14.3.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/24

1.1

El Comité recuerda (1) que el mercado único es un elemento central de la integración europea, con el potencial de ofrecer beneficios que sus destinatarios europeos puedan percibir directamente y de generar un crecimiento sostenible de las economías europeas. En el actual contexto de crisis económica, esto hace que un mercado único que funcione y esté orientado al futuro no solo sea deseable sino esencial para el porvenir político y económico de la Unión Europea.

1.2

En el contexto de la actual crisis económica y, entre otros aspectos, el impacto que la desregulación de los mercados financieros ha tenido en los presupuestos nacionales de los Estados miembros, la economía real, la pobreza y el empleo de la UE (2), el tono optimista que adopta la Comisión acerca de la ejecución del mercado único no deja de resultar inadecuado. El CESE considera que la Comisión ha prestado muy poca atención a los efectos secundarios negativos no deliberados del mercado único. Una reivindicación de éxito excesivamente explícita y concluyente, aunque de manera prematura, únicamente podrá generar frustración entre los ciudadanos de la UE, algo que, lejos de abrir una nueva dinámica, podría menoscabar aún más el mercado único. La Comisión ha de demostrar un enfoque más realista con una comunicación de tono equilibrado.

1.3

El drástico incremento –hasta los 28 millones– del número de desempleados en la UE, una lacra que golpea en particular a los jóvenes, amenaza seriamente el objetivo de lograr un mejor funcionamiento del mercado único conforme a las directrices, ya sean nuevas o del pasado. Mientras tanto, cientos de miles de pequeñas empresas han ido a la quiebra y la amenaza de la pobreza y la exclusión social se cierne ya sobre 120 millones de ciudadanos, aproximadamente el 25 % de la población de la Unión. Todo ello explica que tanto la demanda como el consumo de la Unión Europea se hayan visto gravemente afectados. Junto con las acciones clave, la UE y los Estados miembros deberán redoblar sus esfuerzos para superar la crisis financiera, económica y presupuestaria y liberar el pleno potencial que entraña el mercado único.

1.4

El CESE pide al Parlamento, la Comisión y el Consejo que, sin que ello suponga una merma de la calidad, actúen con celeridad para garantizar la adopción de estas propuestas legislativas antes de que finalicen los mandatos del Parlamento y la Comisión en la primavera de 2014. El CESE acogería con gran satisfacción una rápida ejecución de las medidas que se proponen en la Comunicación «Mejorar la gobernanza del mercado único» con la vista puesta en mejorar la aplicación general de la normativa de la Unión Europea.

2.1

La Comisión ha definido la segunda fase del Acta del Mercado Único recurriendo a doce nuevas acciones clave encaminadas a mejorar el funcionamiento del mercado único. El CESE valora positivamente haber sido consultado antes de publicarse la Comunicación y que la Comisión haya hecho suyas en el Acta del Mercado Único II algunas de las recomendaciones formuladas por el Comité. Sin embargo, lamenta que en esta ocasión no se haya emprendido oficialmente ninguna consulta pública y que la consulta informal no haya reflejado un adecuado equilibrio entre las partes interesadas.

2.2

A pesar de que, desde su creación, el mercado único ha contribuido positivamente al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo, no ha logrado exprimir al máximo su potencial a efectos de todas las partes interesadas, ya sean éstas empresas, trabajadores, consumidores, ciudadanos u otros. Si la Comisión habla de 2 770 000 millones de puestos de trabajo, también es cierto que calla acerca del carácter precario que revisten algunos de estos empleos (3). Sabemos que desde la primavera de 2008, cuando se empezaron a dejaron sentir en toda Europa las consecuencias de la crisis económica, se han perdido cerca de diez millones de puestos de trabajo, y parece que no hemos asistido todavía al final de esta recesión (4).

2.3

Aunque la Comisión señale cuáles son los principios subyacentes a estas decisiones (programa «Legislar mejor», coste de la no Europa, etc.), la urgencia que entrañan algunas de estas opciones no parece estar siempre clara en todas las instituciones europeas. Por ejemplo, por lo que respecta a la movilidad de los trabajadores, la Comisión anuncia una iniciativa relacionada con el portal EURES a la vez que quedan todavía pendientes en el Consejo algunas actividades fundamentales en este ámbito.

2.4

El CESE considera que la Comisión ha prestado muy poca atención a los efectos secundarios negativos que ha generado el mercado único de manera no deliberada. La normativa de la UE en torno a los mercados financieros ha sido demasiado endeble para poner fin a una supervisión deficiente y evitar un tipo de actividad empresarial orientada hacia los intereses cortoplacistas de un grupo privilegiado de accionistas. Hay que prestar más atención a la mejora de la gobernanza empresarial. Las máximas prioridades han de ser el aumento de la transparencia y la asunción de responsabilidades para garantizar que el mercado único contribuye a desarrollar un entorno legal que respete los intereses legítimos de todas las partes interesadas.

2.5

Es notable la firmeza con que la Comisión sostiene que estas doce nuevas prioridades contribuirán al crecimiento, la creación de empleo y el refuerzo de la confianza en el mercado único. El CESE cree que la historia de la introducción del mercado único demuestra que algunas de las medidas adoptadas en el pasado han tenido una amplia repercusión a corto plazo. Una reivindicación de éxito excesivamente explícita y concluyente, aunque prematura, únicamente podrá generar frustración entre los ciudadanos de la UE, especialmente ante la falta de pruebas sólidas sobre la base de evaluaciones de impacto. Lejos de crear una nueva dinámica, ello podría tener como consecuencia un menoscabo aún mayor del mercado único (5). La Comisión ha de demostrar un enfoque más realista con una comunicación de tono equilibrado.

2.6

Cabe lamentar que las Actas del Mercado Único I y II no pongan de manifiesto la importancia de garantizar la confianza a la hora de hacer valer los derechos. El CESE sigue esperando con impaciencia que se ponga por fin a disposición de los consumidores europeos un instrumento colectivo y eficaz para el recurso judicial. Si la liberalización de los mercados y el incremento de la competencia son objetivos fundamentales de la política del mercado único y desempeñan un importante papel para posibilitar la libre elección de los consumidores, éstos también precisan un sólido marco de derechos que los proteja a la hora de adquirir bienes y servicios, así como que se respeten verdaderamente estos derechos. Diversos estudios han llegado a la conclusión de que la ejecución de los distintos instrumentos de la UE es lenta y su cumplimiento relativamente endeble, especialmente en situaciones transfronterizas, por lo que la Comisión ha de proponer urgentemente medidas vinculantes en relación con nuevos instrumentos que garanticen el cumplimiento.

2.7

Desgraciadamente, de doce iniciativas solamente se ha calificado una como medida para los consumidores, y ello a pesar de que son varias las prioridades que repercuten significativamente en la vida cotidiana de los consumidores europeos (6). Esperamos que esta circunstancia no refleje la posición general de la Comisión en materia de política de consumidores. Como se señala en los informes Monti y Grech, es importante demostrar amplitud de miras y percibir a los consumidores como interlocutores independientes, y no como apéndices de la política empresarial, con vistas a crear un mercado único que redunde en beneficio de todos. El CESE coincide con la Comisión en que, tras las cincuenta propuestas y las doce primeras prioridades, el mercado único tiene aún potencial sin aprovechar. Sin embargo, desde el punto de vista de los consumidores, la Comisión podría y debería haber hecho más hincapié en priorizar iniciativas que respondieran a los deseos de los consumidores, tal como se ha subrayado anteriormente en un dictamen del CESE (7).

2.8

El CESE también se ve sorprendido por la falta de sensibilización que revela esta Comunicación en materia de colaboración social. Será imposible restablecer la confianza si la participación de los interlocutores sociales en las políticas de la UE se restringe al ámbito político de la DG Empleo. Igualmente, es necesario consultar a los interlocutores sociales acerca de las diversas actividades propias de la DG Mercado Interior.

2.9

Tal como ha señalado el CESE en dictámenes precedentes, toda propuesta relativa a las transacciones transfronterizas con consumidores deberá alcanzarse de manera gradual, comenzando por los contratos comerciales de venta transnacional entre empresas (B2B) a modo de realizaciones piloto. A la espera de que se apruebe una propuesta cualquiera en relación con las transacciones de empresa a consumidor (B2C), no se deberán emprender nuevas iniciativas de carácter facultativo por lo que respecta a los contratos comerciales de venta transfronterizos.

3.1

La Comisión ya ha presentado once de las doce propuestas legislativas correspondientes a acciones clave, y el CESE ha elaborado dictámenes acerca de dichas propuestas (8). El CESE pide al Parlamento, la Comisión y el Consejo que, sin que ello suponga una merma de la calidad, actúen con celeridad para garantizar la adopción de estas propuestas legislativas antes de que finalicen los mandatos del Parlamento y la Comisión en la primavera de 2014. Los Estados miembros han de aplicar correctamente la legislación adoptada y asegurar su cumplimiento para garantizar la igualdad de condiciones; además, las barreras que se han levantado carecen de justificación, y el funcionamiento correcto del mercado único pasa por eliminar los motivos de discriminación.

3.2

La retirada del Reglamento Monti II no soluciona los problemas que ha creado el Tribunal Europeo de Justicia con sus sentencias sobre el desplazamiento de trabajadores. Hay que encontrar una solución a la situación actual, toda vez que ésta impide a los trabajadores el pleno ejercicio de sus derechos. La Comisión ha de garantizar que los derechos sociales fundamentales no se ven restringidos por las libertades económicas. La Comisión debería examinar una propuesta para añadir a los Tratados europeos un Protocolo de progreso social. Un protocolo de estas características esclarecería la relación entre los derechos sociales fundamentales y las libertades económicas confirmando que el mercado único no es un objetivo de por sí, sino que se creó para llevar el progreso social a todos los ciudadanos de la UE (de hecho, en aplicación del apartado 3 del artículo 3 de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea). También debería dejar claro que las libertades económicas y la normativa sobre competencia no pueden cobrar prioridad frente a los derechos sociales fundamentales y el progreso social, y que no pueden interpretarse bajo ningún concepto en el sentido de que otorgan a las empresas el derecho a soslayar o eludir las disposiciones y prácticas nacionales en materia social y de empleo, o para imponer una competencia desleal a las retribuciones y a las condiciones laborales.

3.3

El CESE ha señalado algunas medidas ausentes del Acta del Mercado Único I que, en su opinión, contribuirían a reforzar la confianza de los ciudadanos. Entre estas medidas cabe mencionar la revisión de la Directiva sobre los derechos de autor, los impuestos sobre los derechos de autor, la neutralidad de la red, el protocolo de progreso social, las microempresas y las empresas familiares, las medidas para apoyar la creación de nuevas empresas y la expansión de las existentes, o el endeudamiento excesivo y las transferencias interbancarias, con vistas a consolidar las operaciones en la zona única de pagos en euros (SEPA).

4.9.1

En la Unión Europea es posible encontrar todavía en el mercado productos de consumo peligrosos, incluidos algunos que ostentan la marca CE, lo cual plantea riesgos para la salud y la seguridad que podrían evitarse. Así pues, el CESE valora positivamente que la Comisión Europea proponga un paquete legislativo sobre seguridad de los productos consistente en un instrumento de vigilancia del mercado único para todos los productos no alimentarios, una propuesta de nueva Directiva relativa a la seguridad general de los productos, así como un plan marco plurianual de vigilancia del mercado. La revisión deberá aportar mayor claridad sobre cómo interactúan las distintas legislaciones de la UE relativas a la seguridad de los productos. En particular, es necesario reforzar y esclarecer las responsabilidades de los fabricantes. Hay que garantizar el mismo nivel de cumplimiento en toda la Unión Europea y la eficacia de las actividades de supervisión del mercado en el conjunto de la UE.

4.9.2

Es necesario examinar expresamente los productos atractivos para los niños y se debe mantener la prohibición de los productos que imitan los alimentos. La política de la UE debe constituir un importante paso adelante en aras de la seguridad y la salud. Hay que prestar atención a la competencia desleal que sufren las empresas de la Unión, para las que la normativa de la UE es de obligado cumplimiento. La revisión de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos (SGP) debería impedir eficazmente la comercialización de productos peligrosos, algo que exige un sistema europeo de vigilancia del mercado, con controles efectivos en las fronteras externas de la UE.

4.10.1

Las propuestas que se presentan en este capítulo, se han reunido de una manera bastante artificial. En momentos de crisis, el CESE reconoce la importancia de centrarse en la lucha contra una mayor exclusión social y pobreza. A este respecto, se ha hecho hincapié en la empresa social como factor fundamental de la estrategia para superar la crisis. No deja de ser decepcionante la ausencia de acciones clave dedicadas al desarrollo y el crecimiento de la economía social y de las empresas sociales. La duodécima acción clave que se propone no aborda la creciente exclusión social ni la pobreza en Europa. Así pues, el CESE recomendaría una acción clave clara y específica para la empresa social, basada en sus recomendaciones proactivas, al considerar que colmará mejor la necesidad de una mayor cohesión social (14).

4.10.2

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de dar a todos los ciudadanos de la UE acceso a una cuenta de pago básica, a fin de garantizar que las comisiones de las cuentas de pago son transparentes y comparables, así como para simplificar el cambio de banco. El CESE espera que la Comisión presente esta vez legislación vinculante, en contraste con la recomendación formulada en julio de 2011, que suscitó numerosas críticas por su carácter voluntario. El CESE señala que la transparencia y la posibilidad de que disponen los consumidores para comparar las comisiones de las cuentas de pago han sido muy deficientes, si no rotundos fracasos. La propuesta legislativa de la UE debe garantizar que todo consumidor tiene derecho a acceder a una cuenta de pago básica y suprimir cualquier obstáculo para cambiar de banco.