16.1.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 11/7

(1)

Mediante carta de 11 de septiembre de 2001, registrada el 13 de septiembre de 2001, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a la Comisión el texto del artículo 257 de la Ley regional no 10, de 10 de mayo de 2001, por la que se modifica el artículo 2 de la Ley regional no 52, de 31 de octubre de 1994, de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.

(2)

Mediante carta de 19 de abril de 2002, registrada el 22 de abril de 2002, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea facilitó a la Comisión las informaciones complementarias solicitadas a las autoridades italianas por carta de 9 de noviembre de 2001.

(3)

Tras haber examinado dicha información, los servicios de la Comisión solicitaron a las autoridades italianas mediante carta de 17 de junio de 2002 que facilitaran más información en el plazo de las cuatro semanas siguientes.

(4)

Al no haber recibido ninguna respuesta dentro del plazo establecido en la carta de 17 de junio de 2002, los servicios de la Comisión solicitaron, mediante nueva carta de 19 de agosto de 2003, la información ya solicitada.

(5)

En su carta de 23 octubre 2003, registrada el 29 octubre de 2003, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea facilitó a la Comisión las informaciones complementarias solicitadas a las autoridades italianas por carta de 17 de junio de 2002.

(6)

Mediante carta de 11 de diciembre de 2003, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en lo relativo a las disposiciones del artículo 257 de la Ley regional no 10, de 10 de mayo de 2001 (en lo sucesivo, «la Ley no 10/01»), así como con respecto a las ayudas concedidas entre el 1 de enero de 1998 y el 20 de mayo de 2001 (fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley no 10/01) con arreglo al régimen de ayudas que debían ser refinanciadas mediante la dotación presupuestaria prevista en el mencionado artículo (1).

(7)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones al respecto.

(8)

La Comisión no recibió observaciones al respecto por parte de los interesados. No obstante, las autoridades italianas se reunieron con los servicios de la Comisión para aportar precisiones acerca de las observaciones formuladas por las propias autoridades tras el inicio del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

(9)

Mediante correo electrónico de 3 de abril de 2009, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea transmitió a la Comisión una carta de las autoridades italianas que sintetiza el debate entablado durante la reunión a la que hace referencia el apartado anterior.

(10)

El artículo 257 de la Ley no 10/01, prevé una dotación suplementaria de 400 millones de liras (206 583 EUR) para financiar las bonificaciones sobre préstamos quinquenales concedidos para la consolidación de deudas onerosas de las cooperativas agrarias y sus agrupaciones y de las explotaciones agrarias, de conformidad con la Ley regional no 52, de 31 de octubre de 1994 (en lo sucesivo, «la Ley no 52/94»), modificada por la Ley no 13, de 29 de abril de 1996 (en lo sucesivo, «la Ley no 13/96»). Además, el artículo 257 de la Ley no 10/01 modifica el artículo 2 de la Ley no 52/94, ampliando la posibilidad de beneficiarse de las ayudas previstas por esta última a las deudas onerosas existentes el 31 de diciembre de 2000. El artículo 257 incluye por último una cláusula según la cual se podrán aplicar las ayudas previstas solo tras la publicación, en el Bolletino ufficiale della Regione Lazio, de los resultados positivos del examen realizado por la Comisión con arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado CE.

(11)

La Ley no 52/94, que constituye la base jurídica de la consolidación, preveía lo siguiente:

(12)

La Comisión había incoado el procedimiento de investigación al que hace referencia el artículo 88 (antiguo artículo 93), apartado 2, del Tratado CE en lo relativo a las ayudas previstas por la ley en cuestión (3), dado que no estaba segura de que estas fuesen conformes a los criterios sobre los que se había basado la Comisión en el momento de realizar su análisis.

(13)

Según dichos criterios, la Comisión consideraba este tipo de subvención como ayudas de funcionamiento que, en principio, podían considerarse compatibles con el mercado común solamente si se cumplían las siguientes tres condiciones:

(14)

Tras el inicio del procedimiento, las autoridades italianas modificaron la Ley no 52/94 mediante la Ley no 13/96, con arreglo a la cual la Comisión pudo concluir dicho procedimiento declarando compatibles con el mercado común aquellas ayudas modificadas por la mencionada ley (8).

(15)

Las modificaciones introducidas en el régimen por la Ley no 13/96 son las siguientes:

(16)

El régimen de ayudas, aprobado teniendo en cuenta las modificaciones mencionadas, no experimentó cambios hasta que la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en lo relativo a las disposiciones del artículo 257 de la Ley no 10/01.

(17)

La Comisión ha incoado el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE con respecto a las disposiciones del artículo 257 de la Ley no 10/01, así como en lo relativo a las ayudas concedidas entre el 1 de enero de 1998 y el 20 de mayo de 2001 (fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley no 10/01) en el marco del régimen de ayudas que debían refinanciarse mediante la dotación presupuestaria prevista en el mencionado artículo, dado que dicha dotación planteaba dudas acerca de la compatibilidad de las ayudas en cuestión con el mercado común, particularmente con respecto a los siguientes aspectos:

(18)

Mediante carta de 2 de julio de 2004, registrada el 7 de julio de 2004, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a la Comisión las observaciones formuladas por las autoridades italianas como resultado de la incoación del procedimiento estipulado en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE con respecto a las disposiciones del artículo 257 de la Ley no 10/01, así como en lo relativo a las ayudas concedidas entre el 1 de enero de 1998 y el 20 de mayo de 2001 (fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley) en el marco del régimen de ayudas que debían refinanciarse mediante la dotación presupuestaria estipulada en el ya mencionado artículo.

(19)

En dicha carta, las autoridades italianas anuncian ante todo la retirada de la notificación del artículo 257 de la Ley no 10/01, así como el inicio del procedimiento para su derogación, precisando que no se ha adoptado ninguna medida de aplicación ni se ha concedido ninguna ayuda en virtud de dicho artículo.

(20)

Las autoridades italianas subrayan además que, en la carta de aprobación de la Ley no 52/94, la Comisión declara que las ayudas de que se trata son conformes con los criterios a ellas aplicables y pueden, por tanto, beneficiarse de la excepción estipulada en el artículo 92 (actual artículo 87), apartado 3, letra c), del Tratado CE, en lo que respecta a medidas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas sin alterar los intercambios en forma contraria al interés común, sin hacer referencia a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis.

(21)

En opinión de las autoridades italianas, al igual que se desprende de la correspondencia con la Comisión entre 1994 y 1996, es evidente que el objetivo de la Ley no 52/94 era evitar que las explotaciones agrarias, a la hora de realizar inversiones, tuviesen que enfrentarse a tipos de interés mucho más elevados respecto a los del mercado, por efecto de la fluctuación del precio del dinero, que las habrían conducido a una situación difícil. Además, la Región del Lacio siempre ha garantizado la verificación de la rentabilidad de las empresas beneficiarias, concretamente basándose en los planes de acción que estas últimas debían presentar de conformidad con la Ley no 52/94 y sus modificaciones.

(22)

En tal contexto, las autoridades italianas consideran que las ayudas previstas por la Ley no 52/94 pueden beneficiarse de la excepción estipulada en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.

(23)

En su carta del 2 de julio de 2004, las autoridades italianas se preguntaban además si, en caso de examen de las ayudas concedidas en el curso del período 1998-2000 (11) para préstamos existentes el 5 de diciembre de 1994, desde el punto de vista del salvamento y de la reestructuración de empresas en crisis, no habría sido posible aplicar el punto 2.5 de las Directrices de 1997, según las cuales «las […] Directrices no constituirán un obstáculo para la aplicación de los regímenes de ayudas autorizados con finalidades diferentes del salvamento o la reestructuración como, por ejemplo, el desarrollo regional [y] el desarrollo de las PYME», considerando que las medidas previstas por la Ley no 52/94 habían sido aprobadas con el fin de que facilitasen el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas sin alterar los intercambios en forma contraria al interés común.

(24)

Finalmente, en respuesta a las disposiciones del punto 29 de la carta de 11 de diciembre de 2003 (véase la nota 1), en la que la Comisión rogaba a las autoridades italianas que le transmitiesen una serie de deliberaciones regionales así como extractos de todas las leyes de finanzas adoptadas desde el 1 de enero de 1998, para permitirle determinar el importe exacto de las dotaciones destinadas cada año a la financiación del régimen en cuestión, las autoridades italianas precisaron que:

(25)

En la carta trasmitida a la Comisión el 3 de abril de 2009, las autoridades italianas precisaron que todas las solicitudes de ayudas en el ámbito del régimen fueron introducidas antes del 1 de enero de 1998.

(26)

De conformidad con el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas concedidas por los Estados o mediante recursos estatales bajo cualquier forma que, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, falseen o puedan falsear la competencia.

(27)

La medida de que se trata corresponde a dicha definición dado que favorece a determinadas empresas (aquellas que deben hacer frente a deudas onerosas en el sector agrícola) y puede afectar a los intercambios, teniendo en cuenta la posición que ocupa Italia en el sector de la producción agrícola (por ejemplo, en 2006 Italia era el tercer productor de carne bovina y el primer productor de tomates de la Unión).

(28)

No obstante, en los casos estipulados en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE, determinadas medidas pueden considerarse, excepcionalmente, compatibles con el mercado común.

(29)

En el supuesto contemplado, considerando la naturaleza del régimen en cuestión, la única excepción que puede invocarse es la estipulada en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, que prevé que se puedan considerar compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de determinadas actividades o regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(30)

Antes de examinar la aplicabilidad de dicha excepción, la Comisión observa que, en la carta del 2 de julio de 2004 posterior al inicio del procedimiento a que se refiere el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, las autoridades italianas indicaron que se había incoado el procedimiento de derogación del artículo 257 de la Ley no 10/01 y que no se había concedido ninguna ayuda de conformidad con las disposiciones de dicho artículo. Por télex de 20 de septiembre de 2005, los servicios de la Comisión solicitaron a las autoridades italianas que aportasen pruebas de la derogación del artículo 257 de la Ley no 10/01.

(31)

Los servicios de la Comisión recibieron una respuesta al mencionado télex por carta de 16 de julio de 2008, que confirma la derogación, mediante el artículo 27, apartado 2, de la Ley regional no 4, de 28 de abril de 2006, de las disposiciones controvertidas contenidas en el artículo 257 de la Ley no 10/01, cuya aplicación había sido en cualquier caso bloqueada desde la incoación del procedimiento al que se refiere el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE. Además, las autoridades italianas anunciaron la retirada de la notificación del artículo 257 anteriormente mencionado en su carta de 2 de julio de 2004.

(32)

Teniendo en cuenta estos elementos, la Comisión no tiene motivos para continuar sus investigaciones sobre las disposiciones del artículo 257 de la Ley no 10/01 y puede concluir el procedimiento de examen.

(33)

En lo que respecta a la aplicabilidad de la excepción a que se refiere el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE en lo relativo a las ayudas concedidas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000 (véase la nota 11), los servicios de la Comisión observan que las autoridades italianas, en las observaciones aportadas tras la incoación del procedimiento a que se refiere el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, y durante la reunión celebrada posteriormente, precisaron que las intervenciones en cuestión han sido financiadas exclusivamente mediante los importes consignados en el presupuesto del régimen C 43/95 aprobado por la Comisión (véase el considerando 24). A partir de la carta de las autoridades italianas transmitida el 3 de abril de 2009, se desprende además que todas las solicitudes de ayudas fueron introducidas antes del 1 de enero de 1998 (véase el considerando 25).

(34)

Dado que las precisiones mencionadas sugieren que los importes empleados en el período 1998-2000 ya fueron objeto de una decisión de la Comisión y que no se introdujo ninguna solicitud después de la fecha a partir de la cual cualquier nueva solicitud debía adaptarse a las nuevas disposiciones en materia de ayudas para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis (véase el considerando 17), la Comisión ya no tiene motivos para pronunciarse de nuevo, habida cuenta de las mencionadas disposiciones, sobre la aplicabilidad de la excepción estipulada en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE en lo relativo a las ayudas concedidas en el período 1998-2000, que constituyen de hecho la continuación de las financiaciones derivadas de las solicitudes de ayudas introducidas antes del 1 de enero de 1998 y conforme a las condiciones estipuladas en el considerando 15, ya aprobadas por la Comisión (véase el considerando 14). Por tanto, también puede concluirse el procedimiento incoado en relación con las intervenciones efectuadas en el período 1998-2000.