(1)

El objetivo de la Unión consistente en garantizar un nivel elevado de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia artículo 67, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debería lograrse, entre otras cosas, mediante medidas destinadas a prevenir y combatir la delincuencia y a asegurar la coordinación y la cooperación entre las autoridades con funciones coercitivas y otras autoridades nacionales de los Estados miembros, incluida Europol u otros organismos competentes de la Unión, así como con terceros países pertinentes y organizaciones internacionales.

(2)

Para lograr este objetivo debería mejorarse la actuación a nivel de la Unión destinada a proteger a las personas y los bienes frente a amenazas de carácter cada vez más transnacional y respaldar la labor que llevan a cabo las autoridades competentes de los Estados miembros. El terrorismo, la delincuencia organizada, la delincuencia itinerante, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, la delincuencia informática, la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de armas siguen siendo, entre otros, un reto para la seguridad interior de la Unión.

(3)

La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea («Estrategia de Seguridad Interior»), adoptada por el Consejo en febrero de 2010, constituye una agenda común para abordar estos desafíos a la seguridad común. La Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2010, titulada «La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura», traduce en acciones concretas los principios y orientaciones de la Estrategia, fijando para ello cinco objetivos estratégicos: desarticular las redes de la delincuencia internacional, prevenir el terrorismo y abordar la radicalización y la captación, aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos y las empresas en el ciberespacio; reforzar la seguridad a través de la gestión de las fronteras, y reforzar la resistencia de Europa frente a la crisis y las catástrofes.

(4)

La solidaridad entre los Estados miembros, un reparto de tareas claro, el respeto de los derechos y libertades fundamentales y del Estado de Derecho, así como un fuerte énfasis en la perspectiva mundial y en el nexo y la necesaria coherencia con la seguridad exterior, deberían ser los principios clave que guíen la puesta en práctica de la Estrategia de Seguridad Interior.

(5)

Para promover la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior y garantizar que pase a ser una realidad operativa, la Unión debería prestar a los Estados miembros el apoyo financiero adecuado mediante la creación y la gestión de un Fondo de Seguridad Interior («el Fondo»).

(6)

El Fondo debería reflejar la necesidad de una mayor flexibilidad y simplificación, respetando al mismo tiempo las exigencias de previsibilidad y garantizando una distribución justa y transparente de los recursos a fin de alcanzar los objetivos generales y específicos establecidos en el presente Reglamento.

(7)

La eficacia de las medidas y la calidad del gasto constituyen los principios por los que ha de regirse la aplicación del Fondo. Además, el Fondo debería ejecutarse de la manera más efectiva y sencilla posible.

(8)

En tiempos de austeridad financiera para las políticas de la Unión, la superación de las dificultades económicas requiere una flexibilidad renovada, medidas organizativas innovadoras, un mejor uso de las estructuras existentes y la coordinación entre las instituciones y agencias de la Unión y las autoridades nacionales y con terceros países.

(9)

Es necesario potenciar al máximo el impacto de la financiación de la Unión mediante la movilización, la puesta en común y la explotación de los recursos financieros públicos y privados.

(10)

El ciclo de actuación de la Unión establecido por el Consejo los días 8 y 9 de noviembre de 2010 tiene como fin afrontar, de manera coherente y metódica, a través de una cooperación óptima entre los servicios competentes, las principales amenazas delictivas graves y organizadas para la Unión. Para apoyar una aplicación eficaz de este ciclo plurianual, la financiación enmarcada en el instrumento establecido por el presente Reglamento («el Instrumento») debería hacer uso de todos los métodos de ejecución posibles de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), incluida, si procede, la gestión indirecta, a fin de garantizar el puntual y eficaz desarrollo de las actividades y los proyectos.

(11)

Debido a las particularidades jurídicas aplicables al título V del TFUE, no es posible, desde el punto de vista jurídico, crear el Fondo como instrumento financiero único. El Fondo debería establecerse, por tanto, como un marco global para el apoyo financiero de la Unión en el ámbito de la seguridad interior, que incluya el Instrumento y el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados establecido por el Reglamento (UE) no 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Este marco global debería ser complementado por el Reglamento (UE) no 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(12)

Los delitos de carácter transfronterizo, como la trata de seres humanos y la explotación de la inmigración ilegal por parte de organizaciones delictivas, pueden afrontarse eficazmente a través de la cooperación policial.

(13)

Los recursos globales para el presente Reglamento y para el Reglamento (UE) no 515/2014 establecen conjuntamente la dotación financiera para toda la duración del Fondo que, a tenor del apartado 17 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (7) ha de constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(14)

La resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero reconoció que la lucha contra la delincuencia organizada es un reto europeo y pidió un aumento de la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de las funciones coercitivas, ya que la lucha eficaz contra la delincuencia organizada es esencial para la protección de la economía legal frente a fenómenos delictivos típicos, como el blanqueo de los frutos del delito.

(15)

Dentro del marco global del Fondo, la ayuda financiera prestada en virtud del Instrumento debería respaldar la cooperación policial, el intercambio de información y el acceso a ella, la prevención de la delincuencia, la lucha contra la delincuencia organizada, grave y transfronteriza, incluidos el terrorismo, la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de armas, la explotación de la inmigración ilegal, la explotación sexual de niños, la distribución de imágenes de abusos a menores y la pornografía infantil, la ciberdelincuencia, el blanqueo de los frutos del delito, la protección de las personas y las infraestructuras críticas contra los incidentes relacionados con la seguridad y la gestión eficaz de los riesgos y crisis en materia de seguridad, teniendo en cuenta las políticas comunes (estrategias, ciclos de actuación, programas y planes de acción), la legislación y la cooperación práctica.

(16)

La ayuda financiera en estos campos debería respaldar, en particular, acciones destinadas a promover operaciones transfronterizas conjuntas, el intercambio de información y el acceso a la misma, el intercambio de mejores prácticas, una comunicación y coordinación fácil y segura, la formación y el intercambio de personal, actividades de análisis, supervisión y evaluación, evaluaciones exhaustivas del riesgo y las amenazas de acuerdo con las competencias establecidas en el TFUE, actividades de sensibilización, la experimentación y la validación de nuevas tecnologías, la investigación científica forense, la adquisición de equipos técnicos interoperables y la cooperación entre los Estados miembros y los organismos pertinentes de la Unión, incluida Europol. La ayuda financiera en estos campos debería apoyar exclusivamente acciones que respondan a prioridades e iniciativas definidas a nivel de la Unión, en particular, aquellas que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan refrendado.

(17)

En el marco global de la estrategia de la Unión contra las drogas, que propugna un planteamiento equilibrado basado en la reducción simultánea de la oferta y de la demanda, la ayuda financiera habilitada en el marco del Instrumento debería apoyar todas las acciones encaminadas a prevenir y combatir el tráfico ilícito de drogas (reducción de la oferta) y, en particular, las medidas contra la producción, fabricación, extracción, venta, transporte, importación y exportación de drogas ilegales, incluidas la posesión y la compra con propósito de traficar.

(18)

Las medidas en terceros países, y en relación con ellos, respaldadas por el Instrumento deberían adoptarse en sinergia y en coherencia con otras acciones fuera de la Unión respaldadas a través de los instrumentos de ayuda exterior de la Unión, tanto geográficos como temáticos. En concreto, en la ejecución de dichas acciones debería buscarse la plena coherencia con los principios y objetivos generales de la acción exterior y de la política exterior de la Unión en relación con el país o región de que se trate, los principios y valores democráticos, las libertades y los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la soberanía de terceros países. Las medidas no deberían estar destinadas a apoyar acciones directamente orientadas al desarrollo y deberían complementar, cuando proceda, el apoyo financiero prestado a través de los instrumentos de ayuda exterior. También se ha de buscar la coherencia con la política de la Unión en materia de ayuda humanitaria, en particular en lo que se refiere a la ejecución de medidas de emergencia.

(19)

El Instrumento debería ejecutarse en el pleno respeto de los derechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de las obligaciones internacionales de la Unión.

(20)

De conformidad con el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el Instrumento debería apoyar actividades que garanticen la protección de los niños frente a la violencia, los abusos, la explotación y el abandono. El Instrumento también debería contemplar mecanismos de protección y asistencia a los testigos y víctimas menores de edad, en particular, a los que no estén acompañados o necesiten de custodia por otros motivos.

(21)

El Instrumento debería complementar y reforzar las actividades realizadas para desarrollar la cooperación entre Europol u otros organismos competentes de la Unión y los Estados miembros para lograr las objetivos del Instrumento en el ámbito de la cooperación policial, la prevención y lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis. Esto significa, entre otras cosas, que los Estados miembros, cuando elaboren sus programas nacionales, deberían tener en cuenta la base de datos informativa, las herramientas de análisis y las orientaciones operativas y técnicas desarrolladas por Europol, en particular, el sistema de información de Europol (EIS), la Aplicación Red de Intercambio Seguro de Información de Europol (SIENA), y la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada Grave UE (SOCTA).

(22)

A fin de garantizar una ejecución uniforme del Fondo, el presupuesto de la Unión asignado al Instrumento debería ejecutarse en régimen de gestión directa e indirecta, respetando las acciones de interés particular para la Unión (acciones de la Unión), la ayuda de emergencia y la asistencia técnica, y mediante gestión compartida, respetando los programas y acciones nacionales que exijan flexibilidad administrativa.

(23)

Para los recursos utilizados en régimen de gestión compartida, es necesario garantizar que los programas nacionales de los Estados miembros sean coherentes con las prioridades y los objetivos de la Unión.

(24)

Los recursos asignados a los Estados miembros para ser ejecutados a través de sus programas nacionales deberían establecerse en el presente Reglamento y distribuirse atendiendo a criterios claros, objetivos y mensurables. Dichos criterios deberían referirse a los bienes públicos que han de proteger los Estados miembros y su capacidad económica para garantizar un nivel elevado de seguridad interior, como el tamaño de su población, la extensión de su territorio y su producto interior bruto. Por otra parte, y dado que la Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Organizada Grave UE de 2013 destaca la capital importancia de los puertos y aeropuertos como puntos de entrada para el tráfico de personas y de mercancías ilegales por parte de las organizaciones delictivas, las debilidades concretas que suponen las rutas de la delincuencia en estos cruces exteriores deberían reflejarse en la distribución de los recursos disponibles para las acciones emprendidas por los Estados miembros atendiendo a criterios sobre el número de pasajeros y el peso de mercancías procesadas a través de los puertos y aeropuertos internacionales.

(25)

Para reforzar la solidaridad y la corresponsabilidad en relación con las políticas, estrategias y programas comunes de la Unión, conviene animar a los Estados miembros a que utilicen la parte de los recursos globales a disposición de los programas nacionales para abordar las prioridades estratégicas de la Unión que figuran en el anexo del presente Reglamento. La contribución de la Unión a los costes subvencionables totales de los proyectos que aborden estas prioridades ha de aumentarse hasta el 90 %, de conformidad con el Reglamento (UE) no 514/2014.

(26)

El límite máximo para los recursos que siguen a disposición de la Unión debería complementar los recursos asignados a los Estados miembros para la ejecución de sus programas nacionales. De esta forma se garantizará la capacidad de la Unión para apoyar, en un ejercicio presupuestario dado, las acciones que son de especial interés para la Unión, como la realización de estudios, la experimentación y validación de nuevas tecnologías, proyectos transnacionales, la creación de redes y el intercambio de mejores prácticas, la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión pertinente, y políticas y acciones de la Unión en, y en relación con, terceros países. Las acciones apoyadas deberían estar en consonancia con las prioridades definidas en las estrategias, programas, planes de acción y evaluaciones de riesgos y amenazas de la Unión pertinentes.

(27)

A fin de contribuir a la consecución del objetivo general del Instrumento, los Estados miembros deberían velar por que sus programas nacionales incluyan acciones que aborden todos los objetivos específicos del Instrumento y por que la distribución de recursos entre los objetivos sea proporcional a los retos y las necesidades y garantice que puedan alcanzarse los objetivos. Cuando un programa nacional no acometa un objetivo concreto o la asignación esté por debajo del porcentaje mínimo establecido en el presente Reglamento, el Estado miembro de que se trate debería proporcionar una justificación en el marco del programa.

(28)

A fin de reforzar la capacidad de la Unión para reaccionar inmediatamente a incidentes relacionados con la seguridad y a nuevas amenazas emergentes para la Unión, debería ser posible prestar ayuda de emergencia, de conformidad con el marco establecido en el Reglamento (UE) no 514/2014.

(29)

La financiación con cargo al presupuesto de la Unión debería centrarse en actividades en las que la intervención de la Unión pueda aportar valor añadido frente a la actuación de los Estados miembros por sí solos. Dado que la Unión Europea está en mejor posición que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y constituir una plataforma de enfoques comunes, las actividades subvencionables para recibir apoyo en virtud del presente Reglamento deberían contribuir, en particular, a la consolidación de las capacidades nacionales y europeas, así como a la cooperación y la coordinación transfronterizas, la creación de redes, la confianza mutua y el intercambio de información y mejores prácticas.

(30)

A fin de completar o modificar las disposiciones del presente Reglamento relativas a la definición de las prioridades estratégicas de la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a modificar, añadir o suprimir prioridades estratégicas de la Unión enumeradas en el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(31)

Para la aplicación del presente Reglamento, incluida la elaboración de actos delegados, la Comisión debería consultar a expertos de todos los Estados miembros.

(32)

La Comisión debería supervisar la ejecución del Instrumento, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) no 514/2014, con ayuda de indicadores clave para la evaluación de los resultados y las repercusiones. Los indicadores, incluidos los marcos de referencia pertinentes, deberían definir la base mínima para evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos del Instrumento.

(33)

Con objeto de medir los logros del Fondo, se deberían establecer indicadores comunes para cada uno de los objetivos específicos del Instrumento. La medición del grado de consecución de los objetivos específicos mediante indicadores comunes no hace obligatoria la ejecución de las acciones relacionadas con estos indicadores.

(34)

Procede derogar la Decisión 2007/125/JAI del Consejo (8), a reserva de las disposiciones transitorias establecidas en el presente Reglamento.

(35)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la intensificación de la coordinación y la cooperación entre las autoridades con funciones coercitivas, la prevención y la lucha contra la delincuencia, la protección de las personas y las infraestructuras críticas frente a incidentes relacionados con la seguridad, y la mejora de la capacidad de los Estados miembros y de la Unión para gestionar eficazmente los riesgos y crisis en materia de seguridad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(36)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(37)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(38)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación.

(39)

Procede ajustar el período de aplicación del presente Reglamento al del Reglamento (UE, Euratom) no 1311/2013 del Consejo (9). Por consiguiente, el presente Reglamento debe aplicarse desde el 1 de enero de 2014.