora y extensión de su red o bien fueron contratados por los ayuntamientos para realizar esas obras en la infraestructura de estos últimos (57). En ambos casos, los dos operadores fueron seleccionados sin una licitación pública. En la mayoría de los casos, los ayuntamientos son propietarios del equipo de TDT adjunto a los repetidores de los operadores, que no pagan a los ayuntamientos por el uso de ese equipo.

(116)

TelecomCLM firmó directamente 133 convenios con la JCCM para la digitalización de sus propios centros emisores. Esto se consideró necesario para realizar la extensión de la TDT en zonas rurales, en las que la densidad de población es baja y ningún operador ha mostrado interés en invertir. Una visión general de los costes incurridos por TelecomCLM al recibir los fondos transferidos por la JCCM muestra que TelecomCLM utilizó esos fondos exclusivamente para la adquisición e instalación de equipo de TDT y el posterior mantenimiento del equipo durante un período correspondiente a los dos primeros años

(117)

De esta manera, TelecomCLM y Abertis mejoraron parte de sus centros emisores existentes y están ahora en condiciones de explotar la red de TDT en la zona II gracias a la subvención pública. También pueden utilizar la nueva infraestructura para prestar otros servicios, por ejemplo, WiMax (norma de trasmisión de datos de banda ancha inalámbrica que puede ofrecer banda ancha fija o móvil). TelecomCLM utilizó sus centros […] y varios centros digitalizados propiedad de los ayuntamientos para la instalación del equipo Wimax de la JCCM […] (58). Gracias a estas economías de alcance, los operadores de la red de TDT tienen la posibilidad de obtener ingresos de la infraestructura financiada con fondos públicos. […].

(118)

La ventaja cuantificable concedida a los beneficiarios directos TelecomCLM y Abertis es el importe total de los fondos recibidos para la extensión de la cobertura (incluidos los fondos recibidos para la mejora o la construcción de nuevos centros emisores).

(119)

Cuando los propios ayuntamientos actuaron como operadores de red, recibieron fondos públicos para digitalizar los centros emisores situados en sus zonas y construir otros nuevos. Las autoridades alegan que no se trataba más que de transferencias de fondos entre distintos niveles de la Administración y que, al extender las redes propiedad de los ayuntamientos, estos simplemente cumplían sus obligaciones administrativas para con sus ciudadanos. Sin embargo, cuando los ayuntamientos actúan como operadores de red, realizan una actividad económica. Muchos de ellos están inscritos en el Registro de Operadores de red de la CMT. No obstante, puesto que los ayuntamientos compraron el equipo digital a Abertis o a TelecomCLM y subcontrataron la instalación, explotación y el mantenimiento del equipo a estas dos empresas sin licitación pública, también en este caso estos últimos son los beneficiarios directos de la ayuda.

(120)

La financiación también incluye la explotación y el mantenimiento de la red. Estas tareas las realizaron TelecomCLM y Abertis. Se considera que ello constituye ayuda en curso y que los operadores encargados de la explotación y el mantenimiento de la red son los beneficiarios. Por último, en términos más generales, Abertis y TelecomCLM también se benefician de que no se permita a otro operador de plataforma introducirse en el mercado de emisión de señales de televisión en abierto en España (59).

(121)

Proveedores de equipos de telecomunicación. Telecom CLM y Abertis suministran equipo y equipos de telecomunicación internos. Puesto que los ayuntamientos compraron equipo sin una licitación pública a los dos operadores terrestres existentes en Castilla-La Mancha, TelecomCLM y Abertis se beneficiaron directamente de la ayuda (véase el considerando 119). Cuando los dos operadores compraron este equipo a los proveedores de equipos de telecomunicación, este equipo se compró en un mercado libre. Por tanto, como resultado, aparte de TelecomCLM y Abertis (beneficiarios directos), los proveedores de equipos de telecomunicación no se consideran beneficiarios, ya que no recibieron una ventaja selectiva. De modo similar al caso de los descodificadores digitales en Italia (60), no ha sido posible establecer una distinción entre diferentes categorías de productores de diversos tipos de infraestructura digital porque los productores deben ser capaces de producir cualquier tipo de equipo. Las empresas que suministran estos equipos de telecomunicación a los operadores de red no difieren del grupo de empresas que habría participado en la licitación si el régimen hubiera sido tecnológicamente neutro con respecto a los operadores de plataforma (61). En España, las empresas que integran, instalan y suministran los equipos de telecomunicación necesarios para la extensión de la TDT suelen ofrecer otros servicios. Tales fabricantes de equipos, aunque también los operadores de telecomunicaciones, pueden también ofrecer soluciones terrestres, satelitales o una combinación de ambas (62).

(122)

La medida en cuestión no pretende, por su objeto o estructura general, generar una ventaja para los fabricantes. Cualquier iniciativa pública en favor de la digitalización (incluso la más neutra tecnológicamente hablando) favorecería a los productores de equipos digitales. En el caso de los fabricantes de equipos, se puede considerar, por tanto, que el hecho de que se beneficiaran de un aumento de las ventas como consecuencia de la medida puede ser considerado un efecto secundario mecánico. Como principio general, toda ayuda estatal produce un efecto de goteo sobre los proveedores del beneficiario de la ayuda estatal, lo que no implica necesariamente, sin embargo, una ventaja selectiva para ellos. La ayuda no iba destinada a los proveedores de equipos de telecomunicación, por lo que estos no se beneficiaron de un efecto indirecto buscado.

(123)

Radiodifusores. España ha demostrado suficientemente que los radiodifusores terrestres no recibieron ventaja alguna a raíz de la extensión de la cobertura. En contraste con la zona I, los radiodifusores se negaron a pagar por la digitalización en la zona II pues ello no les iba a generar ningún ingreso adicional. De hecho, a la luz de la escasa población afectada, que no parece ser objetivo comercial de los anunciantes, a raíz de la extensión a la zona II, los radiodifusores no pudieron incrementar significativamente las tarifas de publicidad. Por tanto, los radiodifusores terrestres no son beneficiarios indirectos de la medida investigada.

(124)

La ventaja que la medida ofrece a los operadores de red y a los radiodifusores es selectiva, pues solo afecta a las empresas que operan en el mercado de la plataforma terrestre. Por otra parte, la selección de los operadores de red encargados de la tarea de extenderla no se hizo basándose en una licitación, sino en un procedimiento específico establecido en el Decreto, que consistía en que las autoridades seleccionaran a los operadores de red. Por tanto, independientemente de si el marco legislativo a nivel central excluyó otras tecnologías distintas de la terrestre del ámbito de la ayuda, su aplicación por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha solo se refería a operadores de red concretos.

(125)

Al conceder directamente la financiación a los operadores de red terrestre Telecom CLM y Abertis, las autoridades españolas discriminaron a cualquier otro operador de red terrestre que podría haber prestado esos servicios. En una licitación pública podría haberse determinado si otros operadores existentes, como Radiodifusión, reunían los requisitos para prestar servicios de radiodifusión a radiodifusores regionales y nacionales en la zona II de Castilla-La Mancha. Al no ser informados de la medida ni invitados a presentar su oferta, estos operadores no pudieron defender sus propuestas ante la JCCM. Como resultado, la selección directa de los beneficiarios dio lugar a la exclusión de cualquier otro competidor terrestre potencial.

(126)

Cuando los ayuntamientos actualizaron su propia red, en algunos casos, contactaron directamente con TelecomCLM o Abertis. En tales casos, otros operadores de telecomunicaciones quedaron excluidos de presentar propuestas. Como se expone en los considerandos 39 y 40, otros ayuntamientos publicaron un breve anuncio en su tablón de anuncios. Esos anuncios informaban de que se seleccionaría a un operador de telecomunicaciones para digitalizar el centro emisor del ayuntamiento, de acuerdo con el Decreto 347/2008. El operador debía presentar una memoria técnica. Los operadores interesados podían obtener las especificaciones técnicas en la Secretaría del ayuntamiento. No obstante, la publicación en el tablón de anuncios no respeta la neutralidad tecnológica, ya que los anuncios solo se referían a la mejora de centros emisores terrestres ya existentes. Por otra parte, aunque los anuncios permiten que cualquier operador de telecomunicaciones inscrito en el Registro de Operadores de la CMT presente una oferta, no pueden considerarse equivalentes a una licitación pública. La publicación en el tablón de anuncios no tiene la misma visibilidad que una licitación pública en un Boletín Oficial. Por otra parte, en la mayoría de los casos, a diferencia de otras compañías, TelecomCLM y Abertis fueron informados expresamente de antemano sobre el proceso y podían, por tanto, entregar su oferta (63). En definitiva, en todos los ayuntamientos en los que se publicaron esos anuncios, resultaron seleccionados TelecomCLM o Abertis.

(127)

España y Abertis alegan que la TDT y la tecnología satelital son dos mercados distintos. La TDT es la plataforma principal para la televisión terrestre en abierto, mientras que el número de operadores en el mercado nacional viene determinado por el número de licencias concedidas por el Gobierno español. Los canales de televisión terrestre en abierto se financian con publicidad. En cuanto a la televisión por satélite, se puede acceder a un gran número de canales en la única plataforma de televisión de pago de España, de la que Astra es el operador de red. Estos canales se financian mediante abonos, por lo general para un paquete de canales. Las autoridades españolas subrayan además que en España el coste de la distribución vía satélite para los radiodifusores es mucho más elevado que el de la radiodifusión terrestre, por lo que los radiodifusores en abierto, incluidos los regionales y locales, no están interesados en cambiarse a esta plataforma.

(128)

Por diversas razones indicadas en la Decisión, se concluye que las plataformas terrestre y de satélite operan en el mismo mercado.

(129)

En primer lugar, en 2008 Astra compitió por la extensión de la cobertura de televisión digital en Cantabria y ganó la licitación. En 2008 mantuvo una serie de reuniones con las Comunidades Autónomas a las que presentó su oferta de emitir canales de televisión digital que hasta entonces habían sido emitidos a través de la plataforma terrestre. A pesar de que las autoridades rescindieron posteriormente el contrato con Cantabria, el interés del operador de satélite en prestar servicios en competencia con la plataforma terrestre sugiere que existe la posibilidad de que los operadores de satélite presten servicios similares.

(130)

En segundo lugar, varios canales públicos y privados distribuidos a través de la plataforma terrestre también se emiten mediante plataformas de satélite, incluida la propia Astra (64). En tercer lugar, algunos de los canales regionales pueden o podían sintonizarse hasta hace poco a través de la plataforma de satélite, lo que entra en contradicción con la afirmación de que los radiodifusores regionales no están interesados en la tecnología satelital.

(131)

En cuarto lugar, algunos radiodifusores han manifestado una preferencia por la transmisión terrestre porque han adquirido derechos para emitir contenidos exclusivamente para la plataforma terrestre. Ello no implica, sin embargo, que existan mercados distintos para la transmisión terrestre y la satelital. Del mismo modo que han adquirido derechos para la plataforma terrestre, en caso necesario podrían hacer lo mismo para la satelital. Además, si se selecciona una plataforma satelital mediante una licitación pública, podría imponerse a los radiodifusores una «obligación de transporte». Esa «obligación de transporte» se impuso a los radiodifusores para la zona III cuando se seleccionó la plataforma satelital.

(132)

Por último, según datos de mayo de 2010 (65), la cobertura de la TDT en España alcanza al 98,85 % de la población mientras que solo el 93,5 % de los hogares ve la televisión a través de la plataforma terrestre. Ello quiere decir que el 5 % de los hogares dispone de acceso a la TDT pero prefiere no utilizarlo, ya que la mayoría de ellos están abonados a la televisión de pago vía satélite.

(133)

En conclusión, habida cuenta de que las plataformas de radiodifusión vía satélite y terrestre compiten entre sí, la medida destinada al despliegue y la explotación y mantenimiento de la TDT en la zona II implica un falseamiento de la competencia entre las dos plataformas.

(134)

Por último, se ha de señalar que otras plataformas, especialmente la televisión por internet, se encuentran discriminadas como consecuencia de la medida. A pesar de que la banda ancha aún no ha llegado a la totalidad de la zona II, es muy probable que en el futuro amplíe su cobertura de forma significativa. Es posible que una mezcla de tecnologías hubiera sido más eficiente para lograr la cobertura de la zona II. En este caso, estas otras plataformas podrían haber contribuido al objetivo y haberse beneficiado de la medida de ayuda.

(135)

La medida incide en el comercio intra-UE. Según la jurisprudencia de los tribunales europeos, cuando «una ayuda económica otorgada por un Estado o utilizando fondos estatales refuerza la posición de ciertas empresas frente a otras que compiten con ellas en los intercambios comerciales intracomunitarios, procede considerar que la ayuda influye sobre dichos intercambios» (66).

(136)

Los operadores de red operan en un sector en el que se producen intercambios entre los Estados miembros. Abertis forma parte de un grupo internacional de empresas, al igual que una de las denunciantes, Astra. Basada en otro Estado miembro (Luxemburgo), Astra habría licitado por la prestación de una red digital en la Comunidad de Castilla-La Mancha si se hubiera organizado una licitación tecnológicamente neutra. Por tanto, la medida afecta al comercio entre los Estados miembros.

(137)

Habida cuenta de los argumentos anteriormente expuestos, la Comisión considera que la medida reúne los criterios consagrados en el artículo 107, apartado 1, del Tratado. En estas circunstancias, la medida ha de ser considerada ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

(138)

La Comisión apoya activamente la transición de la radiodifusión analógica a la digital. Las ventajas de la transición digital fueron puestas de relieve en el Plan de Acción eEurope 2005 y en las dos Comunicaciones relativas a la transición a la tecnología digital (67). La Comisión también reconoce que la transición a la tecnología digital podría sufrir retrasos si se dejara enteramente al albur de las fuerzas de mercado.

(139)

Los Estados miembros pueden utilizar las ayudas para colmar alguna deficiencia de mercado específica o garantizar la cohesión social o regional (68). En esos casos, sin embargo, debe probarse cada vez que las ayudas previstas son el medio adecuado para tratar el problema, que se limitan al mínimo necesario y que no falsean indebidamente la competencia. De modo análogo, la Comunicación (69) relativa a la transición establece que, en el ámbito específico de la digitalización, la intervención pública estaría justificada siempre que se den dos condiciones: la presencia de intereses generales y la existencia de una deficiencia de mercado, o lo que es lo mismo, que las fuerzas de mercado por sí solas no puedan lograr el bienestar colectivo. Asimismo especifica que, en cualquier caso, la intervención pública debe ir respaldada por un análisis de mercado sólido.

(140)

La Comunicación relativa a la transición también indica que la transición a la radiodifusión digital representa un enorme desafío industrial que ha de liderar el mercado. Por norma, cada red debe competir con sus propios medios. Con el fin de preservar este principio, cualquier intervención pública tratará de ser neutra desde el punto de vista tecnológico. Se pueden considerar como únicas excepciones a este principio las intervenciones cuya finalidad sea corregir deficiencias del mercado o eliminar un desequilibrio, y al mismo tiempo sean un medio necesario, adecuado y proporcionado para corregir ese problema.

(141)

Si se dejara que el mercado siguiera su curso, y habida cuenta de su desfavorecida situación social, existe el riesgo de que no todas las capas de la población puedan beneficiarse de las ventajas de la televisión digital. Con respecto a este problema de la cohesión social, es posible que los Estados miembros quieran asegurarse de que todos los ciudadanos disponen de acceso a la televisión digital una vez que cese la emisión de televisión en analógico. Dado que la conversión a digital acarrea costes para los consumidores y exige un cambio de hábitos, es posible que los Estados miembros deseen ayudar especialmente a los grupos desfavorecidos de la sociedad, como ancianos, hogares de renta baja o personas que vivan en regiones periféricas.

(142)

En varias decisiones de ayudas estatales, basadas en las Comunicaciones relativas a la transición a la tecnología digital, la Comisión aplicó las normas sobre ayudas estatales en este sector (70). Los Estados miembros disponen de varias posibilidades para otorgar financiación pública destinada a la conversión con el fin de garantizar que todas las zonas geográficas sigan gozando de la cobertura de televisión adecuada. Ello incluye financiar el despliegue de una red de transmisión en zonas en las que, de otra manera, la recepción televisiva sería insuficiente (71). No obstante, esta financiación solo puede concederse si no implica un falseamiento innecesario entre tecnologías o empresas y si se limita al mínimo necesario.

(143)

Las autoridades españolas han invocado los artículos 107, apartado 3, letra c), y 106, apartado 2, del Tratado para justificar la medida en el supuesto de que se concluya que constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del Tratado. A continuación, la Comisión evalúa la compatibilidad de la medida teniendo en cuenta estas disposiciones y las consideraciones generales anteriormente expuestas.

(144)

Para que la ayuda sea compatible con lo dispuesto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado la Comisión sopesa los efectos positivos y negativos de la misma. Al aplicar la prueba de sopesamiento, la Comisión evalúa las siguientes cuestiones:

(145)

El régimen de ayudas nacional, ejecutado por la JCCM para Castilla-La Mancha, pretende acelerar el proceso de conversión a la tecnología digital en España y garantizar la continuidad de la recepción de la señal de televisión a los residentes en determinadas zonas remotas y rurales. A este respecto, el objetivo de la medida es que las personas que residan en esas zonas puedan ver la televisión y ejercer su derecho constitucional de acceder a la información. Como ya se ha mencionado en el considerando 138, la Comisión ha reconocido la importancia y los beneficios que aporta la emisión digital en el Plan de Acción eEurope 2005 (72) y en sus dos Comunicaciones sobre la transición de la radiodifusión analógica a la digital (73). En su iComunicación — Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo (74), la Comisión ha señalado que el abandono previsto de la televisión analógica terrestre para 2012 mejorará el acceso al espectro en Europa. Como la radiodifusión digital utiliza el espectro con mayor eficiencia, libera capacidad de espectro para otros usuarios, como los nuevos servicios de radiodifusión y de telefonía móvil, lo que a su vez estimulará la innovación y el crecimiento en las industrias de la televisión y las comunicaciones electrónicas.

(146)

Por consiguiente, la Comisión considera que la medida va dirigida a lograr un objetivo bien definido de interés común.

(147)

Como afirmaron las autoridades españolas, hay coincidencia generalizada en el riesgo de que no todas las capas de la población puedan beneficiarse de las ventajas de la televisión digital (problema de la cohesión social y regional). Podría haber una deficiencia del mercado si los operadores de mercado no toman suficientemente en consideración los efectos positivos de la conversión digital en la sociedad en su conjunto porque no cuentan con los incentivos económicos para ello (externalidades positivas). Además, con respecto a la cohesión social, es posible que los Estados miembros quieran garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la televisión digital una vez que cesen las emisiones en analógico, por lo que también pueden plantearse la adopción de medidas para garantizar que todas las zonas geográficas siguen contando con una cobertura de televisión apropiada.

(148)

Como ya se expone en la Decisión de incoación, la Comisión reconoce la existencia de una deficiencia del mercado por el hecho de que los radiodifusores no están dispuestos a soportar costes adicionales por una extensión de la cobertura que exceda de sus obligaciones legales. Además, ni las plataformas satelitales ni los hogares han llevado a cabo inversiones que garanticen la recepción de los canales digitales vía satélite por parte de todos los habitantes de la zona II. Por consiguiente, la Comisión reconoce que las personas cuya residencia habitual se encuentre en una zona rural pueden quedar totalmente excluidas de la recepción de la señal de televisión digital en abierto si la cobertura digital queda completamente al albur de las fuerzas del mercado y que la intervención pública puede ser beneficiosa mediante apoyo económico a los particulares.

(149)

En los casos de conversión a la tecnología digital, el principio de neutralidad tecnológica se encuentra perfectamente consagrado en varias decisiones de la Comisión (75) y ha sido confirmado por el Tribunal General y el Tribunal de Justicia (76).

(150)

La elección de tecnología se debe establecer, por lo general, mediante una licitación tecnológicamente neutra, como se hizo en otros Estados miembros (77). Realizar una licitación puede ser costoso y retrasar la ejecución del proyecto. En algunos casos, puede no estar justificado, si puede determinarse de antemano que solo una tecnología concreta o un proveedor concreto pueden prestar los servicios requeridos. Por tanto, optar por una tecnología concreta puede ser aceptable si esta opción está justificada por los resultados de un estudio preliminar. Este estudio tendría que tomar en cuenta criterios de precio y de calidad. Puesto que la decisión de optar por una tecnología concreta impedirá la competencia de otros proveedores que presenten su producto y sus ofertas de precios, los resultados del estudio tendrán que ser inequívocos y sólidos.

(151)

La Comisión ha reconocido anteriormente que un estudio puede ser la base para seleccionar una solución tecnológica concreta (78). No obstante, la carga de la prueba recae en el Estado miembro, que tiene que demostrar que los resultados de dicho estudio son suficientemente sólidos y que el estudio se llevó a cabo con la máxima independencia (79).

(152)

A este respecto, las autoridades españolas y Abertis han propuesto diversos estudios, que se comentan a continuación.

(153)

Las autoridades de Castilla-La Mancha han alegado que la medida investigada estaba orientada hacia la radiodifusión digital terrestre basada en los resultados de un estudio preliminar, realizado antes de la adopción del Decreto. El «Estudio Comparativo Socioeconómico» (80), resumido en los considerandos 59 a 61 concluyó que la solución terrestre sería la más rentable.

(154)

El punto de partida del estudio es la cuantificación de la población para la que puede tomarse una opción tecnológica. La mayor parte de Castilla-La Mancha pertenece a la llamada zona I, en la que ya se había producido la conversión a la TDT. En algunos casos, las zonas I y II se superponen. Por razones técnicas, el estudio sostiene que en esas zonas (que ya están equipadas parcialmente con TDT) solo debería considerarse la extensión de la TDT. Al comparar las opciones de satélite y TDT, el estudio, por tanto, solo toma en cuenta a aproximadamente el 9,8 % de la población. En segundo lugar, el autor del estudio considera que, dentro de este subgrupo, parte de la población recibe además servicio de televisión regional vía la plataforma terrestre. Sin otra evaluación, concluye que para estos servicios, «sería más lógico hacer que la población adoptara diferentes modos de recepción». Por último, queda un 2,85 % de la población —o 57 510 habitantes en 689 pueblos— para los que hay que considerar una tecnología alternativa.

(155)

El estudio presenta primero una estimación del coste total de la plataforma satelital —incluido el coste de la instalación de descodificadores, hipótesis basadas en datos de mercado sobre el coste del arrendamiento de un transpondedor del satélite, y los costes de explotación y mantenimiento durante 10 años— y a continuación lo compara con el coste total estimado de la plataforma terrestre. En este último, incluye el coste de la instalación de descodificadores y transmisores terrestres y los costes de explotación y mantenimiento durante 10 años. Al final, el coste total estaría entre 47 672 550 EUR y 97 646 800 EUR para la solución satelital y entre 15 136 550 EUR y 17 224 350 EUR para la solución terrestre.

(156)

En aquel momento, las autoridades podían elegir entre realizar una licitación tecnológicamente neutra o, sobre la base de un estudio de costes, preseleccionar una tecnología concreta. Así pues, las autoridades tenían que decidir si valía la pena invitar a licitar a competidores potenciales. Si se hubiera realizado una licitación abierta, la agencia podría haber elegido entre distintas ofertas, incluidos posibles descuentos ofrecidos por los licitadores. Por otra parte, podría estar justificado omitir este procedimiento de licitación si el estudio demostrara que, teniendo en cuenta todos los posibles descuentos que podrían esperarse de potenciales licitadores, la tecnología satelital era claramente más cara o no cumpliría requisitos cualitativos esenciales. Puesto que el estudio solo es necesario para justificar que se prescinda de la licitación, habría que demostrar una diferencia de costes significativa entre las dos plataformas y la solidez de un resultado de este tipo.

(157)

El estudio dista mucho de cumplir estos requisitos. Primero, a raíz de una solicitud de información enviada por la Comisión en 2011, las autoridades tuvieron que hacer correcciones en los datos utilizados en el estudio. Las correcciones consistieron en incrementar los costes de los centros emisores en aproximadamente un 65 %, así como el número de los centros emisores que realmente se necesitaban para garantizar la cobertura esperada. La JCCM alegó que, incluso con esas nuevas cifras, tampoco variaría el resultado de la comparación entre tecnologías de transmisión terrestre y por satélite. De hecho, sin embargo, si se toman en cuenta las nuevas cifras, la ventaja de costes de la tecnología de TDT disminuía o, en algunos casos incluso se convertía en una ventaja de costes a favor de la solución satelital. Esto ya muestra que los resultados del estudio no eran sólidos. Estas deficiencias habrían resultado evidentes para las autoridades en aquel momento si hubieran actuado con la suficiente diligencia.

(158)

En cuanto al cálculo de los costes, el estudio adopta el planteamiento equivocado al calcular el coste de la transmisión por satélite. Supone que los ayuntamientos arrendarían capacidad de transpondedor del satélite a la plataforma satelital y operarían la propia conexión por satélite. Por tanto, su cálculo se basa en precios publicados de arrendamiento (2008) de capacidad de transpondedor del satélite. Puesto que estos precios son de conexiones individuales, no tienen en cuenta ningún descuento por cantidad ni posibles negociaciones de precios. Además, en el caso de una licitación abierta, como se ha demostrado en el caso de Cantabria, el propio operador del satélite participaría como competidor. Su oferta se basaría en un cálculo de precios completamente distinto. En comparación con los precios de arrendamiento individual, si el contrato cubre la totalidad de la zona II de Castilla-La Mancha, cabe esperar que esa oferta incluiría importantes descuentos de precios por capacidad.

(159)

Además, el planteamiento del estudio saca indebidamente conclusiones en contra de la opción satelital (81):

(160)

En consecuencia, el cálculo de los costes para la TDT parece excesivamente optimista. Esta conclusión se afianza al comparar el coste estimado del estudio para el despliegue de la TDT con el dinero realmente gastado a partir de entonces. El estudio estima que el coste máximo del despliegue de la TDT ascendería aproximadamente a 15-17 millones EUR. Sin embargo, las autoridades de Castilla-La Mancha gastaron posteriormente 46 millones EUR para actualizar la TDT (más gastos para la instalación de receptores por satélite cuando, de hecho, resultó que la TDT no era económicamente viable).

(161)

Las estimaciones del estudio no son sólidas. Al utilizar las propias cifras de Castilla-La Mancha (aunque actualizadas), la ventaja inicial de costes de la red de TDT disminuía o, en algunos supuestos, incluso resultaba ventajosa para la solución satelital (83). Sigue sin tenerse en cuenta la posibilidad de descuentos ofrecidos por un operador de satélite en un procedimiento de licitación competitiva. Sobre la base de las consideraciones anteriores el estudio no aporta, por tanto, pruebas suficientes que justifiquen la elección previa de la tecnología de TDT y evitar un procedimiento de licitación abierta.

(162)

El Gobierno español presentó un estudio interno, realizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MIEyT) en julio de 2007, sobre la viabilidad de prestar el servicio TDT universal utilizando TDT o satélite. Sin embargo, ese estudio no se facilitó a las Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha, y solo se utilizó como documento interno. En cualquier caso, la Comisión considera que el estudio preliminar presentado por las autoridades españolas, mencionado en el considerado 62, no demuestra la superioridad de la plataforma terrestre frente a la de satélite. Por el contrario, el estudio considera que una mezcla de tecnologías es más realista y asume para la zona II una combinación del 70 % de transmisión por satélite y el 30 % de transmisión terrestre (84). Además, el estudio concluye que la elección de una solución tecnológica determinada para la extensión de la cobertura deberá ser analizada para cada región en concreto, teniendo en cuenta sus peculiaridades topográficas y demográficas. En lugar de sugerir una elección previa de una tecnología concreta, esta conclusión aboga más bien por la necesidad de llevar a cabo una licitación tecnológicamente neutra para determinar qué plataforma es más adecuada en el caso concreto de Castilla-La Mancha.

(163)

En relación con los dos estudios de costes presentados por Abertis, cabe decir que se hicieron en 2010, mucho después de que se llevaran a efecto las medidas investigadas. Independientemente de que se pueda considerar que gozan de la suficiente independencia y solidez, el hecho de que sean posteriores a las medidas impugnadas impide justificar la selección del Gobierno español de la tecnología de TDT y que prescindiera de una licitación tecnológicamente neutra. La Comisión recibió también estimaciones de costes presentadas por Astra, que demuestran que la tecnología de satélite es más rentable. Por las mismas razones, tampoco se tomaron en cuenta.

(164)

Como se concluía en el considerando 161 respecto al estudio de Castilla-La Mancha, tampoco otros estudios permiten concluir que la plataforma digital terrestre sea superior a otras soluciones tecnológicas por calidad o precio. Por consiguiente, no justifican que la JCCM evitara un procedimiento de licitación abierta.

(165)

Por una serie de razones, la medida no se puede considerar apropiada.

(166)

Al conceder la ayuda directamente a TelecomCLM y Abertis, operadores de TDT establecidos, la medida no considera soluciones alternativas que podrían haber sido más rentables o haber aportado una solución cualitativamente mejor. Como se ha expuesto en la sección anterior, no está justificado descartar una plataforma satelital. El hecho de que algunos hogares de la zona II reciban canales en abierto vía satélite demuestra que la tecnología terrestre no siempre es la plataforma más eficiente y apropiada. Asimismo se señala que también se ha optado por la transmisión por satélite en otros Estados miembros, incluso en zonas en las que era posible la solución terrestre (85). Además, el hecho de que Astra compitiera en la licitación tecnológicamente neutra para la extensión de la cobertura de televisión digital en Cantabria y la ganara, sugiere, como mínimo, que la plataforma de satélite puede prestar este servicio (86).

(167)

Por otra parte, los diversos estudios de costes solo comparan las plataformas TDT y satelital. No toman en cuenta soluciones tecnológicas alternativas como las redes de cable y la televisión por internet. Si bien esta última no puede cubrir la totalidad del territorio, una mezcla tecnológica que incluya esas plataformas así como transmisión por TDT y satelital podría haber sido más eficiente.

(168)

La medida tampoco es adecuada puesto que discrimina entre los propios operadores de TDT. Al seleccionar directamente a los operadores de TDT establecidos TelecomCLM y Abertis, la medida no examina si otros operadores de TDT, como Radiodifusión, podrían haber presentado una oferta más económica o cualitativamente mejor.

(169)

La idoneidad de seleccionar previamente a los operadores de TDT también se pone en tela de juicio por las limitaciones de capacidad en la plataforma de TDT. Aunque el 3 de abril de 2010 se culminó en España la transición de la televisión analógica a la TDT en la banda de 800 MHz, en 2011 se decidió subastar las frecuencias de banda de 800 MHz a operadores de telecomunicaciones para ajustarse a la Decisión n.o 243/2012/UE. Como resultado de ello, era preciso transferir emisiones, como muy tarde el 1 de enero de 2014, a otros canales que se localizan por debajo de los 790 MHz. Como ello generaba costes adicionales, el 5 de noviembre de 2011 España notificó dos medidas para los hogares y los radiodifusores con un presupuesto de entre 600 y 800 millones EUR en la zona I (aún no se ha notificado medida alguna para la zona II) (87). Estos costes no se habrían producido si se hubiera optado por otras plataformas (televisión por internet, cable o satélite). En los próximos años, se espera otro cambio de frecuencia para liberar más capacidad para la futura tecnología móvil LTE, que generará costes similares.

(170)

Por si fuera poco, se ha señalado que las frecuencias de móviles 4G interfieren con las señales de TDT y los hogares se ven obligados a adquirir costosos filtros para proteger su señal de TDT de las ondas LTE (88). No puede descartarse que interferencias similares sean un problema más general que socave la idoneidad futura de la radiodifusión terrestre, especialmente en el contexto de un despliegue de las redes NGA (acceso de nueva generación) más amplio.

(171)

Las autoridades españolas adujeron otros dos argumentos por los que la transmisión por satélite sería más cara que la TDT. En primer lugar, en sus acuerdos con proveedores de contenidos, los radiodifusores tienen restricciones territoriales. Garantizar este acceso condicional sería más caro para la tecnología de satélite. En segundo lugar, alegaron que la tecnología de satélite no estaba equipada para difundir un gran número de canales regionales. Estos argumentos no han quedado acreditados y se contradicen con el hecho de que el contrato de Astra con Cantabria incluía un sistema profesional de acceso condicional. Además, según los cálculos de costes de Astra, la tecnología de satélite seguiría siendo más barata incluso en el caso de que se tuvieran que celebrar convenios distintos con cada una de las regiones españolas. En cuanto a la radiodifusión regional, Astra sostiene que el número de 1 380 canales reconocido por el Gobierno español es muy exagerado (89). Una vez más, según sus propios cálculos, la opción satelital sería más barata aunque se incluyeran los canales regionales y locales.

(172)

En conclusión, la Comisión considera que la medida investigada no cumplía el principio de neutralidad tecnológica. Como se ha explicado anteriormente, la medida no es proporcionada y no es un instrumento apropiado para garantizar la cobertura de canales en abierto a los residentes de la zona II de Castilla-La Mancha.

(173)

En cuanto a la financiación en curso concedida para la explotación y el mantenimiento de las redes digitales terrestres y por satélite subvencionadas, dado que es accesoria a la ayuda destinada al despliegue, no se puede considerar tecnológicamente neutra. Se ha destinado a la conservación de los centros que emiten la señal a través de la plataforma terrestre. Por tanto, dicha ayuda también es incompatible.

(174)

Cualquier ayuda futura que se destine a la explotación y el mantenimiento ha de ser notificada y ha de respetar el principio de neutralidad tecnológica.

(175)

Aunque la intervención pública podría estar justificada ante la existencia de determinadas deficiencias del mercado y posibles problemas de cohesión, el modo en que se concibió la medida genera innecesarios falseamientos de la competencia.

(176)

Se concluye que la medida investigada, incluida la ayuda en curso, no es un instrumento apropiado, necesario y proporcionado para colmar la deficiencia del mercado constatada.

(177)

La excepción contemplada en el artículo 106, apartado 2, del Tratado se aplica a la compensación estatal por los costes de prestar un servicio público. Las autoridades nacionales (o regionales) han de definir claramente el SIEG y encomendárselo a una empresa determinada.

(178)

En el curso del procedimiento formal, las autoridades españolas no han aducido argumentos ni pruebas de por qué la medida deba ser considerada compatible con arreglo al artículo 106, apartado 2, del Tratado.

(179)

Para que sea de aplicación el artículo 106, apartado 2, del Tratado, las autoridades nacionales (o regionales) han de definir claramente el SIEG y encomendárselo a una empresa determinada. Ni en la legislación española ni por parte de las autoridades españolas ha habido un acto así de atribución para el despliegue de la TDT. En primer lugar, la legislación española no declara que la explotación de una red terrestre sea un servicio público. La Ley de Telecomunicaciones de 1998 (90) establece que los servicios de telecomunicaciones, incluida la explotación de redes de difusión de radio y televisión, son servicios de interés económico general, si bien no tienen rango de servicios públicos (91). La ley de telecomunicaciones actualmente en vigor (92) mantiene la misma definición. Los servicios emisores para radiodifusión de televisión, es decir, el transporte de señales a través de las redes de telecomunicaciones, se consideran servicios de telecomunicaciones y, como tales, son servicios de interés económico general, pero no constituyen un servicio público (93).

(180)

Además, las disposiciones de la Ley se caracterizan por su neutralidad tecnológica. Se entiende por telecomunicaciones la transmisión de señales a través de cualquier red de difusión, sin referirse a la red terrestre en particular (94). Además, el artículo 3 de la Ley especifica que uno de sus objetivos es fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación.

(181)

Aun cuando el servicio de radiodifusión pública se considerara un servicio público, no es posible ampliar esta definición a la explotación de una determinada plataforma de soporte. Además, cuando existen varias plataformas de transmisión, no se puede considerar que una de ellas en concreto sea «esencial» para la transmisión de las señales de radiodifusión. Por tanto, habría constituido un error manifiesto que la legislación española declarara que el uso de una determinada plataforma para la transmisión de las señales de radiodifusión constituye un servicio público.

(182)

Se concluye que, con arreglo a la legislación española, la explotación de las redes terrestres no tiene rango de servicio público. Además, las autoridades españolas no han definido claramente la explotación de una plataforma terrestre como servicio público y, por lo tanto, tampoco han encomendado la prestación de tal servicio público a un operador de una plataforma determinada.

(183)

Por otra parte, las autoridades no han aportado pruebas de un acto de atribución a los dos beneficiarios, Abertis y TelecomCLM.

(184)

La excepción contemplada en el artículo 106, apartado 2, que se aplica a la compensación estatal por los costes de prestar un servicio público, no puede, por tanto, invocarse en este caso.

(185)

Abertis sugiere que el despliegue de la red de radiodifusión terrestre en la zona II fue financiado casi en su totalidad por las Comunidades Autónomas españolas utilizando fondos públicos sobre la base de una legislación que se remonta a 1982, es decir, antes de la fecha de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986. Por consiguiente, en opinión de Abertis, se podría considerar que el régimen forma parte de la financiación pública en curso de la explotación de las redes terrestres locales, por lo que debería ser considerado ayuda existente.

(186)

Si bien la financiación de la extensión de la red terrestre comenzó sin duda a principios de los ochenta, por aquel entonces no había radiodifusores privados en el mercado. Por ello, la infraestructura ampliada solo satisfacía las necesidades del radiodifusor público, que, en cualquier caso, tenía la obligación de ofrecer su señal a la mayoría de la población. Además, en ese momento la televisión terrestre era la única plataforma para transmitir la señal de televisión en España. Como consecuencia de ello, la extensión de la única red existente no falseó la competencia con otras plataformas.

(187)

Desde entonces se fueron desarrollando la legislación y la tecnología hasta llegar a nuevas plataformas de radiodifusión y nuevos operadores de mercado, especialmente radiodifusores privados. Habida cuenta de que el beneficiario y las circunstancias generales de la financiación pública han evolucionado sustancialmente, la medida investigada no puede ser considerada una alteración de carácter formal o administrativo, sino más bien una alteración que afecta a la sustancia misma del régimen original, por lo que se ha de considerar un nuevo régimen de ayudas (95). En cualquier caso, la conversión de la televisión analógica a la digital solo ha sido posible gracias a avances tecnológicos recientes y es, por lo tanto, un fenómeno nuevo. Por consiguiente, las autoridades españolas deberían haber notificado esta nueva ayuda.

(188)

Se considera que la financiación concedida por España, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos a los operadores de red terrestre para la mejora y digitalización de su red con el fin de ofrecer canales de televisión en abierto en la zona II constituye ayuda a tenor del artículo 107, apartado 1, del Tratado. La ayuda no es compatible con el mercado común. Por otra parte, la ayuda no fue notificada a la Comisión como exige el artículo 108, apartado 3, del Tratado y fue concedida ilegalmente sin autorización de la Comisión. Por todo ello, ha de ser recuperada de los operadores de red terrestre.

(189)

Además, la Comisión considera que también es incompatible la ayuda en curso destinada a la explotación y el mantenimiento de la red digitalizada y concedida sin mediar licitaciones o a raíz de licitaciones que no eran neutras tecnológicamente. Esta ayuda tampoco fue notificada a la Comisión como exige el artículo 108, apartado 3, del Tratado y fue concedida ilegalmente sin autorización de la Comisión. Por todo ello, ha de ser recuperada de los operadores.

(190)

Toda futura ayuda estatal destinada al mantenimiento y la explotación debe ser notificada y ha de respetar el principio de neutralidad tecnológica.

(191)

Según el Tratado y reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión es competente para decidir si el Estado en cuestión debe suprimir o modificar la ayuda (96) cuando haya concluido que es incompatible con el mercado interior. El Tribunal de Justicia también ha dictaminado reiteradamente que la obligación del Estado de suprimir una ayuda que la Comisión considera incompatible con el mercado interior tiene por objeto restablecer la situación anterior (97). El Tribunal de Justicia ha establecido al respecto que este objetivo se alcanza una vez que el beneficiario ha reembolsado los importes recibidos en forma de ayudas ilegales, perdiendo así la ventaja de la que había gozado en el mercado frente a sus competidores, y una vez que se restablece la situación anterior a la concesión de la ayuda (98).

(192)

Según esta jurisprudencia, el artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo (99) dispone que «cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda».

(193)

Por tanto, dado que la financiación destinada a la mejora y digitalización de la plataforma terrestre y su posterior mantenimiento y explotación, concedida en España desde el período 2008-2009, es ayuda ilegal e incompatible, se debe exigir a España que recupere la ayuda incompatible con el fin de restablecer la situación que existía en el mercado antes de su concesión.

(194)

TelecomCLM y Abertis son los beneficiarios directos de la ayuda. Todos los importes mencionados en los considerandos que figuran a continuación se basan en la información facilitada a la Comisión. Como se establece en el considerando 42, para la mejora de sus propios centros emisores, TelecomCLM y Abertis han recibido 13,2 millones EUR y 250 000 EUR, respectivamente. Además, sin licitación pública, se seleccionó a TelecomCLM para construir nuevos centros emisores para los ayuntamientos y seis que han pasado a ser de su propiedad (2,26 millones EUR).

(195)

Cuando el equipo de TDT sigue siendo propiedad de los ayuntamientos, estos lo han comprado o bien a TelecomCLM o a Abertis. Puesto que estas compañías fueron seleccionadas directamente (es decir, sin licitación pública) para suministrar el equipo digital y/o prestar servicios de explotación y mantenimiento, también en este caso son los beneficiarios directos. En efecto, estas dos empresas recibieron financiación pública por importe de unos 32,6 millones EUR sin licitación pública (100).

(196)

La ayuda ilegal e incompatible deberá ser recuperada de TelecomCLM y Abertis.

(197)

La ayuda en curso se destina al mantenimiento y la explotación de las redes de TDT. Los operadores de estas redes son los beneficiarios de esa ayuda de mantenimiento y explotación. TelecomCLM y Abertis recibieron 6,5 millones EUR durante el período 2009-2011. Por tanto, la ayuda, y cualquier otra ayuda pagada posteriormente, debe ser recuperada de esos operadores de red.

(198)

En los casos en los que los distintos beneficiarios recibieron financiación que no superase los umbrales establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1998/2006 (101), dicha financiación no se considera ayuda estatal si se cumplen todas las condiciones establecidas en dicho Reglamento, y no está sujeta a recuperación.

(199)

La recuperación deberá llevarse a cabo a partir de la fecha en que se generó la ventaja para el beneficiario, es decir, cuando se puso la ayuda a disposición del beneficiario, y generará intereses hasta su recuperación efectiva.

(200)

La Comisión concluye que el Reino de España ha ejecutado ilegalmente la ayuda destinada a los operadores de la plataforma de televisión terrestre para la extensión de la cobertura de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de Castilla-La Mancha infringiendo el artículo 108, apartado 3, del Tratado. La ayuda, incluida la ayuda (en curso) destinada a la explotación y al mantenimiento, deberá ser recuperada de los operadores de plataforma, que son los beneficiarios directos. Ello incluye a los ayuntamientos cuando actúen como operadores de plataforma.

a)

para los beneficiarios mencionados en el artículo 1, el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos;

b)

el importe total (principal e intereses) que deba recuperarse de cada beneficiario;

c)

una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión;

d)

documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios que reembolsen la ayuda.