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La simplificación legislativa supone la rigurosa aplicación de los principios de necesidad y proporcionalidad.
Este ejercicio abarca la simplificación, codificación, refundición y consolidación de la legislación, así como la derogación de las disposiciones obsoletas.
En 1996, la Unión Europea (UE) puso en marcha un programa piloto (Simplificación de la legislación en el mercado interior: SLIM). Este programa vino seguido de programas plurianuales de simplificación y actualización de la legislación de la UE, como el programa permanente de la Comisión para la simplificación, iniciado en 2005, y que en 2012 había identificado más de seiscientas cuarenta iniciativas de simplificación, codificación o refundición.
Lo siguieron el programa de reducción de las cargas administrativas (ABR) y su continuación en los Estados miembros de la UE «ABRPlus», que se estima que hasta 2012 habían reducido un 25 % las cargas administrativas derivadas de la legislación de la UE para las empresas.
El último programa, conocido como REFIT (programa de adecuación y eficacia de la reglamentación) se puso en marcha en 2012. El REFIT identifica las posibilidades de reducir o suprimir los trámites burocráticos, eliminar las cargas normativas, simplificar y mejorar el diseño y la calidad de la legislación, para que se puedan alcanzar los objetivos de las políticas de una forma más eficiente y eficaz y con unas cargas y costes administrativos mínimos, respetando plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en los Tratados de la UE.
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