Contratos de crédito al consumo (2023)

 

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Directiva (UE) 2023/2225 relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 2008/48/CE

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA DIRECTIVA?

Establece las normas de la Unión Europea relativas a los contratos de crédito* celebrados con los consumidores*.

PUNTOS CLAVE

La Directiva:

• se aplica a los contratos de crédito en virtud de los cuales se presta dinero a los consumidores para comprar bienes y servicios;
• no se aplica a determinadas categorías de contrato, en particular:
  • los contratos de crédito garantizados por una hipoteca u otra garantía equivalente sobre bienes inmuebles;
  • los créditos superiores a 100 000 EUR;
  • los planes de crédito gratuitos o de bajo interés concedidos por empresarios a los trabajadores;
  • los planes aplazados en determinadas condiciones;
  • los contratos de arrendamiento o de arrendamiento financiero sin la obligación u opción de compra del objeto de que se trate;
• permite que los Estados miembros excluyan de las normas de la UE determinados contratos, como los relativos a las tarjetas de débito diferido en determinadas condiciones;
• exige que la información que se proporcione a los consumidores en virtud de las normas de la UE sea gratuita;
• estipula que los proveedores de créditos a residentes legales de la UE no pueden discriminar por motivos de nacionalidad, lugar de residencia u otros factores como el sexo, la raza o el color enumerados en el artículo 21 de la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

Requisitos de información precontractual

Publicidad y comercialización

• Todas las comunicaciones deben ser justas, claras y no engañosas.
• Los anuncios deben incluir la advertencia: «Atención: tomar dinero prestado cuesta dinero.» u otra equivalente.
• La Directiva prohíbe la publicidad engañosa que:
  • sugiera que el crédito mejoraría la situación financiera de los consumidores;
  • especifique que los contratos de crédito pendientes o las bases de datos tienen poca o ninguna influencia en la evaluación de una solicitud de crédito;
  • indique falsamente que el crédito incrementa los recursos financieros, los ahorros o el nivel de vida.

Los Estados miembros pueden prohibir la publicidad que:

• destaque la facilidad o rapidez de la obtención del crédito;
• supedite un descuento a la aceptación de un crédito;
• ofrezca períodos de gracia de más de tres meses para los reembolsos.

La información publicitaria básica debe:

• ser fácilmente legible o claramente audible;
• especificar lo siguiente de forma clara, concisa y de forma destacada:
  • el tipo deudor, incluidos los gastos,
  • el importe total del crédito,
  • la tasa anual equivalente (el anexo III establece cómo se calcula),
  • la duración del contrato de crédito, en su caso,
  • el importe total adeudado por el consumidor y el importe de las cuotas periódicas, cuando proceda;
• contener un ejemplo representativo de las distintas condiciones.

La información general debe:

• ser clara y comprensible y estar disponible en papel o en otro medio duradero elegido por el consumidor;
• contener como mínimo lo siguiente:
  • identidad y datos de contacto del proveedor de información,
  • fines para los que puede emplearse el crédito, duración del contrato y otros posibles costes,
  • tipos deudores disponibles y ejemplo del coste total para el consumidor,
  • una serie de opciones de reembolso, condiciones para el reembolso anticipado y derecho a desistimiento,
  • una indicación de los servicios accesorios necesarios para obtener el crédito,
  • una advertencia general sobre las posibles consecuencias de no cumplir los términos del contrato.

La información precontractual debe:

• facilitarse al cliente «con suficiente antelación» y contener explicaciones adecuadas, a fin de que pueda comparar distintas ofertas y tomar una decisión informada antes de quedar vinculado por un contrato;
• contener todos los elementos del formulario de información normalizada europea sobre el crédito al consumo establecidos en el anexo I, con los principales detalles en la primera página;
• utilizar el formulario europeo de información sobre el crédito al consumo del anexo II para los contratos de crédito celebrados por organismos que operen en beneficio mutuo de sus miembros;
• informar a los clientes cuando se les presente una oferta personalizada basada en el tratamiento automatizado de datos personales.

La Directiva:

• prohíbe la «venta vinculada», a menos que el contrato de crédito no esté disponible por separado de otros productos o servicios financieros que se ofrezcan;
• permite la «venta combinada», cuando el contrato de crédito esté disponible por separado, pero no necesariamente en las mismas condiciones que cuando se combine con otros productos o servicios que se ofrecen;
• permite que los prestamistas exijan al cliente que abra o mantenga una cuenta de pago o de ahorro para acumular capital o pagar los intereses del crédito, o que suscriba una póliza de seguros pertinente;
• prohíbe el uso de datos personales relativos al cáncer para fines de pólizas de seguros en el plazo de quince años a partir del final del tratamiento;
• exige a los prestamistas que informen de forma explícita a los consumidores de que se les prestan, o pueden prestar, servicios accesorios; no se presumirá el consentimiento de los consumidores para la celebración de cualquier contrato de crédito o la adquisición de servicios accesorios presentados a través de opciones por defecto (como las casillas ya marcadas);
• establece normas claras sobre la prestación de servicios de asesoramiento;
• prohíbe la concesión de crédito sin el consentimiento previo y expreso del consumidor.

Evaluación de solvencia, bases de datos y contratos

Los prestamistas deben evaluar y verificar exhaustivamente la solvencia del consumidor, examinando información pertinente y exacta sobre los ingresos, gastos y otras circunstancias financieras y económicas.

Los Estados miembros deben, en el caso de los créditos transfronterizos, garantizar que los prestamistas de otros Estados miembros tengan acceso a las bases de datos utilizadas en su territorio para la evaluación de la solvencia de los consumidores. Las condiciones de acceso a dichas bases de datos no serán discriminatorias.

Los contratos de crédito deben contener información similar a la facilitada en la fase precontractual, pero con mayor detalle.

Los prestamistas deben informar a los consumidores acerca de:

• las modificaciones en las condiciones del contrato antes de aplicarlas y, cuando proceda, la necesidad de consentimiento del consumidor o una explicación de los cambios introducidos por imperativo legal*;
• cambios en los tipos deudores con la debida antelación, antes de su entrada en vigor;
• cada reducción o cancelación de la posibilidad de descubierto al menos 30 días antes de la fecha en que surta efecto la reducción o cancelación efectiva de la posibilidad de descubierto;
• los detalles financieros de cualquier descubierto tácito* en el contrato.

Los consumidores:

• pueden desistir de un contrato en un plazo de catorce días sin indicar un motivo;
• pueden poner fin a un contrato de crédito de duración indefinida de forma gratuita, salvo que contenga un plazo de notificación acordado, que no podrá ser superior a un mes;
• tienen derecho a efectuar un reembolso anticipado del crédito, siempre que el prestamista reciba una compensación justa y justificada objetivamente.

Los Estados miembros:

• aplican medidas para prevenir los abusos y garantizar que no se pueda imponer a los consumidores unos tipos deudores excesivamente elevados;
• exigen a los prestamistas y a cualquier intermediario que actúen con honestidad, imparcialidad, transparencia y profesionalidad, teniendo en cuenta los derechos e intereses de los consumidores;
• establecen unos requisitos mínimos de conocimientos y competencias para los prestamistas y su personal;
• fomentan la educación financiera de los consumidores sobre la responsabilidad en la contratación de préstamos y la gestión de deudas;
• exigen a los prestamistas que apliquen, cuando proceda, medidas razonables de reestructuración o refinanciación antes de iniciar procedimientos de ejecución;
• velan por que se pongan unos servicios independientes de asesoramiento en materia de deudas a disposición de los consumidores que tengan dificultades con sus compromisos financieros;
• someten a los prestamistas e intermediarios de crédito a requisitos de reconocimiento, registro y supervisión, controlados por una autoridad independiente;
• ofrecen acceso a los consumidores a procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios adecuados, inmediatos y eficaces;
• designan a las autoridades que aplican la Directiva y determinan las sanciones para las infracciones.

La Comisión Europea:

• tiene la facultad de adoptar actos delegados;
• evaluará, a más tardar el 20 de noviembre de 2025, si la legislación debería proteger a los consumidores en préstamo e inversión a través de plataformas de financiación participativa que, aunque no actúen como prestamistas ni como intermediarios, faciliten el crédito entre consumidores;
• evaluará la Directiva antes del 20 de noviembre de 2029 y posteriormente cada cuatro años.

La Directiva deroga la Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo a partir del 20 de noviembre de 2026.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁN EN VIGOR ESTAS NORMAS?

La Directiva tiene que incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 20 de noviembre de 2025. Las normas deben aplicarse a partir del 20 de noviembre de 2026.

ANTECEDENTES

Para más información, véase:

• Créditos al consumo (Comisión Europea).

TÉRMINOS CLAVE

DOCUMENTO PRINCIPAL

Directiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 2008/48/CE (DO L, 2023/2225, 30.10.2023).

Las modificaciones sucesivas de la Directiva (UE) 2023/2225 se han incorporado al texto original. Esta versión consolidada solo tiene valor documental.

DOCUMENTOS CONEXOS

Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, pp. 66-92).

Véase la versión consolidada.

última actualización 04.01.2024