11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/1

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de junio de 2010, al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre un Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) (COM(2010)0308),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 1 de octubre de 2010, sobre dicho Plan de acción (14146/2010),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020 – Unión por la innovación» (COM(2010)0546),

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Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 18 de enero de 2011, sobre la revisión intermedia de los programas europeos de radionavegación por satélite (COM(2011)0005), que destaca la necesidad de prever recursos considerables para completar la construcción de las infraestructuras de radionavegación por satélite,

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Visto el Reglamento (CE) no 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y GALILEO) (1),

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Visto el Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo, de 12 de julio de 2004, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite (2),

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Visto el Libro Verde de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, sobre aplicaciones de la navegación por satélite (COM(2006)0769),

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Visto el Reglamento (UE) no 912/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, por el que se crea la Agencia del GNSS Europeo, se deroga el Reglamento (CE) no 1321/2004 del Consejo, relativo a las estructuras de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite, y se modifica el Reglamento (CE) no 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (3),

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Vista su Resolución, de 29 de enero de 2004, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Situación del programa GALILEO» (4),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0084/2011),

A.

Considerando que las aplicaciones GNSS son ahora un elemento central e indispensable de la actividad en todos los sectores del transporte y que su funcionamiento eficiente y eficaz hace que el transporte resulte más seguro, más respetuoso del medio ambiente y más económico,

B.

Considerando que las aplicaciones de transporte representan el 20 % en volumen, y el 44 % en valor de todas las aplicaciones GNSS, y que las operaciones de seguridad —en su mayoría relacionados con el transporte— representan otro 5 %,

C.

Considerando que la Unión Europea no puede indefinidamente depender, para la infraestructura básica necesaria para el funcionamiento de las aplicaciones GNSS, de los sistemas desarrollados inicialmente para otros fines por otros países,

D.

Considerando que EGNOS es un sistema autónomo de complementa al GPS que depende de la disponibilidad de señales GPS para efectuar sus operaciones de cálculo y de corrección; que sin el despliegue de GALILEO no se dispondrá de un GNSS plenamente independiente,

E.

Considerando que el sistema europeo EGNOS está diseñado para satisfacer una amplia y variada demanda presente y futura de los sectores industriales europeo y mundial, por ejemplo, en materia de transporte, seguridad y trazabilidad, que responde a los objetivos de la nueva política industrial europea más proactiva, y que asimismo es compatible con el sistema GPS y el sistema GALILEO, y los complementa,

F.

Considerando que las aplicaciones comerciales de transporte de GNSS y GALILEO representan un mercado global creciente que debería asegurarse en la medida de lo posible para el beneficio económico de la industria europea y la creación de empleos cualificados,

G.

Considerando que GNSS desempeñará una importante función de apoyo y fomento a los sistemas de transporte inteligentes,

H.

Considerando que el desarrollo de aplicaciones y servicios GNSS es fundamental a fin de sacar plenamente partido de la inversión en infraestructura que representa GALILEO y contribuir a que el sistema GALILEO pueda desarrollar toda su capacidad,

I.

Considerando que la inversión en este sector repercutirá en todas las políticas de la UE, y que su ampliación y aplicación tendrán un impacto directo en la realización de la Estrategia UE 2020 y el desarrollo del potencial del mercado europeo de aplicaciones y servicios GNSS, que creará empleo y contribuirá a la competitividad europea,

J.

Considerando el gran valor añadido europeo que representan los proyectos GNSS y GALILEO en la política industrial europea y la necesidad de garantizar el éxito de los mismos,

1.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) y la serie de acciones específicas sectoriales, reglamentarias y horizontales que en ella se proponen;

2.

Está de acuerdo con la Comisión en que un plan de acción específico es, en este momento, la mejor opción para dar un nuevo impulso al desarrollo y la aplicación de EGNOS y GALILEO, especialmente en el sector del transporte; subraya que los sistemas de navegación por satélite deberían asegurar la interoperabilidad entre distintos sistemas (incluidos los sistemas convencionales) y prever, además, usos intermodales, tanto para los viajeros como para los servicios de transporte de mercancías;

3.

Señala que, de las quince propuestas sectoriales específicas del Plan de acción, nueve están directamente relacionadas con el transporte y la mayoría de las demás son necesarias para apoyar las correspondientes aplicaciones de transporte;

4.

Pide a la Comisión que solicite pronto a la autoridad competente, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), la certificación de EGNOS para su uso en la aviación civil;

5.

Está de acuerdo en que las acciones para fomentar el uso de EGNOS y GALILEO en la aviación civil son un requisito estratégico para la realización de SESAR (Single European Sky ATM Research: Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo), especialmente en lo que respecta a su utilización para los procedimientos de aterrizaje y en aeropuertos de menor tamaño;

6.

Lamenta que toda la Unión Europea no está en este momento cubierta por EGNOS y pide que la cobertura del sistema EGNOS se amplíe hacia el sur, el este y el sureste de Europa con carácter prioritario, de modo que pueda ser utilizado en toda Europa por cada modo de transporte, y subraya la importancia de asegurar que su cobertura se extienda tanto a los países MEDA como a los de Oriente Próximo y África;

7.

Subraya la importancia de GNSS para el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes (ITS); señala que los ITS pueden crear soluciones de transporte más eficientes, limpias y seguras, y que algunos servicios ITS requieren para su adecuada aplicación sistemas GNSS plenamente operativos;

8.

Comparte la idea de que EGNOS y GALILEO pueden hacer una importante contribución a la gestión del tráfico por carretera y que se requiere una campaña de sensibilización en ese sector a fin de aumentar la utilización de las oportunidades que ofrece en relación con el cobro de peajes, el proyecto eCall, las reservas online de plazas de estacionamiento de camiones seguras y el seguimiento en tiempo real, a fin de contribuir a un transporte por carretera más seguro y más respetuoso del medio ambiente;

9.

Pide, por ello, a la Comisión que presente las propuestas reglamentarias necesarias para aprovechar el valor añadido que supone el GNSS para la seguridad vial en todos los modos de transporte, en particular por carretera, y ayudar a mejorar la eficiencia del transporte de mercancías;

10.

Pide a la Comisión que refuerce la cooperación industrial con países extracomunitarios a fin de promover el desarrollo y la interoperabilidad de las aplicaciones y los servicios de EGNOS y GALILEO;

11.

Conviene en que la Comisión debe hacer una evaluación cuidadosa de la necesidad de modificar la legislación existente sobre los tacógrafos digitales a fin de garantizar que se utilicen adecuadamente las oportunidades que ofrece el GNSS para el posicionamiento y la información en materia de velocidad;

12.

Conviene en que el GNSS puede contribuir sensiblemente a mejorar la seguridad y la eficiencia en la navegación y en que la Comisión debe tomar medidas para aumentar la sensibilización y mejorar el conocimiento de las posibles aplicaciones GNSS en el sector marítimo y de las vías navegables interiores y para que se acepten las aplicaciones basadas en EGNOS a nivel de la OMI y la OACI;

13.

Respalda la intención de la Comisión de lanzar campañas de sensibilización entre los sectores relevantes a fin de dar a la industria europea la confianza necesaria para invertir en las potencialidades comerciales de los proyectos de navegación por satélite de la UE;

14.

Pide a la Comisión que aplique con eficiencia las importantes medidas de sensibilización previstas por el plan de acción, con miras a garantizar un extenso uso de EGNOS en Europa en todas las áreas de aplicación y fomentar de este modo aplicaciones más complejas;

15.

Insiste en que la Comisión debe proponer, en el marco del procedimiento presupuestario y del futuro marco financiero plurianual, medidas para asegurar unos niveles adecuados de financiación para la investigación y el desarrollo del GNSS, así como para su aplicación; subraya que la financiación de la UE en el sector del transporte es de por si algo escasa, y que los fondos adicionales que se destinen al GNSS no deberían suponer una reducción de la financiación de otras prioridades de la Política Común de Transportes; reitera su petición a la Comisión de que presente para este proyecto, concretamente, y para proyectos similares como son las RTE-T, una propuesta de financiación plurianual que vaya más allá del periodo del marco financiero plurianual, de manera que quede garantizada la estabilidad y fiabilidad del marco financiero de proyectos europeos que tienen un horizonte más ambicioso que el actual;

16.

Pide a la Comisión que reflexione sobre la posibilidad de consignar en el presupuesto de la UE los ingresos procedentes de las actividades comerciales de GALILEO;

17.

Pide a la Comisión que transmita al Parlamento elementos que ilustren de modo fiable cómo se va a financiar el gasto anual de mantenimiento de GALILEO una vez que el sistema sea operativo, estimado en unos 800 millones de euros;

18.

Pide a la Comisión que presente una amplia estrategia de financiación, que, en combinación con las adecuadas contribuciones de la UE y de los Estados miembros, podría incluir, entre otros elementos, incentivos fiscales coordinados y procedimientos de financiación más sencillos, así como regímenes que permitan facilitar capital de riesgo a las PYME y favorecer así el desarrollo y la comercialización de aplicaciones de EGNOS y de GALILEO, en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones;

19.

Pide a la Comisión que vele por que un montante de 100 millones de euros en créditos de pago para investigación, susceptibles de no ser utilizados íntegramente en el Séptimo programa marco, se destinen al desarrollo de aplicaciones GNSS;

20.

Pide a la Comisión que examine cómo la simplificación de los procedimientos podría garantizar un desembolso más eficiente y transparente de estos fondos en apoyo de la investigación en el ámbito del transporte asistido por GNSS accesible para todos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad y centrándose en particular en las PYME;

21.

Pide a la Comisión que facilite el acceso de las PYME a mecanismos de financiación de la UE a fin de alentar la innovación en el entorno de las aplicaciones GNSS, en particular, en el marco de los PMI 7 y PMI 8;

22.

Pide a la Comisión que examine los problemas en materia de protección de datos que podrían derivarse del uso de aplicaciones y servicios EGNOS, y que haga lo que esté en su poder para resolverlos;

23.

Señala la necesidad de invertir en la investigación de aplicaciones y servicios GNSS específicos, con particular atención a las necesidades especiales de las personas discapacitadas, puesto que esa inversión reviste una importancia decisiva para el desarrollo y el uso adecuados de los servicios GNSS;

24.

Pide a la Comisión, por consiguiente, que favorezca las iniciativas relativas al desarrollo de centros de servicios específicos por sectores, en particular, en el transporte marítimo;

25.

Lamenta que la escasez de fondos destinados a la investigación y la innovación para aplicaciones basadas en EGNOS o GALILEO esté retrasando considerablemente el progreso tecnológico y el crecimiento de la capacidad industrial, así como la aplicación eficaz desde el punto de vista medioambiental, en la Unión Europea, por lo que pide a la Comisión que introduzca normas que faciliten el acceso a la financiación a las pequeñas y medianas empresas;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

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ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/5

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Vista su Decisión, de 20 de octubre de 2010, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (1) («el Acuerdo marco»),

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Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre el Acuerdo de transporte aéreo UE-EE.UU. (2),

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Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre el inicio de las negociaciones para los acuerdos relativos al registro de nombres de los pasajeros (PNR) con los Estados Unidos, Australia y Canadá (3),

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Vista su Resolución, de 25 de abril de 2007, sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (4),

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Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2007, sobre la conclusión del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra (5),

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Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre el desarrollo de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación (6),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Desarrollo de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación» (COM(2005)0079),

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 218,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0079/2011),

A.

Considerando que, hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, para la celebración de acuerdos internacionales en materia de aviación el Parlamento era solamente consultado,

B.

Considerando que ahora es necesaria la aprobación del Parlamento para los acuerdos en aquellos ámbitos en los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario,

C.

Considerando que, cuando la Comisión negocie acuerdos entre la Unión y terceros países u organizaciones internacionales, «se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento» (7),

D.

Considerando que el Acuerdo marco debe garantizar que las instituciones ejerzan sus competencias y prerrogativas de la manera más eficaz y transparente posible,

E.

Considerando que la Comisión se compromete mediante dicho Acuerdo a respetar el principio básico de igualdad de trato para el Parlamento y el Consejo en los ámbitos legislativo y presupuestario, especialmente con respecto al acceso a reuniones y la transmisión de contribuciones u otras informaciones,

1.

Considera que los acuerdos aéreos globales con los países vecinos o con socios mundiales importantes pueden generar beneficios sustanciales para los pasajeros, las empresas de transporte de mercancías y las compañías aéreas, tanto mediante el acceso a los mercados como mediante la convergencia reglamentaria para promover la competencia leal, también en cuanto a las ayudas estatales y las normas sociales y medioambientales;

2.

Reconoce que los acuerdos horizontales, que adaptan los acuerdos bilaterales vigentes a la legislación de la UE, son necesarios para garantizar la seguridad jurídica y ofrecer ventajas adicionales tales como la simplificación y la certeza de que todas las compañías aéreas de la Unión dispondrán de los mismos derechos;

3.

Recuerda que las normas sobre seguridad y protección revisten una importancia vital para los pasajeros, la tripulación y el sector de la aviación en general y respalda, en este sentido, la celebración de acuerdos sobre seguridad aérea con países que cuentan con una industria de fabricación de aeronaves importante, en virtud del ahorro de costes y la coherencia de las normas exigentes que es posible alcanzar al minimizar la duplicación de evaluaciones, pruebas y controles;

4.

Lamenta que el Consejo no haya otorgado aún a la Comisión el mandato para negociar un acuerdo aéreo global con importantes socios comerciales tales como la República Popular China o India; considera que esta carencia perjudica cada vez más a los intereses de la Unión, en particular teniendo en cuenta el crecimiento rápido de estas economías;

5.

Señala la ausencia de países importantes, tales como Japón y la Federación de Rusia, en la última lista de negociaciones en curso sobre acuerdos internacionales en materia de aviación remitida por la Comisión;

6.

Expresa su preocupación por la cuestión pendiente de los vuelos sobre Siberia; pide a la Comisión que haga todos los esfuerzos necesarios, incluido el tratamiento de esa cuestión en el contexto de las negociaciones de adhesión de Rusia a la OMC, para evitar distorsiones de la competencia entre compañías aéreas de la UE;

7.

Destaca que, en cada negociación, es necesario examinar los beneficios de un acuerdo temprano respecto a un aplazamiento que busque un resultado más ambicioso;

8.

Señala que, al evaluar acuerdos globales presentados para su aprobación, el Parlamento buscará aplicar un conjunto coherente de normas; señala, en especial, que el Parlamento prestará particular atención al analizar el grado en que: se flexibilizan de manera equilibrada las restricciones de acceso al mercado y las oportunidades de inversión; se ofrecen incentivos para mantener y potenciar las normas en los ámbitos social y medioambiental; se dispone de garantías adecuadas para la protección de datos y la intimidad; se incluye el reconocimiento mutuo de las normas en materia de seguridad y protección; y se garantiza un nivel elevado para los derechos de los pasajeros;

9.

Considera que es urgente contar con normas mundiales de protección de datos y de intimidad y que los criterios definidos por el Parlamento Europeo en su Resolución de 5 de mayo de 2010 constituyen un modelo adecuado para tal acuerdo; estima que la Unión debe adoptar un papel de pionero en el desarrollo de tales normas internacionales;

10.

Llama la atención sobre la importancia creciente de la contribución del sector de la aviación al calentamiento global y considera que los acuerdos deben incluir un compromiso de colaboración, en el marco de la Organización de Aviación Civil Internacional, para reducir las emisiones de los aviones, junto con el objetivo de reforzar la cooperación técnica en los ámbitos de las ciencias del clima (CO2 y otras emisiones relevantes para el clima en la atmósfera), la investigación y el desarrollo tecnológico, y la eficiencia de los combustibles;

11.

Hace hincapié en que diversos aspectos de la regulación de la aviación, incluidas las restricciones del ruido nocturno y las limitaciones de los vuelos nocturnos, deben determinarse a escala local, dentro del pleno respeto de los principios de competencia leal y de subsidiariedad; pide a la Comisión Europea que coordine estas cuestiones a escala europea, teniendo en cuenta la legislación nacional de los Estados miembros y el principio de «enfoque equilibrado» tal como lo define la Organización de Aviación Civil Internacional;

12.

Pide a la Comisión que haga uso de los acuerdos sobre aviación para promover el cumplimiento de la legislación internacional pertinente en materia de derechos sociales, en particular las normas laborales consagradas en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1930-1999), las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (1976, revisadas en 2000) y el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales;

13.

Observa que, en el caso de los acuerdos de seguridad, entre los criterios figuran: el reconocimiento mutuo y total de las prácticas y procedimientos de certificación; el intercambio de datos en materia de seguridad; las inspecciones comunes; un aumento de la cooperación en materia de reglamentación; y consultas a nivel técnico para resolver las diferencias antes de que se active el mecanismo de resolución de conflictos;

14.

Destaca que, a fin de poder adoptar una decisión sobre si dar o no su aprobación al final de las negociaciones, el Parlamento necesita seguir el proceso desde el principio; considera que interesa a todas las instituciones que se identifiquen y aborden lo antes posible aquellas cuestiones que revistan una importancia suficiente y que cuestionen la disponibilidad del Parlamento a dar su aprobación;

15.

Recuerda que el Acuerdo marco de 2005 ya comprometía a la Comisión a ofrecer información clara y pronta al Parlamento, tanto en la fase de preparación como durante el desarrollo y la conclusión de negociaciones internacionales; observa que el Acuerdo revisado de octubre de 2010 establece, en particular, que el Parlamento debe obtener, desde el principio, regularmente y, de ser necesario, confidencialmente, información detallada del procedimiento en curso en todas las fases de las negociaciones;

16.

Espera que la Comisión facilite a la comisión responsable del PE información acerca de la intención de proponer negociaciones con miras a concluir y modificar acuerdos internacionales en materia de aviación, el proyecto de directrices de negociación, el proyecto de textos de negociación y el documento que se rubricará junto con otros documentos e información relevantes; espera que el papel del Parlamento en relación con cualquier otra modificación de un acuerdo internacional en materia de aviación se estipule explícitamente en el acuerdo;

17.

Recuerda que la información con arreglo al artículo 24 del Acuerdo marco anteriormente mencionada debe transmitirse al Parlamento de manera que, si es necesario, este pueda expresar su posición; pide con insistencia a la Comisión que informe al Parlamento sobre cómo son tenidas en cuenta sus posiciones;

18.

Reconoce que, cuando el Parlamento recibe información sensible sobre las negociaciones en curso, tiene la obligación de asegurarse de que se preserve la confidencialidad;

19.

Observa que el Reglamento del Parlamento permite al Pleno «sobre la base de un informe de la comisión competente […] aprobar recomendaciones y solicitar que éstas se tengan en cuenta antes de la celebración del acuerdo internacional de que se trate» (artículo 90, apartado 4);

20.

Admite que los acuerdos de aviación suelen otorgar un papel determinante a un comité mixto, en especial en lo relativo a la convergencia reglamentaria; acepta que, en numerosas ocasiones, tal comité constituye un medio más flexible y eficaz para adoptar decisiones en vez de intentar incluir tales puntos en el acuerdo en sí; destaca no obstante la importancia de que el Parlamento reciba información completa y oportuna sobre la labor de los distintos comités mixtos;

21.

Pide a la Comisión que, con miras al buen funcionamiento del flujo de información, presente al Parlamento regularmente, y nunca con una frecuencia inferior a uno cada tres años, un informe en el que se analicen los puntos fuertes y débiles de los acuerdos en vigor; considera que, sobre la base de dicho informe, el Parlamento podrá valorar eficientemente futuros acuerdos;

22.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/9

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Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular los artículos relativos a la investigación,

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Vista la Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea (que a raíz del Tratado de Lisboa ha pasado a ser de la Unión Europea) para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) (1),

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Visto, en particular, el artículo 7 de dicha Decisión relativo al seguimiento, la evaluación y la revisión del Séptimo Programa Marco,

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Visto el artículo 182, apartado 2, del TFUE sobre la adaptación del programa marco en función de la evolución de las situaciones,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de febrero de 2011, titulada «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la respuesta al informe del Grupo de Expertos sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración y al informe del Grupo de Expertos sobre la evaluación intermedia del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido» (COM(2011)0052),

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Vistas las conclusiones de la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación (7o PM), incluido el Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido, de la 3 074a sesión del Consejo Competitividad (Mercado Interior, Industria, Investigación y Espacio) del Consejo de la Unión Europea de 9 de marzo de 2011,

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Visto el informe final del Grupo de Expertos sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco, de 12 de noviembre de 2010,

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Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre la simplificación de la ejecución de los programas marco de investigación (2),

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Visto el informe del Grupo de Expertos titulado «Evaluación del Sexto Programa Marco para la investigación y el desarrollo tecnológico 2002-2006», de febrero de 2009,

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Visto el informe del Grupo de Expertos titulado «Hacia una investigación de vanguardia de calidad mundial: Revisión de las Estructuras y Mecanismos del Consejo Europeo de Investigación», de 23 de julio de 2009,

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Visto el informe del Grupo de Expertos independientes titulado «Evaluación intermedia del Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido», de 31 de julio de 2010,

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Visto el informe del Grupo de Expertos «Primera evaluación intermedia de la Empresa Común para la iniciativa sobre medicamentos innovadores», de 20 de diciembre de 2010,

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Visto el informe del Grupo de Expertos titulado «Primera evaluación intermedia de las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas Artemis y ENIAC», de 30 de julio de 2010,

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Visto el informe del Grupo de Expertos titulado «Evaluación intermedia del programa conjunto en el ámbito de la Vida Cotidiana Asistida», de diciembre de 2010,

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, adoptado en la sesión plenaria de los días 27 y 28 de enero de 2011, sobre la simplificación de la ejecución de los programas marco de investigación,

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Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la aplicación de las sinergias entre los fondos asignados a la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) no 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, en las ciudades y regiones, así como en los Estados miembros y en la Unión (3),

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Visto el Informe Especial no 9/2007 del Tribunal de Cuentas Europeo,de 22 de noviembro de 2007, titulado «La evaluación de los programas marco de investigación y de desarrollo tecnológico (IDT) de la UE - ¿Podría mejorarse el enfoque de la Comisión?»,

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Visto el Informe Especial no 8/2009 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a las redes de excelencia y los proyectos integrados en la política de investigación comunitaria,

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Visto el Informe Especial no 2/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo, relativo a la eficacia de los regímenes de apoyo «Estudios preliminares» y «Construcción de nuevas infraestructuras» pertenecientes al Sexto Programa Marco de Investigación,

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Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Simplificar la ejecución de los programas marco de investigación», de 15 de septiembre de 2010,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A7-0160/2011),

A.

Considerando que el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (7 PM) es el instrumento más amplio de apoyo a la investigación a escala mundial y constituye la principal herramienta de la política de investigación de la Unión Europea,

B.

Considerando la necesidad de tener en cuenta los cambios derivados de la revisión intermedia del 7o PM debida a los numerosos cambios ocurridos desde su negociación y adopción en 2006 (nuevas instituciones, nuevas instancias políticas, crisis económica), así como la importancia de los importes financieros disponibles hasta su conclusión,

C.

Considerando que el Tratado de Lisboa introduce la consecución del Espacio Europeo de Investigación como un medio específico de la política europea,

D.

Considerando que la Estrategia Europa 2020 convierte la investigación y la innovación en un elemento central para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,

E.

Considerando que la investigación es el proceso por el que el poder económico se transforma en conocimiento, mientras que la innovación es el proceso inverso, de transformación del conocimiento en poder económico,

F.

Considerando que la UE y sus Estados miembros deben dotarse de los medios para proporcionar una respuesta común a los grandes retos sociales, económicos, medioambientales y éticos a los que se enfrentan los pueblos de Europa, como el envejecimiento demográfico, la salud, el suministro de alimentos, el desarrollo sostenible, los grandes retos medioambientales, etc., y que estas respuestas deben motivar a las personas a asumir una mayor responsabilidad por sus acciones,

G.

Considerando que la inversión en I+D+i constituye la mejor respuesta posible a largo plazo a la crisis económica y financiera actual, de modo que la UE pueda convertirse en una sociedad del conocimiento competitiva a escala mundial,

H.

Considerando que Europa compite con potencias económicas como China, la India, Brasil, Australia, los Estados Unidos de América y Rusia y que nuestra capacidad de unir y coordinar nuestros esfuerzos, en especial en investigación, entre la Unión Europea y los Estados miembros condiciona en gran medida nuestra competitividad económica y, por lo tanto, la posibilidad de financiar nuestras ambiciones sociales y el respeto de nuestros compromisos en materia de bienestar de los ciudadanos europeos y protección del medio ambiente,

I.

Considerando que el gasto en I+D en Europa es bajo con respecto a otras potencias mundiales, debido, entre otras razones, a la falta de condiciones marco favorables a la inversión privada y a la innovación; que no se ha demostrado plenamente el atractivo del 7o PM para el sector industrial y el aprovechamiento de la investigación en beneficio de la economía; que, más allá de los importes, se revela también claramente la necesidad de una mejor coordinación y cofinanciación entre la Unión, los Estados miembros y las regiones, en el pleno respeto de las especificidades y opciones éticas formuladas por los Estados miembros,

J.

Considerando que solo un número bastante reducido de inversiones públicas en I+D+i se benefician de una colaboración europea,

K.

Considerando que es indispensable una mejor relación entre el mundo académico, el investigador y el industrial para permitir una mejor transformación de los resultados de la investigación en productos y servicios que generen crecimiento económico y beneficien a la sociedad en su conjunto,

L.

Considerando que el 7o PM debería inspirarse en los mismos principios generales que el Espacio Europeo de Investigación,

M.

Considerando que, de los 54 600 millones de euros del programa, 25 800 se han comprometido en los cuatro primeros años (2007 a 2010), es decir, 6 500 millones al año de media, y que faltan por asignar 28 800 millones en los últimos tres años (2011 a 2013), es decir, 9 600 millones al año de media,

N.

Considerando que los años 2011 a 2013 son años frágiles que requieren una atención especial inmediata en términos de factores de competitividad y cohesión social, entre los que la investigación y la innovación son esenciales,

O.

Considerando que la complejidad de la gestión administrativa, la elevada burocracia, la falta de transparencia, la ineficiencia y los retrasos injustificados siguen siendo los grandes defectos del 7o PM que disuaden a los investigadores, a la industria y a las PYME a la hora de participar en el programa, por lo que una de las principales prioridades debe ser lograr un salto cualitativo en la simplificación,

P.

Considerando que el objetivo de participación de un 40 % de mujeres investigadoras en el 7o PM es ambicioso y acertado; que la participación femenina actual entre los investigadores de los proyectos de investigación del 7o PM es tan solo del 25,5 %,

1.

Se felicita de la calidad de los informes de los expertos sobre la evaluación intermedia del 7o PM y del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido en relación con la calidad de las acciones, la aplicación y los resultados obtenidos, y ello a pesar del carácter general del mandato atorgado a los grupos de expertos; señala, sin embargo, que la evaluación no se ha ocupado del conjunto global que forman las acciones de los Estados miembros y las de la Unión;

2.

No se explica el retraso acumulado por la Comisión, que ha publicado su Comunicación el 9 de febrero de 2011, a pesar de tener la obligación de hacerlo a más tardar en 2010, y lamenta la debilidad de la Comunicación de la Comisión vistos los desafíos actuales, en particular la situación actual de crisis económica, los importes que quedan por asignar en el marco del 7o PM, etc.;

3.

Pide a la Comisión que haga un seguimiento, en particular, de las diez recomendaciones específicas realizadas por el grupo de expertos;

4.

Resalta la relatividad de las conclusiones extraídas de la evaluación intermedia, dado que la mayoría de los fondos del 7o PM todavía no se han asignado, algunos proyectos iniciados todavía están en curso y otros, financiados en el marco del 7o PM, se desarrollarán más allá de su periodo de vigencia;

5.

Opina que, a pesar de que Europa sigue encontrándose por detrás de los Estados Unidos y está perdiendo el liderazgo que ostentaba en relación con las economías emergentes, los resultados logrados por el 7o PM parecen demostrar un valor añadido europeo en materia de I+D en Europa; pide, no obstante, a la Comisión que incremente sus esfuerzos para informar sobre los buenos resultados a los Estados miembros, a la comunidad científica y a los ciudadanos europeos;

6.

Lamenta la inexistencia de un método de evaluación del avance de los conocimientos científicos derivado de los proyectos financiados por el 7o PM;

7.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen sus esfuerzos de comunicación en relación con el 7o PM (incluido el uso de las nuevas tecnologías, como, por ejemplo, los servicios inteligentes de información sobre investigación), facilitando el acceso a la información sobre participación, anunciando los retos futuros en materia de investigación y difundiendo los resultados de la investigación; respalda las iniciativas de la Comisión para promover el acceso libre a los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, cuando sea pertinente y viable en relación con los derechos de propiedad intelectual;

8.

Expresa su satisfacción ante el nivel de participación y la excelencia en la selección de los proyectos; lamenta, no obstante, que el porcentaje de éxito de este programa siga siendo, en general, bastante bajo y disuasorio a la hora de presentar solicitudes, en especial para las PYME, que desempeñan una función importante en la transformación de los resultados de la investigación en productos y servicios; considera que está situación podría mejorar con la simplificación de las normas administrativas y financieras y mediante proyectos y procedimientos que respondan mejor a las necesidades de las PYME;

9.

Constata que la multiplicación de los objetivos y de los temas tratados y la diversificación de los instrumentos han ampliado el alcance del 7o PM y reducido su capacidad al servicio de un gran objetivo europeo preciso;

10.

Aprueba que se refuerce el programa específico «Cooperación», que sigue siendo pertinente ante los retos científicos y tecnológicos actuales; destaca su función en el desarrollo de una masa crítica de I+D+i que no podría conseguirse igualmente a escala nacional/regional, lo que demuestra el valor añadido europeo; considera que la investigación cooperativa transnacional debe seguir siendo una prioridad; recomienda la aplicación de la acción «Tecnologías futuras y emergentes» y la generalización de las «hojas de ruta» en todos los temas; pide una mayor flexibilidad a la hora de decidir los temas de las convocatorias, los umbrales y los límites máximos de financiación que distinguen los proyectos grandes de los pequeños; subraya que el actual programa «Cooperación» es demasiado limitado y que los temas son a menudo demasiado específicos para abordar los grandes retos sociales; recomienda que el próximo programa marco prevea convocatorias con un ámbito temático más amplio;

11.

Recalca que también se necesitarán perspectivas interdisciplinarias más amplias para abordar de manera efectiva los crecientes problemas sociales; subraya que las ciencias sociales y las humanidades desempeñan una función esencial a la hora de responder a los grandes retos a los que se enfrenta la UE; lamenta que la gran especificidad y limitación de las convocatorias del capítulo «Cooperación» relativas a las ciencias socioeconómicas y humanas dificulten en gran medida las nuevas investigaciones y las innovaciones en este terreno;

12.

Propone que, con el fin de cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la investigación que reciba apoyo del 7o PM se centre en afrontar los problemas más acuciantes de la UE en los sectores identificados en el capítulo «Cooperación» del 7o PM: salud (incluidas la investigación clínica y preventiva y las tecnologías médicas), alimentación y biotecnología (incluida la seguridad alimentaria), TIC, nanociencias y nanotecnologías, energía (incluidos la eficiencia energética, las redes inteligentes, las energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono (CAC), el Plan EETE y el uso de biogás), medio ambiente (incluidos el cambio climático, el agua, el suelo, los bosques y las selvas), transporte sostenible, ciencias socioeconómicas y humanidades, espacio y seguridad;

13.

Propone que se refuerce la investigación cooperativa, como las actividades financiadas en el programa específico «Cooperación»; pide que se creen proyectos de pequeña y mediana escala y consorcios de socios que permitan una coordinación eficaz, además de reforzar la excelencia científica; hace hincapié en que el enfoque de la investigación cooperativa debe seguir siendo el elemento central del Programa Marco;

14.

Expresa su satisfacción, en el apartado «Ideas», por los prometedores resultados obtenidos por el Consejo Europeo de Investigación (CEI) y por su papel de intentar reforzar la visibilidad y el atractivo de la investigación europea; lamenta la falta de participación y compromiso del sector privado en el CEI; pide a la Comisión que aumente la financiación del CEI (lo que aumentará también el porcentaje de éxito), así como que valore las opciones para mejorar aún más sus estructuras y mecanismos, como la conversión del CEI en una persona jurídica independiente dotada de poder de decisión y directamente responsable de su estrategia científica y de su gestión administrativa, lo que se podría utilizar también como piloto para lograr una mayor independencia de otros organismos de financiación de I+D e innovación; apoya una mayor transparencia en el proceso de nombramiento del Consejo Científico y en la composición de los grupos de evaluación; recomienda que el CEI mantenga el apoyo firme a los científicos de excelencia a nivel individual; pide, no obstante, al CEI que contemple también la posibilidad de respaldar los proyectos en equipo, siempre y cuando estos proyectos se constituyan mediante procesos de enfoque ascendente;

15.

Defiende, en el marco del capítulo «Personas», las acciones Marie Curie, que son de gran valor para la carrera de los investigadores, garantizan la investigación ascendente individualizada dentro de una amplia variedad de temas, detienen la «fuga de cerebros» y hacen las carreras más atractivas para jóvenes investigadores muy prometedores tanto de Europa como de terceros países; recomienda, a la vista del elevado número de solicitudes, que se dé continuidad al programa Marie Curie con mayores recursos dentro del 7o PM para aumentar las posibilidades de movilidad de los investigadores y los estudiantes de doctorado (también entre el mundo académico y el sector privado o entre Estados miembros, introduciendo, por ejemplo, un sistema de bonos de investigación con fondos que sigan a los investigadores); considera, sin embargo, que, en el marco de las acciones Marie Curie, es también posible simplificar el número de acciones; lamenta que la mayor parte de la labor científica llevada a cabo en la UE se siga desarrollando en condiciones de trabajo precarias;

16.

Considera que con el fin de aumentar los recursos humanos dedicados a la investigación en Europa es necesario hacer más atractivas las carreras profesionales en este ámbito, eliminando los obstáculos administrativos y reconociendo el mérito, el tiempo de formación y el trabajo en cualquier centro de investigación; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que, a tal fin, pongan en marcha un sistema común para evaluar la excelencia y la trayectoria profesional de los investigadores, así como para evaluar los resultados de las universidades; reitera la importancia de invertir en educación, formación y desarrollo de competencias, así como de complementar los vínculos entre educación, investigación e innovación;

17.

Permanece escéptico frente a la heterogeneidad de los objetivos del capítulo «Capacidades» y de las dificultades que se derivan de esta, en especial en cuanto a la cooperación internacional y a los avances en las principales infraestructuras de investigación (ESFRI); considera que hay una clara necesidad de acciones en favor de las PYME y de las PYME innovadoras y pide a la Comisión que, al menos, preserve estas acciones y el presupuesto correspondiente, al mismo tiempo que adopta medidas para mejorar su aplicación; estima que los proyectos «Infraestructuras» ERA-Net, ERA-Net+ y las iniciativas basadas en el artículo 185 cumplen su función de tratar de estructurar el Espacio Europeo de Investigación (EEI);

18.

Reconoce que las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC) son útiles para la competitividad de la industria europea; lamenta los obstáculos jurídicos y administrativos (personalidad jurídica, normas financieras y en algunos casos también la propiedad intelectual), que pueden disuadir a un gran número de agentes de investigación y PYME de participar; lamenta asimismo la heterogeneidad de las estructuras jurídicas y de gobierno y los elevados costes de funcionamiento propios de la puesta en marcha de las ITC; pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones una vez que han acordado cofinanciar las ITC; pide a la Comisión que simplifique las normas y porcentajes de financiación para las categorías similares de participantes en todas las ITC que siguen el modelo del 7o PM, incluida la cofinanciación nacional; pide participar más estrechamente en la supervisión política de estos instrumentos, en particular para garantizar un equilibrio adecuado de la participación y de las actividades; subraya que estas iniciativas no deben dar lugar a la externalización de la financiación pública y deben mantenerse dentro de los límites legales relativos a la ayuda estatal y la precompetencia;

19.

Pide a la Comisión que facilite al Parlamento una información clara y detallada sobre el funcionamiento de las ITC, indicando en cada caso su estatuto jurídico, las personas que componen el consejo de administración, y las actividades realizadas;

20.

Reconoce el recurso más sistemático a convocatorias de propuestas extremadamente abiertas (enfoque ascendente) para garantizar una capacidad a largo plazo de la investigación; subraya la necesidad, no obstante, de mantener el equilibrio entre los dos enfoques (ascendente y descendente), cada uno de los cuales responde a necesidades específicas; hace hincapié en la necesidad de consultar y trabajar en conjunto con los investigadores, la industria y los agentes de la sociedad civil, con objeto de establecer los programas de investigación;

21.

Teniendo especialmente en cuenta la Estrategia Europa 2020 y el objetivo del «crecimiento inteligente», es necesario identificar ámbitos comunes de investigación entre los más prometedores en materia de aplicaciones concretas y que permitan el mayor consenso posible desde el punto de vista ético; señala que dichos ámbitos podrían ser objeto de una plataforma común de investigación, financiada por la UE y respaldada por una red común de intercambio de datos, que debería considerarse relevante y de interés primordial;

22.

Lamenta el hecho de que la financiación de la investigación aún se encuentre muy fragmentada en Europa, con múltiples fuentes de financiación nacionales y europeas, que aplican prioridades, criterios de evaluación, definiciones y procedimientos diferentes, dando lugar a solapamientos innecesarios, confusiones, errores y falta de masa crítica; pide a la Comisión y al Consejo que incluyan entre las prioridades de la agenda las cuestiones relativas a la cooperación y la coordinación entre los diferentes programas de la UE y de los Estados miembros; pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis para articular mejor las acciones europeas y las nacionales, incluidas la posible coordinación en las fases de elaboración de las convocatorias y evaluación de los proyectos, así como la identificación de las normas o legislaciones nacionales que dificultan o complican la gestión financiera de los proyectos de cooperación internacional en materia de investigación; pide que las convocatorias de propuestas, incluidas las de julio de 2011, se pongan en marcha en colaboración con los Estados miembros sin duplicar ni competir con las iniciativas nacionales sino completándolas; considera, en este sentido, que debe reforzarse el sistema ERA-Net, que constituye la base para la coordinación entre los programas o las empresas conjuntas, como herramienta para apoyar la excelencia y el desarrollo de criterios para los indicadores de calidad; propone que el 7o PM se sume a los esfuerzos de los agentes que gestionan los programas nacionales participantes en la programación conjunta para hacer que los programas marco de I+D evolucionen de una lógica de gestión de proyecto a una de gestión de programa, sin descuidar por ello la gestión de los proyectos pequeños; considera que, para que la programación conjunta tenga éxito, los proyectos deben seleccionarse sobre la base de la excelencia y estar adaptados a las características de cada sector, el papel de coordinación de la Comisión debe reforzarse y los Estados miembros participantes deben cumplir sus compromisos financieros; pide que los tres últimos años del 7o PM se consagren a la contribución a la estructuración del Espacio Europeo de Investigación;

23.

Expresa su escepticismo sobre el hecho de que a menudo exista la posibilidad de financiar una única propuesta por convocatoria, hecho que conduce a un derroche de los fondos invertidos para preparar y valorar las propuestas excelentes y a no financiar las ideas excelentes; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de financiar las propuestas investigadoras excelentes que no hayan sido elegidas, a través de un presupuesto complementario de investigación en el participarían los Estados miembros, los fondos regionales y los Fondos Estructurales y el sector privado;

24.

Resalta la importancia de las acciones directas del Centro Común de Investigación y su contribución al desarrollo sostenible, la competitividad y la seguridad de la energía nuclear;

25.

Reconoce la importancia del proyecto BSI (Black Sea Interconnection) en lo relativo a la creación de una red regional de investigación y educación en la extensa región del mar Negro, así como la conexión de esta al GEANT e invita a la Comisión a continuar apoyando los proyectos de investigación en la región del mar Negro, entre los cuales están HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN y BSRN;

26.

Pide a la Comisión que garantice en el marco del 7o PM y del futuro marco financiero, un nivel adecuado de financiación para las aplicaciones y servicios del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS);

27.

Subraya que todas las investigaciones realizadas en el marco del 7o PM deben llevarse a cabo de conformidad con los derechos fundamentales tal como se expresan en la Carta Europea; insta, por lo tanto, a la Comisión a que dé a conocer de manera inmediata todos los documentos relacionados con Indect (un proyecto de investigación financiado por el 7o PM destinado a desarrollar un sistema de observación automático para un seguimiento constante de sitios web, cámaras de vigilancia y sistemas informáticos individuales) y a que defina un claro y estricto mandato para el objetivo de investigación, la aplicación y los usuarios finales de Indect; subraya que, hasta que se proceda a una investigación detallada sobre los posibles impactos sobre los derechos fundamentales, Indect no debe recibir fondos del 7o PM;

28.

Subraya el hecho de que aparentemente la industria no presenta índices de participación superiores respecto a los programas marco precedentes, en especial en el capítulo «Cooperación»; pide, por tanto, a la Comisión un análisis detallado sobre la capacidad de este capítulo para impulsar las inversiones del sector privado;

29.

Considera que los procedimientos basados en convocatorias competitivas para elegir socios adicionales deben fundamentarse en la premisa básica de que las empresas y los investigadores participantes son los que tienen el conocimiento más profundo del proyecto y de cuáles son los socios que más necesitan y que, en lugar de obligarles a seguir las listas de clasificación de los expertos en evaluación, la Comisión debe evaluar una justificación escrita de la elección del consorcio;

30.

Celebra los resultados del 7o PM en beneficio de las PYME, en lo que se refiere a las medidas de apoyo a las PYME en el capítulo «Capacidades», el programa Eurostars y el objetivo del 15 % establecido en el capítulo «Cooperación»; pide, con vistas a facilitar la participación de las PYME, que se publiquen más convocatorias no temáticas para las PYME, abriendo más a menudo las convocatorias para actividades específicas de las PYME (o manteniendo una convocatoria abierta permanentemente), simplificando las normas (incluidas las normas para el programa Eurostars) y reduciendo los plazos de la concesión de subvenciones; recomienda que las PYME participen más activamente en el proceso de explotación de los resultados obtenidos;

31.

Cree que debería incentivarse la participación de científicos jóvenes en los equipos de proyecto dentro del contexto de las actividades de investigación cooperativa llevadas a cabo por la industria y las organizaciones científicas; pide que la Comisión y los Estados miembros adopten medidas concretas para reforzar la participación de los jóvenes investigadores en los programas marco; pide a la Comisión que utilice la revisión intermedia del Séptimo Programa Marco para fomentar la contratación de científicos jóvenes, diseñando las normas y modos de participación de tal forma que se dedique una proporción sustancial de la financiación a la contratación de jóvenes investigadores;

32.

Observa con preocupación la participación relativamente modesta de algunos Estados miembros en el 7o PM, lo que no contribuye a la cohesión territorial ni al desarrollo equilibrado en Europa; opina que una mejor coordinación, coherencia y sinergia del 7o PM con los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, así como una mejor utilización del programa «Personas», podría mejorar la participación de los Estados miembros que están menos representados; considera que, con una utilización de los Fondos Estructurales para mejorar la infraestructura de investigación y fomentar la creación de capacidades en investigación e innovación, todos los Estados miembros pueden alcanzar un nivel de excelencia más elevado (escalera hacia la excelencia); se congratula, por lo tanto, de la creación del Grupo de Expertos en Sinergias (SEG), que tiene por cometido crear sinergias entre el 7o PM, los Fondos Estructurales y el PIC; subraya, no obstante, la absoluta necesidad de distinguir entre los criterios para el 7o PM y para los Fondos Estructurales, pues el principio de excelencia (gestionado y coordinado exclusivamente por la Comisión) debe prevalecer en la asignación de la financiación del 7o PM garantizando así el máximo valor añadido a la I+D+i en Europa; señala con satisfacción que, para el periodo 2007-2013, en el ámbito del Fondo de Cohesión se asignaron 86 000 millones de euros a apoyo a la innovación (25 % del importe total), de los que 50 000 millones de euros se asignaron a investigación básica y desarrollo tecnológico, lo que corresponde al presupuesto total del 7o PM; subraya la importancia de la dimensión territorial de la I+D, por lo que habrán de tenerse en cuenta las necesidades específicas y las capacidades de los territorios cuando se diseñen las políticas («especialización inteligente»); considera crucial, por lo tanto, la participación de las autoridades regionales y locales en el refuerzo de la capacidad de investigación e innovación de su región; recomienda que los fondos actualmente no desembolsados que quedan en el presupuesto de la UE hasta finales de 2013 y los programados para el periodo 2014-2020 se orienten todavía más hacia la innovación, la ciencia y la investigación, tanto en términos de recursos humanos como de desarrollo e infraestructuras;

33.

Acoge con satisfacción los avances constantes, aunque tímidos, hacia una participación más equilibrada desde el punto de vista de la perspectiva de género en el 7o PM, ya que la diversidad es importante para la creatividad y la innovación; señala que las mujeres tienden a trabajar en proyectos y tareas de investigación de menor magnitud y notoriedad y que parece existir un «techo de cristal» muy problemático para las mujeres investigadoras, lo que da lugar a que, a medida que se asciende en el escalafón, la proporción de mujeres investigadoras disminuya, como lo muestra también el reducido número de mujeres investigadoras seleccionadas para las becas del CEI destinadas a investigadores experimentados; está de acuerdo en que las medidas destinadas a fomentar la participación femenina deben reforzarse a través de los ciclos de vida de los proyectos (con especial atención a unos horarios de trabajo flexibles, mejores servicios de guardería, prestaciones de seguridad social y permiso parental), y en que la Comisión debe reforzar su enfoque para promover la participación de mujeres científicas y proponerse empujar a los Estados miembros a que aborden la desigualdad de género; subraya que debe aplicarse de forma sensible el objetivo del 40 % de participación femenina en el programa y los comités consultivos; pide a la Comisión que cree un comité intersectorial para el seguimiento y el asesoramiento sobre la representación de las mujeres investigadoras y que elabore un plan de acción en materia de género según lo recomendado por la evaluación ex post del 6o PM; pide a las universidades y a las instituciones de la UE que promuevan la ciencia como un ámbito interesante para los dos sexos desde las primeras etapas de la educación, promoviendo a las investigadoras como modelos a seguir;

34.

Pide que se reconozca a nivel regional la importante función que desempeñan las organizaciones intermediarias (tales como las cámaras de comercio, la red Enterprise Europe Network y los organismos regionales de innovación) como enlaces entre las PYME innovadoras en cada región y la Comisión;

35.

Considera que los programas deben estar abiertos a los socios internacionales; subraya que el principio básico debe ser que todos los programas estén abiertos también a la financiación procedente de grupos extranjeros (teniendo en cuenta las competencias específicas); rechaza la idea de que la Comisión está en mejores condiciones que los investigadores para determinar la elección de los socios de la cooperación;

36.

Considera que el 7o PM debe afirmar sus prioridades en materia de cooperación internacional; opina que la selección de países y temas objetivo de las acciones de cooperación internacional debe llevarse a cabo en colaboración con los Estados miembros con el fin de asegurar las complementariedades de estas acciones con todas las partes interesadas; reafirma, no obstante, que debe prestarse atención a la cooperación con los países en desarrollo;

37.

Considera que el nivel de financiación del 7o PM, que es creíble y necesario, debe al menos mantenerse con objeto de responder a los grandes retos sociales y recuerda que la inversión en I+D+i es una inversión a largo plazo y constituye un elemento determinante que permite alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

38.

Considera que el gasto del 7o PM, así como la orientación general de la investigación debe ajustarse en la medida de lo posible a los objetivos políticos generales establecidos en la Estrategia Europa 2020; considera que el progreso científico en los grandes retos requiere un compromiso de financiación a medio y largo plazo de los instrumentos que apoyan la investigación fundamental y la colaboración con la industria y otros socios externos;

39.

Subraya el papel fundamental de las infraestructuras de investigación y hace hincapié en que su desarrollo y financiación (basados en la lista ESFRI y que incluyen el suministro de equipos e instrumentos de laboratorio, así como su mantenimiento) deben coordinarse mejor y ser cofinanciados por el 7o PM, los instrumentos del BEI, los Fondos Estructurales y las políticas nacionales y regionales; considera que debe evitarse la duplicación de las infraestructuras de investigación en los distintos Estados miembros y que debe aumentarse el acceso libre y basado en la excelencia a las infraestructuras de investigación; pide que se desarrollen esfuerzos para impulsar las infraestructuras de investigación en el marco del 7o PM, especialmente donde haya el mayor margen de valor añadido a nivel europeo;

40.

Considera que los beneficiarios de la financiación de las infraestructuras de investigación deben justificar claramente su papel y su uso de los equipos, laboratorios y personal investigador y técnico; considera, en este sentido, que debe crearse un sistema de supervisión e inspección que compruebe el cumplimiento de los acuerdos;

41.

Pide a los Estados miembros y a la UE que respeten sus compromisos financieros, incluidos los compromisos de las actuaciones derivadas de los artículos 185 y 187, en el marco de los acuerdos internacionales en el ámbito de la investigación;

42.

Pide a la Comisión —en vista del objetivo de dedicar el 3 % del PIB a investigación y desarrollo tecnológico para 2020 y reconociendo que la investigación y la innovación proporcionan el único camino seguro para la recuperación económica en la UE— que considere la posibilidad de establecer un nivel intermedio vinculante de financiación para la investigación y el desarrollo tecnológico que represente alrededor del 1 % del PIB en 2015;

43.

Observa un reforzamiento de la dimensión «innovación» en los programas de trabajo futuros; opina que, para que los programas de investigación e innovación tengan un impacto claro en el mercado y en la sociedad, deben concebirse acciones que permitan el aprovechamiento y la comercialización óptimos de los resultados de la investigación, por ejemplo, abordando el potencial de comercialización de los resultados de la investigación en convocatorias específicas o en criterios de evaluación en ámbitos particulares; pide a la Comisión que empiece a financiar proyectos piloto, de demostración y de pruebas de concepto antes de que finalice el 7o PM y que estudie un sistema de financiación para recompensar proyectos fructíferos y respaldar su introducción en el mercado para complementar la financiación inicial actual; considera asimismo, en este sentido, que es necesaria una coordinación más estrecha entre el 7o PM, el PIC y los Fondos Estructurales;

44.

Señala que si se estructura el 7o PM en ciencia para la ciencia, ciencia para la competencia y ciencia para la sociedad, se corre el riesgo de pasar por alto la transición gradual entre investigación fundamental, investigación aplicada e innovación; subraya que se ha de garantizar que unas estructuras inflexibles no bloqueen el buen desarrollo de los proyectos integrados;

45.

Considera que el 7o PM y el futuro 8o PM deben contribuir en mayor medida a desarrollar la industria europea y pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la investigación aplicada;

46.

Subraya, aun reconociendo que el 7o PM tiene fundamentalmente por objeto la investigación y el desarrollo tecnológico, la importancia de concebir los programas y las políticas de la UE de tal forma que se aprovechen al máximo las sinergias en el conjunto de la cadena de valor de la I+D (desde la investigación y la educación, a través de la innovación, hasta la creación de empleo); considera que esta es la única forma de alcanzar los objetivos establecidos en la «Unión por la innovación» y de acelerar la transformación de Europa en una sociedad basada en el conocimiento; pide, en este sentido, aun congratulándose por el desarrollo actual de un cuadro de indicadores de innovación, una definición amplia de innovación (incluida la innovación no tecnológica y la impulsada por los trabajadores) y el desarrollo de modelos, metodologías e instrumentos más eficaces para medir y fomentar la innovación, por ejemplo, mediante la contratación pública, el establecimiento de normas y la ingeniería financiera;

47.

Reconoce que las plataformas tecnológicas europeas, las ITC y las APP contribuyen a una mayor participación del sector industrial y pide su consolidación en futuros programas; subraya la necesidad de garantizar unas normas de participación (incluidas las normas de propiedad intelectual) y unos tipos de financiación (incluidos los tipos de financiación para los costes indirectos) adecuados, así como que se lleven a cabo esfuerzos para lograr una mayor simplificación, a fin de atraer a un mayor número de PYME, institutos públicos de investigación y organizaciones de investigación más pequeñas y, de esta forma, garantizar un mejor equilibrio en materia de acceso y participación de las partes interesadas en las ITC y las APP;

48.

Manifiesta su inquietud por la carga administrativa excesiva del 7o PM; subraya que las medidas de simplificación que no requieran un cambio de reglamentación deben aplicarse lo antes posible, respetando al mismo tiempo los principios de sencillez, estabilidad, seguridad jurídica, transparencia, excelencia y confianza, y anima a la Comisión a que explore nuevas medidas de simplificación, incluidas las contribuciones en especie de los solicitantes, así como una mayor aproximación a los métodos de cálculo y contabilidad utilizados en los sistemas de financiación nacionales; pide a la Comisión que adopte medidas urgentes para reducir significativamente el tiempo que transcurre entre la presentación de la solicitud y la concesión de la subvención, reducir los procedimientos burocráticos para la preparación, presentación y evaluación del proyecto (por ejemplo, mediante la utilización de un portal de la UE para las solicitudes, basado en el modelo equivalente de los EE.UU.), reducir el número de informes periódicos sobre la situación financiera y los documentos de auditoría por periodo de notificación, y encontrar un mejor equilibrio entre el riesgo de la investigación y el control; subraya que la cultura de aversión al riesgo de la financiación de la investigación de la UE impedirá la financiación de ideas de investigación de alto riesgo con el más alto potencial de avance y propone, por consiguiente, la adopción de un enfoque basado en la confianza con mayor tolerancia del riesgo y del fracaso, en lugar de un enfoque puramente basado en los resultados que podría obstaculizar la investigación innovadora; recomienda simplificar la interpretación y aclarar la definición de los costes subvencionables; sostiene la propuesta de revisión del Reglamento financiero para simplificar los procedimientos, y pide la revisión y/o la interpretación extensiva del Estatuto de los funcionarios de la UE sobre la cuestión de la responsabilidad personal; aboga por normas de procedimiento más precisas, coherentes y transparentes para las auditorías, utilizando menos la recogida aleatoria de muestras y más unos criterios realistas, como la experiencia de los participantes y el historial de errores y conformidad con las normas;

49.

Reitera la importancia de la instauración, sin demora, de medidas de simplificación del procedimiento, la administración y la financiación en la gestión actual del 7o PM, que el Parlamento señala en su Resolución de 11 de noviembre de 2010; acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de 24 de enero de 2011 por la que introduce tres medidas de simplificación, así como la creación de un sistema único de registro; pide a la Comisión que aplique rápidamente estas medidas de manera uniforme y que estudie si aún es posible introducir medidas de simplificación adicionales; lamenta los serios problemas de interpretación y la inseguridad jurídica para los participantes del 7o PM y reitera su voluntad de que los litigios actualmente en curso entre la Comisión y los beneficiarios en todos los programas marco se resuelvan rápidamente respetando el principio de una gestión seria de los fondos públicos; pide a la Comisión que permita que los beneficiarios consulten al Comité de clarificación para la investigación durante o después de un proyecto para aclarar las cuestiones relacionadas con el cálculo de los costes, las reglas de participación y las auditorías, incluidas las auditorías ex-post; subraya la necesidad de preservar lo que funciona bien y de solo cambiar las reglas que deben ser adaptadas;

50.

Pide medidas para disminuir el tiempo para la concesión de subvenciones con vistas a mejorar en una determinada proporción el porcentaje de las subvenciones firmadas en menos de ocho meses en 2011 y el de las firmadas en menos de seis meses durante el resto del periodo;

51.

Acoge positivamente las recomendaciones de recortar los tiempos de adjudicación y pide una evaluación de los instrumentos ya existentes antes de la creación de nuevos instrumentos en el marco del 7o PM;

52.

Propone que la Comisión ayude a las entidades públicas a mejorar sus sistemas de gestión mediante la realización de evaluaciones sin consecuencias económicas que permitan extraer a dichas entidades un conjunto de actuaciones de mejora de su gestión de proyectos mediante su implementación en un plazo concreto inferior a un año;

53.

Considera que el IFRC ha desempeñado un papel de incentivo importante en términos tanto cualitativos como cuantitativos a la hora de aumentar las inversiones en I+D+i en un momento de crisis en el que el sector bancario ya no estaba dispuesto a ejercer dicho papel, que se saldó, en los primeros años, con 8 000 millones de euros de préstamos que generaron más de 20 000 millones de euros de inversión;

54.

Expresa, sin embargo, su preocupación en vista de las cantidades irrisorias asignadas a las infraestructuras de investigación, a las universidades y organizaciones de investigación y a las PYME, en especial las PYME innovadoras, así como en vista de la existencia de un desequilibrio geográfico y sectorial notable en los créditos concedidos; apoya, por lo tanto, las recomendaciones concretas del Grupo de Expertos destinadas a mejorar la participación de determinados grupos objetivo que están menos representados, y hace suyas las Conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, en particular su llamamiento para que se exploren todas las opciones posibles con vistas a la valorización de los derechos de propiedad intelectual a nivel europeo, en particular, para facilitar el acceso de las PYME al mercado del conocimiento;

55.

Lamenta que los proyectos del IFRC solo se estén ejecutando en 18 países de la UE y dos países asociados, y que las PYME, las universidades/organismos de investigación y los centros de investigación estén actualmente insuficientemente representados en el IFRC; pide a la Comisión que evalúe los motivos por los que los otros nueve Estados miembros de la UE no han utilizado este nuevo instrumento, que ha demostrado contribuir de manera decisiva a aumentar la financiación para I+D+i y garantizar la participación de todos los países interesados;

56.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que investiguen la publicidad sobre la disponibilidad de los préstamos del IFRC a nivel de los Estados miembros y que garanticen que los participantes potenciales dispongan de suficiente información y asistencia para acceder a los préstamos del IFRC, especialmente en aquellos Estados miembros cuya moneda no es el euro;

57.

Recomienda que la aplicación de este instrumento financiero innovador continúe y se intensifique en el 7o PM y en el futuro 8o PM puesto que contribuye a mejorar el acceso a la financiación e impulsa las inversiones privadas; subraya la necesidad de garantizar que estos instrumentos financieros resulten adecuados para las PYME;

58.

Pide que la utilización del 7o PM tenga en cuenta las distintas consecuencias en cada Estado miembro de la crisis económica en los años finales del programa (2011 a 2013), habida cuenta de los importes considerables (28 800 millones de euros en tres años) que quedan por programar, los objetivos que deben alcanzarse en virtud de la Estrategia Europa 2020 y la preparación de un Espacio Europeo de Investigación y de la «Unión por la innovación»; pide, en particular, el alineamiento de los objetivos del 7o PM con las estrategias de la UE sobre la eficiencia de los recursos, las materias primas y la Agenda Digital;

59.

Considera que los importes restantes no deberían desviarse de la investigación y utilizarse para otros programas o instrumentos no comprendidos en el sector de la investigación y la innovación o en los objetivos y el ámbito de aplicación del 7o PM;

60.

Destaca que es necesario mejorar, fomentar y garantizar la financiación de la investigación y el desarrollo en la Unión a través de un aumento significativo del gasto pertinente a partir de 2013; opina que este aumento de la financiación, duplicando idealmente el presupuesto, debe fomentar el crecimiento sostenible y la competencia por la vía de la excelencia; hace hincapié a ese respecto en que este aumento de fondos debe ir acompañado de un enfoque más orientado hacia los resultados, basado en el rendimiento, y de una simplificación radical de los procedimientos de financiación; apoya una mayor colaboración y cooperación entre los diferentes programas de I+DI+i de la UE, por ejemplo, bajo el título «Marco Estratégico Común de Investigación e Innovación»; considera que la continuidad del futuro programa, una vez adoptado, es importante para todas las partes interesadas;

61.

Subraya que es importante tener en cuenta la evaluación de los resultados obtenidos en cada uno de los ámbitos definidos como prioridades políticas para la financiación, y su grado de eficacia, para mejorar la evaluación de los programas futuros;

62.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/20

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Vistas la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 9 de noviembre de 2010 titulada «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales – La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE» (COM(2010)0612), y la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 7 de julio de 2010, titulada «Hacia una política global europea en materia de inversión internacional» (COM(2010)0343),

—

Vistos el estudio conjunto realizado por la Comisión y el Gobierno de Canadá titulado «Evaluación de los costes y beneficios de una asociación económica UE-Canadá más estrecha», de octubre de 2008 (1), y el informe conjunto sobre el ejercicio exploratorio UE-Canadá de 5 de marzo de 2009 (2),

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Vista la Declaración conjunta de la cumbre UE-Canadá relativa a un acuerdo de asociación económica global entre la Unión Europea y Canadá firmada en Praga el 6 de mayo de 2009 (Doc. del Consejo 09547/2009),

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Vista la Recomendación de la Comisión al Consejo, de 20 de diciembre de 2010, sobre la modificación de las directrices de negociación para un acuerdo de integración económica con Canadá con el fin de autorizar a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, sobre inversiones (SEC(2010)1577),

—

Visto el informe de la Comisión al Consejo Europeo, de 10 de marzo de 2011, titulado «Informe de 2011 sobre los obstáculos al comercio y la inversión – Comprometer a nuestros socios económicos estratégicos en la mejora del acceso a los mercados: Prioridades de actuación para eliminar los obstáculos al comercio (COM(2011)0114)»,

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Vistas sus anteriores resoluciones, y en particular la Resolución, de 22 de mayo de 2007, sobre una Europa global - Aspectos externos de la competitividad (3), la Resolución, de 19 de febrero de 2008, sobre la Estrategia de la UE para facilitar a las empresas europeas el acceso a los mercados exteriores (4), la Resolución, de 20 de mayo de 2008, sobre el comercio de materias primas y productos básicos (5), la Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre el comercio de servicios (6), la Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre el impacto de las falsificaciones en el comercio internacional (7), la Resolución, de 5 de febrero de 2009, sobre el refuerzo del papel de las PYME europeas en el comercio internacional (8), la Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre la próxima Cumbre UE-Canadá (9), la Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales (10), la Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático (11), la Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (12), la Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre Europa 2020 (13), y la Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras (14),

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Visto el Acuerdo marco de cooperación comercial y económica entre las Comunidades Europeas y Canadá y otros acuerdos bilaterales subsiguientes con Canadá (15), en particular el Acuerdo sobre la cooperación aduanera y asistencia mutua en materia aduanera (16), el Acuerdo sobre medidas sanitarias para proteger la salud pública y la sanidad animal en el comercio de animales vivos y de productos de origen animal (17), el Acuerdo sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas (18), el Acuerdo sobre seguridad en la aviación civil (19), y el Acuerdo de transporte aéreo (20),

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Visto el Acuerdo marco revisado sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (21),

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Vistos el artículo 207, apartado 3, y el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el sistema multilateral de comercio regulado establecido a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sigue representando el marco más adecuado para regular los intercambios y favorecer un comercio justo y equitativo mediante el desarrollo de normas adecuadas y el cumplimiento de tales normas,

B.

Considerando que una conclusión positiva de la Agenda de Desarrollo de Doha es de crucial importancia para un mayor desarrollo de la OMC, y que un acuerdo de este tipo no impide la celebración de otros acuerdos bilaterales que rebasen los compromisos de la OMC y sean complementarios a las normas multilaterales,

C.

Considerando que Canadá es uno de los socios más antiguos y cercanos de la UE; que es el primer país industrializado con el que la UE firmó en 1976 un acuerdo marco de cooperación comercial y económica, y que a lo largo de los años se han firmado diversos acuerdos bilaterales para facilitar unas relaciones comerciales más sólidas,

D.

Considerando que la UE es el segundo mayor socio comercial de Canadá, y que Canadá ocupa el undécimo lugar entre los socios comerciales más importantes de la UE (2009); Considerando, asimismo, que Canadá es la cuarta fuente más importante de inversión extranjera directa (IDE) en la UE, mientras que la UE es la segunda fuente más importante de IDE en Canadá (2008),

E.

Considerando que el estudio conjunto de 2008 demostró los importantes beneficios que reportaría a Canadá y a la UE la liberalización de sus relaciones comerciales bilaterales,

F.

Considerando que los sectores privados de la UE y de Canadá han brindado su fuerte respaldo a un ambicioso acuerdo económico global, y que la idea de avanzar hacia una asociación económica más estrecha entre la UE y Canadá enviaría una poderosa señal en favor del crecimiento a los inversores y las empresas de la UE y Canadá, así como a escala internacional,

G.

Considerando que existe un consenso general en la consideración de que las relaciones económicas entre la UE y Canadá no han alcanzado todavía su pleno potencial y de que un acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá puede contribuir enormemente al desarrollo y al logro de esta oportunidad, mejorando el comercio y los flujos de inversión, al tiempo que se suprimen los aranceles, los picos arancelarios y los obstáculos no arancelarios injustificados, y apoyando una cooperación más estrecha, en particular, en los ámbitos de la cooperación regulatoria, la movilidad laboral y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales,

H.

Considerando que las actuales negociaciones para un acuerdo económico y comercial global aspiran a un acuerdo muy avanzado cuyo nivel de ambición supere al de cualquier acuerdo comercial y económico negociado por la UE o Canadá hasta la fecha, que podría reforzar aún más las ya de por sí estrechas relaciones bilaterales en materia de comercio y de inversión,

I.

Considerando que la Comisión se propone integrar la protección de las inversiones en las negociaciones en curso con Canadá y ha propuesto al Consejo una modificación de las actuales directrices de negociación,

J.

Considerando que tanto la UE como Canadá han declarado que se han conseguido progresos considerables en las negociaciones sobre el acuerdo económico y comercial global, con miras a alcanzar un acuerdo a finales de 2011,

1.

Considera que el sistema de comercio multilateral, encarnado en la OMC, sigue siendo con mucho el marco más eficaz para lograr un comercio libre, justo y equitativo a escala mundial; reitera su firme apoyo a una conclusión con éxito de las negociaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo, que sigue siendo la prioridad comercial de la UE; opina que la UE y Canadá pueden contribuir conjuntamente a la conclusión con éxito de las negociaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo;

2.

Acoge favorablemente la celebración de un acuerdo con Canadá que supere los compromisos con la OMC y sea complementario a las normas multilaterales, siempre y cuando las negociaciones conduzcan a un acuerdo equilibrado, ambicioso y de alto nivel cualitativo que rebase considerablemente las reducciones arancelarias; pide que, en caso de controversias comerciales, se aplique el principio de reciprocidad en el contexto de las vías de recurso disponibles, y destaca en particular la necesidad de mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las marcas, las patentes y las indicaciones geográficas, y de obtener un acceso recíproco real a los mercados, especialmente a los mercados de servicios y de contratación pública (incluso a escala subfederal);

3.

Pide a la Comisión, como señal de buena voluntad, que retire las reclamaciones presentadas contra los requisitos sobre contenido local previstos en la Ley de Energía Verde de Ontario;

4.

Considera que el capítulo sobre la propiedad intelectual no debería afectar negativamente a la producción de medicamentos genéricos y debe respetar las excepciones ADPIC en el ámbito de la salud pública;

5.

Señala que la Comisión ha optado por un «enfoque de lista negativa» para la liberalización de los servicios, si bien considera que dicho enfoque debería constituir una simple excepción y no utilizarse como precedente para futuras negociaciones; considera que la exención del AGCS para los servicios públicos sigue siendo el instrumento más adecuado para garantizar a los ciudadanos el acceso universal a dichos servicios;

6.

Manifiesta su preocupación por la extracción continua de amianto en Canadá y sus graves consecuencias para la salud de los trabajadores; recuerda que la UE ha prohibido toda utilización, extracción, transformación y fabricación de productos del amianto; pide a Canadá que adopte medidas similares para mejorar la salud pública;

7.

Destaca, teniendo en cuenta las complementariedades de ambas economías, el potencial futuro para un aumento del comercio y las inversiones entre la UE y Canadá, así como de las oportunidades comerciales para las empresas como resultado de la aplicación del acuerdo económico y comercial global;

8.

Considera que el nivel de ambición de la Comisión en las negociaciones con Canadá debería equilibrarse con un enfoque igualmente ambicioso de desarrollo sostenible, en particular con respecto al nivel de obligaciones en el ámbito laboral, el alcance del capítulo sobre medio ambiente y la forma de abordar las cuestiones relacionadas con el Acuerdo Multilateral sobre Medio Ambiente, así como el mecanismo de aplicación correspondiente; considera, asimismo, que la Comisión debería apoyar y promover iniciativas que contribuyan a afrontar el cambio climático, promover los derechos humanos y las normas sociales y ambientales y fomentar la responsabilidad social de las empresas;

9.

Se congratula de los progresos alcanzados en las negociaciones para el acuerdo económico y comercial global, al tiempo que alienta a la Comisión a que continúe realizando consultas con las principales partes interesadas; si bien el estudio conjunto mostró beneficios potenciales considerables tanto para Canadá como para la UE, pide a la Comisión que realice cuanto antes una evaluación global del impacto sobre la sostenibilidad y que evalúe las implicaciones sectoriales previsibles y las consecuencias socioeconómicas para la UE derivadas del acuerdo final;

10.

Señala que la competencia para las relaciones UE-Canadá reside exclusivamente en el nivel federal; no obstante, habida cuenta de que incumbe a las provincias y los territorios canadienses la aplicación de las obligaciones derivadas del tratado que inciden en su jurisdicción, considera esencial y acoge favorablemente su participación en las negociaciones sobre el acuerdo económico y comercial global, al tiempo que los alienta a sincronizar las políticas y los procedimientos con miras a maximizar los potenciales beneficios; considera que el éxito de las negociaciones debe incluir compromisos explícitos de los gobiernos provinciales y territoriales;

11.

Toma nota, no sin preocupación, de que la Comisión ha propuesto al Consejo una propuesta de modificación de las directrices de negociación que autorizarían a la Comisión a negociar con Canadá en el ámbito de las inversiones sin esperar a que el Parlamento adoptara su posición sobre la futura política general de inversiones de la UE; pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta la conclusión del Parlamento Europeo sobre esta cuestión en sus negociaciones sobre las inversiones en Canadá; considera que, dado que Canadá y la UE disponen de sistemas jurídicos muy desarrollados, un mecanismo de resolución de conflictos entre Estados y el uso de vías judiciales de recurso de ámbito local constituyen los instrumentos más adecuados para abordar las controversias sobre inversiones; pide a la Comisión que se asegure de que un mecanismo potencial de resolución de conflictos entre Estados no inhiba la futura legislación en ámbitos políticos sensibles como la legislación sobre medio ambiente y se integre en requisitos más amplios como los expuestos en la Resolución del Parlamento sobre la futura política europea de inversiones internacionales;

12.

Destaca que el capítulo relativo a las inversiones debería promover inversiones de calidad que respeten el medio ambiente e incentiven las buenas condiciones laborales; pide, por otra parte, que este capítulo respete el derecho de ambas partes a la regulación, en particular en los ámbitos de la seguridad nacional, el medio ambiente, la salud pública, los derechos de los trabajadores y los consumidores, la política industrial y la diversidad cultural; pide a la Comisión que excluya del ámbito de los acuerdos de inversión los sectores sensibles como la cultura, la educación, la defensa nacional y la salud pública;

13.

Reitera su preocupación por el impacto de la extracción de arenas bituminosas en el medio ambiente global debido al importante volumen de emisiones de CO2 generadas en el proceso de producción, así como por la amenaza que ello supone para la biodiversidad local; opina que las negociaciones sobre el acuerdo económico y comercial global no deben afectar al derecho a legislar de la UE en relación con la Directiva relativa a la calidad de los combustibles ni limitar la capacidad de las autoridades canadienses de introducir en el futuro normas ambientales para la extracción de arenas petrolíferas; alienta a ambas partes a resolver todas las controversias de forma amistosa y sin poner en peligro las negociaciones del acuerdo económico y comercial global;

14.

Toma nota de los recientes cambios legislativos con respecto a la prohibición en la UE de productos derivados de la foca, en particular la solicitud presentada por Canadá ante la OMC para que se establezca un grupo formal para la solución de diferencias y confía firmemente en que Canadá retire la reclamación ante la OMC, que es perjudicial para unas relaciones comerciales positivas, antes de que el Parlamento Europeo deba ratificar el acuerdo económico y comercial global; espera de la Comisión que se mantenga firme en la posición de la UE de prohibir los productos derivados de las focas; confía firmemente en que los desacuerdos entre las partes puedan superarse de forma amistosa y sin que ello afecte a las negociaciones sobre el acuerdo económico y comercial global;

15.

Llama la atención sobre las diferentes medidas de la UE y Canadá en lo que respecta a la regulación de los organismos modificados genéticamente (OMG); advierte de que las disposiciones más estrictas adoptadas por la UE podrían ser puestas en tela de juicio por las empresas privadas en el marco del mecanismo de resolución de conflictos del acuerdo económico y comercial global propuesto;

16.

Considera que los capítulos sobre agricultura constituirán un tema importante para ambas partes en estas negociaciones; expresa su preocupación por las posibles concesiones sustanciales en el ámbito de los OMG, la leche y el etiquetado de origen; destaca, por tanto, que deben tenerse plenamente en cuenta los intereses y las prioridades de la agricultura, al tiempo que pide a la Comisión que negocie un acuerdo que resulte beneficioso para los consumidores de la UE y de Canadá y para los sectores agrícolas de ambas partes y garantice, en el marco de un resultado global equilibrado, una competencia incrementada —pero leal— entre los proveedores de Canadá y de la UE en el suministro de productos agrícolas; se felicita, en este mismo contexto, del compromiso inicial de ambas partes de no mantener, introducir ni reintroducir subvenciones a la exportación de productos agrícolas comercializados como un paso positivo en favor de unas negociaciones ambiciosas y justas, así como del acuerdo de cooperar en las negociaciones sobre cuestiones agrícolas en el marco de la OMC;

17.

Pide a la Comisión Europea que, en un espíritu de coherencia de las políticas de la UE y en particular de cara a los PTU, vele por que se preserven sus intereses en relación con sus productos estratégicos en el futuro acuerdo entre la UE y Canadá;

18.

Destaca que las negociaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias constituyen una cuestión primordial en los capítulos agrícolas; pide a la Comisión, en este mismo contexto, que se comprometa a negociar un elevado nivel de calidad de las normas correspondientes;

19.

Recuerda al Consejo y a la Comisión que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo debe obtener la aprobación del Parlamento para la celebración de todos los acuerdos comerciales internacionales, y que el Parlamento debe estar inmediata y plenamente informado en todas las etapas del procedimiento tanto por el Consejo como por la Comisión; pide al Consejo que facilite al Parlamento de forma inmediata toda la información en las etapas del procedimiento de las que es responsable, especialmente en lo que se refiere a las directrices de negociación adoptadas por este y las modificaciones de las mismas; pide al Consejo y a la Comisión que cuenten con la participación del Parlamento en todas las etapas de las negociaciones y que tengan plenamente en cuenta su punto de vista;

20.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, así como al Gobierno federal, al Parlamento y a los Gobiernos y Parlamentos provinciales y territoriales de Canadá.

11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/24

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Vista la nota de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) de marzo de 2009 sobre la cooperación internacional en la supervisión de las agencias de calificación crediticia,

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Visto el Foro conjunto celebrado en junio de 2009 sobre la evaluación del uso de las calificaciones crediticias,

—

Visto el informe del Consejo de Estabilidad Financiera a los líderes del G-20 sobre la mejora de la regulación financiera, de 25 de septiembre de 2009,

—

Visto el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la estabilidad financiera mundial (balances soberanos, financiación y liquidez sistémica), de 29 de octubre de 2010,

—

Vista la Declaración de la Cumbre del G-20 celebrada en Toronto los días 26 y 27 de junio de 2010,

—

Visto el informe del Consejo de Estabilidad Financiera sobre los principios para reducir la dependencia de las calificaciones de las agencias de calificación, de 27 de octubre de 2010,

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Vista la consulta pública iniciada por la Comisión el 5 de noviembre de 2010,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0081/2011),

A.

Considerando que acoge con satisfacción el trabajo en curso a nivel mundial, internacional y europeo con vistas a la regulación de las agencias de calificación crediticia,

B.

Considerando que se parte de la base de que estas agencias son intermediarios de información, que reducen las asimetrías de información en los mercados de capitales y facilitan el acceso al mercado mundial, reduciendo los costes de la información y ampliando el grupo potencial de prestatarios e inversores, proporcionando así liquidez y transparencia a los mercados y ayudando a encontrar precios,

C.

Considerando que, en la legislación reciente, se ha asignado a las agencias de calificación otra función, que podría considerarse como de «certificación», lo que refleja que las calificaciones están cada vez más integradas en los requisitos de capital que exigen los reguladores,

D.

Considerando que los operadores financieros han depositado una confianza excesiva en las evaluaciones de las agencias de calificación crediticia,

E.

Considerando que las agencias de calificación crediticia se ocupan de tres sectores distintos: el sector público, las empresas y los instrumentos financieros estructurados, y que tuvieron un importante papel en la evolución que desencadenó la crisis financiera, al atribuir calificaciones erróneas a instrumentos financieros estructurados, que tuvieron que rebajarse en promedio tres o cuatro grados durante la crisis,

F.

Considerando que el Reglamento (CE) no 1060/2009 fue la primera reacción a la crisis financiera y aborda los problemas más apremiantes, sometiendo a las agencias de calificación a supervisión y regulación; y que, sin embargo, no trata todos los problemas fundamentales y, de hecho, crea algunos nuevos obstáculos para el acceso al mercado,

G.

Considerando que la falta de seguridad jurídica en este sector representa un peligro para el correcto funcionamiento de los mercados financieros de la UE y exige por tanto que, antes de proponer nuevas enmiendas al Reglamento (CE) no 1060/2009, la Comisión Europea defina correctamente las carencias del nuevo marco y facilite una evaluación de impacto de las diferentes alternativas disponibles para colmar dichas carencias, incluida la posibilidad de formular nuevas propuestas legislativas,

H.

Considerando que el sector de la calificación crediticia se enfrenta a varios problemas, siendo los más importantes la falta de competencia y las estructuras de oligopolio, así como la falta de responsabilidad pública y de transparencia; que uno de los problemas de las principales agencias de calificación es el modelo de pagos y que el problema clave del sistema regulatorio radica en la excesiva dependencia de las calificaciones crediticias externas,

I.

Considerando que la mejor forma de reforzar la competencia sería crear un marco regulador eficaz que facilitara la entrada en el mercado, y llevar a cabo un estudio más detallado de los factores que obstaculizan actualmente dicha entrada y de otros factores que afectan a la competencia,

J.

Considerando que, en los tiempos de prosperidad, los participantes en el mercado tienden a confundir o a desatender la metodología y el significado subyacentes de las calificaciones crediticias, cuyo objetivo es detectar las probabilidades de impago,

K.

Considerando que los recientes acontecimientos en la crisis del euro han resaltado el importante papel de la calificación de la deuda soberana, así como la incoherencia y el carácter procíclico del uso regulatorio de la calificación crediticia,

L.

Considerando que, sean cuales sean las nuevas estructuras y modelos de funcionamiento que puedan surgir, en el contexto de la gobernanza económica y de las pruebas de resistencia, la independencia de las calificaciones respecto de las interferencias políticas y del mercado reviste una importancia capital, por lo que debe garantizarse,

M.

Considerando que, si bien las calificaciones pueden y deben cambiar como resultado de los ajustes fundamentales al perfil del riesgo o de la disponibilidad de nueva información, deberían concebirse de tal forma que fueran estables y no fluctuaran en función del clima del mercado en cada momento,

N.

Considerando que el sistema Basilea II ha dado lugar a una dependencia excesiva de las calificaciones externas y ha provocado que en algunos casos los bancos se hayan pronunciado en contra de la realización de evaluaciones independientes de su exposición al riesgo,

O.

Considerando que la reciente regulación de las actividades de calificación en los Estados Unidos, con la promulgación de la Ley Frank-Dodd, ha optado por una menor dependencia reguladora de las evaluaciones de las agencias,

1.

Considera que, a la luz del cambio en la utilización de la calificación crediticia, en la que se califica al emisor para que tenga un trato preferente en un marco regulatorio, más que para darle acceso a los mercados mundiales de capital, hay que reducir todo lo posible y en un plazo realista la excesiva dependencia que el sistema regulatorio financiero mundial tiene de las calificaciones crediticias externas;

2.

Considera que deben reducirse los sesgos de la competencia causados por la práctica habitual de que las agencias de calificación crediticia evalúen a los participantes en el mercado al mismo tiempo que obtienen de ellos encargos de prestación de servicios,

3.

Está de acuerdo con los principios establecidos por el Consejo de Estabilidad Financiera en octubre de 2010, que fijan líneas generales sobre la forma de reducir la dependencia de las calificaciones crediticias externas, y acoge con satisfacción la consulta pública de la Comisión iniciada en noviembre de 2010; pide a la Comisión que examine si los Estados miembros utilizan las calificaciones con fines regulatorios y de qué forma lo hacen, con el fin de reducir la excesiva dependencia general que de ellas presenta el sistema regulatorio financiero;

4.

Señala las limitaciones del enfoque normalizado del marco regulatorio de Basilea, que permite fijar los requisitos de capital para las instituciones financieras sobre la base de calificaciones crediticias externas; considera importante establecer un marco de adecuación del capital que garantice una evaluación interna sólida del riesgo, una mejor supervisión de dicha evaluación del riesgo y un mejor acceso a la información crediticia pertinente; apoya, a este respecto, que se utilice en mayor medida el método basado en calificaciones internas (método IRB), siempre que sea fiable y seguro y que el tamaño, la capacidad y la complejidad de la entidad financiera permitan una evaluación adecuada del riesgo; considera que, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones, es importante que los modelos internos respeten los parámetros establecidos en la regulación de la UE y estén sujetos a una rigurosa validación supervisora; considera, al mismo tiempo, que los participantes de menor tamaño, complejidad y capacidad deben poder utilizar calificaciones externas, si la evaluación interna del riesgo no es viable, siempre y cuando cumplan los necesarios requisitos de diligencia;

5.

Destaca la importancia que reviste seguir la evolución de Basilea III y, en este mismo contexto, el proceso en curso de la DRC IV (Directiva sobre requisitos de capital);

6.

Considera necesario restablecer la capacidad de los inversores de actuar con la debida diligencia como una condición para permitir una mayor utilización de modelos internos propios para la evaluación del riesgo crediticio; propone que los bancos y otras entidades financieras recurran más a menudo a evaluaciones del riesgo internas apropiadas;

7.

Opina que los participantes en el mercado no deben invertir en productos estructurados o en otros productos si no pueden evaluar por sí mismos el riesgo crediticio subyacente, o bien deben aplicar la calificación de riesgo más elevada;

8.

Pide al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales que revisen la forma en que utilizan la calificaciones externas, y les insta a mejorar su capacidad para diseñar sus propios modelos de evaluación de la calidad crediticia de los activos elegibles utilizados como garantía en las operaciones destinadas a facilitar liquidez, y a que reduzcan su dependencia de las calificaciones externas;

9.

Solicita a la Comisión que evalúe atentamente la posibilidad de usar instrumentos alternativos para medir el riesgo crediticio;

10.

Es consciente del conflicto inherente de interés que se plantea al ser los participantes en el mercado quienes diseñan la evaluación interna del riesgo crediticio para sus propios requisitos regulatorios de capital, por lo que considera necesario reforzar las responsabilidades, la capacidad, las competencias y los recursos de los supervisores para controlar, evaluar y supervisar la adecuación de los modelos internos e imponer medidas prudenciales; considera que, en caso de que el supervisor no pueda evaluar adecuadamente un modelo interno dada su complejidad, dicho modelo no debería aprobarse a efectos regulatorios; sugiere que la transparencia con respecto a evaluaciones académicas independientes también debe desempeñar un papel;

11.

Señala que, en aras del eficaz ejercicio de sus competencias de supervisión, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) debe tener derecho a llevar a cabo sin previo aviso investigaciones e inspecciones in situ, y que, en el ejercicio de sus competencias supervisoras, resulta oportuno que la Autoridad Europea de Valores y Mercados brinde a aquellas personas que estén incursas en un procedimiento la oportunidad de ser oídas, a fin de respetar sus derechos de defensa;

12.

Destaca el carácter mundial del sector de la evaluación crediticia e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen, en colaboración con otros países del G-20, en un enfoque mundial, basado en los niveles más altos de exigencia, tanto en lo que se refiere a la regulación de las agencias de calificación crediticia como a la regulación prudencial y de los mercados, con el fin de reducir la dependencia excesiva de las calificaciones externas, mantener la igualdad de condiciones e impedir el arbitraje regulatorio, manteniendo a la vez abiertos los mercados;

13.

Considera que la estimulación de la competencia, la promoción de la transparencia y la definición de un futuro modelo de pago son las tareas más importantes, al tiempo que estima que la cuestión del origen de una agencia de calificación crediticia debería ser secundaria;

14.

Reitera que el Reglamento (CE) no 1060/2009 contempla dos sistemas para tratar las calificaciones crediticias externas emitidas en terceros países y que el régimen de refrendo tenía por objeto permitir el uso en la Unión Europea de dichas calificaciones en caso de que no fueran consideradas equivalentes siempre que se estableciera claramente la responsabilidad de la agencia de calificación crediticia refrendante;

15.

Destaca que más competencia en el sector no implica automáticamente una mayor calidad en las calificaciones y reitera que todas las agencias de calificación deben cumplir las normas más exigentes de integridad, divulgación de la información, transparencia y gestión de los conflictos de intereses, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1060/2009, con el fin de garantizar la calidad de las calificaciones y evitar las prácticas de búsqueda de la calificación más favorable («rating shopping»);

16.

Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto y un estudio de viabilidad detallados sobre los costes, los beneficios y la posible estructura de gobernanza de una fundación europea de calificación crediticia (FECC) completamente independiente, cuyos análisis se aplicarían a los tres sectores objeto de calificación; opina que la Comisión debería prever que los costes de financiación del período inicial de actividad de esta fundación cubran un periodo que oscile entre tres y cinco años como máximo y que dichos costes deben evaluarse cuidadosamente; destaca que toda propuesta legislativa en este sentido debe formularse con sumo cuidado, a fin de no socavar las iniciativas políticas paralelas dirigidas a reducir la dependencia excesiva de las calificaciones y a alentar la entrada en el mercado de nuevas agencias de calificación crediticia;

17.

Pide a la Comisión que presente, junto con la evaluación mencionada en el apartado 9, una evaluación de impacto detallada, un estudio de viabilidad y una estimación de los costes de la financiación necesaria; está firmemente convencido de que dichos costes no deben recaer bajo ninguna circunstancia en los contribuyentes, y considera que no habrá de facilitarse financiación adicional y que esta nueva fundación debe ser completamente autónoma a efectos presupuestarios al término del período inicial;

18.

Opina que, para asegurar su credibilidad, la dirección, el personal y la estructura de gobernanza de esta nueva fundación deben ser completamente independientes y autónomos, es decir no estar sometidos a ninguna instrucción de los Estados miembros, la Comisión y todos los demás organismos públicos, así como del sector financiero y otras agencias de calificación, y deben ejercer sus funciones de conformidad con el Reglamento (CE) no 1060/2009 en su versión modificada;

19.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio detallado sobre los costes, los beneficios y la estructura de gobernanza de una red de agencias europeas de calificación de este tipo y que analice en dicho estudio de qué forma podría alentarse a las agencias de calificación que actúan a nivel nacional a que se asocien o participen en estructuras de redes comunes, con el fin de aprovechar los recursos y personal existentes, lo que posiblemente les permitiría ampliar su ámbito de actuación y competir con las agencias de calificación transfronterizas; sugiere que la Comisión estudie cómo fomentar la creación de redes de agencias de calificación crediticia, pero cree que una red de esta índole debe provenir de una iniciativa promovida por el propio sector;

20.

Considera que quizás en un principio sea necesario apoyar la creación de esta red, pero que debería ser autónoma y rentable a partir de sus propios ingresos; pide a la Comisión que evalúe la necesidad y los posibles medios para la financiación inicial, así como las posibles estructuras jurídicas del proyecto;

21.

Considera que la Comisión también debe examinar y evaluar la posibilidad de crear una agencia de calificación crediticia europea verdaderamente independiente; pide a la Comisión que examine, en particular, la cuestión del personal de esta agencia, que debe ser totalmente independiente, así como la de sus recursos, que deben proceder de tasas abonadas por el sector financiero privado;

22.

Considera que las calificaciones crediticias deben tener la finalidad de ampliar la información dirigida al mercado de tal forma que se brinde a los inversores una evaluación coherente del riesgo de crédito en todos los sectores y en todos los países; estima importante que los usuarios puedan examinar mejor las agencias de calificación crediticia, al tiempo que destaca, en este mismo contexto, el papel fundamental de una mayor transparencia en sus actividades;

23.

Señala que, para que los inversores puedan evaluar adecuadamente los riesgos y cumplir con sus obligaciones fiduciarias y de debida diligencia, es necesario un mayor grado de divulgación de la información sobre los productos en el ámbito de los instrumentos financieros estructurados, para que los inversores puedan actuar con conocimiento de causa; considera que los inversores experimentados deben poder valorar los créditos subyacentes, de los que pueda derivarse un riesgo para los productos titulizados; apoya las actuales iniciativas del BCE y otras iniciativas dirigidas a facilitar, a este respecto, más información sobre los instrumentos financieros estructurados; pide a la Comisión que evalúe si es necesario divulgar información sobre todos los productos en el ámbito de los instrumentos financieros;

24.

Señala que, además de la actividad de calificación propiamente dicha, la mayoría de las agencias emiten una serie de análisis, advertencias e informes de situación y de perspectiva que tienen un impacto significativo en los mercados; considera que esta información debería divulgarse de acuerdo con criterios y protocolos fijados de antemano en aras de la transparencia y la confidencialidad;

25.

Pide a la Comisión que proponga una revisión de la Directiva 2003/71/CE y de la Directiva 2004/109/CE para garantizar una mayor disponibilidad de información suficiente, exacta y completa sobre los instrumentos financieros estructurados;

26.

Considera fundamental, en este contexto, que se tengan plenamente en cuenta los aspectos relativos a la protección de datos en las eventuales medidas que puedan adoptarse en el futuro;

27.

Se pregunta si no sería ventajoso obligar a los emisores a examinar con un tercero el contenido y método en los que se basa un instrumento financiero estructurado, examen que debe conducir, bien a una calificación no solicitada o a la elaboración de una evaluación de riesgo interna;

28.

Reitera la obligación impuesta a la Comisión en el considerando 5 del Reglamento (CE) no 1060/2009 en su versión modificada por lo que respecta a la transparencia de la información; pide a la Comisión que lleve a cabo los análisis necesarios para presentar al Parlamento y al Consejo sus conclusiones, junto a posibles modificaciones de la legislación, en el marco de la actual revisión del Reglamento (CE) no 1060/2009;

29.

Constata los progresos realizados en materia de transparencia y divulgación de la información por los Reglamentos CRA1 y CRA2; alienta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación del impacto de estas normativas tras la finalización del proceso de registro de las agencias de calificación, con el fin de definir aquellos ámbitos en los que, en el futuro, una mayor divulgación podría ser beneficiosa para los usuarios;

30.

Pide, además de reforzar la transparencia en los procesos de calificación y auditoría interna, que las autoridades de supervisión de la UE ejerzan un mayor control sobre las agencias de calificación crediticia y que las autoridades de supervisión nacionales supervisen con mayor firmeza el uso y la dependencia de las calificaciones por parte de las entidades financieras;

31.

Opina que la Comisión debe considerar si, en determinadas circunstancias, resultaría apropiado recurrir a dos calificaciones obligatorias, por ejemplo en el caso de los instrumentos financieros estructurados y de las calificaciones crediticias externas usadas con fines regulatorios, y si la calificación crediticia externa más conservadora, en otras palabras la menos favorable, debe considerarse la calificación de referencia a efectos regulatorios; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre el posible uso de dos calificaciones obligatorias;

32.

Considera que el coste de ambas calificaciones debe correr a cargo del emisor, y que la primera calificación externa debe realizarla una agencia de calificación contratada y elegida por el emisor, mientras que en el caso de la segunda deberían considerarse varias opciones en relación con la asignación, incluida la posibilidad de asignación por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), sobre la base de criterios específicos, definidos y objetivos, teniendo en cuenta la actuación en el pasado y apoyando la creación de nuevas agencias al tiempo que se evita cualquier tipo de distorsión de la competencia;

33.

Señala que un regulador no puede imponer una determinada reputación, y que cada nueva agencia solo conseguirá ser aceptada si merece credibilidad;

34.

Es consciente de que los participantes en el mercado son reacios a las calificaciones que no sean fijas, por los posibles costes que pueden implicar (en relación con las decisiones de compra o venta) cuando estas calificaciones se ajustan; considera, no obstante, que las calificaciones tienden en consecuencia a ser procíclicas y a quedarse por detrás de la evolución de los mercados financieros;

35.

Señala que las agencias de calificación crediticia deben utilizar criterios claros para calificar el rendimiento de un país, y es consciente de que el actual método de calificación no consiste en una ponderación mecánica de estos factores; pide al sector que aclare la metodología y los criterios que utiliza para calibrar las calificaciones de los países y que explique la desviación de dichas calificaciones generadas mediante modelos y de las previsiones de las principales instituciones financieras internacionales;

36.

Señala que, de acuerdo con el FMI, las calificaciones podrían dar cuenta de hasta casi un 70 % de los diferenciales en las permutas de riesgo de crédito (CDS); expresa su preocupación por los efectos procíclicos que pueden tener las calificaciones, y pide que se preste especial atención a estas cuestiones sensibles;

37.

Considera que, con el fin de reducir los «efectos acantilado» negativos en los precios y los diferenciales que comportan los cambios en las calificaciones, debería suprimirse la práctica que vincula las decisiones de compra o venta a las calificaciones;

38.

Opina que, como casi toda la información sobre los balances soberanos está disponible en el ámbito público, debería facilitarse el acceso a dicha información y reforzar su coherencia y comparabilidad, con el fin de incentivar a los participantes en el mercado de mayor tamaño y complejidad para que se formen su propio juicio en la evaluación del riesgo de la deuda soberana;

39.

Considera que, teniendo en cuenta los efectos que la calificación crediticia de la deuda pública puede tener en el mercado, es necesario mejorar la transparencia en los métodos y los motivos que justifican las decisiones en este ámbito, así como la responsabilidad pública de las agencias de calificación; pide que se realice un estudio para implicar en esta calificación a las futuras Fundación Europea de Calificación Crediticia y Agencia Europea de Calificación Crediticia;

40.

Aboga por una mayor divulgación y explicación de las metodologías, los modelos y las hipótesis fundamentales adoptadas por las agencias de calificación crediticia, teniendo en cuenta asimismo los efectos sistémicos que puede tener la decisión de rebajar la calificación de la deuda pública;

41.

Considera valiosa la información pública sobre la media de las actuales calificaciones crediticias externas emitidas por agencias de calificación acreditadas; propone, por tanto, establecer una índice europeo de calificación crediticia (EURIX) que incorpore todas las calificaciones de las agencias de calificación registradas que estén disponibles en el mercado;

42.

Apoya la existencia de diversos modelos de pago en el sector, pero subraya que existen riesgos de conflictos de interés que han de resolverse usando los medios regulatorios y de transparencia apropiados, sin imponer un modelo injustificado; pide a la Comisión que, sobre la base de la reciente consulta efectuada, presente propuestas de modelos de pago alternativos y viables, en los que participen los emisores y los usuarios; pide a la Comisión, a este respecto, que preste especial atención al posible uso de un modelo «inversor-pagador», así como a sus ventajas e inconvenientes, para reducir la propensión de las calificaciones a los conflictos de interés;

43.

Considera que la buena gobernanza de las agencias de calificación crediticia es fundamental para garantizar la calidad de las calificaciones, y exige a dichas agencias una transparencia total en sus estructuras de gobierno;

44.

Destaca que la AEVM es responsable de la aplicación del Reglamento (CE) no 1060/2009, así como del control de su cumplimiento por parte de las agencias de calificación crediticia; considera que, si las calificaciones externas tienen un fin regulatorio, no deben considerarse como simples opiniones, por lo que las agencias deben responder de la aplicación coherente de la metodología subyacente a las calificaciones que emiten; recomienda, por tanto, que las obligaciones en materia de responsabilidad civil en caso de negligencia grave o incumplimiento se definan sobre una base coherente a escala de la UE, y que la Comisión defina las modalidades de inclusión de los supuestos de responsabilidad civil correspondientes en el Derecho civil de los Estados miembros;

45.

Señala que la responsabilidad última de una decisión de inversión es del participante en el mercado financiero, es decir, del gestor de activos, la entidad financiera o el inversor experimentado; señala que la rendición de cuentas también estará respaldada por el registro central CEREP establecido por el Reglamento CRA1, que publica datos normalizados sobre las calificaciones emitidas por las agencias registradas en la UE, lo que permitirá a los inversores llegar a sus propias conclusiones sobre la actividad de determinadas agencias de calificación, aumentado así la presión en lo que se refiere a la reputación; destaca que los inversores deberían disponer de la capacidad efectiva para gestionar el riesgo en el marco de una supervisión adecuada por parte de la administración;

46.

Propone que todas las agencias de calificación registradas examinen anualmente su actuación en el pasado, compilando esta información en un informe sobre su responsabilidad destinado al supervisor; propone que la AEVM realice periódicamente controles aleatorios sobre los informes de responsabilidad con el fin de garantizar un alto nivel de calidad en las calificaciones crediticias;

47.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/31

—

Vistos el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que entraron en vigor el 1 de diciembre de 2009,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2010, titulada «Normativa inteligente en la Unión Europea» (COM(2010)0543),

—

Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2010, sobre «Legislar mejor» – XV Informe anual de la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (1),

—

Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre «Legislar mejor 2006» de conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (2),

—

Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2007, sobre «Legislar mejor 2005»: aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad – XIII Informe (3)

—

Vista su Resolución, de 10 de julio de 2007, sobre la minimización de los costes administrativos impuestos por la legislación (4),

—

Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre Legislar mejor 2004: aplicación del principio de subsidiariedad - 12o informe anual (5),

—

Vista su Resolución, de 20 de abril de 2004, sobre la evaluación del impacto de la normativa comunitaria y los procedimientos de consulta (6),

—

Visto el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», de 16 de diciembre de 2003, celebrado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

—

Visto el Concepto común interinstitucional para las evaluaciones de impacto acordado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en noviembre de 2005,

—

Visto el Informe especial no 3/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo,

—

Vistos los resultados del estudio sobre las evaluaciones de impacto en los Estados miembros de la UE, encargado por el Parlamento Europeo,

—

Vistas las Directrices de evaluación del impacto de la Comisión, de 15 de enero de 2009, y sus anexos (SEC(2009)0092),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de junio de 2002, sobre la evaluación del impacto (COM(2002)0276),

—

Visto el Acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión, de 20 de octubre de 2010,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2010, titulada «Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira» (COM(2010)0614),

—

Visto el Informe de 2010 del Comité de Evaluación de Impacto, de 24 de enero de 2011 (SEC(2011)0126),

—

Vista la carta, de 16 de noviembre de 2010, de la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género al ponente sobre la experiencia adquirida de una evaluación de impacto llevada a cabo acerca de los efectos de ampliar el permiso de maternidad a 20 semanas,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0159/2011),

A.

Considerando que las evaluaciones de impacto constituyen un análisis sistemático de las consecuencias probables de la acción legislativa,

B.

Considerando que uno de los objetivos prioritarios de la política de la Unión Europea debe ser la instauración de un entorno reglamentario transparente, claro, eficaz y de alta calidad,

C.

Considerando que las evaluaciones de impacto contribuyen de forma positiva a la mejora general de la calidad de la legislación de la UE en el sentido de «legislar mejor»,

D.

Considerando que los problemas de transposición y aplicación de la legislación de la UE en vigor se deben, entre otros aspectos, a la mala calidad de los textos legislativos, y que todas las instituciones legislativas europeas tienen una responsabilidad compartida en este ámbito,

E.

Considerando que el Tratado de Lisboa contiene cláusulas horizontales en el ámbito social y medioambiental (artículos 9 y 11 del TFUE) que deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar y aplicar las políticas y actividades de la Unión y que requieren un análisis en profundidad de las repercusiones sociales y medioambientales de la legislación propuesta,

F.

Considerando que, en el marco de la adopción de nueva legislación y la simplificación y refundición de la legislación en vigor, las evaluaciones de impacto pueden contribuir a mejorar la evaluación de los efectos sociales, económicos, medioambientales y sanitarios y su compatibilidad con los derechos fundamentales, y que, de esta forma, pueden contribuir a reducir la burocracia y asegurar la coherencia de las políticas de la UE en la consecución de los objetivos generales establecidos por el Consejo Europeo,

G.

Considerando que la Comisión estima que el Comité de Evaluación de Impacto (Impact Assessment Board - IAB) es independiente, si bien se encuentra bajo la autoridad del Presidente de la Comisión y está integrado por funcionarios de alto nivel de diferentes direcciones generales y presidido por el Secretario General Adjunto, y que esta situación conduce a una información sesgada y, por tanto, a una vulneración de la necesaria neutralidad,

H.

Considerando que el Parlamento se ha manifestado, en repetidas ocasiones, a favor de las evaluaciones de impacto independientes en la Unión Europea,

I.

Considerando que las evaluaciones de impacto realizadas por la Comisión no presentan un nivel de calidad constante y que con frecuencia contribuyen a justificar propuestas legislativas, más que a evaluar los hechos de forma objetiva,

J.

Considerando que las evaluaciones de impacto pueden utilizarse para crear impedimentos burocráticos innecesarios para el desarrollo ulterior o la entrada en vigor de la legislación y las políticas europeas,

K.

Considerando que, en el Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2003, en el Concepto común interinstitucional para las evaluaciones de impacto de noviembre de 2005 y en el Acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión de 20 de octubre de 2010, el Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometieron a formular una agenda de mejora de la legislación, y que la presente Resolución contiene propuestas concretas para mejorar las evaluaciones de impacto,

L.

Considerando que la Comisión persigue un nuevo enfoque en materia de política industrial, con arreglo al cual deberá realizarse un análisis profundo de todas las propuestas políticas con consecuencias considerables en la economía por lo que respecta a sus repercusiones en la competitividad,

1.

Destaca que las evaluaciones de impacto constituyen un importante recurso para legislar mejor y más inteligentemente a lo largo de todo el ciclo político, y que el legislador de la UE deberá recurrir en mayor medida a tal recurso para poder evaluar de manera más eficaz las consecuencias económicas, sociales, ambientales y sanitarias de sus opciones políticas, así como su incidencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos, teniendo en cuenta que el análisis de los costes y los beneficios es un criterio entre muchos;

2.

Se congratula de la Comunicación sobre normativa inteligente y destaca que las evaluaciones de impacto deben desempeñar un cometido clave a lo largo de todo el ciclo político, desde el diseño a la ejecución, cumplimiento, evaluación y revisión de la legislación; destaca la importancia de una toma de decisiones bien meditada y plenamente informada en la fase de diseño de las propuestas legislativas, pues ello puede conducir tanto a una mejor calidad de los resultados como a unos procedimientos legislativos más breves;

3.

Subraya la necesidad de evaluaciones de impacto exhaustivas como requisito previo para una legislación de alta calidad y su correcta transposición, aplicación y cumplimiento;

4.

Subraya que la evaluación de impacto no puede sustituir, de ninguna manera, al debate político y al proceso democrático de toma de decisiones del legislador, sino que es una mera contribución a la preparación técnica de las decisiones políticas;

5.

Destaca que las evaluaciones de impacto deben realizarse en una fase temprana de desarrollo político; subraya que deben ser totalmente independientes y basarse siempre en un análisis fundado y objetivo de las repercusiones potenciales;

6.

Subraya que, de conformidad con el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», los colegisladores se han comprometido a llevar a cabo evaluaciones de impacto cuando lo consideren adecuado y necesario para el proceso legislativo, antes de la adopción de cualquier modificación sustancial;

7.

Considera necesaria la participación de expertos externos de todos los ámbitos políticos y de todos los grupos interesados implicados en el proceso de evaluación de impacto, para garantizar la independencia y la objetividad; subraya, en este contexto, la diferencia básica existente entre las consultas públicas y las evaluaciones de impacto independientes; señala que el resultado final y el control de la metodología y de la calidad de la evaluación de impacto debe corresponder a las instituciones de la Unión Europea con el fin de garantizar que se llevan a cabo con arreglo a las mismas normas exigentes;

8.

Se manifiesta a favor de la máxima transparencia en la realización de las evaluaciones de impacto, incluida la publicación temprana de amplias hojas de ruta de la legislación propuesta para asegurar un acceso equitativo al procedimiento legislativo para todas las partes interesadas; considera, por lo tanto, que el actual período de consulta de la Comisión debería ampliarse a 12 semanas;

9.

Considera que, en el caso de proyectos o legislación promovidos por las administraciones públicas o por empresas dependientes de una administración pública, los estudios de impacto y su aprobación no podrán ser aprobados por esa misma administración;

10.

Considera esencial que los Estados miembros examinen previamente las evaluaciones de impacto para determinar el efecto de la legislación propuesta en las disposiciones nacionales y las políticas públicas; reclama que se realice un mayor examen posterior y se tenga más en cuenta la inclusión de cuadros correlativos obligatorios para velar por que la legislación de la UE ha sido correctamente aplicada por los Estados miembros y ha alcanzado sus objetivos;

11.

Considera que la evaluación de impacto es un instrumento adecuado para verificar la pertinencia de las propuestas de la Comisión, en particular el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y para explicar mejor a los colegisladores y a la ciudadanía en general las razones que han llevado a optar por una medida determinada;

12.

Subraya que los elementos clave de una buena evaluación de impacto son la detección de problemas, la consulta de las partes interesadas, la definición de los objetivos por alcanzar y la formulación de posibilidades de actuación estratégicas;

13.

Considera importante que las nuevas propuestas legislativas vayan acompañadas de una evaluación de impacto; señala que esto también puede aplicarse, en su caso, a las simplificaciones y refundiciones de la legislación de la UE, y a los actos delegados y de aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 290 y 291 del TFUE;

14.

Considera la evaluación de impacto como un «documento vivo» que forma parte del proceso legislativo; subraya la necesidad de garantizar la suficiente flexibilidad para que se puedan llevar a cabo evaluaciones de impacto adicionales durante el proceso legislativo;

15.

Pide que las evaluaciones de impacto no se limiten exclusivamente al análisis de costes y beneficios sino que tengan en cuenta múltiples criterios, con arreglo al principio de enfoque integrado, a fin de proporcionar al legislador una visión lo más completa posible; señala, en este contexto, los aspectos económicos, sociales y medioambientales mencionados en el Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2003 y en el concepto común de 2005, que deben integrarse en una única evaluación; destaca, en este sentido, la necesidad de asegurar la coherencia entre las políticas y actividades de la Unión, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el principio de atribución de competencias, según se establece en el artículo 7 del TFUE;

16.

Sugiere que, en el marco de las evaluaciones de impacto, siempre se lleve a cabo un análisis de los costes y los beneficios, es decir, un examen de la relación coste-eficacia de todos los programas y medidas que impliquen gastos, y que se estudien las posibles consecuencias para las PYME; pide, en este contexto, la aplicación consecuente de la «prueba PYME» requerida en la iniciativa en favor de las pequeñas empresas «Small Business Act», de 2008; recuerda, en este contexto, que por cada nueva disposición legislativa que suponga una carga para las PYME debe incluirse una evaluación pormenorizada de las normas vigentes, con vistas a reducir la carga reglamentaria general que pesa sobre las PYME;

17.

Pide que, en el marco de las evaluaciones de impacto, se sometan a un profundo análisis todas las nuevas propuestas políticas con repercusiones considerables en la competitividad industrial; pide, además, que también se lleve a cabo una evaluación a posteriori de las repercusiones de la legislación de la UE en la competitividad de la economía europea; señala que la Comisión también anuncia un planteamiento similar en su Comunicación sobre una política industrial integrada para la era de la globalización;

18.

Subraya la necesidad de extraer enseñanzas válidas de la evaluación ex-post de la legislación vigente y de un análisis de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, y de desarrollar un debate adecuado sobre las opciones estratégicas disponibles en un ámbito político determinado antes de proponer nueva legislación;

19.

Sugiere que, en las evaluaciones de impacto a escala europea, también se aborde el valor añadido europeo, es decir, cuáles son los costes que se ahorran con las soluciones europeas y cuáles son los costes adicionales para los Estados miembros en ausencia de las mismas;

20.

Opina que en las evaluaciones de impacto se deben tener en cuenta los efectos sobre las asociaciones económicas de la UE y las consecuencias de la elección de una norma europea específica en lugar de una norma internacional;

21.

Subraya que en las evaluaciones de impacto deben examinarse completamente las alternativas de las que dispone el legislador, incluyendo siempre un análisis riguroso de la opción de no emprender acción alguna;

22.

Subraya que las evaluaciones de impacto no deben generar más burocracia y retrasos innecesarios en los procedimientos legislativos; considera, sin embargo, que conviene prever un plazo de tiempo suficiente para las evaluaciones de impacto, de manera que ofrezcan resultados fiables; destaca, en este contexto, que las evaluaciones de impacto no deben instrumentalizarse improcedentemente para bloquear la adopción de disposiciones jurídicas no deseadas; sugiere, por tanto, que se creen las condiciones técnicas y administrativas que permitan la rápida y oportuna realización de las evaluaciones de impacto, por ejemplo mediante instrumentos como acuerdos marco, licitaciones aceleradas y la utilización optimizada de recursos propios;

23.

Insta, con arreglo al enfoque de mejores prácticas, a que se aproveche la experiencia de otros países en los que se vienen realizando evaluaciones de impacto desde hace años, a fin de seguir mejorando las evaluaciones de impacto a escala de la Unión Europea;

24.

Pide que se actualicen las evaluaciones de impacto a lo largo de todo el proceso legislativo, a fin de tener en cuenta los cambios que se produzcan durante dicho proceso;

25.

Destaca que las evaluaciones de impacto no sólo deben realizarse antes de la adopción de un texto legislativo (ex ante), sino que también deben llevarse a cabo tras su adopción (ex post); recuerda que esto es necesario para poder valorar mejor si se han alcanzado realmente los objetivos de las normas y en qué medida deben adecuarse o mantenerse los actos legislativos; subraya, no obstante, que las evaluaciones posteriores no deben suplantar de ninguna manera el deber de la Comisión, en cuanto «Guardián de los Tratados», de supervisar efectiva y oportunamente la aplicación de la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros;

26.

Subraya la responsabilidad esencial de la Comisión de realizar evaluaciones de impacto de gran calidad de sus propuestas cuando ejerce su derecho de iniciativa de conformidad con el Tratado;

27.

Reconoce que la calidad de las evaluaciones de impacto de la Comisión ha mejorado en los últimos años, pero señala que se necesitan mejoras adicionales;

28.

Señala, en este contexto, que en 2006 se creó el Comité de Evaluación de Impacto (Impact Assessment Board - IAB) de la Comisión, encargado del desarrollo ulterior de las evaluaciones de impacto de la Comisión;

29.

Destaca que los miembros del IAB sólo son independientes desde un punto de vista formal, puesto que en la actualidad son nombrados por el Presidente de la Comisión y están bajo sus órdenes, por lo que no son totalmente independientes; pide, por tanto, que sean el Parlamento Europeo y el Consejo los que supervisen a los miembros del IAB previamente a su designación y que estos no estén subordinados al Presidente de la Comisión; pide que la labor del IAB y de los expertos se produzca con arreglo a un mandato público con la mayor transparencia de modo que su independencia pueda verificarse en la práctica;

30.

Propone además la asociación de expertos de todos los ámbitos políticos así como de todas las partes interesadas en la labor del IAB; pide que esos expertos no procedan de los servicios de la Comisión y no deban acatar instrucciones;

31.

Pide la asociación temprana y global del Parlamento Europeo y, en particular, de sus comisiones competentes para cada ámbito, por ejemplo mediante la información y los informes provisionales, a lo largo de todo el proceso de evaluación de impacto, así como a la labor del IAB; invita a la Comisión a transmitir al Parlamento y al Consejo resúmenes de una extensión de dos a cuatro páginas junto con la evaluación de impacto completa, también, cuando proceda, una explicación de las razones para no llevar a cabo una evaluación de impacto, cuando presente su propuesta legislativa, a fin de asegurar que todas las cuestiones pertinentes se abordan sin que ello haga peligrar la independencia de la evaluación, pues no deben influir en la misma;

32.

Observa que, en la elaboración de sus evaluaciones de impacto, la Comisión debería consultar también a los Estados miembros, dado que estos habrán de trasponer después las directivas al Derecho nacional y que, por lo general, las autoridades administrativas nacionales tienen una visión más clara de los efectos de la legislación en la práctica;

33.

Subraya que las instituciones europeas y los Estados miembros siguen compartiendo la responsabilidad de desarrollar una legislación inteligente basada en una evaluación de impacto completa y objetiva y que, por consiguiente, la Comisión debe tener también en cuenta las reacciones del Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones, del Comité Económico y Social y de los Estados miembros;

34.

Señala que, antes de la aprobación definitiva de las evaluaciones de impacto, los resultados preliminares deben someterse siempre a un examen externo; pide, a este respecto, un peritaje de control accesible al público;

35.

Señala que el Tribunal de Cuentas Europeo critica que, en algunas ocasiones, la Comisión emprenda iniciativas legislativas a pesar de no haber concluido el proceso de evaluación de impacto; toma nota asimismo de las críticas formuladas en el sentido de que no todas las políticas reciben el mismo grado de atención; destaca que conviene tener plenamente en cuenta todas las opciones políticas en los procedimientos de evaluación de impacto;

36.

Pide que se logre una mayor transparencia, publicando de forma completa quiénes son los expertos y las demás partes que han participado en el proceso de evaluación de impacto, así como sus declaraciones de intereses;

37.

Sugiere que, en el marco de las consultas públicas, se informe desde una fase temprana a los grupos de interés de las consultas previstas; sugiere también que, en el marco de las consultas públicas, los grupos de interés tengan la oportunidad de formular observaciones sobre las evaluaciones de impacto a su debido tiempo, antes de la publicación de la correspondiente propuesta de la Comisión;

38.

Pide que los datos empleados por la Comisión sean fiables y comparables;

39.

Insta a la Comisión a que verifique sistemáticamente, en las evaluaciones de impacto, las cargas administrativas de las propuestas legislativas y a que indique siempre de forma clara cuál de las opciones examinadas reduce más las cargas administrativas o genera menos burocracia;

40.

Señala que resulta perjudicial presentar los resultados de las evaluaciones de impacto al mismo tiempo que las propuestas legislativas, puesto que de esta forma se da a entender que las evaluaciones de impacto contribuyen principalmente a justificar las propuestas de la Comisión; sugiere, por tanto, que se publiquen en una fase temprana los documentos en cada una de las etapas del procedimiento legislativo, incluida la evaluación de impacto definitiva de la Comisión, según ha sido aprobada por el IAB, antes de que comiencen las consultas entre servicios;

41.

Propone que la Comisión publique en una serie especial todas las evaluaciones que haya completado, de manera que el público pueda encontrarlas sin dificultad en el sitio web previsto a tal efecto;

42.

Pide la realización de evaluaciones ex post de los actos jurídicos adoptados por parte de la Comisión; reitera, no obstante, que las evaluaciones posteriores no deben suplantar de ninguna manera el deber de la Comisión, anteriormente mencionado, de supervisar la aplicación de la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros;

43.

Insta a la Comisión a que se pronuncie, de forma detallada, sobre las evaluaciones de impacto realizadas por el Parlamento;

44.

Pide a sus comisiones que utilicen de forma más consecuente el instrumento disponible que permite las evaluaciones de impacto del Parlamento; recuerda que existe una línea presupuestaria especial para la realización de evaluaciones de impacto; considera particularmente necesario realizar una evaluación de impacto parlamentario cuando se introduzcan cambios importantes en la propuesta inicial;

45.

Recuerda, asimismo, que las evaluaciones de impacto no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente en el marco de estudios prolongados, sino que también pueden realizarse en forma de estudios limitados, talleres y audiencia de expertos;

46.

Opina que el Parlamento debe introducir sistemáticamente un visto estándar en sus resoluciones legislativas mediante el cual se haga referencia a la consideración de todas las evaluaciones de impacto llevadas a cabo por las instituciones de la UE en los ámbitos pertinentes a la legislación en cuestión;

47.

Señala que tanto el Parlamento como sus comisiones disponen actualmente de mecanismos para verificar las evaluaciones de impacto de la Comisión; considera que sería un complemento valioso para el examen parlamentario que la Comisión presentara ante las comisiones competentes las diferentes evaluaciones de impacto; subraya que tal examen puede hacerse de diferentes maneras, por ejemplo mediante evaluaciones de impacto complementarias, análisis más amplios, exámenes de las evaluaciones de impacto de la Comisión a cargo de expertos externos y la celebración de sesiones extraordinarias con expertos independientes; destaca que, en este contexto, debe seguir desarrollándose con coherencia la labor de sus departamentos temáticos;

48.

Subraya que las evaluaciones de impacto del Parlamento pueden considerarse elementos de corrección de las evaluaciones de impacto de la Comisión;

49.

Pide que las evaluaciones de impacto de la Comisión se aborden en el Parlamento, y en particular en sus comisiones, de forma sistemática y lo antes posible;

50.

Destaca que las decisiones sobre las evaluaciones de impacto del Parlamento deben adoptarse en el seno de su comisión competente con la participación del ponente; insta a que se modifique su Reglamento de tal modo que baste una cuarta parte de los miembros de una comisión para encargar una evaluación de impacto;

51.

Anima a todas sus comisiones a que, antes de considerar una propuesta legislativa, mantengan un debate en profundidad con la Comisión sobre la evaluación de impacto;

52.

Subraya que las evaluaciones de impacto también son importantes en el transcurso del proceso legislativo del Parlamento; anima a que el Parlamento estudie la posibilidad de realizar evaluaciones de impacto en caso de modificaciones sustanciales, en todas las fases del procedimiento legislativo; señala que esto no debe provocar largos retrasos;

53.

Reclama adicionalmente que cada diputado tenga la posibilidad de solicitar pequeños estudios que ofrezcan datos pertinentes o estadísticas en ámbitos relacionados con sus tareas parlamentarias y propone que esos estudios los realice la biblioteca del Parlamento Europeo como complemento a sus actuales tareas;

54.

Solicita, por lo tanto, al Parlamento que adopte planes para que su biblioteca ofrezca ese servicio a los diputados; destaca que esos planes deben basarse en las mejores prácticas de las bibliotecas parlamentarias, incluidas las de los Estados miembros, y elaborarse con arreglo a normas estrictas y en plena cooperación con las comisiones con funciones de investigación;

55.

Subraya la importancia que revestiría, para la calidad y la coherencia de su propia formulación de políticas, un mecanismo único de evaluación de impacto;

56.

Pide, por tanto, la creación de un proceso integrado de evaluación de impacto en el seno del Parlamento Europeo; propone, en este contexto, el desarrollo de un procedimiento común de evaluación de impacto basado en un sistema y un método comunes y utilizado por todas la comisiones;

57.

Insta a que esto se lleve a cabo por medio de una estructura autónoma que utilice los recursos propios del Parlamento, por ejemplo mediante la participación de la biblioteca y de los departamentos temáticos, y que implique a expertos externos, tales como funcionarios en comisión de servicios procedentes de entidades nacionales de evaluación de impacto, sobre la base de cada caso para las evaluaciones de impacto específicas, que responda ante el Parlamento Europeo a través de un comité de supervisión formado por diputados;

58.

Pide la creación de la infraestructura administrativa necesaria a tal fin, asegurándose de que sea neutral desde un punto de vista presupuestario, mediante la utilización de los recursos existentes;

59.

Subraya que, a largo plazo, debe estudiarse la posibilidad de un planteamiento común de las instituciones europeas con respecto a las evaluaciones de impacto; recuerda que ya en el Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2003 y en el Concepto común interinstitucional para las evaluaciones de impacto de noviembre de 2005 se pedía un enfoque metodológico común respecto de las evaluaciones de impacto de las instituciones europeas;

60.

Lamenta que la Comisión Europea se oponga actualmente a la idea de un planteamiento común de las instituciones europeas respecto de las evaluaciones de impacto;

61.

Señala que, hasta ahora, el Consejo apenas ha utilizado el instrumento de evaluación de impacto; pide al Consejo, por tanto, que también haga un mayor uso de las evaluaciones de impacto, en consonancia con el concepto común interinstitucional anteriormente mencionado, a fin de mejorar la calidad de su contribución a la legislación de la UE; destaca que la normativa inteligente basada en una evaluación de impacto completa y objetiva sigue siendo responsabilidad compartida de las instituciones de la UE y los Estados miembros;

62.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.

11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/39

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Vistos los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 7, 9, 145 a 161, 206 a 209 y 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) (1),

—

Vistos el Marco propuesto por las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar» sobre empresas y derechos humanos, propuesto por el Representante Especial del Secretario General, Profesor John Ruggie, respaldado unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2008 (Resolución 8/7), los principios recientemente publicados que rigen la aplicación del marco (2), y las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores celebrado el 8 de diciembre de 2009 en las que se señalaba el importante cometido desempeñado por las empresas a la hora de lograr el pleno respeto de los derechos humanos y se reiteraba el apoyo total del Consejo a la labor del Representante especial de las Naciones Unidas (3),

—

Visto el último informe elaborado por John Ruggie, Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (2),

—

Vista la Carta Social Europea y, en particular, sus artículos 5, 6 y 19 (4);

—

Visto el Convenio Europeo relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante (5),

—

Vistos los Convenios de la Organización Mundial del Trabajo y, en particular, los ocho Convenios fundamentales sobre el derecho de sindicación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva (Convenios no 87 y 98); sobre la abolición de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios no 29 y 105); sobre la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Convenios no 100 y 111); y sobre la abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios no 138 y 182) (6),

—

Vistos asimismo los Convenios de la OIT sobre las cláusulas de trabajo (Convenio no 94) y sobre la negociación colectiva (Convenio no 154) (7),

—

Vistos el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, aprobados por consenso mundial el 19 de junio de 2009 en la Conferencia Internacional del Trabajo (8),

—

Vista la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por consenso de los 183 Estados miembros de la OIT el 10 de junio de 2008 (9),

—

Vistos el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) (10) y la Declaración adoptada en la cuarta Conferencia Ministerial celebrada en noviembre de 2001, en Doha, y, en particular, su apartado 31 (11),

—

Visto el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y, en particular, su artículo 1, apartado 2, letra d) (Modo 4) (12),

—

Visto el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, titulado «Por una globalización justa: Crear oportunidades para todos» (13),

—

Vista la declaración realizada por los dirigentes de la Cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 2009 (14),

—

Vistas las últimas actualizaciones de las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (15),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (16) y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 546/2009,

—

Vista la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (17) (Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores),

—

Vistas su Resolución, de 20 de septiembre de 1996, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países (18), y su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (19),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2001, sobre la apertura y la democracia en el comercio internacional (20) en la que se pide que la OMC respete las normas sociales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que la Unión Europea acepte las decisiones de la OIT, incluidas las posibles solicitudes de sanciones, en relación con violaciones graves de las normas sociales fundamentales,

—

Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos (21), en la que solicita que se incluyan normas sociales, con miras al fomento del trabajo digno, en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, en particular en los acuerdos bilaterales,

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2005, sobre la dimensión social de la globalización (22),

—

Vista su Resolución, de 5 de Julio de 2005, sobre la explotación de los niños en los países en desarrollo y, en particular, el trabajo infantil (23),

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, sobre comercio justo y desarrollo (24),

—

Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2007, sobre una Europa global – Aspectos externos de la competitividad (25) en respuesta a la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Una Europa global: competir en el mundo – Una contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2006)0567,

—

Vistas sus resoluciones, de 30 de mayo de 2002, sobre el Libro Verde de la Comisión «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas» (26) y de 15 de enero de 1999, sobre la adopción de normas por la Unión Europea para las empresas europeas que operan en países en desarrollo: Hacia un código de conducta europeo (27),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación (28),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (29),

—

Vistas sus resoluciones sobre los acuerdos de asociación económica con los países y las regiones ACP y, en particular, las Resoluciones de 26 de septiembre de 2002 (30), de 23 de mayo de 2007 (31) y de 12 de diciembre de 2007 (32),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de junio de 2010, sobre el trabajo infantil (33),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 16 de septiembre de 2010, sobre «Un mundo cambiante: un desafío para la UE» (34),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos» (COM(2004)0383),

—

Vista la Agenda Social Renovada, de 2 de julio de 2008 (COM(2008)0412),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos – Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» (COM(2006)0249),

—

Vista la consulta pública sobre la difusión de información no financiera por parte de las empresas, iniciada por la DG de Mercado Interior y Servicios, concretamente por la Unidad de Información Financiera (35),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE» (COM(2010)0612),

—

Visto el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), vigente desde el 1 de enero de 2009, por el que se concede un acceso exento de derechos o reducciones de derechos a un mayor número de productos y que comporta, asimismo, una nueva medida de incitación en beneficio de los países vulnerables que se enfrentan a necesidades comerciales, financieras o de desarrollo particulares (36),

—

Vistos todos los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y terceros países,

—

Vistos, en particular, el Acuerdo de Asociación entre los miembros del grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Unión Europea, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, y sus revisiones de 2005 y 2010 (37),

—

Vista, en particular, la conclusión de las negociaciones relativas a la firma de un acuerdo comercial multilateral entre la UE, Colombia y Perú (38),

—

Vista la audiencia sobre la aplicación de las normas sociales y medioambientales en las negociaciones comerciales organizada por el Parlamento Europeo el 14 de enero de 2010,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0172/2011),

A.

Considerando que las normas estrictas de protección social y de protección de los derechos humanos de la UE son requisitos básicos de la Unión Europea en las negociaciones sobre las relaciones comerciales con terceros países,

B.

Considerando que la protección de los derechos económicos y sociales es una obligación para todos los Estados miembros y todos los demás Estados que se deriva de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que esto incluye el derecho de cada persona a formar sindicatos y afiliarse a los mismos para la protección de sus intereses,

C.

Considerando que los convenios fundamentales de la OIT están reconocidos a nivel internacional como la base para un comercio internacional justo y que, lamentablemente, no todos los Estados miembros los respetan plenamente,

D.

Considerando que redunda en interés de la Unión la celebración de acuerdos bilaterales que resulten beneficiosos para la Unión y los socios comerciales, siempre que ambas partes respeten los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,

E.

Considerando que la actitud de todos los Estados miembros debe reflejar con claridad los principios del modelo social europeo siempre que estén en causa cuestiones sociales y la cooperación entre los Estados miembros basada en el método abierto de coordinación,

F.

Considerando que la democracia y el Estado de Derecho requieren sindicatos, asociaciones de trabajadores y movimientos sociales fuertes y libres, y que estos sólo pueden existir en una comunidad democrática en la que prevalece la separación de poderes,

G.

Considerando que algunos países en desarrollo afirman estar bajo presión para renunciar a sus ventajas comparativas cuando la Unión solicita que se cumplan las normas internacionales del trabajo,

H.

Considerando que, en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008, adoptada por consenso de los 183 Estados miembros de dicha organización, se afirma que «la violación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de modo alguno como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas»,

I.

Considerando que algunos terceros países intentan aplicar el Modo 4 (39) al negociar acuerdos comerciales con la UE,

J.

Considerando que muchas empresas hacen frente a su responsabilidad social e intentan velar por el cumplimiento de las normas sociales y ambientales en su esfera de influencia, por ejemplo adhiriéndose al pacto mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) o participando en iniciativas voluntarias del sector,

K.

Considerando que los principios que definen la responsabilidad social de las empresas (RSE), plenamente reconocidos en el plano internacional, tanto en la OCDE como en la OIT o las Naciones Unidas, se refieren al comportamiento responsable que se espera de las empresas, suponiendo en primer lugar la observancia de las leyes en vigor, en particular en materia de empleo, relaciones sociales, derechos humanos, medio ambiente, intereses de los consumidores, transparencia con respecto a los consumidores, y lucha contra la corrupción;

L.

Considerando que la adopción de una directiva que regule la RSE y que fomente su respeto debería ser una realidad a nivel de la UE,

M.

Considerando que la globalización facilita la movilidad de los trabajadores entre los Estados miembros e incluso hacia países no pertenecientes a la UE,

N.

Considerando que no se respeta el papel de la OIT a la hora de fijar nuevas normas, a pesar de la participación de la OIT en el G-20, el reconocimiento mundial del Foro sobre el trabajo decente, y la inclusión del empleo y el trabajo digno en el Objetivo del Milenio no 1,

O.

Considerando que debe recordarse la necesidad de respetar incondicionalmente el derecho de asociación y la negociación colectiva,

P.

Considerando que debe promoverse el Programa de Trabajo Decente,

Q.

Considerando la enorme importancia de evitar todas las formas de discriminación salarial, con arreglo al principio establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de un derecho «a igual salario por trabajo igual»,

R.

Considerando que la Evaluación intermedia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) (40) muestra que el SPG + comercio, por el que se requiere que los países beneficiarios ratifiquen y apliquen en la realidad las convenciones internacionales especificadas en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales fundamentales, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, había tenido un efecto positivo considerable en la igualdad de género en esos países,

S.

Considerando que debe promoverse la protección social de los trabajadores,

T.

Considerando que se ha de promover la ratificación y aplicación de los convenios de la OIT clasificados por esta organización como actualizados, con el fin de lograr una cobertura cada vez más completa de los cuatro pilares respecto de un trabajo digno (empleo, protección social, diálogo social, y derechos en el trabajo) y haciendo hincapié particular en los convenios sobre gobernanza social, a saber sobre inspección del trabajo (Convenios no 81 y 129), sobre la política de empleo (Convenio no 122) y sobre la consulta tripartita (Convenio no 144),

U.

Considerando que en la Agenda Social Renovada (COM(2008)0412), de 2 de julio de 2008, se pedían nuevos esfuerzos por parte de los Estados miembros de la UE para ratificar y aplicar los convenios de la OIT clasificados como actualizados por dicha organización con el fin de establecer un ejemplo para los interlocutores en todo el mundo,

V.

Considerando que la aplicación eficaz de las normas laborales internacionales se ve afectada negativamente en muchos países por la debilidad de las administraciones en el sector laboral y la falta de capacidad de los interlocutores sociales,

W.

Considerando que en las Tendencias mundiales del empleo 2011 de la OIT se calcula que, en 2009 a escala mundial, el 50,1 % de todos los trabajadores, es decir 1 530 millones, tenía empleos vulnerables (41), y que la crisis financiera y económica ha detenido e invertido el descenso en los empleos vulnerables que se había constatado antes de 2008,

X.

Considerando que el Informe Mundial sobre Seguridad Social de la OIT para 2010 afirma que más del 50 % de los trabajadores carece de protección social, y que existe un interés renovado en ampliar la cobertura de protección social incluido el fomento de los sistemas de seguridad social,

1.

Recuerda que la UE aspira a asumir un papel de liderazgo a nivel mundial en materia de política social mediante la promoción de objetivos sociales en todo el planeta; destaca el importante papel del Parlamento Europeo a raíz del Tratado de Lisboa, que refuerza su influencia de manera significativa;

2.

Recuerda también que, al analizar las políticas y objetivos comunitarios, debe tenerse en cuenta la cláusula social horizontal del artículo 9 del TFUE; por ejemplo, con respecto a los artículos 46 y 49 del TFUE o la política comercial de la UE, la Comunidad no puede ignorar las necesidades de interés general (42),

3.

Recuerda, asimismo, que, en virtud del artículo 7 del TFUE, la UE vela por la coherencia de sus políticas; que el poder legislativo debe tener en cuenta todos los objetivos de la UE y tiene que actuar de conformidad con el principio de la atribución de competencias, es decir, tiene que establecer un equilibrio adecuado entre los diferentes objetivos y /o intereses al adoptar un acto con un fundamento jurídico específico (43),

4.

Insta a los Estados miembros a respetar los convenios fundamentales de la OIT, en particular en relación con la supresión de trabas a la libertad de asociación y negociación colectiva, creadas al fomentar el trabajo por cuenta propia aparente o al obligar a las personas a renunciar a los convenios colectivos,

5.

Invita a las Partes en los acuerdos de libre comercio (ALC) a comprometerse, de acuerdo con las obligaciones derivadas de la pertenencia a la OIT y con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86a sesión en 1998, a respetar, fomentar y consagrar, en su legislación y en sus prácticas, los principios relativos a los derechos fundamentales, a saber:

6.

Recuerda que la UE está considerada, en todo el mundo, como un imán y un socio atractivo debido a su combinación única de dinamismo económico con un modelo social;

7.

Hace hincapié en que el modelo social europeo conjuga la igualdad de oportunidades en la educación, la formación y el mercado laboral con la igualdad de acceso a los servicios sociales como pilares fundamentales del éxito económico;

8.

Estima que el no respetar las normas sociales internacionales básicas constituye una forma de dumping social y medioambiental que perjudica a las empresas y a los trabajadores europeos;

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con las organizaciones internacionales en la mejora de la dimensión social de la globalización, teniendo como referencia el modelo social europeo;

10.

Subraya la importancia de una acción coherente en materia de protección social dentro y fuera de la Unión;

11.

Propone el desarrollo del diálogo con todas las partes implicadas que subraye la importancia de los temas sociales y que se centre en la aplicación y en la ejecución de soluciones pragmáticas y sostenibles; subraya, en este contexto, la importancia de aumentar la sensibilización de los interlocutores sociales con respecto a sus derechos y obligaciones;

12.

Considera necesario fortalecer el papel de las instituciones internacionales competentes (concretamente la OIT, la OMC, la OCDE y las Naciones Unidas) y su cooperación para el desarrollo, la implementación y promoción de las normas sociales internacionales de base, así como las sanciones correspondientes;

13.

Se pronuncia a favor de que la Unión se abstenga de celebrar acuerdos comerciales con países que no respeten los derechos humanos y las normas laborales fundamentales,

14.

Apoya la creación de instrumentos para un diálogo sostenible con los países asociados basado en el respeto mutuo, que tenga como objetivo el desarrollo de los recursos propios de los países asociados —especialmente los países en desarrollo— y que les permita desarrollar con prudencia los sectores económicos;

15.

Pide también a la Comisión que adapte, con motivo de las negociaciones, su nivel de exigencia en función del grado de desarrollo de cada país socio; propone, por lo tanto, a la Comisión que elabore una lista de normas adicionales que deberán aplicarse de manera gradual y flexible, teniendo en cuenta la situación económica, social y medioambiental del socio en cuestión;

16.

Considera que, tanto en el territorio de los países socios como en los Estados miembros, la aplicación de estas normas básicas ha de ser objeto de un seguimiento permanente por parte de organismos independientes y que su incumplimiento o violación, establecidos sobre la base de criterios predeterminados, deben castigarse a través de procedimientos eficaces y transparentes;

17.

Considera que estas normas deben aplicarse integralmente y que no pueden utilizarse ni las zonas francas ni los acuerdos con el país anfitrión para derogarlas;

18.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con los países asociados con miras a combatir la discriminación de género y todas las formas de violencia contra las mujeres y para hacer que la igualdad de género sea una realidad dentro y fuera de la Unión, con arreglo a los principios contemplados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la Plataforma de Acción de Beijing; pide, a este respecto, a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen medidas que consoliden de forma significativa la posición jurídica y social de las mujeres con el fin de aprovechar la contribución potencial de las mujeres al desarrollo económico y social;

19.

Acoge con satisfacción el fomento de la igualdad de género en los países y territorios en desarrollo mediante los acuerdos comerciales actuales y futuros en el marco del SPG; solicita que la ratificación y aplicación efectiva de los convenios internacionales en materia de igualdad de género sean requisitos previos en todos los acuerdos de comercio exterior y de asociación económica;

20.

Pide, además, a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen entre ellos y con los países asociados de cara a la protección de los grupos vulnerables y que no solo luchen contra la discriminación de género sino también contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad y orientación sexual; señala particularmente a la atención a las personas que se enfrentan a discriminaciones y desventajas de carácter múltiple, a fin de abordar las causas profundas de la pobreza;

21.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan como prioridad en los acuerdos comerciales, en los diálogos con otros países, así como en la cooperación al desarrollo la eliminación del trabajo infantil y el respeto por los derechos del niño, y señala que el sector privado tiene un papel clave que desempeñar en el respeto de los derechos del niño; opina que las medidas encaminadas a combatir el trabajo infantil deben incluir la creación de puestos de trabajos dignos para adultos, permitiendo al mismo tiempo que los niños reciban una educación adecuada; pide además el establecimiento en la UE de una línea telefónica de emergencia para el trabajo infantil, donde los ciudadanos puedan denunciar a todas las empresas que recurren al trabajo infantil en cualquier parte del mundo; considera que esta línea telefónica de emergencia debería tener una capacidad de investigación pequeña, pero suficiente que le permitiera publicar un informe anual sobre sus hallazgos;

22.

Destaca que el gasto de la Unión en el contexto de la cooperación al desarrollo, de los acuerdos de asociación o de estabilidad y de los acuerdos comerciales brinda unas posibilidades únicas para ayudar a los países asociados a crear unas estructuras educativas y de formación profesional, instituciones del mercado laboral y una cobertura de protección social viables, con el objetivo de establecer una mayor seguridad social y económica, y, por consiguiente, un mayor bienestar;

23.

Insiste en que la Comisión y los Estados miembros, en el contexto de la cooperación al desarrollo y de la ayuda exterior, apoyen la ejecución de programas relativos al trabajo digno que reflejen las necesidades y prioridades nacionales respecto de la política laboral y social, y se basen en un acuerdo tripartito (empleadores, trabajadores, gobiernos); pide además a la Comisión y a los Estados miembros que integren mejor los objetivos sociales y de empleo en los sectores económico y comercial con la cooperación al desarrollo y la ayuda exterior;

24.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con los países asociados a la hora de mejorar la calidad de la capacitación de los ciudadanos —capacitación que es pertinente para los nuevos empleos y puestos de trabajo— como catalizador de la estabilidad, la prosperidad, las sociedades integradoras y la buena gobernanza, especialmente en la vecindad de la UE;

25.

Pide que el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior cuente con personas destacadas con competencias en asuntos sociales para aumentar su eficacia en el ámbito de la política social y, en particular, para garantizar que un trabajo digno para todos sea objetivo político fundamental;

26.

Reconoce que, aunque la tendencia internacional por lo que se refiere a los acuerdos comerciales bilaterales es pasar gradualmente a una mayor aceptación de las normas laborales y sociales vinculadas a las políticas comerciales, los tratados de libre comercio siguen conteniendo pocas referencias a las normas sociales; lamenta que la UE no tenga una fórmula homogénea para una «cláusula social» que se inserte en todos los acuerdos comerciales bilaterales; insta a la UE a que, en consonancia con otras normas acordadas y reconocidas a escala internacional —como por ejemplo las normas laborales fundamentales de la OIT—, incorpore una cláusula social en todos los acuerdos de comercio exterior de la UE, incluidos los que entren dentro del ámbito de la OMC;

27.

Recuerda que las prácticas vigentes de la OMC tienen que ser igual de beneficiosas para los países en desarrollo que para los desarrollados;

28.

Recuerda que deben combinarse la política de competencia y la política social y subraya que el modelo social europeo no debe debilitarse bajo ningún concepto en favor de la competitividad y de supuestas ventajas económicas; reitera que el modelo social europeo debe ser un ejemplo para la protección de los trabajadores en los países en desarrollo;

29.

Recuerda que la UE se ha fijado como objetivos no solo el convertirse en un polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas sino también el fomentar la RSE en las políticas exteriores que aplica; reconoce los esfuerzos de la Comisión por promover las mejores prácticas de la RSE entre las empresas europeas que operan fuera de la Unión, pero señala que debe tener más en cuenta la importancia de los certificados y las etiquetas que demuestran el cumplimiento de los principios en materia de RSE por parte de las empresas

30.

Considera que la RSE es una forma útil y no vinculante de compromiso por parte de las empresas multinacionales; recomienda, además, desarrollar en mayor medida y de modo más específico la RSE, por ejemplo a través de la norma ISO 26000, el pacto mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) o las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, y vinculando la RSE a iniciativas más amplias destinadas a promover el trabajo digno en un sector, en comunidades, a escala de un país o de una región, como los programas Better Work y SCORE de la OIT en los que participan trabajadores, empleadores, autoridades y otras partes interesadas;

31.

Señala que no debe adoptarse a escala de la UE ninguna directiva que regule la RSE y contemple su cumplimiento;

32.

Considera que la Comisión, en su futura comunicación sobre la internacionalización de la actividad de las PYME, proponga medidas que permitan apoyar y promover sus iniciativas en materia de RSE que respeten el principio de «pensar primero a pequeña escala» y tengan en cuenta sus características específicas;

33.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que intenten garantizar el fortalecimiento de las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en su presente actualización, manteniendo y reforzando su aplicación a instancias específicas e introduciendo las mejores prácticas para los puntos nacionales de contacto, incluida una revisión de la manera en que la Unión Europea podría cumplir mejor sus obligaciones sobre dichos puntos a través de las delegaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior;

34.

Señala que la RSE debe abarcar nuevos ámbitos como la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, medidas de lucha contra la discriminación y el desarrollo de la educación y la formación permanentes; destaca que la RSE debe incluir, por ejemplo, la calidad del empleo, la igualdad de retribución y de perspectivas profesionales y el fomento de proyectos innovadores con objeto de favorecer la transición a una economía sostenible;

35.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que insten a las empresas comerciales con sede en la UE a respetar los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales, y el medio ambiente en todas sus operaciones mundiales, en particular las que lleven a cabo sus filiales y otras entidades vinculadas legalmente;

36.

Destaca que la observancia de unas normas ambientales estrictas por parte de las empresas de la UE en terceros países debe considerarse tan importante como el respeto de los derechos de los trabajadores, ya que los daños al medio ambiente ponen casi siempre en peligro la salud de los trabajadores, destruyen las tierras agrícolas, los caladeros de pesca y otros recursos económicos, y privan así a muchas personas de la base para su subsistencia;

37.

Hace hincapié en que, por su peso en el comercio internacional, las empresas europeas, sus filiales y sus subcontratistas desempeñan un papel fundamental en la promoción y difusión de las normas sociales y laborales en el mundo, por lo que su comportamiento debe ser conforme a los valores europeos y a las normas reconocidas a escala internacional; opina que sería correcto que las empresas europeas que deslocalicen su producción en países con menores obligaciones sociales puedan ser consideradas responsables, incluso ante jurisdicciones europeas, de posibles daños y externalidades negativas que afecten a la población local;

38.

Pide a la Comisión que modifique su propuesta de Reglamento relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (2010/0383(COD)) con el fin de permitir a los demandantes actuar contra una filial con sede en un tercer país, junto con la empresa matriz europea, con la creación de criterios de competencia adicionales;

39.

Pide a la Comisión que abogue por la incorporación de la RSE en las políticas comerciales multilaterales, tanto en los foros internacionales que han apoyado dicho concepto, en particular la OCDE y la OIT, como en la OMC en la perspectiva posterior a Doha;

40.

Pide a la Comisión que incluya sistemáticamente un capítulo sobre desarrollo sostenible que contenga una cláusula de RSE jurídicamente vinculante en los acuerdos de libre comercio y de inversión que negocie con terceros países;

41.

Propone que dicha cláusula de RSE incluya el respeto de los ocho convenios fundamentales y los cuatro convenios prioritarios de la OIT, pero también incentivos para animar a las empresas a adoptar compromisos en materia de RSE, así como una obligación de diligencia para las empresas y los grupos de empresas, es decir, la obligación de adoptar medidas proactivas con objeto de identificar y prevenir toda violación de los derechos humanos o medioambientales, la corrupción o la evasión fiscal, también en sus filiales y sus cadenas de suministro, es decir, en su esfera de influencia;

42.

Insta a la totalidad de los Estados miembros a que respeten y promuevan las normas laborales fundamentales de la OIT, a respetar los acuerdos firmados hasta la fecha en el ámbito social y a aplicar en la práctica los principios incluidos en ellos respecto de los derechos de los trabajadores;

43.

Recalca que se ha informado de repetidas infracciones de las normas fundamentales del trabajo en varios países con el SPG, pero que ello no provocó la suspensión de las preferencias; considera que la falta de cumplimiento de la condicionalidad socava la ambición de la UE de fomentar la política social y las normas fundamentales del trabajo a escala mundial y es contraria al principio de desarrollo de la coherencia de las políticas;

44.

Aplaude el sistema de supervisión de las normas laborales internacionales de la OIT, que es único a escala internacional y que ayuda a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican; recalca que, en caso de surgir un problema, la OIT debería ayudar a los países mediante el diálogo social y la asistencia técnica;

45.

Pide a la Comisión que promueva una cooperación más estrecha de la OMC con la OIT, permitiendo que la OIT presente a la OMC informes de expertos en caso de disputas comerciales, con el fin de lograr la inclusión de las normas laborales y del trabajo digno en las actividades de la OMC y para evitar poner en peligro el desarrollo social;

46.

Considera que las políticas de la Unión deberían centrarse en las personas y en las instituciones en lo que se refiere al desarrollo del capital humano y las reformas del mercado laboral;

47.

Expresa su preocupación por la práctica de algunos terceros países que utilizan el procedimiento Modo 4 para sus actividades comerciales, pide, en cambio, a la Comisión y a los Estados miembros que se fijen como objetivo que la migración internacional se configure de tal modo que se evite la explotación y la fuga de cerebros;

48.

Apoya las iniciativas que refuerzan el desarrollo del diálogo entre los interlocutores sociales y la cooperación dentro de los países asociados y a escala transnacional y pide a la Comisión que siga desarrollando los programas existentes, centrándose en los destinados a facultar a los interlocutores sociales en su capacidad institucional para la elaboración y aplicación de políticas;

49.

Aboga por que se respete el derecho de asociación para los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva sin excepciones a fin de implantar, mejorar y defender unas condiciones de trabajo dignas;

50.

Recuerda las directrices de la UE sobre diversas cuestiones relativas a los derechos humanos, que suponen una señal política fuerte de que estas cuestiones tienen carácter prioritario para la Unión; solicita al Consejo, por consiguiente, que adopte unas directrices similares basadas en los ocho convenios fundamentales de la OIT para que la UE pueda utilizarlas como un instrumento pragmático que contribuya al avance de la política social exterior de la Unión; reitera que el respeto de la legislación internacional en materia de derechos humanos sigue siendo vinculante para todas las empresas con arreglo a la Declaración Universal;

51.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un enfoque proactivo para abordar las consecuencias sociales de los ajustes y las reestructuraciones relacionados con la globalización;

52.

Se felicita por la organización de las reuniones del G-20 al nivel de los Ministros de Asuntos Sociales, y pide a la Comisión que participe activamente en ellas; lamenta que, en general, el seguimiento a escala de la UE siga siendo insatisfactorio;

53.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren las políticas de empleo, sociales y medioambientales, incluidos los aspectos de igualdad de género, en todas las negociaciones sobre las estructuras de gobernanza económica mundial y el diálogo macroeconómico;

54.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la buena gobernanza en el ámbito financiero, fiscal y judicial, a fin de favorecer la dimensión social de la globalización;

55.

Pide a la Comisión una recomendación dirigida a los Estados miembros de la UE en favor de la aplicación y la ratificación de los convenios de la OIT clasificados como actualizados por dicha organización, a fin de mejorar los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales en la Unión y en los países asociados en el contexto de una globalización justa e inclusiva a través de una mayor coherencia de la dimensión exterior de la política económica y social de los Estados miembros; pide, en este contexto, a la Comisión que aliente a los Estados miembros a llevar a cabo revisiones periódicas que examinen las implicaciones de las políticas económicas, financieras y comerciales;

56.

Considera que la proliferación de organismos reguladores internacionales plantea cuestiones urgentes acerca de la coherencia y la eficacia del ordenamiento jurídico internacional, en particular en lo que se refiere a la protección de los derechos de los trabajadores y los derechos fundamentales;

57.

Propone que la redefinición del concepto de gobernanza mundial se reoriente hacia una mayor integración de los organismos reguladores en el ordenamiento jurídico de las Naciones Unidas, así como hacia un mayor respeto de los principios enunciados por sus organismos especializados, en particular la OIT y la OMS;

58.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/51

—

Vistos los artículos 208 a 211, 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (1) (Instrumento de Cooperación al Desarrollo - ICD),

—

Vista la Declaración del Milenio, de 8 de septiembre de 2000, que establece los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios fijados de forma colectiva por la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza,

—

Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo», firmada el 20 de diciembre de 2005 (2),

—

Vistas la Declaración conjunta sobre el análisis democrático y la coherencia de las acciones exteriores y la Declaración de la Comisión sobre el análisis democrático y la coherencia de las acciones exteriores anejas al Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (3),

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Vistas las declaraciones de la Comisión incluidas en las actas del Consejo por las que se adopta formalmente la posición común del Consejo sobre la adopción del ICD (4) y, en particular, la Declaración de la Comisión referente al artículo 5 ICD,

—

Vista la carta D (2007) 303749, de 5 de marzo de 2007, dirigida por el entonces Presidente de la Comisión de Desarrollo, Josep Borrell Fontelles, a los entonces Comisarios Ferrero-Waldner y Michel (5),

—

Vista la carta A (2007) 5238, de 26 de marzo de 2007, dirigida por la entonces Comisaria Ferrero-Waldner al entonces Presidente de la Comisión de Desarrollo, Josep Borrell Fontelles (6),

—

Vistas las «Directrices para el establecimiento del sistema de notificación del acreedor» del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD-OCDE) (7),

—

Vista la sentencia del Tribunal de Justicia, de 23 de octubre de 2007, en el asunto C-403/05 (Parlamento Europeo/Comisión de las Comunidades Europeas, Recurso de anulación de la Decisión de la Comisión por la que se aprueba un proyecto relativo a la seguridad de las fronteras en Filipinas, Decisión adoptada sobre la base del Reglamento (CEE) no 443/92),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1337/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el que se establece un mecanismo de respuesta rápida frente a la fuerte subida de los precios de los productos alimenticios en los países en desarrollo (8),

—

Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 29 y 30 de octubre de 2009 (Doc. 15265/2009),

—

Vista la Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) (9),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, titulada «Revisión del presupuesto de la UE» (COM(2010)0700),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, sobre el futuro del apoyo presupuestario de la UE a terceros países (COM(2010)0586),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, titulado «Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible – Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE» (COM(2010)0629),

—

Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2007, sobre los proyectos de Decisión de la Comisión por los que se establecen Documentos de Estrategia nacionales y Programas Indicativos para Malasia, Brasil y Pakistán (10),

—

Vista su Resolución, de 7 de junio de 2007, sobre los proyectos de Decisión de la Comisión por la que se establecen Documentos de Estrategia Regionales y Programas Indicativos Regionales para Mercosur y América Latina (11),

—

Vista su Resolución, de 21 de junio de 2007, sobre el proyecto de Decisión de la Comisión por la que se establecen un Documento de Estrategia Regional 2007-2013 y un Programa Indicativo Plurianual para Asia (12),

—

Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre el control democrático de la ejecución del Instrumento de Financiación de la Cooperación para el Desarrollo (ICD) (13),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2007, sobre el proyecto de Decisión de la Comisión por la que se establece una medida especial 2007 para Iraq (14),

—

Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre las propuestas de Decisión de la Comisión por las que se establecen programas de acción anuales para Brasil para 2008 y para Argentina para 2008 (15),

—

Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2007, sobre las entidades locales y la cooperación al desarrollo (16),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Autoridades locales: agentes del desarrollo» (COM(2008)0626),

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Visto el diálogo estructurado iniciado en 2010 por la Comisión con objeto de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y a las autoridades locales en la cooperación para el desarrollo de la Comisión,

—

Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre el proyecto de Decisión de la Comisión por la que se establece el Programa de Acción Anual 2009 para el Programa temático «Participación de los agentes no estatales y las autoridades locales en el desarrollo» (Parte II: acciones dirigidas) (17),

—

Vista su posición, de 3 de febrero de 2011, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (18),

—

Vista su posición, de 3 de febrero de 2011, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (19),

—

Vista su posición, de 3 de febrero de 2011, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1934/2006 del Consejo por el que se establece un instrumento de financiación de la cooperación con los países y territorios industrializados y otros países y territorios de renta alta (20),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A7-0187/2011),

A.

Considerando que, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento por el que se establece el ICD, el objetivo primordial de la cooperación en virtud de este instrumento es «la erradicación de la pobreza en los países […] socios, […] mediante la prosecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)»,

B.

Considerando que, de conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento por el que se establece el ICD, todas las medidas previstas para programas geográficos y el 90 % del gasto previsto para programas temáticos deben cumplir los criterios de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) definidos por el CAD-OCDE,

C.

Considerando que, con arreglo a los cálculos de la Comisión, tan solo el 0,2 % de los compromisos financiados en el marco de los programas temáticos del ICD entre 2007 y 2009 no cumplen los criterios de la AOD,

D.

Considerando que, de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo (la «Decisión de comitología») (21), el Parlamento inició en 2007 un proceso de control democrático de la ejecución del Reglamento (CE) no 1905/2006, incluidos todos los documentos de estrategia nacionales, los documentos de estrategia regionales, los documentos de estrategia temática y los programas indicativos plurianuales, así como la mayor parte de los programas de acción anuales,

E.

Considerando que, de conformidad con la Declaración conjunta sobre el análisis democrático y la coherencia de las acciones exteriores y la Declaración de la Comisión sobre el análisis democrático y la coherencia de las acciones exteriores anejas al Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera, la Comisión se ha comprometido «a tener debidamente en cuenta la posición del Parlamento Europeo al aplicar las estrategias»,

F.

Considerando que los principios de implicación, participación y buena gobernanza exigen un enfoque multilateral, en el que los diferentes socios del desarrollo, como las autoridades locales o los actores no estatales, actúen de manera complementaria y coherente; considerando, no obstante, que es importante distinguir claramente entre el papel específico de las autoridades locales y el de los agentes no estatales en lo referente a sus ámbitos de competencia, legitimidad y control democrático, experiencia en la gestión de los asuntos locales y participación en la ejecución de las políticas públicas,

G.

Considerando que la financiación de la UE para la cooperación internacional con África procede de cuatro instrumentos geográficos: el FED para los países ACP africanos, el ACDC para Sudáfrica, el IEVA para cinco estados norteafricanos y el ICD para los programas temáticos,

H.

Considerando que la Comisión se comprometió a procurar garantizar que el 20 % de la asistencia que concede en el marco de los programas nacionales cubiertos por el ICD se destinara, para 2009, a la educación primaria y secundaria y a los servicios sanitarios básicos, mediante la ayuda a los proyectos, programas o presupuestos vinculados a estos sectores, partiendo de una media de todas las zonas geográficas,

I.

Considerando que la UE ha asumido el objetivo colectivo de destinar un 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la AOD para 2015,

J.

Considerando que la Cumbre de la Tierra que se celebrará en 2012 tiene por objeto renovar el compromiso político en favor del desarrollo sostenible, evaluar los progresos realizados para alcanzar objetivos en materia de desarrollo sostenible acordados a escala internacional, y hacer frente a retos nuevos y emergentes,

K.

Considerando que el artículo 290 del Tratado FUE estipula que un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo,

1.

Celebra que la Comisión esté dispuesta a respetar su compromiso de dialogar regularmente con el Parlamento sobre la ejecución del ICD; reconoce los esfuerzos realizados para mantener a los grupos de trabajo del Parlamento sobre el ICD informados sobre la manera en que se han tenido en cuenta sus observaciones sobre los documentos de estrategia a la hora de elaborar los programas de acción anuales;

2.

Observa que, en particular durante la revisión intermedia, el diálogo entre la Comisión y el Parlamento como parte del ejercicio de control democrático ha contribuido a evitar la adopción de documentos de estrategia que incluyan disposiciones que excedan su ámbito de competencias y a adaptar esos documentos de estrategia a las exigencias del Reglamento por el que se establece el ICD y, en particular, a los principios de elegibilidad para optar a AOD;

3.

Lamenta que la Comisión no haya tenido adecuadamente en cuenta varias de las preocupaciones del Parlamento, planteadas durante el proceso de control democrático, especialmente en lo referente a la escasa concentración en la pobreza y los ODM;

4.

Lamenta, que si bien «El consenso europeo sobre desarrollo» (2005) y el ICD hacen hincapié en la importancia de la implicación, la participación de los Parlamentos nacionales en la elaboración de los documentos de estrategia nacionales haya sido extremadamente limitada en la práctica; lamenta que la Comisión no haya aplicado correctamente lo dispuesto en los artículos 19, 20 y 33 del Reglamento (CE) no 1905/2006 en relación con la consulta de los agentes no estatales y las autoridades locales;

5.

Observa que no debe confundirse una estrategia a favor del crecimiento con una estrategia de desarrollo a largo plazo que conlleve la financiación de objetivos a largo plazo, como la salud, la educación, el acceso a la energía en las zonas rurales, el apoyo a los pequeños agricultores, etc.;

6.

Lamenta que, en respuesta a sus resoluciones en las que se resaltaba el incumplimiento del requisito que exige el cumplimiento de los criterios de elegibilidad para optar a AOD, establecido en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento, la Comisión Europea tan solo modificara o retirara 3 de los 11 proyectos de medidas de ejecución en cuestión;

7.

Lamenta que el Comité creado en virtud del artículo 35 del ICD no haya respondido a las resoluciones del Parlamento en las que se indicaba que la Comisión se había excedido en sus competencias de ejecución; observa con preocupación que el importante trabajo de control llevado a cabo por el Parlamento no obtuvo ninguna respuesta de los representantes de los Estados miembros en el Comité del ICD, e insta a los Estados miembros a que asuman sus responsabilidades y garanticen, en estrecha colaboración con el Parlamento, que las medidas propuestas por la Comisión cumplen plenamente los requisitos del ICD;

8.

Pide a la Comisión que indique, por orden de prioridad y con la ponderación correspondiente, los criterios que ha aplicado para asignar los fondos entre los países y las regiones cubiertos por el ICD, así como los distintos sectores de actividad dentro de cada uno de los programas geográficos y temáticos;

9.

Considera que muchos documentos de estrategia nacionales y regionales no destinan suficientes recursos al objetivo primordial del ICD, a saber, la erradicación de la pobreza en el contexto del desarrollo sostenible, y que muchos de estos documentos no indican claramente en qué medida las acciones propuestas contribuirán al logro de los ODM;

10.

Destaca especialmente el requisito de elegibilidad para optar a AOD para los programas geográficos cubiertos por el ICD, e insta a la Comisión y al SEAE a que garanticen el pleno cumplimiento de esta obligación legal en cada caso;

11.

Recuerda que la coherencia de las políticas a favor del desarrollo, la implicación en el desarrollo y la no fragmentación de la ayuda son elementos esenciales para garantizar la eficacia de la ayuda;

12.

Subraya que la UE sigue necesitando un instrumento específico de financiación de la cooperación para el desarrollo que se oriente exclusivamente a los países en desarrollo y persiga explícitamente los objetivos establecidos en el artículo 208 del Tratado FUE; insiste en que las cifras anuales que se consignen para la AOD en el próximo marco financiero plurianual deben aumentar en términos reales con objeto de alcanzar el objetivo colectivo de destinar el 0,7 % de la RNB a la AOD para 2015;

13.

Destaca que el pleno cumplimiento de los criterios de la AOD, y en particular del criterio del CAD-OCDE de que «cada transacción se administre teniendo como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo» (22), debe seguir siendo una condición para todas las medidas que se financien en el marco de programas geográficos con cargo al nuevo instrumento; pide que se establezca para los programas temáticos una cuota en materia de AOD más estricta que la que prevé el ICD actual, especialmente en lo que respecta a los programas sobre migración y asilo, para los que la Comisión no ha demostrado claramente en qué medida las actividades financiadas en el contexto de los controles de fronteras pueden optar a AOD con arreglo a los criterios del CAD-OCDE;

14.

Subraya que el logro de los ODM debe seguir siendo el objetivo primordial del instrumento para el periodo que abarca hasta 2015; insta a la Comisión a que garantice que la ayuda de la UE sigue siendo coherente con los objetivos de desarrollo acordados a escala internacional y que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes adoptarán para el periodo posterior a 2015;

15.

Reconoce la necesidad de establecer una cooperación que no forme parte de la AOD con muchos países en desarrollo para la facilitación de bienes públicos universales; considera que este tipo de cooperación debe regularse y que los fondos deben canalizarse a través de uno o varios instrumentos específicos, con objeto de garantizar la transparencia y de proteger la naturaleza específica de la cooperación para el desarrollo como un ámbito político autónomo en el sector de las relaciones exteriores; insiste, de conformidad con el compromiso asumido en el Consejo Europeo de los días 29 y 30 de octubre de 2009, en la necesidad de que la financiación del cambio climático «no socave ni ponga en peligro la lucha contra la pobreza ni la continuidad del avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio», y en que los escasos fondos de la AOD disponibles para la reducción de la pobreza no deben desviarse hacia objetivos no relacionados con el desarrollo en los países en desarrollo; destaca que no debe modificarse la definición de AOD formulada por la OCDE, y pide a la Comisión que garantice que ningún proyecto de desarrollo financiado por la UE sea contrario a los esfuerzos mundiales por atenuar el cambio climático y que todos los proyectos sean «a prueba de clima», especialmente los grandes proyectos de infraestructuras o los proyectos realizados en islas pequeñas, que serán las primeras en sufrir las consecuencias del cambio climático;

16.

Expresa su inquietud, en este periodo de graves restricciones presupuestarias, por la enorme atención que se está prestando a las inversiones del sector privado como vía para lograr más recursos financieros para el desarrollo; señala que la cooperación para el desarrollo es el único ámbito político de acción exterior (aparte de la ayuda humanitaria) que no se ha concebido para servir los intereses de la UE, sino para defender los intereses de las poblaciones más marginadas y vulnerables de este planeta; insta a la Comisión, por consiguiente, a que garantice que la financiación pública destinada a apoyar las inversiones del sector privado en el Sur no se desvíe de sectores ya infrafinanciados (como los programas para agentes no estatales y autoridades locales, por ejemplo), y que esa ayuda permita realmente el desarrollo de un sector privado nacional y de las pequeñas y medianas empresas en los países de renta baja;

17.

Conviene en que es necesario adoptar un enfoque diferenciado para con los distintos países en desarrollo y en que la ayuda financiera tradicional puede perder importancia para los países emergentes; considera que la ayuda a los países emergentes debe centrarse no solo en el fomento de un crecimiento económico sostenible sino también en seguir reforzando las políticas presupuestarias de los países socios y fomentando la utilización de ingresos nacionales, lo cual debería conducir a la reducción de la pobreza y de la dependencia de la ayuda;

18.

Insta a la Comisión a que refuerce la ayuda destinada a respaldar las reformas fiscales de los países en desarrollo y los países emergentes, con objeto de apoyar unos sistemas fiscales eficaces, eficientes, equitativos y sostenibles; pide a la Comisión que integre de manera eficaz los principios de buena gobernanza en relación con las cuestiones fiscales en la programación, la aplicación y el control de los documentos de estrategia nacionales y regionales, adoptando al mismo tiempo las medidas necesarias para reforzar la comunicación de datos, país por país, por parte de las empresas transnacionales;

19.

Destaca que el futuro instrumento de cooperación para el desarrollo debe seguir incluyendo a todos los países en desarrollo de las regiones geográficas a las que se aplica, de acuerdo con la lista del CAD-OCDE de países en desarrollo;

20.

Solicita una coordinación más estrecha entre la Comisión y los Estados miembros con objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 210 del Tratado FUE, y apoya el desarrollo de documentos de estrategia europeos conjuntos; considera que todos los documentos de programación de la UE para cada país y región deberían incluir cuadros detallados y actualizados de los donantes, así como un capítulo especial sobre la eficacia de la ayuda de la UE en el que se especifiquen las medidas adoptadas para incrementar la coordinación entre los donantes, la armonización y la complementariedad y para mejorar la división del trabajo entre los donantes y, en particular, entre los Estados miembros de la UE;

21.

Reitera su llamamiento a favor de que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) se integre en el presupuesto de la UE, lo que simplificaría los procedimientos y reforzaría la eficacia y la eficiencia de la ayuda de la UE; insiste en que ello no debe conllevar reducción alguna del importe global de la financiación que la UE destina al ICD y al FED ni del importe total de la financiación que la UE dedica a la AOD;

22.

Considera que debe reforzarse el apoyo a los grupos vulnerables (mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, desempleados o población indígena), así como las medidas a favor de la integración de la perspectiva de género y del examen de otras cuestiones transversales; insiste en que el instrumento que suceda al ICD debe exigir la inclusión de criterios de referencia claros en los documentos de programación con objeto de garantizar que se puede medir el impacto de las intervenciones de la UE en estos ámbitos;

23.

Destaca que la participación de las autoridades locales en las políticas de desarrollo es esencial para el logro de los ODM y para garantizar la buena gobernanza; señala, en particular, que las autoridades locales pueden desempeñar un papel clave en ámbitos como la educación, la lucha contra el hambre, la salud, el agua, el saneamiento, la cohesión social y el desarrollo económico local, etc.; considera, por tanto, esencial que se refuerce su papel en el próximo instrumento financiero, de conformidad con el principio de implicación en el desarrollo;

24.

Subraya la necesidad de establecer un diálogo regular y estructurado entre la Comisión y el SEAE, así como con los agentes no estatales y las autoridades locales, sobre la programación, la ejecución y la evaluación de los documentos de estrategia; insiste, en consecuencia, en la necesidad de tener en cuenta las conclusiones del diálogo estructurado en los futuros instrumentos financieros;

25.

Destaca la necesidad de contar con disposiciones en materia de flexibilidad que permitan a la UE reaccionar a los cambios de necesidades y prioridades; propone que se examine el modelo del FED consistente en dotaciones nacionales limitadas de ayuda no programada, como posible modelo para el futuro instrumento de cooperación para el desarrollo; hace hincapié, no obstante, en que los fondos utilizados de forma más flexible deben perseguir verdaderos objetivos de desarrollo;

26.

Considera que el nuevo instrumento de cooperación para el desarrollo debe establecer las bases para una ayuda específica y más flexible en situaciones de fragilidad; considera que la nueva estructura financiera debe contribuir a garantizar la debida vinculación de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo mediante la flexibilidad y la complementariedad de los mecanismos de financiación;

27.

Pide que se fije como referencia el objetivo de destinar el 20 % del gasto en el marco de los programas geográficos a los servicios sociales básicos definidos por las Naciones Unidas en los ODM (indicador 8.2. para el objetivo 8: «Fomentar una asociación mundial para el desarrollo»);

28.

Insiste en la necesidad de establecer estrictos criterios de elegibilidad para optar al apoyo presupuestario; mantiene que la Comisión debe abstenerse de utilizar el apoyo presupuestario en aquellos países en los que no pueda garantizarse la transparencia del gasto público, que el apoyo presupuestario siempre ha de ir acompañado de medidas destinadas a desarrollar las capacidades de control parlamentario y de auditoría del país beneficiario y a mejorar la transparencia y el acceso del público a la información, y que la sociedad civil debe participar en el control del apoyo presupuestario;

29.

Reconoce el importante papel que desempeña la sociedad civil en el desarrollo, al actuar como supervisora del Gobierno para garantizar la rendición de cuentas, y pide que se destinen recursos suficientes a la sociedad civil en los países en desarrollo;

30.

Pide de nuevo a la Comisión que presente un análisis financiero global que cuantifique el apoyo presupuestario general, sectorial, por proyecto o de cualquier otro tipo concedido a los gobiernos locales; insiste en que esta visión de conjunto mejoraría la coherencia de la ayuda concedida a los gobiernos locales y reforzaría la buena gobernanza en los países socios;

31.

Observa que se ha demostrado la pertinencia de todos los programas temáticos incluidos en el ICD y destaca la imperiosa necesidad de mantener los programas tanto temáticos como geográficos, pero pide que se proceda a una nueva orientación a la vista de los nuevos retos, como la crisis financiera y económica mundial, la crisis alimentaria mundial, el cambio climático, y las necesidades especiales de los estados frágiles y los estados en transición;

32.

Señala que la migración es un ámbito en el que existe una clara necesidad de dar prioridad a la coherencia de las políticas a favor del desarrollo frente a las reflexiones de la UE a corto plazo sobre la migración, destinadas en su mayor parte a luchar contra la inmigración ilegal; destaca que los fondos de desarrollo para la migración no deben utilizarse para reforzar el control en las fronteras y luchar contra la inmigración ilegal; insiste en que cualquier programa temático futuro sobre la migración debe respetar plenamente los objetivos de desarrollo de la UE, y en que la financiación principal de tales programas debe respetar los criterios de elegibilidad de la AOD; destaca, en particular, que dentro del programa temático ha de darse prioridad a los proyectos sobre la migración Sur-Sur;

33.

Destaca que cualquier programa temático sobre «Invertir en las personas» que se cree debe centrarse, pero sin limitarse a ello, en el logro de aquellos ODM que llevan más retraso y especialmente en los países y las regiones con indicadores críticos para los ODM; subraya que la educación básica y la alfabetización constituyen el punto de partida del proceso de sensibilización y de la implicación en el desarrollo; pide, por consiguiente, que el programa se centre en la educación como instrumento de emancipación y participación;

34.

Considera que el nuevo instrumento debe prever un enfoque diferenciado de la financiación destinada a las organizaciones de la sociedad civil y la destinada a las autoridades locales, así como evitar una competencia improductiva entre los dos tipos de agentes; destaca la necesidad de abordar el problema del exceso de solicitudes del programa actual; pide que los resultados del diálogo estructurado se reflejen plenamente en la definición del futuro programa temático y en las modalidades de ayuda propuestas;

35.

Señala que una de las razones por las que no se han alcanzado los ODM es que no se han reconocido las contribuciones del medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas al desarrollo humano y a la erradicación de la pobreza; observa con preocupación que, mientras que la AOD europea actual destina tan solo el 3 % del gasto total a cuestiones ambientales, se plantea el problema de que una parte de la financiación que la UE y sus Estados miembros destinan a los países en desarrollo se invierte en proyectos que fomentan el cambio climático en lugar de atenuarlo; subraya que debe mejorarse la coherencia de las políticas a favor del desarrollo en el ámbito del cambio climático, especialmente en lo tocante a la financiación destinada al clima y la integración de las preocupaciones en materia de cambio climático en la cooperación de la UE para el desarrollo;

36.

Señala que, en su Informe Especial no 6/2006, el Tribunal de Cuentas afirmó que desde 2001 la Comisión había efectuado limitados progresos en lo que atañe a la integración del medio ambiente en su cooperación al desarrollo, dado que los informes estratégicos nacionales no tenían suficientemente en cuenta las cuestiones ambientales; insta por tanto a la Comisión a que garantice que las cuestiones ambientales se integren mejor y se controlen sistemáticamente en el conjunto de las políticas exteriores y los instrumentos financieros, especialmente ante los retos actuales del cambio climático y la pérdida de biodiversidad;

37.

Reitera que el artículo 290 del Tratado FUE se aplica plenamente al ICD, e insiste por tanto en que la aplicación del procedimiento de actos delegados es obligatoria para las decisiones que cumplen los criterios establecidos en el artículo 290 del Tratado FUE, incluidas las relativas al establecimiento de objetivos generales, ámbitos prioritarios, resultados previstos y dotación de fondos;

38.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

11.12.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 380/59

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Visto el Libro Verde de la Comisión, de 1 de julio de 2010, sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas (COM(2010)0348)),

—

Vista la Decisión 2010/233/UE de la Comisión, de 26 de abril de 2010, por la que se crea un Grupo de expertos para un marco común de referencia en el ámbito del Derecho contractual europeo (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de julio de 2001, sobre Derecho contractual europeo (COM(2001)0398),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de febrero de 2003, titulada «Un Derecho contractual europeo más coherente – Plan de acción» (COM(2003)0068),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de octubre de 2004, titulada «Derecho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro» (COM(2004)0651),

—

Visto el Informe de la Comisión, de 23 de septiembre de 2005, titulado «Primer informe anual sobre los progresos realizados en materia de Derecho contractual europeo y revisión del acervo» (COM(2005)0456) y el Informe de la Comisión, de 25 de julio de 2007, titulado «Segundo informe de situación sobre el Marco Común de Referencia» (COM(2007)0447),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de octubre de 2009, relativa al comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557),

—

Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre un Marco Común de Referencia para el Derecho contractual europeo (2),

—

Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2007, sobre el Derecho contractual europeo (3),

—

Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2006, sobre el Derecho contractual europeo (4),

—

Vista su Resolución, de 23 de marzo de 2006, sobre el Derecho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro (5),

—

Vistas sus resoluciones de 26 de mayo de 1989 (6), 6 de mayo de 1994 (7), 15 de noviembre de 2001 (8) y 2 de septiembre de 2003 (9) en la materia,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0164/2011),

A.

Considerando que la iniciativa en materia de Derecho contractual europeo, que pretende abordar los problemas ocasionados en el mercado único por la existencia de diversos corpus de Derecho contractual, entre otros factores, ha sido objeto de debate durante muchos años,

B.

Considerando que, a raíz de la crisis financiera mundial, contar con un régimen coherente de Derecho contractual europeo adquiere más importancia que nunca para alcanzar todo el potencial del mercado interior y contribuir así a la consecución de los objetivos que nos hemos fijado para Europa 2020,

C.

Considerando que el mercado único sigue estando fragmentado, debido a muchos factores, incluida la falta de aplicación de la legislación sobre el mercado único en vigor,

D.

Considerando que se requiere un estudio más pormenorizado para comprender mejor las causas por las que el mercado interior sigue estando fragmentado y cuál es la mejor manera de abordar estos problemas, y también de garantizar la aplicación de la legislación existente,

E.

Considerando que la Comisión ha presentado en el Libro Verde arriba mencionado una serie de opciones para un instrumento de Derecho contractual europeo que podrían ayudar a desarrollar el espíritu empresarial y a reforzar la confianza de los ciudadanos en el mercado único,

F.

Considerando que el Grupo de expertos creado para asistir a la Comisión a preparar su propuesta de un marco común de referencia (MCR) ha iniciado su labor, junto con la ayuda de una mesa redonda compuesta por las partes interesadas,

G.

Considerando que las divergencias entre los Derechos contractuales nacionales no constituyen el único obstáculo para las PYME y los consumidores en lo relativo a las actividades transfronterizas, ya que se enfrentan a otros problemas como las barreras lingüísticas, los distintos sistemas fiscales, la cuestión de la fiabilidad de los comerciantes en línea, el acceso limitado al ancho de banda, la alfabetización digital, los problemas de seguridad o la composición demográfica de la población de los distintos Estados miembros, e inseguridades en cuanto a la protección de la intimidad, la tramitación de las reclamaciones, los derechos de propiedad intelectual, etc.,

H.

Considerando que, según un estudio de la Comisión de 2008, tres cuartas partes de los minoristas venden solo a nivel nacional, y que las ventas transfronterizas suelen darse únicamente en unos pocos Estados miembros (10),

I.

Considerando que es necesario distinguir entre las transacciones transfronterizas convencionales y el comercio electrónico, donde se dan problemas específicos y los costes de transacción son diferentes; que también resulta necesario, a efectos de las futuras evaluaciones de impacto, determinar de forma cuidadosa y precisa la composición de los costes de transacción,

J.

Considerando que es obvio que la aplicación de un Derecho (de consumo) extranjero a las transacciones transfronterizas en virtud del Reglamento Roma-I (11) ha supuesto unos costes de transacción considerables para las empresas, en particular para las PYME, estimados, solo para el Reino Unido, en 15 000 EUR por empresa y Estado miembro (12),

K.

Considerando que se necesita más información acerca de los costes de transacción resultantes de la aplicación del artículo 6, apartado 2 y del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento Roma I, teniendo en cuenta que Roma I sólo se ha aplicado desde diciembre de 2009;