La política de la industria de defensa de la Unión Europea (UE) es un avance relativamente reciente en los más de sesenta años de existencia del bloque. Las iniciativas industriales de defensa de la UE en este ámbito se llevan a cabo en virtud del artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el cual se fundamenta la política industrial.
Si bien varios Estados miembros de la UE poseen importantes industrias de defensa altamente sofisticadas tecnológicamente que han desempeñado un importante papel en sus economías nacionales, la defensa se ha considerado un ámbito sensible en el que los países han querido conservar su soberanía. El artículo 346 del TFUE permitía a los Estados miembros un considerable margen de maniobra en la licitación de contratos de defensa (al igual que su predecesor, el Tratado de Roma), lo que dio lugar a un mercado fragmentado.
En base a iniciativas anteriores, en 2013, la Comisión Europea adoptó una estrategia para impulsar la eficiencia y la competitividad de la base tecnológica e industrial de la defensa europea. Para garantizar un gasto de defensa más eficiente, la estrategia destacó la importancia de:
La política de la industria de defensa de la UE recibió un nuevo impulso con el Plan de Acción Europeo de Defensa (2016) y una comunicación sobre la puesta en marcha del Fondo Europeo de Defensa para apoyar una investigación y un desarrollo de la defensa conjuntos (2017).
El Plan de Acción Europeo de Defensa consta de tres ejes:
El Fondo Europeo de Defensa, que cuenta con dos programas piloto anteriores, contará con un presupuesto de unos 8 000 millones EUR durante el período del marco financiero plurianual 2021-2027. Se encargará de financiar proyectos en los que al menos tres entidades (principalmente empresas y organismos de investigación) de tres Estados miembros diferentes realicen actividades conjuntas de investigación y desarrollo en materia de defensa, y fomentará las actividades transfronterizas de las pequeñas y medianas empresas.