3.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/19

(1)

El Tratado establece que, al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana; su artículo 3, apartado 1, letra p), exige que la acción de la Comunidad implique una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud.

(2)

La acción comunitaria debe complementar las políticas nacionales dirigidas a mejorar la salud pública y evitar las causas de peligro para la salud humana.

(3)

La violencia física, sexual y psicológica contra niños, jóvenes y mujeres, al igual que las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya tengan lugar en la vida pública o privada, constituyen un atentado contra su derecho a la vida, a la seguridad, la libertad, la dignidad y la integridad física y emocional y una grave amenaza para la salud física y mental de las víctimas de tal violencia. Esa violencia, tan extendida en toda la Comunidad, constituye una auténtica violación de los derechos fundamentales y una verdadera calamidad sanitaria, y es un obstáculo para el disfrute de la ciudadanía en condiciones de seguridad, libertad y justicia.

(4)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades o dolencias. Según una Resolución de la Asamblea de la OMS de 1996, la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo. En su Informe sobre la violencia y la salud de 3 de octubre de 2002, la OMS recomienda que se promuevan respuestas de prevención primaria, se refuercen las respuestas a las víctimas de la violencia y se incremente la colaboración y el intercambio de información sobre la prevención de la violencia.

(5)

Estos principios se reconocen en numerosos convenios, declaraciones y protocolos de las principales organizaciones e instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños.

(6)

La lucha contra la violencia debe inscribirse en el contexto de la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (4) y en las explicaciones que la acompañan, teniéndose presente su estatuto jurídico, en la que se reconoce, entre otras cosas, el derecho a la dignidad, la igualdad y la solidaridad. La Carta contiene varios artículos específicos referentes a la protección y promoción de la integridad física y psíquica, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, los derechos del niño y la no discriminación, y al reconocimiento de la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzado y el trabajo infantil. Reconoce que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión es preciso un alto nivel de protección de la salud humana.

(7)

El Parlamento Europeo ha instado a la Comisión a elaborar y aplicar programas de acción para combatir tal violencia, en particular en sus Resoluciones de 19 de mayo de 2000 sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres (5); de 20 de septiembre de 2001 sobre las mutilaciones genitales femeninas (6); de 17 de enero de 2006 sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual (7), y de 2 de febrero de 2006 sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres y futuras acciones (8).

(8)

El programa de acción comunitario establecido por la Decisión no 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (programa Daphne) (2000-2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres (9), ha contribuido a que haya una mayor conciencia de este fenómeno en la Unión Europea y a incrementar y consolidar la cooperación entre las organizaciones que luchan contra la violencia en los Estados miembros.

(9)

El programa de acción comunitario establecido por la Decisión no 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 2004, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II) (10), prosiguió el desarrollo de los resultados ya logrados por el programa Daphne; el artículo 8, apartado 2, de la Decisión no 803/2004/CE dispone que la Comisión tomará las medidas necesarias para garantizar la coherencia de los créditos anuales con la nuevas perspectivas financieras.

(10)

Es deseable asegurar la continuidad de los proyectos subvencionados por los programas Daphne y Daphne II.

(11)

Es importante y necesario reconocer las graves repercusiones que, tanto en lo inmediato como a largo plazo, tiene la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres en su salud física y psíquica y su desarrollo psicológico y social, en la igualdad de oportunidades de los afectados, en los individuos, familias y comunidades, así como el alto coste social y económico que supone para toda la sociedad.

(12)

La violencia contra la mujer reviste muchas formas, desde la violencia doméstica, existente a todos los niveles de la sociedad, hasta las prácticas tradicionales nocivas relacionadas con el ejercicio de violencia física contra la mujer, como la mutilación genital y los crímenes relacionados con el honor, que constituyen una forma específica de violencia contra la mujer.

(13)

Los niños, los jóvenes y las mujeres que presencian agresiones a parientes próximos deben ser considerados víctimas de la violencia en el contexto del programa establecido por la presente Decisión («el programa»).

(14)

Con respecto a la prevención de la violencia, comprendidos los malos tratos y la explotación sexual perpetrados contra niños, jóvenes y mujeres y la protección de las víctimas y los grupos de riesgo, la Unión Europea puede aportar un valor añadido a las acciones emprendidas predominantemente por los Estados miembros por los siguientes medios: difusión e intercambio de información, experiencia y buenas prácticas; promoción de un planteamiento innovador; establecimiento conjunto de prioridades; constitución de las redes pertinentes; selección de proyectos de ámbito comunitario, incluidos proyectos de apoyo a teléfonos gratuitos de ayuda a los niños y teléfonos de asistencia para niños desaparecidos o explotados sexualmente; motivación y movilización de todas las partes interesadas; y campañas de sensibilización contra la violencia a escala europea. Estas acciones deben comprender asimismo medidas de apoyo a los niños, los jóvenes y las mujeres víctimas de la trata de personas.

(15)

Las causas profundas y las consecuencias de la violencia pueden a menudo ser tratadas de manera eficaz por organizaciones locales y regionales que actúen en colaboración con sus homólogas de otros Estados miembros, por lo que el programa debe dar la suficiente relevancia a las medidas y actuaciones preventivas de apoyo a las víctimas que tengan lugar en el plano local y regional.

(16)

Dado que los objetivos de la presente Decisión, a saber, prevenir y combatir todas las formas de violencia contra niños, jóvenes y mujeres, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido a la necesidad de intercambiar información a nivel comunitario y de difundir en la Comunidad las buenas prácticas, y pueden lograrse mejor a nivel comunitario debido a la necesidad de un planteamiento coordinado y multidisciplinar y a la dimensión y los efectos del programa, la Comunidad puede tomar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(17)

La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al punto 37 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (11), constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual.

(18)

El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (12) (en lo sucesivo denominado «el Reglamento financiero»), y el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (CE, Euratom) no 1605/2002 (13), que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deben aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios, la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de su aplicación y gestión, y la necesaria proporcionalidad entre el volumen de recursos y la carga administrativa vinculada a su utilización.

(19)

Es importante adoptar también las medidas oportunas para prevenir las irregularidades y el fraude, y tomar las medidas necesarias para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados, de acuerdo con el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (14), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (15), y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (16).

(20)

El Reglamento financiero exige que se adopte un acto de base para la ejecución de subvenciones de funcionamiento.

(21)

Las normas de desarrollo de la presente Decisión deben adoptarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (17).

(22)

La participación equilibrada entre mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones resulta un elemento clave en la consecución de una igualdad sustantiva entre ambos sexos. Por consiguiente, los Estados miembros no deberán escatimar esfuerzos para conseguir un equilibrio entre mujeres y hombres en la composición del Comité mencionado en el artículo 10.

a)

acciones de ayuda y promoción dirigidas a organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras organizaciones, según se indica en el artículo 7, que trabajen en este ámbito;

b)

elaboración y ejecución de campañas de sensibilización dirigidas a audiencias específicas, tales como determinadas profesiones, autoridades competentes, sectores concretos de la población y grupos de riesgo, con vistas, por una parte, a mejorar el conocimiento del fenómeno de la violencia y a promover la tolerancia cero ante la violencia y, por otra, a fomentar el apoyo a las víctimas y la denuncia de los casos de violencia ante las autoridades competentes;

c)

difusión de los resultados obtenidos al amparo de los programas Daphne y Daphne II, en particular mediante su adaptación, transferencia y uso por otros beneficiarios o en otras zonas geográficas;

d)

determinación y mejora de las acciones que contribuyen a generar actitudes positivas frente a las personas expuestas a la violencia, en particular mediante un planteamiento que fomente una actitud de respeto hacia ellas y promueva su bienestar y realización personal;

e)

creación de redes multidisciplinares y apoyo a tales redes con vistas a fortalecer la cooperación entre las ONG y otras organizaciones que trabajen en este ámbito;

f)

acciones que garanticen la recopilación de más información factual y la expansión de la base de conocimientos, el intercambio y la difusión de información y buenas prácticas, entre otras cosas mediante la investigación, la formación, visitas de estudio y el intercambio de personal;

g)

concepción y ensayo de materiales educativos y de sensibilización en relación con la prevención de la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres, y complementación y adaptación del material ya disponible para que pueda emplearse en otras zonas geográficas o con otros grupos de destinatarios;

h)

estudio de los fenómenos relacionados con la violencia y de sus efectos, tanto en las víctimas como en la sociedad en su conjunto, incluidos los costes sanitarios, económicos y sociales, a fin de combatir las causas profundas de la violencia a todos los niveles de la sociedad;

i)

elaboración y ejecución de programas de apoyo a las víctimas y las personas expuestas y de programas de intervención dirigidos a los agresores, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las víctimas.

a)

acciones específicas de la Comisión, como estudios e investigaciones, encuestas de opinión y sondeos, elaboración de indicadores y metodologías, recopilación, análisis y difusión de datos y estadísticas, seminarios, conferencias y reuniones de expertos, organización de campañas y eventos públicos, creación y mantenimiento de un servicio de asistencia y de sitios Internet, preparación y divulgación de material informativo (incluidas aplicaciones informáticas y medios de formación), establecimiento de un grupo de estudio formado por las partes interesadas y apoyo para que proporcione asesoramiento especializado con respecto a la violencia, apoyo a otras redes de expertos nacionales y actividades analíticas, de supervisión y de evaluación;

b)

proyectos transnacionales específicos de interés comunitario en los que participen al menos dos Estados miembros en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales;

c)

apoyo a las actividades de ONG u otras organizaciones que persigan una finalidad de interés europeo general relacionada con los objetivos generales del programa definidos en el artículo 2 en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales.

a)

los países con los que la Unión Europea haya firmado un Tratado de adhesión;

b)

los países candidatos acogidos a una estrategia de preadhesión, de conformidad con los principios y condiciones generales de participación de estos países en programas comunitarios, establecidos, respectivamente, en el Acuerdo marco y en las decisiones de los Consejos de Asociación;

c)

los Estados de la AELC que sean parte en el Acuerdo EEE, con arreglo a lo dispuesto en dicho Acuerdo;

d)

los países de los Balcanes Occidentales, de acuerdo con las disposiciones que se establezcan con ellos en el contexto de los acuerdos marco sobre los principios generales para su participación en programas comunitarios.

—

subvenciones,

—

contratos públicos.

a)

los objetivos generales y específicos fijados en los artículos 2 y 3 y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos especificados en el artículo 3, así como la conformidad con el programa de trabajo anual;

b)

la calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos;

c)

el importe de la financiación comunitaria solicitada y la relación coste-eficacia de la financiación a la luz de los resultados previstos;

d)

la incidencia de los resultados previstos en los objetivos generales y específicos del programa definidos en los artículos 2 y 3 y en las medidas adoptadas en los distintos ámbitos especificados en el artículo 3;

e)

la innovación.

a)

su adecuación a los objetivos del programa;

b)

la calidad de las actividades previstas;

c)

el probable efecto multiplicador de tales actividades en los ciudadanos;

d)

la cobertura geográfica de las actividades previstas;

e)

la participación ciudadana en la organización de los organismos interesados;

f)

la relación coste-eficacia de la actividad propuesta.

a)

un informe intermedio de evaluación de los resultados obtenidos y de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del programa, a más tardar el 31 de marzo de 2011, acompañado de una lista de los proyectos y medidas financiados;

b)

una comunicación sobre la prosecución del programa, a más tardar el 31 de mayo de 2012;

c)

una evaluación a posteriori de la ejecución y de los resultados del programa, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.