1

Considerando que, mediante escrito presentado el 13 de abril de 1970, el demandante, propietario de fincas rústicas situadas en Italia, interpuso un recurso, con arreglo al artículo 175 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la demandada ha vulnerado el Tratado al abstenerse de dirigirle una Decisión que aquél había solicitado;

2

que dicha Decisión hubiera consistido en definir las modalidades que debía aplicar el demandante al redactar los contratos de arrendamiento de sus fincas agrícolas cuando se convirtiera en Ley el proyecto de Ley relativo al método de determinación de las rentas por los arrendamientos de terrenos agrícolas, aprobado por el Senado de la República Italiana;

3

que la demandada solicitó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, que se pronunciara sobre la admisibilidad del recurso sin entrar en el fondo del asunto;

4

que, a raíz de dicha excepción, el demandante instó al Tribunal de Justicia, con carácter subsidiario, a que examinara la admisibilidad de su recurso a la luz del artículo 173 del Tratado, habida cuenta del hecho de que la Comisión, en respuesta a la petición que le había dirigido, le había comunicado «que en el presente caso no debe adoptarse ningún acto» dirigido al demandante.

5

Considerando que la excepción de inadmisibilidad se basa, fundamentalmente, en el motivo relativo a la inexistencia de un acto que pueda ser objeto de un recurso con arreglo al artículo 175;

6

que el concepto de acto susceptible de recurso es idéntico en los artículos 173 y 175, dado que ambas disposiciones no constituyen sino la expresión de un único medio de impugnación jurisdiccional;

7

que, en consecuencia, no parece necesario, para poder adoptar una decisión sobre la excepción de inadmisibilidad, calificar el recurso en relación con las dos disposiciones invocadas por la parte demandante.

8

Considerando que el demandante solicitó a la Comisión que se pronunciara sobre el comportamiento que debería adoptar en caso de un eventual conflicto entre la legislación nacional y determinadas disposiciones de Derecho comunitario, en el supuesto de que el proyecto de Ley a que se refería se convirtiera en una Ley aplicable en la República Italiana;

9

que, durante el procedimiento, el demandante precisó que no había solicitado a la Comisión un simple dictamen, sino una «orden» con eficacia obligatoria para él, de modo que la medida dirigida a él que la Comisión se negó a adoptar hubiera constituido una Decisión a efectos del artículo 189.

10

Considerando que la naturaleza del acto controvertido depende únicamente del contenido y del alcance de éste;

que, al solicitar a la Comisión que adoptara una Decisión que definiera las condiciones y modalidades concretas que debe aplicar para la celebración de contratos de arrendamiento, en realidad el demandante no solicitaba a la Comisión una Decisión a efectos del artículo 189, sino asesoramiento sobre el comportamiento que debía adoptar en caso de un eventual conflicto entre su legislación nacional y determinadas disposiciones de Derecho comunitario;

11

que semejante acto equivaldría no a una Decisión, sino a un dictamen a efectos del último párrafo del artículo 189 del Tratado;

12

que, por lo demás, al adoptar la medida solicitada, la demandada hubiera tenido que examinar previamente si el proyecto de Ley de que se trata es conforme al Tratado;

13

que semejante definición de posición no puede considerarse un acto que puede ser objeto de un recurso con arreglo al párrafo tercero del artículo 175;

14

que, por consiguiente, la negativa expresa a definir su posición como se ha solicitado no puede tampoco ser objeto de un recurso con arreglo al artículo 173;

15

que, en consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad del recurso.

16

Considerando que, a tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas;

que no han prosperado los motivos formulados por la parte demandante.

En virtud de todo lo expuesto;

vistos los autos;

habiendo considerado el informe del Juez Ponente;

oídos las observaciones orales de las partes;

oídas las conclusiones del Abogado General;

visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 173 y 175;

visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea;

visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 69 a 91;

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

desestimando cualesquiera otras consideraciones más amplias o contrarias, decide: