1.

El artículo XXII del Protocolo ferroviario establece que las organizaciones regionales de integración económica que estén constituidas por Estados soberanos y tengan competencia con respecto a determinados asuntos regidos por dicho Protocolo podrán firmarlo, aceptarlo o aprobarlo, o adherirse al mismo, previa formulación de la declaración mencionada en el artículo XXII, apartado 2. La Unión ha decidido aprobar el Protocolo ferroviario y, en consecuencia, formula dicha declaración.

2.

Los Estados miembros de la Unión Europea son el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República de Croacia, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

3.

No obstante, la presente declaración no se aplica al Reino de Dinamarca, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4.

La presente declaración no es aplicable a los territorios de los Estados miembros a los que no se aplica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (véase artículo 355 de dicho Tratado) y se entiende sin perjuicio de los actos o posiciones que puedan adoptar en virtud del Protocolo ferroviario los Estados miembros de que se trate en nombre y en interés de dichos territorios.

5.

Los Estados miembros de la Unión Europea han transferido la competencia a la Unión por lo que se refiere a los asuntos que pueden afectar o alterar las normas del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo (1), que será sustituido, a partir del 10 de enero de 2015, por el Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2); del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo (3); del Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (4); de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5); y del Reglamento (CE) no 881/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

6.

En lo que respecta al sistema de numeración de los vehículos, la Unión ha adoptado mediante la Decisión 2006/920/CE de la Comisión (7), modificada el 14 de noviembre de 2012 por la Decisión 2012/757/UE de la Comisión (8), un sistema de numeración que es apropiado a efectos de la identificación de los vehículos ferroviarios a que se hace referencia en el artículo XIV del Protocolo ferroviario.

Por otro lado, en lo que respecta al intercambio de datos entre los Estados miembros de la Unión y el Registro internacional, la Unión Europea ha hecho considerables progresos mediante su Decisión 2007/756/CE de la Comisión (9), modificada el 14 de noviembre de 2012 por la Decisión 2012/757/UE. En virtud de dicha Decisión, los Estados miembros de la Unión Europea han aplicado los registros de matriculaciones nacionales, por lo que debe evitarse la duplicación de datos con el Registro internacional.

7.

La Unión no formula declaración alguna con arreglo al artículo XXVII, apartado 2, sobre la aplicación del artículo VIII, ni formula ninguna de las declaraciones en virtud del artículo XXVII, apartados 1 y 3. Los Estados miembros mantendrán sus competencias en lo que respecta a las normas de Derecho sustantivo en materia de insolvencia.

8.

El ejercicio de las competencias que los Estados miembros han transferido a la Unión de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea está sujeto, por su propia naturaleza, a una evolución constante. En el marco de esos Tratados, las instituciones competentes pueden adoptar decisiones que determinen el alcance de las competencias de la Unión. Por consiguiente, esta se reserva el derecho de modificar la presente declaración en consecuencia, sin que ello constituya un requisito previo para el ejercicio de sus competencias en los asuntos regidos por el Protocolo ferroviario.