COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 20.7.2021

SWD(2021) 725 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021




Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021

Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

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I.Sistema judicial

El sistema judicial sueco se divide en dos ramas: por un lado, el orden jurisdiccional ordinario, que consta de 48 tribunales de primera instancia, seis tribunales de apelación y el Tribunal Supremo; por otro lado, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que constan de doce tribunales de primera instancia de lo contencioso-administrativo, cuatro tribunales de apelación de lo contencioso-administrativo y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo 1 . La Administración Nacional de los Tribunales, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, es la responsable de la gestión general de los órganos jurisdiccionales, incluida la asignación de los recursos, la dotación de personal y las instalaciones. La Comisión de Propuestas de Nombramientos Judiciales 2 , que es independiente, elabora propuestas para todos los nombramientos judiciales 3 ; el Gobierno se basa en estas propuestas para designar a los jueces 4 . La Fiscalía sueca es independiente 5 y no está vinculada al Gobierno. Suecia está tomando medidas para incorporarse a la Fiscalía Europea 6 . El Colegio de Abogados sueco es una asociación independiente y autónoma establecido por ley, y se encarga de supervisar las actividades profesionales de los abogados y de adoptar medidas disciplinarias contra sus miembros 7 .

Independencia

El nivel de percepción de la independencia del poder judicial sigue siendo elevado. En líneas generales, un 71 % del público general y las empresas considera que la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces en Suecia es «muy buena» o «bastante buena» en 2021 8 . El nivel de percepción de la independencia judicial fue sistemáticamente muy elevado entre 2016 y 2020 y sigue siendo elevado en 2021, aunque ha disminuido en cierta medida en comparación con 2020, tanto para el público en general como para las empresas. 

Avanza la labor de la Comisión de Investigación destinada a reforzar aún más las garantías de independencia judicial. La Comisión, que se creó en febrero de 2020 y que presentará sus resultados en 2023, examina en particular el marco jurídico para la edad de jubilación y el número de jueces del Tribunal Supremo, así como el estatuto y la independencia de la Administración Nacional de Tribunales. También examinará si es necesario modificar la Constitución 9 . Esta Comisión, en la que participan todos los partidos, se ha reunido periódicamente desde su creación y está llevando a cabo investigaciones comparativas sobre los marcos reguladores de la independencia judicial y las modificaciones constitucionales llevadas a cabo en otros Estados miembros de la UE. Su trabajo tiene en cuenta las normas europeas pertinentes 10 . La Comisión ha explicado que también tiene intención de crear uno o dos grupos de expertos externos para que ayuden en el desempeño de sus tareas 11 . Las partes interesadas han acogido favorablemente en términos generales este trabajo para reforzar de forma preventiva las posibles vulnerabilidades en el marco jurídico vigente 12 . En particular, la Asociación de Jueces ha puesto de relieve el actual sistema de nombramiento del director general de la Administración Nacional de Tribunales por parte del Gobierno 13 como una posible deficiencia, y defiende la creación de un Consejo del Poder Judicial independiente, que es una opción que la Comisión debe explorar de acuerdo con su mandato 14 . La Asociación de Jueces también considera que el sistema de determinación de los salarios de los jueces merece atención, aunque no esté incluido en el mandato de la Comisión 15 . Los salarios se fijan en el marco de un convenio colectivo entre los jueces y la Administración Nacional de Tribunales para los jueces recién nombrados, y se revisan anualmente entre el juez y el presidente del Tribunal competente 16 . La Asociación de Jueces considera que, si bien este sistema lleva funcionando más de diez años y, en general, no ha creado problemas importantes, no es suficientemente transparente y carece de criterios claros. Según las recomendaciones del Consejo de Europa, los criterios principales del sistema de remuneración de los jueces profesionales deben establecerse por ley 17 .

Han entrado en vigor los cambios en el régimen de habilitación de seguridad de los jueces. Con el fin de reforzar la independencia judicial, las modificaciones de la Ley de protección de la seguridad, que entraron en vigor en abril de 2021, especifican que las habilitaciones de seguridad para los presidentes de tribunales deben ser llevadas a cabo por la Comisión de Propuestas de Nombramientos Judiciales y, para los jueces de los tribunales ordinarios, por sus respectivos tribunales 18 . Estas modificaciones fueron provocadas por un cambio en el sistema general de habilitaciones de seguridad para funcionarios públicos adoptado en 2019, en virtud del cual el Gobierno también era responsable de las habilitaciones de seguridad de los presidentes de tribunal, anteriormente bajo la responsabilidad de la Administración Nacional de Tribunales. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno había nombrado un presidente de investigación en mayo de 2019 para garantizar un sistema adecuado de protección del estatuto de tribunales y jueces 19 . Basándose en el informe de investigación y en un procedimiento de consulta, el Gobierno presentó la propuesta de modificación de la Ley de protección de la seguridad, que el Parlamento aprobó en febrero de 2021.

Calidad

Se ha reiterado la preocupación por la situación a largo plazo de los recursos del poder judicial. A raíz de una solicitud de la Administración Nacional de Tribunales de aumentar el presupuesto 2021-2023 del sistema judicial 20 , se incrementó ligeramente el presupuesto de 2021 21 . Suecia gasta alrededor del 0,27 % de su PIB en tribunales de justicia de forma estable desde 2012 22 . Las partes interesadas y la Administración Nacional de Tribunales 23 han subrayado la necesidad de aumentar los recursos a más largo plazo en lugar de año por año, a fin de garantizar la previsibilidad y permitir que los tribunales tramiten el creciente número de procesos penales entrantes 24 .

La digitalización de la justicia está avanzando y se ha creado un consejo sobre digitalización del sistema judicial. Tras la entrada en vigor de la nueva legislación sobre comunicación electrónica en los procedimientos judiciales en enero de 2021 25 , se han puesto en marcha ya totalmente las normas procesales para incorporar la tecnología digital a los tribunales 26 . Sin embargo, todavía no existe la posibilidad de acceder en línea a las sentencias de los tribunales de primera instancia y las disposiciones relativas a su legibilidad automática son limitadas 27 . Las deficiencias que persisten en los procedimientos civiles y contencioso-administrativos se refieren a la posibilidad de acceder a los expedientes en curso y cerrados 28 , mientras que en los procesos penales solo se dispone de herramientas digitales limitadas 29 . Para mejorar la eficiencia y el uso de herramientas digitales a lo largo de toda la cadena judicial, en particular para los procesos penales, en septiembre de 2020 se creó un nuevo consejo para la digitalización del poder judicial 30 dentro de la estructura del Consejo Nacional para la Prevención de la Delincuencia, compuesto por los responsables de once autoridades diferentes 31 . Su objetivo es mejorar el intercambio de información en el proceso de justicia penal y es responsable de identificar y planificar los esfuerzos conjuntos de desarrollo, supervisar su ejecución y desarrollar el sistema de gestión de la información 32 . El proceso constará de varias fases, empezando por el establecimiento del flujo electrónico de información entre las autoridades que tramitan el mayor volumen de asuntos penales, y para 2022 todas las autoridades estarán conectadas. El Consejo también preparará el nuevo plan estratégico para la digitalización del poder judicial a partir de 2023, ya que la estrategia actual expirará en 2022 33 .

Eficiencia

La eficiencia del sistema judicial se ha mantenido estable, y en 2020 se cerraron más asuntos que en años anteriores. La tasa de resolución se ha mantenido estable en los asuntos civiles y mercantiles (97,5 %) y ha mejorado en los asuntos contencioso-administrativos (del 96,8 % en 2018 al 101,7 % en 2019). El tiempo estimado para resolver un asunto ha seguido siendo bajo en 2019, tanto en asuntos civiles como mercantiles y contencioso-administrativos, aunque han seguido aumentando los asuntos contencioso-administrativos entrantes 34 . Los datos nacionales muestran que, mientras que los asuntos entrantes aumentaron en 2020, los asuntos resueltos aumentaron en un grado aún mayor, con alrededor de un 8 % más de asuntos resueltos que en 2019 35 . Según la Administración Nacional de Tribunales, esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que a menudo ha sido posible concluir asuntos menos complejos mediante procedimientos escritos, mientras que los asuntos más complejos se han aplazado 36 . Dado que, en general, los tribunales han permanecido abiertos a lo largo de la pandemia de COVID-19 y que las medidas concretas se dejaron a su discreción, el porcentaje de vistas aplazadas solo se ha visto ligeramente afectado (21,9 % en 2020 frente a una media del 20,3 % en 2017-2019) 37 .

II.Marco de lucha contra la corrupción

En líneas generales, Suecia cuenta con el marco legislativo e institucional necesario para combatir y prevenir la corrupción. El Gobierno ha adoptado un Plan de Acción Nacional para 2021-2023, el primero, para prevenir la corrupción en los organismos de la Administración central. La Unidad Nacional Anticorrupción es el órgano especializado de la fiscalía sueca que se encarga de todas las investigaciones penales relacionadas con la corrupción y el soborno de funcionarios públicos extranjeros. La Unidad Policial Nacional Anticorrupción forma parte de la Autoridad Policial sueca y se encarga tanto de investigar los delitos de corrupción como de desempeñar una función preventiva brindando asistencia a diversas entidades públicas en la elaboración de políticas de lucha contra la corrupción. La Autoridad Sueca de Delincuencia Económica, organizada en el marco del Ministerio de Justicia, tiene el mandato de investigar y enjuiciar delitos financieros graves, y recuperar los productos del delito. Otros organismos, como la Oficina Nacional de Auditoría, la Autoridad Nacional de Competencia, el Consejo Nacional para la Prevención de la Delincuencia y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía sueca, se encargan de la prevención y la investigación de la corrupción, así como de la policía científica y la auditoría.

La percepción entre los expertos y directivos de empresa es que Suecia es uno de los países menos corruptos del mundo. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparency International, Suecia obtiene una puntuación de 85/100 y ocupa el puesto 2 en la Unión Europea y el puesto 3 del mundo 38 . Esta percepción se ha mantenido relativamente estable 39 en los últimos cinco años 40 .

Suecia está revisando actualmente el régimen de prescripción para todos los delitos, incluidos los delitos de corrupción. En Suecia se penaliza una amplia gama de delitos de corrupción 41 . La legislación laboral sueca sigue previendo sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento del deber en forma de advertencias o reducciones salariales y prohíbe la participación de los trabajadores en actividades que puedan afectar negativamente a la confianza en su imparcialidad o perjudicar la reputación de la autoridad 42 .

En diciembre de 2020 Suecia adoptó un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción para su Administración pública. El plan de acción se centra en la prevención de la corrupción en los organismos del Gobierno central, incluidas las oficinas del Gobierno 43 . No incluye a las empresas estatales 44 . El objetivo del plan de acción es proporcionar a las agencias herramientas y mejores prácticas en materia de prevención de la corrupción, lo que incluye el uso sistemático del análisis de riesgos para reforzar la concienciación sobre el riesgo de corrupción y las prácticas de gestión de riesgos. El plan recibió críticas debido a la falta de claridad, ambición y una amplia consulta a las partes interesadas 45 . El plan no define prioridades u objetivos específicos que deban alcanzarse en una fecha determinada. La Agencia Sueca de Gestión Pública facilitará el trabajo preventivo en el marco del plan 46 , pero no tiene ninguna función de supervisión 47 . La Agencia Sueca de Gestión Pública publicará un informe intermedio con una evaluación de la situación de partida en 2021 y presentará un informe resumido de resultados al Ministerio de Hacienda a finales de 2023 48 .

La cooperación entre la policía y la fiscalía es eficaz en términos generales. Los recursos, el nivel de especialización de investigadores y fiscales y el acceso a la información pertinente son suficientes para que las autoridades lleven a cabo sus tareas de lucha contra la corrupción, según la policía y la fiscalía 49 . Suecia ha empezado a crear un sistema electrónico para mejorar el intercambio de información en la gestión de los asuntos penales 50 . Se espera que la cadena judicial esté totalmente interconectada digitalmente en 2022 51 . Los datos preliminares del Consejo Nacional para la Prevención de la Delincuencia indican una disminución de los asuntos de soborno notificados en comparación con 2019, aunque se ha notificado un aumento significativo en asuntos de delitos menores en el ejercicio de un cargo público 52 . En 2020, se iniciaron procesos penales relacionados con el soborno contra 38 personas y se obtuvieron 26 condenas, de las cuales cuatro incluían penas de prisión 53 .

El soborno de funcionarios públicos extranjeros se ha puesto de relieve como un ámbito de riesgo de corrupción. A pesar de ser un país que exporta a todo el mundo, con uno de los mayores números de empresas multinacionales por habitante, en Suecia el cumplimiento de la normativa contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros se considera moderado 54 . La Ley sobre multas a empresas se revisó en 2019 55 . Aparte de los requisitos de la doble tipificación y de la responsabilidad de las empresas, el régimen de prescripción también supone un obstáculo para el enjuiciamiento efectivo en Suecia de los sobornos cometidos en el extranjero 56 , que puede ser especialmente difícil si las investigaciones de soborno cometido en el extranjero dependen de la obtención de pruebas en otro país y de la asistencia judicial mutua a través de la cooperación internacional 57 . El Instituto Sueco de Lucha contra la Corrupción, sin ánimo de lucro, actualizó en 2020 su Código de Conducta Empresarial no vinculante, una iniciativa autorreguladora para luchar contra los sobornos y la corrupción 58 . El Código se dirige al sector privado, incluida su relación con el sector público 59 .

La actividad de los grupos de presión sigue sin estar regulada en Suecia. No existe ninguna obligación específica para los responsables políticos de divulgar de forma proactiva los contactos con los representantes de intereses en una «huella legislativa» para publicar información sobre quién intentó influir en las propuestas legislativas y con qué recursos. Los grupos de presión y representantes de intereses no están obligados a inscribirse en un registro de grupos de interés ni a revelar quiénes son sus clientes o información financiera relacionada con sus actividades de presión 60 . Sin embargo, en general, la divulgación de información al público, la transparencia y el acceso a la información siguen siendo la piedra angular del enfoque sueco de prevención de la corrupción 61 .

Se adoptó una nueva ley sobre puertas giratorias para la Oficina Nacional de Auditoría. La normativa que regula la situación después de ocupar un cargo, aprobada en 2020, establece restricciones para los funcionarios de alto nivel de la autoridad de supervisión financiera, incluidos el Auditor General, el Auditor General adjunto y el Auditor General en funciones. De este modo, el ámbito de aplicación personal de los reglamentos aplicables a las puertas giratorias se amplió desde las principales funciones ejecutivas del Gobierno (ministros, miembros del gabinete y secretarios de Estado que pasan a ocupar un puesto en una empresa y cargos en organizaciones distintas del Gobierno o del sector público) hasta los altos ejecutivos del organismo sueco de supervisión financiera 62 . No obstante, en general, la normativa que regula la situación de una persona tras ocupar un cargo sigue siendo limitada en cuanto a su alcance y eficacia, y solo se ha denunciado un caso relativo a las normas aplicables sobre puertas giratorias aprobadas en 2018 63 .

Se modificaron las directrices sobre las declaraciones de patrimonio para añadir pruebas justificativas a la información declarada. Así pues, de acuerdo con las directrices 64 , los ministros y determinados funcionarios públicos de las administraciones públicas, los municipios y las regiones deben informar sobre la tenencia de instrumentos financieros. Según las directrices, las declaraciones presentadas por los ministros y determinados funcionarios de las oficinas gubernamentales deben estar respaldadas por pruebas, como declaraciones oficiales de un banco o agente de bolsa 65 . Esta medida tiene por objeto facilitar la revisión de la exactitud de la información declarada. Las oficinas gubernamentales revisan las declaraciones, pero no verifican la exactitud de la información ni realizan seguimientos 66 .

Suecia ha revisado sus normas sobre la protección de los denunciantes y se está estudiando una ley independiente. La investigación gubernamental independiente presentó su informe final en junio de 2020, en el que proponía la adopción de una nueva ley 67 que sustituyera la actual Ley de 2016 sobre la protección especial de los trabajadores contra represalias por denuncia de irregularidades graves 68 . Las nuevas normas, que entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2021, modificarían los requisitos actuales en materia de protección de los denunciantes y abarcarían tanto a las organizaciones del sector público y del privado como a las empresas. Se exigiría a todas las grandes empresas del sector privado que establecieran cauces internos seguros de denuncia para los denunciantes 69 .

La transparencia en la financiación de los partidos políticos está ampliamente garantizada. De conformidad con la Ley de transparencia en la financiación de los partidos políticos 70 , los partidos políticos nacionales, municipales y locales están obligados a comunicar sus fuentes de ingresos, pero no sus gastos, a la Agencia de Servicios Jurídicos, Financieros y Administrativos. La agencia publica los informes financieros a su debido tiempo cada mes de julio para el año anterior 71 . La no comunicación de los ingresos se sanciona con multas de hasta 9 800 EUR aproximadamente (100 000 SEK). El Parlamento ha adoptado un límite máximo para las donaciones anónimas a aproximadamente 230 EUR (2 325 SEK) por donante 72 . Las contribuciones de los particulares deben declararse, pero no se publican. Sin embargo, los ingresos de los partidos políticos en Suecia proceden en gran medida de la subvención estatal que reciben los partidos sobre la base de sus resultados en las dos elecciones anteriores.

En diciembre de 2020, el Gobierno publicó un informe sobre la delincuencia, incluida la relacionada con la corrupción, vinculado a la pandemia de COVID-19. El análisis pone de relieve ámbitos en los que existe riesgo de abuso o abuso real de las medidas y regímenes de apoyo a la COVID-19 adoptados por el Gobierno y el Parlamento 73 . El informe no aborda específicamente ningún riesgo de corrupción percibido. Pone de relieve los retos en la lucha contra los delitos relacionados con la corrupción, incluida la falta de investigación y enjuiciamiento del fraude en el sistema de protección social debido a la escasez de recursos y otras prioridades. Además, la Agencia Nacional de Contratación Pública publicó un documento de orientación sobre las normas de contratación pública aplicables durante la pandemia de COVID-19, que incluía cambios en las condiciones contractuales 74 . Asimismo, desde el 1 de enero de 2021, todas las contrataciones públicas deben registrarse y publicarse en bases de datos nacionales específicas, que comunican las entradas a una autoridad central para mejorar la recopilación de estadísticas sobre contratación pública en Suecia 75 . La nueva ley apoya el seguimiento y la detección de cárteles fraudulentos en la contratación pública, y otras irregularidades graves en tiempos de pandemia de COVID-19 y después 76 .

III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

El marco jurídico sueco relativo al pluralismo de los medios de comunicación está establecido en la Constitución 77 y el Derecho derivado 78 . En particular, la Ley fundamental de libertad de expresión y la Ley de libertad de prensa garantizan la libertad de expresión. El regulador sueco de los medios de comunicación, el Consejo de Prensa y Radiodifusión (Myndigheten för press, radio och tv), funciona con arreglo a la Constitución 79 y a la Ley de radio y televisión, recientemente modificada para transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA) 80 .

Suecia ha reforzado aún más las garantías reglamentarias para la independencia de la autoridad reguladora de los medios de comunicación y ha aumentado sus recursos 81 . Las modificaciones de la Ley de radio y televisión para transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual entraron en vigor el 1 de diciembre de 2020 e introdujeron algunas novedades para la Autoridad de Prensa y Radiodifusión. Incluyen disposiciones que especifican que un diputado, miembro del Gobierno o un funcionario público no puede ser nombrado miembro de la Comisión de Radiodifusión 82 . Además, la reforma introduce disposiciones que refuerzan la independencia de la Comisión de Radiodifusión y dejan claro que los miembros de la Comisión de Radiodifusión son nombrados para un mandato de cuatro años 83 , garantizando así la rotación del personal, y que el director del Autoridad de Prensa y Radiodifusión se nombra por un período fijo de seis años 84 . La edición de 2021 del Media Pluralism Monitor (MPM 2021) 85 confirma que el riesgo es muy bajo en lo que respecta a la independencia y la eficacia de la autoridad reguladora de los medios de comunicación de Suecia. El presupuesto de 2021 de la Autoridad de Prensa y Radiodifusión se incrementó en unos 341 000 EUR (3,5 millones SEK), lo que supone un aumento de aproximadamente un 8 % 86 . La Autoridad estimó que dicho presupuesto era suficiente para cubrir las nuevas tareas derivadas de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada. 

El ordenamiento jurídico sueco no prevé normas específicas sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. El marco se basa en las normas generales de la llamada Ley de transparencia y de la Ley de competencia. El Media Pluralism Monitor 2021 considera que existe un riesgo medio para la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación debido a la falta de legislación específica 87 . El sistema actual permite a las autoridades suecas recibir información sobre la propiedad de los medios de comunicación, pero el público no puede acceder fácilmente a dicha información 88 . En el contexto de la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, el Gobierno consideró que debían analizarse más detenidamente los requisitos específicos de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación 89 . El Gobierno está debatiendo una posible propuesta para abordar esta cuestión 90 .

Los problemas de los periodistas relacionados con la pandemia de COVID-19 se consideran principalmente económicos y afectan en especial a periodistas independientes y a los medios de comunicación locales. El volumen de negocios en concepto de publicidad del sector de los medios de comunicación disminuyó un 5 % con respecto a 2019, la mayor caída desde la crisis financiera de 2008 91 . El MPM 2021 informó de que los principales recortes se han realizado entre periodistas independientes y periodistas sin empleo permanente. El Gobierno ha proporcionado financiación al sector de los medios de comunicación para compensar una disminución de los ingresos publicitarios relacionados con la pandemia de COVID-19 y las siguientes restricciones. En la primera fase de la pandemia, de abril a junio de 2020, se asignaron 9,81 millones EUR (100 millones SEK) para apoyar la continuidad de la distribución de periódicos impresos 92 . El Gobierno también ha dado a conocer a la prensa el pago anticipado de las subvenciones a la producción. En otoño de 2020 se asignaron otros 49 millones EUR (500 millones SEK) para sufragar los costes editoriales en el sector más amplio de los medios de comunicación 93 .

Suecia dispone de un marco sólido para el acceso a la información 94 . Los plazos para la obtención de información son breves, hay pocas denegaciones de información y las autoridades públicas cumplen en gran medida. Sin embargo, la legislación sobre el acceso a la información 95 no prevé el acceso a la información en formato digital, y dicho acceso ha resultado a veces difícil en la práctica, según las partes interesadas 96 . En el contexto de la pandemia de COVID-19, según informa el MPM 2021, hubo algunos ejemplos de gobiernos locales que desanimaban a los trabajadores sanitarios y asistenciales de las residencias para personas de edad avanzada que proporcionaban información a los periodistas 97 .

La falta de empleo permanente, las amenazas y el acoso son un reto para los periodistas. En general, las condiciones en las que operan los periodistas suecos se consideran una de las mejores del mundo 98 . Sin embargo, como indica el MPM 2021, la protección de los periodistas plantea algunas dificultades: un tercio de los periodistas carecen de empleo permanente, y los resultados de la encuesta reciente muestran que el 30 % de los periodistas suecos que respondieron han recibido amenazas en el último año. Las más comunes son las amenazas de violencia física. La asociación de periodistas y el Defensor del Pueblo para los medios de comunicación informan de que muchos periodistas, en particular periodistas de investigación, se enfrentan a amenazas y acoso, a veces mediante campañas organizadas y específicas. Como sugiere un estudio, el acoso suele dar lugar a la autocensura por parte de algunos periodistas o a evitar que se informe sobre determinados temas 99 . Desde octubre de 2020, se han creado tres nuevas alertas en la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas 100 . Se referían al acoso y la intimidación de periodistas, como el caso de dos periodistas procesados por un documental de investigación 101 , y ataques contra la seguridad física y la integridad de los periodistas. En todos los casos, las autoridades reaccionaron y las investigaciones están en curso. El Defensor del Pueblo para los medios de comunicación también informa de un aumento de las quejas de políticos y empresarios contra periodistas, y de una tendencia cada vez mayor a interponer acciones legales contra periodistas. Las amenazas y el odio de los ciudadanos contra los periodistas han aumentado durante la pandemia de COVID-19, especialmente en las redes sociales 102 .

Suecia está tomando medidas para seguir mejorando su marco de protección y las actividades de los periodistas. Actualmente, un presidente de investigación, nombrado por el Gobierno en mayo de 2020, está revisando, entre otras cuestiones, la protección que ofrece el Derecho penal a determinadas funciones esenciales en la sociedad, como la de los periodistas 103 . Se espera que, en el marco de este proceso, se valore si deben plantearse más garantías legislativas relativas a la libertad de expresión. El informe final está previsto para noviembre de 2022 104 . La Policía Nacional también ha puesto en marcha algunas campañas de sensibilización destinadas a ayudar a los periodistas que sufren acoso, y el encargo de Gobierno a «Fojo Media Institute» para que ofrezca ayuda a los periodistas y editores sometidos a amenazas y odio, cuando los periodistas independientes y las empresas locales de medios de comunicación sean grupos destinatarios, se ha ampliado a 2021 105 .

IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Suecia tiene una democracia parlamentaria unicameral en la que un Consejo Legislativo garantiza el control de constitucionalidad ex ante, mientras que los tribunales pueden llevarlo a cabo ex post en casos concretos. El Comité de Asuntos Constitucionales del Parlamento prepara asuntos relacionados con las leyes fundamentales y otras cuestiones constitucionales de Suecia y supervisa la actuación del Gobierno. Tanto el Parlamento (Riksdag) como el Gobierno pueden presentar iniciativas legislativas, si bien en la práctica es este último quien lo hace en la gran mayoría de los casos. El Ministro de justicia, el Defensor del Pueblo del Parlamento y el Defensor del Pueblo en materia de Igualdad desempeñan un papel importante en el sistema de controles y equilibrios.

Para que el Gobierno pueda adoptar medidas más restrictivas en respuesta a la pandemia de COVID-19, se ha adoptado nueva legislación. La Constitución sueca no prevé un estado de emergencia para crisis en tiempos de paz 106 y, por tanto, las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia de COVID-19 han adoptado principalmente la forma de recomendaciones de la Agencia de Salud Pública 107 . Aunque en abril de 2020 se aprobó una legislación temporal que permitía al Gobierno adoptar medidas por decreto, no se tomó ninguna medida en este marco y en junio de 2020 expiró 108 . Para que el Gobierno pudiera adoptar reglamentos que introduzcan medidas más restrictivas, el 10 de enero de 2021 entraron en vigor nuevas disposiciones legislativas 109 . En el caso de las medidas especialmente restrictivas, los reglamentos en cuestión deben presentarse al Parlamento en el plazo de una semana a partir de la adopción para su ratificación 110 . Esta legislación expirará el 30 de septiembre de 2021. Aunque la propuesta fue objeto de una consulta y un examen de las partes interesadas por parte del Consejo de Legislación y del Comité de Asuntos Constitucionales, se ha criticado la brevedad de los plazos de este proceso 111 . El Comité de Asuntos Constitucionales destacó, en particular, la falta de planificación anticipada 112 . En el contexto de los debates más amplios sobre las limitaciones constitucionales en la capacidad del Gobierno para adoptar medidas restrictivas 113 , el Primer Ministro ha anunciado la creación de una comisión de investigación para examinar la necesidad de revisar el capítulo quince de la Constitución con vistas a introducir disposiciones sobre el estado de emergencia para hacer frente a situaciones de crisis durante el período de paz, incluidas las crisis de salud pública 114 .

Las medidas adoptadas por el Gobierno en el contexto de la pandemia de COVID-19 han sido objeto de un examen específico. El Comité de Asuntos Constitucionales está revisando la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno desde una perspectiva constitucional más amplia 115 , y espera presentar un informe al respecto el 3 de junio de 2021 116 . En seis de los casos relacionados con la pandemia de COVID-19 examinados por la comisión, constató deficiencias en la gestión del Gobierno, reiterando también críticas relacionadas con el proceso preparatorio del nuevo marco legislativo para las medidas relacionadas con la COVID-19 (véase más arriba). Además, la comisión independiente designada en junio de 2020 para examinar la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno 117 presentó un primer informe provisional el 15 de diciembre de 2020, y presentará sus resultados finales a más tardar en febrero de 2022 118 . Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia de COVID-19 también han sido revisadas por los Defensores del Pueblo del Parlamento sobre la base de las denuncias recibidas 119 , mientras que, hasta la fecha, el Tribunal Supremo Administrativo informa de que no ha revisado ningún asunto de esta índole 120 .

El Reglamento interno del Parlamento se ha adaptado al contexto de la pandemia de COVID-19 y ha tramitado legislación con celeridad. Para garantizar que el Parlamento siga funcionando durante la pandemia de COVID-19, se han aprobado una serie de normas de procedimiento, incluido un acuerdo en marzo de 2020 entre los partidos políticos, que permite la celebración de votaciones con un número reducido de diputados 121 y una nueva legislación sobre la participación a distancia en las reuniones de las comisiones que entró en vigor en junio de 2020 122 . Si bien no existe un procedimiento acelerado formal, a petición del Gobierno, la flexibilidad en el proceso legislativo permite una rápida adopción de leyes, por ejemplo, acortando el tiempo de deliberación en las comisiones y el tiempo concedido a los diputados al Parlamento para presentar enmiendas 123 . Según el Comité de Asuntos Constitucionales, en 2020 el Gobierno solicitó que el Parlamento tramitara con celeridad unos 20 proyectos de ley 124 . Aunque, en general, las partes interesadas acogen con satisfacción que el proceso de promulgación de legislación sea inclusivo, se han puesto de relieve unos plazos demasiado breves para la consulta sobre los distintos actos legislativos propuestos en el contexto de la pandemia de COVID-19 125 . Esta cuestión también formará parte del examen por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales de cómo ha gestionado el Gobierno la pandemia de COVID-19. Además, se ha iniciado una investigación parlamentaria sobre el funcionamiento del Parlamento durante la pandemia de COVID-19, cuyos resultados se esperan para el otoño de 2021 126 .

Se ha presentado al Parlamento una propuesta para la creación de una institución nacional de derechos humanos en consonancia con los Principios de París de las Naciones Unidas. Suecia ha recibido repetidas recomendaciones en el marco del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, el más reciente en 2020, para crear una INDH de conformidad con los Principios de París 127 . En la actualidad, el Defensor del Pueblo para la Igualdad funciona como institución nacional de derechos humanos (INDH), acreditada con el estatuto B 128 . El 9 de junio de 2021, el Parlamento aprobó una propuesta del Gobierno para la creación de una INDH de conformidad con los Principios de París, que comenzará a funcionar en enero de 2022 129 . La Institución tendrá un amplio mandato en materia de derechos humanos y será independiente a la hora de determinar sus tareas y la organización del mandato establecido en la legislación. La creación de la institución ha sido bien acogida por las partes interesadas 130 . La institución estará dirigida por un consejo compuesto por siete miembros que designarán a un consejero como director de la Institución. Las partes interesadas, incluida la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) 131 , han expresado cierta preocupación por el carácter no vinculante de las propuestas de las instituciones designadas para que los candidatos a miembros del consejo de administración sean nombrados por el Gobierno 132 . El Gobierno considera que los criterios de cualificación establecidos en la ley ofrecen garantías suficientes 133 . Además de este proceso, la investigación del Parlamento sobre el funcionamiento y el mandato de los Defensores del Pueblo del Parlamento está en curso y los resultados se presentarán en mayo de 2022 134 .

Está en marcha la revisión de los requisitos para que las organizaciones de la sociedad civil cumplan los principios democráticos de acceso a financiación estatal. En la actualidad, los «requisitos democráticos» se establecen en una serie de reglamentos sobre subvenciones estatales para las organizaciones de la sociedad civil, que exigen que los beneficiarios de la financiación estatal cumplan condiciones sobre principios democráticos similares a las establecidas en el Instrumento de Gobierno 135 . Sin embargo, estos criterios y su aplicación no siempre son transparentes ni coherentes 136 . En 2018 se puso en marcha una investigación para revisar los requisitos democráticos existentes, los retos a los que se enfrentan la sociedad civil y las autoridades a la hora de aplicarlos, y se encomendó la tarea de proponer requisitos democráticos uniformes. Aunque el informe de investigación se presentó en 2019 y posteriormente se llevó a cabo una consulta a las partes interesadas 137 , hasta ahora el Gobierno no ha presentado ningún proyecto legislativo. En noviembre de 2020, puso en marcha una investigación especial para examinar cuestiones prácticas relacionadas con el tratamiento de datos personales en este contexto y determinar la necesidad y las condiciones para crear una función de apoyo a las autoridades que conceden financiación estatal en la evaluación de las organizaciones que solicitan financiación 138 . Los resultados de esta investigación se esperan para finales de diciembre de 2021. Aunque las organizaciones de la sociedad civil están de acuerdo en general con el objetivo de aclarar los «requisitos democráticos», también han destacado la necesidad de considerar detenidamente el impacto en el acceso de la sociedad civil a la financiación 139 . Durante la pandemia de COVID-19, el Gobierno ha puesto fondos adicionales 140 a disposición de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas socialmente vulnerables especialmente afectadas por la pandemia 141 .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es .

Altinget (2021). «No hacer política con los derechos humanos» (Gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter) ( https://www.altinget.se/artikel/gor-inte-partipolitik-av-manskliga-rattigheter ).

Junta de la Asociación de Jueces sueca (2021). La independencia de los jueces debe fortalecerse con un Consejo Judicial (Domarnas oavhängighet bör stärkas med ett domarråd), ( https://www.dn.se/debatt/domarnas-oavhangighet-bor-starkas-med-ett-domarrad/ ).

Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación (2021), Informe del Media Pluralism Monitor de 2021.

CEPEJ (2021), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States.

Unión de las Libertades Civiles para Europa (2021). Aportación de la Unión de las Libertades Civiles para Europa al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021 - Aportación de los Defensores de los Derechos Civiles.

Comité de Asuntos Constitucionales (2021). «Una ley provisional para la COVID» - Dictamen 2020/21 KU6y. (En tillfällig covid-19-lag) ( https://data.riksdagen.se/fil/20BFF67F-6080-422A-9546-DBF3F425CB80 ).

Comité Constitucional (2021), Informe 2020/21: KU20 ( https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/jun/3/kus-granskning-av-regeringen-ar-klar/ ).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades.

Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas: Suecia. https://www.coe.int/en/web/media-freedom/sweden.

Consejo de Legislación (2020), Extracto del acta de la reunión del 30/12/2020 (Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-12-30) ( https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-lag.pdf ).

Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, Tracking COVID-19 measures in the audiovisual sector (part 2) – Sweden ( https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/covid-19-d#anchorSweden ).

Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho. Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia

Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

GRECO (2019), Quinta ronda de evaluación; Informe de evaluación sobre Suecia relativo a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ( https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680943be3 ).

IRM (Instituto de Publicidad y Medios de Comunicación), «A raíz de la pandemia, el IRM (Institute for Advertising and Media Statistic) registra el mayor descenso de las ventas de publicidad en los países nórdicos desde la crisis financiera» (https://www.irm-media.se/se/aktuellt/nyheter/in-the-wake-of-the-pandemic-irm-records-the-largest-decline-in-nordic-ad-sales-since-the-financial-crisis/).

Legal, Financial and Administrative Services Agency, Revenue Reports (Redovisa intäkter), (https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/partiinsyn/redovisa-intakter).

Lunds University (2020). Sobre el proyecto (Om projektet) ( https://www.soclaw.lu.se/om-projektet ).

Ministerio de Cultura (2021). Mayor apoyo a los medios de comunicación y a la democracia en el presupuesto del Gobierno (Ökat medie- och demokratistöd i regeringens budget) ( https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/okat-medie--och-demokratistod-i-regeringens-budget/ )

Consejo Nacional para la Prevención de la Delincuencia (2021) (Brå) Carta de regulación para 2021 (Brås regleringsbrev för 2021) ( https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-01-01-bras-regleringsbrev-for-2021.html ).

Consejo Nacional sobre Prevención de la Delincuencia (2021). Informe sobre el impacto de la pandemia en el flujo de justicia (Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan) ( https://www.bra.se/download/18.1f8c9903175f8b2aa706ea0/1617187816217/2021_4_Pandemins_inverkan_pa_flodet_i_rattskedjan.pdf ).

Administración Nacional de Tribunales (2021) Vistas canceladas (Inställda förhandlingar) ( https://www.domstol.se/globalassets/filer/gemensamt-innehall/styrning-och-riktlinjer/statistik/2021/200301-installda-forhandlingar.pdf ).  

Administración Nacional de Tribunales (2021). «Tribunales bajo presión: casi medio millón de nuevos asuntos en 2020» (Domstolarna under press: nästan en halv miljon nya mål 2020) ( https://www.domstol.se/domstolsverket/nyheter/2021/02/domstolarna-under-press-nastan-en-halv-miljon-nya-mal-2020/ ). 

Administración Nacional de Tribunales (2021). Asuntos recibidos, liquidados y ponderados hasta la semana siete inclusive (Inkomna, avgjorda och balanserade mål till och meda vecka 7) ( https://www.domstol.se/globalassets/filer/gemensamt-innehall/styrning-och-riktlinjer/statistik/2021/210301-inkomna-avgjorda-och-balanserade-mal.pdf ).

Agencia Nacional de Contratación Pública, Contratación en situaciones de emergencia. (Upphandling i akuta situationer) (https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/akuta-situationer).

OCDE (2012), OECD says Swedish progress combatting foreign bribery insufficient to warrant Phase 4 evaluation ( https://www.oecd.org/corruption/oecd-says-swedish-progress-combatting-foreign-bribery-insufficient-to-warrant-phase-4-evaluation.htm ).

OCDE (2019), Sweden must urgently implement reforms to boost the fight against bribery ( https://www.oecd.org/corruption/sweden-must-urgently-implement-reforms-to-boost-fight-against-foreign-bribery.htm ).

Defensor del Pueblo del Parlamento (2020), Dictamen sobre el memorándum sobre la Ley sobre la COVID-19 (S2020/09214) (Yttrande över promemorian Covid-19-lag) ( https://www.jo.se/Global/Remissyttranden/Remissyttrande%20R_144-2020.pdf ).

Reporteros sin Fronteras– Suecia ( https://rsf.org/es/suecia ).

Riksdag (2020). Acuerdo sobre el trabajo de la Cámara y de las comisiones en relación con la difusión de la COVID-19 (Överenskommelse om kammarens och utskottens arbete med anledning av spridningen av covid-19) ( https://riksdagen.se/globalassets/01.-aktuellt/201920/overenkommelse-mellan-gruppledarna-maa-covid-19.pdf ).

Riksdag (2020). El Comité de Asuntos Constitucionales propone el seguimiento del trabajo del Riksdag durante la pandemia de coronavirus (KU föreslår uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin) ( https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2020/nov/12/ku-foreslar-uppfoljning-av-riksdagens-arbete-under-coronapandemin/ ). 

Riksdag (2020), Participación a distancia en las reuniones de las comisiones y en el Comité de la UE (Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden) ( https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/deltagande-pa-distans-vid-sammantraden-i_H701KU16 ).

Riksdag. Así funciona el Parlamento sueco: decide sobre las leyes (Sa funkar riksdagen – beslutar om lagar), ( https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/ ).

Tribunal Supremo de Suecia (2021). Aportación del Tribunal Supremo de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Instituto Sueco de Lucha contra la Corrupción (Institutet Mot Mutor) (2020). Código de conducta empresarial ( https://www.institutetmotmutor.se/en/ ).

Instituto Sueco de Lucha contra la Corrupción (2020). Penas por soborno en Suecia 2020 (Mutbrottsdomar i Sverige 2020) ( http://3afvm642sqoq9muh73hsqhtz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/02/Mutbrottsdomar-i-Sverige-2020.pdf ).

Gobierno de Suecia (2016). El principio del acceso público a los documentos oficiales ( The principle of public access to official documents - Government.se ).

Gobierno de Suecia (2018). Las condiciones de la democracia en las subvenciones estatales (Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning) ( https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201819/ ).

Gobierno de Suecia (2019). SOU de remisión 2019: 35 condiciones democráticas para aportaciones a la sociedad civil ( https://www.regeringskansliet.se/remisser/2019/07/remiss-sou-201935-demokrativillkor-for-bidrag-till-civilsamhallet/ ).

Gobierno de Suecia (2019). Control de seguridad de los jueces (Säkerhetsprövning av domare). ( https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/11/ds-201926 ). 

Gobierno de Suecia (2020). Una Fiscalía Europea en Suecia (En europeisk åklagarmyndighet i Sverige) ( https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202074/ ).

Gobierno de Suecia (2020). Conferencia de prensa digital con el primer ministro, 22 de diciembre de 2020. ( https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/digital-presstraff-med-statsministern-22-december-2020/ ).

Gobierno de Suecia (2020). Evaluación de las medidas para hacer frente al brote del virus causante de la COVID-19. Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 ( https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/06/dir.-202074/ )

Gobierno de Suecia (2020). Evaluación de las medidas para hacer frente al brote del virus causante de la COVID-19 (Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19) ( https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/06/dir.-202074/ ).

Gobierno de Suecia (2020). Mejora de la seguridad de los denunciantes. Informe sobre la investigación de la aplicación de la Directiva sobre denunciantes (Ökad trygghet för visselblåsare. Betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet) ( https://www.regeringen.se/49f2d1/contentassets/8da2073fda1645ec946ca4eca8bd6b6a/okad-trygghet-for-visselblasare-sou-2020-38.pdf  ).

Gobierno de Suecia (2020). Aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2020.

Gobierno de Suecia (2020). Más coordinación para una mejor digitalización del sistema judicial (Starkare samordning för ökad digitalisering av rättsväsendet) ( https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/starkare-samordning-for-okad-digitalisering-av-rattsvasendet/ )

Gobierno de Suecia (2020). Apoyo a los esfuerzos sociales y humanitarios de la sociedad civil (Stöd till civila samhällets sociala och humanitära insatser) ( https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/stod-till-civila-samhallets-sociala-och-humanitara-insatser/ ).

Gobierno de Suecia (2020). El Gobierno está dando un nuevo paso hacia unas condiciones democráticas más estrictas para las subvenciones estatales a la sociedad civil (Regeringen tar nytt steg för skärpt demokrativillkor vid statsbidrag till civilsamhället) ( https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/regeringen-tar-nytt-steg-for-skarpt-demokrativillkor-vid-statsbidrag-till-civilsamhallet/ ) 

Gobierno de Suecia (2021), Plan de Acción contra la Corrupción 2021-2023 (Ett utvecklat arbete mot korruption i den offentliga förvaltningen Handlingsplan mot korruption 2021–2023) ( https://www.regeringen.se/4affa7/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/handlingsplan-mot-korruption/handlingsplan-mot-korruption-20212023.pdf ).

Gobierno de Suecia (2021). Proyecto del Gobierno 202/21:143 — Instituto de Derechos Humanos (Regeringens proposition 2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter) ( https://www.regeringen.se/495aa6/contentassets/95a2941f3c074cbcafebcd6746631989/institutet-for-manskliga-rattigheter.pdf ).

Gobierno de Suecia (2021). Mas apoyo a la democracia y los medios de comunicación en el presupuesto del Gobierno (Ökat medie- och demokratistöd i regeringens budget) ( https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/okat-medie--och-demokratistod-i-regeringens-budget/ ).

Gobierno de Suecia (2021). Aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021. 

Gobierno de Suecia (2021). Instituto de Derechos Humanos (Institutet för mänskliga rättigheter) ( https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021143/ ).  

Sección sueca de la Comisión Internacional de Juristas y Defensores de los Derechos Civiles (2021). Aportación de la sección sueca de la Comisión Internacional de Juristas y Defensores de los Derechos Civiles en relación con el Informe de 2021 sobre el Estado de Derecho. 

Svenska Dagbladet (2021). M quiere sustituir la Administración Nacional de Tribunales de Suecia por un consejo de jueces (M vill ersatta domstolsverket med domarrad) ( https://www.svd.se/m-vill-ersatta-domstolsverket-med-domarrad ).

Sveriges Radio (2021), Presión y rabia contra los periodistas científicos por sus informaciones sobre el coronavirus. (Hat mot vetenskapsjournalister har ökat under pandemin) ( Hat mot vetenskapsjournalister har ökat under pandemin - P4 Uppland | Sveriges Radio ).

Transparency International (2020), Exporting Corruption ( https://www.transparency.org/en/publications/exporting-corruption-2020 ).

Transparency International (2021), Índice de percepción de la corrupción (2020), ( https://www.transparency.org/en/cp/2020/index/nzl ).

Asamblea General de las Naciones Unidas (2020). Informe del Grupo de trabajo sobre la revisión inter pares universal — Suecia ( https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/069/40/PDF/G2006940.pdf?OpenElement ).

Oficina Regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Europa (2021). Aportación de la OACDH al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Anexo II: Visita a Suecia

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en marzo de 2021 con:

·el Instituto de lucha contra la corrupción

·el Organismo de Gestión Pública

·los Defensores de los derechos civiles

·la Comisión de investigación sobre la independencia de los tribunales

·el Consejo Legislativo

·la Autoridad de Delitos Económicos

·el Ministerio de Cultura

·el Ministerio de Hacienda

·el Ministerio de Justicia

·el Ministerio de Trabajo

·Administración Nacional de Tribunales

·el Defensor del Pueblo del Parlamento

·el Ministerio de la Presidencia

·la Autoridad de Prensa y Radiodifusión

·el Defensor del Pueblo ante la Prensa

·el Ministerio Fiscal

·la Secretaría del Comité de Asuntos Constitucionales

·el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo

·el Tribunal Supremo

·la Asociación sueca de Jueces

·el Colegio de Abogados sueco

·la Asociación de Periodistas de Suecia

·Transparencia International Suecia

* Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones:

·Amnistía Internacional

·Centro de Derechos Reproductivos

·CIVICUS

·Unión por las Libertades Civiles en Europa

·Sociedad Civil Europa

·Conferencia de Iglesias Europeas

·EuroCommerce

·European Center for Not-for-Profit Law

·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación

·Foro Cívico Europeo

·Federación Europea de Periodistas

·European Partnership for Democracy

·Foro Europeo de la Juventud

·Front Line Defenders

·Human Rights House Foundation

·Human Rights Watch

·ILGA-Europe

·Comisión Internacional de Juristas

·Federación Internacional por los Derechos Humanos

·Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN)

·Instituto Internacional de la Prensa

·Netherlands Helsinki Committee

·Open Society European Policy Institute

·Philanthropy Advocacy

·Protection International

·Reporteros Sin Fronteras

·Transparencia Internacional UE

(1)    También existen dos tribunales especiales. el Tribunal de lo Laboral y el Tribunal de Inteligencia de Defensa (aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021). Para consultar una descripción de la estructura judicial, véase CEPEJ (2021), Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States.

(2)    La Comisión de Propuestas de Nombramientos Judiciales consta de nueve miembros: cinco jueces, estén o no en activo, a propuesta de los órganos jurisdiccionales; dos graduados en Derecho que ejerzan al margen del sistema judicial (un abogado propuesto por el Colegio de Abogados; el otro, por la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones, y la Agencia Sueca de Empleadores Públicos) y dos representantes de la ciudadanía. Los miembros de la ciudadanía son nombrados por el Parlamento (y suelen ser diputados), mientras que los otros siete miembros son nombrados por el Gobierno.

(3)    Una vez evaluados los méritos de los candidatos, la Comisión de Propuestas de Nombramientos Judiciales remite una propuesta motivada (generalmente de tres candidatos en orden de preferencia) al Gobierno, que nombra al juez. Si el Gobierno desea seleccionar un candidato que no esté incluido en la propuesta de la Comisión, esta debe tener la oportunidad de emitir un dictamen sobre el candidato. En la práctica, desde 2011, año en que entró en vigor este sistema, el Gobierno siempre ha seguido la propuesta de este órgano.

(4)    Ley de nombramiento de jueces permanentes (2010:1390) (Lag om utnämning av ordinarie domare).

(5)    Instrumento de Gobierno, capítulo 12, sección 2.

(6)    Gobierno sueco (2020). «Una Fiscalía Europea en Suecia» y aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 7.

(7)    Código de Procedimiento Judicial, capítulo 8.

(8)    Gráficos 48 y 50 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021. El nivel de percepción de la independencia judicial se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados perciben la independencia judicial como «bastante buena» o «muy buena»), bajo (entre el 30 % y el 39 %), medio (entre el 40 % y el 59 %), alto (entre el 60 % y el 75 %) y muy alto (por encima del 75 %).

(9)    Véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, pp. 2-3, para un resumen detallado del mandato de la Comisión, así como la página 11 sobre las modalidades para modificar la Constitución. Cabe señalar que, en lo que respecta a las posibles restricciones de la libertad de asociación de las asociaciones terroristas, la Comisión ya formuló sus conclusiones en marzo de 2021.

(10)    Véase, en particular, la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, y los dictámenes pertinentes de la Comisión de Venecia.

(11)    Información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(12)    Junta de la Asociación de Jueces sueca (2021). «La independencia de los jueces debe reforzarse con un Consejo Judicial». Aportación de la sección sueca de la Comisión Internacional de Juristas y Defensores de los Derechos Civiles al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(13)    De conformidad con la Ordenanza de la Agencia del Gobierno y la Ordenanza de la Administración Nacional de Tribunales.

(14)    Junta de la Asociación de Jueces sueca (2021). «La independencia de los jueces debe reforzarse con un Consejo Judicial». El partido moderado se ha hecho eco de esta petición, solicitando que la creación de un Consejo del Poder Judicial independiente se incluya explícitamente en el mandato de la Comisión. Svenska Dagbladet (2021). M quiere sustituir la Administración Nacional de Tribunales de Suecia por un consejo de jueces.

(15)    No existe ninguna norma promulgada que regule los salarios de los jueces; se basan en un convenio colectivo entre la Administración Nacional de Tribunales y el sindicato que representa a los jueces, en el que se establece, entre otras cosas, que la remuneración nunca puede basarse en motivos contrarios al interés de la independencia en la aplicación de la ley. El convenio también establece niveles mínimos de salario. Cuando se nombra a un nuevo juez, la Administración Nacional de Tribunales y el juez acuerdan un salario. Los salarios se revisan cada año, y se fijan de común acuerdo entre el juez y el presidente del tribunal competente. Para más detalles sobre el sistema, véase la aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, pp. 7-8.

(16)    La Asociación de Jueces destaca el papel de la Administración Nacional de Tribunales a la hora de fijar los salarios de los jueces recién nombrados, en el contexto de su preocupación general sobre el estado de la Administración Nacional de Tribunales. Junta de la Asociación de Jueces sueca (2021). «La independencia de los jueces debe reforzarse con un Consejo Judicial».

(17)    Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, apartado 53.

(18)    Ley de protección de la seguridad (2018: 585), capítulo 3, apartado 4 <i>bis</i> (Säkerhetsskyddslagen).

(19)    Gobierno de Suecia (2019), Control de seguridad de los jueces.

(20)    Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, p. 3.

(21)    De aproximadamente 585 millones EUR (6 000 millones SEK) en 2020 a 625 millones EUR (6 400 millones SEK) en 2021. Aportaciones de Suecia a los Informes sobre el Estado de Derecho de 2020 y 2021.

(22)      Gráfico 30 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(23)    Administración Nacional de Tribunales (2021). «Tribunales bajo presión: casi medio millón de nuevos asuntos en 2020» e información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(24)    Por lo que se refiere al aumento de los asuntos penales, véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, p. 3, y aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 12.

(25)    Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, p. 4.

(26)      Gráfico 40 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(27)    Gráficos 46 a 47 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(28)      Gráfico 44 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(29)      Gráfico 45 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(30)    Gobierno de Suecia (2020). «Más coordinación para una mejor digitalización». Basado en el reglamento sobre la digitalización del poder judicial (Förordning om rättsväsendets digitalisering).

(31)    Consejo Nacional para la Prevención de la Delincuencia, Autoridad de Compensación y Apoyo a las Víctimas de Delitos, Administración Nacional de Tribunales, Autoridad de Delitos Económicos, Servicio de Prisiones y Libertad Vigilada, Guardia Costera, Policía, Dirección Nacional de Medicina Forense, Agencia Tributaria, Autoridad Aduanera y Fiscalía.

(32)    Aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, pp. 5-6, y aportación escrita recibida del Ministerio de Justicia en el contexto de la visita a Suecia.

(33)    Consejo Nacional para la Prevención de la Delincuencia (Brå) (2021), carta de regulación para 2021.

(34)    Gráficos 3 a 16 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(35)    Administración Nacional de Tribunales (2021), Asuntos recibidos, resueltos y ponderados hasta la semana 7 inclusive.

(36)    Consejo Nacional sobre Prevención de la Delincuencia (2021). «Informe sobre el impacto de la pandemia en el flujo de la justicia», p. 43 e información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(37)    Administración Nacional de Tribunales (2021). Vistas canceladas.

(38)    Transparency International. Índice de percepción de la corrupción 2020 (2021), pp. 2-3. El nivel de corrupción percibida se clasifica de la siguiente manera: bajo (la percepción de la corrupción en el sector público entre los expertos y los directivos de empresas es superior a 79 puntos), relativamente bajo (entre 79 y 60 puntos), relativamente alto (entre 59 y 50 puntos) y alto (menos de 50 puntos).

(39)    En 2015, la puntuación fue de 89, mientras que en 2020 la puntuación fue de 85. La puntuación aumenta o disminuye significativamente cuando cambia más de cinco puntos; mejora/empeora (cambia entre 4 y 5 puntos); es relativamente estable (cambia entre 1 y 3 puntos) en los últimos cinco años.

(40)    Los datos del Eurobarómetro sobre la percepción de la corrupción y la experiencia de los ciudadanos y las empresas, notificados el año pasado, se actualizan cada dos años. Los conjuntos de datos más recientes son el Eurobarómetro especial n.º 502 (2020) y el Eurobarómetro Flash n.º 482 (2019).

(41)    El Código Penal sueco incluye disposiciones sobre el soborno activo y pasivo, la financiación negligente del soborno, el tráfico de influencias, la falta en el ejercicio de un cargo público o el incumplimiento de la obligación de confidencialidad. Las sanciones por aceptar u ofrecer un soborno pueden aplicarse en forma de multas o de una pena máxima de dos años de prisión (que prescribe al cabo de dos años) y, en asuntos graves, de hasta seis años de prisión (que prescribe al cabo de diez años). Debido a la ampliación del ámbito de aplicación, las multas de las empresas también pueden aplicarse ahora a actividades del sector público que pueden equipararse a actividades empresariales si el acto estaba destinado a proporcionar beneficios financieros a la persona jurídica. Pueden aplicarse sanciones pecuniarias de hasta 500 millones SEK (aproximadamente 49 millones EUR) por sobornos cometidos por empresas del sector privado.

(42)    Véase la Ley de empleo público de Suecia.

(43)    Gobierno de Suecia (2021). Plan de acción contra la corrupción 2021-2023. 

(44)      Aunque el ámbito de aplicación del plan de acción es la administración pública, se espera que los métodos de trabajo y las recomendaciones del plan sean pertinentes para el trabajo de prevención de la corrupción llevado a cabo por empresas estatales.

(45)      Al principio se celebró un seminario con las partes interesadas, pero el proyecto no fue objeto de consulta entre todas las partes interesadas pertinentes. Información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(46)    A estos efectos, se seleccionarán seis o siete agencias clave, y el Statskontoret coordinará un nuevo foro colaborativo de organismos estatales con experiencia específica en prevención de la corrupción, que incluirá al Consejo Nacional para la Prevención de la Delincuencia, la Autoridad Nacional de Gestión Financiera, la Autoridad de Competencia, la Autoridad de Policía y la Agencia Nacional de Contratación Pública.

(47)    La responsabilidad de prevenir la corrupción recae en última instancia en el director general de cada agencia.

(48)    El informe final podrá incluir recomendaciones al Gobierno sobre posibles nuevas medidas.

(49)    Información recibida de la Fiscalía sueca en el contexto de la visita a Suecia. Los recursos humanos asignados a la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía responsable de las investigaciones penales relacionadas con la corrupción y el soborno de funcionarios públicos extranjeros consisten en diez fiscales, dos contables, un analista y tres administradores de la fiscalía, mientras que se cuenta con aproximadamente 100 agentes de policía para investigar la corrupción y los delitos relacionados con la corrupción.

(50)    El sistema electrónico conecta la Policía sueca, la Fiscalía sueca, la Agencia Tributaria sueca, la Autoridad Sueca de Delitos Económicos, los tribunales suecos y el Servicio sueco de Prisiones y Libertad Vigilada.

(51)    Los comentarios recibidos ponen de relieve que se requiere más formación y armonización de los diferentes sistemas informáticos, conceptos de trabajo y rutinas utilizados en las distintas autoridades implicadas. Los próximos pasos incluirán también medidas para mejorar la gestión digital del decomiso y otras medidas coercitivas, así como de las pruebas digitales.

(52)    Los datos presentados relativos a soborno incluyen 57 denuncias de aceptación de soborno, 79 denuncias de oferta de soborno y 10 denuncias de tráfico de influencias y financiación negligente de soborno (en total, 146 denuncias).

(53)    Instituto Sueco de Lucha contra la Corrupción (2020). Condenas por soborno en Suecia 2020

(54)    OCDE (2019). Suecia debe aplicar urgentemente reformas para impulsar la lucha contra el soborno (2019), Transparency International, Exporting Corruption (2020), pp. 13 y 110, donde se informa de que en el período 2016-2019 se abrieron once investigaciones, se iniciaron dos asuntos y se concluyó un asunto con sanciones.

(55)      Con arreglo al Derecho sueco, pueden cometerse actos delictivos y castigar a las personas que cometen sobornos extranjeros, mientras que las empresas no pueden ser objeto de responsabilidad penal. No obstante, una multa corporativa puede imponerse a las empresas como efecto jurídico de un delito (en lugar de ser una sanción administrativa o penal). Puede imponerse una multa corporativa por soborno extranjero cometido por un representante individual de una empresa o por un empleado en el ejercicio de la actividad empresarial de dicha sociedad. Véase también más arriba.

(56)    Información recibida del Ministerio Fiscal en el contexto de la visita a Suecia.

(57)    Información recibida del Ministerio Fiscal en el contexto de la visita a Suecia.

(58)    Instituto Sueco de Lucha contra la Corrupción (2020), Código sobre obsequios, compensaciones y otros beneficios en la empresa.

(59)    El Código complementa la legislación, y aclara las disposiciones penales. Ofrece ejemplos concretos de formas de abordar situaciones cotidianas concretas, justificables desde el punto de vista ético. Información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(60)    Véase Quinta ronda de evaluación del GRECO. Informe de evaluación, p. 14.

(61)    Véase también la sección III. Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, p. 10.

(62)    Ley (2020: 537) relativa a las restricciones en la transición de un auditor y un director de auditoría a otras actividades [Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet].

(63)    Información recibida de la Agencia de Gestión Pública en el contexto de la visita a Suecia.

(64)      Ley (2018: 1625) sobre la obligación de determinados funcionarios públicos de declarar las tenencias de instrumentos financieros y la Orden (2018:2014) sobre la obligación de que determinados funcionarios públicos declaren las tenencias de instrumentos financieros. Esta legislación no se aplica al Parlamento.

(65)    Datos aportados por Suecia para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 10.

(66)    Quinta ronda de evaluación del GRECO, Informe de evaluación, p. 21.

(67)    Gobierno de Suecia (2020). «Mejora de la seguridad de los denunciantes». Informe sobre la investigación de la aplicación de la Directiva sobre denunciantes. El Gobierno sueco no se ha pronunciado sobre la propuesta de una nueva ley.

(68)      Ley (2016: 749) sobre la protección especial contra represalias para los empleados que alertan de una falta grave.

(69)    Para las empresas con entre 50 y 249 empleados, el requisito de establecer cauces internos de denuncia se aplicará a partir del 1 de diciembre de 2023. Todas las demás empresas con más de 250 empleados estarán obligadas a hacerlo a partir del 1 de julio de 2022.

(70)      Ley (2018: 90) sobre transparencia en la financiación de los partidos

(71)      Legal, Financial and Administrative Services Agency, Revenue Reports (Agencia de Servicios Jurídicos, Financieros y Administrativos), Revenue Reports https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/partiinsyn/redovisa-intakter .

(72)    Todo importe que exceda de esta cantidad deberá devolverse al donante o al Estado sueco.

(73)    Las oficinas gubernamentales (Ministro de Justicia) designaron a un presidente de investigación para llevar a cabo un análisis de la capacidad de la sociedad para enfrentarse a la delincuencia, en particular la delincuencia organizada y sistemática, que puede estar vinculada a las nuevas normas y medidas con consecuencias para las finanzas públicas y la economía adoptadas por el Gobierno y el Riksdag como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Datos aportados por Suecia para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 12.

(74)      Agencia Nacional de Contratación Pública, Contratación en situaciones de emergencia, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/akuta-situationer.

(75)    Datos aportados por Suecia para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 10.

(76)    La contratación pública en Suecia abarca a las entidades públicas y privadas como compradoras y está regulada por la Ley sueca de contratación pública, aplicable al sector público, la Ley de contratación de servicios públicos, aplicable a los sectores de los servicios públicos del agua, el transporte, la energía y los servicios postales, y la Ley de concesiones administrativas, aplicable a las concesiones de obras y servicios. La supervisión de la contratación pública corre a cargo de la Oficina Nacional de Auditoría, que es la máxima autoridad supervisora del gasto público en Suecia. La Oficina Nacional de Auditoría realiza controles externos del cumplimiento de la normativa y facilita al Parlamento información y recomendaciones sobre el uso de fondos públicos.

(77)    La Constitución sueca consta de cuatro leyes fundamentales: el Instrumento de Gobierno, la Ley de sucesión, la Ley de libertad de prensa y, especialmente en lo que respecta a la Comisión de Radiodifusión sueca, la Ley fundamental de libertad de expresión.

(78)      La Ley de Radio y Televisión.

(79)    Partes pertinentes de la Constitución: el Instrumento de Gobierno y la Ley fundamental de libertad de expresión.

(80)      Suecia ocupa el tercer puesto en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 de Reporteros sin Fronteras (el segundo puesto entre los Estados miembros de la UE), en comparación con el cuarto puesto del año pasado. https://rsf.org/es/clasificacion  

(81)    Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, p. 8.

(82)    La Comisión de Radiodifusión es un órgano decisorio de la Autoridad de Prensa y Radiodifusión sueca. Capítulo 16, artículo 14, de la Ley de radio y televisión.

(83)      Artículo 30 de la Ley de radio y televisión.

(84)    El nombramiento podrá prorrogarse. Artículo 29 de la Ley de radio y televisión.

(85)      Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Suecia, p. 9.

(86)    Aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 19.

(87)      Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Suecia, p. 11.

(88)    Información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(89)    Aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 24.

(90)    Aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 24.

(91)      A raíz de la pandemia, IRM (Instituto de Publicidad y Estadísticas de Medios de Comunicación) ha registrado el mayor descenso de las ventas de publicidad en los países nórdicos desde la crisis financiera,  https://www.irm-media.se/se/aktuellt/nyheter/in-the-wake-of-the-pandemic-irm-records-the-largest-decline-in-nordic-ad-sales-since-the-financial-crisis/ .

(92) Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, Tracking COVID-19 measures in the audiovisual sector (part 2) – Sweden https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/covid-19-d#anchorSweden .

(93)    Ministerio de Cultura (2021). Aumento de la ayuda a los medios de comunicación y a la democracia en el presupuesto del Gobierno

(94)    Según el MPM 2020, las disposiciones legales relativas al acceso a la información y las restricciones basadas en la protección de la privacidad y la confidencialidad están claramente definidas, y las partes interesadas, como el Defensor del Pueblo de los Medios de Comunicación suecos, consideran que este derecho se respeta plenamente y se aplica de manera correcta en la práctica.

(95)    Gobierno de Suecia (2016). «El principio del acceso público a los documentos oficiales»

(96)    Información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(97)      Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Suecia, p. 9 e información recibida por el Ministerio de Cultura en el contexto de la visita a Suecia.

(98)      Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Suecia, p. 9.

(99)      Lunds University (2020), Acerca del proyecto.

(100)    Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas: Suecia.

(101)    Según la alerta, el periodista Henrik Evertsson y el operador de cámara Linus Andersson están siendo procesados por las autoridades suecas por violar el lugar donde está hundido el MS Estonia. Elaboraron una serie documental («Estonia: el descubrimiento que lo cambia todo»), que investiga el hundimiento del transbordador de cruceros «MS Estonia».

(102)    Información en el contexto de la visita a Suecia y Sveriges Radio (2021). Presión y tragedia contra periodistas científicos por sus informes sobre la Corona.

(103)    Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, p. 9.

(104)      Se ha otorgado a la presidencia de investigación un mandato adicional que amplía el plazo para la presentación del informe.

(105)    Aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 21.

(106)    Solo se prevé el estado de emergencia en situaciones de guerra.

(107)    Además, también existen limitaciones constitucionales en las medidas que restringen las libertades fundamentales, como la libertad de reunión y de asociación. Agencia de los Derechos Fundamentales (2021): brote de COVID-19 en la UE — Implicaciones en los derechos fundamentales — Suecia (boletines 1, 2 y 3).

(108)      Aportación de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, p. 26, e información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(109)    Ley (2021: 4) sobre restricciones especiales para evitar la propagación de la enfermedad de la Covid-19 (lagen [2021:4] om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19).

(110)    Incluye, por ejemplo, el cierre del transporte público y otros lugares. En la propuesta inicial el plazo había sido de un mes. Se redujo tras la consulta de las partes interesadas y las observaciones del Consejo de Legislación, que sugerían que sería más apropiado una semana. Consejo de Legislación (2020), extracto del acta de la reunión de 30 de diciembre de 2020. El Comité de Asuntos Constitucionales también ha subrayado en su dictamen que una semana debe ser un plazo máximo y que, en cualquier caso, los reglamentos deben presentarse lo antes posible. Comité de Asuntos Constitucionales (2021), Una ley temporal COVID — Dictamen 2020/21 KU6y.

(111)    Véanse, por ejemplo, los comentarios en los dictámenes del Comité de Asuntos Constitucionales y del Consejo de Legislación. La propuesta se presentó al Consejo de Legislación el 28 de diciembre de 2020 y posteriormente al Parlamento Europeo el 4 de enero de 2021, que la adoptó el 8 de enero.

(112)    También destacó que, dado que se prevén delegaciones de poderes en las autoridades municipales para adoptar medidas que limiten determinadas libertades fundamentales, es importante que el Gobierno garantice una visión general de dichas restricciones. Comité de Asuntos Constitucionales (2021), Una ley temporal COVID — Dictamen 2020/21 KU6y. Véase también Comisión de la Constitución (2021), La revisión del Gobierno por parte del Comité está finalizada.

(113)    Aportación del Tribunal Supremo de Suecia al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(114)    Gobierno de Suecia (2020). Conferencia de prensa digital con el primer ministro, 22 de diciembre de 2020.

(115)    El Comité de Asuntos Constitucionales lleva a cabo anualmente una revisión general del cumplimiento por parte del Gobierno de las leyes y prácticas en la gestión de las cuestiones gubernamentales, ejerciendo la función de control del Parlamento con arreglo al capítulo 13 del Instrumento de Gobierno.

(116)      Comité Constitucional (2021), Informe n.º 2020/21: KU20.

(117)    El informe se centra en la gestión de los cuidados a las personas mayores durante la pandemia y pone de relieve una serie de deficiencias en la respuesta del Gobierno. Gobierno de Suecia (2020). Informe provisional de la Comisión del coronavirus — Atención a las personas mayores durante la pandemia.

(118)    Gobierno de Suecia (2020). Evaluación de las medidas para hacer frente al brote del virus causante de la COVID-19.

(119)    Véase, por ejemplo, el Defensor del Pueblo del Parlamento (2020). Dictamen sobre el memorándum relativo a la Ley sobre la COVID-19 (S2020/09214), en el que se destacan puntos similares a los del Consejo de Legislación y el Comité de Asuntos Constitucionales.

(120)    Información recibida en el contexto de la visita a Suecia y ACA-Europe (2021), Encuesta sobre los tribunales de lo contencioso-administrativo supremos en tiempos de COVID-19: una lección aprendida (próximamente).

(121)    De este modo solo 55 diputados (distribuidos entre los partidos de forma proporcional a la asignación global de escaños) están presentes físicamente en las votaciones. Acuerdo sobre el trabajo del hemiciclo y de las comisiones en relación con la difusión de la COVID-19.

(122)    Riksdag (2020). «Eliminar la participación en las reuniones de las comisiones y en la Comisión de la UE».

(123)    Riksdag. «Así funciona el Parlamento sueco: decide sobre las leyes».

(124)    Información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(125)    Aportación de los defensores de los derechos civiles al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021 (como parte de la aportación de la Unión de Libertades Civiles para Europa) e información recibida en el contexto de la visita a Suecia.

(126)    Riksdag (2020). El Comité de Asuntos Constitucionales propone el seguimiento de los trabajos del Parlamento sueco durante la pandemia del coronavirus.

(127)    Además, Suecia recibió una recomendación para considerar la ampliación del mandato del Defensor del Pueblo para la Igualdad y asignar recursos suficientes. Asamblea General de las Naciones Unidas (2020). Informe del Grupo de trabajo sobre el examen periódico universal — Suecia. Véase también la aportación de la Oficina Regional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Europa al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(128)    Véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, pp. 11-12, también en lo que respecta a los pasos previos en este proceso.

(129)    Gobierno de Suecia (2021). Instituto de Derechos Humanos.

(130)    Aportación conjunta de las organizaciones de la sociedad civil en Altinget (2021). «No hacer política con los derechos humanos»; Aportación de la sección sueca de la Comisión Internacional de Juristas y Defensores de los Derechos Civiles al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

(131)    Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, «Regarding the consultation on the proposal for the establishment of a National Human Rights Institution in Sweden» (Ds 2019:4).

(132)    El Gobierno debe solicitar propuestas (no vinculantes) de candidatos al Colegio de Abogados, universidades y facultades y al Consejo Superior de la Institución.

(133)    Según la propuesta, los miembros del consejo de administración deberán tener conocimientos especializados en el ámbito de los derechos humanos, y al menos dos de ellos deberán tener experiencia de trabajo cualificado en los tres ámbitos: i) la sociedad civil, ii) el poder judicial y la profesión de abogado, y iii) la investigación y el mundo académico. Véase también Gobierno de Suecia (2021). Proyecto de ley del Gobierno 202/21:143 — Instituto de Derechos Humanos, p. 39.

(134)    Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Suecia, p. 12.

(135)    El capítulo 1, sección 2, del Instrumento de Gobierno establece que los ciudadanos deben trabajar para que el concepto de democracia esté presente en todos los ámbitos de la sociedad. Además, el capítulo 2, sección 1, establece los derechos y libertades fundamentales que toda persona puede reivindicar ante los estamentos públicos.

(136)    El mandato de la investigación indica que debe garantizarse que los fondos públicos se destinen únicamente a organizaciones que respeten los valores fundamentales de la Constitución. Al mismo tiempo, señala que las organizaciones critican el sistema actual por carecer de transparencia y seguridad jurídica. Mandato del Comité del Gobierno sueco (2018) — Condicionalidad democrática en las subvenciones gubernamentales.

(137)    Gobierno de Suecia (2018). «Las condiciones de la democracia en las subvenciones estatales».

(138)    Gobierno de Suecia (2020). El Gobierno está dando un nuevo paso hacia unas condiciones democráticas más estrictas para las subvenciones estatales a la sociedad civil.

(139)    Véanse, por ejemplo, las respuestas a la SOU de remisión de 2019: 35 condiciones democráticas para la contribución a la sociedad civil de los defensores de los derechos civiles y el Foro Nacional de Organizaciones de Voluntariado.

(140)    En abril y mayo de 2020, se asignaron a estas organizaciones alrededor de 9,9 millones EUR (100 millones SEK) y, en diciembre de 2020, se propusieron subvenciones adicionales por valor de 5,9 millones EUR (60 millones SEK). Gobierno de Suecia (2020). Apoyo a los esfuerzos sociales y humanitarios de la sociedad civil.

(141)    El espacio de la sociedad civil en Suecia sigue siendo «abierto» — Valoraciones de Civicus, Suecia. Las calificaciones se sitúan en una escala de cinco categorías, que se definen como sigue: abierto, reducido, obstruido, reprimido y cerrado.