16.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 451/1

Ponente:

Panagiotis Gkofas

Coponente:

Luis Miguel Pariza Castaños

1.1

Este dictamen tiene como objetivo contribuir a los trabajos de la Presidencia griega, y darles asimismo continuidad durante la Presidencia italiana, para garantizar que se refuerce la dimensión exterior de la política de inmigración y asilo de la UE. La inmigración es una cuestión especialmente compleja que requiere la cooperación de muchas partes interesadas y una gestión, común y global de la UE, tanto a nivel internacional como europeo (1).

1.2

La UE tiene que dejar de considerar la política de inmigración como un asunto casi exclusivamente de política interior. Algunos de nuestros errores provienen de esta idea equivocada. El CESE considera que Europa ha de gestionar la inmigración en el marco de un enfoque global que incluya tanto la dimensión interna como la externa: la gestión interna de los flujos migratorios y la cooperación con terceros países constituyen componentes de una misma política, si quiere ser eficaz.

1.3

Debemos abordar de manera global el desafío de la movilidad humana en un contexto de globalización económica. La inmigración y la movilidad están estrechamente interrelacionadas. El diálogo internacional sobre la movilidad de las personas y las migraciones debe estar vinculado con otros aspectos de la política europea como el comercio, la cooperación para el desarrollo, los derechos humanos y la seguridad.

1.4

Cada Estado miembro de la UE por separado no puede gestionar adecuadamente la inmigración y el asilo; por eso el Tratado sienta las bases para una política común que debe ponerse en marcha con una legislación armonizada. El principio de solidaridad y de reparto equitativo debe reforzarse.

1.5

La UE debe asumir la responsabilidad en el control de las fronteras exteriores, que son las fronteras de toda la Unión Europea en el espacio Schengen. Frontex debe convertirse en un servicio europeo de guardia de fronteras. La UE debe reforzar la solidaridad entre los Estados miembros y una mejor distribución de responsabilidades.

1.6

Algunos territorios europeos debido a su situación geográfica tienen dificultades específicas, pues constituyen puntos intermedios para la inmigración irregular, y a veces reciben un volumen de personas que excede de su capacidad de acogida. Es necesario que la Unión Europea ponga en marcha procedimientos para repartir mejor las responsabilidades, de carácter operativo, de solidaridad financiera y de acogida.

1.7

En un mundo globalizado Europa tiene que colaborar con los países terceros y las instituciones internacionales en la promoción de un marco normativo internacional para las migraciones y la movilidad.

1.8

En este contexto, el CESE considera que es necesario abordar la inmigración en tres ámbitos interrelacionados: los países de origen, los países de tránsito y los países de destino, en este caso de la UE, ya que solo de esta manera podremos afrontar con eficacia los flujos migratorios.

1.9

La política de inmigración y asilo debe coordinarse mejor con la política exterior de la UE. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) debe ejercer el papel que le corresponde e incorporar las políticas relativas a la inmigración, el asilo y el control de las fronteras, con objeto de reforzar su coherencia. El CESE, que ha contribuido a los trabajos de la Presidencia griega, valora positivamente la inclusión de una dimensión exterior de la inmigración, el asilo y el control de las fronteras en las directrices estratégicas adoptadas por el Consejo Europeo los días 26 y 27 de junio de 2014. Asimismo se debe reforzar la función del Parlamento en estas materias.

1.10

En el marco de un Enfoque Global sobre Migración y Movilidad (GAMM) la UE debe alcanzar acuerdos con países terceros, especialmente con los países vecinos, los países de origen de los inmigrantes y con los países de tránsito.

1.11

El Comité propone que, a tal efecto, se refuerce el diálogo con dichos países con el objetivo de alcanzar nuevos Acuerdos para la Movilidad y la Migración (AMM), con un contenido más amplio, como se señala en el punto 1.3. y en el 5.1.6.

1.12

Las Asociaciones para la Movilidad tienen ciertas limitaciones que deben superarse en los próximos años, pues no tienen carácter vinculante para las partes contratantes. Su flexibilidad ayuda a alcanzar acuerdos políticos, sin imponer obligaciones jurídicas, pero, en opinión del CESE, deben transformarse en acuerdos internacionales vinculantes.

1.13

Las AM deben incluir entre sus prioridades los aspectos relacionados con la inmigración económica y la movilidad, añadiendo a los de seguridad, repatriaciones y vigilancia de las fronteras una mayor prioridad a la organización de la migración legal y la política de visados, el reconocimiento de las titulaciones, los derechos de seguridad social y la contribución que para el desarrollo tiene la migración y la movilidad.

1.14

El Comité propone que se pongan en marcha oficinas migratorias de la UE en los países de origen, gestionadas por la Comisión Europea, con funcionarios del SEAE, de la DG HOME y de la DG EMPL. El portal (web) de inmigración de la UE es un instrumento positivo pero insuficiente; debe poder ser utilizado en más lenguas y tener un carácter más interactivo.

1.15

Es necesario mejorar la cooperación con los países de origen y tránsito, prevenir y evitar la inmigración irregular. Asimismo, es necesario recurrir a campañas informativas, y luchar eficazmente contra las redes criminales de tráfico y la introducción ilegal de inmigrantes. La cooperación policial y judicial es fundamental para combatir a las redes criminales. Los traficantes y los que introducen ilegalmente a las personas, para alcanzar beneficios económicos delictivos ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas. Los Acuerdos de Movilidad (AM) deben desarrollar nuevos sistemas de cooperación en el control de las fronteras, y de colaboración en el retorno asistido.

1.16

Igualmente son fundamentales las ayudas y los programas de desarrollo, sobre la base del principio de condicionalidad positiva (more for more), abordando a la vez los distintos factores que implica la inmigración, incluida una política de retorno y readmisión. Así mismo es importante el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y su participación en los AM.

1.17

El CESE aboga, igualmente, por una cooperación de Frontex y Europol en la lucha contra la delincuencia organizada, en particular el tráfico ilícito y la introducción ilegal de inmigrantes, como, así mismo, una colaboración estrecha con organismos internacionales como la OIM, el ACNUR o el CIDPM. Por otra parte, el CESE respalda los Reglamentos de la Comisión a favor de una mayor flexibilidad en la gestión del Fondo de Asilo y Migración y el Fondo de Seguridad Interior a partir de 2014.

1.18

A escala de la UE, debe adoptarse una política común de inmigración que sea satisfactoria y coherente y se base en la solidaridad y el compromiso de todos los Estados miembros; la UE debe adoptar una política de retorno eficaz conforme a los tratados internacionales en materia de retorno y readmisión; las fronteras de la UE, incluidas las fronteras marítimas de los Estados miembros de la UE ribereños del Mediterráneo, son las fronteras de todos los Estados miembros de la UE y, como tales, es responsabilidad de todos garantizar activamente su protección de acuerdo con los Tratados.

1.19

Los derechos humanos de los inmigrantes irregulares deben respetarse en todo momento, desde su salvamento o acogida hasta que obtienen el estatuto de protección, mientras se encuentran en una situación irregular «sin papeles» o se los repatría al país de origen; la creación de más y mejores centros de estancia y centros de acogida para inmigrantes en todos los Estados miembros mediante la ayuda de toda la Unión Europea, teniendo especialmente en cuenta las condiciones sanitarias y de atención médica, así como un examen más rápido de las solicitudes de asilo o de asistencia social. El CESE reafirma su posición contraria a que se mantenga en centros de detención a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes irregulares; especialmente los niños, los menores no acompañados, las mujeres embarazadas y las aquejadas de enfermedades graves.

1.20

El Comité observa con preocupación que en Europa crece la intolerancia, el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes; y también está alarmado porque en algunos Estados miembros se está produciendo un deterioro de la protección de los derechos fundamentales.

1.21

Todas las instituciones comunitarias han insistido en la importancia de la inmigración para la UE, tanto por razones económicas como demográficas. También la Estrategia Europa 2020. Como ha insistido el CESE, la política europea de inmigración debe ser, en consecuencia, proactiva y proteger los derechos humanos, luchar contra la discriminación laboral o social, y desarrollar la agenda de la integración.

1.22

La Unión Europea debe dotarse de un sistema común de asilo con una legislación armonizada. El Convenio de Dublín debe ser sustituido por un sistema de mayor solidaridad dentro de la UE y que tenga en cuenta la voluntad de los solicitantes de asilo y garantice una distribución de responsabilidades más proporcionada entre los Estados miembros.

1.23

El nuevo reglamento del Fondo de Migración, Asilo e Integración concede especial atención a las situaciones de emergencia y de crisis. El CESE comparte la propuesta de la Comisión para asegurar una capacidad de acción flexible a nivel europeo, con recursos financieros suficientes para las emergencias. La llegada de numerosas personas procedentes de Siria y de otras zonas de guerra en África requiere que la UE se movilice, pues son situaciones de emergencia humanitaria.

2.1

La ausencia de una política europea común de inmigración, los trágicos acontecimientos recientes, que se siguen repitiendo, con las muertes ocurridas en el mar en zonas de Libia, Malta, Grecia, Italia y España, el aumento continuo de los refugiados en las fronteras de Siria, la complejidad del problema y la gran magnitud de los flujos migratorios han generado una presión particular en la capacidad de respuesta, especialmente de los países mediterráneos. Por ello, el Comité acoge con satisfacción que los aspectos relativos a la inmigración sigan siendo una prioridad para Italia, el Estado miembro actualmente en ejercicio de la Presidencia, al igual que lo fueron para Grecia, la Presidencia saliente.

3.1

En el siglo XXI va a aumentar la movilidad de las personas y también los flujos migratorios. En la actualidad solamente el 3 % de la población mundial vive fuera de su país de nacimiento, pero la tendencia es a que estos movimientos crezcan en el futuro (la tasa de crecimiento anual es del 3 %). Por otro lado, hay que señalar que los flujos migratorios son cada vez mayores entre los países del Sur, especialmente hacia los llamados emergentes. También aumenta la movilidad dentro de los países miembros de la UE (2) y en el espacio económico europeo.

3.2

La pobreza, el desempleo, las tendencias demográficas, la falta de oportunidades, los conflictos, los desastres ecológicos y el cambio climático son algunas de las causas que impulsan las migraciones internacionales.

3.3

El CESE ha propuesto que, en el ámbito de la política exterior, la UE debe promover un marco normativo internacional para las migraciones y la movilidad que alivie la presión ejercida sobre los Estados miembros. Este marco normativo internacional debe incluir los principales convenios de la OIT y la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, que aún no ha sido ratificada por los Estados miembros de la UE (3). El Comité solicita a la Comisión que elabore un informe sobre las medidas que están tomando los Estados miembros para crear las condiciones de su pronta ratificación.

3.4

El objetivo principal de este dictamen es examinar y hacer referencia a algunas de las principales cuestiones relacionadas con el fenómeno de la inmigración en su globalidad, tal como se ha señalado, con el fin de buscar soluciones integrales que conduzcan a una política de inmigración que sea efectiva, pero también respetuosa con los derechos de los inmigrantes.

4.1.1

Durante los últimos diez años, la UE ha ido adoptando un marco jurídico común, como el estatuto de residentes de larga duración y la reagrupación familiar. Se han armonizado las condiciones de admisión de los estudiantes y los investigadores; se ha creado la Tarjeta Azul para inmigrantes muy cualificados. También se ha adoptado una legislación horizontal: un permiso único para los trabajadores inmigrantes, la Directiva de admisión de temporeros y la Directiva para la admisión de trabajadores que son desplazados dentro de la misma empresa.

La UE necesita dar un impulso a la política común sobre inmigración laboral y dotarse de un marco jurídico que sea coherente, global, horizontal y guiado por el respeto a los derechos de los trabajadores, la igualdad de trato, las necesidades de las empresas y la contratación legal de dichos trabajadores. Una legislación y una cooperación con los países de origen que permita la inmigración a través de canales legales y transparentes, tanto para trabajadores de alta cualificación como en las actividades menos cualificadas.

Es necesario que haya una política integral y global de inmigración y asilo y de control de las fronteras y una armonización legislativa, con la activa participación de los Estados miembros, de los servicios de la Comisión Europea, del SEAE y de los organismos europeos competentes.

4.1.2

El CESE y la Comisión colaboran estrechamente en las políticas de integración. En el marco de unos Principios Básicos Comunes, la UE desarrolla una agenda para la integración, que también dispone de un Fondo financiero. El CESE y la Comisión van a seguir colaborando en las actividades del Foro Europeo de la Integración.

4.2.1

La UE se está dotando de un sistema común de asilo y de una legislación armonizadora, pero todavía estamos lejos de una situación adecuada, pues los Estados miembros mantienen políticas y legislaciones diferentes (4).

4.2.2

El Comité ha criticado que la UE tiene poca solidaridad en materia de asilo, pues el 90 % de las solicitudes se atendieron en solo diez Estados miembros. En términos relativos son los países más pequeños quienes tienen mayor presión, como Malta, Chipre y también Grecia.

4.2.3

El Convenio de Dublín determina el Estado miembro responsable del examen de cada solicitud de asilo, pero el CESE considera que este sistema no es solidario entre los Estados miembros de la UE. El solicitante de asilo debiera tener la oportunidad de presentar su demanda en cualquier Estado miembro. A medio plazo sería preciso dotar de nuevas competencias a la UE para que fuera ésta y no las autoridades nacionales quien gestionara las solicitudes. De esta manera se examinarían con mayor rapidez las solicitudes y se mejorarían las condiciones para la concesión de asilo. En suma, el Convenio de Dublín debe ser sustituido por un sistema de mayor solidaridad dentro de la UE y que tenga en cuenta la voluntad de los solicitantes de asilo y garantice una distribución de responsabilidades más proporcionada entre los Estados miembros.

4.2.4

Para ayudar a los Estados miembros en el desarrollo del sistema de asilo, se ha puesto en marcha la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), que presta también asistencia técnica y operativa. EASO debe tener un mandato para evaluar los sistemas de asilo nacionales y su compatibilidad con las obligaciones con el Derecho europeo e internacional y con los derechos fundamentales.

4.2.5

EL CESE propone que aumenten los programas de reasentamiento para el traslado de refugiados desde fuera de la UE y su establecimiento en la Unión, en colaboración con terceros países y el ACNUR.

4.2.6

El Comité también propone que aumenten los programas de realojamiento en el interior de la UE, proporcionando incentivos financieros a aquellos Estados miembros que se comprometan. El Comité considera que actualmente es muy escasa la solidaridad entre los Estados miembros para el realojamiento de los beneficiarios de protección y demandantes de asilo.

4.2.7

El realojamiento debe realizarse sobre la base de un sistema establecido de modo permanente. En este contexto, la Comisión debería presentar una propuesta legislativa para que se establezca un mecanismo de realojamiento permanente y efectivo en el seno de la UE, basado en una Clave de Reparto de la UE para la reubicación de los solicitantes de asilo, tal como se expone en el Informe del Parlamento Europeo sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo (2012/2032 INI). Para garantizar el funcionamiento óptimo de este mecanismo, la propuesta legislativa debería tener en cuenta asimismo la experiencia práctica adquirida con el proyecto piloto Eurema para Malta (5).

4.3.1

El vínculo entre inmigración y delincuencia que se realiza en algunos discursos políticos no se corresponde con la realidad y fomenta actitudes xenófobas. La mayor parte de los inmigrantes que no se encuentran en situación regular han entrado legalmente con un visado de corta duración y alargan su estancia, o tienen un permiso de inmigración temporal y no retornan cuando finaliza.

4.3.2

Muchas de estas personas trabajan en condiciones laborales injustas, cuando no fuera del marco del derecho del trabajo, o en la economía no declarada, y se encuentran en situaciones de exclusión social. Ante determinadas situaciones de este tipo las organizaciones de la sociedad civil y el CESE han respaldado procesos de regularización de los inmigrantes irregulares y, en general, han solicitado que la UE adopte propuestas, recomendaciones y medidas para evitar estas situaciones.

4.3.3

Los derechos de los inmigrantes irregulares han de respetarse en toda circunstancia, desde el momento de su salvamento o retención hasta que se les concede la protección o se les repatría a su país de origen. La inmigración irregular por vía marítima desemboca a menudo en la pérdida de vidas humanas. En este contexto, el CESE hace hincapié en la importancia de respetar en todo momento los derechos humanos fundamentales.

4.4.1

La Unión Europea necesita una política de fronteras exteriores creíble, efectiva, legítima y sujeta a controles democráticos. Los Estados miembros que forman el espacio Schengen no realizan controles en las fronteras que comparten entre sí. Esto supone que deben colaborar y compartir la responsabilidad en la gestión de las fronteras exteriores. El Código de Fronteras Schengen regula el cruce de fronteras y los controles, teniendo en cuenta los requisitos que los nacionales de terceros países deben cumplir para entrar y permanecer hasta tres meses. La UE elabora listas de países cuyos nacionales necesitan visados.

4.4.2

El CESE considera el papel de Frontex se debe reforzar para, a medio plazo, convertirse en un servicio europeo de guardia de fronteras compuesto por un contingente europeo de agentes de guarda de fronteras. Su función principal sería la aplicación de las reglas comunes previstas en el Código de Fronteras. El CESE considera que debe reforzarse la solidaridad de la UE con los Estados miembros, en función de su situación geográfica.

4.4.3

La lucha contra la trata y el tráfico ilegal de personas debe realizarse siempre garantizando a las víctimas la protección de la legislación humanitaria internacional y los convenios europeos de derechos humanos. Según el artículo 6.2 del Código de Fronteras Schengen, la guardia de fronteras no discriminará a las personas por motivos de sexo, origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; y según el artículo 13, los nacionales de terceros países a los que se deniegue la entrada, tendrán el derecho a recurrir la resolución.

4.4.4

El Comité respalda la propuesta de la Comisión para modificar la legislación sobre visados. La colaboración con los países terceros es fundamental en la política de visados, que en muchos casos incluye la reciprocidad.

4.5.1

Por lo que respecta a los procedimientos de retorno, es necesario que las Asociaciones de Movilidad se planteen recurrir prioritariamente al retorno voluntario, acompañado de sistemas de apoyo (6). No obstante, en caso de que se pongan en marcha procedimientos de retorno forzoso, hay que garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas implicadas de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa (7).

4.5.2

La celebración de acuerdos con terceros países debe basarse en el principio de condicionalidad positiva, la prestación de asistencia financiera y la creación de programas de desarrollo para prevenir la inmigración irregular.

4.5.3

La repatriación de los inmigrantes que han entrado en la UE de forma irregular debe gestionarse conforme a las reglas establecidas. En este sentido, los acuerdos de retorno con terceros países son cruciales para garantizar que los derechos de los inmigrantes repatriados se respetan plenamente.

4.5.4

La Carta prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y garantiza que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes (el principio de non-refoulement). Sin embargo diversas ONG han denunciado prácticas de expulsiones colectivas y de expulsiones de inmigrantes irregulares y de solicitantes de asilo a países en los que se violan los derechos humanos. El CESE recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta contienen disposiciones que son aplicables a una política Europea en materia de inmigración irregular, con especial atención a la protección en caso de devolución, expulsión y extradición.

4.5.5

Las personas con graves enfermedades no podrán ser detenidas ni expulsadas, tal y como ha sido interpretado por el TEDH en relación con el artículo 3 de la CEDH, pues necesitan atención sanitaria, así como las mujeres embarazadas. La situación de los menores de edad requiere igualmente una atención y protección específica, especialmente si no están acompañados.

4.5.6

El CESE reafirma su posición contraria al mantenimiento habitual en condiciones de detención de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes irregulares, ya que su internamiento en centros de detención debe ser una medida en todo caso excepcional (8). El Comité reclama mayor transparencia sobre los centros de internamiento dentro y fuera de la UE y que el ACNUR sea informado de la situación de las personas internadas.

5.1.1

El primer paso se dio en el Consejo Europeo, que adoptó el Enfoque Global sobre la Migración (Global Approach to Migration, GAM) a finales de 2005. Para desarrollar la dimensión exterior de la política europea de migración se han puesto en marcha diversas iniciativas de la Comisión.

5.1.2

Las Asociaciones de Movilidad (AM) son el instrumento político más importante en la implementación del GAMM. La fase piloto de su aplicación ya ha sido superada y en el 2009 la Comisión llevó a cabo una evaluación política de su aplicación (9).

5.1.3

La Comisión recomendó abordar nuevos retos para las políticas de inmigración y asilo (guerras y movimientos de población en el Mediterráneo) a través del establecimiento de un dialogo para la migración, la movilidad y la seguridad en la UE en su Comunicación Un Dialogo para la migración, la movilidad y la seguridad con los países del Mediterráneo Meridional [COM(2011) 292]. La UE inició desde entonces los diálogos con algunos países.

5.1.4

Se han concluido seis AM con los siguientes países: Cabo Verde (Mayo 2008) (10), Moldavia (mayo 2008) (11), Georgia (noviembre 2009) (12), Armenia (octubre 2011) (13), Azerbaiyán (diciembre 2013) (14) y Marruecos (junio 2013) (15). La negociación de las AM con Túnez ha concluido y el pasado 3 de marzo se firmó la Declaración conjunta. La negociación de la AM con Jordania ha comenzado y se prevé que concluya durante la Presidencia griega; se van a iniciar nuevos diálogos sobre migración, movilidad y seguridad con otros países del Mediterráneo meridional, como Egipto, Libia, Argelia y Líbano. La Declaración sobre emigración y movilidad de la Cumbre Unión Europea-África (16) es una declaración con un enfoque global que el CESE respalda.

5.1.5

En 2011, la Comisión publicó una evaluación sobre el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (GAMM, por sus siglas en inglés) (17), donde se instaba a la UE a reforzar su política exterior en materia de inmigración, y presentó un GAMM renovado que deberá basarse en los siguientes pilares: 1) organizar y facilitar la migración legal y la movilidad, 2) prevenir y reducir la migración ilegal y la trata de seres humanos, 3) promover la protección internacional y potenciar la dimensión externa de la política de asilo, y 4) maximizar la repercusión en el desarrollo de la migración y la movilidad.

5.1.6

Las AM adolecen de algunas limitaciones que el CESE considera deben ser superadas en los próximos años. Tienen una naturaleza jurídica de «derecho suave» (soft law). Son declaraciones conjuntas entre la UE, un grupo de Estados Miembros interesados y un país tercero, pero no tienen carácter vinculante para las partes. Su naturaleza flexible ayuda a alcanzar acuerdos políticos, pero no responsabilidades jurídicas. Tal y como el CESE ha señalado anteriormente (18) las AM deberían ser acuerdos internacionales vinculantes para las partes contratantes.

5.1.7

Las AM deben desarrollar de manera más completa y equilibrada los aspectos relativos a la movilidad y la migración, lo que debería ser una de sus prioridades. Hasta ahora las prioridades se han centrado en la seguridad, el retorno, la readmisión de los inmigrantes en situación irregular y la vigilancia fronteriza. La Comunicación de la Comisión sobre el Dialogo estableció también que «el incremento de la movilidad» estaría supeditado a condiciones específicas por parte del país tercero. En opinión del CESE, la UE debe ofrecer también a esos países otras oportunidades para la inmigración a través de procedimientos legales y transparentes (19).

5.1.8

El CESE propone que la UE ofrezca a los países socios la apertura de canales para facilitar la movilidad de las personas, la obtención de visados y la admisión de nuevos inmigrantes. El Comité (20) respalda que se incluyan otros asuntos en los nuevos Acuerdos, como:

5.1.9

La creación por parte de la UE de centros de migración en los países de origen fortalecerá la presencia de la UE en estos países y, al mismo tiempo, acabará con la desinformación generada en los circuitos del tráfico ilícito y fomentará las solicitudes de inmigración legal. Hay que prestar especial importancia al reforzamiento de la sociedad civil en el ámbito local y a su creación allí donde aún no esté establecida.

5.1.10

En situaciones de crisis humanitaria en territorios de tránsito a causa de desplazamientos masivos, a creación de centros de migración y centros de residencia de inmigrantes podría ser financiada por la UE teniendo en cuenta el principio de condicionalidad positiva. En colaboración con el ACNUR y la OIM, en estos centros se garantizará a las personas que lo necesiten la protección del sistema internacional de asilo.

5.1.11

La UE debe celebrar acuerdos con los países de tránsito otorgando especial importancia a las condiciones relativas a los principios de los derechos humanos y de la repatriación.

5.1.12

La celebración de acuerdos podría ampliarse a la cooperación con Frontex y Europol. La lucha contra la delincuencia organizada y la trata de seres humanos es una piedra angular de la prevención y reducción de los flujos migratorios irregulares. Las personas explotadas por los traficantes han de ser consideradas víctimas inocentes.

5.1.13

Tras la catástrofe en Lampedusa se estableció el Grupo Especial para el Mediterráneo [Task Force Mediterranean (TFM)] en el Consejo JAI de los días 7 y 8 de octubre de 2013. El Grupo finalizó con la publicación de la Comunicación sobre labor del Grupo Especial para el Mediterráneo [COM(2013) 869], que tiene un paquete de acciones a corto, medio y largo plazo, en cinco campos de acción principales: acciones en cooperación con terceros países; protección regional, reasentamiento y refuerzo de las vías legales de entrada en la UE; lucha contra el tráfico ilícito y la trata de seres humanos y la delincuencia organizada; refuerzo de la vigilancia de fronteras; y asistencia a los Estados Miembros que afrontan fuertes presiones migratorias y la solidaridad con ellos.

5.1.14

El CESE considera esencial que se complementen las acciones a corto plazo con medidas a largo plazo destinadas a afrontar las causas profundas de la migración no voluntaria.

5.1.15

El Consejo Europeo de Diciembre 2013 respaldó las acciones propuestas y reiteró la necesidad de actuar con determinación para prevenir la pérdida de vidas en el mar y evitar tragedias en el futuro. Confirmó la prioridad de cooperar con los países terceros para prevenir estos sucesos.

16.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 451/10

Ponentes:

Joost van Iersel y Carmelo Cedrone

—

el objetivo de la UEM, piedra angular del desarrollo ulterior de la UE, es promover la calidad de vida, la prosperidad y la estabilidad en beneficio del ciudadano europeo. La creación de confianza y condiciones favorables para la economía real constituyen un requisito previo para el crecimiento, el empleo, la competitividad y la inversión. Estos aspectos ponen de relieve la importancia que reviste la UEM tanto para los países que son miembros de la zona del euro como para los que no lo son;

—

el carácter imprevisible de los acontecimientos obliga a la zona del euro a crear urgentemente las condiciones idóneas, ya que en el contexto actual de globalización ningún país europeo puede, por sí solo, garantizar su propia libertad de acción. Esto tiene importantes consecuencias tanto para la gobernanza de la UEM como sus políticas;

—

la UEM no es un compartimento estanco. Se concibió, en un principio, como la realización de un espacio europeo interno abierto y del Mercado Único. Además de la disciplina presupuestaria, la UE y los Estados miembros deben desarrollar conjuntamente políticas económicas y sociales de acompañamiento en favor del crecimiento y el empleo, que son factores centrales para que el saneamiento dé frutos (1);

—

será necesario llevar a cabo una profunda adaptación de las políticas económicas y estructurales — que hasta hace poco eran en gran parte competencia exclusiva de los gobiernos nacionales —, para garantizar un proceso de convergencia entre los Estados miembros en diferentes ámbitos. La confianza mutua debe desplazar el recelo y la tensión. Una unión más estrecha beneficiará al conjunto de la sociedad. Debe garantizarse el diálogo social y civil a todos los niveles.

I.

Completar una UEM garantizada por una estructura sólida de gobernanza y gestión de la zona del euro y basada en:

II.

Poner en marcha, con carácter urgente, un verdadero plan europeo en favor del crecimiento y el empleo basado en un programa de inversiones significativo, respaldado por inversiones públicas y privadas, que active un impulso presupuestario. Debería garantizarse el reajuste y la aplicación correcta de los instrumentos existentes, concretamente, el «paquete de seis medidas», el «paquete de dos medidas» y el Semestre Europeo.

III.

Establecer un calendario y disposiciones para el lanzamiento de una Europa política, incluido un proceso de reflexión sobre su marco institucional en el contexto de una nueva convención europea.

IV.

Emprender una estrategia de comunicación y simplificación de la UEM, en el marco de un esfuerzo conjunto de la Comisión, el PE, los Estados miembros y la sociedad civil.

2.1

El CESE subraya que el impacto de una UEM completa y coronada por el éxito va mucho más allá de las disposiciones presupuestarias, monetarias y bancarias. Un liderazgo focalizado animará a los ciudadanos y los agentes económicos a creer en la misión común y el sentimiento de pertenencia a Europa.

2.2

Los próximos cinco años serán cruciales para que madure la aún frágil estructura de la UEM. Esto exige fundamentalmente responsabilización, apertura y transparencia, para lo cual se requieren políticas eficaces, así como un lenguaje sencillo y claro — ¡sin evasivas! — por parte de los gobiernos de los Estados miembros de la zona del euro, el Consejo y todos los demás órganos de la UE.

2.3

De acuerdo con el llamamiento hecho por algunas personalidades políticas europeas destacadas, el CESE considera que la unión política es un objetivo de cara al futuro (2). Siguiendo esta argumentación, el CESE considera que la unión política no solo constituye el colofón de la UEM en sí misma, sino también una consecuencia del contexto internacional más amplio del actual mundo globalizado, que cuestiona fundamentalmente el orden de Westfalia y la capacidad normativa de cada uno de los Estados.

2.4

Ningún país europeo puede sobrevivir por sí solo en este mundo globalizado. Por tanto, la soberanía nacional está mejor garantizada en un marco político y económico común.

2.5

El informe del presidente Van Rompuy, «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» y la correspondiente Comunicación de la Comisión Europea, de noviembre y diciembre de 2012 respectivamente, presentaron un proyecto de hoja de ruta con medidas concretas que van en la misma línea. El CESE valoró positivamente esta propuesta (3). El problema principal es que, a pesar de los considerables avances realizados, la separación entre una moneda común y la gobernanza económica de carácter intergubernamental está creando una tensión difícil de superar. El CESE insiste en que el informe Van Rompuy debe seguir siendo la base política de las iniciativas legislativas a lo largo del próximo período.

2.6

La crisis económica y financiera ha afectado especialmente a la zona del euro, poniendo de relieve las limitaciones actuales de la UEM. Así pues, muchos perciben el euro como un elemento de discordia entre los países y la sociedad civil en vez de un elemento de integración en Europa, lo que supone una amenaza para el futuro de la Unión. Esta percepción errónea no tiene en cuenta que la crisis — cuyas causas se encuentran mayormente fuera de la zona del euro — habría sido más profunda sin la moneda única.

2.7

Por el momento, los desequilibrios y las diferencias económicas existentes entre grupos de países, que perduran desde 1991 y nunca se han abordado, están poniendo freno al proceso de integración. Incluso están resurgiendo peligrosas discrepancias y una tendencia a la renacionalización.

2.8

Así pues, el futuro es imprevisible. Las señales de recuperación siguen invitando al optimismo y a no seguir funcionando en «modo de crisis». Sin embargo, en parte debido al carácter incompleto de la UEM y la fragmentación del mercado financiero europeo, se prevé una tasa de crecimiento baja o moderada durante bastante tiempo. Habida cuenta de la inestabilidad de la economía y las reacciones negativas que podrían producirse en los próximos años, el CESE previene contra la complacencia en lo que a estas cuestiones se refiere.

2.9

En este contexto, se consideran muy necesarias y urgentes decisiones recientes como el «paquete de seis medidas» y el «paquete de dos medidas», al igual que la unión bancaria, pese a su carácter limitado. Sin embargo, estos nuevos mecanismos de gobernanza se basan en mayor medida en consideraciones presupuestarias y de estabilidad que en una preocupación por los intereses de los ciudadanos, razón por la cual se han obviado cuestiones como el crecimiento y las medidas sociales. Además, el largo proceso de toma de decisiones y la complejidad del sistema llevan consigo una resistencia, ya sea tácita o abierta, en los Estados miembros y en el Consejo como consecuencia de la desconfianza política y la importancia otorgada a la soberanía nacional. Esta situación, que ya ha generado costes económicos y sociales a la Unión, debilita su posición a nivel internacional, razón por la cual las medidas de creación de confianza son fundamentales para superar los obstáculos.

2.10

Por consiguiente, el CESE hace hincapié en la necesidad de elaborar para la próxima legislatura europea una hoja de ruta convincente y con plazos concretos, en la que se establezcan medidas adicionales que deberán centrarse en la realización de la UEM en estrecha relación con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas. El presente dictamen propone algunos de los elementos esenciales de dicha hoja de ruta.

2.11

La integración diferenciada dentro de la UE, que ya se ha aplicado con éxito en diversas políticas, debe seguir siendo un principio fundamental. Muchas de las decisiones necesarias para completar la UEM pueden tomarse de conformidad con la legislación vigente o mediante una cooperación reforzada, mientras que otras requerirán un nuevo tratado o la modificación de los existentes. Estas decisiones permitirán superar los retrasos en la realización de la UEM y aplicar una serie de medidas urgentes, prestando atención a las perspectivas a largo plazo y teniendo en cuenta el hecho de que la zona del euro también requiere, a nivel institucional, una verdadera reforma estructural, en paralelo a las que deben acometerse en cada uno de los países.

3.1

Un primer paso inmediato de la hoja de ruta de la próxima legislatura europea sería la firma y aplicación de un verdadero pacto para el crecimiento, el empleo y la estabilidad, al objeto de impulsar la recuperación y crear las condiciones necesarias para el pago de la deuda (un «New Deal» europeo). Este plan debería incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

4.1.1

En lo que respecta a la política monetaria, con arreglo a una gobernanza macroeconómica reforzada en la zona del euro, es necesario completar el mandato del BCE para ponerlo en pie de igualdad con otros bancos centrales de fuera de Europa y de países europeos no pertenecientes a la UE y la zona del euro, con el fin de que, entre otras cosas, pueda actuar como prestamista de última instancia y como agente en igualdad de condiciones en los foros internacionales, sin dejar de respetar su plena autonomía. El BCE debe estar plenamente capacitado para impedir crisis de liquidez de tal modo que se vean favorecidas las inversiones (pymes).

4.1.2

Sin embargo, el BCE no puede considerarse como el único responsable. Una Unión Bancaria completa es esencial para la realización de una unión presupuestaria y económica (8). Debido a la asociación persistente entre los gobiernos y los bancos, los Estados miembros siguen mostrándose reacios a la hora de crear las condiciones políticas y económicas necesarias, lo cual ha dado lugar al aplazamiento de las decisiones más apropiadas y eficaces (9). Esto también impide una supervisión eficaz por parte del BCE de todo el sector bancario, que debería poner fin a la fragmentación financiera, reducir los vínculos poco recomendables entre la política nacional y los bancos y crear condiciones favorables para la realización de fusiones bancarias transfronterizas.

4.1.3

En sus negociaciones con el Consejo sobre la Unión Bancaria, el Parlamento Europeo logró llegar a un acuerdo sobre la forma de avanzar hacia un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución (10). El CESE suscribe plenamente la posición del PE. Estas decisiones deberían contribuir, en un futuro próximo, a la creación de un mercado de capitales europeo unificado, comparable al de los Estados Unidos.

4.1.4

Una unión bancaria completa requiere un mecanismo único de resolución bien estructurado, sistemas de garantía de depósitos armonizados en los Estados miembros y un Mecanismo Europeo de Estabilidad que permita una recapitalización bancaria directa (11). El sistema decisorio correspondiente debe ser eficiente y permitir la adopción rápida de medidas. Debe acelerarse el proceso por el que se establecen y aplican estos elementos.

4.1.5

La unión bancaria por sí sola tampoco basta para estimular la economía y las inversiones. Para lograr un sector financiero europeo más sólido, la agenda para los próximos años deberá centrarse también en la plena aplicación de Basilea III, en el Consejo de Estabilidad Financiera y en la búsqueda de una solución para los bancos considerados «demasiado grandes para quebrar», con arreglo a los acuerdos internacionales existentes (G-20).

4.1.6

El comisario Barnier publicó recientemente un voluminoso paquete legislativo sobre bancos y mercados financieros, que puede contribuir de forma significativa al buen funcionamiento de los mercados financieros en Europa y a reforzar la estabilidad y la fiabilidad del sector bancario. Esto es de suma importancia para la economía real. Las últimas decisiones del Consejo en la materia solo van hasta cierto punto en la dirección deseada.

4.1.7

Un nivel de crédito adecuado es una de las máximas prioridades desde el punto de vista de la recuperación y el crecimiento de la economía y el desarrollo, lo cual significa que la legislación de la UE debe establecer un equilibrio entre la necesidad de garantizar unas condiciones marco estrictas para el sector bancario y la creación de oportunidades suficientes para las actividades operativas de los bancos, especialmente con el fin de facilitar las inversiones, que son indispensables para cualquier política de crecimiento. Huelga decir que la adopción de disposiciones favorables para las empresas incipientes y las pyme es un aspecto decisivo (12).

4.2.1

A este respecto, el laborioso debate al que han dado lugar en el Consejo Europeo los contratos vinculantes de reforma económica es a la vez significativo y decepcionante (13). Por consiguiente, el CESE insiste en que la Comisión siga desarrollando su propuesta sobre estos acuerdos contractuales que necesitan un examen adicional de su configuración, financiación y legitimación democrática (14)

4.2.2

Las asociaciones basadas en un sistema de acuerdos contractuales mutuamente acordados y mecanismos asociados de solidaridad podrían ayudar a facilitar y respaldar la adopción de políticas de ajuste adecuadas. Estos acuerdos contribuirán tanto a la responsabilización de los Estados miembros en un marco común como a reformas en todos los ámbitos relacionados con el crecimiento sostenible, la competitividad y el empleo, que reforzarán, todos ellos, a la UE en su conjunto (15). Este marco podría contribuir a contar con una respuesta de la UE ante los choques asimétricos que sufran los países por separado, lo que representaría una forma de solidaridad de la UE.

4.2.3

Este tipo de asociaciones podría favorecer la convergencia y la confianza entre los ciudadanos, lo cual resulta esencial para vencer las preocupaciones que suscita la soberanía nacional. Esto, a su vez, contribuirá a una «comunalidad» europea que será una base indispensable para el desarrollo de instrumentos de la UE como el presupuesto de la zona del euro, el Fondo de Solidaridad Europeo y los eurobonos.

4.2.4

La convergencia de los sistemas económicos, incluidos los sistemas fiscales (16), acompañada de un instrumento de solidaridad, representa un aspecto fundamental para superar gradualmente los desequilibrios macro y microeconómicos que existen entre los países. A medio plazo, aunque resulte necesario modificar los tratados, este instrumento está destinado a convertirse en un mecanismo de compensación económica para reequilibrar e integrar las economías de la zona del euro. Con el tiempo, podría pasar a formar parte de un presupuesto común a la zona del euro. Los Fondos Estructurales y de Cohesión también podrían emplearse para tal fin.

4.2.5

La nueva Comisión, que será una de las principales partes interesadas en el proceso, deberá asumir la responsabilidad de presentar propuestas legislativas, conforme al método seguido por el comisario Barnier para regular el sistema financiero, en ámbitos en los que el debate ha estado dominado hasta ahora por los Estados miembros, con el fin de estimular un examen fructífero en el Consejo sobre la base de propuestas concretas.

4.2.6

Por el momento, la Comisión no ha utilizado este método de manera suficiente. Como ejemplos de casos en los que debería utilizarse, cabe mencionar la coordinación ex ante de los planes de las grandes reformas de política económica, los contratos de reforma económica acompañados de un mecanismo de solidaridad, la constitución de un fondo europeo de amortización de la deuda y las «euroletras». En caso de que estas propuestas requieran modificaciones de los tratados, la Comisión debería dejarlo claro a los miembros de la zona del euro.

4.2.7

Este enfoque obligará al Consejo a pronunciarse sobre estas propuestas. Además, será un factor de transparencia y claridad para las diferentes posiciones políticas y el único método que permitirá salir del punto muerto intergubernamental en que se encuentra el sistema actual. La Comisión debe comunicar esta información adecuadamente a las diferentes partes interesadas, incluido el público en general.

4.2.8

Por tanto, a medio plazo es necesaria (como lo ha sido desde el Tratado de Maastricht) una gobernanza económica para la zona del euro en lo que respecta a las políticas micro y macroeconómicas, para pasar del actual método de coordinación, que hasta ahora ha dado escasos resultados, a una toma de decisiones en común sobre los aspectos fundamentales de estas políticas. La zona del euro no puede permitirse seguir teniendo la misma moneda y políticas económicas separadas, que deben por tanto integrarse, entre otras cosas, para facilitar la labor del BCE.

4.2.9

El mecanismo de redistribución que debe utilizarse en situaciones de perturbación asimétrica: el principio de responsabilidad, no solo de los Estados, sino también de los contribuyentes, no puede disociarse del principio de solidaridad. Por consiguiente, durante un período limitado, deberían tomarse medidas concretas en beneficio de los grupos más vulnerables de la población. Es una responsabilidad que incumbe a todos los ciudadanos y a cada uno de los países.

4.2.10

Igualmente, es necesario avanzar hacia un presupuesto propio adecuado para la zona del euro, con normas acordadas conjuntamente; esta es la única forma de evolucionar hacia una política fiscal común y absorber cualquier perturbación que pueda producirse en el futuro. Este presupuesto podría financiarse, por ejemplo, mediante un impuesto específico, un impuesto sobre las transacciones financieras (siempre que se aplique en toda la zona del euro), una tasa sobre las emisiones de carbono o una contribución temporal aplicada a los excedentes de la balanza de pagos que superen el 6 % y, por último, mediante la emisión de bonos garantizados conjuntamente.

4.2.11

La deuda soberana: debería crearse un mecanismo que mantenga la responsabilidad de cada país por su deuda y excluya a los especuladores financieros. La deuda nacional, convertida progresivamente hasta un máximo del 60 % (como propuso el CESE (17)) o para la parte que excede del 60 % (según la propuesta de la Comisión relativa a un «Fondo de Amortización de la Deuda» (18)), podría mantenerse en una cuenta de deuda consolidada y el servicio de la deuda podría ser asumido prorrata por los diferentes Estados miembros. También podría crearse un fondo temporal de euroletras mediante un tratado intergubernamental, que permitiría emitir instrumentos de deuda de la zona del euro a corto plazo y eliminaría, por tanto, el riesgo de una crisis de liquidez gubernamental en la zona del euro. Según las conclusiones de su grupo de expertos, constituido con el mandato específico de analizar las ventajas y los riesgos de cada una de las opciones de emisión de deuda conjunta, la Comisión debería ahora presentar una propuesta que indique qué instrumentos deben utilizarse y en qué plazo.

4.3.1

También es necesario prestar especial atención a las políticas microeconómicas, en particular las políticas industrial y sectorial, que son fundamentales para el crecimiento de la economía europea, que ya no admite planteamientos diferenciados. Por tanto, es necesario poner en común algunas políticas (y los correspondientes procedimientos decisorios) que tienen una incidencia indirecta en los presupuestos nacionales, con el fin de lograr una visión compartida y acciones conjuntas de la Comisión y los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a:

4.4.1

El CESE insiste en la necesidad de tomar medidas concretas en relación con la dimensión social de la UEM (20). La tasa de empleo juvenil se mantiene a un nivel demasiado bajo. La nueva Comisión debería asumir, junto con los Estados miembros, la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo:

4.4.2

Es necesario un diálogo social adecuado a todos los niveles. Esto significa que deben superarse los obstáculos a consultas eficaces en y entre los Estados miembros. La UE debería ser de gran ayuda a la hora de reunir a las partes interesadas de distintos países con el fin de estudiar buenas prácticas y trazar planes de mejora de las condiciones necesarias para crear empleo.

4.4.3

Para completar la Unión y, en particular, la zona del euro, no pueden ignorarse las consecuencias sociales de las actuales políticas económicas, dejándolas totalmente en manos de los distintos países. Las medidas tanto económicas como sociales deben tener en cuenta no solo los parámetros del Pacto de Estabilidad, sino también una gama más amplia de parámetros macroeconómicos (por ejemplo, la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento, la balanza de pagos, la tasa de empleo, la tasa de pobreza, la distribución de las rentas y la riqueza, etc.). Es imposible garantizar la estabilidad de la UEM sin ningún mecanismo social para la zona del euro que pueda hacer frente a las consecuencias de las recesiones económicas profundas o de los desequilibrios. Algunas de estas medidas podrían exigir modificaciones de los tratados. Podrían incluir a medio plazo:

4.4.4

Asimismo, deberían ponerse en común, en interés de los ciudadanos, otras políticas que refuercen el sentido de pertenencia y faciliten la movilidad, por ejemplo:

4.5.1

Este programa tan amplio solo puede llevarse a cabo con la necesaria legitimidad democrática del proceso de toma de decisiones. El CESE reconoce plenamente los considerables avances realizados durante los últimos años y considera que solo se podrá dar un nuevo salto adelante durante la próxima legislatura si se presta especial atención a la responsabilidad, la legitimidad, la democracia, la transparencia y la comunicación.

4.5.2

En toda Europa está teniendo lugar un debate político cada vez más intenso sobre el proceso de integración. En lo que respecta a la UE, los partidos políticos deben definir claramente sus opciones, que deben promover los puntos de vista de los diversos grupos políticos del Parlamento Europeo y contribuir a una mayor visibilidad de los partidos políticos europeos. El debate europeo se vería reforzado y facilitado en gran medida por unas elecciones europeas transnacionales en la que participarían formaciones políticas transfronterizas.

4.5.3

La corresponsabilización y el necesario apoyo público requieren una participación mucho mayor de los parlamentos nacionales en el debate europeo. Las propuestas legislativas de la UE y los PNR deberán examinarse debidamente en los parlamentos. Deberían preverse consultas interactivas sobre cuestiones estratégicas entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, lo que también daría lugar a una cooperación más intensa entre los parlamentos nacionales.

4.5.4

La Comisión debe aplicar el método comunitario de la forma más eficaz posible al presentar medidas y propuestas legislativas, también en los casos de competencia compartida con los Estados miembros. Como en el pasado, una actitud proactiva y valiente dará sus frutos.

4.5.5

A petición de los parlamentos o de la sociedad civil, se debería invitar a la Comisión a participar en los debates nacionales sobre cuestiones europeas.

4.5.6

El Consejo Europeo y los consejos de ministros, en particular el Consejo ECOFIN, son importantes órganos decisorios, fundamentales en términos de responsabilidad y legitimidad. Por tanto, se requiere una mayor transparencia, ya que así se satisfacen los requisitos democráticos.

4.5.7

Los miembros del Consejo, que representan a los intereses nacionales y participan en el procedimiento de codecisión a nivel europeo, suelen tener un discurso cuando hablan en su país y otro cuando lo hacen en Bruselas, lo cual genera una confusión considerable y dificulta el consenso. Este doble discurso no es aceptable. Los Estados miembros deberían acordar y respaldar un mensaje político común en todos los niveles del proceso decisorio.

4.5.8

Los Estados miembros son a la vez sujeto y objeto de la estructura de la UEM. Si bien es posible adecuarse a la metodología europea, preservando al mismo tiempo los procedimientos administrativos y las tradiciones nacionales, en algunos países se requerirán ajustes considerables. Unas prácticas políticas y administrativas fiables resultarán cruciales a la hora de generar confianza.

4.5.9

El CESE subraya que la sociedad civil también está llamada a desempeñar su papel, a menudo infravalorado, en la futura estructura de la UE y de una zona del euro más integrada. Son muchos los ámbitos en los que el progreso depende parcial o totalmente de agentes no gubernamentales. La sociedad civil debe participar plenamente. En demasiados países, la sociedad civil sigue quedando al margen, por lo que es preciso dotarla de los instrumentos necesarios para interactuar con los responsables políticos institucionales. La sociedad civil debe asumir su parte de responsabilidad y participar en el proceso decisorio de la UE a fin de reforzar su legitimidad democrática. Sin su compromiso activo, la UEM nunca podrá realizarse con éxito.

4.5.10

Para los interlocutores sociales, en particular, sería bastante útil examinar los resultados de un modelo de consenso en los Estados miembros, del que es firme partidario el CESE. Asimismo, hay que fomentar el intercambio de prácticas.

4.5.11

El CESE considera que se ha puesto de manifiesto que las normas actuales son insuficientes y no han funcionado como se esperaba, y que el enfoque intergubernamental no está a la altura de los retos que afronta la UEM. A medida que va remitiendo la crisis, tampoco podemos engañarnos pensando que los mecanismos de estabilización creados con premura en medio de la tormenta serán suficientes para avanzar y evitar nuevas crisis.

4.5.12

Para evitar que se repitan situaciones similares, lo único que se puede hacer es modificar las normas y el proceso decisorio de la zona del euro para que sea más transparente y democrática. Para ello, es preciso:

5.1

Además de completar la UEM con arreglo a lo expuesto anteriormente, sería útil emprender, a lo largo de la próxima legislatura, un proceso de reflexión seria sobre la profundización del conjunto de la UE y el funcionamiento de sus órganos institucionales, así como seleccionar las políticas que deberían ser comunes. A juicio del CESE, esta reflexión debería centrarse en los aspectos que se exponen a continuación.

5.2

Someter las iniciativas de la Comisión a la aprobación del Parlamento Europeo, que también podría compartir el derecho de iniciativa. Asimismo, el Parlamento Europeo podría ser elegido sobre la base de listas europeas constituidas por los partidos europeos.

5.3

A fin de fomentar la visibilidad, la legitimidad democrática y la separación de poderes, debería abolirse la diarquía entre el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión, que sería elegido por el Parlamento Europeo o directamente por el pueblo, para lo cual se modificaría su papel. El actual Consejo podría convertirse en un «senado de los Estados» con un nuevo reglamento interno.

5.4

En cuanto a las políticas cuya aplicación correspondería parcial o totalmente a la UE y para las cuales tendría poder de decisión, cabría incluir la política exterior y el papel de la Unión en el plano internacional, en particular, la representación única en las organizaciones internacionales, la política de defensa — a título voluntario —, la política energética, la política de investigación, la política de asilo e inmigración, y el respeto de las normas y los derechos con capacidad para emprender acciones contra Estados infractores, como ya es el caso para las cuestiones económicas y las normas presupuestarias.

5.5

El nuevo marco institucional, que no podrá establecerse únicamente mediante una cooperación reforzada, y el papel del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del CESE y del CDR, podrían determinarse por medio de una nueva Convención que finalizaría sus trabajos antes de 2019, fecha en que se celebrarán las elecciones posteriores a las de 2014.

6.1

El proceso de recuperación de la confianza pasa por una comunicación eficaz. El CESE está convencido de que la mejor forma de garantizar una comunicación óptima es a través de la aplicación de buenas prácticas y políticas desde una perspectiva a largo plazo para el conjunto de la sociedad europea.

6.2

Es necesario fomentar y mejorar la comunicación al público. La comunicación genera interés, lo cual ayuda a entender las cosas. Este precepto no se ha tenido suficientemente en cuenta, de lo cual son responsables la Comisión y los Estados miembros. Debería recurrirse a todo el espectro de los medios sociales.

6.3

La UEM y sus ámbitos conexos se han presentado a menudo como una cuestión técnica, lo cual no es cierto ya que se trata de un ámbito fundamentalmente político que incide sobremanera en la vida de cada ciudadano. No obstante, rara vez son objeto de debate, y menos aún de comunicación de información desde esa perspectiva, lo que también explica en gran medida la enorme brecha entre la UE y el ciudadano medio.

6.4

Las diferentes tradiciones y situaciones ponen de manifiesto cada día la exasperante ausencia de un «lenguaje común de la UEM», lo que a veces resulta muy confuso y hace que disminuya el apoyo público. En opinión del CESE, la Comisión es la única instancia capaz de aportar una solución ya que es depositaria del derecho de iniciativa en el proceso legislativo de la UE. Esta cuestión debe considerarse desde la perspectiva de una Comisión y un Parlamento Europeo con más fuerza política que en el pasado.

6.5

Como partes corresponsables, la sociedad civil y los interlocutores sociales deben desempeñar el papel que les corresponde en el ámbito de la comunicación, que hasta ahora no se ha desarrollado suficientemente. La sociedad civil y los interlocutores sociales deben comunicar a las autoridades las preocupaciones de los ciudadanos y las empresas, además de ayudar a darles respuesta. El intercambio de opiniones debe ir en ambos sentidos.

6.6

Europa tiene que dejar de proyectar la imagen de torre de marfil que percibe gran parte de la opinión pública. Es necesario explicar claramente a los ciudadanos las ventajas de la integración europea, los avances concretos y los consiguientes beneficios, especialmente para las inversiones, la creación de empleo y los consumidores. Esta «nueva narrativa para Europa» debería tener su punto de partida en una estrategia de comunicación y simplificación conjunta de la Comisión y los Estados miembros, que son agentes fundamentales junto con los partidos políticos y la sociedad civil.

16.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 451/20

Ponente:

Michael Smyth

1.1

Después de más de seis años de perturbaciones financieras y económicas, los canales normales de financiación de las empresas y, en particular, de las pymes, se mantienen parcialmente bloqueados. Los bancos, la fuente tradicional de financiación para la mayoría de las pymes, están menos dispuestos a prestar debido a una serie de factores como el actual desapalancamiento, los requisitos más estrictos en materia de coeficiente de capital y liquidez, las provisiones por deudas incobrables y la aversión al riesgo. Esta fragmentación de los mercados financieros y los canales de financiación ha sido uno de los rasgos más persistentes de la crisis financiera en Europa.

1.2

La reducción de los créditos a las empresas para capital circulante es una forma crónica de fallo del mercado, que requiere una respuesta apropiada de los responsables políticos de la UE. Hasta la fecha esta respuesta no ha sido proporcional al problema.

1.3

La iniciativa LTRO (1) del BCE consiguió evitar el colapso del sistema bancario, pero la mayor parte de su financiación no se ha transmitido a la economía real. En cambio, se ha utilizado para consolidar los balances de los bancos y representa una oportunidad desperdiciada porque las empresas siguen careciendo de capital circulante.

1.4

El BEI, que se ha mostrado muy activo a la hora de apoyar a las pymes en toda Europa, se ha visto sustancialmente recapitalizado y ha aumentado sus créditos a las pymes. El apoyo a las pymes representa la principal prioridad política del grupo del BEI, pues supone más del 20 % del volumen de créditos anual del BEI y el 100 % de las actividades del FEI. Aun cuando el BEI es un proveedor importante de financiación del desarrollo para las pymes, su proporción de los créditos totales concedidos a las empresas en la zona del euro sigue siendo pequeña.

1.5

El CESE apoyó el Libro Verde del pasado año sobre la financiación a largo plazo de la economía (2) y a este le ha seguido un paquete de medidas (3) recientemente publicado para promover la financiación a largo plazo en general y dirigir la financiación a las pymes en particular. El paquete comprende medidas para fomentar el recurso a la titulización de los créditos a las pymes. La Comisión también propone nuevas normas para animar a los fondos de pensiones a invertir en activos financieros y así apoyar la financiación del crecimiento a más largo plazo en la economía real (4). También hay propuestas para crear un mercado secundario líquido y transparente para bonos de sociedades y otros tipos de bonos. El CESE acoge favorablemente estas propuestas y considera que, con el tiempo, pueden contribuir a un mercado reformado y más eficiente para la financiación de las pymes.

1.6

Se encuentran en marcha otras iniciativas para eliminar los obstáculos a una evaluación más exacta de la solvencia y el riesgo por las entidades de crédito. Estas incluyen un mayor uso de los referentes digitales con solicitudes estándar para los registros de empresas, oficinas estadísticas, evaluaciones de créditos bancarios y otras entidades de crédito y el establecimiento eventual de un registro central europeo de créditos. Una información mejor y más actualizada sobre los resultados financieros de las pymes permitiría una mejor evaluación del riesgo por parte de las entidades de crédito y una tarificación más apropiada del riesgo.

1.7

En la actualidad están en curso o se están considerando otras propuestas para mejorar el acceso a la financiación de las pymes. El CESE apoya esta respuesta más proactiva de los responsables políticos, pero hará falta mucho tiempo para llevarla a buen término. Subsiste el problema de qué hacer ahora y a corto plazo para mejorar el acceso de las pymes a la financiación.

1.8

Una solución «estándar» puede no ser adecuada en todos los Estados miembros. Algunos Estados miembros han desarrollado planteamientos que son adecuados para sus estructuras y regulaciones financieras. Una de las iniciativas más interesantes es el Funding for Lending Scheme del Reino Unido (5), que tuvo un gran éxito a la hora de fomentar los créditos hipotecarios y los créditos a las familias en el Reino Unido a lo largo de los dos últimos años y ahora lo está teniendo en el fomento de los créditos a las pymes. Esta iniciativa anima a los bancos participantes a aumentar su concesión neta de créditos a las pymes reduciendo el coste de la financiación. Los partidarios de esta iniciativa afirman que, sin ella, los créditos a las pymes serían mucho menores.

1.9

El CESE considera que el Funding for Lending Scheme es un ejemplo de buenas prácticas y recomienda que el BCE considere seriamente la introducción de una iniciativa similar en la zona del euro. El 5 de junio de 2014, el BCE anunció un conjunto de medidas de liquidez destinadas a reactivar la concesión de préstamos bancarios a las pymes (6). El CESE toma nota con satisfacción de que la propuesta principal del BCE, denominada «LTRO específica», es similar al FLS descrito en el presente dictamen. Cabe señalar, asimismo, que el trabajo realizado por el CESE en este dictamen refleja la evolución del pensamiento de los responsables políticos.

2.1

El debate en torno a la financiación y el crédito a las empresas ha tendido a centrarse en la oferta y la demanda de capital de inversión o desarrollo, especialmente para las pymes. Las entidades de crédito tienden a señalar una escasez de nuevos proyectos y la consiguiente poca demanda de financiación del desarrollo. Los representantes de pymes y de empresas de capitalización bursátil mediana (mid-cap) suelen quejarse tanto de la oferta de financiación para el desarrollo como del coste de tal crédito, afirmando que los bancos han sobrestimado la financiación del riesgo. Ambos puntos de vista pueden contener elementos de verdad. En cualquier caso, el volumen del crédito a las empresas, tanto grandes como pequeñas, ha permanecido estático en el mejor de los casos y en drástica caída en todos los Estados miembros de la UE, en el peor de los casos.

2.2

A efectos del presente dictamen, el CESE no se centra en el capital de desarrollo o la financiación de nuevas empresas ni en innovaciones. En lugar de eso, el dictamen considera la cuestión del acceso al capital circulante, los descubiertos y las facilidades renovables que son la columna vertebral de la mayoría de las empresas. Las tendencias de concesión de crédito para el capital circulante son difíciles de identificar precisamente por la falta de datos, pero la tendencia general puede verse en los datos del BCE sobre la concesión de crédito a empresas no financieras. Estos datos muestran una caída del crédito durante los últimos cuatro y cinco años y solo han mostrado algunas señales de recuperación durante los últimos meses.

2.3

Una de las dimensiones más duraderas de la crisis financiera y económica de los últimos seis años es la fuerte caída de la financiación de las empresas. A medida que los bancos europeos se han esforzado por reducir su exposición a préstamos impagados y deuda sin valor, la oferta normal de capital circulante a empresas, especialmente a las empresas más pequeñas y las microempresas, ha disminuido tanto en términos nominales como reales. Esta reducción del crédito a las empresas podría describirse como una forma crónica de fallo del mercado. Además, la fragmentación de los mercados financieros europeos ha conducido a una estructura en dos niveles para los tipos aplicados a los préstamos. Por ejemplo, las pymes afrontan unos gastos de intereses mucho más elevados en Italia y España que en Alemania y el Reino Unido. Hasta la fecha, la respuesta de los responsables políticos de la UE no ha sido proporcional al problema y hay cierta evidencia de que los efectos de una mayor regulación bancaria internacional y de la UE puede haber exacerbado el problema del crédito a las empresas al aumentar la aversión de los bancos al riesgo.

3.1

Los responsables políticos de la UE han hecho todo lo posible para hacer frente a las consecuencias de la crisis financiera y su impacto en la economía real. La fragilidad del sistema bancario de la UE ha supuesto una considerable limitación para la recuperación económica. Para contribuir a superar esta fragilidad, en 2012-2013 el Banco Central Europeo (BCE) emprendió una iniciativa sin precedentes para dar a los bancos de la UE acceso a más de un billón de euros a un interés relativamente bajo. Esta iniciativa se denominó refinanciación a plazo excepcionalmente largo (LTRO). Se trataba de una respuesta a la amenaza de una congelación bancaria o de un colapso bancario en unos momentos en que los bancos luchaban por equilibrar sus balances y cumplir unos ratios de capital reguladores más rigurosos. La LTRO consiguió evitar el colapso, pero la mayor parte de esta financiación no se transmitió a la economía real. En cambio, se ha utilizado para consolidar los balances de los bancos. En cierto sentido, este resultado era predecible y comprensible. La prioridad para la mayoría de los bancos europeos era y sigue siendo la supervivencia. Y en otro sentido, este resultado representa una oportunidad perdida porque las empresas siguen careciendo de capital circulante.

3.2

En marzo de 2013, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue sustancialmente recapitalizado. Su capital suscrito recibió una inyección de efectivo de 10  000 millones de euros por parte de los accionistas. El BEI espera poder aumentar su ya sustancial concesión de créditos a las pymes en hasta 40  000 millones de euros a lo largo de los próximos tres o cuatro años. La recapitalización ha ayudado al BEI a aumentar su concesión de créditos a las pymes. El apoyo a la pymes representa la principal prioridad política del grupo del BEI, pues supone más del 20 % del volumen de créditos anual del BEI y el 100 % de las actividades del FEI. Sin embargo, el crédito del BEI a las pymes tiende a utilizarse principalmente para el capital de desarrollo, la innovación y nuevos proyectos. Parece ser que el BEI está considerando la concesión de crédito para el capital circulante y será interesante observar el resultado de esas deliberaciones. Aun cuando el BEI es un significativo proveedor de financiación del desarrollo para las pymes, su proporción de los créditos totales concedidos a las empresas en la zona del euro sigue siendo pequeña.

3.3

En el Reino Unido y Estados Unidos, las autoridades monetarias han recurrido a algunas medidas nada ortodoxas, como las facilidades cuantitativas para insuflar liquidez al sistema bancario. Esta política supone la compra de enormes cantidades de bonos soberanos y de empresa por los bancos centrales y la inyección de nuevo dinero al sistema bancario. Asimismo, ha ayudado a evitar la congelación de los mercados de dinero y el mecanismo de transmisión monetaria tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Hay algunos indicios de que en Estados Unidos el programa de facilidades cuantitativas ha contribuido a aumentar el crédito y la financiación en la economía real. Las autoridades monetarias estadounidenses están contemplando ahora la posibilidad de disminuirlo a medida que se afianza la recuperación económica. En el Reino Unido, la orientación del Banco de Inglaterra sugiere que, una vez se afiance la recuperación económica, también llegará a su término la política de facilidades cuantitativas.

3.4

En marzo de 2013 la Comisión publicó un Libro Verde sobre la financiación a largo plazo de la economía (7) y a renglón seguido presentó un paquete de medidas para promover la financiación a largo plazo en general y dirigir la financiación a las pymes en particular (8). En este paquete destacan las medidas para fomentar el uso de valores garantizados por activos de los créditos a las pymes. Un mayor uso de los valores garantizados por activos liberaría a los bancos y a otras instituciones financieras de sumirse en volúmenes mayores de créditos a las empresas. La Comisión también propone nuevas normas para animar a los fondos de pensiones a invertir en activos financieros como los valores garantizados por activos y así apoyar la financiación del crecimiento a más largo plazo en la economía real (9). También hay propuestas para crear un mercado secundario líquido y transparente para bonos de sociedades y aumentar el atractivo de los bonos garantizados y de la colocación privada de valores. Hay una Comunicación sobre la microfinanciación colectiva (10), que tiene como objetivo fomentar las mejores prácticas, supervisar el desarrollo de los mercados de microfinanciación colectiva y facilitar la emergencia de una etiqueta de calidad de la microfinanciación colectiva.

3.5

A este respecto son pertinentes otras iniciativas. Los obstáculos que impiden a las entidades de crédito evaluar con más precisión la solvencia y el riesgo generalmente giran en torno al coste y la falta de información financiera pertinente. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) propone una serie de medidas para reducir esos obstáculos. Estas incluyen un mayor uso de los referentes digitales con solicitudes estándar para los registros de empresas, oficinas estadísticas, evaluaciones de créditos bancarios y otras entidades de crédito. Estos referentes nacionales de los datos sobre riesgo crediticio deberían consolidarse con el Banco Europeo de Datos, que eventualmente llevará a un registro central europeo del crédito. El IIF aboga por el establecimiento de normas europeas para la recogida y transmisión de la información, para permitir los análisis cruzados entre empresas y naciones. Una información mejor y más actualizada sobre los resultados financieros de las pymes permitiría una mejor evaluación del riesgo por parte de las entidades de crédito y una tarificación más apropiada del riesgo

3.6

Otras propuestas para mejorar el flujo de la financiación a las pymes incluyen:

4.1

La tarea de diseñar un sistema para fomentar un mayor acceso a la financiación en toda la Unión no es sencilla. Algunos Estados miembros han desarrollado ciertas soluciones que son adecuadas para sus estructuras y regulaciones financieras. Un planteamiento «estándar» puede no ser adecuado en todos los Estados miembros. Una de las iniciativas más interesantes es el Funding for Lending Scheme (FLS) del Reino Unido, y convendría considerarla detenidamente.

4.2

En julio de 2012, el Tesoro del Reino Unido y el Banco de Inglaterra introdujeron el FLS para fomentar el crédito a la economía real (11). El Tesoro, como accionista del Banco de Inglaterra, supervisa el funcionamiento del FLS. El FLS ofrece a los bancos participantes una fuente económica de financiación y estos costes más bajos de financiación deberían permitir a los bancos aumentar la disponibilidad de crédito reduciendo los tipos de interés de sus créditos. El sistema anima a los bancos a aumentar su concesión de créditos y así les permite obtener fondos adicionales del sistema. Desde su comienzo, el FLS ha contribuido a una reducción sustancial de los costes de la financiación bancaria, lo que se ha traducido en mejores condiciones crediticias. Es justo decir que la mayor parte del éxito del FLS hasta la fecha ha estribado en estimular los créditos a las familias y, en particular, los créditos hipotecarios. Pero tuvo menos éxito en fomentar el crédito a las empresas y, así, en noviembre de 2013, las autoridades ajustaron el FLS para concentrarse solo en fomentar el crédito a las pymes.

4.3

El FLS es un sistema diseñado para dar un incentivo comercial a los bancos participantes para que aumenten su importe neto de los créditos concedidos (es decir, importe bruto de los créditos concedidos menos reembolsos). El sistema ofrece una financiación a bajo interés a todos los bancos, incluso a aquellos que están procediendo al desapalancamiento. El sistema no tiene ningún límite superior en cuanto al importe de financiación que los bancos pueden obtener. A título de ejemplo, si un banco participante ha concedido créditos a empresas por un importe de 1 00  000 millones de euros al principio del sistema, podría obtener al menos 5  000 millones de euros en financiación. Si el mismo banco aumenta posteriormente el importe neto de los créditos concedidos a pymes con otros mil millones de euros, tendría derecho a obtener otros 5  000 millones de euros del FLS. Esta proporción de 5 a 1 de aportación a un nuevo importe neto de concesión de créditos a las pymes, junto con el coste más económico de la financiación, proporciona a los bancos poderosos incentivos para aumentar la concesión de créditos (12).

4.4

El Banco de Inglaterra está supervisando el FLS revisado. La mayoría de las instituciones financieras del Reino Unido participan en el FLS. El sistema revisado que solo pretendía fomentar la concesión de créditos a las empresas lleva operando desde noviembre de 2013 y probablemente es demasiado pronto para sacar conclusiones significativas sobre su eficacia. Algunos de los bancos más grandes del Reino Unido y de la zona del euro siguen recurriendo con bastante ligereza al desapalancamiento y probablemente a esto se debe gran parte de la disminución de los créditos a las empresas. Los partidarios del FLS afirman que la situación crediticia en el Reino Unido sería mucho peor si no se dispusiera de la financiación del FLS.

4.5

El CESE considera que en la zona del euro debería establecerse un sistema similar al FLS. Un sistema como el FLS en la zona del euro podría, a lo largo de un período limitado de hasta dos o tres años, contribuir a restaurar la financiación de las empresas hasta alcanzar niveles más normales, facilitando el proceso actual de desapalancamiento.

4.6

El 5 de junio de 2014, el BCE anunció un conjunto de medidas de liquidez destinadas a reactivar la concesión de préstamos bancarios a las pymes (13). El CESE toma nota con satisfacción de que la propuesta principal del BCE, denominada «LTRO específica», es similar al FLS descrito en el presente dictamen.

4.7

La mayor parte de las propuestas presentadas por la Comisión para mejorar el acceso de las pymes a la financiación han sido acogidas favorablemente por el CESE, pero la mayoría son a medio o más largo plazo y pueden requerir nueva legislación o nuevas instituciones. Entre tanto, la crisis de financiación en capital circulante para las empresas es urgente, acuciante y, seguramente, cada vez peor. El CESE cree que los responsables políticos de la UE deberían hacer más para aportar soluciones a más corto plazo como los sistemas de incentivos (FLS o LTRO) expuestos supra. Todo riesgo financiero o de reputación debe sopesarse con los 26 millones de desempleados (5,6 millones menores de 25 años) de la UE.

16.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 451/25

Ponente:

Isabel Caño Aguilar

1.1

La Unión Europea debe dejar de ser una mera usuaria digital y convertirse en diseñadora y productora, para lo cual debe fomentar sus talentos. A tal efecto, entre sus prioridades figura informar, formar y educar.

1.2

El CESE considera que la accesibilidad a la sociedad digital debe ser un objetivo prioritario para el conjunto de la sociedad europea. Las políticas implementadas en este campo son insuficientes para afrontar la brecha digital, que continúa ahondándose.

1.3

El CESE recuerda que se deben tomar las medidas pertinentes para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad digital y la igualdad de condiciones ante las nuevas tecnologías.

1.4

La sociedad digital no puede ser un factor complementario de exclusión. El CESE recalca especialmente la necesidad de adoptar políticas adecuadas para que las personas mayores no sean excluidas y, en cambio, se integren plenamente en la utilización de tecnologías que forman parte de la vida cotidiana de las personas.

1.5

Es necesaria una actuación conjunta de las autoridades europeas y nacionales para que existan equipos y programas informáticos a precios más asequibles, y que respeten el multilingüismo.

1.6

La política de educación europea debe preparar a los ciudadanos para la vida. El CESE insiste en que las organizaciones profesionales del sector de la enseñanza deben ser consultadas.

1.7

Dentro de las posibilidades financieras de los Estados miembros, para el CESE el apoyo a la enseñanza pública es fundamental para lograr el objetivo de igualdad.

1.8

El CESE destaca la importancia de las bibliotecas públicas en el proceso de formación y educación al mundo digital.

1.9

El CESE aconseja promocionar modelos de innovación abierta y estándares abiertos. Hay que evitar medidas injustificadas para proteger la propiedad intelectual que puedan restringir los procesos de innovación en la economía digital.

1.10

El CESE sugiere que se sigan las recomendaciones de la European Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL) en materia de enseñanza.

1.11

El CESE reitera el papel importante de la formación profesional y la educación en la lucha contra la crisis económica y a favor de la recuperación, destacando el papel del CEDEFOP en este campo. Por consiguiente, el CESE aboga por:

1.12

La Iniciativa Horizonte 2020 debe contribuir a reforzar la posición europea en el campo de la tecnología digital, donde las empresas registran menos inversiones que sus competidoras asiáticas y estadounidenses.

1.13

El CESE considera fundamental la promoción de las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ya que pueden impulsar proyectos innovadores que son vitales para una industria en constante transformación. Las medidas tributarias y de las mayores facilidades de financiación de las PYME supondrá, además, una gran aportación a la lucha contra la crisis económica.

1.14

El apoyo a las start-ups en el campo de la tecnología digital puede contribuir a potenciar la industria europea de hardware y software. El CESE aprecia la iniciativa de apoyar programas de alto riesgo en el marco de la Agenda Digital pero reclama más apoyo por parte del sistema financiero.

1.15

El CESE propone un conjunto de medidas para alentar la participación de mujeres en la sociedad digital.

2.1

Varias decisiones políticas, programas e iniciativas de la UE se refieren a la incorporación de las TIC a la educación, entre ellas:

2.2

La Agenda Digital para Europa (2010), estrategia clave de la Unión para cumplir los objetivos de Horizonte 2020, prevé numerosas actuaciones, entre ellas, las relativas a:

2.3

El CESE ha abordado estos aspectos en diversos dictámenes (1).

2.4

Este dictamen de iniciativa aborda algunos aspectos relacionados con el acceso a la sociedad digital, la enseñanza, la igualdad y el empleo.

3.1.1

Las herramientas que proporcionan las TIC son cada vez más utilizadas en la vida de las personas. El acceso a la sociedad digital es un derecho y una fuente de oportunidades que deben ser plenamente aprovechadas.

3.1.2

El CESE ha constatado reiteradamente la importancia de la banda ancha para la sociedad y la economía europeas (2) y, por ello, saluda la generalización vía satélite a los 28 Estados miembros. No obstante, persisten muchas de las causas de fractura digital, agravadas por el aumento del nivel de pobreza, el cual a su vez se ve agudizado por la crisis económica y social.

3.1.3

La brecha digital no se está cerrando, entre otros motivos por: la educación (las personas con altos estudios tienen tres veces más posibilidad de ser usuarios de Internet que el 33 % de la población con menor nivel educativo), la edad (Internet es de uso general entre los jóvenes y casi universal entre los estudiantes, pero en el caso de las personas mayores su nivel de uso es muy inferior), la información, que está mayoritariamente en inglés, las diferencias entre zonas rurales, urbanas e insulares, etc.

3.1.4

Las autoridades públicas se encuentran en muchos casos con serias dificultades para financiar el coste de la informática en la educación en un contexto de restricciones presupuestarias que parecen agravadas por el Pacto de Estabilidad. De los posibles medios de financiación, uno de ellos — la imposición de tasas a los usuarios — puede atentar contra la accesibilidad y la igualdad en la enseñanza.

3.1.5

La accesibilidad es un derecho humano (3). Debe recordarse, además, que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, parte integrante del Tratado de Lisboa, en sus artículos 20, 21 y 26 prohíbe cualquier discriminación por razón de discapacidad y reconoce el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas específicas; por su parte, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados miembros a tomar medidas adecuadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a la información y a las tecnologías de comunicación, incluida Internet (4).

3.1.6

Dado que las personas con discapacidades tienen dos veces más probabilidades de ser desempleadas que las nuevas tecnologías (incluida la web) son la puerta de acceso al ocio, la educación, la cultura y muchos otros servicios públicos y privados, igualmente para fomentar la participación en la democracia. Por ello, las TIC accesibles son el medio indispensable para que las personas con discapacidad puedan competir en igualdad de condiciones en un mercado digital cada vez mayor y verse incluidas en la denominada sociedad digital.

3.1.7

La sociedad digital no puede ser un factor adicional de exclusión. Al contrario, las personas vulnerables deben hallar en ella una manera de superar la exclusión.

3.2.1

La sociedad digital exige una voluntad de apertura a los cambios en las instituciones. La UE debe fomentar sistemas de educación y formación accesibles a todos, que actúen a favor del desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades de los ciudadanos en una amplia gama de temas, competencias sociales, cívicas y culturales, la capacidad de aprender, así como la creatividad, la innovación y habilidades de trabajo en equipo.

3.2.2

Todos los responsables del sistema educativo deben propiciar un ambiente pedagógico en la escuela que propicie una actitud positiva hacia la innovación, la calidad y la cooperación en la práctica pedagógica; activación de todos los estudiantes en el proceso de enseñanza, la difusión de buenas prácticas, participación cívica y experiencias en la escuela, así como una cultura de la evaluación.

3.2.3

La política educativa de la UE no ha logrado estimular suficientemente a las autoridades educativas nacionales para que garanticen el uso pedagógico de las TIC por los docentes desde su formación inicial y por las instituciones educativas, en particular en la educación primaria, secundaria y formación profesional. En particular, no ha alentado a los Estados miembros en la medida necesaria para que realicen las inversiones que requiere una educación moderna, innovadora y de calidad basada en las TIC.

3.2.4

Los Ministerios de Educación deben programar formaciones específicas para los enseñantes y dar un impulso para repensar la manera de aprender.

3.2.5

El CESE destaca la importancia de las bibliotecas públicas para la formación y la educación al mundo digital.

3.2.6

Desde el principio de su escolarización, se podría iniciar a los niños de manera lúdica al funcionamiento de los ordenadores, y quizás a la programación, para que lo antes posible los europeos dejen de ser meros usuarios de TIC para convertirse en creadores y productores. La UE cuenta con polos de excelencia en materia de investigación (entre ellos, la investigación sobre los nanocomponentes electrónicos), pero debe ir más allá.

3.2.7

Los sistemas educativos europeos ofrecen ejemplos de educación de alta calidad desde la educación primaria, la formación profesional y la universidad. Sin embargo son necesarios cambios curriculares que incluyan el uso pedagógico de las TIC y su evaluación.

3.2.8

El CESE aconseja promocionar modelos de innovación abierta y estándares abiertos, así como evitar que medidas injustificadas para proteger la propiedad intelectual restrinjan los procesos de innovación en la economía digital.

3.2.9

El protocolo SPI (Simple Publishing Interface) — desarrollado por el Comité Europeo de Normalización (CEN) — tiene como objetivo facilitar la comunicación entre herramientas de producción de contenidos y bases que gestionan persistentemente recursos de aprendizaje y metadatos.

3.2.10

La interoperabilidad también puede facilitar el uso de tecnologías de asistencia que necesitan las personas con discapacidad para acceder a las TIC.

3.3.1

La educación y la formación profesional enriquecen a las personas de cara a la vida y la dotan de competencias que son necesarias en una sociedad democrática. El desarrollo social y económico depende fuertemente de la formación profesional, ya que proporciona el acceso a las competencias y a las vías de entrada en el mercado laboral. Para los colectivos menos favorecidos y marginados en particular, puede facilitarles una vida mejor. La formación profesional, sin embargo, no es solo un puente entre la educación y el empleo, sino que tiene gran importancia por sí misma. El Instituto Estadístico de la UNESCO ha señalado que existe una correlación entre desarrollo económico y formación profesional.

3.3.2

Erasmus Plus es la estrategia central de la Unión en este ámbito y, como ha destacado el CESE: «debería ser un instrumento fundamental para aumentar el apoyo a la educación y a la formación a fin de mejorar las competencias de los ciudadanos, ayudar a combatir los elevados niveles de desempleo juvenil en numerosos Estados miembros». Sin embargo, son los Estados miembros — que tienen las competencias en este ámbito — quienes deben realizar el esfuerzo para dotar a la formación profesional de los recursos necesarios y del prestigio que debe tener como parte del sistema educativo.

3.3.3

El CESE recuerda que el trabajo del CEDEFOP sobre el aprendizaje permanente y la formación profesional aborda cuestiones — tales como la educación para adultos, las cualificaciones y competencias, la validación y los procesos de garantía de calidad — que son fundamentales para quienes tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Es conveniente dotar al CEDEFOP de mayores recursos.

3.3.4

El CESE propone:

3.4.1

La UE presenta una elevada tasa de paro y al mismo tiempo, según la Comisión, afronta a corto plazo la falta de 9 00  000 personas cualificadas para cubrir puestos de trabajo en el sector de las TIC.

3.4.2

Las TIC inciden profundamente en el empleo y el éxito de la Agenda Digital está vinculado a la existencia de empresas de alta tecnología: en 2008, las TIC aportaron a la UE un valor añadido de 574 millardos de euros y emplearon a 8,3 millones de personas. Las empresas europeas — que afrontan problemas como mercados fragmentados o insuficiente financiación — deben reforzar su posición frente a los gigantes que dominan los mercados mundiales, la mayoría de ellos norteamericanos.

3.4.3

Como cualquier evolución tecnológica, las TIC alteran profundamente el empleo. Ello debe analizarse con vistas a crear canales profesionales, de cualificaciones, competencias o certificaciones, tanto para las personas excluidas del empleo por las TIC como para aquellas integradas con la ayuda de las TIC.

3.4.4

La Gran Coalición para la Creación de Empleos en la Economía Digital — creada por la Comisión en marzo de 2013 — aborda las cuestiones principales (formación y adecuación de los cursos para empleos en el área digital; movilidad; certificación; sensibilización; aprendizaje y enseñanza innovadoras) pero no tiene dotación presupuestaria. Existen, además — en el marco de la Agenda Digital — otras iniciativas: Estrategia e-Skills, paquete de medidas sobre empleo, iniciativa «Apertura de la educación», estrategia «Replantear la educación», Iniciativa de Oportunidades para la Juventud y el Panorama de cualificaciones de la UE.

3.4.5

Se debe implicar en esta Coalición a la industria, pero también al mundo educativo, de tal manera que a través de la realización de prácticas en las empresas se produzca una mayor vinculación con el sector de las TIC.

3.4.6

Debe hacerse notar que en estos programas no se tienen en cuenta suficientemente las necesidades especiales de las personas excluidas por discapacidad, en especial en el logro de competencias digitales (e-Skills), la alfabetización digital y la inclusión en el mercado de trabajo digital.

3.4.7

Aunque las mayores compañías de alta tecnología de Europa invierten en I+D, lo hacen en menor proporción que las empresas asiáticas y estadounidenses. El CESE espera que Horizonte 2020, dotado de 78,6 millardos de euros de presupuesto, contribuya a reforzar la posición europea en los mercados mundiales.

3.4.8

El CESE considera fundamental la promoción de las PYME europeas en el sector de las TIC, ya que pueden impulsar proyectos innovadores que son vitales para una industria en constante transformación. Como contribución para superar la crisis, es necesario aportar soluciones a las dificultades de financiación que sufren tanto las pequeñas empresas como los proyectos innovadores («start ups») dedicados a la innovación tecnológica.

3.5.1

Actualmente, solo el 30 % de los siete millones de personas aproximadamente que trabajan en las TIC son mujeres, que están infrarrepresentadas en todos los niveles y, sobre todo, en los puestos de toma de decisiones. Las mujeres registran un porcentaje más alto de educación terciaria que los hombres pero persisten las desventajas para ellas en materia de empleo, salarios, condiciones laborales y acceso a puestos de gran responsabilidad.

3.5.2

Un cambio de política es especialmente necesario debido a una caída en el número de diplomadas en TIC: actualmente, solo 29 de cada 1  000 mujeres con títulos de postgrado lo han obtenido en el ámbito de las TIC y solo cuatro van a trabajar en ellas directamente.

3.5.3

Aunque la incorporación de más mujeres al sector de las TIC podría incrementar el PIB de la eurozona en 9 millardos de euros, varias razones (tradiciones y estereotipos culturales, entre otras) explican su insuficiente participación en ese sector, lo cual no es un problema solo europeo, sino generalizado.

3.5.4

Por ello, CESE sugiere:

4.1

La accesibilidad debe ser un objetivo prioritario no solo de las autoridades sino del conjunto de la sociedad, por lo que compromete a todos los actores económicos y sociales. No obstante, las políticas de la Unión y, en general, las de muchos Estados miembros han sido insuficientes hasta ahora.

4.2

El CESE sugiere que la Unión y las autoridades nacionales promuevan acciones conjuntas para lograr una reducción sustancial del coste del material informático –incluyendo la generalización de la utilización de software libre y de código abierto, como Linux– y aportar contenidos europeos a la información y al conocimiento.

4.3

Una política adecuada para la UE en el siglo XXI requiere una mentalidad abierta al cambio. El objetivo principal de los sistemas de educación y formación europeos no debe ser solo satisfacer las necesidades específicas del mercado laboral (aspecto en el que la Comisión Europea ha centrado mayoritariamente su política educativa) sino educar para la vida. La elaboración de las políticas educativas de la UE debe contar con la participación de las organizaciones europeas de profesores y de centros de enseñanza, lo que actualmente no ocurre.

4.4

Teniendo presente que los Estados miembros están sujetos a limitaciones presupuestarias y que –en el marco de las instituciones democráticas– adoptan las decisiones que consideran mejores para sus ciudadanos, hay que resaltar la ineludible necesidad de invertir en la educación pública para lograr el objetivo de igualdad en el acceso a la enseñanza, independientemente del origen social de los estudiantes y de los medios financieros con que cuenten.

4.5

La Comisión debe poner énfasis en que los metadatos educativos sean libres y de interés general y no estén sujetos a patentes de propiedad de empresas privadas. Además del programa europeo de materia de estandarización SPI, hay que destacar la importancia de e-Contentplus, programa de la Comisión sobre metadatos.

4.6

Para garantizar la calidad y adecuación de la educación y la formación impartida, tiene que incumbir a los profesores y los centros educativos el control del contenido de la enseñanza. El CESE considera que debe prestarse atención a las recomendaciones de la European Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL), referidas a las medidas legislativas, la armonización, los derechos de propiedad intelectual, etc.

4.7

El CESE ha expresado ya su decepción por el severo recorte en el presupuesto de la Agenda Digital para el período 2014-2020, de los 9,2 millardos de euros propuestos inicialmente, a los 1,14 millardos que finalmente se han aprobado.

4.8

El CESE valora positivamente el apoyo financiero a las iniciativas innovadoras de alto riesgo elaboradas por las PYME que se ha establecido en el marco de Horizonte 2020. Revisten gran importancia las medidas destinadas a que las PYME y las «start ups» obtengan más financiación no solo de las autoridades públicas sino también de los mercados y del sistema financiero.

4.9

El CESE recomienda incorporar la dimensión de accesibilidad a todas las iniciativas de la esfera digital, asegurándose de que los programas de e-Learning, las TIC, los materiales y herramientas (online y offline) son accesibles para personas con discapacidad y para todas las personas vulnerables. Además, deberá prestarse especial atención a la inclusión de personas con discapacidad en los nuevos puestos de trabajo de las TIC que la UE pretende cubrir.

16.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 451/31

Ponente:

Thomas McDonogh

1.1

El Comité desea que se cree una autoridad a escala de la UE responsable de la ciberseguridad, de forma análoga a la autoridad central de la industria aeronáutica, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), a fin de fortalecer el liderazgo que se requiere en el nivel de la UE para hacer frente a la complejidad que entraña poner en práctica una política de ciberseguridad eficaz a escala europea.

1.2

Los ciudadanos informados y con poder de decisión son esenciales para alcanzar un elevado nivel de seguridad cibernética en Europa. La educación de los ciudadanos en materia de ciberseguridad personal y protección de datos debería constituir una parte fundamental de todos los planes de estudios en la escuela y de los programas de formación en el lugar de trabajo. Además, la UE debería impulsar programas de información pública e iniciativas sobre estas cuestiones en toda la Unión.

1.3

Las empresas deberían estar obligadas por ley a mantener un enfoque proactivo para protegerse de los ataques cibernéticos, lo que incluye unas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) seguras y con capacidad de resistencia y una formación del personal sobre las políticas de seguridad semejante a la que existe sobre asuntos de salud y seguridad.

1.4

Todos los Estados miembros deberían contar con un organismo encargado de informar, educar y apoyar al sector de las pymes en las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad. Las grandes empresas pueden adquirir fácilmente los conocimientos que precisan, pero las pymes necesitan apoyo.

1.5

Es preciso ampliar el mandato de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) y proporcionar financiación para asumir una responsabilidad más directa en materia de educación para la ciberseguridad y programas de concienciación especialmente dirigidos a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas.

1.6

Las empresas y las organizaciones han de incrementar el nivel de concienciación acerca de la responsabilidad en materia de ciberseguridad a nivel directivo. Es preciso comunicar explícitamente a los directores de todas las organizaciones las responsabilidades empresariales potenciales derivadas de la adopción de unas políticas y medidas inadecuadas en materia de ciberseguridad.

1.7

Debido a su papel fundamental en la prestación de servicios en línea, todos los proveedores de servicios de internet de la UE deben asumir la responsabilidad específica de proteger a sus clientes frente a los ciberataques. Esta responsabilidad debería definirse y consagrarse en la legislación a escala de la UE.

1.8

Para garantizar que se materialice rápidamente el gran potencial de crecimiento económico derivado de la expansión dinámica de la computación en nube (1), también deben imponerse requisitos y obligaciones especiales de seguridad a escala de la UE a los proveedores de servicios en nube.

1.9

El Comité considera que las medidas voluntarias son insuficientes, ya que es necesario imponer obligaciones reglamentarias rigurosas a los Estados miembros para garantizar la armonización, la gobernanza y el cumplimiento de la ciberseguridad en Europa, al tiempo que es necesario legislar para hacer obligatoria la notificación de los incidentes significativos en materia de seguridad cibernética para todas las empresas y organizaciones, no solo para los proveedores de infraestructuras críticas. Esto contribuiría a incrementar la respuesta de Europa a las amenazas, y aumentaría el conocimiento y la comprensión de los ciberataques, con el fin de poder desarrollar mejores defensas.

1.10

El Comité recomienda firmemente que la UE adopte un enfoque relacionado con el diseño (design-led approach) para abordar la amenaza de los ciberataques, garantizando que todas las tecnologías y servicios utilizados en Europa para facilitar la conectividad a internet y los servicios en línea sean diseñados para ofrecer el máximo nivel posible de seguridad frente a los ciberataques. Las consideraciones basadas en el diseño deberían centrarse especialmente en la interfaz hombre-máquina.

1.11

El CESE desea que las organizaciones europeas de normalización elaboren normas esenciales de ciberseguridad y las difundan para todos los servicios de las TIC y tecnologías de conexión a redes. Estas normas deberían incluir un código de conducta vinculante para garantizar que todos los equipos de TIC y servicios de internet que se vendan a los ciudadanos europeos respondan a las normas más exigentes.

1.12

La UE debe actuar sin demora para asegurarse de que todos los Estados miembros pongan en marcha un equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT) plenamente operativo para proteger a Europa frente a los ciberataques.

1.13

El Comité solicita que el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) en Europol reciba la financiación adicional que necesita para reforzar la cooperación entre las fuerzas de policía europeas y las no pertenecientes a la UE, a fin de aumentar la capacidad de Europa para capturar y enjuiciar a los ciberdelincuentes.

1.14

En resumen, el CESE considera que la política de la UE en materia de ciberseguridad debe hacer especial hincapié en los siguientes aspectos: liderazgo firme de la UE; políticas de ciberseguridad que refuercen la seguridad y, al mismo tiempo, preserven la intimidad y otros derechos fundamentales; concienciación de los ciudadanos y fomento de la protección proactiva; gobernanza integral de los Estados miembros; actuación empresarial responsable e informada, estrecha cooperación entre los gobiernos, el sector privado y los ciudadanos; adecuados niveles de inversión, buenas normas técnicas y suficientes inversiones en investigación, desarrollo e innovación; un compromiso internacional. En este sentido, el Comité reitera sus recomendaciones sobre la política de ciberseguridad expresadas en numerosos dictámenes anteriores (2) y pide a la Comisión que efectúe un seguimiento de las medidas solicitadas en ellos.

2.1

La economía de internet genera más de una quinta parte del crecimiento del PIB de la UE y doscientos millones de europeos compran en línea cada año. Dependemos de internet y de la tecnología digital conexa para mantener nuestra energía vital, la salud, la administración pública y los servicios financieros. Sin embargo, las infraestructuras y servicios digitales críticos, que desempeñan un papel fundamental en nuestra vida económica y social, son vulnerables a un riesgo cada vez mayor de ataques informáticos que ponen en peligro nuestra prosperidad y calidad de vida.

2.2

El Comité considera que la creciente dependencia de internet y la tecnología digital por parte de la Unión no está suficientemente acompañada de las prácticas y políticas que proporcionen un nivel adecuado de ciberseguridad en toda Europa, ahora y en el futuro. El objeto del presente dictamen es destacar las lagunas que el Comité considera que existen en la UE en la política de seguridad cibernética y recomendar mejoras que aumenten la mitigación de los riesgos de un ataque cibernético.

2.3

Las motivaciones de los ciberataques pueden ir desde lo muy personal — por ejemplo, la venganza contra una persona o una empresa —, hasta el ciberespionaje por parte de los Estados y las guerras cibernéticas entre países. Al elaborar el presente dictamen, se decidió limitar su alcance y abordar únicamente los ataques por motivos puramente delictivos, a fin de centrar las recomendaciones en los problemas que suscitan un interés primordial para la mayoría de los miembros del Comité. El complejo debate político sobre los ciberataques provocados por los Estados miembros contra los ciudadanos y otros Estados podría ser tema de un futuro dictamen.

2.4

El presente dictamen trata únicamente de los ciberataques perpetrados por ciberdelincuentes por motivos crematísticos, que representan la gran mayoría de los ataques. Poniendo en marcha políticas y prácticas de ciberseguridad para hacer frente con eficacia a los ciberataques por motivos delictivos, también se reducirán los riesgos de los ataques por motivos políticos o más personales.

2.5

Aunque la UE ha progresado adecuadamente en la aplicación de las medidas de seguridad y confianza y en la Agenda Digital y ha desarrollado una amplia estrategia de ciberseguridad que cumple la mayoría de los objetivos expuestos anteriormente, aún es preciso hacer más.

3.1

Un ciberataque es cualquier tipo de acción ofensiva que apunta a los sistemas informáticos, las infraestructuras, las redes de ordenadores o los dispositivos digitales personales y que se realiza mediante diversos actos malintencionados con el fin de sustraer, modificar o destruir un objetivo concreto. El objetivo puede ser el de obtener dinero, datos o tecnología de la información.

3.2

Los ciberdelincuentes lanzan ataques para sustraer dinero o datos, para cometer fraude, espionaje ilegal o extorsión. La ciberdelincuencia puede dañar las principales redes y servicios de los que dependemos para la salud, la seguridad y el bienestar económico, incluidas las redes gubernamentales, de transporte y de energía.

3.3

La amenaza de los ataques cibernéticos crece al mismo ritmo que crece nuestra dependencia de internet y de la tecnología digital. Según un reciente informe de Symantec, el número total de las violaciones de datos en el mundo aumentó un 62 % en 2013, alcanzando más de 552 millones de registros expuestos. Estas infracciones a menudo han expuesto nombres reales, fechas de nacimiento, números de identificación oficiales, historiales médicos o información financiera. Además, el 38 % de los usuarios de teléfonos móviles han sido víctimas de delitos cibernéticos en los últimos doce meses.

3.4

Los ciberataques pueden tener un impacto importante en las empresas y en la economía en general:

3.5

Las técnicas de ataque cibernético están en constante evolución:

3.6

Las organizaciones encargadas de la ciberseguridad han decidido de común acuerdo las medidas prioritarias que los ciudadanos y las empresas deben adoptar para protegerse de los ataques cibernéticos. Estas prácticas deberían comunicarse en todos y cada uno de los programas de formación y sensibilización en materia de ciberseguridad:

3.7

Las pequeñas empresas a menudo carecen de suficiente apoyo en materia de TI para mantenerse al día de las amenazas cibernéticas potenciales; por ello necesitan una ayuda especial con el fin de protegerse contra los ciberataques.

3.8

Divulgar los ciberataques y los puntos vulnerables del sistema es esencial para luchar contra los ataques cibernéticos, especialmente a la hora de abordar los llamados «ataques de día cero», es decir, nuevas variedades de ataques no conocidos previamente en la comunidad responsable de la ciberseguridad. No obstante, las empresas muchas veces no hacen públicos los ciberataques debido al miedo de que sean perjudiciales para su fiabilidad y su reputación. Este silencio atenta contra la capacidad de Europa para responder con celeridad y eficacia a las amenazas cibernéticas y para mejorar en general la ciberseguridad mediante el intercambio de conocimientos.

3.9

Los ciudadanos y las empresas compran accesos y servicios de internet a través de los proveedores de servicios de internet. Debido a su papel fundamental en la prestación de servicios en línea es vital que los proveedores de servicios de internet proporcionen a sus clientes el mayor nivel posible de protección contra los ataques cibernéticos. Además de garantizar que sus propios servicios e infraestructuras estén diseñados y mantenidos para proporcionar los máximos niveles de ciberseguridad, los proveedores de servicios de internet deberían proporcionar un excelente asesoramiento a sus clientes en materia de seguridad cibernética, y deberían poner en marcha protocolos especiales para ayudar a detectar y combatir los ciberataques a los clientes en el momento en que se produzcan. Esta responsabilidad debería definirse y consagrarse en la legislación a escala de la UE.

3.10

Para la economía de la UE es muy importante acelerar la adopción de la computación en nube por parte de los ciudadanos y las empresas en Europa (3). Dado que la confianza en la computación en nube para las aplicaciones personales y empresariales está aumentando, es importante que Europa garantice especialmente la ciberseguridad de los proveedores de servicios en nube. La incertidumbre sobre la seguridad de los servicios en nube repercute negativamente en el ritmo de adopción de esta tecnología dinámica. El Comité considera deseable que la UE imponga requisitos especiales de seguridad nacional y obligaciones a los proveedores de servicios en nube para apoyar el desarrollo de la computación en nube en Europa.

3.11

Es preciso hacer un esfuerzo especial para contratar personal para el sector de la ciberseguridad en Europa. Se prevé que la demanda de trabajadores de nivel universitario en el ámbito de la seguridad de la información como mínimo duplicará la tasa de crecimiento global de la industria informática. En este contexto, el Comité llama la atención de la Comisión sobre el éxito de las competiciones llevadas a cabo en los EE.UU. y en algunos Estados miembros para sensibilizar con respecto a la seguridad cibernética e instruir a la próxima generación de profesionales en materia de ciberseguridad.

3.12

Una de las mejores estrategias para protegerse contra los ciberataques es adoptar un enfoque basado en el diseño garantizando que todas las tecnologías y los servicios utilizados en Europa para facilitar la conectividad a internet y los servicios en línea estén diseñados para proporcionar el mayor nivel posible de seguridad frente a los ciberataques. Las consideraciones basadas en el diseño deberían centrarse especialmente en la interfaz hombre-máquina. Esto supondría la colaboración entre los fabricantes, los proveedores de servicios de internet, la industria de la seguridad cibernética, el EC3, la ENISA, las agencias nacionales de defensa y seguridad de los Estados miembros y los ciudadanos. La organización de este enfoque basado en el diseño en materia de ciberseguridad podría correr a cargo de la Comisión, a escala de la UE, y eventualmente estar coordinada por la ENISA.

4.1

La UE está desarrollando una estrategia global (4) para aumentar la seguridad cibernética de los ciudadanos europeos:

4.2

El CESE reaccionó enérgicamente a la propuesta de Directiva de la Comisión sobre seguridad de las redes y de la información (SRI) (6), por considerar que las medidas propuestas son demasiado blandas y no van a incitar suficientemente a los Estados miembros a proteger a sus ciudadanos y empresas contra los ciberataques. No obstante, si bien aprobó la propuesta de Directiva, el Parlamento ha debilitado aún más su utilidad al limitar estrictamente la aplicación de la Directiva a los proveedores de «infraestructuras críticas», lo que elimina su aplicación a los motores de búsqueda de internet, plataformas de medios sociales, pasarelas de pago en línea y proveedores de servicios de computación en nube.

4.3

La Directiva SRI que se propone no será suficiente para establecer la legislación necesaria para aumentar la sensibilización y la capacidad de respuesta a las amenazas de ciberataques en la Unión. El Comité desearía que la nueva legislación hiciese obligatoria la notificación de todos los incidentes importantes en materia de seguridad cibernética no solo en el caso de los proveedores de infraestructuras críticas. La no obligatoriedad de la notificación hace que los ciberdelincuentes se aprovechen de la ignorancia de objetivos vulnerables.

4.4

La UE debe considerar la posibilidad de ampliar el mandato de la ENISA para reforzar la conciencia de las amenazas de ciberataques y la respuesta en toda la Unión. Quizás podría ampliarse la función de la ENISA de modo que asumiera más responsabilidad directa sobre los programas educativos y de sensibilización en materia de ciberseguridad especialmente dirigidos a los ciudadanos y las pymes.

4.5

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) se creó en Europol en 2013 con el fin de aumentar la capacidad de Europa para luchar contra la ciberdelincuencia. El EC3 actúa como nodo central de inteligencia criminal en Europa y apoya las operaciones e investigaciones de los Estados miembros sobre los ciberataques. Sin embargo, en su primer informe anual el EC3 advierte de que sus actuales recursos limitan el desarrollo de las investigaciones y que no va a poder hacer frente al nivel que exigen las grandes investigaciones que deberá realizar.

4.6

La UE debe pedir a las organizaciones europeas de normalización — CEN, CENELEC y ETSI — que elaboren unas normas de ciberseguridad para cualquier tipo de software y hardware de TIC o servicios basados en internet que estén a la venta en la UE. Estas normas deben actualizarse periódicamente para mantenerse al día de las nuevas amenazas.

4.7

Es necesario legislar para hacer obligatoria la notificación de los incidentes significativos en materia de seguridad cibernética para todas las empresas y organizaciones, no solo para los proveedores de infraestructuras críticas. Esto contribuiría a incrementar respuesta de atenuación a las amenazas directas y aumentaría el conocimiento y la comprensión de los ciberataques que se cometen, ayudando de este modo a las autoridades, la industria de la ciberseguridad, las empresas y los ciudadanos a mejorar la seguridad cibernética y a luchar contra este tipo de amenazas. Para fomentar la puesta en común de la información sobre los ciberataques, la legislación debería garantizar el anonimato a las empresas y organizaciones que notifiquen un ataque. También debería prestarse atención a garantizar la protección de la responsabilidad cuando proceda.

4.8

Pese a las iniciativas emprendidas, los niveles de capacidad y preparación de los Estados miembros son muy distintos y dan lugar a respuestas fragmentadas en la UE. Dada la interconexión de las redes y los sistemas, los Estados miembros con un enfoque muy débil en materia de ciberseguridad debilitan la capacidad global de la UE para hacer frente a los ciberataques. Es necesario actuar para que todos los Estados miembros alcancen un nivel aceptable de ciberseguridad. Deberá prestarse una atención especial para garantizar que todos los Estados miembros cuentan con un equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT) que sea plenamente operativo.

4.9

Como ya se ha señalado en dictámenes precedentes (7), para incrementar la protección de la UE frente a los ciberataques, el CESE considera que las medidas voluntarias no funcionan y que los Estados miembros deben contar con obligaciones reglamentarias fuertes para garantizar la armonización, la gobernanza y el cumplimiento de la ciberseguridad en Europa.

4.10

En resumen, para estar en condiciones de ofrecer una protección real y actualizada a los ciudadanos y las empresas frente a los ataques cibernéticos, la política de ciberseguridad de la UE debería centrarse en las acciones siguientes:

16.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 451/39

Ponente:

Marina Škrabalo

1.1

Aunque quizás no sea el ámbito de actividad que cuente con mayor popularidad, la política de ampliación de la UE es uno de sus proyectos políticos de mayor éxito. En los últimos años se han introducido una serie de mejoras en cuanto a la transparencia y el carácter inclusivo del proceso de adhesión, como puede verse en los procesos en curso en Serbia y Montenegro. El cambio estratégico por parte de las instituciones europeas para centrarse en los elementos fundamentales — el Estado de Derecho y la gobernanza económica — brinda una oportunidad para fomentar la democracia participativa en el conjunto de la política de ampliación, en vez de paralelamente a ella.

1.2

No obstante, nos enfrentamos a varios desafíos. Es necesaria una mayor coherencia para garantizar que tanto las instituciones de la UE como los gobiernos de que se trate adopten un enfoque transparente e integrador a lo largo de todo el proceso de adhesión, en todos los ámbitos de acción y en todos los países, ya sean candidatos o posibles candidatos a la adhesión. Se necesita una mayor integración de las políticas en lo que respecta a: 1) las negociaciones actuales; 2) el apoyo al desarrollo de la sociedad civil y al diálogo social; y 3) la creación de capacidad institucional. Todos estos aspectos deben reflejarse de forma más adecuada en la financiación de la ayuda a la preadhesión.

1.3

El CESE recomienda a la Comisión Europea, al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo que:

1.4

El CESE recomienda a los gobiernos nacionales de los países en fase de negociación que:

1.5

Recomendaciones para el CESE:

2.1

Si bien cabe debatir sus repercusiones a largo plazo, tanto sociales como políticas, es indiscutible que la política de ampliación ha desempeñado un papel decisivo a la hora de acelerar los cambios en las estructuras de gobernanza nacional hacia la economía de mercado y la democracia, y de impulsar la cooperación regional en los Balcanes Occidentales tras la guerra. Por lo que respecta al ámbito de las negociaciones de adhesión a la UE, los períodos de transición para la aplicación de la legislación europea son una cuestión clave, así como los costes financieros que este proceso acarrea tanto para la Unión como para los países candidatos. Dado que tanto la apertura como el cierre de cada capítulo de las negociaciones deben ser aprobados por el Consejo por unanimidad, el ritmo y el calendario de las negociaciones resultan muy difíciles de predecir, debido a su posible incidencia en la política nacional de uno o varios Estados miembros.

2.2

La UE se ha mostrado dispuesta a mejorar y ajustar el proceso de negociación en consonancia con las circunstancias políticas cambiantes. Cabe destacar que la metodología de negociación actual ha evolucionado mucho con el paso de los años, conforme a un enfoque de «aprender por la experiencia».

2.3

Como anunciaba la Comisión en su Estrategia de ampliación y principales retos para 2013-2014 (4), «Una lección fundamental del pasado es la importancia de tratar primero las cuestiones fundamentales», empezando por el Estado de Derecho, que «se halla ahora en el centro del proceso de ampliación». Esto representa un cambio estratégico considerable, ya que se pasa de los ajustes específicos de las políticas a la amplia cuestión de la gobernanza democrática, que por fin se considera como un requisito indispensable para la armonización coherente y sostenible de las políticas con el acervo de la UE. En consecuencia, en las negociaciones en curso (Montenegro, Serbia, Turquía), la Comisión tiene la intención de que los capítulos 23 (derechos judiciales y fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad), permanezcan abiertos hasta el final de las negociaciones de adhesión, cuyo ritmo puede depender de los progresos realizados en estos dos capítulos esenciales.

2.4

Por una parte, los cambios en la metodología de negociación utilizada en el proceso de adhesión reflejan la flexibilidad y la preocupación real de la Comisión en cuanto a la eficacia de las negociaciones. El hecho de que se preste más atención a la ampliación sobre la base de datos reales ha reforzado la posición de los agentes no estatales, cuya información independiente resulta valiosa en las evaluaciones periódicas realizadas por la Comisión en sus informes sobre los progresos realizados. Por otra parte, puede parecer que los cambios introducidos reflejan principalmente la necesidad selectiva de pruebas de la UE a la vez que ignoran las cargas administrativas que imponen a los países negociadores, a no ser que estos dispongan de procedimientos claros de recogida de datos y participación de las partes interesadas.

2.5

El marco de negociación con Serbia (5) es el primero que hace referencia explícitamente a los principios de inclusividad y transparencia: «Con objeto de consolidar la confianza de la opinión pública en el proceso de ampliación, la adopción de decisiones será lo más abierta posible, a fin de garantizar una mayor transparencia. Las consultas y deliberaciones internas se protegerán en la medida necesaria para salvaguardar el proceso de decisión, de acuerdo con la legislación de la UE sobre acceso del público a los documentos, en todos los ámbitos de actuación de la Unión.» Se trata de una importante lección aprendida del caso de Croacia — donde el índice de participación en el referéndum sobre la UE fue el más bajo de su historia (43 %) — y representa un paso hacia la formalización de una serie de prácticas mejoradas en el caso de Montenegro.

2.6

Con este mayor énfasis en la gobernanza económica, la UE prevé la introducción de estrategias nacionales de reforma económica y planes de acción a escala nacional para la gestión financiera pública, con la esperanza de que una información más temprana y la supervisión macroeconómica contribuyan a evitar una recesión económica prolongada y una situación de déficit excesivo, tal y como sucedió en Croacia tras su adhesión. Por consiguiente, se prevé que los países de la ampliación sean objeto de una supervisión comparable a la de los Estados miembros de la UE durante el Semestre Europeo. Resulta fundamental garantizar la preparación temprana del sector empresarial para ayudar a las empresas a mejorar su competitividad y a enfrentarse a los desafíos del mercado único de la UE, de la misma manera que la participación de los interlocutores sociales es decisiva para evaluar la dimensión social de las reformas económicas y llegar a un acuerdo sobre este tema.

2.7

Según las Directrices de la DG Ampliación para el respaldo por parte de la Unión de la libertad e integridad de los medios de comunicación en los países candidatos a la adhesión, 2014-2020 (6), una sociedad civil dinámica es un elemento esencial para estimular la pluralidad y la democracia participativa. Por este motivo, el apoyo a la sociedad civil debería centrarse en 1) crear un entorno que facilite sus actividades y 2) aumentar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan funcionar como agentes independientes efectivos y responsables. Dichas directrices resultarían una herramienta útil para la integración de la sociedad civil, siempre que su aplicación se adapte a su nivel de ambición.

2.8

Hasta el momento, la política de ampliación no ha conseguido responder plenamente al reto de informar a los ciudadanos europeos sobre su importancia vital para la seguridad y prosperidad de todo el continente, lo que podría contribuir a apaciguar los temores sobre nuevas ampliaciones que puedan ir surgiendo, así como otras formas de xenofobia, en particular en tiempos de crisis económica. A medida que las guerras balcánicas se van desvaneciendo en nuestra memoria, la actual crisis ucraniana puede recordarnos que la ausencia de paz y democracia puede afectarnos a todos.

3.1

Aunque el proceso de adhesión no prevé condicionalidad en lo que a transparencia y carácter inclusivo se refiere, las expectativas del público en este ámbito en los países que negocian su adhesión van en aumento. En el caso de Croacia faltaba información sobre los procedimientos técnicos de las negociaciones: aunque se aprobó un protocolo sobre la coordinación política interna en relación con las posiciones de negociación de la UE, de hecho no se publicó en el boletín oficial. Todos los documentos elaborados por el Gobierno croata en relación con las negociaciones, a excepción de los proyectos de actos jurídicos, se debatieron y aprobaron en reuniones gubernamentales celebradas a puerta cerrada. Por este motivo, el público ni siquiera podía solicitar los documentos no confidenciales, ya que formalmente no había información sobre su existencia. Solo tras varios años de presión por parte de la sociedad civil, el Gobierno empezó a publicar información básica sobre los documentos debatidos en estas sesiones.

3.2

En lo que a supervisión parlamentaria se refiere, las buenas prácticas de Eslovenia no conocían precedente: el Parlamento nacional tenía derecho de veto sobre las posiciones de negociación (7), que además estaban a disposición del público. Mientras que el Parlamento croata actuó de forma competente como guardián del consenso político a lo largo de seis años de complejas negociaciones con la UE, no logró catalizar una implicación amplia de los diputados, expertos y el público en general en las deliberaciones políticas. El acceso a las posiciones e informes de negociación estaba restringido a los funcionarios del Gobierno y a grupos específicos de miembros del Comité Nacional para la Supervisión de las Negociaciones de Adhesión, lo que significaba la exclusión de la mayoría de los diputados, por no hablar del público en general. Esta situación no debería repetirse en las futuras negociaciones.

3.3

La posibilidad para los agentes no estatales, los medios de comunicación y los supervisores independientes de acceder a la información en tiempo oportuno se vio obstaculizada por el hecho de que los documentos elaborados por la Comisión Europea y el Consejo, como las posiciones comunes de la UE, no eran propiedad de la República de Croacia. Como consecuencia, el Gobierno croata declaró que no tenía autoridad para divulgarlos. Por su parte, las instituciones de la UE tampoco dieron muestra de una actitud proactiva para su divulgación (8).

3.4

En el caso de Montenegro se han constatado mejoras visibles en cuanto a la divulgación de los documentos relacionados con las negociaciones. La Comisión ha publicado en su sitio web todos los informes de análisis, que pueden servir a las partes interesadas como instrumentos valiosos para diagnosticar la falta de adaptación de la legislación nacional al acervo de la UE. Asimismo, el Consejo ha publicado, en un enfoque proactivo, las posiciones comunes de la UE para los capítulos 23 y 24, atendiendo a la importancia y el interés público de las reformas en cuestión. Queda por ver si esta buena práctica se traducirá en una política aplicable en los casos de Serbia y Turquía o en relación con otros capítulos ya abiertos. Además, formalmente no hay razón para que el Consejo no publique los criterios de referencia de apertura en su totalidad, una vez aprobados por unanimidad. El acceso en tiempo oportuno a estos documentos clave para las negociaciones resulta fundamental para las aportaciones y contribuciones de la sociedad civil, y para que los medios de comunicación puedan ofrecer una información fidedigna y para la evaluación independiente de cómo los gobiernos cumplen sus obligaciones.

3.5

La Comisión ha aprendido las lecciones extraídas de rondas de negociación pasadas y entiende mejor el papel vital de los medios de comunicación independientes y profesionales, como demuestra la organización de dos conferencias, tituladas «Speak-Up», en 2011 y 2013, y la aprobación de las Directrices para el respaldo por parte de la UE de la libertad e integridad de los medios de comunicación en los países candidatos a la adhesión, 2014-2020, que también deberían servir como base para la asignación de fondos. Queda por resolver la cuestión de cómo asegurar que la cobertura mediática llegue al público de la UE, que también necesita información adecuada sobre la importancia y la dinámica de la política de ampliación.

4.1

La participación de la sociedad civil en el proceso de adhesión consiste en 1) la participación directa en las negociaciones mismas (es decir análisis, preparación de las posiciones nacionales, supervisión de los progresos realizados, 2) diálogo social y civil en relación con la formulación de las políticas y la armonización legislativa con el acervo de la UE, 3) la participación en la programación de los fondos de preadhesión y 4) la evaluación independiente de los avances y la incidencia social de los procesos de reforma. Para asumir estas funciones se precisa un respaldo financiero adecuado procedente de los gobiernos nacionales y los fondos de preadhesión de la UE.

4.2

Los grupos de trabajo croata y montenegrino para la preparación de las posiciones de negociación incluían una elevada proporción de expertos de la sociedad civil (más de un tercio de sus miembros). En ambos casos se organizaron sendas convocatorias de interés abiertas y posteriormente los nombres de todos los miembros de los grupos de trabajo se hicieron públicos. Aun así, en el caso de Croacia, el grado de participación dependió en gran medida del estilo de liderazgo que reinaba en cada grupo: en algunos de ellos no se brindó a los miembros de la sociedad civil la oportunidad de examinar el proyecto con las posiciones de negociación. Por consiguiente, la sociedad civil contribuyó principalmente en la fase inicial de análisis, y su incidencia en la elaboración de la estrategia de negociación y en la evaluación temprana de los costes y beneficios económicos y sociales fue limitada.

4.3

Las instituciones de la UE han abierto varios canales para la consulta con la sociedad civil a fin de recoger datos sobre los progresos de las reformas relacionadas con la adhesión, canales como los contactos en línea, las consultas anuales de la sociedad civil en Bruselas y encuentros, reuniones informativas y actos públicos en el país en cuestión con ocasión de la visita de funcionarios de la UE. La Comisión también se ha mostrado dispuesta a recibir informes de supervisión independientes elaborados por las organizaciones de la sociedad civil. Aun así, la Comisión ha reconocido mostrarse mucho más proactiva de cara a las ONG que a las organizaciones sindicales y patronales. Esto resulta evidente, tanto en lo que se refiere al nivel de los contactos como al alcance y propósito de los programas de financiación de la preadhesión para la creación de capacidades y el seguimiento político.

4.4

Visto ahora, el proceso de adhesión de Croacia representa una oportunidad perdida para reforzar el diálogo social en el país con ocasión de la entrada en la UE, algo que habría servido para garantizar unas condiciones más sólidas y sostenibles para la adhesión croata, como había sido el caso de Bulgaria. No se recurrió suficientemente a los consejos económicos y sociales nacionales para debatir los costes socioeconómicos de los ajustes y las medidas de apoyo, ni para programar la ayuda a la preadhesión. Una proporción muy limitada de los fondos de preadhesión se destinó directamente a reforzar las estructuras de diálogo social y las capacidades organizativas de los interlocutores sociales. La estructura capilar de las asociaciones empresariales y sindicales debería utilizarse en mayor grado como una plataforma clave para debatir los costes y beneficios de la adhesión y la preparación temprana de la economía.

4.5

En cuanto a la formulación de las políticas, en el caso de Croacia, y en la línea de las tendencias negativas de las negociaciones de adhesión anteriores, más del 80 % de la legislación relacionada con el acervo fue objeto de una negociación acelerada, casi siempre sin ningún tipo de consulta pública y con evaluaciones de las repercusiones de la legislación de alcance limitado, lo que dañó la calidad y transparencia de la redacción legislativa (9). Como nota positiva, la programación del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) fue inclusiva, en particular en lo referente a la sociedad civil, y estuvo supervisada por el Consejo de Desarrollo de la Sociedad Civil, con ayuda técnica de la Oficina Gubernamental para la Sociedad Civil. Esto permitió desarrollar regímenes de ayudas muy relevantes, que respaldaron la evaluación independiente de las políticas en varios ámbitos de reforma esenciales, y permitió la importante intervención de los interlocutores sociales a la hora de asignar fondos al refuerzo de las competencias para el diálogo social. La incoherencia entre los dos procesos descritos más arriba debería evitarse, y en los procesos de adhesión futuros, el enfoque inclusivo en la elaboración de las políticas debería prevalecer en todo momento.

5.1

El CESE, que ha respaldado siempre firmemente la política de ampliación, ha constituido comités consultivos mixtos (CCM) que reúnen a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de elaborar recomendaciones destinadas a las autoridades políticas de ambas partes e impulsar el debate público sobre la adhesión a la UE en los países de la ampliación. Estas estructuras han posibilitado la celebración de debates bien fundamentados sobre las negociaciones, basados en perspectivas múltiples, y hecho posible determinar las consecuencias de la adopción del acervo comunitario para diferentes sectores de la sociedad, reforzando así la participación de la sociedad civil en el proceso. Paralelamente a los CCM, el Foro de la Sociedad Civil de los Balcanes Occidentales sirve como plataforma regional para dirigirse a las autoridades políticas y ofrece oportunidades para crear redes entre las organizaciones de la sociedad civil de la región, además de analizar los principales problemas a que esta se enfrenta.

5.2

En la lista a continuación se enumeran algunos de los retos detectados por los CCM en sus trabajos:

5.3

Mejorar el conocimiento del papel de la sociedad civil y asociar a los interlocutores sociales al proceso de adhesión han sido para el CESE tanto una misión como un desafío. En algunos países, los gobiernos han mantenido una actitud negativa hacia la sociedad civil y, como resultado, las recomendaciones de los CCM han tenido poca resonancia. No obstante, los CCM han creado oportunidades de intercambios directos entre la sociedad civil, la UE y los políticos y funcionarios nacionales, incluso cuando hayan tenido poca incidencia en las políticas gubernamentales. Teniendo esto en cuenta, un mayor respaldo por parte de la Comisión, el Consejo y el PE, y una cooperación más estrecha con estas instituciones resultarían muy beneficiosos para los CCM, a fin de garantizar que las principales preocupaciones sobre las repercusiones de la adhesión sobre el país, planteadas en el contexto del diálogo civil y social en los países en cuestión, puedan oírse en todas las instancias relevantes de elaboración de políticas.

16.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 451/45

Ponente:

Edgardo Maria Iozia

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) apoya plenamente la reforma estructural del sistema bancario y considera que se trata de una reforma fundamental respecto de las numerosas medidas legislativas elaboradas a raíz de la crisis financiera. El CESE destaca que con esta reforma se inicia, por primera vez, una regulación en profundidad del núcleo del sistema bancario y se completa la unión bancaria. Además la reforma puede contribuir en gran medida a restaurar la confianza entre las empresas y los consumidores y, en aras de una financiación adecuada para la economía, a reforzar el sistema bancario europeo y a reducir el riesgo de contagio.

1.2

El Comité considera que esta normativa es indispensable y redefinirá la gestión de toda una serie de servicios bancarios y financieros. En opinión del Comité, está claro que el Reglamento propuesto no bastará para evitar otra crisis. Para ello sería necesario que se produjera un cambio de más calado en la cultura financiera y se respaldaran los principios éticos en las actividades cotidianas del sector financiero. Todas las partes interesadas deberían participar en la construcción de un nuevo sistema financiero y económico a fin de crear un sector financiero sostenible y resiliente y alcanzar el mejor equilibrio posible entre los intereses de todas ellas. Con este objetivo, el CESE apoya y fomenta un gran acuerdo para reactivar la economía y recuperar la confianza en las entidades financieras y pide a la Comisión que promueva un pacto social europeo por unas finanzas sostenibles. Los trabajadores, directivos, accionistas, inversores, familias, pymes, industrias y clientes comerciales deberían alcanzar un acuerdo estable y justo para crear una industria de servicios financieros que persiga la prosperidad, respalde la economía real, el crecimiento y el empleo de calidad, respete el medio ambiente y evite las consecuencias sociales negativas no deseadas.

1.3

El CESE destaca la necesidad de garantizar que los criterios de evaluación de las autoridades nacionales sean uniformes y recomienda que la normativa se aplique de forma homogénea a nivel de la UE y, en la medida de lo posible, se acuerde con las autoridades nacionales de los terceros países.

1.4

El CESE se muestra perplejo ante la decisión de permitir la coexistencia de distintas normativas nacionales junto con la europea. En efecto, el CESE está convencido de que una estructura de este tipo podría no garantizar una aplicación uniforme de las nuevas normas. Valora positivamente que esta excepción solo se aplique a la legislación vigente en la fecha de publicación de la propuesta de Reglamento, siempre que se garantice una equivalencia absoluta con el Reglamento examinado.

1.5

El CESE considera que el Reglamento que propone la Comisión constituye una respuesta válida y eficaz para separar las actividades bancarias comerciales de las actividades de inversión. Efectivamente, la solución adoptada, en comparación con las alternativas previstas por diferentes Estados, se basa en un proceso dialéctico y de evaluación que permite mantener y salvaguardar el modelo de banco universal y de actuar exclusivamente respecto de los riesgos excesivos derivados de este modelo.

1.6

El CESE destaca que las repercusiones de la legislación propuesta sobre el empleo no se han tenido debidamente en cuenta. El conjunto de la reglamentación en materia de servicios financieros podría llevarse por delante cientos de miles de puestos de trabajo y es inaceptable que no se hayan previsto medidas para amortiguar las considerables repercusiones sociales — directas e indirectas —. La incidencia directa del Reglamento examinado podría ser limitada, pero la influencia que pueda tener en las actividades de las empresas repercutirá en todo el sistema financiero. Por lo demás, hay que reconocer que la disminución de los riesgos de los bancos será beneficiosa para el conjunto de la economía real y tendrá efectos positivos innegables para el empleo en general.

1.7

Suscita profunda inquietud que los costes recaigan en los trabajadores. Aunque la Comisión ha tenido en cuenta este aspecto en su evaluación de impacto, parece que no ha dedicado mucha atención a este problema en la reforma. Es cierto que los sectores de actividad cubiertos por la reforma son los sectores con menos intensidad de mano de obra, pero los efectos indirectos de la reforma generarán políticas de reducción de costes que se pueden convertir en nuevas pérdidas de puestos de trabajo, como ya habían anunciado importantes entidades financieras.

1.8

Las fuerzas existentes son numerosas (grupos de presión financieros, grandes Estados miembros, consumidores e inversores, hogares, pequeñas y grandes empresas, asociaciones, etc.) y los intereses divergentes. Las enseñanzas extraídas de un pasado en el que imperaba la lógica impuesta por el sistema financiero deberían ser claras: el interés público debe prevalecer. Por lo tanto, el Comité recomienda que se cambie de actitud y que sea prioritario el interés común, de manera que se equilibren los intereses de todas las partes interesadas, porque está convencido de que solo así se garantizará la eficacia de la reforma.

1.9

El CESE tiene el convencimiento de que para garantizar un sistema financiero sostenible se precisan unas «finanzas pacientes» que renuncien a la lógica a corto plazo del beneficio a cualquier precio y potencie una lógica de eficiencia y estabilidad a largo plazo. Este reglamento objeto de examen propone un cambio en el modelo de negocio.

1.10

El CESE considera que la Comisión debería prestar mayor atención a los inversores y a los trabajadores, ya que actualmente se tienen en cuenta muy poco en la reforma. A largo plazo, la sostenibilidad del sistema será garantizada por una renovada confianza generada por un entorno más seguro, tanto para los inversores como para los trabajadores, que desempeñan un papel activo en el proceso de gestión de riesgos.

1.11

El CESE considera válido y aconsejable el principio de aplicar el Reglamento de forma flexible. En efecto, la «biodiversidad» (1) del negocio bancario garantiza la estabilidad y la eficacia del sistema. No obstante, el CESE precisa que ello no debe confundirse con la arbitrariedad en la aplicación de las normas.

1.12

El CESE recomienda a la Comisión que, en su evaluación de impacto, incluya una evaluación detallada de la interacción de las propuestas clave del Reglamento actual con otras iniciativas llevadas a cabo recientemente, como CRDIV, BRRD, SRM, etc., y una evaluación de los riesgos de pasarse a la actividad bancaria en la sombra.

1.13

El CESE recomienda que las actividades de supervisión sean objeto de una estrecha cooperación y coordinación entre la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y las autoridades nacionales, que conocen bien los mercados y desempeñarán un papel esencial en la gestión del nuevo sector financiero reformado.

2.1

La Comisión señala que la propuesta representa una parte esencial de la respuesta de la Unión al dilema de los bancos «demasiado grandes para quebrar». Su objetivo es evitar que en el sistema bancario de la Unión existan zonas de riesgo no controlado ni gestionado. Servirá para limitar la expansión de las actividades de naturaleza puramente especulativa.

2.2

La propuesta de Reglamento persigue evitar el riesgo sistémico, las tensiones financieras o la quiebra de entes de grandes dimensiones, complejos e interconectados del sector financiero, en particular las entidades de crédito, así como alcanzar los siguientes objetivos:

2.3

Por lo tanto, otros tipos de servicios o productos financieros adicionales (titulización, obligaciones de empresa, derivados, etc.) deberán seguir estando autorizados.

3.1

Según los cálculos de la Comisión, la crisis financiera ha costado a los gobiernos de los Estados miembros de la UE aproximadamente 1,6 billones de euros, (lo que representa el 13 % del PIB de la UE), en forma de ayudas estatales para rescatar al sector financiero.

3.2

El sector bancario se caracteriza por un grado de concentración especialmente elevado: catorce grupos bancarios europeos aparecen en la lista de entidades financieras de importancia sistémica a escala mundial (EFIS); quince grupos bancarios europeos poseen el 43 % del volumen de la actividad de los mercados, lo que corresponde al 150 % del PIB de la UE-27, mientras que los primeros treinta grupos alcanzan el 65 % de las actividades.

3.3

La crisis financiera, que se inició en los Estados Unidos, pero se extendió como una mecha por el sistema europeo, tiene varias causas, aunque puede considerarse que las principales son: la asunción excesiva de riesgos, el recurso excesivo al apalancamiento, la inadecuación de los requisitos en materia de capital y de liquidez y la compleja estructura del sistema bancario en general.

3.3.1

En octubre de 2012 el Grupo Liikanen afirmó que es necesario solicitar que determinadas actividades financieras especialmente arriesgadas se separen jurídicamente de los bancos que aceptan depósitos en el grupo bancario. Entre las actividades que se deberían separar figuran la negociación por cuenta propia de valores y derivados y otras actividades concretas estrechamente relacionadas con los mercados de valores y derivados (2).

3.4

La Comisión, con este Reglamento, quiere reducir los márgenes de riesgo del sistema bancario y someter a control todas las operaciones con un potencial especulativo. Este Reglamento debe ser examinado conjuntamente con el Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores (3), vinculado a él, que tiene por objeto reducir la opacidad de los llamados «bancos en la sombra». Cabe recordar que, a finales de 2012, gestionaban 53 billones de euros en todo el mundo, lo que representa la mitad de las actividades del sistema bancario internacional, principalmente en Europa, con aproximadamente 23 billones de euros, y en los Estados Unidos, con 19,3 billones de euros. Estas cifras son impresionantes si se comparan con el PIB total de la UE-28 que, en 2013, que supera los 13,071 billones de euros (Eurostat).

3.5

En la resolución (4) McCarthy del Parlamento Europeo se establece una serie de principios fundamentales y, entre otros, se indica que: «el principio básico de la reforma del sector bancario debe ser establecer un sistema bancario seguro, estable y eficiente que sirva a las necesidades de la economía real, los clientes y los consumidores; (...) la reforma estructural debe estimular el crecimiento económico mediante el apoyo a la provisión de crédito a la economía, en particular a las PYME y las nuevas empresas, proporcionar una mayor capacidad de resistencia frente a posibles crisis financieras, restaurar la confianza en los bancos y eliminar los riesgos para las finanzas públicas; (...) un sistema bancario eficaz debe introducir un cambio en la cultura bancaria con el fin de reducir la complejidad, aumentar la competencia, limitar la interconexión entre las actividades de riesgo y las comerciales, mejorar la gobernanza empresarial, crear un sistema de remuneración responsable, permitir un rescate y una resolución bancarios eficaces, reforzar el capital bancario y aportar crédito a la economía real».

La nueva supervisión de los mercados internacionales resultante es más fuerte, más profunda y, sobre todo, tiene más poderes que antes, resulta menos discrecional y ofrezca una mayor seguridad al mercado y a los usuarios finales.

4.1

El CESE opina que la Comisión avanza en la buena dirección, pero considera útil presentar varios puntos de vista expuestos en el debate de las distintas partes interesadas sobre los que, quizá, no se haya realizado una reflexión suficiente. El CESE llama, pues, la atención sobre una serie de puntos clave mencionados por las distintas partes interesadas. Aunque no representan plenamente el punto de vista del CESE, merecen ser transmitidos de manera fidedigna.

4.2

En términos generales, la reforma analizada ha sido acogida favorablemente. La prohibición de la negociación por cuenta propia y la separación entre actividades tradicionales y actividades de negociación se ven de forma mayoritaria como instrumentos capaces de limitar la especulación sobre los productos financieros y reactivar la concesión de préstamos bancarios, que son la principal fuente de financiación de las pymes y se han visto fuertemente limitados por las políticas de especulación a partir de las actividades de negociación de los últimos años.

4.3

Es importante que la reforma se aplique teniendo en cuenta la diversidad de modelos de negocio para que los bancos locales puedan continuar sirviendo a las economías locales.

4.4

A este respecto, el modelo de negocio de los bancos populares y cooperativas merece especial atención. Se considera que la reforma no se adapta ni puede adaptarse a su red específica. En concreto, existe la preocupación de que la reforma pueda desvirtuar su sistema de funcionamiento y su presencia cotidiana sobre el terreno para ayudar a la economía real. Por consiguiente, se recomienda preservar las características específicas y la diversidad de modelos de negocio de estos bancos.

4.5

La reforma, junto con las numerosas medidas elaboradas por la Comisión en los últimos años, permitirá mejorar la transparencia de las operaciones individuales y del sistema bancario en general, pero aumentará globalmente los costes a diversos niveles. A este respecto, en el debate se puso claramente de manifiesto la necesidad de disponer de una evaluación de impacto global de las reformas de la regulación financiera, aunque se es consciente de la complejidad de la tarea.

4.6

Existe el temor de que estos costes se transfieran, como sucede a menudo, al usuario final de los servicios financieros. Se produjo un debate sobre si los efectos positivos que se preveía que tendrían las nuevas medidas, por ejemplo, respecto de la estabilidad del sistema bancario, no se verían superados por los efectos negativos.

4.7

Respecto al sistema de protección de los denunciantes (whistle-blowers), el Comité y los agentes sociales que se pronunciaron sobre la cuestión se felicitan de las normas que ha establecido la Comisión. Se solicitó que la expresión «protección adecuada» (artículo 30) se definiera mejor y que se aclarase el alcance de las normas previstas a todos los trabajadores, animándoles e incentivándoles a comunicar cualquier infracción.

4.8

En cuanto a las sanciones previstas (artículos 28 y 29), se recomienda que la responsabilidad de las infracciones potenciales sea ante todo reconocida a nivel institucional, de gobernanza, y no de una persona a título individual.

4.9

En cambio, por lo que se refiere al sistema de remuneración, se solicita que el Reglamento incluya de manera explícita las disposiciones del artículo 69 de la Directiva sobre los requisitos de capital (DRC IV).

5.1

El CESE acoge favorablemente las medidas que figuran en la propuesta de la Comisión y está de acuerdo con la elección del reglamento como instrumento jurídico, ya que es adecuado para los objetivos de armonización del mercado único, para evitar arbitrajes reglamentarios y llegar a un sistema bancario que vuelva a estar al servicio de los ciudadanos y de la comunidad, que sea eficaz y productivo, respalde la economía real, los hogares y el desarrollo equilibrado y sostenible de la sociedad, con una visión a largo plazo que permita conjugar innovación y seguridad.

5.2

El CESE apoyó de forma decidida las reformas realizadas, que empiezan a dar los primeros frutos. El Reglamento analizado aborda uno de los asuntos más complejos y difíciles de todo el sistema: la resistencia y la estructura jurídica de las entidades financieras, algunas de las cuales tienen un volumen de negocios superior al PIB de muchos Estados miembros. El volumen de negocios total de los diez primeros bancos europeos es mayor que el PIB de la UE-28 (5) (más de 15 billones de euros).

5.3

El Reglamento propuesto pretende resolver de raíz el nudo gordiano constituido por el tamaño, la interconexión y la complejidad de algunas entidades denominadas «sistémicas», es decir, capaces de provocar una crisis del sistema. La expresión «demasiado grande para quebrar» (too big to fail) se ha convertido ya en el nuevo mantra que sirve de pretexto para conductas contrarias, no solo a los principios éticos más elementales, sino también fraudulentas y contrarias a la ley, como los recientes y recientísimos escándalos financieros lamentablemente continúan demostrando. Estos comportamientos reciben eufemísticamente el nombre de «riesgo moral» (moral hazard).

5.4

El comisario europeo Barnier lanzó la propuesta con estas palabras: «Nuestro objetivo es evitar la existencia de bancos demasiado grandes para quebrar, demasiado costosos para ser rescatados y demasiado complejos para ser reestructurados».

5.5

El CESE considera que las medidas propuestas van en la dirección deseada, es decir, disminuyen el riesgo de que los contribuyentes deban intervenir para salvar bancos en quiebra. Después de rescates reiterados, el CESE había avisado de los efectos desastrosos para las deudas soberanas y, por consiguiente, de los efectos nefastos de una recesión que parecía inevitable. Desgraciadamente, estas previsiones evolucionaron de forma aún más dura lo anunciado, debido a errores increíbles sobre los efectos de una multiplicación de las políticas de ajuste de los presupuestos que se llevaron a cabo por exigencias nacionales o por una política miope y errónea de la Unión, que no comprendió que era necesaria una actuación flexible y que era indispensable adoptar medidas de compensación contra la recesión.

5.5.1

Solo ahora se pueden comprobar los daños causados por esta política y se debe reconocer que únicamente la gestión informada de la zona del euro por parte del Banco Central Europeo permitió evitar lo peor y salvó el euro y, en último término, la Unión Europea. Si se hubiese escuchado al CESE, se habrían podido evitar no pocos perjuicios.

5.6

La Comisión atribuye acertadamente un papel determinante a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en el Reglamento analizado. La ABE será consultada cuando haya que adoptar determinadas decisiones previstas en la propuesta actual. Asimismo, se encargará de preparar proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución y deberá presentar informes a la Comisión para mantenerla informada sobre la aplicación del Reglamento. El CESE había señalado en reiteradas ocasiones que, independientemente de una profesionalidad indiscutible, la Comisión no concedía un papel ni recursos suficientes a esta importante Autoridad.

5.7

Los Estados Unidos aprobaron en 1999 una ley que derogaba la Glass-Steagall Act y, en concreto, la separación entre banca comercial y banca de inversiones. Desgraciadamente, la Unión Europea también siguió la nefasta decisión de la administración estadounidense. El CESE señala que las disposiciones actuales recuperan de hecho la separación entre los sectores de actividad y van incluso más lejos ya que prohíben, con ciertas excepciones, a las entidades de crédito que reciben depósitos que realicen actividades de negociación por cuenta propia y que posean actividades con fines de negociación.

5.7.1

Es fundamental que la UE trabaje en estrecha colaboración con terceros países, especialmente los EE. UU., para adoptar un enfoque sustancial común ante el Reglamento. El CESE exhorta a la Comisión a que refuerce la cooperación internacional.

5.8

La propuesta de Reglamento deja un amplio margen discrecional a las autoridades competentes. Es indispensable que actúen y basen sus evaluaciones con arreglo a criterios claros, armonizados y previsibles que determinen cuándo un banco no puede seguir gestionando los altos riesgos derivados de la negociación. Sin un marco de referencia común, el riesgo de interpretación subjetiva provocaría efectos contrarios a los deseados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 114 del TFUE.

5.9

El CESE se felicita de que la Comisión haya optado finalmente no por una separación a priori de las actividades de mercado y otras actividades de negociación por cuenta propia sino por una medida a posteriori; por este motivo, son esenciales las normas técnicas que acertadamente se han encomendado a la ABE. Con vistas a la aplicación de las disposiciones sobre resolución y, en particular, la instauración de la autoridad de resolución, aprobadas en diciembre de 2013 por el Consejo Ecofin, el CESE recomienda que se prevean ya normas de coordinación y de determinación de las responsabilidades entre todos los agentes nacionales y europeos para evitar cualquier riesgo de duplicación de decisiones o, lo que es peor, de interpretaciones y evaluaciones divergentes por parte de las autoridades competentes. Tan pronto como se constituya la autoridad de resolución única, deberá participar en el desarrollo del mecanismo y colaborar con la ABE en la definición de las normas técnicas.

5.10

El CESE no comparte algunas de las críticas dirigidas a la Comisión en relación con la importancia relativa de las actividades que puedan ser objeto de separación. Estas actividades tenían un peso muy considerable en algunas entidades de crédito y la falta de una regulación específica hizo que se expusieran a unos riesgos extremadamente elevados que habrían podido conducir a una crisis sistémica mucho peor que la que hemos conocido, con previsibles efectos desastrosos para el sistema de pagos y la economía en general. Solo la inyección de cantidades enormes de liquidez, a costa de los ciudadanos, y la capacidad de reacción que demostró el BCE permitieron evitar la catástrofe.

5.11

El CESE agradece a la Comisión que haya recogido en el Reglamento disposiciones explícitas para proteger a los empleados del sector bancario que están expuestos a repercusiones muy negativas cuando denuncian irregularidades, que cumplen con una obligación cívica pero, a cambio, sufren represalias sicológicas e incluso pierden su empleo. Hay que fomentar y apoyar estas actividades de control interno por los trabajadores conocidas como denuncia de irregularidades (whistle-blowers). El cumplimiento de la legislación suele descuidarse, eludirse o infringirse, lo que expone las entidades de crédito y a su personal a riesgos incalculables. El reciente descubrimiento de comportamientos contrarios a todas las normas y la legislación vigentes, por parte de determinadas entidades conocidas y muy respetadas, fue posible gracias a la participación activa de los empleados.

5.11.1

El CESE pide a la Comisión que supervise de forma específica la obligación que tienen los Estados miembros de adoptar disposiciones legislativas destinadas a garantizar una protección adecuada y de presentar un informe en la materia en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Reglamento.

5.12

El CESE es consciente de las delicadas cuestiones que plantean las relaciones con terceros países, especialmente respecto de la reciprocidad y el respeto de las normas por todos los agentes que operan en el territorio de la Unión. Considera que la Comisión ha actuado de manera equilibrada y apoya sus propuestas al respecto. El CESE recomienda que se mantenga y refuerce la cooperación con los Estados Unidos, especialmente en el ámbito de la regulación financiera, para disponer de sistemas lo más homogéneos posible y que traten de manera uniforme problemas idénticos.

5.13

Asimismo, el CESE se felicita de que los Reglamentos de la Comisión empiecen a tener en cuenta uno de los puntos en los que mayor hincapié ha hecho en el pasado, es decir, las sanciones administrativas, ya que las sanciones penales quedan fuera de su ámbito de iniciativa. Las propuestas de la Comisión parecen proporcionadas, adecuadas y disuasorias.

5.14

El CESE ya ha expresado en ocasiones previas sus reservas respecto del uso de los actos delegados. En efecto, aunque reconoce su importancia para adaptar la reglamentación a lo largo del tiempo, el CESE destaca que el sistema de actos delegados introduce cierto grado de incertidumbre que no es deseable en este ámbito.

16.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 451/51

Ponente:

Daniela RONDINELLI

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la hoja de ruta para la realización del mercado único de la entrega de productos vendidos en línea, que representa un elemento de gran potencial en términos de desarrollo y empleo. Los servicios de entrega eficientes y fiables constituyen un pilar esencial tanto en términos de promoción del comercio electrónico como de aumento de la confianza entre vendedores y compradores.

1.2

Según el CESE, la realización del mercado interior de las entregas y la superación de la significativa brecha existente entre las expectativas, la protección de los consumidores y la disponibilidad efectiva requieren responsabilidad solidaria, interoperabilidad; acceso a una gama más amplia de opciones en todo el territorio de la UE, incluido el insular; seguridad jurídica en materia de derechos y obligaciones de las partes interesadas — en particular, pymes y consumidores — especialmente para reclamaciones y devoluciones; una recogida sencilla y comparable de los datos y una sólida dimensión social y formativa.

1.3

El CESE considera (1) que tal objetivo debería basarse no solo en acuerdos y códigos voluntarios, sino también en un marco normativo mínimo europeo que pueda responder de forma eficiente y flexible a las carencias no resueltas del mercado — que disuaden a los consumidores y a las pymes de comprar por medio del comercio electrónico — y que resuelva los problemas relativos a:

1.4

El CESE solicita que la hoja de ruta establezca plazos claros y un calendario de aplicación definido tanto en términos normativos como de autorregulación, a fin de optimizar el nivel de confianza entre todos los operadores interesados y, en particular, de los ciudadanos europeos, en el pleno respeto y protección de los derechos recíprocos.

1.5

El CESE pide que la hoja de ruta prevea otras dos medidas: una sobre la accesibilidad del servicio a precios asequibles y otra sobre la dimensión social del mercado.

1.6

El CESE recomienda a la Comisión, al PE y al Consejo que:

1.7

El CESE insta a la Comisión a que, con el apoyo de Eurofound, presente al Comité, al Parlamento (PE), al Consejo y a los interlocutores sociales, un informe bienal sobre las condiciones de empleo y de trabajo en el sector, sobre las condiciones de los consumidores y los operadores de toda la cadena y sobre sus perspectivas de desarrollo.

2.1

En Europa el comercio electrónico representa un motor potencial de crecimiento económico y del empleo estimado en más del 10 % al año entre 2013 y 2016 (5). El 45 % de los ciudadanos de la UE ha efectuado compras en línea en los últimos doce meses y ha confirmado que la mayor parte de los problemas los plantean las entregas o los retrasos en las mismas (6).

2.2

La CE ha identificado (7) los «principales obstáculos al mercado único digital y un plan de acción para eliminarlos», pero «el 10 % de las personas no compra en línea (8) por el recelo que les inspiran el coste de los servicios de entrega, en particular los transfronterizos, y la calidad del servicio».

2.3

El CESE, en su Dictamen sobre el Libro Verde (9), solicitó una Directiva para definir los regímenes de responsabilidad conjunta de los operadores, trazabilidad y localización de las entregas, obligación de ofrecer varias opciones de entrega, una red europea de centros nacionales para la resolución de problemas, y la obligación de respetar la igualdad de condiciones de trabajo y transparencia en cuanto a las condiciones y precios.

2.4

Al término del debate en torno al Libro Verde, en diciembre de 2013 se presentó la Comunicación sobre la hoja de ruta para la realización del mercado único de la entrega de paquetes por las ventas en línea (10).

2.5

Según las últimas encuestas llevadas a cabo a escala mundial (11), los factores más problemáticos para el desarrollo del comercio electrónico entre empresas y consumidores (B2C) son:

2.6

Según la CE, aún se carece de «datos de mercado pertinentes sobre los flujos de paquetes transfronterizos y nacionales de todos los proveedores de servicios postales activos en los mercados de entrega de paquetes B2C y B2B, incluidos los intermediarios, los consolidadores y los operadores alternativos (12)».

2.7

Varios estudios confirman que el potencial de comportamientos anticompetitivos parece más elevado en algunos segmentos del servicio postal que en otros, para los que parece más apropiada una supervisión reguladora como, por ejemplo, el mercado B2C respecto a los servicios B2B y los servicios transfronterizos respecto a los servicios postales domésticos (13).

2.8

El CESE se congratula de que se haya recogido una parte importante de las conclusiones de su Dictamen sobre el Libro Verde. En efecto, también el Consejo (14) y el PE (15) han invitado a la Comisión Europea a identificar las barreras que actualmente se interponen a los servicios de entrega transfronterizos y a adoptar medidas adecuadas para eliminarlos, al tiempo que el PE ha abogado (16) por servicios de entrega accesibles, económicamente asequibles, eficientes y de calidad, así como plataformas de cooperación e intercambio de información entre los servicios de entrega, junto con una gestión rápida y costes mínimos de las reclamaciones y litigios.

3.1

El CESE considera importante recuperar la confianza de las pymes y del consumidor en línea con redes y sistemas interoperativos de gestión rápida y bajo coste en un marco apropiado de regulación y de autorregulación aceptado por todos los operadores de la cadena, para tener un mercado interior libre y abierto y evitar una excesiva regulación innecesaria. Por consiguiente, solicita que la hoja de ruta establezca plazos claros con un calendario de aplicación definido de 18 meses previstos.

3.2

El CESE considera necesario que la UE proceda a la realización del mercado interior de las entregas de paquetes, asegurando rapidez, calidad, fiabilidad y unos costes razonables para proteger a los consumidores, los trabajadores y todos los operadores, incluidas las pymes de los sectores del comercio electrónico, el transporte y la logística, a fin de remediar las actuales deficiencias y carencias del mercado único.

3.3

Sin embargo, el CESE esperaba que la Comunicación también se refiriera específicamente a la situación de las regiones con desventajas geográficas como las islas, las regiones ultraperiféricas y las regiones de montaña, ya que el Comité entiende que estas regiones plantean un desafío particular difícil de superar, sobre todo en lo que respecta a la viabilidad económica; un mercado único realmente completo de los servicios de entrega solo podrá conseguirse si se tiene debidamente en cuenta a estas regiones y se actúa en consecuencia.

3.4

Según el CESE, el marco de las acciones propuesta se basa esencialmente en procesos voluntarios de autorregulación, en la regulación de los servicios postales nacionales y en la acción del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas de los Servicios Postales, así como en el principio de corrección de la aplicación de la normativa europea vigente, sin configurar un marco unitario para todos los operadores ni establecer plazos concretos para el período de los dieciocho meses indicados.

3.5

El CESE señala que la hoja de ruta aún no prevé, junto a los procesos de autorregulación, la necesidad de una directiva ya solicitada por el CESE (17), que pueda responder de forma completa, coherente y consolidada, a las exigencias de completar el mercado interior de los servicios de entrega transfronterizos de paquetes para todos los operadores del sector.

3.6

El Comité considera que la UE debe prever una solución europea en forma de fomento de la autorregulación y la regulación para afrontar problemas no resueltos en el mercado y para proteger a los consumidores y las pymes (B2B) en materia de

3.7

Aunque las propuestas hacen referencia a la compatibilidad con el marco financiero UE 2014-2020, el CESE considera que la hoja de ruta no puede prescindir de indicaciones explícitas sobre los instrumentos financieros europeos pertinentes para:

3.8

El CESE recomienda a la CE que proceda a encargar al CEN la elaboración de normas técnicas y reglamentarias europeas con la plena participación de todos los interesados, especialmente de las pymes y los consumidores, y considera necesaria la elaboración de indicadores para una marca europea de seguridad y calidad de las entregas, a fin de asegurar calidad y fiabilidad, sostenibilidad y garantías sociales y de seguridad.

4.1

El CESE prevé la necesidad de otras dos acciones sobre la garantía de accesibilidad y la dimensión social del mercado.

4.1.1.1

El CESE solicita que, en el marco de la concesión de la marca de calidad, se prevea la obligación de garantizar el acceso al mercado y la disponibilidad del servicio a precios asequibles en todos los territorios de la UE. El CESE se siente decepcionado por el hecho de que no se haya considerado específicamente el caso de las áreas periféricas y las islas y, por consiguiente, espera que el nuevo Reglamento cubra el objetivo de la vulnerabilidad geográfica en el mercado del comercio electrónico, porque un porcentaje sustancial de ciudadanos europeos vive en esas regiones.

4.1.1.2

Para el CESE, es necesario el pleno acceso de todos los operadores a las estructuras y recursos informativos utilizados en la prestación de servicios de entrega, a fin de proteger los intereses de los usuarios y promover una competencia eficaz.