1

Mediante su recurso de casación, Viasat Broadcasting UK Ltd (en lo sucesivo, «Viasat») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2015, Viasat Broadcasting UK/Comisión (T‑125/12, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:687), que desestimó su recurso contra la Decisión 2011/839/UE de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca (C 2/03) a favor de TV2/Danmark (DO 2011, L 340, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), por la que la Comisión Europea decidió que una serie de medidas adoptadas por el Reino de Dinamarca a favor de TV2/Danmark (en lo sucesivo, «TV2»), aunque constituían ayudas de Estado, debían ser consideradas compatibles con el mercado interior, con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2.

2

El Tribunal General expuso, en los apartados 1 a 17 de la sentencia recurrida, los antecedentes del litigio en los siguientes términos:

“Artículo 1

Las medidas ejecutadas por Dinamarca a favor de [TV2] entre 1995 y 2002 consistentes en un canon y otras medidas abordadas en la presente Decisión son compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 106 [TFUE], apartado 2”.»

3

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 14 de marzo de 2012, Viasat solicitó la anulación parcial de la Decisión controvertida.

4

Denunciaba la incompatibilidad con el mercado interior de las ayudas de Estado otorgadas a TV2 invocando dos motivos. El primero se basaba en un error de Derecho en que, según Viasat, había incurrido la Comisión al apreciar la compatibilidad de las medidas en cuestión con el mercado interior, con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2, sin tener en cuenta los requisitos Altmark segundo y cuarto. El segundo motivo se basaba en un incumplimiento de la obligación de motivación en que, según Viasat, había incurrido la Comisión al defender la aplicabilidad del artículo 106 TFUE, apartado 2, al caso de autos sin exponer las razones que lo justificasen, pese a que no se cumplían los requisitos Altmark segundo y cuarto.

5

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General decidió sobreseer el recurso, en la medida en que, se solicitaba la anulación de la Decisión controvertida en la parte en que la Comisión había considerado que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 abonados a TV2 a través del Fondo TV2 constituían ayudas de Estado, y desestimó el recurso en todo lo demás.

6

Mediante su sentencia de 24 de septiembre de 2015, TV2/Danmark/Comisión (T‑674/11, EU:T:2015:684), por la que resolvía el recurso de TV2, el Tribunal General anuló la Decisión controvertida por cuanto la Comisión había calificado de ayuda de Estado los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 percibidos por TV2.

7

Viasat solicita al Tribunal de Justicia que:

8

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

9

El Reino de Dinamarca solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación.

10

TV2 A/S solicita al Tribunal de Justicia que:

11

A raíz de la presentación de las conclusiones del Abogado General, Viasat solicitó al Tribunal de Justicia, mediante escrito de 3 de enero de 2017, la reapertura de la fase oral del procedimiento. Para apoyar su solicitud, Viasat alega que las conclusiones del Abogado General alteran el sentido de algunas de sus aseveraciones y plantean tesis distintas que no fueron debatidas entre las partes.

12

Hay que recordar que, conforme al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

13

Sin embargo, ni el Estatuto ni el Reglamento antes mencionados prevén la posibilidad de que las partes interesadas formulen observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (véase la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, apartado 30 y jurisprudencia citada).

14

A este respecto, del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, resulta que el Abogado General tiene la función de presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que requieran su intervención, sin que el Tribunal de Justicia esté vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por su motivación. Por consiguiente, el hecho de que una parte no esté de acuerdo con dichas conclusiones no puede constituir en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, cualesquiera que sean las cuestiones examinadas en esas conclusiones (véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, apartados 60 y 61 y jurisprudencia citada).

15

El Tribunal de Justicia considera, en definitiva, oído el Abogado General, que dispone de todos los elementos necesarios para resolver el litigio y que tales elementos han sido objeto de debate entre las partes.

16

En atención a las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia estima que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.

17

Mediante su primer motivo de casación, Viasat reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar que la Comisión, en su análisis sobre la proporcionalidad de las medidas en cuestión en relación con los requisitos del artículo 106 TFUE, apartado 2 —según los cuales, por una parte, la aplicación de las normas de los Tratados debe impedir el cumplimiento de la misión asignada y, por otra, la ejecución de dicha misión no debe afectar al desarrollo de los intercambios en forma tal que sea contraria al interés de la Unión Europea—, no estaba obligada a tomar en consideración el hecho de que esas medidas incumplían los requisitos Altmark segundo y cuarto. Éstos exigen que los parámetros para el cálculo de la compensación por la prestación del servicio público se establezcan previamente de forma objetiva y transparente, y que tal compensación se calcule sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media y bien gestionada habría soportado para ejecutar la misión de servicio público de que se trate.

18

Viasat sostiene que de la redacción del artículo 106 TFUE, apartado 2, se deduce que el requisito según el cual la aplicación de las normas de los Tratados, en especial las normas sobre competencia, debe impedir el cumplimiento de la misión ha de interpretarse en el sentido de que se refiere a las otras disposiciones del Tratado, de manera que, a efectos de la apreciación de la compatibilidad de las ayudas de Estado con arreglo al citado artículo 106, apartado 2, es necesario, según Viasat, efectuar previamente un examen de esas otras disposiciones. Para Viasat, por tanto, en el presente asunto procedía verificar si alguno de los requisitos Altmark impedía o no el cumplimiento de la misión de servicio público confiada a TV2. De haberse efectuado este examen, la Comisión hubiera llegado a la conclusión de que la adopción de medidas a favor de TV2 que respondieran a los requisitos Altmark segundo y cuarto no impedía el cumplimiento de aquella misión.

19

Viasat entiende, además, que, para garantizar la observancia de los requisitos de que se impida el cumplimiento de la misión y de que el desarrollo de los intercambios no quede afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión, la Comisión debería haber requerido al Reino de Dinamarca que demostrara que el respeto de los requisitos Altmark segundo y cuarto impedía el cumplimiento de la misión de interés económico general confiada a TV2.

20

La Comisión, el Reino de Dinamarca y TV2 A/S consideran que el motivo carece de fundamento.

21

Mediante su primer motivo de casación, Viasat aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir que, en el marco de la apreciación que debe efectuar con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2, la Comisión no estaba obligada a tomar en consideración los requisitos Altmark segundo y cuarto al objeto de verificar si el respeto de tales requisitos impedía que TV2 cumpliera la misión que se le había confiado.

22

A este respecto, debe recordarse que, para que se pueda calificar una medida nacional de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales; en segundo lugar, esta intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros; en tercer lugar, debe conferir una ventaja selectiva a su beneficiario y, en cuarto lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, apartado 39 y jurisprudencia citada).

23

Al tratarse de requisitos cumulativos, una medida estatal no puede ser calificada de ayuda de Estado si falta alguno de ellos. En cambio, si se cumplen todos los requisitos que se han enumerado, esa medida constituirá una ayuda de Estado y, en consecuencia, salvo que los Tratados dispongan otra cosa, será incompatible con el mercado interior.

24

En lo que concierne al tercer criterio para que una medida se califique de ayuda de Estado, se consideran ayudas, según reiterada jurisprudencia, las intervenciones que, cualquiera que sea su forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que puedan considerarse constitutivas de una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado (véase, en particular, la sentencia de 30 de junio de 2016, Bélgica/Comisión, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, apartado 34).

25

No obstante, procede recordar que, como ha precisado el Tribunal de Justicia, cuando deba considerarse que una intervención estatal constituye una compensación en contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras, tal intervención no está sujeta al artículo 107 TFUE, apartado 1 (véase la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, apartado 87).

26

Conforme a los apartados 88 a 93 de la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), para que a dicha intervención no se le aplique la calificación de ayuda de Estado, deben cumplirse una serie de requisitos. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas. En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente. En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público. En cuarto lugar, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas habría soportado para ejecutar estas obligaciones.

27

En el supuesto de que no se cumplieran los requisitos mencionados en el apartado anterior, la medida estatal en cuestión conllevaría una ventaja selectiva para la empresa beneficiaria y si, además, se cumplieran los otros criterios enunciados en el artículo 107 TFUE, apartado 1, dicha medida constituiría, en principio, una ayuda incompatible con el mercado interior.

28

Con respecto al artículo 106 TFUE, apartado 2, esta disposición establece que las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de Derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada, y que el desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Unión.

29

Como se desprende de la jurisprudencia, los propios términos del artículo 106 TFUE, apartado 2, muestran que las excepciones a las normas del Tratado sólo están permitidas si son necesarias para el cumplimiento de la misión específica confiada a una empresa encargada de la gestión de un servicio de interés económico general (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de octubre de 1997, Comisión/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, apartado 54, y de 28 de febrero de 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, EU:C:2013:127, apartado 106).

30

A este respecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no es necesario que el equilibrio financiero o la viabilidad económica de la empresa encargada de la gestión de un servicio de interés económico general estén amenazados. Basta con que, en caso de no existir los derechos controvertidos, no puedan cumplirse las misiones específicas confiadas a la empresa o que el mantenimiento de tales derechos sea necesario para permitir a su titular el cumplimiento, en condiciones económicamente aceptables, de las misiones de interés económico general que le hayan sido confiadas (véase la sentencia de 15 de noviembre de 2007, International Mail Spain, C‑162/06, EU:C:2007:681, apartado 35 y jurisprudencia citada).

31

Al permitir, con sujeción a ciertos requisitos, algunas excepciones a las normas generales en el Tratado, el artículo 106 TFUE, apartado 2, pretende conciliar el interés de los Estados miembros en utilizar determinadas empresas, en particular del sector público, como instrumento de política económica o fiscal con el interés de la Unión en la observancia de las normas sobre competencia y en el mantenimiento de la unidad del mercado común (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 1997, Comisión/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, apartado 55).

32

Como se ha indicado en el apartado 21 de la presente sentencia, Viasat considera que la Comisión estaba obligada a verificar, en el marco de la apreciación que debe efectuar con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2, si el respeto de los requisitos Altmark segundo y cuarto impedía que TV2 cumpliera la misión que se le había confiado.

33

A este respecto, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene la parte recurrente, la Comisión no tiene que analizar si se satisfacen los requisitos que estableció la jurisprudencia Altmark, en particular los requisitos segundo y cuarto, a la hora de examinar una medida con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2.

34

Como declaró con acierto el Tribunal General en el apartado 63 de la sentencia recurrida, el control de la observancia de los requisitos establecidos por dicha jurisprudencia se efectúa en un momento anterior, a saber, el momento en que se analiza si las medidas en cuestión deben ser calificadas de ayudas de Estado. Esta cuestión es, en efecto, previa a la eventual verificación de si una ayuda incompatible es, no obstante, necesaria para el cumplimiento de la misión confiada al beneficiario de la medida de que se trate, en el sentido del artículo 106 TFUE, apartado 2.

35

En cambio, una vez que la Comisión, tras constatar que una medida debe ser calificada de ayuda, en particular porque la empresa beneficiaria no logra salvar el test de la comparación con una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, pasa a examinar si dicha ayuda podría estar justificada con arreglo al artículo 106 TFUE, apartado 2, ya no procede aplicar los requisitos establecidos por la jurisprudencia Altmark.

36

La disposición antes citada, que se precisa tanto en el Protocolo (n.o 26) sobre los servicios de interés general (DO 2010, C 83, p. 308) como, en relación con el sector de que aquí se trata, en el Protocolo (n.o 29) sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros (DO 2010, C 83, p. 312), no puede interpretarse de forma aislada, atendiendo exclusivamente a su sentido literal y sin tener en cuenta las precisiones de los mencionados protocolos.

37

Pues bien, como advirtió el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones, el Protocolo n.o 29 corrobora la conclusión que se ha formulado en el apartado 35 de la presente sentencia, pues este Protocolo enuncia que «las disposiciones de los Tratados se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Unión en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público».

38

Así pues, habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho cuando estimó, en la sentencia recurrida, que el artículo 106 TFUE, apartado 2, no obliga a la Comisión a tomar en consideración los requisitos Altmark segundo y cuarto al objeto de decidir si una ayuda de Estado es compatible con el mercado interior con arreglo a dicha disposición.

39

Por tanto, procede desestimar el primer motivo de casación por infundado.

40

Mediante su segundo motivo de casación, Viasat critica los apartados 103 y 104 de la sentencia recurrida aduciendo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar el motivo de anulación basado en que, en la Decisión controvertida, la Comisión había incumplido la obligación de motivación impuesta por el artículo 296 TFUE.

41

Viasat reprocha también al Tribunal General no haber dado respuesta a los motivos planteados en la demanda en primera instancia.

42

La Comisión estima que el segundo motivo de casación es en parte inadmisible y que, en cualquier caso, carece de fundamento.

43

Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, apartado 147 y jurisprudencia citada).

44

A este respecto, debe señalarse que, en el apartado 103 de la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó el motivo basado en la falta de motivación de la Decisión controvertida declarando que «el silencio de la Decisión sobre el papel de los requisitos Altmark segundo y cuarto en la apreciación de la compatibilidad con el mercado interior de las medidas en cuestión no se debe a un error de razonamiento de la Comisión o a un defecto de motivación de la [Decisión controvertida], sino al hecho de que esta Decisión sigue un método de análisis diferente del que defiende [Viasat]».

45

Como ha reconocido Viasat, la Decisión controvertida sólo puede adolecer de una motivación insuficiente en la medida en que la Comisión esté obligada a aplicar el método de análisis que, según Viasat, impone el artículo 106 TFUE, apartado 2.

46

Ahora bien, del apartado 37 de la presente sentencia se deduce que el artículo 106 TFUE, apartado 2, no obligaba a la Comisión a tomar en consideración los requisitos Altmark segundo y cuarto al objeto de decidir si una ayuda de Estado es compatible con el mercado interior con arreglo a dicha disposición. Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar que la Decisión controvertida estaba suficientemente motivada.

47

Por otro lado, como resaltó el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, la crítica que denuncia que no se diera respuesta a los motivos planteados en la demanda en primera instancia no está suficientemente desarrollada para que las demás partes en el procedimiento de casación puedan contestar o el Tribunal de Justicia pueda pronunciarse al respecto, por lo cual es inadmisible.

48

En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundado.

49

De todas las consideraciones anteriores resulta que el recurso de casación debe ser desestimado en su totalidad.

50

En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, de este Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

51

Dado que la Comisión y TV2 A/S han solicitado que se condene en costas a Viasat y ésta ha visto desestimadas sus pretensiones, procede condenarla a cargar con las costas de aquéllas.

52

Conforme al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.

53

El Reino de Dinamarca, como coadyuvante ante el Tribunal General, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide: