21997P1625

Asamblea Paritaria del Convenio celebrado entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y la Unión Europea (ACP-UE) - Resoluciones aprobadas sobre el desarrollo urbano en los países ACP (ACP-UE 1625/A/97/def.)

La Asamblea Paritaria ACP-UE,

- Reunida en Bruselas del 17 al 20 de marzo de 1997,

- Visto el informe sobre el desarrollo urbano en los países ACP (doc. ACP-UE 1625/A+B/def.),

A. Considerando que el nivel de urbanización de los países ACP registra actualmente un índice de crecimiento superior al constatado hasta el momento en los demás continentes, lo que conducirá a las ciudades africanas a absorber, durante el período 1990-2025, a aproximadamente 575 millones de nuevos habitantes, cifra superior a la población total actual de África; y considerando, en particular, los vínculos existentes entre el índice de urbanización y el índice de crecimiento demográfico, tal como refleja la situación del Oeste africano, cuya población urbana debería triplicarse de aquí al año 2020,

B. Considerando que las zonas urbanas se han convertido en el principal motor del crecimiento económico -y también, en gran medida, del crecimiento agrícola- en los países ACP, puesto que las zonas urbanas producen en la actualidad los dos tercios de la riqueza de África,

C. Señalando que numerosas zonas urbanas ACP tienen importantes problemas -que tienden a agravarse- en ámbitos tan variados como, en particular, el hábitat, las infraestructuras, el medio ambiente, la sanidad y el acceso a la educación y a la formación, y que, en este contexto, las capas sociales más pobres y más vulnerables de habitantes de las ciudades se ven particularmente afectadas y piden una atención prioritaria y medidas específicas,

D. Subrayando que una política urbana en general y de desarrollo urbano ha de considerar las zonas urbanas como motor del crecimiento económico en los países ACP; considerando, en este sentido, que el crecimiento económico es insustituible y que la eficacia de la lucha contra los diferentes aspectos de la pobreza urbana -en particular, en lo que se refiere a las capas más pobres y más vulnerables de los habitantes de las ciudades- depende del establecimiento de políticas y medidas concretas, en el plano regional, nacional y local, destinadas a fomentar la actividad económica, el empleo, la producción de bienes y servicios y la distribución de la renta,

E. Subrayando, en particular, las negativas consecuencias directas que tiene para la salud pública la falta de infraestructuras adaptadas en lo que se refiere al suministro de agua potable y al saneamiento, así como los efectos negativos para el medio ambiente de la falta de infraestructuras en el sector de la energía, habida cuenta del excesivo recurso a la leña para el suministro de energía, especialmente de tipo doméstico,

F. Subrayando, en lo que se refiere al medio ambiente y a la salud pública, que numerosos habitantes urbanos de los países ACP están expuestos simultáneamente a una acumulación de diferentes tipos de contaminación (del agua, atmosférica, doméstica e industrial) y, en particular, a los diferentes tipos de contaminación derivados de la inexistencia de un tratamiento satisfactorio de los residuos, a los riesgos industriales, consecuencia de la industrialización creciente, y a los accidentes laborales; y haciendo hincapié, a este respecto, en la necesidad de desarrollar las infraestructuras básicas como elementos previos e indispensables para un mejor medio ambiente y un nivel de sanidad más elevado, así como en la necesidad de contribuir a la adopción y a la aplicación progresiva de una legislación adecuada en materia de lucha contra la contaminación, los riesgos industriales y los accidentes laborales,

G. Subrayando que, en materia de salud pública, los problemas sanitarios de las categorías más pobres de habitantes urbanos ACP en general se conocen peor y se subestiman; y solicitando que, en el marco de la cooperación ACP-UE, se dé prioridad a un mejor conocimiento de la situación de la salud de estas poblaciones y de sus necesidades, y a la definición y aplicación de respuestas adaptadas,

1. Subraya, en particular, que la situación sanitaria de los niños, que constituyen una categoría particularmente vulnerable de la población, debe ser objeto de acciones específicas y que, desde un punto de vista más amplio, la cooperación ACP-UE debe definir acciones concretas para enfrentarse al fenómeno creciente de los niños de la calle;

2. Pide a la Comisión y a los Estados ACP que tengan en cuenta la importante contribución aportada por las mujeres en el entorno urbano -en particular, dentro del sector productivo informal y en el marco familiar, en lo que respecta a la salud, la higiene y la educación- y que proporcionen respuestas adaptadas a su situación y a sus necesidades específicas, en concreto en lo que se refiere a la vivienda, el empleo, la formación y la sanidad;

3. Recuerda que los datos disponibles muestran que la población urbana presenta tasas de fecundidad inferiores a las de la población rural y que los hombres y mujeres del entorno urbano acceden antes a la información sobre la anticoncepción; constata, no obstante, que las poblaciones urbanas pobres a menudo carecen de acceso a servicios sanitarios genésicos de calidad, y pide que la prestación de servicios y de suministro de información a los grupos desfavorecidos obtenga el apoyo adecuado para seguir adelante con la aplicación, en los países ACP, de políticas eficaces en el ámbito demográfico y genésico;

4. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la situación específica de cada país ACP, lo que exige un enfoque diferenciado, y considera que los pequeños Estados insulares así como los países que salen de una situación de conflicto se encuentran en condiciones particularmente difíciles que requieren respuestas apropiadas;

5. Lamenta que en el Convenio de Lomé IV no se haya ni previsto ni formulado una política de desarrollo urbano y que no se hagan referencias puntuales a la ciudad y al desarrollo urbano, en particular en los artículos 14 y 155, y que la reciente revisión a mitad de período del Convenio no haya supuesto ninguna modificación en la materia; además, lamenta que en el Libro Verde de la Comisión sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI no se haga referencia alguna a esta problemática;

6. Subraya, habida cuenta de la evolución actual y de la ya previsible -tanto desde el punto de vista económico como social, demográfico y político-, que no se puede esperar a renovar el actual Convenio de Lomé IV para definir sin demora una política sobre la ciudad y el desarrollo urbano;

7. Insiste en la imperiosa necesidad de que se formule y se ponga en práctica, en el marco de la cooperación ACP-UE, una política global, coherente y sostenible de la ciudad y del desarrollo urbano en los países ACP que contribuya a garantizar la aplicación de las enseñanzas extraídas en el plano internacional con ocasión de las conferencias internacionales como, por ejemplo, la Conferencia de Río de 1992 y, más recientemente, HABITAT II, y de los diferentes compromisos asumidos en su marco;

8. Acoge con satisfacción los resultados obtenidos en la Conferencia HABITAT II y, en particular, el reconocimiento del derecho a la vivienda para todos enunciado en la Declaración de Estambul, así como el hecho de que las autoridades locales se hayan convertido en agentes de pleno derecho del desarrollo urbano y se las reconozca como tales;

9. Acoge con satisfacción los esfuerzos ACP-UE, cuya cooperación ya se ha dejado sentir de manera bastante significativa, en virtud de los sucesivos convenios de Lomé, en el ámbito urbano y, en particular, en el sector de las infraestructuras urbanas -agua, saneamiento, energía, vías públicas-, pero asimismo en virtud del fomento del sector privado y la utilización de los fondos de contrapartida resultantes de la aplicación de los planes de ajuste estructural, así como en virtud de la cooperación descentralizada;

10. Hace hincapié en la importante función del Banco Europeo de Inversiones, sobre todo en materia de infraestructuras urbanas y de fomento del sector privado, y pide que se garantice el mayor grado de coordinación posible entre sus intervenciones y las que gestiona la Comisión;

11. Lamenta la falta de un inventario completo del conjunto de los proyectos realizados en el marco de la cooperación ACP-UE en lo que se refiere al desarrollo urbano, así como de evaluaciones suficientes de las intervenciones realizadas. Considera que si se hiciese un inventario de los proyectos y una evaluación global de sus resultados -en la que se debería tener en cuenta asimismo las experiencias realizadas en el plano internacional por otros agentes y organismos de desarrollo-, se podrían extraer enseñanzas útiles para la definición y la aplicación de una política ACP-UE global de desarrollo urbano; pide a la Comisión que inicie sin demora esta tarea;

12. Pide a la Comisión y a los Estados ACP que presten su apoyo a la investigación científica -en Europa y en los países ACP- para conseguir un mejor análisis y comprensión del conjunto de los problemas relacionados con el proceso de urbanización, con el fin de extraer enseñanzas concretas de cara a la formulación de políticas en este ámbito;

13. Considera que, en esta perspectiva, es indispensable dedicar al desarrollo urbano los recursos humanos necesarios dentro de los servicios de la Comisión;

14. Pide que, en los planos fiscal, reglamentario y legislativo, se adopten las medidas adecuadas para favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas e industrias; asimismo solicita que, en el marco de la cooperación ACP-UE, se adopten medidas suplementarias que favorezcan la financiación de las PYME/PYMI de las ciudades de provincias, así como, de igual modo, el sector informal;

15. Señala que la mayor parte de los países ACP sufren desequilibrios de primer orden en el reparto geográfico de su población y de sus actividades económicas -desequilibrios que tienden a agravarse debido a la presión demográfica-, y, por consiguiente, solicita a los Estados ACP que, con ayuda de la Comisión, apliquen políticas enérgicas en materia de ordenación del territorio, que se conciban y ejecuten a escala regional y subregional y cuyo objetivo sea la formación de una red equilibrada de ciudades secundarias;

16. Pide a los Estados ACP y a la Comisión que tengan en cuenta el importante grado de complementariedad que existe entre el desarrollo de las ciudades y el de las regiones rurales, en particular las regiones limítrofes, habida cuenta de que el crecimiento urbano se basa en el desarrollo agrícola y rural y, simultáneamente, lo provoca a través de los múltiples intercambios entre las ciudades y el campo; pide asimismo que se haga todo lo posible para incitar a los habitantes del campo a permanecer en su propio entorno mediante la contribución a la creación de puestos de trabajo y de mejores condiciones de vida a través de la planificación estructural y de la creación de infraestructuras;

17. Pide a los Estados ACP que, con la ayuda de la Comisión, centren sus esfuerzos en el establecimiento de un nuevo reparto de poderes entre el nivel nacional y los niveles regionales y locales con vistas a la descentralización y a una mayor autonomía de los municipios y ayuntamientos, condiciones necesarias para la aplicación de políticas eficaces de ordenación del territorio y para la buena marcha de la justicia y la economía;

18. Pide a los Estados ACP que, con la ayuda de la Comisión, adopten las medidas necesarias para velar, mediante una mayor transferencia de competencias en el plano local, por que autoridades locales elegidas democráticamente se ocupen de los asuntos locales y municipales;

19. Hace hincapié, en lo que se refiere al desarrollo urbano, en las importantes interacciones que existen entre los diferentes problemas y sectores -infraestructuras, medio ambiente, salud pública- y, por consiguiente, pide a la Comisión y a los Estados ACP que desarrollen análisis y planes de acción transectoriales que permitan la comprensión de las interacciones y la actuación coordinada sobre todos los sectores de manera que se garantice una progresión racional del conjunto;

20. Pide que se evalúe y modifique el conjunto de factores que limitan el acceso a la tierra y a la vivienda, y, en particular, que se facilite el acceso al crédito para todas las personas y más especialmente para las mujeres;

21. Constata el desarrollo y la diversificación de las formas irregulares de ocupación de terrenos y de construcción de viviendas y pide que se preste mayor atención a los proyectos de regularización territorial y a las operaciones de reestructuración de los barrios irregulares;

22. Pide que se solicite a las ONG, a las organizaciones de barrio y a las delegaciones de mujeres y jóvenes que participen en mayor medida en todos los sectores del desarrollo urbano y en la ejecución de los proyectos, de manera que las medidas adoptadas correspondan mejor a las necesidades efectivas;

23. Solicita a los Estados ACP que, con ayuda de la Comisión, adopten las medidas necesarias para garantizar la participación de los interesados en la definición y ejecución de los proyectos, con el fin de que estos últimos satisfagan las necesidades efectivas de la población y de que, por esta vía, se facilite la participación financiera de los consumidores de bienes y servicios y de los usuarios de las diferentes infraestructuras;

24. Pide a la Comisión y a los Estados ACP que, en lo que se refiere a la planificación y a la realización de las infraestructuras básicas, potencien el enfoque y la cooperación regional y subregional, y que garanticen la gestión y el mantenimiento eficaces de aquéllas con el fin de que las inversiones sean duraderas;

25. Señala que, ante la considerable importancia de las necesidades de financiación para la inversión urbana y el desarrollo de las ciudades a lo largo de las próximas décadas y, en particular, para la realización de las infraestructuras básicas, es necesario llevar a cabo una importante reasignación de los recursos financieros y presupuestarios en favor de este sector en numerosos países ACP y proceder a un nuevo reparto de los recursos financieros entre el Estado y los entes locales; pide a los Estados ACP de que, con ayuda de la Comisión, adopten, con este fin y lo antes posible, todas las medidas oportunas;

26. Pide a los Estados ACP que, con la ayuda de la Comisión, velen por que las legislaciones vigentes autoricen la necesaria potenciación de la participación del sector privado así como de las inversiones y de las empresas mixtas extranjeras;

27. Pide, por otra parte, a los Estados ACP que, con la ayuda de la Comisión, creen nuevos mecanismos e instituciones de crédito eficaces para los entes locales y, en particular, les permitan acceder a las adecuadas financiaciones internacionales;

28. Considera que, en el marco de la cooperación ACP-UE, la cooperación descentralizada resulta ser un instrumento y un método de acción particularmente adecuado para responder a las exigencias del desarrollo urbano y, en general, de la ordenación del territorio; a este respecto, hace hincapié en los nuevos artículos 251 a) a 251 e), que figuran en el texto revisado del Convenio y en los que se señala que las acciones de cooperación descentralizada pueden financiarse en el marco de los medios financieros asignados a los Programas Indicativos Nacionales y en el de los Programas Indicativos Regionales;

29. Subraya, a la vista de la creciente complejidad de los problemas por resolver, que es necesario dotar a los ayuntamientos de equipos de gestores y de técnicos eficaces, y pide que la cooperación ACP-UE contribuya de manera importante en este ámbito;

30. Pide que se celebre un mayor número de acuerdos de cooperación entre los entes locales y los ayuntamientos de los países ACP y de los Estados miembros de la Unión Europea, de manera que se fomenten los intercambios indispensables de información y experiencias así como de personal técnico y de gestión;

31. Pide que la cooperación ACP-UE favorezca la aparición de un sector privado más eficiente, en particular, en el sector de la construcción de viviendas y del equipamiento urbano, la gestión de los residuos y la producción y utilización de materiales locales que pueden estar mejor adaptados a las necesidades y tener un coste más asequible para los usuarios; señala que el fomento de estas actividades puede contribuir a la reactivación de las economías ACP mediante el relanzamiento de la demanda interna;

32. Pide a la Comisión y a los Estados ACP que organicen encuentros regionales con los Estados miembros de la UE y que hagan un inventario de las modalidades de ejecución de lo propuesto en el programa HABITAT II;

33. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente resolución y el informe correspondiente al Consejo de Ministros ACP-UE, al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Lomé.