Convenio contra la corrupción con la implicación de funcionarios

PUNTOS CLAVE

• Según el Convenio, cada Estado miembro debe adoptar las medidas necesarias para penalizar tanto la corrupción activa⁴ como la corrupción pasiva⁵ por parte de los funcionarios públicos. El Convenio contempla tanto la complicidad como la instigación a dichos actos de corrupción.
• Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Además, los Estados miembros de la UE deben permitir que los jefes de empresa o toda persona que ejerza poderes de decisión o de control en una empresa puedan ser declarados penalmente responsables en casos de corrupción activa cometidos por una persona sometida a su autoridad o que actúe por cuenta de la empresa.
• Cada Estado miembro debe establecer su competencia respecto a las infracciones, de acuerdo con las obligaciones que se derivan del presente Convenio, cuando:
  • la infracción se cometa, total o parcialmente, en su territorio;
  • el autor de la infracción sea uno de sus nacionales o uno de sus funcionarios;
  • la infracción se cometa contra funcionarios de la UE o nacionales, o contra un miembro de las instituciones de la UE, que sea al mismo tiempo nacional de la Unión;
  • el autor de la infracción sea un funcionario de la UE al servicio de una institución, agencia u organismo de la UE, que tenga su sede en el país del Estado miembro de que se trate.
• Si un procedimiento relativo a una infracción según las obligaciones que recoge el Convenio afecta al menos a dos Estados miembros, estos países deberán cooperar en la investigación, en las diligencias judiciales y en la ejecución de la sanción pronunciada.
• Los Estados miembros deben aplicar el principio de que no cabe emprender dos acciones judiciales por la misma infracción (también conocido como principio ne bis in idem), pero es posible que haya excepciones a este principio.
• Los Estados miembros podrán adoptar arreglos de Derecho interno cuyo alcance sea mayor al de las obligaciones recogidas en el Convenio.
• En caso de litigio entre los Estados miembros acerca de la interpretación o la aplicación del Convenio, y a falta de una resolución mutua, el asunto debe ser estudiado por el Consejo tal y como se establece en el título IV del Tratado de la Unión Europea. Si transcurrido un plazo de seis meses el Consejo no hubiere hallado solución, una de las partes del desacuerdo podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este será también competente en caso de desacuerdo entre un Estado miembro y la Comisión Europea.

Propuesta de normas más estrictas para luchar contra la corrupción

En mayo de 2023, la Comisión presentó un paquete de lucha contra la corrupción. El paquete incluye:

• una comunicación que pasa revista a la legislación y la política existentes en la materia (véase la síntesis);
• una propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción que tipificaría los delitos de corrupción y armonizaría las definiciones y las penas en toda la UE; cuando se adopte, sustituirá el Convenio contra la corrupción con la implicación de funcionarios de la Unión Europea o de los Estados miembros de la UE; y
• una propuesta de régimen de sanciones específico para luchar contra los actos graves de corrupción en todo el mundo, concebido para complementar el conjunto de medidas restrictivas (sanciones) de la política exterior y de seguridad común.