13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/1

1.1

En respuesta a la carta de la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Sra. Wallström, el CESE presenta este dictamen exploratorio, aun cuando sigue teniendo en cuenta los dictámenes emitidos en los últimos años, en los que se recogen las reflexiones, los análisis y las propuestas que ha venido formulando nuestro Comité al respecto.

1.2

El CESE considera necesario que se persigan los objetivos de Lisboa en materia de política demográfica. Así pues, las rápidas transformaciones demográficas en el mercado laboral obligan a adoptar medidas urgentes para resolver los problemas relacionados con ellas:

1.3

No sólo es necesario desalentar la exclusión de los trabajadores de mayor edad del mercado laboral, sino que, por el contrario, se debería dedicar mayor atención a su incorporación en el ciclo productivo.

1.4

El puesto de trabajo debería corresponderse con la formación y experiencia profesionales del trabajador, sin ningún tipo de discriminación generacional. Por este motivo, el CESE insta a todos los Estados miembros a que incorporen y apliquen cuanto antes la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2000/78/CE).

1.5

Una mejor organización del trabajo requiere una evaluación del tipo de cometido que se ejerce (actividad de riesgo, de desgaste o repetitiva).

1.6

Los programas de aprendizaje permanente son la clave para una mejor valorización de los trabajadores mayores de cincuenta años, tanto dentro como fuera de las empresas. Por este motivo, se debería proceder a la divulgación y el seguimiento de los casos de mejores prácticas, tal como prevén los informes anuales de seguimiento que han presentado los interlocutores sociales europeos.

1.7

Una política en favor del empleo de calidad orienta y forma a generaciones de ciudadanos durante toda su carrera profesional, lo cual requiere la intervención de los interlocutores sociales y de todos los agentes económicos y sociales relevantes en el plano local, nacional y europeo.

1.8

La investigación y la innovación son una inversión fundamental tanto para las generaciones futuras como para los actuales ciudadanos europeos. Por lo tanto, es preciso animar a los jóvenes para que se matriculen en facultades de ciencias y crear las condiciones adecuadas de empleo en los campos de la tecnología y la investigación.

La Unión Europea debe reducir las diferencias que nos separan de otros países que, como China y la India, han dado en los últimos años pasos de gigante en este ámbito.

1.9

Las inversiones en las regiones menos favorecidas ayudan a evitar su abandono por parte de los jóvenes, convirtiéndose así en un instrumento de desarrollo y reconversión territorial.

1.10

Dedicado a la igualdad de oportunidades, el 2007 debería centrarse en analizar cómo conciliar la vida privada y la vida profesional para que quien elija tener hijos no se vea condicionado por situaciones de precariedad, necesidad o soledad en el núcleo familiar a la hora de afrontar los costes, no sólo económicos, que conlleva el nacimiento de un niño.

1.11

El CESE considera que se debe incentivar el uso de importantes directivas como la relativa a los permisos parentales, garantizar los cuidados y servicios de asistencia infantil y a la tercera edad, reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y luchar contra la precariedad y la inestabilidad en el puesto de trabajo, que son causa de indigencia para muchas mujeres europeas. Además es preciso establecer incentivos que espoleen a los hombres para que compartan, en mayor medida, las responsabilidades familiares. La natalidad y el empleo femenino no deben entrar en conflicto, por lo que es preciso adoptar todos los instrumentos necesarios para garantizar que las madres puedan conciliar el cuidado de sus hijos con su vida profesional.

1.12

También en el mundo empresarial se deben adoptar medidas para garantizar a las mujeres diversas oportunidades y posibilidades de acceder a los cargos directivos.

1.13

La inmigración es una de las respuestas necesarias para afrontar los desafíos que plantea el envejecimiento de la población. Las políticas orgánicas de integración y empleo pueden constituir un motor de crecimiento y desarrollo, y se deberán valorizar las competencias, las experiencias profesionales y la titulación académica de los inmigrantes.

1.14

Hay que garantizar la sostenibilidad de los sistemas de bienestar social con una serie de medidas que no penalicen el objetivo final, tal como queda establecido en los tratados de la UE (art. 2). Por lo tanto, es necesario, por una parte, garantizar su sostenibilidad y, por la otra, perseguir los objetivos de universalidad y ecuanimidad propios del modelo social europeo.

1.15

Atendiendo a la función que desempeñan, se debe garantizar y ofrecer apoyo tanto a los servicios de interés general como a los agentes de la economía social. Las asociaciones de voluntariado en las que participan los ancianos desempeñan una función social importante que se debe apoyar y valorizar.

1.16

El objetivo de la Unión Europea y de los Estados miembros debería estribar en garantizar a las generaciones futuras una vejez tranquila y digna y, por lo tanto, unos regímenes de pensiones adecuados. Cuando sean necesarias, las pensiones complementarias deberán ser fiables, seguras y a resguardo de las imprevisibles oscilaciones de los mercados financieros.

1.17

La lucha contra la precariedad en el trabajo implica ofrecer también a los trabajadores jóvenes la seguridad de una pensión digna y la necesidad de acelerar su incorporación al mundo laboral.

1.18

Es preciso analizar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones teniendo presente una serie de complejos elementos, que no se pueden reducir únicamente al envejecimiento de la población.

1.19

En algunos Estados de la UE, el objetivo fundamental para garantizar la sostenibilidad de estos sistemas de pensiones ha de ser la lucha firme contra la evasión fiscal y contributiva.

1.20

En materia de sanidad, el envejecimiento demográfico implicará ante todo inversiones en materia de prevención, calidad de la asistencia e investigación, especialmente de las patologías más comunes entre los ancianos, donde será necesario concentrar esfuerzos y estudios.

1.21

En lo relativo al envejecimiento de la población, las cuestiones de salud y seguridad en el ámbito laboral también conllevarán otras connotaciones y sufrirán cambios que deberán analizarse y valorarse atentamente.

1.22

El CESE considera que los Estados miembros de la UE deben llevar a cabo, con el acuerdo de los interlocutores sociales, programas comunes para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, especialmente las relacionadas con la edad avanzada de los trabajadores. El seguimiento y el intercambio de información constituyen importantes instrumentos a este respecto.

1.23

Los trabajadores de mayor edad han de poder elegir libremente la posibilidad de prolongar su vida profesional, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y tras evaluar el riesgo, el carácter repetitivo y el desgaste que comporta cada profesión.

1.24

El CESE se compromete a proseguir su labor de profundización, evaluación y formulación de propuestas acerca de los cambios demográficos, consciente de la complejidad de este tema, que exigirá en los próximos años la participación de todos los agentes institucionales, económicos y sociales para hacer frente a los nuevos desafíos. De acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento Interno, el Comité se compromete a realizar un seguimiento del análisis de los temas tratados en el presente dictamen.

2.1

La Sra. Wallström, Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha solicitado al Comité Económico y Social Europeo que elabore un dictamen exploratorio sobre el informe recientemente publicado por la Comisión, junto con el Comité de Política Económica, sobre las repercusiones económicas y presupuestarias que el envejecimiento de la población ocasiona en todos los Estados de la Unión Europea.

2.2

Con esta solicitud, y teniendo en cuenta la amplitud del tema y de las políticas afines, la Sra. Wallström invita al CESE a que se pronuncie sobre aquellas cuestiones relacionadas, directa o indirectamente, con el mundo laboral, así como sobre otros aspectos vinculados a él como son la sanidad, los sistemas de pensiones o la formación continua.

2.3

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, con sede en Dublín, ha dedicado numerosos estudios al tema del envejecimiento de la población y al análisis de sus repercusiones para los ciudadanos y los trabajadores europeos.

2.4

Existen numerosos factores que determinan el envejecimiento de la población, como la caída de la tasa de natalidad, una expectativa de vida cada vez mayor o la progresiva retirada de la vida económica activa de la generación nacida en la posguerra y, ya en perspectiva, de la generación del baby boom de los años sesenta (1), factor éste que repercutirá directamente en la población en edad laboral.

2.5

Según las proyecciones de Eurostat, las personas mayores de 65 años en la UE-25 pasarán de ser 75 millones en 2005 a cerca de 135 millones en 2050. En relación con la población total de estos 25 Estados miembros, se prevé que la proporción llegue al 30 %, con los niveles máximos de España (36 %) e Italia (35 %), y los mínimos de Luxemburgo (22 %) y Países Bajos (23 %).

2.6

El envejecimiento de la población conlleva considerables consecuencias de carácter social y económico para los distintos países y hace necesaria una modernización de las políticas presupuestarias y de bienestar social.

2.7

Las economías nacionales –mercado laboral, productividad, innovación tecnológica y crecimiento económico– están sometidas de lleno a los efectos del envejecimiento, ya que resulta inevitable un cambio en las necesidades y en el potencial de la población.

3.1

Entre otros aspectos, la Estrategia de Lisboa toma en consideración la tasa de empleo de los trabajadores de más edad: el objetivo inicial, que no se ha logrado todavía, se proponía alcanzar antes de 2010 una tasa mínima de empleo para los trabajadores mayores superior al 50 %.

3.2

Si, por una parte, el envejecimiento demográfico implica un aumento de la edad media, por la otra, reduce el número total de ciudadanos en edad laboral ya que las generaciones más viejas no son sustituidas por un número suficiente de jóvenes. Además, los jóvenes se incorporan al mundo laboral cada vez más tarde (2).

3.3

Así pues, el envejecimiento demográfico influye y modifica considerablemente el mercado laboral, por lo que es necesario adoptar medidas urgentes para resolver los problemas que plantee el cumplimiento de los siguientes objetivos:

3.4

Los efectos del envejecimiento demográfico no afectan únicamente a los trabajadores, sino también a los empresarios. En este recambio generacional es importante prever instrumentos que faciliten la transferencia de las actividades empresariales, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. De hecho, también el mundo empresarial registra un alza progresiva de su promedio de edad, lo cual tiene consecuencias –directas o indirectas– para la innovación, para el mercado de capitales y, en general, para todo el tejido industrial europeo. Una población de empresarios más viejos implica que una buena parte de ellos ya se ha retirado de la vida profesional activa, o se apresta a hacerlo, sin sustitutos entre las nuevas generaciones de jóvenes empresarios. Una reducción en el número de empresarios conlleva una reducción en el número de empresas y, por consiguiente, una menor cantidad de puestos de trabajo.

3.5

La exclusión de los trabajadores de mayor edad es un fenómeno cada vez más preocupante, no sólo en la industria sino también en el sector terciario. La dificultad para incorporarse a un nuevo contexto laboral, una experiencia laboral adquirida generalmente en uno o pocos puestos de trabajo y la discriminación a la que indudablemente se ven sometidos los trabajadores de mayor edad a la hora de buscar un nuevo empleo son circunstancias que afectan a todos los trabajadores europeos.

3.6

También sería necesario dedicar una mayor atención a la incorporación de los trabajadores de mayor edad en el ciclo productivo, ya que en algunos sectores, su experiencia es la base de una productividad cualitativamente mejor. También en el ámbito empresarial se debe pasar de un enfoque basado meramente en la edad a otro basado en las capacidades concretas. En este caso se deberán aplicar y controlar las directivas europeas contra cualquier forma de discriminación (2000/43/CE y 2000/78/CE).

3.7

Todos los trabajadores deberían ocupar un puesto de trabajo que se correspondiera en la medida de lo posible con su formación y su experiencia. Esto permitiría incrementar la productividad para compensar, al menos en parte, los efectos negativos que tiene el envejecimiento de la población (3).

3.8

En cualquier caso, las políticas activas en favor del empleo de los trabajadores mayores han de tener presente el tipo de trabajo desempeñado: los empleos de riesgo, de mayor desgaste y repetitivos precisan efectivamente un análisis específico y un mayor margen de voluntarismo por parte de las personas afectadas (4).

4.1

Como ya han afirmado numerosos órganos institucionales europeos, uno de los objetivos concretos que se han fijado para aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad es la puesta en marcha de programas de aprendizaje permanente eficientes y eficaces, a través del intercambio de buenas prácticas entre los 27 países de la UE y de un diálogo continuo con los interlocutores sociales (5).

4.2

Desde la cumbre de Luxemburgo (1997), la Estrategia Europea de Empleo (EEE) viene estableciendo, año tras año, directrices relacionadas con la educación a largo de toda la vida. Estas directrices no han pasado por alto la importancia que revisten el empleo de los trabajadores de mayor edad ni, por lo tanto, su preparación profesional para hacer frente a los problemas que plantea el envejecimiento demográfico.

4.3

Se habla de educación permanente para referirse a cualquier actividad importante de aprendizaje que tenga como objetivo la mejora de aptitudes, conocimientos y capacidades. Así pues, debemos plantearnos estas actividades a lo largo de toda la vida ya que la pérdida de capacidad y de actualización laboral tiene precisamente una repercusión más drástica y negativa para los trabajadores de edad avanzada.

4.4

Tampoco el CESE se ha olvidado de recalcar el frecuente desequilibrio intergeneracional en lo relativo al conocimiento de las tecnologías y a la adquisición de las diversas capacidades (6).

4.5

Uno de los instrumentos eficaces con vistas a promover la capacidad de adaptación de los trabajadores es la formación interna de las empresas. Algunos Estados miembros (Reino Unido, España, Portugal, Países Bajos, Austria) han promovido en diversa medida la organización de estos cursos de formación y actualización en el seno de las empresas a través de incentivos y exenciones fiscales.

4.6

La Estrategia de Lisboa insiste en el hecho de que los métodos y los sistemas de formación que funcionan bien y responden eficazmente a las exigencias del mercado laboral constituyen un elemento clave para construir una economía basada en el conocimiento, uno de los objetivos de la cumbre de Lisboa.

4.7

Reducir los obstáculos a la contratación de trabajadores de mayor edad implica anticiparse a los efectos de los cambios demográficos.

5.1

El Comité Económico y Social Europeo ya resaltaba en 2004 la importancia de apoyar un pacto entre generaciones que garantizara a los ciudadanos de los países europeos un recambio generacional suficiente en el mercado laboral, un Estado social adecuado a las nuevas realidades demográficas, así como una normativa europea que favoreciera las políticas de empleo, la reconversión profesional y una aproximación entre el mundo de la educación y la empresa (7).

5.2

En cualquier caso, las políticas en favor de un «buen» empleo deben orientarse también a favorecer la integración laboral de los jóvenes, con un seguimiento durante toda su vida laboral (8), sin que ello cree una «fractura numérica» entre los trabajadores jóvenes y aquellos de mayor edad que pretendan permanecer en sus puestos de trabajo.

5.3

En aquella ocasión, el CESE lanzaba un desafío como era el de «contribuir a que en el futuro la concertación sea cada vez mayor en torno a un tema primordial que implica la intervención coordinada y prolongada de una pluralidad de protagonistas, que exige evitar que predominen intereses a corto plazo y requiere la continuidad de un proyecto constructivo. Se trata de la elaboración progresiva de un nuevo pacto entre generaciones en los territorios de la Unión Europea».

5.4

La investigación y la innovación son ámbitos en los que es necesario invertir si se quiere asegurar a las futuras generaciones europeas un futuro de bienestar con una calidad de vida satisfactoria y sostenible. Por todo ello, es importante tener también en cuenta la media de edad de los investigadores y los científicos europeos, así como la necesidad de incorporar a los jóvenes a estos sectores clave.

5.5

La insuficiente inversión en investigación que se registra en toda Europa, a unos niveles aún bastante alejados de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, no permite a los jóvenes investigadores labrarse un futuro y una carrera en el ámbito de la investigación científica y tecnológica, al verse a menudo obligados a trabajar en condiciones de gran precariedad. El hecho de que la media de edad de los científicos europeos sea más alta que en las otras potencias mundiales supone un riesgo de cara al futuro.

Por ejemplo, la India y China tienen cada vez más licenciados en ciencias y el 60 % de los investigadores y científicos de los EE.UU. proviene de estos países. Por el contrario, las facultades de ciencias de numerosos países europeos han registrado en los últimos años un claro descenso de las matriculaciones.

5.6

El problema del envejecimiento demográfico también tiene repercusiones directas en la cohesión territorial: los jóvenes tienden a abandonar algunas regiones para buscar empleo en zonas con mejores condiciones de vida y de trabajo. Esto acentúa las diferencias entre algunas regiones con una economía más desarrollada y otras que, por el contrario, se empobrecen y envejecen a mayor velocidad.

5.7

La conciliación de la vida privada con la vida profesional es un pilar del modelo social europeo. El aumento de la media de edad europea plantea el problema que supone relanzar la natalidad. Por ello se entiende únicamente la posibilidad que hay que brindar a todas las parejas de que tengan hijos sin que ello implique tener que renunciar a una vida profesional activa o, incluso, la obligación de reducir el tren de vida familiar hasta llegar, con demasiada frecuencia, a umbrales que rozan la pobreza. Los jóvenes de hoy se distinguen por unas condiciones laborales precarias que no les garantizan ninguna seguridad de cara al futuro y por su tendencia a tener menos hijos o, incluso, a no tener descendencia.

5.8

Para lograr el objetivo de un aumento progresivo de la tasa de natalidad es necesario potenciar, mejorar y adecuar todos los servicios sociales, sanitarios y escolares (guarderías infantiles, asistencia médica, prevención, ayudas económicas, etc.) a la realidad demográfica de los países de la UE.

6.1

En 2005, la tasa de empleo femenino en la UE-25 se situaba en el 56,3 %. Se trata de un problema menos acentuado en los países del norte de Europa, pero bastante más grave en los países mediterráneos. Incluso las mujeres activas trabajan duramente para labrarse una carrera que les permita acumular cotizaciones sólidas a efectos de asistencia social. Efectivamente, las mujeres deben afrontar numerosos problemas en su relación con el mundo laboral:

6.2

La Comisión considera, acertadamente, que el descenso del número de ciudadanos en edad laboral podría compensarse parcialmente con diversas medidas como, al menos a corto plazo, un incremento de la participación femenina en el mundo del trabajo. Los cambios culturales que en las últimas décadas han permitido a las mujeres trabajar y adquirir independencia se reflejan también en las diferencias que registran las tasas de empleo femenino entre las diferentes generaciones. Así, las jóvenes europeas tienen una mayor presencia en el mundo laboral que las mujeres de mediana edad.

6.3

La participación creciente de las mujeres en el mercado de trabajo es indudablemente un aspecto positivo y supone un progreso aunque, de acuerdo con los análisis estadísticos, incluso los más recientes, esta participación no es todavía suficiente y, además, deberá traducirse en una aplicación efectiva de las mismas condiciones de trabajo y remuneración de que disfrutan los hombres, y defender a las mujeres ante los abusos y la discriminación en los puestos de trabajo y en la vida social. Por otra parte, las diferencias entre mujeres y hombres en materia de empleo también se reproducen en el ámbito empresarial y, de hecho, existe una diferencia abismal entre el número de empresarios y el de empresarias. Por consiguiente, tanto los Estados miembros como la Unión Europea deberán reforzar los instrumentos de que ya disponen y dotarse de otros nuevos con el objetivo de incentivar y proteger el trabajo de las mujeres.

7.1

La emigración hacia la Unión Europea es una realidad en constante crecimiento. Las obvias diferencias económicas de nivel de vida entre Europa y los países en desarrollo de otros continentes favorecen la inmigración hacia nuestros países más ricos. La inmigración no puede considerarse una amenaza, sino un fenómeno que puede constituir, a través de políticas orgánicas, un potencial factor de crecimiento, desarrollo e integración.

7.2

Con el envejecimiento demográfico generalizado y la reestructuración de la población activa, los trabajadores inmigrantes desempeñan en la UE cometidos que se combinan eficazmente con las necesidades productivas, económicas y sociales del Estado de acogida. Las políticas laborales y de integración deben ir orientadas a mejorar en la medida de lo posible la asignación de los recursos humanos disponibles, incluidos los inmigrantes, mediante una valorización de sus competencias, experiencias profesionales y titulaciones académicas (9).

7.3

De hecho, también la Comisión afirma que la inmigración puede desempeñar un papel positivo en los ajustes del mercado laboral. Además, si ocupan un puesto de trabajo en la economía formal, los trabajadores inmigrantes contribuirán a la financiación de los sistemas de protección social con el pago de sus impuestos y cotizaciones a los regímenes de seguridad social, algo que constituye una importante novedad para el futuro del mercado laboral europeo de cara a los próximos años. Asimismo, tampoco se subestima el fundamental apoyo económico que para sus familias de origen representan las remesas de los emigrantes, que constituyen a menudo su única fuente de sustento económico. Por todo ello, una mejor integración de la inmigración es un objetivo indispensable para los Estados de la UE (10).

7.4

Por otra parte, la necesaria inclusión en la economía formal no afecta únicamente a los trabajadores inmigrantes: para lograr economías nacionales más sanas y sostenibles, el envejecimiento de la población plantea cuestiones urgentes como la lucha contra el trabajo en negro y precario.

8.1

La Comisión Europea ya afirma en numerosos documentos que para conseguir una verdadera sostenibilidad de las finanzas públicas en los Estados miembros es necesario actuar para mantener bajo control o reducir la deuda pública de un modo considerable, progresivo y constante. Para ello, es necesaria una asignación eficaz de los recursos que no suponga un deterioro de la calidad y la universalidad de los servicios públicos.

8.2

Aun teniendo en cuenta sus diferencias y peculiaridades, los diversos sistemas para la financiación de la protección social en los Estados de la UE han de garantizar un funcionamiento eficaz, ecuánime y transparente al servicio de la ciudadanía, especialmente como consecuencia de los cambios demográficos que crean una alarma en torno a la sostenibilidad de los Estados del bienestar.

8.3

El CESE subraya que los servicios sociales de interés general y los agentes de la economía social desempeñan una importante función a la hora de integrar el apoyo a las familias y a la tercera edad. Al reconocer la relevancia de dichas actividades se debe respaldar, sobre la base de planteamientos comunes, unas realidades que son útiles para la sociedad.

8.4

En este sentido, la Unión Europea puede desempeñar un importante papel: la Estrategia de Lisboa (integración entre las políticas sociales, económicas y de empleo) brindó un extraordinario enfoque innovador y uno de sus instrumentos, el método abierto de coordinación, puede considerarse una de las novedades más interesantes de la política comunitaria en los últimos años. Desgraciadamente, se trata de un instrumento que se utiliza poco y es a menudo infravalorado, mientras que, a la vez, se ha ido abandonando el instrumento legislativo comunitario. El modelo social europeo sigue siendo un objetivo, no un obstáculo que hay que sacrificar en nombre del mercado interior.

8.5

En algunos Estados europeos, con mayor razón ahora que se enfrentan a fenómenos de gran amplitud como el incremento de la edad media de su población, la financiación de los regímenes de pensiones y asistencia social se ve gravemente amenazada por el flagelo de la evasión fiscal y contributiva. Ninguna voluntad de reforma del Estado social, la asistencia, la sanidad o las políticas en favor del empleo puede pasar por alto la lucha contra delitos como la evasión y la elusión fiscales que son los primeros en poner en peligro la propia existencia de un equilibrio estatal sostenible.

8.6

Por consiguiente, a la hora de buscar soluciones y ajustes ante los cambios demográficos, el CESE resalta la importancia de la lucha contra la evasión fiscal y contributiva, así como la reducción del número de contribuyentes.

9.1

El declive de la población en edad laboral y el aumento de los trabajadores jubilados, dos circunstancias motivadas por una esperanza de vida más alta, son el tema central de muchos de los documentos que ha presentado la Comisión Europea en torno a la sostenibilidad de los regímenes de pensiones.

9.2

Es necesario que estos regímenes puedan garantizar a las futuras generaciones una vejez serena y digna en las próximas décadas. Por este motivo, estos efectos del envejecimiento en los regímenes de pensiones no pueden, tras un primer análisis, resolverse exclusivamente con el incentivo de recurrir a pensiones complementarias o privadas, ya que ello supondría una simplificación peligrosa. En su lugar, es necesario actuar y dotarse de instrumentos eficaces para lograr que estas modalidades complementarias de pensión sean más simples, seguras, fiables y estén a resguardo de las imprevisibles oscilaciones de los mercados financieros. También deberá reforzarse la supervisión de los fondos de pensiones privados, con objeto de extender el sistema de control y de garantizar una gestión rigurosa.

9.3

En muchos países de la UE, la crisis que sufren los regímenes de pensiones no se deriva únicamente del envejecimiento demográfico, sino también del hecho de que las cotizaciones son cada vez menores sin que se recuperen otros recursos (por ejemplo, a través de la lucha contra la evasión fiscal y contributiva), y todo ello mientras la demanda de los ciudadanos es cada vez mayor en materia de pensiones.

9.4

Este fenómeno se ve agravado aún más por el hecho de que las generaciones jóvenes se incorporan al mundo laboral cada vez más tarde y, frecuentemente, lo hacen con contratos precarios y poco remunerados, por lo que contribuyen con cotizaciones inferiores a las que aportaban sus padres a la misma edad.

9.5

El envejecimiento de la población podría llevar a alargar la carrera profesional aunque, especialmente en algunos países de la Unión, urge aún más frenar el retraso en la incorporación al mundo laboral y, en términos más generales, ofrecer mejores oportunidades y condiciones de trabajo al inicio de la carrera profesional.

9.6

Las previsiones de la Comisión Europea hasta 2050 contemplan un aumento del gasto en pensiones en todos los países de la UE excepto en Austria, gracias a las reformas que este país introdujo en 2000. En Italia y en Suecia se prevén únicamente ligeros aumentos del gasto ya que sus regímenes públicos de pensiones se basan en el sistema contributivo; para los demás países se prevén aumentos muy significativos, que llegan hasta el 9,7 % de Portugal.

9.7

Por todo ello, el problema de la sostenibilidad de los regímenes de pensiones no puede analizarse ni resolverse como un fenómeno aislado: en su lugar, es necesario tener una idea clara de las causas, que no se limitan a un fenómeno endógeno de la sociedad europea como es el envejecimiento generalizado de la población, sino que deben relacionarse con las diversas realidades del mercado de trabajo, el crecimiento económico y los sistemas de protección social de los distintos países de la UE.

9.8

Los objetivos que hemos de fijarnos para afrontar la cuestión de la sostenibilidad de los regímenes de pensiones van más allá del simple aumento de la edad de jubilación, medida esta que, en caso de utilizarse sin criterios específicos, podría revelarse completamente inútil e incluso perjudicial para la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

9.9

Teniendo presentes las diferencias que existen entre los distintos tipos de trabajo y, en particular, la existencia de trabajos de mayor desgaste, repetitivos y fatigosos, la solución al envejecimiento de la población no puede ser, sin más, un aumento de la edad de jubilación: la importancia de trabajar más años no es la misma en todas las profesiones y se debe tener en cuenta la diferencia que existe entre la edad legal de jubilación y la edad real de salida del mundo laboral.

9.10

La lucha contra la precariedad y el trabajo en negro, el apoyo a las políticas salariales, una distribución más equitativa de la riqueza y una mayor cohesión social deben acompañar a una subida inevitable, gradual y voluntaria de la edad de jubilación que todavía se debe consensuar y apoyar mediante el dialogo continuo con los interlocutores sociales y con la sociedad civil.

10.1

Resulta fácilmente comprensible el hecho de que un incremento en la edad media de la población implica también un aumento del gasto sanitario. Sin embargo, prever la evolución del gasto sanitario en las próximas décadas y en qué ámbitos específicos será necesario invertir principalmente constituye un ejercicio extremadamente complejo. No es posible prever cuánto dinero público se gastará basándose únicamente en tendencias demográficas. El gasto sanitario depende también del tipo de políticas que se decidan aplicar en este ámbito, de los avances que registre la ciencia médica, de la evolución de las enfermedades, de los niveles de contaminación y de las opciones políticas y tecnológicas que se decidan para intentar contenerlo.

10.2

Sin embargo, tal como ya se ha explicado, todos los análisis demuestran que nos encaminamos hacia una situación en la que se trabajará más tiempo. Por motivos naturales, los trabajadores de mayor edad sufren inevitablemente un riesgo más elevado de enfermedades y deterioros físicos que sus colegas más jóvenes. No cabe duda de que la nuestra será cada vez más una población de trabajadores mayores, por lo que urge diseñar y poner en práctica un sistema sanitario capaz de aplicar políticas de prevención eficaces en todos los Estados de la Unión Europea. Además, los trabajadores en situación precaria de larga duración se encontrarán en una situación de necesidad una vez que alcancen la edad de jubilación. Habrá que recurrir a diversos modos para hacerse cargo de ellos según lo establecido por los Estados miembros, por solidaridad colectiva, también en materia de sanidad y asistencia. Por consiguiente, el aumento de la precariedad tendrá consecuencias directas en los costes del bienestar social.

10.3

Si el objetivo estriba en mantener el gasto público en niveles sostenibles, los Estados miembros y la Unión Europea deberán aunar sus esfuerzos para llevar a cabo programas de asistencia y prevención de accidentes, de control y de intercambio de información, creando así un vínculo más estrecho y eficaz entre el mundo laboral y la sanidad.

10.4

No todos los trabajos son iguales. El envejecimiento repercute de manera diversa en la población laboral también por el hecho de que existen oficios de mayor o menor desgaste, más o menos arriesgados, más o menos repetitivos: lo avanzado de la edad tiene consecuencias distintas dependiendo de qué profesión se trate. Un trabajador de mayor edad no puede realizar agotadoras tareas manuales, pero sí acometerá con facilidad labores de oficina o de carácter intelectual.

10.5

Por lo tanto, la prolongación de la vida laboral plantea importantes problemas sanitarios cuando se trata de trabajadores que desempeñan oficios de gran desgaste. He aquí un factor que se deberá tener en cuenta. Si se plantea retrasar cada vez más la edad de jubilación en aquellos sectores que lo permitan, también será necesario realizar un considerable esfuerzo en los ámbitos de la sanidad y la seguridad laboral.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/8

1.1

El Comité Económico y Social Europeo lamenta que las iniciativas de la Comisión en materia de lucha contra el fraude fiscal no estén aún suficientemente apoyadas por la cooperación de los Estados miembros; respalda las iniciativas futuras en este ámbito y exhorta a la Comisión a que utilice plenamente las facultades que los Tratados confieren a las instituciones europeas.

1.2

El CESE considera que la Comunicación de la Comisión está suficientemente estructurada y que aborda los problemas vinculados a la lucha contra el fraude fiscal de manera adecuada al considerar que el refuerzo de la cooperación administrativa entre los Estados miembros constituye el principal instrumento para detener la difusión de este fenómeno.

1.3

La Comunicación trata la cuestión de las relaciones con terceros países de manera concreta, proponiendo un enfoque comunitario. El CESE está de acuerdo con esta propuesta.

1.4

El CESE es favorable a la propuesta de «revisar el IVA», revisión que ha preconizado en sucesivas ocasiones. En efecto, considera que es conveniente organizar un grupo de reflexión sobre la modificación del régimen del IVA, sobrentendiéndose que la eventual sustitución de este último por otro impuesto no debería agravar las cargas que ya soportan las empresas y los ciudadanos.

1.5

El CESE recomienda a la Comisión que utilice plenamente las competencias actuales de la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), que ya tiene asignadas importantes funciones. La Comisión debería examinar si la OLAF dispone de medios adecuados para ejercer sus competencias institucionales.

1.6

Para el CESE es absolutamente prioritaria la propuesta de mejorar constantemente la cooperación entre los órganos nacionales de lucha contra el fraude, eventualmente conectando en red a las fuerzas de policía y los órganos de investigación para que puedan compartir las bases de datos disponibles, y preconiza que se ahonde en las cuestiones técnicas y jurídicas conexas.

1.7

El CESE considera acertada la propuesta de crear un foro de debate de alto nivel para la cooperación administrativa y juzga del todo incomprensibles las resistencias burocráticas y los obstáculos que al parecer encuentra esta idea.

1.8

El CESE considera útil integrar en la legislación comunitaria las medidas ya adoptadas por algunos Estados miembros e introducir el criterio del «valor normal de mercado» a efectos de la lucha contra el fraude.

1.9

El CESE recomienda que se observe la máxima prudencia en relación con la introducción de medidas de solidaridad entre cedente y cesionario y que se prevea la inversión de la carga de la prueba en el caso de transacciones aparentemente injustificadas, teniendo en cuenta en particular la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

1.10

El CESE considera que se debería examinar más a fondo la propuesta de la Comisión de introducir, por una parte, medidas de simplificación para los operadores que cooperen con la administración y, por otra, controles y procedimientos más severos para los sujetos «de riesgo».

1.11

El CESE invita a la Comisión a que continúe la financiación de los programas comunitarios de promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Comunidad, como el programa Hércules II.

1.12

El CESE recomienda que se armonicen las disposiciones de la Directiva 77/799/CEE con las disposiciones previstas en materia de imposición indirecta y que se proceda a la homogeneización de los diversos regímenes de IVA.

2.1

La Comunicación de la Comisión pretende «elaborar una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal», señalando que el marco jurídico comunitario, a pesar de que se ha mejorado y reforzado, no se utiliza suficientemente y la cooperación administrativa no es proporcional al desarrollo del comercio intracomunitario.

2.2

La Comisión vuelve, pues, a abordar el tema –que ya ha tratado en repetidas ocasiones– de la necesidad de reforzar la cooperación administrativa entre las administraciones de los Estados miembros, que constituye un instrumento para luchar contra la evasión y el fraude fiscales, prácticas que pueden acarrear pérdidas de presupuesto y causar distorsiones de la competencia, comprometiendo así el funcionamiento del mercado interior.

2.3

Con ocasión de la presentación de la Comunicación, el Sr. László Kovács, Comisario encargado de la fiscalidad y la unión aduanera, declaró: «Estoy convencido de que es hora de reflexionar sobre los nuevos métodos para luchar más eficazmente contra el fraude fiscal. La amplitud de este fenómeno se ha vuelto realmente preocupante».

2.4

Los economistas consideran que el fraude fiscal representa más o menos del 2 al 2,5 % del PIB, lo que equivale a un importe comprendido entre 200 y 250 millardos de euros. El fraude del IVA o «fraude carrusel» constituye uno de los aspectos más preocupantes, pero el contrabando y la falsificación de alcoholes y tabaco al igual que el fraude en materia de impuestos directos no se quedan a la zaga. Desde que la circulación de bienes, servicios, personas y capitales se liberalizó en el marco de la aplicación del mercado interior en 1993, es cada vez más evidente que los Estados miembros son incapaces de combatir eficazmente el fraude fiscal de manera aislada.

2.5

En el ámbito de los impuestos indirectos, la legislación comunitaria prevé normas comunes para los Estados miembros (procedimientos uniformes, identificación de las autoridades competentes, modalidades de transmisión de datos) al objeto de favorecer la cooperación administrativa y el intercambio de información.

2.6

La Comisión ha establecido tres sectores de intervención prioritarios:

2.6.1.1

La Comisión considera que las medidas siguientes permitirán mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal:

2.6.2.1

«El fraude fiscal no se detiene en las fronteras externas de la Unión Europea». La Comisión propone un enfoque comunitario de la cooperación con terceros países. Basada actualmente en acuerdos bilaterales entre Estados, la cooperación da lugar a situaciones diversificadas fácilmente explotadas por los defraudadores. Además, la Comisión propone incluir cláusulas de cooperación en materia fiscal en el marco de los acuerdos de asociación económica que la Unión celebra con sus socios económicos.

2.6.3.1

La Comisión abre el debate sobre la posibilidad de reforzar el principio de responsabilidad solidaria para el pago del IVA en relación con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.

2.6.3.2

Además, la Comisión está examinando la posibilidad de ampliar a las transacciones internas de un Estado miembro la utilización del mecanismo de autoliquidación, que es actualmente obligatorio sólo para algunas transacciones, mientras que para otras la posibilidad de imponerlo o no se deja a la discreción de los Estados miembros. La Comisión considera que toda modificación introducida en la normativa vigente sobre el IVA deberá reducir significativamente las posibilidades de fraude, excluir nuevos riesgos y, sobre todo, no generar obligaciones administrativas desproporcionadas para las empresas ni para las administraciones fiscales y garantizar la neutralidad del impuesto así como un tratamiento no discriminatorio de los operadores.

2.7.1

La Comisión propone además una reflexión sobre otras medidas específicas, como:

3.1

El Comité considera que los instrumentos jurídicos que ofrece el marco jurídico comunitario en vigor son suficientes para luchar contra el fraude fiscal. En cambio, lo que parece necesario y urgente es instar a los Estados miembros a que utilicen los instrumentos de cooperación administrativa en vigor con más frecuencia y respetando las modalidades y plazos establecidos. En efecto, en el contexto actual de una economía mundializada en que también el fraude tiene connotaciones transnacionales, es indispensable disponer de la información necesaria en plazos compatibles con la realización de las investigaciones.

3.2

En cualquier caso, al objeto de disponer de un sistema más homogéneo en los ámbitos de los impuestos directos e indirectos, la Comisión podría armonizar las disposiciones de la Directiva 77/799/CEE con las de los impuestos indirectos y prever métodos más eficaces para el intercambio de información, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la tecnología informática. Igualmente importante es homogeneizar los diversos sistemas de imposición del IVA, con una especial atención a las medidas aplicadas a los sujetos sometidos al mismo.

3.3

El marco jurídico comunitario puede articularse en cinco áreas principales:

3.4

Las referencias a la legislación comunitaria así como un breve resumen de las disposiciones correspondientes figuran en el anexo A.

4.1

El Comité considera que la práctica creciente del fraude fiscal debe combatirse más enérgicamente y lamenta que la Comisión estime del todo insuficiente la acción y la cooperación de los Estados miembros, a pesar de la existencia de un marco jurídico detallado y bien estructurado al respecto.

4.2

Las distorsiones en la economía y el mercado interior debidas al fraude y la evasión fiscales constituyen un problema serio que hasta ahora se ha subestimado, al igual que se subestimaron los vínculos entre los capitales evadidos al fisco, el blanqueo de dinero y la criminalidad económica. En efecto, los actos fraudulentos para beneficiarse indebidamente de ayudas nacionales o comunitarias se cometen a menudo falsificando documentos fiscales y, viceversa, los capitales que son fruto del fraude fiscal se utilizan a menudo para cometer otros actos ilícitos o delictivos, que a veces comportan también operaciones transfronterizas.

4.3

En cuanto a la importancia de la elusión fiscal, que, contrariamente a la evasión, se traduce en prácticas que no son ilegales en sí pero que tienen como único objetivo obtener indebidamente una reducción del importe del impuesto, el Comité destaca que las legislaciones nacionales no abordan de manera uniforme el asunto. Al objeto de evitar la multiplicación de los costes administrativos y sociales inducidos por legislaciones que no son siempre coherentes, el Comité cree que es conveniente aproximar las legislaciones nacionales en esta materia, introduciendo una cláusula general antielusión o una lista común de los casos en los cuales las administraciones fiscales pueden rechazar, a efectos tributarios, los efectos jurídicos producidos por operaciones que se consideren elusivas.

4.4

El Comité considera que las propuestas de la Comisión siguen siendo demasiado tímidas al abordar este asunto, habida cuenta además de que los Tratados habilitan a la Comisión a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el equilibrio financiero de las instituciones europeas. En efecto, la Comisión dispone de importantes competencias de acción que el Consejo le otorgó a través de la Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999. A este respecto, el Comité recuerda que debe aplicarse el principio de subsidiariedad consagrado por el artículo 5 del Tratado de la CE, que prevé la intervención de la Comunidad en materias que no son exclusivamente de su competencia cuando los objetivos de la acción considerada no pueden ser logrados por los Estados miembros o pueden serlo mejor a escala comunitaria. El Comité insta a la Comisión a que utilice plenamente estas competencias.

4.5

En su Comunicación sobre la Política fiscal en la Unión Europea — Prioridades para los próximos años (COM(2001) 260 final) de junio de 2001, la Comisión ya hizo hincapié en la necesidad de adoptar todos los instrumentos disponibles, además de los legislativos, para alcanzar los objetivos prioritarios. En el dictamen que elaboró sobre esta Comunicación, el Comité destacó que la política fiscal estaba, y sigue estando, supeditada a la aprobación de las decisiones por unanimidad (1).

4.6

Desde entonces, el Comité ha preconizado que se modifique el régimen transitorio y se pase rápidamente al régimen definitivo basado en el principio de imposición en el país de origen. No sin cierto énfasis el Comité se preguntaba entonces «cuántos años más habrá que utilizar el deficiente régimen transitorio antes de que este objetivo sea realidad», y reclamaba la simplificación y modernización de las normas, una aplicación más uniforme de éstas y una cooperación administrativa más estrecha. Al parecer no ha habido progresos al respecto.

4.7

El Comité apoya la orientación general de reforzar la cooperación yendo más allá del sistema de intercambios de información vigente (VIES) y desarrollando medidas de intercambios automáticos o espontáneos de información entre Estados miembros.

4.8

El Comité celebra la apertura del debate sobre la modificación del sistema de IVA, pero destaca no obstante que es imprescindible proceder a un estudio de impacto detallado, teniendo presente que las eventuales modificaciones deben ir en el sentido de la eficacia y la simplificación y no han de sobrecargar la carga fiscal de los ciudadanos y las empresas. A este respecto, cabe remitirse a la propuesta, ya formulada por este Comité (2), de examinar también otros sistemas de imposición al consumo alternativos al del IVA que garanticen un rendimiento al menos similar al actual y sean menos costosos para la colectividad y más eficaces desde el punto de vista de la recaudación.

5.1.1.1

Entre los distintos tipos de fraudes del IVA, el denominado «carrusel» tiene graves consecuencias por la cuantía del impuesto evadido y es insidioso porque resulta difícil de detectar. Implica un sistema cuyo objetivo es sustraerse al IVA mediante la utilización de sociedades creadas expresamente para ello que operan a nivel internacional. El objetivo consiste en no pagar el IVA debido para permitir que los demás eslabones de la cadena fraudulenta puedan deducir importes ficticios del impuesto y así obtener un reembolso del IVA o reducir su cuantía. Para lograr este objetivo ilícito, el operador doloso no ejerce por regla general una actividad económica real, no dispone de estructuras operativas y su sede se limita con frecuencia a un apartado de correos. Después de algunos meses «de actividades formales», desaparece sin formular la correspondiente declaración fiscal ni abonar los impuestos debidos, de modo que las administraciones fiscales tienen grandes dificultades para identificarlo.

5.1.1.2

El Comité considera que los «fraudes carrusel» se han desarrollado no sólo por la existencia de tipos de IVA diferentes, sino también por la falta de cooperación entre los Estados miembros. Por consiguiente, el Comité sugiere que se pongan en práctica todas las formas de cooperación e intercambio de información necesarias para combatir eficazmente este tipo de fraude.

5.1.2.1

Los comportamientos evasivos en torno al IVA han llevado a las administraciones de Hacienda de los Estados miembros a una afinación constante de sus técnicas de investigación para combatir más eficazmente este fenómeno.

La cooperación administrativa desempeña un papel decisivo en la lucha contra los fraudes del IVA, en la medida en que se perpetran a través de varios operadores económicos establecidos en distintos Estados miembros.

La utilización de instrumentos convencionales adecuados ha permitido a los Estados miembros establecer un sistema de intercambio de información que resulta útil para determinar la situación fiscal de los contribuyentes y para frustrar y reprimir los fraudes fiscales transnacionales.

En materia de cooperación, el Comité ha venido señalando desde hace tiempo la exigencia de que la Comisión desempeñe un papel más activo, por lo que es favorable a la instauración de un sistema de seguimiento para comprobar la calidad y el volumen de la asistencia proporcionada.

5.1.2.2

De hecho, hasta ahora el intercambio de información dista mucho de ser una práctica corriente debido a diferencias culturales, niveles diversos de informatización y falta de normas destinadas a sancionar la inercia de los Estados. Por ello es necesario crear un entorno uniforme al respecto aceptando que el envío de solicitudes de información transfronterizas ha de considerarse no como una posibilidad a la que recurrir sólo en casos excepcionales, sino como una etapa ordinaria del procedimiento de investigación, cada vez que las características del control así lo exijan.

A tal efecto, convendría eliminar los obstáculos que entorpecen la difusión de una cultura administrativa comunitaria fomentando la utilización plena y completa de los instrumentos de cooperación existentes y respetando los plazos y modalidades previstos, de manera que los órganos de investigación dispongan de la información requerida en plazos compatibles con el desarrollo de las investigaciones.

5.1.2.3

Por otra parte, en consonancia con lo expresado por la Comisión sobre la utilización de sistemas informáticos estandarizados para el intercambio de información, se podría examinar la oportunidad de conectar en red a las fuerzas de policía y los órganos de investigación de los distintos Estados miembros que se dedican a luchar contra el fraude fiscal, para el intercambio directo de información a través de un sistema de correo electrónico certificado y para compartir las bases de datos relativos a la información sobre las declaraciones de renta de los distintos Estados miembros, tal como se hace actualmente con los datos VIES de nivel I e II.

Esta iniciativa, que requiere no obstante un acuerdo previo sobre los contenidos de los datos registrados en estos archivos y su compatibilidad con las legislaciones nacionales en materia de protección de la vida privada, constituiría un notable paso adelante en la mejora de la lucha contra el fraude fiscal, dado que los órganos de investigación dispondrían así de la información necesaria de manera directa, instantáneamente y sin trámites burocráticos superfluos.

5.1.2.4

Además, aunque la legislación que regula los intercambios de información entre los Estados miembros está bien estructurada y es satisfactoria, los principales obstáculos a la lucha contra el fraude en la UE son la falta de uniformidad en las legislaciones sobre el ejercicio del poder de instrucción de las distintas administraciones nacionales y el grado variable de severidad de las medidas represivas.

De esta manera, no es de extrañar que los fraudes se cometan principalmente en los Estados donde los poderes de investigación de los órganos encargados del control son más limitados o en aquellos Estados donde las sanciones aplicables son insuficientes para cumplir su función disuasiva.

5.1.2.5

Por consiguiente, sería conveniente armonizar en la UE, en cumplimiento del principio de soberanía de los Estados miembros, las sanciones previstas para actos fraudulentos de gravedad similar, como sucede por ejemplo en el marco de la legislación sobre la lucha contra el blanqueo de dinero, con el fin de evitar que las legislaciones menos severas o sistemas de control menos eficaces permitan de hecho la subsistencia de «paraísos sancionadores» hacia los cuales fluirían los ingresos de las actividades criminales o de los «fraudes carrusel».

5.1.3.1

Como ha destacado en repetidas ocasiones el Tribunal de Justicia, la exigencia de frenar las prácticas fraudulentas debe cumplirse en el respeto de los principios comunitarios, incluidos los principios de la no discriminación y proporcionalidad. Uno de los elementos sobre el cual las legislaciones divergen más es el que se refiere a la utilización de parámetros para determinar la base imponible distintos del de la contraprestación acordada entre las partes, utilizados no sólo en caso de bienes destinados al consumo personal o con fines ajenos a la empresa, sino también en todos aquellos casos en los que se considera que hay riesgo de fraude o de evasión fiscal.

A este respecto, se observa que en todas las legislaciones de los Estados miembros el criterio utilizado para determinar la base imponible tiene en cuenta la voluntad negociadora de las partes y su objeto es garantizar la imposición de la contraprestación real en la medida en que la base imponible es en general la contraprestación contractual acordada para la cesión del bien o la prestación del servicio. Además de este criterio de «base» se utiliza también el «valor normal de mercado» para rectificar o restablecer la base de cálculo del impuesto, con algunas condiciones.

5.1.3.2

El concepto de valor normal de mercado a efectos del IVA es prácticamente el mismo en todos los Estados miembros y corresponde en lo esencial al que se define en la Directiva no 77/388/CEE de 17 de mayo de 1977 (sexta Directiva), a saber, el precio medio pedido para bienes y servicios del mismo tipo en condiciones de libre competencia, en la misma fase de comercialización, en el momento y el lugar en que se efectúa la operación o, en su defecto, en el momento y el lugar más cercanos.

5.1.3.3

En todas las legislaciones comunitarias, la utilización del valor normal constituye un método alternativo para determinar la base imponible:

5.1.3.4

Además, se deroga también al principio de fijación de la base imponible en función de la contraprestación en los siguientes casos:

5.1.3.5

A este respecto, el Tribunal de Justicia (4) precisó que las disposiciones nacionales para la prevención de fraudes o evasiones fiscales no pueden en general incumplir el principio, contenido en la sexta Directiva, de la determinación de la base imponible del IVA en función de la contraprestación acordada, salvo que se haga dentro de los límites estrictamente necesarios para alcanzar dicho objetivo.

5.1.3.6

En otros términos, el valor normal es el punto de referencia para la detección de un eventual fraude. Si la base imponible, constituida por la contraprestación acordada, es inferior al valor normal y no se sustituye por este último, la administración fiscal puede presumir que existe fraude con la inversión de la carga de la prueba.

5.1.4.1

En el ámbito de las iniciativas legislativas para frenar la difusión de los «fraudes carrusel», en algunas legislaciones nacionales se han introducido disposiciones que contemplan la responsabilidad solidaria del cesionario para el pago del IVA no abonado por el cedente en relación con la venta de bienes de determinadas categorías realizada a un precio inferior al valor normal.

5.1.4.1.1

Estas disposiciones se basan en el artículo 21 de la sexta Directiva, que otorga a los Estados la facultad de imputar a una persona distinta de la que debe el impuesto la responsabilidad solidaria para el pago de éste, en el respeto del principio de proporcionalidad.

5.1.4.2

Esta opción se basa en el razonamiento según el cual una operación acordada a un precio diferente del valor de mercado puede ocultar intenciones fraudulentas. Esencialmente, en las condiciones previstas por la legislación, se supone que el cesionario actúa de mala fe porque, habida cuenta del precio pagado, el adquirente no puede ignorar el fraude (5). Se trata de una presunción relativa, en la medida en que el cesionario puede probar con la documentación pertinente que el precio inferior al valor normal se ha establecido debido a circunstancias y situaciones de hecho objetivamente demostrables o sobre la base de disposiciones legislativas y que, por consiguiente, no ha de verse involucrado en el impago del impuesto, lo que debilita la responsabilidad solidaria en relación con el impago del impuesto por parte del cedente.

5.1.4.3

El Comité comparte las preocupaciones expresadas por numerosos operadores relativas al principio de la responsabilidad solidaria. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (6), considera que las eventuales medidas deben limitarse a la existencia de garantías para que el pago del impuesto se exija sólo a sujetos que tienen claramente la obligación de hacerlo. Se podría, pues, prever que el cesionario tuviera solidariamente con el cedente la responsabilidad de pagar el impuesto cuando el bien se ceda a un precio inferior a su valor normal. Dado que se trata de una norma muy estricta que penaliza al adquirente exponiéndole al pago de un impuesto que otros evaden, conviene que su aplicación esté sometida a condiciones específicas:

5.1.5

El Comité es favorable a la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la autoliquidación a las operaciones internas de los Estados miembros. En uno de sus recientes dictámenes, el Comité consideró que este mecanismo «resulta particularmente idóneo cuando el vendedor atraviesa dificultades financieras y existen dudas reales sobre su capacidad para cumplir sus obligaciones fiscales.» (7). La propia Comisión amplió el ámbito de aplicación facultativo de la inversión contable tras una positiva experiencia con los materiales de construcción y los servicios relativos a sus fabricantes. No obstante, las medidas no deberán afectar a los intercambios intracomunitarios de bienes y servicios, en relación con los cuales las diferentes obligaciones en materia de facturación pueden comprometer el buen funcionamiento del mercado interior.

5.2.1

El fraude fiscal debe imperativamente combatirse también en el plano más general de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de impuestos directos y de control.

5.2.1.1

Tras el aumento del número de Estados miembros de la Unión Europea, las diferencias entre los sistemas tributarios van a influir cada vez más en las decisiones relativas a la asignación de fondos en los distintos Estados y en las modalidades de gestión de las actividades comerciales. En efecto, debido a la significativa coordinación de las políticas económicas, las distintas legislaciones fiscales nacionales serán el instrumento que permitirá a los Estados miembros influir en las decisiones relativas a la localización de las inversiones y los recursos dentro de la Unión Europea. No obstante, las divergencias sensibles que todavía existen entre los distintos sistemas de imposición directa de los Estados miembros podrían obstaculizar en algunos casos el proceso de integración de los mercados (8) y tener un impacto negativo en la competitividad de la economía europea.

5.2.2

La Comisión analizó la aproximación de las legislaciones fiscales de los Estados miembros en su Comunicación COM(2003) 726 final de 24 de noviembre de 2003. No obstante, con relación a la imposición de sociedades, y más concretamente a las medidas globales destinadas a favorecer la instauración de un impuesto europeo para las sociedades sobre una base imponible común consolidada (9), subsisten aún importantes dificultades de aplicación debido a las diferencias que existen entre los Estados miembros en los criterios de cálculo de la base imponible. Por otra parte, además de una fuerte convergencia de las políticas económicas, la adopción de un impuesto común exige también un marco jurídico adecuado. En la situación actual, el artículo 94 del Tratado CE prevé que el Consejo, a propuesta de la Comisión, adopte por unanimidad las directivas para la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros que tienen una incidencia directa en el establecimiento o el funcionamiento del mercado común.

5.2.3

El mantenimiento de esta disposición y el hecho de que la fiscalidad sigue siendo competencia de los Estados miembros no facilita en principio las iniciativas destinadas a crear una base imponible consolidada común para las sociedades que operan en la Unión Europea y constituye un obstáculo considerable a la aproximación de los sistemas de imposición de sociedades, debido tanto al aumento del número de Estados miembros, que dificulta de manera particular la toma de decisiones por unanimidad, como a la ausencia de una disposición, en el texto definitivo de la Constitución Europea, para la aprobación por mayoría cualificada de leyes o leyes marco que establezcan medidas en el ámbito de la imposición de sociedades.

5.2.4

En la perspectiva del abandono de la regla de la unanimidad, un paso concreto hacia la armonización real de la base imponible para las sociedades es el análisis contenido en la Comunicación SEC(2005) 1785 de 23 de diciembre de 2005 de la Comisión «Tackling the corporation tax obstacles of small and medium-sized enterprises in the Internal Market — outline of a possible Home State Taxation pilot scheme» (Lucha contra los obstáculos relacionados con la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas en el mercado interior — Esbozo de un posible programa piloto de imposición según las normas del Estado de origen) sobre la aplicación experimental del sistema de normas del Estado de origen (Home State Taxation) para las pequeñas y medianas empresas (10). De este estudio se desprende que los 23 millones de pequeñas y medianas empresas con que cuenta la Unión de 25 países desempeñan un papel preponderante en la economía europea, en la medida en que representan un 99,8 % del total de las empresas europeas y garantizan el 66 % del empleo en el sector privado (11). La adopción de este sistema permitiría internacionalizar más la actividad de estas empresas, dado que se reducirían los costes de puesta en conformidad (12) que soportan, bien superiores a los de las grandes empresas (13), y se ampliaría la posibilidad de aplazamiento de las pérdidas que es el principal obstáculo al desarrollo de las actividades económicas transfronterizas, contribuyendo así a la aproximación, a escala comunitaria, de las legislaciones en materia de imposición de sociedades.

5.3.1

Si bien el desarrollo y la evolución tecnológica del comercio electrónico ofrece nuevas oportunidades a los operadores económicos, los nuevos métodos comerciales exigen no obstante una adaptación de los regímenes fiscales, en particular por lo que se refiere a los aspectos vinculados a la aplicación de los impuestos al consumo. En efecto, los sistemas tributarios, basados principalmente en las normas del comercio tradicional, deben tener en cuenta estas transformaciones y adaptarse a las nuevas formas de comercio que están desarrollándose.

5.3.2

El principal problema relacionado con la imposición de las transacciones telemáticas es la eventual discriminación que puede acarrear el diferente tratamiento dado a una operación en función de las distintas modalidades de entrega del bien objeto de la transacción.

5.3.2.1

Al examinar las posibilidades de aplicar los principios tradicionales del derecho tributario a las situaciones específicas propias de la era digital, conviene verificar el respeto del principio de la neutralidad del acto impositivo, en virtud del cual no se admiten diferencias de tratamiento para operaciones similares, que, en este caso, únicamente difieren por las modalidades de entrega (en línea o no).

5.3.3

En particular, los problemas principales guardan relación con los impuestos, directos e indirectos, sobre bienes inmateriales (o digitalizados), en la medida en que las fases de la transacción comercial (cesión y entrega) se llevan a cabo por vía telemática (comercio on line), a través del suministro en red de productos virtuales. En efecto, los servicios y los bienes son desmaterializados al comienzo de la operación por el prestador del servicio y de nuevo materializados, tras la recepción, por el destinatario. Ya no hay, en este caso, un bien físicamente tangible que pueda ser objeto de un control material, en particular con fines de inspección.

5.4.1

El Comité considera que la legislación comunitaria actual, que es el fundamento jurídico de referencia para la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ya asigna a este organismo funciones importantes, como resulta del artículo 2 de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom, de la Comisión. Por consiguiente, el Comité pide a la Comisión que haga todo lo posible para traducir las competencias actuales en actos concretos y, si fuera necesario, proporcione a la Oficina antifraude los medios suplementarios requeridos para desempeñar sus funciones institucionales, utilizando por ejemplo el modelo de los artículos 81/86 que regulan la Autoridad de la Competencia.

5.4.2

En este contexto, la OLAF podría desempeñar el papel de órgano de análisis y coordinación en la UE a efectos de la lucha contra el fraude, incluido el fiscal, atribuyéndole funciones y competencias en el ámbito de la cooperación administrativa en materia fiscal (impuestos directos, indirectos e impuestos especiales sobre el consumo), con el fin de facilitar el intercambio de información entre los organismos encargados, por las distintas legislaciones nacionales, de la lucha contra el fraude fiscal.

5.5

El desarrollo del comercio intracomunitario invita a intensificar la cooperación en materia de intercambio de información sobre la gestión de los riesgos. No obstante, la Comisión no propone iniciativas concretas, salvo la petición a los Estados miembros de utilizar la Guía para la gestión del riesgo por parte de las administraciones fiscales. A este respecto, el Comité sugiere la creación de un banco de datos centralizado al que confluyan las informaciones intercambiadas entre las administraciones, actualmente estandarizadas sólo en el ámbito aduanero y sobre una base bilateral.

5.5.1

En este contexto, se podría elaborar una lista de tipos de productos que –sobre la base de las conclusiones de las investigaciones efectuadas por los organismos competentes de los distintos Estados miembros– presenten un mayor riesgo de práctica del fraude «carrusel». Como ejemplo se pueden citar los vehículos de motor y los productos de alta tecnología, así como el material informático y de telefonía. Esta actividad de análisis se podría encomendar a la OLAF, que podría transmitir regularmente sus conclusiones a los Estados miembros para orientar las actividades de vigilancia del fenómeno y permitir intervenciones operativas específicas. Asimismo, sería necesario prever y organizar un flujo similar de información de los Estados miembros a la OLAF.

5.6

El Comité considera que la idea de un planteamiento comunitario de las relaciones con terceros países es sin duda alguna mejor que los acuerdos bilaterales. A tal efecto, cabría prever algunas disposiciones específicas en el marco del proyecto de aprobación del modelo comunitario de convenio contra la doble imposición, mencionado en las Comunicaciones de la Comisión Europea SEC(2001) 1681 «Company taxation in the internal market» (Fiscalidad de las empresas en el mercado interior) y COM(2003) 726 final «Un mercado interior sin obstáculos vinculados al impuesto de sociedades: logros, iniciativas actuales y retos pendientes», y examinado también por el Parlamento Europeo en la Comunicación SEC A5-0048 2003. El Comité respalda la idea de elaborar un convenio de cooperación específico, que se integraría en los acuerdos de asociación económica. Cabe destacar que, en ausencia de una voluntad clara y firme de los Estados miembros, es indispensable proseguir en la vía de los acuerdos bilaterales y no interrumpir los procedimientos en curso de elaboración.

5.7

El Comité considera que el refuerzo de las obligaciones de declaración, propuesto por la Comisión, debe respetar rigurosamente los principios de proporcionalidad y simplificación. La necesaria lucha contra el fraude fiscal no puede traducirse en la imposición de cargas suplementarias injustificadas para la gran mayoría de los contribuyentes honestos y de las empresas. A tal efecto, sería conveniente reducir sensiblemente las obligaciones de las empresas de conducta irreprochable, que cooperan activamente con la administración fiscal, y aumentar las obligaciones de los contribuyentes que, sobre la base de criterios objetivos, se consideran como «de riesgo».

5.8

El Comité no comparte la consideración de la Comisión relativa a la imposición de tabacos y alcoholes, tratados como una mercancía «normal». Algunos Estados miembros han buscado, para la gestión de los impuestos especiales sobre el consumo de tabaco y alcohol, una solución a los correspondientes problemas sanitarios, cuya prioridad respecto del funcionamiento del mercado interior es evidente. La Comisión propone eliminar estas distorsiones, pero hacerlo requerirá mucho tiempo dada la gran diversidad de niveles de renta en cada uno de los Estados miembros, así como sus diferentes objetivos y medidas de política sanitaria y fiscal. A la espera de un nivel razonable de armonización de los tipos impositivos, deberían hallarse otras soluciones para garantizar que cada Estado miembro mantiene plenamente su capacidad para establecer sus propios objetivos de política fiscal y sanitaria. En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que el contrabando de tabaco lo controlan algunas multinacionales del crimen, y sólo una parte muy pequeña se genera en los países comunitarios. El Comité, si bien es consciente del elevado coste que el abuso de estas sustancias conlleva para la sociedad y el sistema sanitario, abuso contra el cual desea que las autoridades competentes adopten medidas de control adecuadas, considera que los impuestos especiales sobre el consumo de tabaco y alcohol deben seguir siendo una competencia exclusiva de los Estados miembros.

5.9

El Comité invita a la Comisión a seguir adelante con el programa Hércules II y espera que el Parlamento y el Consejo aprueben rápidamente el documento COM(2006) 339 final, que solicita la prórroga del programa comunitario para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Comunidad. El programa ha dado notables resultados, con 19 acciones de formación en las que participaron 2236 personas procedentes de diversos Estados miembros, de cinco terceros países y de otras Instituciones europeas, sobre todo si se tiene en cuenta la necesidad de reforzar la cooperación tras la adhesión a la Unión Europea de Bulgaria y Rumania, que deberán también beneficiarse de estas acciones.

5.10

El Comité considera útil la creación de un foro permanente de debate o de concertación de alto nivel, al objeto de permitir un enfoque más global de las cuestiones relativas al fraude y a la cooperación entre los Estados miembros. La actual fragmentación de las actividades de consulta en una pluralidad de altos Comités, subdivididos por competencias, no permite un intercambio útil de prácticas para intensificar la cooperación y mejorar el comportamiento de las administraciones. El Comité considera incomprensibles y censurables todas las resistencias burocráticas y la perplejidad manifestada en el Ecofin.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/17

1.1

La vivienda es, ante todo, un derecho fundamental, que condiciona el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna. Es un derecho reconocido en la Carta de Derechos Humanos y en la Carta Social Europea revisada del Consejo de Europa, así como en numerosas constituciones de Estados europeos. Tener un techo es esencial para que una persona pueda desarrollarse e integrarse en una sociedad.

1.2.1

El CESE aprueba la adopción de la Carta Europea de la Vivienda por el intergrupo de política urbana y vivienda del Parlamento Europeo, en la que se muestran las crecientes y numerosas interacciones entre las políticas europeas y las políticas de vivienda y se recuerda la importancia del derecho a la vivienda.

1.2.2

El CESE pide, en consecuencia, que la Carta Europea de la Vivienda se integre en el Dictamen de iniciativa del Parlamento Europeo sobre la vivienda y la política regional.

1.3.1

El CESE desea que se proponga a nivel europeo una serie de objetivos comunes sobre el acceso a la vivienda y de normas mínimas sobre la calidad de la vivienda que permitan definir la noción de vivienda digna. Sin estos criterios, resultará difícil hacer realidad el derecho a la vivienda, cuando el acceso a la vivienda es una condición mínima para una vida digna.

1.3.2

El CESE recuerda que el sector de los servicios sociales y de proximidad constituye un desafío cada vez mayor en una sociedad que envejece y que estos servicios suelen acompañar a la vivienda; pide que sean objeto de intercambios a escala europea y que se refuerce su visibilidad. Recuerda, por otra parte, que la vivienda social debe recibir un trato específico y no puede estar regida como tal por las normas del mercado, como se reconoce en la Directiva sobre servicios.

1.4.1

El CESE señala que en la actualidad es importante que la posibilidad de utilizar los Fondos Estructurales para mejorar las condiciones de vivienda sea plenamente utilizada no sólo por los países de la UE-12 sino también por los de la UE-15, que pueden recurrir a los Fondos Estructurales para operaciones de desarrollo urbano integrado. Estos gastos repercutirán positivamente en la cohesión social y territorial y en el crecimiento económico. A este respecto, el CESE sugiere que las instituciones financieras europeas puedan conceder créditos, con un tipo de interés muy bajo, a programas de viviendas integradas para jóvenes, inmigrantes, personas de edad avanzada o con discapacidad, favoreciendo la movilidad profesional, la amalgama social y un coste soportable para los ocupantes.

1.4.2

El CESE indica que la utilización del instrumento «Jessica» proporcionará los elementos para crear un fondo de garantía para los proyectos de vivienda social de mayor alcance y pide que esta cuestión se analice con motivo de la evaluación intermedia de los Fondos Estructurales.

1.4.3

A tal fin, el CESE respalda la creación de un dispositivo de asistencia técnica para los proyectos relacionados con la vivienda durante el período 2007-2013, en colaboración con los representantes y las redes de entes locales y regionales y con el apoyo de la Comisión Europea y de los Estados miembros. Este dispositivo permitiría capitalizar los proyectos y los métodos que convendrá aplicar para optimizar la integración de los proyectos relacionados con la vivienda en los programas de regeneración urbana. Permitiría, asimismo, centralizar conocimientos y podría facilitar la transferencia de experiencias. Es fundamental crear un instrumento específico para la vivienda, con el fin de fomentar una correcta utilización de los Fondos Estructurales. La aplicación de este instrumento podría realizarse en el marco del artículo 45 del Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, en el que se pide a la Comisión que facilite la creación de un dispositivo de asistencia técnica.

1.5.1

El CESE también propone la creación de una red de intercambios sobre el tema de la vivienda y la eficiencia energética, que permita intercambiar experiencias, capitalizar y ahondar en las experiencias de los operadores que trabajan sobre el terreno, con el fin de desarrollar unas políticas energéticas adecuadas y ambiciosas. Este dispositivo podría relacionarse con el mecanismo de apoyo a los Fondos Estructurales, pero, como no tiene los mismos objetivos, convendrá garantizar una buena coordinación entre ambos.

1.5.2

El CESE propone que se lleve a cabo a escala europea una campaña para aumentar la visibilidad de los ahorros de energía que se pueden realizar en el ámbito de la vivienda, en colaboración con las redes activas en dicho sector. El objetivo de esta campaña debería estribar en cambiar los comportamientos de los usuarios. Este enfoque requerirá la participación de los ciudadanos europeos y permitirá movilizar todas las partes interesadas en torno a una iniciativa positiva. La campaña «Energía Sostenible para Europa» no es bastante específica para tener una visibilidad suficiente y sus recursos son limitados.

1.5.3

El CESE pide a la Comisión que presente propuestas basadas en un enfoque más amplio que el que se ha adoptado hasta ahora, centrado esencialmente en la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Convendrá trabajar con los habitantes para que el patrimonio construido existente se integre en las reflexiones.

1.6.1

Por otra parte, el CESE respalda la iniciativa de la Comisión Europea de crear un grupo interservicios sobre cuestiones urbanas. Sugiere que el grupo interservicios de la Comisión Europea sobre el urbanismo incluya la vivienda y nombre a un interlocutor en este ámbito.

1.6.2

Es fundamental, además, que la vivienda figure en el orden del día de las reuniones de los ministros de asuntos regionales y urbanos.

2.1.1

En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se firmó en Niza el 7 de diciembre de 2000 se afirma que (art. II-34): «Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.»

2.1.2

Aunque recuerda que la vivienda no es una competencia europea y que el principio de subsidiariedad se aplica plenamente en este ámbito, el CESE considera que las políticas europeas deberían aportar respuestas a este artículo de la Carta, dada la urgencia social y la escasez de vivienda para los más pobres (así como para los ciudadanos con ingresos modestos y los jóvenes que empiezan su vida profesional y familiar).

2.1.3

En el Consejo Europeo de Laeken celebrado en diciembre de 2001 se reconoció la importancia de la vivienda para evitar que aumente el peligro de la pobreza. El CESE considera, pues, muy importante que con motivo de este Consejo se entablara el debate sobre la necesidad de desarrollar una mayor oferta de vivienda social para luchar contra la pobreza en Europa.

2.1.4

El derecho a la vivienda queda recogido en las constituciones de varios Estados miembros de la Unión Europea como Bélgica, España, Grecia, Portugal, Finlandia y los Países Bajos. Se podría, pues, contemplar la idea de disponer de un derecho a la vivienda a escala europea. El CESE considera que la introducción de la vivienda en la Carta de los Derechos Fundamentales adjunta al Tratado Constitucional Europeo es una medida importante y estratégica, y lamenta que no se haya incluido el derecho a la vivienda o, por lo menos, el «derecho a residir».

2.1.4.1

Crear una estrategia europea para la vivienda es muy importante a juicio del CESE, que considera que disponer de una vivienda para cada persona es una condición que contribuye al logro de los demás derechos humanos reconocidos a nivel europeo como el «respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones», así como el «derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia».

2.1.5

Al ser el derecho a la vivienda un principio reconocido, se plantea la cuestión de su oponibilidad, es decir, del posible recurso de que dispone una persona que no encuentra vivienda. La UE debe, pues, preocuparse por las condiciones de eficacia del derecho a la vivienda. Si no puede contemplarse una solución única, cada Estado miembro que proclame el derecho a la vivienda debe poder determinar:

2.1.6

En la línea de la Carta Europea de la Vivienda aprobada por el intergrupo de política urbana y vivienda del Parlamento Europeo el 26 de abril de 2006, en la que la vivienda se define como un bien de primera necesidad, el CESE acoge favorablemente la iniciativa del Parlamento de elaborar un informe sobre la vivienda y la política regional. El CESE espera que el Parlamento respalde su solicitud de reconocimiento del derecho a la vivienda y proponga una asociación con las administraciones locales y regionales con el objetivo de crear un número suficiente de viviendas y contribuir a que la vivienda sea más accesible para quienes no tienen acceso a ella en el mercado.

2.1.7

El estudio que publicó en 2006 la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo sobre las condiciones de vida y la dimensión social de la vivienda (1) muestra que existen grandes diferencias tanto en la calidad como en la cantidad de vivienda disponible en los países de la UE-15 y en los de la UE-10. También es útil recordar que no todos los ciudadanos europeos tienen garantizado el acceso al agua caliente y a aseos interiores, siendo éstos dos de los criterios que definen las condiciones mínimas para una vivienda digna.

2.1.8

La vivienda es una de las piedras angulares del modelo social europeo. Los desafíos que tiene que afrontar Europa a raíz de los cambios sociales y demográficos deben plasmarse en las políticas de vivienda. El envejecimiento de la población, el empobrecimiento de las jóvenes generaciones que permanecen en el hogar paterno por falta de recursos suficientes, el acceso de las personas discapacitadas a una vivienda adecuada y el acceso de los inmigrantes a una vivienda figuran entre los aspectos que deben tenerse en cuenta. En la línea de las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001, el CESE propone que se adopten a nivel europeo:

2.1.9

Por otra parte, es esencial fomentar la movilidad en los complejos de viviendas para garantizar la movilidad de los trabajadores. Muchos ciudadanos están «atrapados» en su vivienda, ya sea social o de su propiedad, por razones que tienen que ver con la escasez de la oferta o la fiscalidad, o incluso con las condiciones de los créditos. Para mejorar la fluidez de los mercados laborales es preciso aumentar la movilidad de la residencia.

2.1.10

Por sus implicaciones en la vida social y en la economía de las ciudades, la vivienda debe dejar de ser objeto de estrategias y medidas parciales. El CESE sugiere que, sin perjuicio del principio de subsidiariedad, la vivienda se considere como una cuestión política importante, con repercusiones en la vida diaria de los ciudadanos, y como una forma de acercar a los ciudadanos un proyecto europeo que cada día parece más vago.

2.1.11

Es necesario determinar con mayor precisión la contribución de las políticas de vivienda al logro de los objetivos de Lisboa, en particular, como sector impulsor del crecimiento económico. El CESE destaca que el impacto de la política de vivienda en la movilidad de los trabajadores convierte a esta política en un complemento de las políticas europeas desarrolladas en el marco de la estrategia para el crecimiento y el empleo, permitiendo además reforzar la cohesión territorial, que debe expresarse también y, sobre todo, en los Estados adheridos recientemente a la Unión Europea, con la financiación de redes de infraestructuras urbanas y rurales, así como con unas políticas energéticas adecuadas.

2.2.1

El hábitat siempre ha tenido un efecto de estructuración en nuestras sociedades; los espacios comunes que garantizan la vida en común se estructuran en relación con las zonas de vivienda individual o colectiva. El urbanismo y la creación de barrios agradables, en los que la vivienda es un elemento fundamental, condicionan la cohesión social y territorial.

2.2.2

Aunque la vivienda y las políticas de vivienda son diferentes en cada Estado miembro, la Unión Europea se caracteriza por una densidad urbana muy elevada. La ciudad europea es compacta y consta, sobre todo, de edificios de tamaño mediano; el hábitat es el que estructura la ciudad.

2.2.3

La vivienda es, pues, importante en las políticas urbanas, económicas y sociales de todos los países europeos, y convendría compartir mejor las soluciones, teniendo en cuenta, en particular, las crisis ocurridas en los barrios desfavorecidos de las ciudades de varios Estados miembros.

2.2.4

La política regional europea tiene por objetivo aumentar la cohesión territorial, social y económica fomentando el desarrollo económico de los territorios más desfavorecidos y, desde 2005, se concentra en los objetivos prioritarios de crecimiento y empleo en el marco de la Agenda de Lisboa revisada.

2.2.5

Para garantizar la competitividad de todos los territorios y favorecer la movilidad laboral, es fundamental disponer de una oferta de vivienda diversificada, tanto en lo que se refiere al modo de ocupación como a la utilización mixta de los barrios (vivienda y actividades económicas) e incluso la diversidad social, garante de la cohesión social. Algunos barrios se convierten en guetos, lo que dificulta enormemente la actividad económica.

2.2.6

Encontrar una vivienda asequible es el corolario de lo anterior. Respecto al derecho a la vivienda, la colectividad debe asegurarse de que en todas las partes de su territorio se proporciona una oferta de vivienda de calidad y compatible con los recursos de las familias.

2.2.7

El desarrollo de las zonas residenciales tiene fuertes repercusiones sobre las zonas rurales, y un desarrollo sostenible requiere que se tenga mejor en cuenta la interacción entre las zonas rurales y urbanas en el ámbito de las políticas de vivienda.

2.3.1

En algunos países europeos, como los que se han beneficiado del Fondo de Cohesión durante el período anterior, la tasa de crecimiento económico está estrechamente relacionada con el dinamismo del sector de la vivienda. Esto no significa, sin embargo, que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda con facilidad y a un precio asequible. El programa nacional de reforma irlandés 2006, en el marco de la Estrategia de Lisboa, pone de relieve la escasa sostenibilidad del crecimiento, a falta de viviendas asequibles garantizadas. Portugal, por ejemplo, en su plan de reforma 2006, recuerda la necesidad de apoyar más decididamente el sector de la construcción y los municipios, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible en el sector de la vivienda.

2.3.2

Disponer de una oferta adecuada de vivienda para todos los trabajadores es una de las condiciones esenciales para el desarrollo de una cuenca de empleo dinámica, y la falta de vivienda limita el crecimiento de muchas cuencas de empleo en Europa. Así, la vivienda puede convertirse en un factor de rigidez de los mercados locales de empleo y reducir la movilidad de los trabajadores.

2.3.2.1

Podemos citar como ejemplo interesante en Francia la participación de los empresarios en las políticas de vivienda, en una proporción del 0,45 % de la masa salarial, como forma complementaria de desarrollar soluciones para los trabajadores en el sector de la vivienda. Los interlocutores sociales también gestionan dispositivos específicos para los jóvenes y los hogares vulnerables (fianzas).

2.3.3

Es una necesidad apremiante, en particular para las regiones que acogen a un número creciente de inmigrantes que tienen dificultades para encontrar una vivienda en unos mercados inflexibles y que son objeto de prácticas discriminatorias que conducen a la segregación comunitaria.

2.3.4

La vivienda es uno de los sectores con mayor capacidad de empleo en Europa. Existen muchos yacimientos de empleo aún sin desarrollar, en particular en el ámbito de las técnicas de vivienda sostenible y hábitats ecológicos, que se desarrollarán considerablemente en el futuro. Por otra parte, la construcción es uno de los sectores en los que se registra un gran déficit de trabajadores cualificados.

2.3.5

Los servicios de proximidad y, especialmente, de ayuda a las personas, representan un enorme yacimiento de empleo y, por lo general, se organizan y se prestan en el marco de servicios relacionados con la vivienda. Por ejemplo, operadores de vivienda social, en colaboración con asociaciones de servicios sociales, ofrecen servicios a domicilio a las personas mayores o discapacitadas, así como servicios integrados de salud, educación o cuidado de niños, como las casas intergeneracionales. Se podría impulsar el dinamismo cultural y social de los barrios con dificultades respaldando las iniciativas de proximidad.

2.4

Además de ser yacimientos de empleo, los servicios de proximidad relacionados con la vivienda permiten responder a los desafíos demográficos que repercuten inevitablemente en el empleo a escala regional. En Alemania, por ejemplo, las casas intergeneracionales son objeto de una política específica; responden a la necesidad de relaciones mixtas y permiten luchar eficazmente contra la exclusión de las personas mayores solas. En el contexto del envejecimiento de la población en toda Europa, debería respaldarse el intercambio de buenas prácticas.

2.4.1

El CESE considera que la cuestión del derecho a la vivienda no debe examinarse exclusivamente desde el punto de vista de la lucha contra la exclusión, sino también desde la perspectiva del envejecimiento de la población, los flujos migratorios y las nuevas formas de pobreza, y teniendo en cuenta la Estrategia de Lisboa que prevé reactivar la economía europea mediante una mayor movilidad en el mercado laboral.

2.4.2

La movilidad de los trabajadores seguirá siendo teórica mientras no se refuerce el acceso a los derechos sociales fundamentales, entre los cuales figura el derecho a la vivienda. Cabe señalar el empobrecimiento de los residentes en viviendas sociales, ideadas inicialmente para el alojamiento de los trabajadores. Hoy en día, éstos ya no tienen prioridad a la hora de acceder a una vivienda social, y les resulta muy difícil encontrar una vivienda digna en las zonas inflexibles del mercado de la vivienda.

2.4.3

En la última década, los precios de la vivienda han registrado un aumento continuo en prácticamente todos los países de la UE. Como consecuencia de este incremento se ha reducido la capacidad de los hogares para consumir otros bienes, lo que, a largo plazo, constituye un freno al crecimiento sostenible. La debilidad de los tipos de interés también ha contribuido a un exceso de inversión en el sector residencial, presionando los recursos financieros asignados a la vivienda (véase, por ejemplo, el programa nacional de reforma sueco). El sector de la vivienda social constituye una herramienta de regulación del precio de la vivienda (a través de los alquileres) y de sostenibilidad del sector.

2.4.4

Por otra parte, el CESE observa que las condiciones de intervención de las autoridades públicas de los Estados miembros y de los agentes del sector de la vivienda están cada vez más encuadradas por el derecho comunitario a la hora de aplicar las políticas de vivienda social. Es fundamental que las políticas de competencia y de mercado interior no obstaculicen las políticas de vivienda que tienen por objeto garantizar el acceso para todos a una vivienda digna y asequible, habida cuenta de la aportación positiva de estas políticas al crecimiento económico y al empleo en Europa. Estas misiones han evolucionado, y los proveedores sociales deben desarrollar servicios sociales para responder a la falta de políticas de integración, en particular de los inmigrantes.

2.5.1

El papel de la vivienda en respuesta al desafío de la reducción del consumo energético es fundamental y, teniendo en cuenta el precio de la energía, esta dimensión aumentará el atractivo de las regiones.

2.5.2

Como destaca la Comisión Europea en su plan de acción sobre la energía, la mayor capacidad de ahorro de energía se encuentra en el sector de la vivienda (hogares), donde el potencial se estima en un 27 % de la energía utilizada.

2.5.3

En Europa, un número cada vez mayor de hogares vive en situación de pobreza, debido a la carga energética que representa su vivienda (pobreza causada por los precios del combustible).

2.5.4

La capacidad de reducir el consumo será más elevada si se toman adecuadas medidas de incentivo a escala europea.

2.5.5

A este respecto, no deja de sorprender que el enfoque adoptado por la Comisión Europea en su plan de acción para la eficiencia energética se centre esencialmente en la industria de la nueva construcción y proponga ampliar el alcance de las normas vigentes en este ámbito.

2.5.6

Este enfoque es demasiado parcial, porque no integra la necesidad de cambiar nuestros modos de vida, en un contexto de sostenibilidad más global, que incluya los comportamientos individuales (incluida la imagen ideal de una casa individual para cada uno, pero también los comportamientos cotidianos ecológicos). Esto significa aumentar los costes de producción que son ya demasiado elevados para los hogares medios y desfavorecidos sin tratar de mejorar la vivienda actual y los comportamientos, cuya importancia queda resaltada en numerosos estudios.

2.5.7

Está de sobra demostrada la contribución de las políticas regionales europeas a la mejora de la cohesión y de las condiciones de vida. Sin embargo, se podrían conseguir sinergias positivas si en estas políticas se tuviera más en cuenta la vivienda.

2.5.8

Las políticas de ahorro energético están basadas en la vivienda de nueva construcción y no tienen en cuenta el patrimonio existente, o, si lo hacen, aplican a este patrimonio las normas de la nueva construcción. Ahora bien, no sólo conviene tener en cuenta la vivienda existente, sino también desarrollar unos enfoques adaptados a las características del patrimonio construido y al coste particularmente elevado de la adecuación a las normas.

2.5.8.1

Las ayudas públicas deben tomar en consideración la especificidad de la vivienda social: escasa solvencia de los habitantes y ayudas fiscales menos adaptadas que para el sector privado.

2.5.8.2

La energía no es el único elemento de la problemática del desarrollo sostenible, sino que también están el agua, la gestión de los residuos, la accesibilidad de las personas discapacitadas, la seguridad, la calidad del aire y la salud en el hábitat. La vivienda puede aportar una contribución decisiva al desarrollo sostenible, pero requiere disponer de instrumentos adaptados, especialmente en el caso del patrimonio existente.

2.6.1

El CESE ha respaldado la ampliación de la admisibilidad al FEDER para la vivienda en los países de la UE-12 y para las medidas ligadas al desarrollo urbano sostenible y la eficiencia energética en los países de la UE-15, así como en el marco de enfoques integrados de desarrollo de barrios desfavorecidos. Dada la importancia de la vivienda, conviene impulsar y ayudar a los Estados miembros y las regiones a programar la reestructuración de los barrios y la mejora del trato de la vivienda en los Fondos Estructurales.

2.6.2

En efecto, resulta difícil poner en marcha unas estrategias integradas de desarrollo de los barrios sin integrar el aspecto de la vivienda. A este respecto, sigue siendo totalmente de actualidad la estrategia europea de inclusión social que comprende el objetivo del acceso a una vivienda asequible y digna como condición para el éxito de la integración social. Para el CESE, es fundamental que se puedan movilizar todos los instrumentos europeos con vistas a una mejor integración social de todos.

2.6.3

A tal fin, el Fondo Social Europeo debería brindar un mayor apoyo a las medidas de inclusión social, y no sólo a la inclusión en el mercado laboral, ya que, como hemos visto, los mercados de la vivienda y del empleo están intrínsecamente ligados. De la misma manera, las políticas de inmigración, que se definen actualmente a escala europea, no pueden prescindir de una reflexión sobre la vivienda, con el fin de prevenir la segregación territorial. Las directrices que publique la Comisión sobre la integración de los migrantes a través de la vivienda constituirán la primera etapa de este planteamiento que se traducirá en el programa PROGRESS (2) por un mayor apoyo a los proyectos que incluyan una dimensión de vivienda.

2.6.4

Es importante señalar que la mejora de la eficiencia energética en los edificios no sólo es una prioridad para los países de la UE-10, sino para el conjunto de la Unión. La eficiencia energética es, junto con la mejora de los espacios comunes, la utilización y promoción de las energías renovables y las medidas de inclusión social, una medida que puede optar a la financiación de los Fondos Estructurales en todos los Estados miembros.

2.6.5

El CESE ha acogido favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de crear un nuevo instrumento financiero, llamado Jessica (3), para apoyar de manera específica el desarrollo de los barrios urbanos desfavorecidos, incluida la vivienda social. Cabe señalar que este instrumento, al proporcionar préstamos y garantías a los operadores activos en el sector de la regeneración urbana y la vivienda social, permitirá movilizar el capital necesario para la renovación de los barrios. La gestión de este instrumento deberá correr a cargo de agentes especializados en la renovación urbana, en estrecha colaboración con las autoridades locales. Este instrumento deberá tener un efecto de palanca en los barrios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El instrumento Jeremie (4) también constituye una oportunidad para los operadores del sector de la vivienda social que obran por crear barrios agradables para todos.

2.6.6

En relación con las políticas energéticas, la Comisión Europea ha propuesto realizar en el ámbito del programa Intelligent Energy una acción piloto en el sector de la vivienda social que ha permitido seleccionar y promover proyectos ejemplares en lo tocante a la eficiencia energética y los intercambios entre los agentes del sector. Dada la ambición europea de crear una política energética común y de coordinar de la mejor manera posible las acciones de los Estados miembros en este ámbito, es fundamental garantizar la continuidad de este instrumento más allá del apoyo de acciones piloto.

2.6.7

Por último, en lo que se refiere a la innovación técnica y social, el apoyo del VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo permitirá determinar el potencial existente en el sector de la vivienda en materia de reducción del consumo energético y desarrollo urbano sostenible.

2.6.8

La normalización europea guarda una estrecha relación con la vivienda y los servicios relacionados. Sin embargo, se trata de un sector en el que las decisiones técnicas y urbanísticas se solapan con las elecciones de sociedad, y no es aceptable que se puedan imponer a los agentes unas normas derivadas exclusivamente de la actividad de grupos de trabajo, sin que se hayan garantizado los medios para ejercer un control político del proceso de normalización. El ejemplo de la norma sobre la «prevención de actos malintencionados mediante el urbanismo y la construcción», que se adoptó sin una verdadera reflexión política sobre el modelo urbano inducido por los cuadros de análisis del riesgo, nos incita a reflexionar sobre el proceso normativo en este sector.

2.6.9

Por último, la Comisión ha elaborado una estrategia para un desarrollo urbano sostenible que pretende alentar a las ciudades a reflexionar sobre su desarrollo, en particular en el ámbito de las políticas de transporte. Sin embargo, esta estrategia es meramente indicativa y podría no dar los resultados previstos si no toma en consideración la dimensión social del desarrollo urbano sostenible.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/23

1.1

La propuesta analizada tiene por objeto refundir la Directiva 69/335/CEE del Consejo referida a los impuestos sobre las aportaciones de capital a las sociedades, modificada en varias ocasiones. Esta Directiva, que en principio aspiraba a armonizar los sistemas impositivos y a impedir la creación o aplicación de otros gravámenes similares por parte de los Estados miembros, fue modificada en diversas ocasiones hasta que en 1985 se reconoció, por medio de la Directiva 85/303/CEE, la necesidad de suprimir por completo el impuesto sobre las aportaciones, habida cuenta de sus efectos económicos adversos para las sociedades.

1.2

No obstante, la pérdida de ingresos fiscales que supondría la supresión del impuesto pareció inaceptable para determinados Estados miembros. Por lo tanto, en la Directiva de 1985 se concedió una excepción que permitía a los Estados miembros optar entre eximir las operaciones del impuesto sobre las aportaciones, o bien someterlas a un tipo único que no excediera del 1 %.

1.3

Como es natural, el principio sigue siendo válido en la propuesta de directiva analizada, que es una simple refundición de los textos anteriores. El Comité no puede sino tomar nota y dar su aprobación. No obstante, la exposición de motivos de la Comisión permite realizar algunas reflexiones que el Consejo podría aprovechar de forma útil en iniciativas posteriores.

2.1

La mayoría de los 25 Estados miembros aceptó la orientación del Consejo de 1985 y ha suprimido totalmente el impuesto. En la actualidad, sólo siete Estados miembros continúan aplicándolo: Polonia y Portugal con un tipo impositivo del 0,50 % o menos, Chipre con un 0,6 % y Grecia, España, Luxemburgo y Austria con el tipo máximo del 1 %. Esta disparidad constituye un obstáculo para alcanzar un nivel idéntico de trato entre las empresas europeas, que es una de las condiciones para lograr un buen funcionamiento del mercado único. Aunque es cierto que en el ámbito fiscal subsisten muchas otras divergencias y obstáculos, no por ello debe renunciarse a eliminar totalmente este impuesto.

2.2

Los Estados miembros que todavía aplican la excepción podrían comparar las ventajas derivadas de los ingresos fiscales con la probable (y, en cierta medida, cuantificable) pérdida de inversiones por parte de otros Estados miembros o terceros países, disuadidos por una imposición que ha desaparecido de forma prácticamente generalizada. El CESE considera que la renuncia a aplicar la excepción sería beneficiosa para los interesados y un avance hacia el correcto funcionamiento del mercado único en su conjunto.

2.3

Asimismo, el CESE desea llamar la atención sobre una práctica que han adoptado algunos Estados miembros: el establecimiento de nuevas cargas tras la supresión del impuesto que, por lo tanto, es sustituido de forma subrepticia. En determinados casos, la Comisión ha intervenido y ha iniciado un procedimiento de infracción, pero no debe excluirse que existan otros supuestos que no hayan sido detectados. La vigilancia de los interlocutores sociales podría ayudar a eliminarlos.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/24

1.1

El CESE comparte el empeño de la Comisión Europea de incrementar cada vez más la seguridad del tráfico vial y respalda plenamente la propuesta que ahora se examina, que pasa así a engrosar, justificadamente, la lista de iniciativas emprendidas con este objetivo.

1.2

El CESE acoge con satisfacción que, previamente a la presentación de la propuesta, la Comisión haya llevado a cabo un análisis de los costes/beneficios y una evaluación de impacto muy detallada. Esto ha permitido estructurar la propuesta de modo pragmático, teniendo debidamente en cuenta todos los aspectos del problema y otorgando la adecuada prioridad a proteger a los usuarios más vulnerables de las carreteras.

1.3

Sin embargo, el CESE cree conveniente señalar algunas críticas a la propuesta en su formulación actual y sugerir añadidos y precisiones que podrían permitir una aplicación más ágil y adecuada en relación con los plazos, la certificación y el control de su puesta en práctica.

1.4

El CESE espera que la Comisión tome debidamente en consideración sus sugerencias tanto sobre la necesidad de una verdadera uniformidad en el trato para evitar distorsiones de la competencia entre los Estados miembros, como sobre la importancia de facilitar a los propios Estados miembros más indicaciones acerca de sistemas de certificación fácilmente aplicables por parte de las autoridades nacionales correspondientes.

1.5

El CESE recomienda vivamente al Consejo y al Parlamento Europeo que se aplique cuanto antes la directiva propuesta para abarcar el mayor número de vehículos y garantizar así que se salvan vidas humanas en la medida prevista.

2.1

La seguridad vial ha sido en todo momento una de las prioridades absolutas de las instituciones comunitarias. Sin lugar a dudas, la publicación del Libro Blanco sobre la política europea de transportes (1) supuso un momento importante en este renovado esfuerzo, al establecer, entre otros objetivos, la reducción a la mitad del número de víctimas en las carreteras para el año 2010.

2.2

Posteriores iniciativas como el Programa de acción europeo de seguridad vial  (2) o la iniciativa «eSafety», entre otras muchas, han propuesto un enfoque integrado para este problema que, con la participación de la industria, los entes públicos y las asociaciones de usuarios de las carreteras, supera las limitaciones del pasado acogiéndose también, entre otros, al principio de subsidiaridad y a acciones concretas e inderogables de ámbito europeo.

2.3

Se han registrado muchos avances. Basta con pensar que, mientras que el tráfico vial se ha triplicado en los últimos 30 años, el número de víctimas en accidentes de carretera se ha reducido a la mitad. Sin embargo, este dato no nos puede tranquilizar en absoluto la conciencia, puesto que Europa paga todavía un precio demasiado alto por el incesante incremento de la movilidad, con cerca de 40 000 muertos al año y la desconsoladora previsión de que, quizás, no podamos responder al desafío lanzado en el Libro Blanco de 2001.

2.4

El CESE reconoce que la única manera de lograr avances decisivos en materia de seguridad vial pasa por mejorar conjuntamente los tres «pilares» que la componen: la industria automovilística, las infraestructuras y el comportamiento de los usuarios. Sin embargo, el CESE no puede dejar de apoyar toda iniciativa que, aun relacionada con uno solo de estos «pilares», nos permita aproximarnos al ambicioso objetivo establecido en 2001.

2.5

Desde esta perspectiva, el CESE respaldó (3) en su momento la aprobación de la Directiva 2003/97/CE (4), en la que, siempre con la seguridad vial como objetivo, se proponía una solución armonizada de ámbito europeo para reducir los peligros que supone una visibilidad lateral insuficiente para los conductores de vehículos comerciales pesados.

2.6

Efectivamente, la Directiva 2003/97/CE tenía como objetivo evitar accidentes ocasionados por la presencia en los vehículos comerciales pesados de un ángulo muerto lateral del lado del pasajero, obligando a instalar una serie de retrovisores mejorados a partir de 2006-2007.

2.7

Así, muchos accidentes tienen lugar porque, precisamente a causa del ángulo muerto en torno a su vehículo, los conductores de vehículos de grandes dimensiones no advierten la inmediata proximidad de otros usuarios de la carretera.

2.8

En particular, este peligro se presenta en cruces y rotondas, donde, al cambiar de dirección, los conductores se encuentran con un ángulo muerto lateral del lado del pasajero que les impide ver a los usuarios más próximos a su vehículo, como peatones, ciclistas y motociclistas, que son también los más vulnerables.

2.9

Se calcula que cada año mueren alrededor de 400 personas en estas circunstancias, algo que basta para explicar por qué el CESE, y no sólo él, respaldó sin reservas en su momento la aprobación de la Directiva 2003/97/CE, por la que se derogaba y sustituía la primera Directiva sobre la homologación de los dispositivos de visión indirecta (71/127/CEE) y las subsiguientes modificaciones. La directiva derogada establecía requisitos sobre el diseño de los retrovisores y su instalación en los vehículos, pero no alteraba, sin embargo, las disposiciones nacionales. Únicamente con la Directiva 2003/97/CE se ha establecido la obligatoriedad en toda Europa de instalar un determinado conjunto de retrovisores u otros dispositivos de visión indirecta, una medida que anteriormente era de carácter voluntario.

2.10

Por lo que respecta a los tipos de vehículos pesados, la Directiva 2003/97/CE afectaba a los vehículos de transporte de mercancías de la categoría N2 de más de 7,5 t y los de la categoría N3 (5). No obstante, ésta fue modificada a su vez por la Directiva 2005/27/CE (6) que, con ciertas condiciones, impone la obligación de instalar retrovisores de las clases IV y V (7) a los vehículos de 3,5 t, y no en los de 7,5 toneladas como hasta entonces.

2.11

Los requisitos de la Directiva 2003/97/CE se aplican a los vehículos homologados (nuevos tipos) a partir del 26 de enero de 2006 y a las nuevas matriculaciones (vehículos nuevos) a partir del 26 de enero de 2007. Esto significa que los vehículos ya en circulación, que representan la mayor parte del parque automovilístico, no están sometidos a los mismos requisitos.

2.12

La Unión Europea cuenta con más de 5 millones de vehículos pesados (>= 3,5 t). Dada la vida útil de estos vehículos (hasta 16 años) y el lento ritmo con que se renueva el parque (300 000 matriculaciones al año), si el proceso comienza en 2007, su renovación, con nuevos retrovisores, no se completará hasta 2023.

2.13

La propuesta de la Comisión que ahora examina el CESE tiene por objeto encontrar soluciones, en un plazo breve, en aras de la seguridad del parque automovilístico ya en circulación.

3.1

En muy resumidas cuentas, la Comisión se sirve de un procedimiento temporal como es esta propuesta para solicitar la aplicación a los vehículos de las categorías N2 y N3 ya en circulación de los requisitos contemplados en la Directiva 2003/97/CE por lo que respecta a los nuevos retrovisores de las clases IV y V (visibilidad del lado del pasajero), con las siguientes excepciones:

3.2

Los Estados miembros deberán aplicar la Directiva y, por lo tanto, hacer instalar los nuevos retrovisores en los doce primeros meses a partir de su entrada en vigor, con posibilidad de excepciones:

3.3

Por lo que respecta a aquellos vehículos en los que resulte técnicamente imposible instalar los retrovisores previstos, podrán utilizarse otros dispositivos de visión indirecta (cámaras u otros instrumentos electrónicos) siempre y cuando aseguren el mismo campo de visión del 99 % anteriormente mencionado. En estos casos, los vehículos deberán ser homologados, cada uno por separado, por las autoridades competentes de los Estados miembros.

3.4

Se otorga a los Estados miembros la posibilidad de ampliar el alcance de la Directiva para incluir los vehículos de más de diez años.

4.1

Cabe destacar que la propuesta tendrá sentido únicamente si se aplica en un plazo lo suficientemente corto para influir de manera relevante en el parque de vehículos en circulación. Según las estimaciones de la Comisión, el gradual incremento de los vehículos dotados de nuevos retrovisores permitirá salvar más de 1 200 vidas humanas.

4.2

Sin embargo, en su evaluación de impacto adjunta a la propuesta (9), la propia Comisión reconoce que una aplicación inmediata y estricta de los nuevos requisitos ocasionaría numerosos problemas técnicos, con repercusiones negativas –también de orden económico– en los operadores del sector y con la consiguiente posibilidad de que se produjeran distorsiones del mercado.

4.3

La Comisión prevé que la sustitución de los retrovisores en la mayoría de los vehículos en circulación sea fácil de realizar con contención de costes, en torno a los 150 EUR (10). Para el resto del parque de vehículos, las soluciones van desde un leve retoque a la baja de los requisitos de visibilidad (> 99 %) a soluciones más complejas para los vehículos más antiguos, que en algunos casos exigirían modificaciones estructurales de la cabina, sin garantías de éxito y con un coste de miles de euros.

4.4

Ante estas variables, y cuando se presenten casos difíciles o (para algún modelo/versión de vehículo) aparentemente irresolubles, la Comisión invita a las autoridades nacionales de inspección a dar pruebas de flexibilidad y aceptar soluciones de carácter excepcional a costes razonables (11).

4.5

Aun cuando comprende las razones de esta indeterminación, impuesta por los múltiples problemas técnicos que hay que afrontar, el CESE considera que la propuesta así formulada corre el riesgo de dar pie a interpretaciones muy divergentes, con repercusiones negativas en el mercado europeo del transporte de mercancías.

4.6

Las críticas que ha expresado el CESE acerca de la propuesta en su formulación actual se refieren principalmente a dos aspectos: el riesgo de que se dispense un trato desigual a los operadores del sector del transporte de mercancías, con la consiguiente distorsión de la competencia, y la ausencia de un sistema simple, homogéneo y fiable para la certificación y el control de las nuevas disposiciones.

4.6.1

Por lo que respecta al primer aspecto, no parece oportuno pedir que los nuevos retrovisores cubran un 99 % y, al mismo tiempo, permitir un límite del 95 % a aquellos Estados miembros que ya hayan introducido legislación al respecto. El CESE consideraría más ecuánime y, a efectos de control, más sencillo establecer un único porcentaje válido en toda la UE.

4.6.2

Sin abandonar la cuestión de la igualdad de trato, la posibilidad que se concede a los Estados miembros para retrasar de manera autónoma la aplicación de las nuevas medidas a los vehículos más antiguos (12) puede ocasionar distorsiones de la competencia entre los vehículos que operan en el tráfico internacional. Por consiguiente, el CESE recomienda que, a la hora de ejecutar las medidas previstas, se apliquen los mismos plazos en todos los Estados miembros.

4.6.2.1

Habida cuenta del gran número de vehículos y de la complejidad de la certificación, el CESE considera a este respecto que el período de adaptación de dos años tras la transposición de la directiva no sólo es necesario, sino también suficiente. En este punto, las directrices generales del último Consejo de Ministros de Transporte (13) parecen alinearse con la solución que aquí se propone. Por el contrario, el propio Consejo parece dispuesto a aplicar la directiva a los vehículos matriculados no a partir de 1998, sino después del 1 de enero de 2000, con lo que se excluye un 15 % del parque.

4.6.3

En opinión del CESE, aún más controvertido resulta el segundo problema que se ha señalado: la certificación y el control de los nuevos requisitos. Es dudoso que la verificación y la certificación del campo de visión puedan llevarse a cabo eficazmente en cada vehículo en el momento de la inspección periódica. De hecho, determinar el campo de visión es una tarea muy laboriosa que implica una serie de parámetros y datos de considerable diversidad y complejidad.

4.6.3.1

Normalmente, como ocurre en el caso de la Directiva 2003/97/CE ya mencionada anteriormente, la marca de homologación se refiere a la certificación de un conjunto (retrovisor, brazos, cabina, asiento y altura del retrovisor respecto del suelo) que no depende solamente del retrovisor, sino también del modelo de vehículo en el que se ha instalado. Estas pruebas se efectúan en un prototipo y su aceptación implica y garantiza la aceptación de toda la producción en serie posterior. Por consiguiente, los retrovisores se homologan como un único conjunto de elementos, con una marca de homologación colocada en el cuerpo del retrovisor, por lo que, si se cambia el cristal reflectante, no debe sustituirse obligatoriamente el retrovisor. Así pues, los vehículos ya en circulación que han sido homologados sobre la base de la antigua Directiva 71/127/CEE se encontrarían con que, sustituyendo únicamente este cristal reflectante, tendrían una marca de homologación referida a una directiva derogada.

4.6.3.2

Por todo ello, si no se establece una determinada garantía de conformidad (etiqueta, certificado, etc.), se corre el riesgo de tener que inspeccionar todos los vehículos y someterlos a las pruebas contempladas en la Directiva 2003/97/CE como si se tuviese que homologar nuevamente el campo de visión de cada uno de los vehículos, al igual que ocurrirá cuando se recurra a instrumentos electrónicos para obtener el campo de visión previsto. Es fácil imaginar las consecuencias que esto acarreará para la carga de trabajo de las autoridades de certificación y control si tenemos en cuenta que se trata de millones de vehículos.

4.6.3.3

La solución que han planteado la Comisión Europea y el Consejo confía la certificación de conformidad a las inspecciones anuales (control técnico de vehículos) establecidas en la Directiva 96/96/CE de 20 de diciembre de 1996 para los vehículos de masa superior a las 3,5 t.

4.6.3.4

En lo relativo a los retrovisores, estos controles se limitan a verificar su presencia en los puntos requeridos, su integridad y la seguridad de su sujeción. Por lo tanto, como ya se ha mencionado anteriormente, es improbable que estos controles sirvan para certificar que el resultado global del campo de visión cumple los porcentajes exigidos.

4.6.3.5

El CESE se permite proponer una solución que parece más práctica de ejecutar y más fiable de cara a los resultados: una declaración de conformidad expedida por el instalador de los nuevos retrovisores. Podría ser un documento firmado por el responsable de la empresa que recopilaría no sólo todos los datos del vehículo, sino también los relativos a los retrovisores o a los cristales reflectantes que se hayan sustituido. Esta declaración se conservaría en el vehículo para su presentación tanto durante la revisión anual como en caso de controles de carretera. Además, al tratarse de un documento basado casi exclusivamente en códigos numéricos, su traducción a las lenguas comunitarias no plantearía mayores problemas.

5.1

En el texto de presentación de la propuesta se recuerda que la Directiva 2003/97/CE fue modificada por la Directiva 2005/27/CE de la Comisión con objeto de ampliar el requisito general de instalar retrovisores de las clases IV y V a los vehículos de 3,5 toneladas, y no en los de 7,5 toneladas como hasta entonces.

5.1.1

Sin embargo, esta formulación induce a confusión ya que puede interpretarse como una disposición válida para todos aquellos vehículos N2 que no superen las 7,5 t. En realidad, la Directiva 2005/27/CE prevé esta obligación únicamente para aquellos vehículos que monten una cabina similar a la de un N3, que permite la instalación de un retrovisor de categoría V a dos metros del suelo. Sólo en estos casos se podrá exigir la instalación de los dos nuevos retrovisores.

5.1.2

En aras de una mayor claridad, el CESE propone, por lo tanto, que se revise la letra b) del artículo 2 de la propuesta, añadiendo una exención específica para aquellos vehículos de la categoría N2 de masa inferior a 7,5 t en los que resulte imposible instalar un retrovisor de la clase V, de conformidad con lo previsto en la Directiva 2005/27/CE.

5.2

En el octavo considerando se prevé una exención para los «vehículos de corta vida útil», entendiéndose éstos como vehículos con una considerable cantidad de años en funcionamiento y, por consiguiente, con una vida residual limitada. Habida cuenta de que la vida media del parque de vehículos no es la misma en los distintos Estados miembros, sería conveniente que la Comisión aclarase más este concepto y lo cuantificara.

5.3

En muchos vehículos ya en circulación se ha instalado ya, de manera opcional, un retrovisor gran angular (clase IV) del lado del conductor. Ahora que se sanciona la obligación de instalar el nuevo gran angular en el lado del pasajero, también debería sustituirse el primero. En la práctica, el conductor, que ya debe controlar varios espejos, podría tener problemas de valoración con dos retrovisores gran angular de distinta curvatura.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/28

1.1

Obtener resultados científicos y técnicos de alta calidad y convertirlos en aplicaciones económicas y competitivas son condiciones esenciales para garantizar nuestro futuro, por ejemplo, respecto de las nanotecnologías, la sociedad de la información, los aspectos energéticos y climáticos, mantener y mejorar la posición general actual y desarrollar el modelo social europeo en vez de ponerlo en peligro.

1.2

El Comité siempre ha valorado de forma positiva toda iniciativa destinada a:

1.3

El CESE apoya con fuerza y determinación la idea de crear un instrumento como el Instituto Europeo de Tecnología (IET) con el fin de contribuir al desarrollo de una educación, innovación e investigación de calidad mediante el fomento de la cooperación y la integración entre los centros de excelencia europeos en los ámbitos industrial, universitario y científico.

1.4

El Comité destaca la importancia de un desarrollo coherente de la propuesta de IET con su fundamento jurídico, pensado especialmente para «acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales, fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Comunidad, y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas, fomentar un entorno favorable a la cooperación entre empresas, favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico» (2).

1.5

No obstante, el Comité considera que, para tener éxito, este nuevo instrumento integrado de conocimiento, investigación e innovación debe llegar a tener características propias y diferenciarse de los demás instrumentos comunitarios integrados existentes, como las plataformas tecnológicas europeas, las iniciativas conjuntas europeas, las redes europeas de excelencia, los proyectos integrados o los planes europeos de másters avanzados (3).

1.6

El Comité es consciente de que no sería correcto establecer un simple paralelismo entre el futuro IET y un centro como el Massachussetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos, dado que este último nunca ha sido un proyecto federal de excelencia sino una universidad de excelencia, que se caracteriza por la existencia de una MIT corporation que cuenta con el apoyo de una sociedad de gestión de las inversiones (Investment management company). No obstante, el éxito de instituciones como el MIT demuestra que la excelencia es el fruto de un proceso evolutivo basado en principios adecuados y en un apoyo suficiente.

1.7

En todo caso, el Comité considera que si el futuro IET quiere obtener resultados y convertirse en un «agente de primer orden», es decir, un modelo de referencia y un símbolo del rendimiento de la excelencia europea, debe exceder la función de simple integrador de recursos.

1.8

Con tal fin, no sólo la concepción, estructura y organización deberán responder de forma plena y coherente a los objetivos dispuestos en el Tratado, que constituye el fundamento jurídico esencial, sino también desarrollar una cultura de la competencia y la excelencia orientada hacia la ciencia y la tecnología que atraiga a los mejores estudiantes y produzca los mejores científicos e ingenieros. Se trata de una condición indispensable para la creación de nuevos conocimientos y una innovación continua.

1.9

El Comité también considera importante no detenerse en la idea de «buque insignia del conocimiento» de prestigio internacional (4) y, en cambio, aprovechar la energía de todos los agentes interesados necesaria para desarrollar una marca de resultados sobresalientes que distingan a cada comunidad de conocimiento e innovación (CCI) para intentar lograr resultados concretos con repercusión en el mercado:

1.10

Las estructuras y organización del Instituto deben idearse y realizarse de forma que:

1.10.1

La fórmula de la empresa común podría tenerse debidamente en cuenta.

1.11

Aunque como mínimo los éxitos iniciales del IET dependerán en gran medida de una financiación adecuada por parte de la Comunidad y los Estados miembros, esta no debería desviarse de otros programas adoptados en materia de investigación e innovación.

1.11.1

El Comité considera que en el futuro IET siempre tendrán más importancia, por una parte, los mecanismos de fomento de las patentes y los sistemas de gestión de la propiedad intelectual y, por otra parte, la capacidad para captar fondos privados de financiación; estos últimos deberán superar ampliamente a los fondos comunitarios, de manera que no mermen los recursos de los demás programas, en especial los que se destinan a la investigación y la innovación.

1.11.2

Respecto de los recursos financieros, el Comité considera necesario prever una dotación inicial de fondos comunitarios que podrían proceder de los recursos suplementarios en el marco de la revisión intermedia del Séptimo Programa Marco de IDT+D, mientras que una parte significativa debería ser aportada proporcionalmente por los Estados miembros. Tampoco debe excluirse la posibilidad de pedir intervenciones del BEI para las redes de innovación y la investigación universitaria.

1.12

El CESE opina que también es importante la capacidad que desarrolle el Instituto en el mercado del conocimiento, la innovación y la investigación, con el fin de garantizar una interacción cada vez mayor entre el propio Instituto y sus ramificaciones, es decir, las comunidades de conocimiento e innovación (CCI).

1.12.1

Ello podrá alcanzarse por medio de grandes actos públicos organizados por el sistema IET y destinados a valorizar una marca de excelencia única, concebida como una estructura de red descentralizada en cuanto a captación y difusión de los recursos del conocimiento y la innovación.

1.12.2

La innovación y el éxito son el resultado de un equilibrio delicado entre procedimientos orientados hacia los resultados y la libertad individual para desarrollar ideas y conceptos nuevos que deberán someterse a la prueba de la competencia. La capacidad de responder a criterios de garantía de la calidad normalizados a nivel europeo debe constituir la base de las acciones de investigación, conocimiento e innovación de toda la estructura en red del IET. Sin una interacción entre la investigación, la innovación y la industria orientada a la comercialización, la investigación financiada con fondos públicos sólo tendrán una mínima repercusión en la economía.

1.13

El CESE estima que el sistema de selección de las redes de empresas, los centros de investigación, los laboratorios y las universidades, aspirantes a convertirse en CCI, deberían adoptar el principio de abajo arriba (bottom-up) y basarse en criterios claros y transparentes, como la excelencia y el éxito profesional, las capacidades y la experiencia en los procesos de transferencia de tecnologías, sobre todo, hacia las PYME.

1.13.1

En todo caso, no debería considerarse que el nuevo estatuto de CCI se adquiere por tiempo indeterminado, sino que debe ser objeto de evaluaciones periódicas sobre la calidad y los resultados concretos obtenidos, sin perjuicio de que sea necesario un período adecuado de consolidación.

1.14

Asimismo, el Comité considera que el «sistema» IET debería tener el objetivo, llegado el caso, de incorporar una selección de los centros de excelencia que ya existen en la UE, pero no debería convertirse en una superestructura burocrática de apoyo a estos centros. Por ello, debería aspirar a valorizar más el componente industrial y de investigación interdisciplinaria, tanto dentro de los órganos estatutarios como en los encargados de la selección.

1.14.1

A este respecto, sería conveniente crear una sociedad de gestión de las inversiones del IET que permita tener un enfoque innovador respecto de las lagunas tradicionales que suelen caracterizar las relaciones entre la industria, el mundo académico y la investigación.

1.15

Por último, el Comité opina que es necesaria una mayor transparencia respecto de la determinación y expedición de los títulos del IET por parte de las redes CCI y el propio IET. Al menos durante un período inicial suficientemente largo, la concesión de titulaciones debería seguir siendo competencia, y responsabilidad, de las universidades o centros técnicos universitarios (institutos de tecnología) de los Estados miembros que han sido seleccionados como socios dentro de cada CCI. Siempre que cumplan unas condiciones mínimas, sus titulaciones podrían llevar la marca IET.

1.16

El Comité considera que la concesión de la marca IET a las titulaciones de las redes CCI debería estar sujeta a la obligación de que los estudios y las investigaciones efectuados tengan lugar en tres institutos diferentes de tres Estados miembros. Ello garantizaría que cada titulación tiene una dimensión interdisciplinar europea, que las investigaciones han demostrado un impacto potencial suficiente en cuanto a innovación y, por último, que han sido confirmadas por el IET central.

1.17

Respecto de los estatutos del IET, el Comité considera conveniente añadir a la Junta de Gobierno (5), establecida en la propuesta de Estatutos de la Comisión, un comité de supervisión compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión, un comité ejecutivo compuesto por dos representantes, respectivamente, del mundo empresarial, de los centros de investigación y de las universidades dirigido por el presidente de la Junta de Gobierno, un director administrativo y un rector.

2.1

El informe intermedio que se presentó al Consejo Europeo de primavera de 2005, «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo — Relanzamiento de la estrategia de Lisboa» (6), ya enumeraba algunos principios fundamentales para la reactivación como el carácter específico de las medidas que debían adoptarse, una amplia participación, la asunción de los objetivos por todos y, por último, la existencia de niveles de responsabilidad perfectamente determinados.

2.2

Dentro de los elementos integrantes de la Estrategia de Lisboa se destacó la difusión del conocimiento mediante un sistema educativo de gran calidad. En concreto, la Unión tiene que conseguir que sus universidades puedan competir con las mejores del mundo, pero para ello es necesaria la realización del espacio europeo de educación superior, que facilitará la creación y difusión del conocimiento en todo el territorio de la Unión.

2.3

La Comisión, para contribuir a lograr este objetivo, declaró que propondría la creación de un «Instituto Europeo de Tecnología» y que se esforzaría por conseguir que las universidades europeas pudieran competir a nivel internacional, dado que «se ha comprobado la inadecuación de los actuales enfoques de la financiación, la gobernanza y la calidad para hacer frente al reto del mercado mundial de los investigadores, los estudiantes y el mundo del conocimiento como tal».

2.4

El Comité se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este problema (7) y ha defendido, entre otros puntos, en el dictamen exploratorio «El camino hacia la sociedad europea del conocimiento — La contribución de la sociedad civil organizada a la Estrategia de Lisboa»  (8), la necesidad de crear un espacio europeo común del conocimiento, basado en una cooperación en las políticas de aprendizaje, investigación e innovación. En este dictamen, el CESE instaba a las empresas, instituciones financieras y fundaciones privadas a asumir su responsabilidad y aumentar las inversiones en la economía del conocimiento, apoyando por ejemplo los acuerdos de asociación público-privada a nivel europeo.

2.5

En Estados Unidos, el Massachussetts Institute of Technology (MIT), creado en Boston en 1861, cuenta en la actualidad con cerca de 10 000 estudiantes y un claustro de profesores de casi 10 000 personas que utilizan un sistema multidisciplinar de alta calidad que abarca desde la economía al derecho, desde la arquitectura a la ingeniería, así como desde las técnicas de gestión a las matemáticas y la física y a la biología. El MIT cuesta más de 1 000 millones de dólares anuales, pero en la llamada «Lista de Shanghai», que clasifica a las mejores universidades del mundo (9), ocupa el quinto puesto.

2.6

Respecto de Europa, en 2010 deberían alcanzase los objetivos fijados en el «Proceso de Bolonia», esto es, la iniciativa que puso en marcha la Unión Europea en 1999 para armonizar los distintos sistemas de enseñanza superior europeos con el fin de crear un espacio europeo de educación superior y fomentar a nivel mundial el sistema europeo de enseñanza superior, que tiene los siguientes objetivos:

2.7

El 26 de septiembre de 2006 el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la creación de un marco europeo de cualificaciones (11), que toma en consideración los procesos de Bolonia y de Copenhague de 2002 y se basa en el fomento de una mayor cooperación europea en materia de educación y formación profesional, con el fin de alcanzar una serie de resultados concretos (12).

2.8

En 2005 la Comisión publicó el segundo informe sobre los avances hacia los objetivos de Lisboa en el ámbito de la educación y la formación (13) en el que se destaca, entre otros aspectos, la dificultad de incrementar el número de titulados en Europa, la necesidad de actualizar e integrar los conocimientos, competencias y cualificaciones a lo largo de toda la vida mediante avanzados sistemas de educación permanente y, por último, la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educción y formación superior uniéndolas a inversiones privadas, así como de formar a profesores y personal docente de alta calidad y competencia ajustándose al recambio generacional (aproximadamente un millón de personas en el período 2005-2015).

2.9

En 2006 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) completó un estudio elaborado desde el punto de vista de la demanda (14) con el título Programme for International Student Assessment (PISA) (15), que ofrece una visión general de las características, actitudes y capacidades de los estudiantes para utilizar los conocimientos adquiridos.

2.10

La debilidad del sistema educativo universitario europeo parece deberse a cuatro causas principales (16):

2.11

Los principales problemas que se quieren solucionar con la creación de un Instituto Europeo de Tecnología (IET) son los siguientes:

2.12

El Parlamento Europeo, en la Resolución sobre el presupuesto anual 2007, por un lado, se muestra a favor de incrementar las capacidades del triángulo del conocimiento (educación, investigación e innovación) y reforzar sus vínculos pero, por otro lado, se muestra escéptico sobre el establecimiento del nuevo Instituto Europeo de Tecnología que «puede socavar o solaparse con estructuras existentes y, por tanto, no ser el modo más efectivo de utilizar los fondos presupuestarios en este contexto» (18).

2.13

En cambio, el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006 reiteró que el «Instituto Europeo de Tecnología (IET), en cooperación con las instituciones nacionales existentes, constituirá un paso importante a la hora de colmar el vacío que hoy existe entre la enseñanza superior, la investigación y la innovación, junto con otras acciones que aumenten las redes y sinergias entre las comunidades de investigación e innovación de alto nivel de Europa», y pidió a la Comisión que presentara una «propuesta formal […] para su creación». En respuesta a esta petición, la Comisión presentó en noviembre de 2006 la propuesta analizada en el presente dictamen (19), como culminación de sus dos comunicaciones anteriores sobre el tema (20).

2.13.1

Posteriormente, el Consejo Europeo de diciembre de 2006 confirmó la orientación positiva ya señalada.

3.1

La idea subyacente en la propuesta de Reglamento para crear el Instituto Europeo de Tecnología es que este pueda contribuir a la competitividad industrial reforzando la capacidad de innovación de los Estados miembros y de la Comunidad. Los objetivos de la propuesta son:

3.2

La Comisión propone dotar al IET de una estructura integrada con dos niveles que combine los enfoques de arriba abajo y de abajo arriba con arreglo al siguiente esquema:

3.3

El presupuesto general del IET para el período 2007–2013 se estima en unos 2 367,1 millones de euros, procedentes de:

4.1

El Comité siempre ha valorado de forma positiva toda iniciativa destinada a reforzar la capacidad de innovación de la Comunidad y de los Estados miembros, apoyando un enfoque integrado del triángulo del conocimiento, especialmente entre el mundo académico y el empresarial. Por lo tanto, se muestra totalmente a favor de garantizar una mejor coordinación de los esfuerzos de investigación, intensificar la innovación y la educación en la UE, lograr una colaboración público-privada más eficaz en I+D y mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al conocimiento (21).

4.2

No obstante, el Comité no puede dejar de lado los tres principios clave que constituyen la base de la reactivación de la Estrategia de Lisboa, a saber:

4.3

El Comité considera que debe valorarse con atención la forma en que la iniciativa analizada encaja con todas las demás iniciativas en curso que se basan en diversas políticas como las de investigación, empresa, desarrollo regional, sociedad de la información, educación y cultura.

4.3.1

El Comité considera que, para convertirse en un modelo de referencia y un símbolo de la excelencia europea, el futuro Instituto no debe conformarse con convertirse en un integrado de recursos sino que debe organizarse, por lo que se refiera a la concepción, estructura y organización, para poner en práctica lo dispuesto en el Tratado, que constituye el fundamento jurídico esencial.

4.3.2

El Comité destaca que un aspecto clave del éxito del futuro IET deberá ser la capacidad de valorizar la comercialización de una marca única de excelencia, constituida por una estructura de red descentralizada, en cuanto a captación y difusión de los recursos del conocimiento y la innovación.

4.4

El Comité se muestra de acuerdo en la necesidad de que el IET tenga una estructura lo más ligera posible, flexible y dinámica, para ser capaz de aceptar y satisfacer las nuevas peticiones, y considera que debería analizarse la posibilidad de constituir una empresa común (22); no obstante, destaca que esta estructura debe orientarse hacia el mundo empresarial y laboral y reitera el imperativo de que el IET se concentre en el objetivo primordial declarado que es transformar los resultados de la I+D en posibilidades comerciales.

4.4.1

Por ello, los criterios de selección de los órganos rectores deben incluir no sólo, ni prioritariamente, la excelencia científica sino también la capacidad de atraer capital innovador, crear nuevas empresas, generar y explotar patentes y captar financiación pública y privada, sin dejar de lado a las PYME.

4.5

El Comité considera que esta orientación debe reflejarse en los criterios de selección de las CCI, cuyos consorcios deben seguir siendo abiertos, en el marco de las prioridades de la programación plurianual comunitaria sobre investigación e innovación, para favorecer la participación de las empresas y entidades más pequeñas, garantizando una flexibilidad máxima y unas cargas administrativas mínimas.

4.5.1

Los criterios de cualificación de las CCI deberían determinarse mejor:

4.6

En el marco de la Estrategia de Lisboa, si se quiere favorecer la instauración de un espacio europeo del conocimiento, será necesario crear incentivos con el fin de promover la movilidad entre las distintas profesiones intelectuales y entre los sectores público y privado, para impulsar el trasvase entre las distintas profesiones de gestión y entre directivos, investigadores e ingenieros y, por último, simplificar el paso de sectores institucionales a sectores privados y viceversa (23): la movilidad a nivel europeo debe ser un aspecto significativo de los programas de formación, investigación y aplicaciones tecnológicas.

4.7

En cuanto a los recursos financieros para apoyar las actividades del IET, el CESE señala que la dotación inicial propuesta resulta muy escasa mientras que, en perspectiva, las fuentes de financiación parecen orientadas hacia los programas tradicionales (24) y proceder de los ya reducidos recursos presupuestarios 2007-2013 en materia de investigación, innovación y educación, en competencia con otros instrumentos que tienen un enfoque integrado y una eficacia demostrada, como los proyectos integrados, las redes de excelencia y otros de más reciente creación como las iniciativas tecnológicas conjuntas o las plataformas tecnológicas europeas.

4.7.1

La dotación financiera prevista en el Séptimo programa marco de IDT, para el período 2007-2013, que supone aproximadamente el 5,8 % del presupuesto global de la Comunidad, ya resulta insuficiente para apoyar la política de incentivos a la investigación, por lo que no pueden quitársele recursos si no es con los procedimientos normales de participación en las licitaciones, a las que deberían poder acudir el IET y el CCI en condiciones de igualdad con los demás participantes.

4.7.2

Como mínimo los éxitos iniciales del IET dependerán en gran medida de una financiación adecuada por parte de la Comunidad que no debería desviarse de otros programas adoptados en materia de investigación e innovación: de hecho, las estimaciones de la Comisión en el período 2007-2013 para el conjunto del sistema IET parecen infravaloradas mientras que los fondos comunitarios procedentes del superávit presupuestario son muy limitados. El Comité considera que podría estudiarse el recurso a una fórmula como la de la empresa mixta recogida en el artículo 171 del Tratado CE, con la participación directa de los Estados miembros interesados (véase, por ejemplo, la fórmula utilizada para la Empresa Común Galileo) (25).

4.7.3

El Comité considera que la necesaria dotación inicial de fondos comunitarios podría proceder de los recursos suplementarios en el marco de la revisión intermedia del Séptimo Programa Marco de IDT+D, que deberían añadirse a las contribuciones directas y proporcionales de los Estados miembros.

4.7.4

Otra fuente de financiación podría proceder de las actividades del BEI en el ámbito de la iniciativa Innovación 2010 (Innovation 2010 Initiative, i2i) y de la acción del BEI en favor de la investigación universitaria (26) y de las redes universitarias.

4.8

Además, la política comunitaria de I+D requiere un control más sistemático de todos los aspectos que limitan la movilidad de los investigadores, que en la actualidad se ve dificultada por la diversidad de las disposiciones sobre el reconocimiento de las títulaciones académicas y sobre las normas fiscales, de seguro y seguridad social (27).

4.9

El Comité considera que si el Instituto Europeo de Tecnología quiere convertirse en una referencia a nivel mundial, capaz de incitar a los demás agentes y redes europeos del triángulo del conocimiento a mejorar sus resultados, deberá prepararse para atraer un volumen significativo de fondos privados que, de forma progresiva, deberían convertirse en su fuente principal de financiación.

4.10

Un aspecto importante a este respecto podría corresponder a la solución que se quiera dar a los problemas de protección de la propiedad intelectual, que quizá deban aclarase más en la propuesta, así como a los referidos a la definición de los diplomas del IET y a su expedición.

4.11

El Comité opina que es necesario aclarar más la determinación y expedición de las titulaciones del IET por parte de las redes CCI y el propio IET.

4.11.1

Durante un período inicial suficientemente largo, la expedición de titulaciones debería seguir siendo competencia, y responsabilidad, de las universidades o centros politécnicos de los Estados miembros que han sido seleccionados como socios dentro de cada CCI. No obstante, incluso en esta etapa inicial, las titulaciones deberían cumplir unas condiciones mínimas.

4.11.2

Estas condiciones podrían incluir los siguientes aspectos:

4.12

Respecto de los Estatutos del IET, el Comité considera conveniente añadir a un Consejo de Administración, que asumiría la composición de la Junta de Gobierno prevista en la propuesta de Estatutos de la Comisión, con cinco representantes del mundo empresarial, cinco de los centros de investigación públicos y privados y cinco de las universidades públicas y privadas, al que se añadirán otros cuatro miembros en representación del personal y de los estudiantes del IET y de las CCI (28), bajo la presidencia de un representante de la Comisión, los siguientes órganos: bajo la presidencia de un representante de la Comisión, los siguientes órganos:

4.12.1

Si se adoptara la fórmula de la Empresa Común IET, los miembros del personal administrativo y científico de la empresa común deberían tener un contrato de duración determinada, a imagen del régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Europea (29).

—

un marco único para la transparencia de las cualificaciones y competencias (currículum vitae europeo, certificados, diplomas, Europass-formación, etc.),

—

un sistema de transferencia de créditos para la formación profesional, inspirado en el de la educación superior,

—

principios comunes de calidad para la educación y la formación profesional a partir de un núcleo de criterios comunes relativos a la garantía de calidad que podrían servir de base para iniciativas a escala europea como directrices de calidad y listas de requisitos para la educación y la formación profesional,

—

principios comunes para la validación de modalidades de aprendizaje no formales e informales que garanticen una mayor compatibilidad entre los planteamientos en distintos países y a diversos niveles,

—

una dimensión europea de los servicios de orientación y asesoramiento para que los ciudadanos tengan mayor acceso al aprendizaje permanente.

1)

cuantificación del progreso de aprendizaje en el tiempo y comparación de los avances entre países,

2)

relación entre los aspectos de la educación y los resultados del aprendizaje,

3)

valoración de las competencias en las TIC y en el uso de la tecnología como forma de abarcar una serie más amplia de tareas de evaluación.

—

el Consejo de Administración formado por los miembros fundadores. las decisiones se toman por mayoría simple, salvo algunas de capital importancia para las que es necesaria una mayoría del 75 %. El Consejo de Administración toma todas las decisiones estratégicas sobre programas, finanzas y presupuesto. Además, nombra al director de la empresa común;

—

el Comité ejecutivo que asiste al Consejo de Administración y al director;

—

el director administrativo representa la función ejecutiva, se encarga de la gestión corriente de la empresa común y es el representante legal; dirige al personal, actualiza el plan de desarrollo del programa, prepara y presenta al Consejo de Administración las cuentas y el presupuesto anual y redacta el informe anual de avance del programa y situación financiera.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/35

1.

El objeto de la propuesta sometida a examen es proceder a la codificación de la Directiva 74/347/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el campo de visión y los limpiaparabrisas de los tractores agrícolas o forestales de ruedas.

2.

El Comité considera muy útil tener todos los textos integrados en una directiva. Se le ha asegurado al Comité que esta compilación de normas no contiene variación sustancial alguna, sirviendo sólo al propósito de presentar el Derecho comunitario de forma clara y transparente. El Comité manifiesta su total apoyo a este objetivo y, teniendo en cuenta dichas garantías, acoge la propuesta favorablemente.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/36

1.

El objeto de la propuesta sometida a examen es proceder a la codificación de la Directiva 74/151/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre determinados elementos y características de los tractores agrícolas o forestales de ruedas.

2.

El Comité considera muy útil tener todos los textos integrados en una directiva. Se le ha asegurado al Comité que esta compilación de normas no contiene variación sustancial alguna, sirviendo sólo al propósito de presentar el Derecho comunitario de forma clara y transparente. El Comité manifiesta su total apoyo a este objetivo y, teniendo en cuenta dichas garantías, acoge la propuesta favorablemente.

13.7.2007   

ES

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C 161/37

1.

El objeto de la propuesta sometida a examen es proceder a la codificación de la Directiva 74/152/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la velocidad máxima por construcción y las plataformas de carga de los tractores agrícolas o forestales de ruedas.

2.

El Comité considera muy útil tener todos los textos integrados en una directiva. Se le ha asegurado al Comité que esta compilación de normas no contiene variación sustancial alguna, sirviendo sólo al propósito de presentar el Derecho comunitario de forma clara y transparente. El Comité manifiesta su total apoyo a este objetivo y, teniendo en cuenta dichas garantías, acoge la propuesta favorablemente.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/38

1.

El objeto de la propuesta sometida a examen es proceder a la codificación de la Directiva 75/321/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el dispositivo de dirección de los tractores agrícolas o forestales de ruedas.

2.

El Comité considera muy útil tener todos los textos integrados en una directiva. Se le ha asegurado al Comité que esta compilación de normas no contiene variación sustancial alguna, sirviendo sólo al propósito de presentar el Derecho comunitario de forma clara y transparente. El Comité manifiesta su total apoyo a este objetivo y, teniendo en cuenta dichas garantías, acoge la propuesta favorablemente.

13.7.2007   

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C 161/39

1.

La propuesta de codificación de la Directiva 98/27/CE (1) de 19 de mayo de 1998 sometida a examen recoge, con modificaciones, la propuesta que con el mismo objetivo se presentó el 12 de mayo de 2003 (2) y sobre la cual el Comité emitió un dictamen favorable (3).

2.

Su elaboración se hizo necesaria por la publicación entretanto de la Directiva 2005/29/CE, de 11 de junio de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, en la que se señala expresamente que estas prácticas podrán ser objeto de las acciones de cesación previstas en la Directiva con objeto de prevenirlas o hacerlas cesar, y se atribuye a las organizaciones de representación de los intereses colectivos de los consumidores la legitimidad para interponerlas.

3.

Tal como se indica en el dictamen mencionado anteriormente, el Comité recuerda que, de conformidad con el acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en una codificación no puede introducirse ninguna modificación sustancial. Tras examinar las modificaciones propuestas en esta ocasión, puede afirmarse que este principio ha sido respetado; cabe destacar asimismo que la Comisión atendió la petición que el Comité había formulado en su dictamen de que la propuesta de directiva fuera acompañada del texto íntegro modificado en el que se indicaran todos los cambios introducidos.

4.

No obstante, el Comité no puede dejar de recordar que en su dictamen acerca de la antigua propuesta de la Comisión sobre este asunto (4), que dio origen a la Directiva 98/27/CE, había señalado que la remisión en el apartado 1 de su artículo 1 a un «anexo» que contiene una lista de directivas produce un efecto indeseado, ya que hay que modificarlo constantemente cada vez que se publique, como sucede ahora, una nueva directiva cuyo derecho sustantivo requiera que su aplicación se lleve a cabo a través de acciones del tipo de las previstas en su parte dispositiva para la protección de los intereses colectivos de los consumidores (5).

4.1

Añade que esta articulación de la normativa es una manera innecesariamente complicada de legislar que contradice los objetivos de «legislar mejor» y de «simplificación legislativa» que el CESE comparte con la Comisión.

5.

Por otro lado, la publicación de la Directiva 2005/29/CE (6) y, en concreto, las disposiciones de sus artículos 11 y 14, refuerza la recomendación formulada en el dictamen del CESE de 1996 en el sentido de que, tal como se señalaba entonces, hay que «plantearse la oportunidad de una acción de responsabilidad, que complementaría la eficacia de la acción inhibitoria».

5.1

Por consiguiente, el CESE insta a la Comisión a que prosiga la reflexión sobre la conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación de las acciones de representación de los intereses colectivos, en concreto de los consumidores.

6.

En conclusión, el Comité, dentro de los límites estrictos de la codificación efectuada por la Comisión sobre la base de la decisión de 1 de abril de 1987 [COM(1987) 868 PV], emite un dictamen favorable sobre la iniciativa sometida a examen, tal como hizo en ocasiones anteriores en relación con la misma directiva.

13.7.2007   

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C 161/40

1.1

Al no haberse procedido a una consolidación coherente de los textos jurídicos, tras 50 años de producción ininterrumpida de legislación europea a través de tratados, directivas y reglamentos, recomendaciones, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y otros textos comunitarios, el Derecho comunitario se ha hecho sumamente complejo e incluso para los especialistas resulta difícilmente accesible.

1.2

En ciertos ámbitos, por ejemplo, se aprobaron nuevas directivas sin que, al mismo tiempo, se verificara adecuadamente si la nueva directiva convertía en obsoleta la legislación en vigor o si no la podía integrar, para de este modo poder derogar simultáneamente la directiva antigua relativa a la misma materia. En otros casos, se separaron determinados aspectos de una materia jurídica realmente única y, con los años, se regularon mediante directivas distintas. También se dio el caso de que, una vez aprobadas, las directivas se modificaran parcialmente por medio de actos legislativos, sin que al mismo tiempo se aprobara en cada caso un texto consolidado jurídicamente vinculante.

1.3

Ha llegado, por tanto, el momento de cambiar esta situación. Nada se opone a una consolidación técnica de las actuales directivas, siempre que se lleve a cabo con la mejor intención y no se utilice como medio de perseguir otros fines, como, por ejemplo, saldar viejas cuentas con otras instituciones o imponer el propio punto de vista que hasta el momento no había prevalecido en el proceso político.

Por consiguiente, el Comité acoge en principio favorablemente el objetivo declarado de la Comisión, esto es, llevar a cabo un saneamiento, desde el punto de vista estrictamente técnico, del ordenamiento jurídico.

1.4

Asimismo, el Comité no puede sino acoger positivamente la intención expresa de la Comisión de contribuir a simplificar el Derecho comunitario, con el fin de reducir la burocracia y el despilfarro absurdo en los Estados miembros.

1.5

No obstante, las correspondientes propuestas de directivas de la Comisión encaminadas a derogar o modificar los actos jurídicos en vigor en el marco de este proceso deben examinarse con arreglo a las dos observaciones arriba formuladas.

2.1

La Comisión propone derogar la actual Directiva 71/304/CEE por medio de una nueva directiva (2).

2.2

La Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, se adoptó para, en el interés de las empresas transfronterizas de servicios, incitar a los Estados miembros a suprimir las restricciones relativas al acceso, adjudicación, ejecución o participación en la ejecución de los contratos de obras por cuenta del Estado, de todos los organismos públicos y de las personas jurídicas públicas. La Directiva tenía por objeto combatir las discriminaciones directas e indirectas sufridas por las empresas de servicios extranjeras en la adjudicación de contratos públicos por los Estados miembros. Además, obligaba a los Estados miembros a asegurar, por una parte, que los empresarios no nacionales accedieran en las mismas condiciones que los nacionales a los créditos, ayudas y subvenciones, y, por otra, que dichos empresarios no nacionales «disfrut[ara]n sin restricción y, en cualquier caso, en las mismas condiciones que los nacionales, de las posibilidades de abastecimiento cuyo control pueda ejercer el Estado y que les sean necesarias para ejecutar su contrato».

2.3

La Comisión justifica su propuesta argumentando que, con las modificaciones que se han incorporado desde su adopción, esta Directiva ha quedado obsoleta.

2.3.1

Por un lado, el ámbito de la contratación pública se regula ahora por medio de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, por lo que la Directiva en cuestión está anticuada.

2.3.2

Por otro, la Comisión indica que, en la medida en que la Directiva 71/304/CEE también se refiere a la libre prestación de servicios en general, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia del TJCE en este ámbito ha cambiado de manera fundamental. En una nota a pie de página, la Comisión cita a este respecto el asunto C-76/90 Säger, en el que se estipula que el artículo 59 del Tratado de la CEE (libre prestación de servicios, artículo 49 en la actualidad) no sólo prohíbe toda discriminación contra los prestatarios de servicios en razón de su nacionalidad, sino que establece también la supresión de toda restricción, incluso si se aplica indistintamente a todos los prestatarios de servicios independientemente de su origen, «cuando pueda prohibir o entorpecer las actividades del prestatario establecido en otro Estado miembro en el que presta legalmente servicios análogos».

2.3.3

En su exposición de motivos, la Comisión resume la jurisprudencia del TJCE en los siguientes términos: «es evidente que el artículo 49 del Tratado CE prohíbe que las medidas se apliquen de forma discriminatoria y que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre prestación de servicios».

2.4

En los considerandos, la Comisión vuelve a referirse a las nuevas Directivas sobre la adjudicación de contratos públicos y a la sentencia Säger, y destaca que con ellas se garantiza un nivel de protección para el operador económico al menos tan alto como el que ofrecía la Directiva que se ha de derogar.

2.5

El texto de la Directiva propiamente dicho consta de cuatro artículos. El artículo 1 deroga la Directiva 71/304/CEE. En el artículo 2 se encomienda a los Estados miembros que mediante las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias lleven a cabo la transposición de la Directiva por la que se deroga la antigua Directiva; comuniquen a la Comisión el texto de las citadas disposiciones junto con una tabla de correspondencias entre las mismas y la Directiva objeto de examen, y hagan referencia a esta Directiva en dichas disposiciones o las hagan acompañar de dicha referencia en su publicación oficial, en la que los propios Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. En el artículo 3 se prevé la entrada en vigor de la Directiva el día de su publicación y el artículo 4 establece que los destinatarios de la Directiva son los Estados miembros.

3.1

Desafortunadamente, la propuesta de Directiva por la que se deroga la Directiva 71/304/CEE no resiste totalmente en todos sus puntos el examen de los aspectos señalados en el punto 1 del presente Dictamen.

3.2

En general, se puede observar que la Directiva propuesta, por la que se deroga otra directiva, constituye una de las primeras de este tipo de una larga serie de directivas similares. Por consiguiente, es oportuno plantearse la pregunta de si para aplicar el programa de trabajo presentado para los próximos meses y años, que prevé la derogación de un buen número de directivas que se han quedado obsoletas, realmente el método más eficaz es adoptar en cada caso una nueva directiva por cada directiva obsoleta. Con vistas a la futura aplicación del programa de trabajo, convendrá examinar de nuevo si, como solución alternativa, no sería posible y más eficiente derogar al mismo tiempo varias directivas mediante una única directiva nueva. Puesto que las leyes de los Estados miembros implican a menudo la transposición simultánea de varias directivas, se podría evitar así tener que adaptar las mismas leyes nacionales varias veces en poco tiempo.

3.3

Con relación a la propuesta de Directiva objeto de examen, se debería reflexionar de nuevo si no existe una opción a la modalidad de transposición prevista en el artículo 2, o si para lograr el objetivo deseado no bastaría con pedir a los Estados miembros que verificasen si es necesario adaptar su legislación y, en caso necesario, proceder a ello.

3.4

En efecto, en la Directiva de 1971 cuya derogación se propone se trataba principalmente de la supresión de las leyes y normativas nacionales discriminatorias entonces en vigor y de la aplicación de principios comunitarios generales en materia de adjudicación de contratos públicos, que en el ínterin se han repetido y se han precisado con más detalle en nuevas directivas.

3.5

La supresión de normativas discriminatorias nacionales se hubo de llevar a cabo ya en los años setenta en el marco de la aplicación de la Directiva 71/304/CEE, o, en el caso de los nuevos Estados miembros, en el curso de la adopción del acervo comunitario. Ahora bien, la derogación prevista de esta Directiva no significa que haya que volver otra vez a tratar la supresión de las antiguas normativas nacionales discriminatorias. Tampoco es necesario ajustar las disposiciones nacionales adoptadas entonces para suprimir las normativas discriminatorias, ya que han alcanzado completamente el objetivo de supresión de éstas, y el Tratado y todas las directivas más recientes prevén de todos modos el mantenimiento de la derogación, esto es, la prohibición de las normativas discriminatorias.

3.6

La legislación relativa a la adjudicación de contratos públicos de los Estados miembros ha alcanzado ya por lo general, como muy tarde tras la aprobación de las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE, un nivel que refleja la evolución del Derecho comunitario desde 1971. En los casos en que esto aún no sea así, la Comisión puede imponer todavía la transposición de las nuevas Directivas. En todo caso, puesto que los destinatarios de todas las Directivas son en principio los legisladores de los Estados miembros, es evidente que para lograr el objetivo deseado bastaría sólo con la simple derogación de la Directiva 71/304/CEE al nivel europeo y la obligación impuesta a los Estados miembros de verificar la conformidad de su legislación. En la mayoría de los casos se tratará a lo sumo de eliminar las referencias explícitas a la Directiva 71/304/CEE, ya obsoleta, en la medida en que aún existan remisiones a ésta.

3.7

Es de lamentar, aunque ya nada se pueda hacer al respecto, que la Directiva 71/304/CE no se haya derogado conjuntamente con la adopción de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. Por tanto, es recomendable que para todas las futuras propuestas de directiva se verifique siempre sistemáticamente si con la nueva directiva las antiguas directivas no quedan obsoletas y si, en caso necesario, no procede derogar sin más dichas directivas obsoletas. Estas medidas también podrían contribuir poco a poco a una mayor coherencia y claridad del Derecho europeo.

4.

El CESE, por consiguiente, recomienda que la propuesta de Directiva se modifique de manera tal que se limite a establecer la derogación de la Directiva en cuestión y a pedir a los Estados miembros que verifiquen si precisan modificar su legislación y, en caso necesario, lleven a cabo los cambios necesarios.

13.7.2007   

ES

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C 161/44

1.1

La claridad y transparencia del Derecho comunitario dependen también de la codificación de una normativa que sufre frecuentes modificaciones.

1.2

Dicha codificación debe llevarse a cabo respetando íntegramente el proceso legislativo comunitario normal.

1.3

El objeto de la propuesta que se examina es proceder a la codificación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La nueva Directiva sustituirá a los actos que son objeto de la operación de codificación. La propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y, por tanto, se limita a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales que la propia operación de codificación requiere.

1.4

El Comité suscribe la codificación.

13.7.2007   

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C 161/45

1.1

El Comité acoge favorablemente la introducción del procedimiento de reglamentación con control en el sistema de comitología, que permite al Consejo y al Parlamento controlar y modificar, en su caso, los reglamentos de ejecución adoptados por la Comisión cuando el acto legislativo le reconoce la facultad de ejercer competencias de ejecución en ciertos ámbitos, aunque sin autorización para realizar modificaciones de fondo. Se trata solamente, en principio, de proceder a las adaptaciones y cambios necesarios para la buena aplicación del acto en cuestión, de conformidad con el artículo 251 del TCE.

1.2

Asimismo, constata que la modificación urgente de ciertos actos propuesta por la Comisión (1) corresponde a la Decisión 2006/512/CE y la Declaración conjunta relativa a la lista de actos que deben adaptarse con la mayor brevedad posible, así como a la supresión de los límites de tiempo para la Comisión de cara al ejercicio de las competencias de ejecución.

2.1

La Decisión del Consejo 2006/512/CE, de 17 de julio de 2006 (2) modificó la Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1999/468/CE) (3), en particular por la incorporación de un artículo 5 bis que establece un nuevo procedimiento de reglamentación con control.

2.2

Los procedimientos de comitología que garantizan el seguimiento de cada acto legislativo incluirán, de este modo, una opción suplementaria que reforzará el control del Parlamento sobre el ejercicio de las competencias de ejecución conferidas a la Comisión en virtud de ese acto, cuando se trate de actos sometidos a esta nueva opción y referentes a la codecisión o al procedimiento Lamfallussy en materia financiera.

2.3

A través de una declaración conjunta (4), la Comisión, el Consejo y el Parlamento han establecido una lista que consideran urgente adaptar a la decisión modificada para introducir el procedimiento de reglamentación con control en sustitución del procedimiento inicial. Esta declaración conjunta prevé, además, que, en aplicación de los principios de buena legislación, las competencias de ejecución se confíen a la Comisión Europea sin límite de tiempo.

2.4

La Comisión propone ahora modificar, con carácter retroactivo, 26 actos legislativos que se consideran prioritarios (5), a fin de introducir el nuevo procedimiento y, en su caso, suprimir las limitaciones de tiempo en las competencias de ejecución que pudieran incluir.

2.5

En tres casos, los actos de codecisión enumerados no sólo modifican actos básicos ya existentes, sino que también hacen referencia únicamente a las disposiciones de comitología que hay que alinear en esos actos. En estos casos, la Comisión, por lo tanto, ha propuesto ajustar estos últimos. En particular:

2.5.1

Para adaptar la Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005, la Comisión propone ajustar:

2.5.2

Para adaptar la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, la Comisión propone ajustar:

2.5.3

Para adaptar la Directiva 2001/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de enero de 2002, la Comisión propone ajustar:

2.6

A continuación se presenta la lista completa de los actos que es prioritario adaptar:

3.1

El Comité siempre ha considerado que los procedimientos de comitología, que implican únicamente a representantes de la Comisión y de los gobiernos de los Estados miembros y que están destinados, según la naturaleza del comité instituido, a la gestión, la consulta o la reglamentación que deriva del seguimiento y la aplicación de los actos legislativos, deberían ser más transparentes y más comprensibles para las personas que residen en el territorio europeo, y muy especialmente para quienes se ven afectadas por estos actos.

3.2

Por tanto, acoge con satisfacción la decisión de introducir un nuevo procedimiento de reglamentación con control para los actos relativos a la codecisión y, puesto que el Parlamento no está directamente implicado en los comités, es deseable que un sistema de control de las competencias de ejecución de la Comisión permita verificar que tales competencias no quedan sobrepasadas en los reglamentos de ejecución adoptados de forma independiente por la Comisión.

3.3

La supresión de la limitación en el tiempo de las competencias de ejecución, incluida en ciertos actos, se deriva lógicamente del refuerzo del control del Parlamento y del Consejo y de su facultad de modificar los reglamentos de ejecución adoptados por la Comisión para todo acto referente a la codecisión y al procedimiento Lamfallussy.

3.4

En la declaración conjunta del 21.10.2006 se solicitaba a la Comisión que presentara urgentemente propuestas conformes a la Decisión del 17.7.2006, y el Comité constata que la Comisión ha atendido debidamente tal solicitud.

3.5

Asimismo, constata que los actos modificados corresponden a las prioridades establecidas por la mencionada decisión.

13.7.2007   

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C 161/48

1.1

El CESE está de acuerdo en que es importante mejorar la sostenibilidad del uso de los plaguicidas con el fin de optimizar los efectos positivos y reducir los efectos negativos sobre la agricultura, el medio ambiente, el consumidor, los usuarios y toda la sociedad en conjunto.

1.2

En principio, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, en la medida en la que afronta una problemática de gran relevancia para el bienestar de los ciudadanos europeos, para la defensa de la calidad de vida y del ecosistema y para el papel fundamental que desempeña en el desarrollo rural, y, por otro lado, para una evolución positiva de los productos, a fin de que sigan siendo competitivos en el mercado interior e internacional, al tiempo que aumentan la calidad.

1.3

El Comité considera que sería conveniente seguir los planes de acción elaborados a nivel nacional para determinar los objetivos de reducción del riesgo y emprender una verdadera política de armonización a escala europea.

1.3.1

El contenido de los planes debe traducirse apropiadamente a nivel nacional, regional y local, sobre todo considerando las tres dimensiones de la sostenibilidad; es decir, el impacto económico, social y medioambiental.

1.4

Según el CESE, la formación y la información representan elementos esenciales para un uso racional y sostenible de los sistemas de protección de las producciones agrícolas. Éstas permiten evitar potenciales impactos medioambientales negativos.

1.4.1

La formación debe hacerse extensiva a todos los sectores interesados, incluidos los entes y las autoridades públicas, así como los usuarios no profesionales. Es evidente la necesidad de proteger los sistemas de formación nacionales, ya administrados por organismos consolidados.

1.5

El CESE considera que las campañas de sensibilización deberían ser objetivas y neutrales; evidenciar los beneficios para la producción y los riesgos, y dirigirse, en particular, a los usuarios no profesionales, sobre todo a las autoridades y a los entes públicos locales.

1.6

Al introducir medidas cautelares en ámbitos particularmente sensibles, como en las prescripciones en materia de pulverización aérea, sería preferible más bien, en opinión del CESE, favorecer un cierto grado de subsidiariedad.

1.7

El CESE considera importante que se reserve un espacio adecuado para la investigación agrícola y fitosanitaria con el fin de reducir al mínimo el riesgo que siempre existe cuando se utilizan sustancias y mezclas de sustancias químicas.

1.8

En opinión del CESE, hace falta reservar un espacio adecuado para la cooperación, ya sea con organismos internacionales, como la FAO, la OCDE y la OMS, o con las regiones más próximas.

1.9

La globalización de los mercados agrícolas y alimentarios requiere, a juicio del Comité, una intervención comunitaria para difundir las normas europeas de calidad productiva y sanitaria, a escala mundial, especialmente mediante su introducción en el Codex Alimentarius.

2.1

Con el término «plaguicidas» se entienden los principios activos y los productos concebidos para influenciar los procesos fundamentales de los organismos vivos y, por tanto, potencialmente aptos para eliminar o controlar los organismos nocivos (1). En la propuesta de la Comisión se hace referencia a la definición más específica de «productos fitosanitarios» (2).

2.2

Los plaguicidas se consideran esenciales para proteger los cultivos de los insectos, roedores y elementos patógenos naturales, pero también pueden establecerse de manera acumulativa en el medio ambiente y causar graves riesgos para la salud humana y animal, sobre todo cuando terminan por contaminar el agua potable. En el hombre, entre los riesgos potenciales se incluyen el cáncer, alteraciones genéticas y daños permanentes al sistema inmunitario.

2.3

Los riesgos para la salud humana pueden deberse a la exposición directa o indirecta a los plaguicidas, o por uso inapropiado o por accidentes, en especial durante la utilización de los plaguicidas en la agricultura, las actividades paisajísticas y otras actividades, o tras dicha utilización.

2.4

Los riesgos relacionados con cada sustancia activa contenida en los plaguicidas se evalúan durante los procedimientos de autorización pertinentes, pero no hay ninguna evaluación satisfactoria, a nivel de los Estados miembros, de los efectos de la exposición a mezclas de sustancias químicas. Por consiguiente, en el estado actual, resultaría muy difícil evaluar el impacto global en la salud humana, de todas las sustancias que se utilizan actualmente (3).

2.5

La exposición indirecta de transeúntes, residentes (por deriva de aerosoles) y consumidores (por las cantidades residuales en los productos agrícolas o el agua) puede quedar amplificada en el caso de los grupos de población particularmente vulnerables. En concreto, estudios recientes (4) han demostrado una especial sensibilidad de los fetos, cuyo desarrollo neurológico se ha visto afectado cuando sus madres han estado expuestas a los plaguicidas.

2.6

Se deben considerar los riesgos que derivan al medio ambiente de flujos involuntarios y excesivos de sustancias químicas al agua, el aire y el suelo con efectos perjudiciales sobre las plantas, la flora, la vida animal, la calidad de los compartimentos ambientales y la biodiversidad en general.

2.6.1

Por otro lado, no hay que olvidar que la sociedad moderna deposita su confianza en una amplia variedad de fertilizantes, biocidas, aditivos alimentarios, insecticidas, pesticidas y herbicidas, con numerosos efectos beneficiosos porque permiten niveles más elevados de calidad y de seguridad alimentaria.

2.7

Si se utilizan de forma responsable se garantiza la presencia en el mercado de materias primas, de productos alimentarios y de productos hortofrutícolas de buena calidad, con precios reducidos, al alcance de todos los consumidores. El uso de productos protectores de los cultivos asegura rendimientos elevados, disminuye los niveles de toxinas naturales producidas por los hongos y las bacterias, reduce las pérdidas de cosecha y ayuda a garantizar una oferta suficiente y sostenible de alimentos en el mercado interior e internacional.

2.7.1

Además, todas las sustancias fungicidas, insecticidas y herbicidas son ya sometidas a un riguroso proceso de aprobación, antes de que se autorice su comercialización y su uso.

2.8

El CESE está de acuerdo en que es importante mejorar la sostenibilidad del uso de los plaguicidas, con el fin de optimizar los efectos positivos y reducir los negativos sobre el medio ambiente, el consumidor y el trabajador: tal objetivo conseguiría también mejorar la imagen de los trabajadores y de las explotaciones agrícolas que utilizan cautelosamente los productos fitosanitarios.

2.9

En opinión del CESE, hay que resaltar más los efectos positivos de los que se podrían beneficiar los agricultores a causa de una utilización más racional y meditada de los productos fitosanitarios. Son los mismos agricultores los que, desde hace varios años, se han ocupado de desarrollar técnicas más racionales como las técnicas de gestión integradas de las producciones y los métodos de Gestión Integrada de las Especies Nocivas, con la voluntad de llegar, de forma más concreta, a la agricultura integrada, tendencia que, a juicio del Comité, debería fomentarse.

2.10

El verdadero desafío del futuro no es sólo el de proveer productos, tanto convencionales como biológicos, seguros y de elevada calidad a los consumidores «más atentos», sino también el de complacer al que busca productos a precio «módico», pero con garantías cualitativas igualmente válidas.

2.11

La problemática de la integración de los aspectos medioambientales del uso de los plaguicidas se inscribe en el marco de las prioridades establecidas en el Sexto Programa de Acción de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente (2002–2012) que preveía la elaboración y la adopción de siete estrategias temáticas.

2.12

Existe una clara interacción entre las propuestas presentadas en las estrategias temáticas adoptadas, sobre todo en relación con la protección de las capas freáticas y de los recursos naturales de la fauna y la flora, la gestión de los residuos, los desechos y embalajes y la propuesta de directiva marco.

2.12.1

En la estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas se prevén cuatro nuevas medidas de protección ambiental y sanitaria, entre las que se incluía la propuesta de directiva para un marco de mayor sostenibilidad en el uso de los plaguicidas, que es objeto del presente dictamen.

2.12.2

Por otra parte, la Comisión ha efectuado una evaluación de impacto de las distintas hipótesis posibles de aplicación de las medidas previstas para un uso sostenible de los plaguicidas y su coste: «las pérdidas (para el sector de los productos fitosanitarios y para los agricultores que pagan por la formación y la certificación y el mantenimiento de los equipos de utilización) y los beneficios (para los agricultores que consumen menos y las empresas de formación, mantenimiento o certificación) son iguales.» (5).

2.13

La incidencia global neta que corresponde a la reducción de los costes externos es, por tanto, claramente positiva: «Extrapolando los resultados de un amplio estudio llevado a cabo en Alemania se llega a la conclusión de que el uso optimizado de plaguicidas debería producir un beneficio global para la UE superior a los 200 millones de euros anuales, gracias a la reducción de externalidades tales como los efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana.» (6)

2.14

En 2003 (7), el CESE tuvo la oportunidad de pronunciarse a favor de la iniciativa de la Comisión de elaborar una estrategia temática para el uso de los plaguicidas. A este respecto el Comité estima oportuno mencionar explícitamente también el aspecto de la protección de los cultivos que puede obtenerse con la utilización de los plaguicidas, junto con otras técnicas como los plaguicidas ecológicos, los extractos de plantas, los métodos preventivos y orgánicos y la resistencia de algunas plantas a determinas plagas, aspectos todos ellos de los que es importante valorar los riesgos y beneficios, sobre una sólida base científica.

3.1

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo la protección de la salud humana, animal y medioambiental del uso peligroso inadecuado o excesivo de los plaguicidas en la agricultura y en el ecosistema, para reducir los riesgos e impactos negativos «compatiblemente con la necesidad de garantizar el nivel necesario de protección de los cultivos».

3.2

Se incluye:

4.1

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión en la medida en que afronta una problemática de gran relevancia para el bienestar de los ciudadanos y consumidores europeos, para la defensa de la calidad de vida, para la agricultura y para el ecosistema.

4.2

El valor anual de las ventas de plaguicidas, a nivel mundial, se estima en torno a los 25 millardos de euros y el uso de los plaguicidas sigue siendo muy elevado en los países en vías de desarrollo aunque dichos mercados se estanquen o disminuyan (8). Por otra parte, la globalización de los mercados agrícolas y alimentarios requiere una mayor atención para observar las normas productivas y sanitarias adecuadas del Codex Alimentarius, por parte de todos, para evitar que se refleje también en estos mercados la ley Gresham. (9)

4.3

Por otro lado, en varias partes del mundo, se derrocha o aplica sin necesidad una enorme cantidad de plaguicidas, y un gran número de personas sufren intoxicaciones porque los agricultores, los operadores y las autoridades locales no conocen o no están actualizados con las nuevas aplicaciones tecnológicas y porque la maquinaria usada para los plaguicidas es, a menudo, obsoleta o carente del adecuado mantenimiento. Además, sustancias peligrosas que ya están prohibidas en la UE siguen utilizándose en los países en desarrollo (10).

4.4

El CESE estima especialmente oportuno introducir planes de acción nacionales con objetivos cuantitativos y un calendario de actuación para identificar las medidas adecuadas a las necesidades de reducción del riesgo, en el plano nacional, regional y local, tomando en consideración las tres dimensiones de la sostenibilidad; es decir, el impacto económico, social y ambiental.

4.5

El uso socialmente responsable de productos para la protección de la producción es fundamental para alcanzar objetivos sociales cada vez más avanzados, haciendo de esta forma que los agricultores cumplan con sus propias responsabilidades en la cadena alimentaria, asegurando alimentos de elevada calidad para los consumidores y garantizando niveles adecuados de competitividad agrícola en el ámbito de la Estrategia de Lisboa, tanto en el mercado interior como en el internacional.

4.6

La dimensión económica de la sostenibilidad asegura que se utilicen productos en la medida que permita mantener las diversas enfermedades por debajo del umbral del peligro, mejorando de tal manera los niveles de rendimiento y de disponibilidad de los productos agrarios además del ahorro de la gestión agrícola.

4.7

En el plano medioambiental, se evitarían los riesgos debidos a la presencia excesiva accidental de sustancias químicas en el agua, en el suelo, en el aire y en los productos agrícolas y alimentarios transformados. Dichas sustancias tienen efectos nefastos en el hombre, la flora, la fauna, la calidad del medio ambiente y la diversidad biológica, en general. Por otra parte, hay que tener bien presente que es indispensable prevenir la difusión y la multiplicación de las enfermedades de las plantas.

4.8

Al introducir los planes nacionales de acción resulta importante, para no falsear la competencia en el mercado interior, que las medidas que se adopten se basen en las directivas y criterios comunes a toda la UE.

4.9

La educación, la formación y la información representan elementos esenciales en el contexto de un uso racional y sostenible de los sistemas de protección de las producciones agrícolas, además de un requisito para asegurar las mejores prácticas agrícolas y evitar potenciales impactos ambientales negativos, especialmente en la formación integrada de todos los sectores interesados, incluidos entes y autoridades públicas, así como los usuarios no profesionales.

4.10

Los Estados miembros han instituido sistemas de formación diferentes, basados en dispositivos y requisitos legislativos nacionales y administrados por organismos consolidados. Por lo tanto, en opinión del CESE, hace falta un cuadro de referencia comunitario flexible que pueda permitir una integración con las exigencias de los diversos grupos de usuarios, también sobre la base de métodos didácticos y contenidos avalados por las partes interesadas a nivel europeo (11) y debates en el ámbito de un diálogo sectorial y de asociación entre interlocutores sociales, sobre el terreno.

4.11

Lo mismo ocurrirá con las campañas informativas y de sensibilización, que deben ser objetivas y neutrales, sobre los beneficios de posibles prácticas de protección de la producción y los riesgos de los efectos nocivos. Dichas campañas podrían financiarse en todos los Estados miembros, mediante una contribución del dinero que se sacará de los productos de protección de los cultivos. Los beneficios obtenidos de esa manera podrían resultar útiles para sensibilizar a los usuarios, especialmente a los no profesionales, mediante guías técnicas simples y actualizadas por Internet.

4.12

El CESE estima de vital importancia que los Estados miembros introduzcan sistemas de inspección técnica y de mantenimiento periódico de los equipamientos de aplicación de los plaguicidas en uso, sobre la base de normas comunes y armonizadas, basadas en los requisitos esenciales.

4.13

En lo que respecta a la introducción de medidas preventivas en ámbitos particularmente sensibles, como la protección de las aguas (12), que debe conformarse con la directiva marco en la materia, y los sectores definidos por Natura 2000, hay que tener en cuenta las condiciones locales y el tipo de cultivo como, por ejemplo, el arroz.

4.13.1

En opinión del CESE, es importante asegurarse de que se han seguido las mejores prácticas para reducir los riesgos definiendo –de forma equilibrada y razonable– disposiciones comunes y parámetros mínimos, dando por sentado que la elección de las medidas y su estricto seguimiento deberían dejarse bajo la responsabilidad de los Estados miembros, sin introducir una prohibición generalizada, que el CESE considera una medida excesiva.

4.14

En cuanto a la prescripción de límites severos en la pulverización aérea, el CESE estima que es necesario valorar el hecho de que existen áreas geográficas y situaciones donde dicha práctica no puede sustituirse por otras técnicas y que, quizás, resulta oportuno conceder derogaciones muy limitadas para este tipo de intervención, de forma que se asegure el máximo nivel de seguridad y de competencia profesional de los trabajadores, con el fin de evitar efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente. Los Estados miembros y las autoridades públicas, competentes a los distintos niveles, deberían llevar a cabo un control sistemático de los niveles de seguridad y competencia con procedimientos uniformes de evaluación de los riesgos.

4.15

En el seno de la política agrícola común, se está apoyando cada vez más (13) el desarrollo de técnicas de gestión integradas de las producciones (Integrated Crop Management — ICM) (14) en cuyo ámbito se deberían colocar de manera progresiva y acordada nuevos métodos de Gestión Integrada de las Especies Nocivas (Integrated Pest Management — IPM). El CESE sostiene con fuerza las técnicas ICM, que suponen todo un hito para los sistemas agrícolas sostenibles.

4.16

Por otra parte, resulta muy difícil poder separar los diferentes efectos de la protección de la producción de los efectos de toda una serie de otras prácticas agrícolas (rotación, etc.): si en 2014 deberán estar elaboradas e impuestas como obligatorias unas «normas-objetivos» generales IPM por parte de los Estados miembros, éstas deberían aplicarse, en opinión del CESE, incentivando la plena participación de los usuarios y teniendo completamente en cuenta las técnicas generales ICM, así como el progreso técnico y de investigación tecnológica en el sector, que debe apoyarse y reforzarse también en los programas de trabajo del VII Programa Marco comunitario de I+D.

4.17

El CESE considera importante que se reserve un espacio adecuado para la investigación agrícola y fitosanitaria sobre los niveles de inocuidad de nuevas tecnologías avanzadas, así como sobre la minimización del riesgo del uso de sustancias y mezclas de sustancias químicas en el ámbito de los programas de trabajo y de las convocatorias de concursos del VII Programa Marco de IDT+D 2007-2013.

4.18

En su Dictamen de iniciativa «El futuro de la PAC» (15), el CESE ha indicado diversas posibilidades para integrar mejor los aspectos ambientales en la política agrícola. El llamado «segundo pilar» de la política agrícola prevé que los Estados miembros, en la nueva programación 2007-2013 de los Fondos Estructurales y en los planes de desarrollo nacionales y regionales rurales, incentiven mecanismos de compensación para los agricultores que consigan disminuir los riesgos ligados a la utilización de plaguicidas químicos (16).

4.19

La definición de las técnicas IPC debe estar en línea con las nuevas disposiciones en materia de comercialización de los productos de protección de la producción, y las normas de las técnicas IPM deberían tener en cuenta las diversas condiciones naturales y climáticas de la UE.

4.20

Los productos para la protección de la producción agrícola deben manipularse y almacenarse de tal manera que se impida cualquier riesgo potencial para la salud y el medio ambiente. El CESE estima que, además de lo propuesto, debería establecerse, a nivel comunitario, un cuadro de normas mínimas para el almacenamiento por parte de los mayoristas, los minoristas y los agricultores (17).

4.21

En lo que respecta al sistema de indicadores armonizados para la recogida y presentación obligatoria de datos sobre la comercialización y utilización de plaguicidas, el CESE coincide plenamente en la necesidad de informaciones estadísticas y en la obligatoriedad y periodicidad de la recogida de datos, sobre la base de indicadores de riesgo y de uso armonizados a nivel europeo.

4.22

El CESE subraya la importancia de la homogeneidad de los datos que deben solicitarse a todas las partes interesadas, evitando también cualquier duplicación y sin gravámenes excesivos, tanto en términos burocráticos como de complejidad técnica.

4.23

Los indicadores deberían basarse en el riesgo, más que en la cantidad de productos usados o en la cantidad de residuos presentes, y en las repercusiones sanitarias, también a través de los análisis WHO/OMS, así como prestar atención a los niveles de difusión de las enfermedades y de los fenómenos patógenos que afectan a las producciones.

4.24

El CESE estima oportuno reservar un espacio adecuado a los aspectos de la cooperación internacional, tanto con los organismos internacionales, como la FAO (18) y la OCDE (19), como con las regiones vecinas, especialmente los países de la cuenca del Mediterráneo, los Balcanes y los países colindantes.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/53

1.1

El objetivo de la propuesta de la Comisión es derogar la Directiva 68/89/CEE del Consejo, de 23 de enero de 1968, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificación de madera sin transformar.

1.2

Teniendo en cuenta que los Estados miembros, las industrias madereras o las empresas asociadas al sector forestal han insistido a lo largo de muchos años en que no se aplicaba generalmente esa directiva en el comercio de la madera, la Comisión propone derogarla.

2.1

A mediados de 2005, diecinueve Estados miembros y once representantes de federaciones industriales nacionales participaron en unas consultas cuyo objetivo era determinar si se aplicaba la directiva anteriormente mencionada y si su derogación podría tener repercusiones negativas. Los resultados de la encuesta confirmaron que la mayoría de los Estados miembros y de las federaciones industriales no aplican esa directiva al comercio de madera, y que la propia directiva no resultaba ser suficientemente precisa por no tener en cuenta los usos previstos de la madera y por no estar adaptada a las necesidades del mercado.

2.2

La aplicación de la directiva del Consejo anteriormente mencionada es limitada porque no tiene carácter vinculante, porque los sistemas de clasificación y medición recogidos en ella son anticuados, y porque los operadores participantes en ese mercado se pusieron de acuerdo y aplicaron entre ellos otros métodos de clasificación y medición. No obstante, el mercado interior de la madera sin transformar se ha ampliado, así como el comercio con terceros países, aparentemente sin obstáculos.

Además, se han establecido normas europeas relativas a la medición y la clasificación de la madera que pueden utilizarse, en su caso, en las transacciones en los mercados de la madera, y que son consideradas una solución mejor.

2.3

Por lo tanto, la derogación de la directiva examinada es conforme a los resultados de las consultas llevadas a cabo con los Estados miembros, las industrias madereras y las empresas del sector forestal. Es posible alcanzar debidamente los objetivos de la directiva sin legislación comunitaria.

2.4

Por los motivos anteriormente mencionados y habida cuenta de que la derogación de la directiva no tendrá ninguna repercusión en el presupuesto comunitario y que contribuirá a simplificar la legislación europea, el Comité respalda la propuesta de la Comisión. El Comité estima que no tiene sentido mantener vigentes actos legislativos que apenas se aplican y que no son indispensables para el correcto funcionamiento del mercado interior en ese sector.

13.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/54

1.1

En la UE existe un interés creciente por favorecer métodos de producción y de cría que tengan en cuenta más que hasta la fecha el bienestar de los animales domésticos. Por esta razón, se propone que las exigencias mínimas obligatorias de bienestar animal actualmente en vigor se vean reforzadas por una normativa de etiquetado voluntario que pueda combinarse con las etiquetas comerciales en general y demás etiquetas basadas en la calidad y, entre ellas, los «planes de calidad». Esto servirá para estabilizar las fuerzas del mercado y no sobrecargará innecesariamente el sistema político de la UE ni a las autoridades nacionales de control. El etiquetado de calidad es un parámetro esencial en la competencia recíproca del sector alimentario y suele contener en diferente medida, elementos relacionados con el bienestar animal a un nivel más elevado que las normas mínimas obligatorias. No obstante, para el consumidor resulta difícil evaluar los elementos en que se basa el etiquetado y el contenido de la normativa. Por otra parte, los aspectos relacionados con el bienestar de los animales que no siempre se basan en fundamentos científicos suficientes.

1.2

Un sistema de este tipo, basado en el mercado y en criterios objetivos para cuantificar el bienestar de los animales, resultará más flexible, eficaz e innovador que unos criterios fijados políticamente y se adaptará por tanto mejor al desarrollo y la producción futuros, que estarán marcados por una mayor diversidad en las condiciones de producción como consecuencia de la ampliación de la UE, por la continuada especialización y diversificación de las producciones, por los cambios estructurales en la distribución minorista y por las asociaciones en torno al desarrollo de productos y etiquetas.

1.3

Los métodos de producción y cría que más favorezcan el bienestar de los animales es preciso fomentarlos tanto de modo directo, por medio de la formación y de la difusión de los resultados de nuevas investigaciones, como a través de señales del mercado, que también puede ser un importante impulsor para establecer una serie de prioridades en la formación, las inversiones, etc. De este modo, el sistema del etiquetado puede contribuir a lograr las necesarias sinergias de un extremo a otro de la cadena de producción, y coadyuvar a un uso racional de los recursos. Los ganaderos necesitan un marco estable en el que hoy, las condiciones cambiantes impuestas por las cadenas de venta al por menor, afectan a la planificación de los productores y a la estrategia de inversión.

1.4

Por ello, un sistema de etiquetado sobre el bienestar de los animales que esté por encima de las normas mínimas debería plantearse a los productores, comercio e industria interesada como una opción voluntaria, considerando que la normativa privada sobre etiquetado podrá referirse a criterios basados en fundamentos científicos y prácticos, y que podrá actualizarse a medida que evolucionen los conocimientos en la materia. En concreto el sistema podría consistir en ofrecer una especie de logotipo combinado con un etiquetado de colores o un sistema de puntos que pueden integrar las etiquetas comerciales; todo ello constituye una base objetiva para la comercialización a la vez que una forma de control privado e imparcial. El sistema en principio podría utilizarse para todas las especies animales y todos los productos derivados de animales. Estaría en consonancia con las normas de la OMC y asimismo podría aplicarse en condiciones análogas a los productos importados.

1.5

La reglamentación tradicional establecida por las autoridades en forma de requisitos mínimos debe seguir aplicándose en la UE, como se ha venido haciendo hasta ahora con el etiquetado sobre el modo de producción de los huevos y de los productos ecológicos. No obstante esta forma de reglamentación es onerosa desde el punto de vista político y administrativo y, por ello, escasamente adecuada para estimular el desarrollo de métodos de producción y de cría que tengan en cuenta en mayor medida el bienestar animal. Al mismo tiempo, los productores, la industria y el comercio percibirán que el sistema es burocrático sin que ello reporte ninguna ventaja apreciable para los usuarios.

1.6

La normativa propuesta posee coincidencias esenciales con las normativas generales de etiquetado ecológico, entre ellas la etiqueta común ecológica de la UE. El etiquetado ecológico se basa en la aplicación de principios comunes para la producción y uso de productos sumamente diversos, hecho que genera mayores sinergias y que permite que el etiquetado sea ampliamente reconocido. Sin embargo, por razones de competencia, los operadores del sector alimentario darán prioridad de modo natural a sus propias etiquetas de calidad, razón por la cual el «modelo ecológico» no es aplicable directamente al etiquetado relativo al bienestar animal, que debe basarse necesariamente en una investigación específica y en una valoración mutua de indicadores de bienestar.

1.7

Las iniciativas en materia de investigación realizadas en la UE en el ámbito del bienestar animal son por ello esenciales para determinar si en futuro será posible integrar, sobre una base científica y objetiva, el bienestar animal en la cadena agricultura-producción-comercio. No obstante, conviene definir lo antes posible los elementos característicos de la norma de etiquetado de modo que los resultados de las investigaciones y los indicadores estandarizados –objetivos, mensurables y repetibles– se traduzcan en estrategias prácticas y en su aplicación en el sistema de etiquetado, haciendo así que los interesados se familiaricen con la normativa.

1.8

En cualquier caso, urge organizar una importante campaña de información, destinada a los usuarios y al comercio minorista en especial, que tome en consideración las normas mínimas obligatorias. Al mismo tiempo, se podría estudiar la posibilidad de crear, con apoyo de la UE, una página Web y una base de datos destinados a mejorar la visibilidad y transparencia, si bien es preciso que las orientaciones comunes se apliquen antes de difundir contenidos concretos. Asimismo se debe reflexionar sobre la conveniencia de endurecer la prohibición y el control de las afirmaciones inexactas o erróneas con objeto de garantizar que las empresas estén cada vez más en condiciones de cumplir sus promesas.

2.1

Elaborado a raíz de la solicitud de la Presidencia alemana, el dictamen tiene por objeto proponer posibles sistemas de etiquetado sobre bienestar animal y sus modalidades, con vistas a fomentar el desarrollo de métodos de producción y de cría que tengan en cuenta en mayor medida este aspecto. Ello debe verse en el contexto de un creciente interés por el bienestar animal existente en la UE en la cual este aspecto, así como otras consideraciones éticas, forma parte cada vez en mayor medida del llamado «modelo social europeo». Los consumidores tienen la legítima expectativa –según lo manifestado en los estudios realizados a partir de los Eurobarómetros– de que los productos animales se produzcan mediante sistemas que tengan en cuenta todas las normativas existentes en la UE, en particular las referidas a bienestar animal y de poder elegir de manera objetiva y real los productos en función de que se haya tenido en cuenta en mayor o menor medida especial atención el bienestar de los animales (1). Además, en muchos sentidos existe una relación entre, por un lado, el bienestar y la salud de los animales y, por otro, el desarrollo de enfermedades que pueden transmitirse a los humanos.

2.2

De acuerdo con la mayoría de las investigaciones, el consumidor percibe el bienestar animal como un parámetro de importancia esencial para la calidad del producto. Sin embargo, esta opinión no es demasiado perceptible en determinados Estados miembros. La experiencia de bienestar o la calidad de vida de un animal pueden definirse como una suma de experiencias positivas o negativas, que el animal experimenta a lo largo de su vida. El dolor, la enfermedad, la conducta conflictiva, la conducta anormal y el estrés crónico pueden considerarse el punto de partida de experiencias negativas para los animales, en tanto que el descanso, el sueño, la comida, la atención parental o los cuidados en general pueden percibirse como experiencias positivas. No obstante, no existe ninguna definición reconocida e unívoca de bienestar animal.

2.3

Teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, las recomendaciones del Consejo de Europa, la UE aprobó una serie de normas mínimas sobre el bienestar de los animales en forma de reglamentaciones clásicas dictadas por las autoridades. Muchas de estas normas mínimas se revisarán durante los próximos años para adaptarlas a decisiones anteriores. Se han establecido además normas específicas sobre etiquetado voluntario de productos ecológicos y etiquetado referente a los métodos de producción de los huevos, así como disposiciones exclusivas que afectan a los pollos y a la carne de bovino.

2.4

La industria alimentaria y de distribución minorista se caracterizan por una creciente concentración y competencia, y utilizan cada vez en mayor medida etiquetas de calidad que muestran la especial atención que se presta a diversos criterios de la calidad, entre los que se incluye en diferente grado también el bienestar animal. Al mismo tiempo, las organizaciones de productores y las cooperativas han creado una serie de etiquetas de calidad regional que a menudo tienen en cuenta el bienestar de los animales y la ecología. Algunos de estos productos pueden beneficiarse del sistema europeo de protección de las indicaciones geográficas y especialidades (2).

2.5

Por ello es importante distinguir entre países. Por ejemplo, puede decirse que en el mercado británico predominan las etiquetas de calidad de tipo comercial en tanto que en Francia e Italia proliferan las etiquetas de calidad de carácter regional. La producción neerlandesa ha estado dominada tradicionalmente por etiquetas de calidad de la industria de transformación, pero el comercio al por menor y las organizaciones de productores crean cada vez más etiquetas. En Suecia predominan las etiquetas de los productores que, como sucede tradicionalmente en diversos países, atribuyen a los productos nacionales una mayor calidad, aspecto en el que se incluye el bienestar animal.

2.6

Vista la experiencia obtenida con los sistemas voluntarios de etiquetado, la Comisión se propone fomentar la introducción, en la legislación vigente y futura, de indicadores específicos, objetivos y mensurables del bienestar animal. Dichos indicadores serían la base para legislar sobre la convalidación aquellos sistemas de producción que, para el bienestar animal, aplican normas más estrictas que las establecidas por la legislación vigente (3). Según la Comisión, esto implica, por una parte, una clasificación de las normas vigentes con vistas a promover el desarrollo de métodos de producción y de cría que tengan en cuenta en mayor medida le bienestar de los animales y, por otro, una aplicación más fácil de dichas normas en la UE y a nivel internacional. Asimismo, la Comisión examinaría las posibilidades de introducir un etiquetado de la UE sobre esta base.

3.1

Como representante de la sociedad civil resulta natural que el CESE contribuya a configurar así como a compartir la responsabilidad de introducir normas de etiquetado adecuadas, en forma de un sistema común a nivel europeo, que pueda promover el desarrollo sostenible tanto en el mercado interior como en los intercambios con terceros países. El bienestar de los animales forma parte del patrimonio cultural y de los valores éticos de la UE, del mismo modo que la responsabilidad social de las empresas, la protección medioambiental y la ecología que, en cierta medida, se han incorporado a la legislación de la UE. El bienestar de los animales posee diversos puntos en común con la ecología. También ésta, como sistema de producción sostenible de la agricultura, se basa en el respeto del medio ambiente y en el bienestar de los animales.

3.2

Por tanto, el CESE apoya la intención manifestada por la Comisión de fomentar el bienestar de los animales sobre una base objetiva y sostenible (4), y considera adecuado establecer un sistema común en materia de etiquetado, así como promover métodos de producción y de cría que favorezcan en mayor grado el bienestar de los animales. El objetivo primordial es el de contribuir a que las fuerzas del mercado actúen sobre una base objetiva y «operen en la buena dirección». Al mismo tiempo, es importante fomentar métodos de producción y cría que favorezcan en mayor grado el bienestar de los animales por medio de la formación y difusión de los resultados de nuevas investigaciones. Las señales del mercado naturalmente indicarán las diferentes prioridades en el ámbito de la investigación, de la formación de los agricultores, consultores y veterinarios así como de las futuras inversiones en el modo de producción. El sistema de etiquetado puede contribuir de este modo a lograr sinergias y a un uso racional de los recursos, en relación, entre otras cosas, con la planificación y la estrategia inversora de los productores.

3.3

En cualquier caso se trata de un proceso a largo plazo que necesariamente debe producirse en sintonía con la fijación de indicadores de bienestar animal objetivos, mensurables, repetibles y basados en fundamentos científicos y en una valoración de los diferentes sistemas de producción. Con todo, es importante fijar cuanto antes el marco y los principios para definir un sistema común de etiquetado sobre bienestar animal, de modo que se pueda desarrollar el trabajo de la mejor manera posible y se puedan introducir indicadores normalizados en el sistema a medida que se van desarrollando. Por ello conviene asegurarse de que las partes implicadas comprenden y aceptan lo antes posible las directrices y modalidades del sistema común que regiría para todos los productos de origen animal, sobre una base lo más voluntaria y flexible posible.

3.4

No obstante, debe reconocerse que el proceso se complica, no solo por la escasez de información sobre aspectos relativos al bienestar animal y la prioridad que se les concede, sino también por la diversidad de preferencias de los consumidores y las diversas condiciones de producción, el efecto de la diversidad de tradiciones y niveles de educación en las actitudes de la gente, la competencia en el sector alimentario, la complejidad de las reglamentaciones vigentes, la dificultad de comprender el contenido de las marcas de calidad privadas y la escasa fiabilidad de los órganos de control, privados o públicos, incluidos los relacionados con las importaciones hacia la UE.

3.5

En cualquier caso, un etiquetado claro e informativo será un factor clave para promover métodos de producción y cría que tengan más en cuenta el bienestar de los animales. La experiencia adquirida con los productos ecológicos y los sistemas alternativos de producción de huevos demuestra que mediante normas de etiquetado se puede influir en los sistemas de producción en el sentido de mejorar el nivel de bienestar.

3.6

Las normas de etiquetado caen dentro de la competencia de la UE. Son motivo de constantes debates y conflictos de intereses contrapuestos y la Comisión se propone presentar una propuesta de modificación de la directiva sobre etiquetado a finales de 2007 (5). Muy a menudo un etiquetado adecuado y claro es el resultado de un compromiso, dado que no es posible tener en cuenta de los deseos y exigencias de todos. Lo mismo puede decirse de los productos alimentarios, cuyos requisitos en materia de etiquetado suelen calificarse de excesivos. Las autoridades competentes en materia alimentaria se muestran además escépticas sobre la utilidad de hacer etiquetas aun más detalladas, pues ello comportaría el riesgo de que las características fundamentales de los alimentos queden eclipsadas por otras informaciones. Tampoco los consumidores están seguros de la utilidad de ofrecer más informaciones, en particular, las relacionadas con aspectos éticos. Por estas razones, el etiquetado sobre bienestar de animal debe basarse en un logotipo más pequeño combinado con una etiqueta de colores, estrellas o puntos, que se añada al etiquetado ya existente.

4.1

Establecer nuevas restricciones y requisitos legislativos en la UE lleva aparejado el riesgo de que las importaciones de países con normas más laxas suplanten la producción y venta de productos de la UE reduciendo la cuota de mercado en el mercado mundial. Sin embargo, esta mayor preocupación por el bienestar de los animales en un mercado interior compuesto por 30 países y 500 millones de habitantes (6) se contagiará a terceros países y se reflejará en sus exportaciones hacia la UE. Así por ejemplo, la International Finance Corporation, organismo del Banco Mundial, ha manifestado un interés cada vez mayor por el bienestar de los animales y, en consecuencia, por la necesidad de adaptar tanto la producción primaria como el procesamiento industrial (7).

4.2

Naturalmente, los animales que han sido criados, sacrificados y despiezados en la UE, así como los productos derivados, transformados o no, deben cumplir los criterios mínimos de la UE y, por lo tanto, el etiquetado resulta superfluo. Sin embargo, a veces se pide con razón una norma que obligue a etiquetar los productos importados indicando su origen, de tal manera que quede claro, de modo directo o indirecto, que cumplen los requisitos mínimos de la UE. Como el CESE ya ha señalado en dictámenes precedentes, el bienestar de los animales deberá reconocerse necesariamente a largo plazo como un factor plenamente justificado en los intercambios de productos agrícolas de modo que se puedan imponer al respecto unas normas mínimas que han de cumplirse en la importación. Por ese motivo, debe investigarse con detenimiento, por un lado, en qué medida sería conforme a la ley imponer el requisito de un etiquetado obligatorio del país de origen para los productos importados y, por otro (si no hay seguridad de que se cumplan las normas correspondientes a los requisitos mínimos de la UE), en qué medida sería legal la exigencia de indicar «método de producción desconocido» o algo semejante.

4.3