COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 20.7.2021

SWD(2021) 701 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021











Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021

Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

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I.Sistema judicial

El sistema judicial austriaco se divide en dos ramas independientes. La jurisdicción ordinaria consta de 115 tribunales de distrito, 20 tribunales regionales, 4 tribunales regionales superiores y el Tribunal Supremo. Desde 2014, Austria cuenta también con un sistema separado de tribunales de lo contencioso-administrativo, con once tribunales de lo contencioso-administrativo de primera instancia (nueve tribunales regionales de lo contencioso-administrativo, uno federal y el Tribunal Federal de lo Tributario) y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo 1 . El Tribunal Constitucional garantiza el control de constitucionalidad de las leyes federales y regionales. El ejecutivo es el encargado de los nombramientos judiciales basándose en propuestas no vinculantes de paneles de personal compuestos por jueces 2 o asambleas plenarias de un tribunal, que confeccionan una lista de tres candidatos para cada puesto por orden de preferencia 3 . El Ministerio Fiscal es una autoridad judicial de estructura jerárquica bajo la supervisión del ministro de Justicia, quien puede dar tanto instrucciones generales como instrucciones en asuntos concretos 4 . Austria participa en la Fiscalía Europea. Los letrados están registrados en uno de los nueve Colegios de Abogados locales, que son corporaciones de derecho público y organismos autónomos, organizados en el marco del Colegio Federal de Abogados 5 .

Independencia

El nivel de percepción de la independencia del poder judicial se ha mantenido constantemente muy elevado y para las empresas, ha mejorado aún más. En 2021, el 83 % del público general y el 78 % de las empresas perciben la independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces como «bastante buena» o «muy buena» 6 . En general, en los últimos cinco años, el nivel de percepción de la independencia del público general y las empresas ha mostrado un aumento constante, con la excepción de 2021, cuando disminuyó ligeramente para el público general.

Se está preparando una reforma para crear un ministerio fiscal federal independiente dirigido por un fiscal general. Tras el anuncio de 24 de febrero de 2021 de la creación de un ministerio fiscal federal a cargo de un fiscal general independiente 7 , el Ministerio de Justicia ha creado un grupo de trabajo integrado por partes interesadas del poder judicial y expertos, que se reúne mensualmente desde mayo de 2021 y examinará diferentes cuestiones constitucionales y legales relacionadas con la reforma. Se espera que el grupo presente sus resultados en el primer semestre de 2022, pero no se le ha encargado que prepare un proyecto de texto legislativo concreto. Las partes interesadas han venido exigiendo desde hace mucho tiempo la reforma de la fiscalía 8 , ya que el sistema de obligaciones de información (véase más adelante) y el derecho del ministro de Justicia a dar instrucciones a los fiscales sobre asuntos individuales, incluso la instrucción de no enjuiciar estos casos, han sido objeto de críticas 9 . Las partes interesadas han subrayado la necesidad de garantizar que la reforma prevista introduzca garantías estructurales tangibles para asegurar en la práctica la independencia del nuevo fiscal general de cualquier influencia política del poder ejecutivo o legislativo 10 . Es importante que la reforma se prepare en consulta con todas las partes interesadas pertinentes y que tenga en cuenta las normas europeas relativas a la independencia del Ministerio Fiscal 11 .

Se están tomando medidas para reducir las obligaciones de los fiscales de informar al poder ejecutivo. De conformidad con la intención del programa del Gobierno ya señalada en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 12 , el Gobierno ha adoptado medidas para reducir las obligaciones de información del Ministerio Fiscal, que las partes interesadas consideran que en la actualidad son onerosas y desproporcionadas (véase también la sección II) 13 . Como primera medida, en marzo de 2021, a petición del Ministerio de Justicia, se revocó un decreto de la Fiscalía Superior de Viena sobre las obligaciones de información de sus fiscalías subordinadas (que les obligaba a notificar las principales actuaciones procesales tres días antes de su ejecución) (véase también la sección II) 14 . Además, el 12 de junio de 2021, el Ministerio de Justicia llevó a cabo una revisión del decreto sobre las obligaciones de información que delimita dichas obligaciones de forma más estricta en determinadas circunstancias, por ejemplo, eliminando la obligación de presentar informes si las personas de interés público son víctimas de un delito 15 . No obstante, las partes interesadas han señalado que esto podría no reducir significativamente la carga de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal ya que un gran número de sus casos son asuntos de interés público en los que las obligaciones seguirían aplicándose 16 . El ministro de Justicia emitió veintidós instrucciones en asuntos individuales en 2020 y ocho hasta mayo de 2021 17 , todas ellas de conformidad con el dictamen del Consejo de Directivas independiente 18 . Se espera que el próximo informe sobre instrucciones se presente al Parlamento en el verano de 2021.

Se ha introducido la obligación de proporcionar información a los paneles de personal en caso de desviación de sus recomendaciones para los nombramientos judiciales. Las modificaciones a la Ley sobre jueces y fiscales, que codifican la obligación del Ministro de Justicia de proporcionar comentarios por escrito a los paneles de personal —compuestos principalmente por jueces elegidos por sus pares— 19 , en caso de que no se siga su recomendación entraron en vigor en diciembre de 2020. También permiten que los paneles de personal envíen una reacción por escrito en el plazo de dos semanas 20 . En el caso de los fiscales, se ha establecido un proceso similar 21 . Esta iniciativa responde a elementos de una recomendación del GRECO de reforzar la participación de los paneles de personal en los procedimientos de nombramiento 22 . El GRECO 23 ha señalado que los paneles de personal todavía no participan en la selección de los jueces en formación y no existe un control judicial del procedimiento de nombramiento. Los paneles de personal (u otros órganos que representen al poder judicial) tampoco intervienen en la selección del presidente y vicepresidente del Tribunal Supremo lo que ha suscitado las críticas de dicho Tribunal 24 .

La contratación en los tribunales de lo contencioso-administrativo sigue suscitando preocupación, en particular con respecto al nombramiento de los presidentes y vicepresidentes de dichos órganos jurisdiccionales 25 . Como ya se indicó en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, los nombramientos de los vicepresidentes y presidentes de los tribunales regionales de lo contencioso-administrativo normalmente siguen siendo prerrogativa del ejecutivo, sin la permanente participación del poder judicial 26 . En marzo de 2021, el GRECO reiteró sus recomendaciones relativas a una mayor participación de los paneles de personal en los nombramientos judiciales, incluidos los de los vicepresidentes y presidentes de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo 27 . Las partes interesadas 28 continúan haciendo hincapié en que la falta de una participación permanente del poder judicial en estos nombramientos, combinada con los amplios poderes y deberes de los presidentes de los tribunales, suscita preocupación con respecto a las normas europeas 29 . El Gobierno y la Conferencia de presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo han aclarado que en varios estados federales se establecen por ley o en la práctica comités especiales para elaborar propuestas de nombramiento 30 , pero que no necesariamente involucran a (la mayoría de) los jueces. Asimismo, se han hecho llamamientos a armonizar los requisitos de contratación de los jueces de los tribunales de lo contencioso-administrativo, que en cada tribunal regional de lo contencioso-administrativo se regulan por separado 31 . De acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa, si el ejecutivo toma decisiones con respecto a la selección de jueces, una autoridad independiente y competente procedente en una parte sustancial del poder judicial debe estar autorizada para hacer recomendaciones o expresar opiniones que el ejecutivo siga en la práctica 32 .

Se están tomando medidas para mejorar el marco de integridad de los jueces y fiscales. Tras la adopción, en 2019, de las directrices de cumplimiento para todos los empleados judiciales 33 , los tribunales y la fiscalía están actualmente aplicando un sistema integral de gestión del cumplimiento, que incluye el establecimiento de responsables del cumplimiento a escala regional que actúan como puntos de contactos únicos para las cuestiones que plantean todos los empleados judiciales al respecto 34 . Se ha puesto en marcha un programa de aprendizaje en línea sobre cumplimiento, que se centra en cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses, y ya lo han completado más de 1 400 empleados 35 . El GRECO ha acogido con satisfacción el establecimiento de las directrices de cumplimiento y de los responsables del cumplimiento, pero ha hecho hincapié en la necesidad de aclarar el asesoramiento confidencial en asuntos de ética que se ofrece a los jueces y los fiscales 36 . Además, las partes interesadas señalan que fue el ejecutivo y no el propio poder judicial quien estableció las directrices de cumplimiento 37 y que no se ha elaborado un código de ética para los jueces de lo contencioso-administrativo. El GRECO observa asimismo que, hasta la fecha, no se ha introducido un sistema de valoraciones periódicas en Austria 38 .

Calidad

Se han asignado recursos adicionales a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal, pero siguen existiendo retos en el Tribunal Supremo de lo Tributario. Tras la creación de puestos adicionales en 2020, se aumentó nuevamente el presupuesto destinado el poder judicial en 2021, incluida la financiación adicional relacionada con el impacto de la pandemia COVID-19 39 , y se finalizó el proceso de contratación de la mayoría de los puestos creados 40 . Austria destina alrededor del 0,28 % del PIB a su sistema de justicia 41 . Si bien este aumento del presupuesto responde a las preocupaciones planteadas por las partes interesadas y un estudio del Ministerio de Justicia con respecto a los recortes presupuestarios anteriores en el sistema de justicia 42 , una auditoría publicada en enero de 2021 por el Tribunal de Cuentas 43 confirma que en el Tribunal Supremo de lo Tributario siguen existiendo retos en materia de recursos 44 , sobre todo en lo que respecta a los escasos niveles de personal de tribunales en comparación con otros órganos jurisdiccionales 45 (solo alrededor de 0,25 puestos de personal de tribunales por juez) y el número de puestos de jueces vacantes 46 , situación que también ha provocado un importante retraso en la tramitación de los casos. El Tribunal de Cuentas ha dirigido una serie de recomendaciones al Tribunal Supremo de lo Tributario y al Ministerio de Finanzas entre las que se incluye la reducción de la carga administrativa de los jueces para permitir avances en la reducción de la acumulación de casos y los plazos de tramitación 47 .

Se están llevando a cabo cambios para reducir las tasas judiciales en ámbitos específicos. Como se señalaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, las partes interesadas consideran que las altas tasas judiciales en Austria pueden dificultar el acceso a la justicia 48 . Se han aplicado una serie de medidas para reducir dichas tasas en ámbitos específicos, en particular, en el caso de los procedimientos de la acusación particular 49 . Si bien, en el marco de la reforma de los procedimientos de ejecución en su conjunto, que se llevó a cabo en abril de 2021, se han incrementado las tasas judiciales, al mismo tiempo se han reducido algunas actuaciones procesales que requieren una tasa 50 . Se están preparando otras medidas específicas relacionadas con las tasas judiciales, por ejemplo, para los procedimientos civiles 51 , pero en esta fase no se prevé una evaluación general del sistema de tasas judiciales 52 . En 2020, los ingresos por tasas judiciales cayeron debido a la pandemia de COVID-19 y el ajuste por inflación se pospuso temporalmente hasta mayo de 2021, lo que redujo esta parte del presupuesto del poder judicial 53 que, no obstante, sigue siendo elevado. En particular, las partes interesadas señalan como posibles obstáculos para el acceso a la justicia la falta de un límite máximo de tasas judiciales en casos de alto valor y los ajustes automáticos por inflación 54 .

Se han creado ofertas de formación inicial para los jueces de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. Desde 2020, la Academia Austriaca de Jueces de lo Contencioso-Administrativo 55 ofrece un programa de formación para jueces de tribunales de lo contencioso-administrativo recién nombrados, que incluye módulos sobre la gestión de los procedimientos, ética profesional, legislación en materia de función pública destinada a los jueces y justicia digital 56 . Mientras que los jueces y fiscales de los órganos jurisdiccionales ordinarios reciben una formación inicial integral de cuatro años 57 , a los jueces de los tribunales de lo contencioso-administrativo se les contrata cuando tienen una experiencia jurídica profesional previa de al menos cinco años 58 . Sin embargo, la legislación no exige que los jueces de lo contencioso-administrativo recién nombrados reciban una formación inicial 59 , lo que ha suscitado las críticas de las partes interesadas 60 . Además, se ha recomendado la creación de un programa anual de formación en el servicio para todos los jueces y fiscales, que abarcaría, en particular, aspectos relacionados con la integridad 61 .

Se están llevado a cabo esfuerzos para seguir avanzando en la digitalización del sistema judicial. En general el nivel de digitalización del sistema judicial es alto: se han establecido plenamente las normas procesales para el uso de herramientas digitales en asuntos civiles, penales y administrativos 62 , y los tribunales y las fiscalías utilizan de forma generalizada las herramientas de comunicación digital y electrónica 63 . Existen, en gran medida, soluciones digitales para incoar y seguir procedimientos civiles, administrativos y penales 64 . Como ya se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 65 , Austria sigue avanzando en la ejecución del proyecto «Justicia 3.0», que tiene como objetivo pasar completamente a un sistema de archivos electrónicos de aquí a 2025. En junio de 2021, se habían digitalizado totalmente los procedimientos en cincuenta y seis tribunales y nueve fiscalías, así como en el Tribunal Supremo y la Fiscalía General 66 . Los próximos hitos previstos son el uso exclusivo de archivos digitales en todas las fiscalías de aquí a mediados de 2022 y en todos los nuevos procesos civiles a mediados de 2023 67 . La nueva plataforma JustizOnline, que se puso en marcha en noviembre de 2020, es un lugar consolidado para que los ciudadanos accedan a servicios, como el envío de solicitudes electrónicas o la consulta de archivos de asuntos, y ofrece ayuda a los usuarios a través de una herramienta de chatbot 68 . Además, el Gobierno está poniendo en marcha un nuevo sistema digital integral de información sobre el rendimiento con datos de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías, que se publicarán en JustizOnline 69 . En el contexto de la pandemia de COVID-19, se han tomado medidas procesales para permitir el uso de sistemas de videoconferencia, tanto en materia civil como penal, con arreglo a un sistema de «semáforo» 70 .

Eficiencia

El sistema de justicia continúa funcionando de manera eficiente y muestra mejoras en asuntos administrativos 71 . El tiempo medio de resolución de asuntos contenciosos comerciales se ha mantenido en un nivel bajo (137 días en 2019 frente a 138 en 2018), con una tasa de resolución estable del 100,4 % y un número reducido de casos pendientes, lo que demuestra que la justicia está manejando su carga de trabajo de manera eficiente a este respecto 72 . En lo que respecta a los asuntos administrativos, los indicadores de eficiencia muestran nuevas mejoras, en particular en relación con la tasa de resolución (110,7 % en 2019 frente a un 89,7 % en 2018), y el número de asuntos pendientes, que ha disminuido, pero, en general, sigue siendo elevado (0,8 % casos por 100 habitantes en 2019 frente a un 0,9 en 2018) 73 . Aun así, el tiempo medio para resolver asuntos administrativos (440 días) sigue siendo relativamente prolongado 74 .

II.Marco de lucha contra la corrupción

La aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y de las medidas previstas en el Plan de acción para 2019-2020 está en curso. Entre las autoridades que participan en la lucha contra la corrupción están el Ministerio Federal de Justicia, la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft – WKStA), el Ministerio Federal de Asuntos de Interior y su Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción (BAK) y el Servicio Nacional de Inteligencia (BK). El Tribunal de Cuentas es responsable de auditar e informar sobre la gestión financiera a escala nacional y local, también sobre aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción, y de supervisar las finanzas de los partidos políticos. El marco jurídico incluye las correspondientes disposiciones del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, así como la legislación específica en materia de corrupción 75 . Esta legislación cubre los casos que implican a funcionarios públicos extranjeros.

Los expertos y los directivos de empresas perciben que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo relativamente bajo. En el Índice de percepción de la corrupción de 2020 de Transparencia Internacional, Austria obtiene una puntuación de 76/100 y ocupa el puesto n.º 5 en la Unión Europea y el n.º 15 del mundo 76 . Esta percepción se ha mantenido relativamente estable 77 durante los últimos cinco años 78 .

La aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción está en curso, pero se han registrado algunos retrasos durante la pandemia de COVID-19. En 2018 se adoptó una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción 79  que va acompañada de un Plan de acción aprobado el 16 de enero de 2019, que abarca el período 2019-2020 80 . El principal objetivo de la Estrategia y el Plan de acción para el ciclo 2019-2020 es mejorar y garantizar la integridad y transparencia en la Administración, la política y los negocios. El organismo de coordinación de la lucha contra la corrupción decidió ampliar el ciclo de aplicación y revisión de la Estrategia y su Plan de acción. Mientras que las medidas para 2019 se registran como aplicadas, las medidas previstas para 2020 sufrieron retrasos ya que la mayoría de ellas se referían a conferencias, reuniones y programas de formación que no pudieron llevarse a cabo durante la pandemia de COVID-19 81 . No obstante, se pusieron en marcha nuevas actividades, como el asesoramiento individual por correo electrónico y teléfono sobre consultas de cumplimiento e integridad de los miembros de la Red de responsables de la integridad 82 . Además, en 2020, aumentaron en un 60 % las solicitudes de adhesión a la Red entre los funcionarios públicos 83 .

Las investigaciones de corrupción de alto nivel se han intensificado, mientras que determinados fiscales han sido objeto de comentarios públicos negativos de políticos. La Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General lleva a cabo una mayoría significativa de las investigaciones a gran escala en Austria 84 . Tras una serie de escándalos políticos de alto perfil, la Oficina ha intensificado sus investigaciones sobre corrupción política de alto nivel. Los fiscales a cargo de algunos de los casos más visibles han sido objeto de comentarios públicos negativos de representantes del Gobierno 85 , algo que ha sido criticado por el Presidente Federal 86 y por las asociaciones judiciales, que han señalado que tales declaraciones públicas repercuten de forma negativa en la percepción pública de la independencia del poder judicial 87 . La Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción, que lleva a cabo investigaciones policiales y coopera con la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General, registró treinta y dos nuevos casos de corrupción en 2020. De acuerdo a un proyecto de ley que se presentó a consulta pública en marzo de 2021 88 , ya no estarán autorizados los registros sobre el terreno en las sedes de las autoridades públicas y, en lugar de obtener documentos y pruebas, la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General deberá presentar una solicitud de «asistencia administrativa». La fiscalía y las partes interesadas manifestaron preocupación por el impacto negativo de esta disposición en la capacidad de recabar pruebas, lo que podría afectar a la eficacia de las investigaciones anticorrupción 89 . Después de revisar y analizar todas las respuestas a las consultas públicas y celebrar una reunión de expertos con las partes interesadas, se presentó un proyecto de ley revisado 90 .

Las onerosas obligaciones de información de los fiscales provocan retrasos y tienen un impacto negativo en la eficacia de las investigaciones anticorrupción 91 . Con arreglo al refuerzo de la obligación de información que se introdujo en 2019, los fiscales de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General (WKStA) tienen que informar a la Fiscalía Superior tres días hábiles antes de iniciar determinadas actuaciones procesales. La WKStA ha señalado que estas obligaciones adicionales de información son onerosas y pueden provocar retrasos en las investigaciones 92 , ya que alrededor del 40 % de sus procedimientos están sujetos a rigurosas obligaciones de presentación de información 93 . El número de informes ha aumentado considerablemente en los últimos años (de 1 100 en 2017 a 1 957 en 2018 y 2 299 en 2019) 94 . Para abordar estas cuestiones, el Ministerio de Justicia adoptó, en marzo de 2021, un nuevo decreto que relaja parcialmente las obligaciones de información y aclara que el Ministerio Fiscal no necesita informar sobre las actuaciones procesales importantes antes de iniciar su ejecución. Se prevé hacer las modificaciones correspondientes a la Ley sobre el Ministerio Fiscal en 2021 95 (véase también la sección I). Recientemente se ha publicado una revisión del decreto sobre las obligaciones de información.

Está pendiente la reforma de las normas sobre la financiación de los partidos políticos, incluido el papel del Tribunal de Cuentas. Como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, el Tribunal de Cuentas de Austria tiene competencias de auditoría limitadas y la única competencia de investigación que tiene es verificar la exactitud de las cuentas de los partidos políticos 96 . En un informe reciente, el Tribunal de Cuentas criticó el régimen de subvenciones a los organismos de educación de los partidos políticos con representación parlamentaria y recomendó que se concedieran al Tribunal derechos de auditoría y sanción plenos 97 . Aunque en su programa para 2020-2024 98 , el Gobierno se comprometió a emprender reformas encaminadas a reforzar el control de la financiación de los partidos políticos, hasta el momento no se han adoptado medidas concretas al respecto. Según las partes interesadas y el Tribunal de Cuentas, las reformas deberían prever competencias de investigación y control adicionales para el Tribunal de Cuentas encargado de supervisar la financiación de los partidos, en particular, una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso de presentación de informes, así como una revisión del sistema de sanciones 99 .

Las medidas para responder de forma eficaz a los riesgos de integridad en el caso de los miembros del Parlamento siguen siendo limitadas 100 . Los miembros del Parlamento no están obligados a declarar públicamente sus activos, intereses, deudas, pasivos ni cualquier otro interés económico, incluidas las inversiones en empresas. Además, no existen mecanismos de seguimiento y sanción orientados a controlar la veracidad de las declaraciones cuando se publican voluntariamente 101 . Tampoco se prohíbe a los parlamentarios ocupar puestos de trabajo externos, cargos directivos o formar parte de consejos de administración. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha destacado el bajo nivel de cumplimiento de Austria en lo que respecta a las recomendaciones formuladas sobre la prevención de la corrupción entre los miembros del Parlamento, los jueces y los fiscales 102 .

Se han introducido nuevas medidas para prevenir la corrupción de los funcionarios y de las funciones ejecutivas de alto nivel. El 18 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros adoptó un Código de conducta para la prevención de la corrupción en la Administración pública 103 . Este código contiene instrucciones destinadas a los empleados y directores de la Administración pública sobre la manera de responder a los intentos de soborno, la entrega de obsequios y las invitaciones, las denuncias de irregularidades y las actividades de presión, e incluye ejemplos de los comportamientos que cumplen las normas y de otros que no lo hacen. Además, el Código explica las obligaciones de información con respecto a las actividades asociativas o los empleos secundarios y las obligaciones de protección de datos y confidencialidad. Una nueva autoridad federal disciplinaria, que comenzó a funcionar oficialmente el 1 de octubre de 2020, o en algunos casos una comisión disciplinaria conjunta establecida en la administración parlamentaria, tiene competencia para tomar decisiones disciplinarias y decidir sobre la suspensión de los funcionarios federales 104 . Las medidas disciplinarias disponibles con arreglo el código disciplinario aplicable a los funcionarios federales son las amonestaciones, las multas de mayor o menor cuantía y el despido. En el caso de los empleados federales contratados, la autoridad de personal tiene competencia para dictar medidas disciplinarias como amonestaciones, resolución del contrato y despido. Por lo que respecta a las normas relativas al empleo de miembros del Gobierno una vez terminada su labor, el 22 de febrero de 2021 se presentó una propuesta ministerial, que tiene por objeto introducir un período de incompatibilidad de tres años para que los miembros del Gobierno puedan sean miembros titulares o suplentes del Tribunal Constitucional 105 .

La legislación sobre actividades de presión está siendo objeto de examen. Como se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, si bien existe un marco jurídico sobre las actividades de presión, tanto su ámbito de aplicación 106 como la información en el Registro de actividades de presión que se pone a disposición del público son limitados 107 . El Tribunal de Cuentas recomienda llevar a cabo una evaluación de la Ley sobre actividades de presión para examinar cómo podrían considerarse de forma más completa las normas internacionales en la materia, incluida la introducción de una huella legislativa 108 . En otoño de 2020, el Ministerio Federal de Justicia creó un grupo de trabajo para analizar las posibles mejoras que podrían introducirse en el marco jurídico 109 .

Cada vez se utiliza más el instrumento de denuncia de irregularidades. En 2013, Austria estableció un instrumento de denuncia de irregularidades a cargo de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General. Los datos del 31 de diciembre de 2020 muestran que se denunciaron en el sistema 10 945 presuntos delitos penales. Se constató que solo una pequeña proporción se denunció sin justificación (menos del 5 %). Aproximadamente el 40 % de las denuncias se remitieron a otras autoridades competentes, en su mayoría fiscales, para su seguimiento 110 .

La pandemia de COVID-19 ha repercutido en las actividades de prevención y ha aumentado los riesgos de corrupción en ciertos sectores. Solo se pudieron aplicar parcialmente las medidas contempladas en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Por ejemplo, no pudieron llevarse a cabo por completo las actividades que la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción realiza a través de su Red de responsables de la integridad al haberse suspendido todas las formas tradicionales de formación en el aula 111 . No obstante, la transferencia de conocimientos a la Red de responsables de la integridad se organizó a través de canales alternativos (el sitio web de la Red, correos electrónicos, contactos bilaterales con miembros de la Red, etc.). El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha auditorías públicas relacionadas con la pandemia de COVID-19, que se centraron en ámbitos de riesgo claves, en particular, la estructura y el alcance financiero de las medidas de ayuda. Las fiscalías destacaron la adquisición de equipos y material sanitarios como un ámbito de riesgo específico 112 . Las partes interesadas señalaron que en los procedimientos de compra urgentes se permitían gastar elevados importes y los requisitos de transparencia eran limitados 113 .

III. Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

La libertad de expresión y el deber de las autoridades estatales de facilitar el acceso a la información están consagrados en la Constitución. El Derecho derivado garantiza el derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes 114 y regula la obligación de las autoridades de divulgar información al público 115 . Los reguladores de los servicios de comunicación audiovisual, la Autoridad austriaca de comunicaciones (KommAustria) y la Autoridad austriaca reguladora de la radiodifusión y las telecomunicaciones (RTR) se establecieron en virtud de la Ley KommAustria, en 2001. La Ley KommAustria 116 se ha modificado recientemente para trasponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual 117 .

Las autoridades reguladoras de los medios de comunicación continúan funcionando de forma independiente y con recursos adecuados. Las entidades reguladoras para los servicios de comunicación audiovisual, la Autoridad austriaca de comunicaciones 118 y la Autoridad austriaca reguladora de la radiodifusión y las telecomunicaciones, son totalmente independientes del Gobierno. Las modificaciones a la Ley KommAustria para trasponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual entraron en vigor el 1 de enero de 2021. Entre otras cosas, estas modificaciones asignan nuevas funciones a KommAustria, especialmente en el campo de la alfabetización mediática y la accesibilidad. Los nuevos recursos destinados a la autoridad se consideraron suficientes habida cuenta de las nuevas funciones 119 . El instrumento de seguimiento del pluralismo en los medios de comunicación (Media Pluralism Monitor) de 2021 confirma que el riesgo para la independencia y la eficacia de los medios de comunicación de Austria es muy bajo 120 .

Existen normas de transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Sin embargo, en la práctica, no siempre es fácil identificar la propiedad última. La Ley sobre los medios de comunicación de Austria 121 contiene disposiciones concretas que requieren la divulgación de la propiedad en el sector de los medios de información 122 . Sin embargo, según el Media Pluralism Monitor de 2021, el indicador sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación muestra un riesgo medio. El Media Pluralism Monitor señala que la información sobre las estructuras de propiedad definitiva generalmente no está disponible, lo que se debe en parte a la formulación jurídica utilizada que podría interpretarse en el sentido de que limita los requisitos de divulgación al 100 % de la participación en los medios de comunicación 123 . Las partes interesadas también señalaron cuestiones relacionadas con la transparencia de las estructuras de propiedad complejas de los grupos de medios de comunicación 124 . En Austria existe un alto grado de concentración de los medios informativos, debido, en particular, a la alta concentración existente en diferentes subsectores de comunicación 125 .

Se asigna una gran cantidad de publicidad estatal a los medios de comunicación en un contexto de continua preocupación sobre la transparencia y equidad de dicha asignación. La asignación de publicidad estatal está regulada por la Ley federal constitucional sobre la cooperación y la financiación de los medios de comunicación, así como por la Ley sobre la transparencia en la cooperación y la financiación de los medios de comunicación 126 . Se ha manifestado preocupación por el elevado importe (223 millones EUR 127 ) que Austria gasta en publicidad estatal, cantidad que parece ir en aumento 128 . La publicidad se distribuye con arreglo a criterios basados en la cobertura y circulación de los medios de comunicación, según los datos del año anterior 129 . La Ley sobre la transparencia en los medios de comunicación, de 2012, establece que el Gobierno, las empresas y organismos públicos deberán divulgar las colaboraciones con propietarios específicos de medios de comunicación que asciendan a un importe superior a 5 000 EUR por trimestre. Según las conclusiones de un informe del Tribunal de Cuentas, al menos un tercio de los contratos de publicidad pública no se hacen públicos debido a este umbral 130 . Varias partes interesadas y un estudio 131 han expresado preocupación por la transparencia y equidad de esta asignación de publicidad, señalando la discrepancia sustancial entre las subvenciones oficiales y la cantidad de publicidad estatal distribuida, así como el riesgo de que esta última se utilice para lograr influencia política 132 . Continúa habiendo inquietud con respecto a las garantías de independencia editorial 133 y las partes interesadas también señalaron que los criterios de asignación, que se basan en la cobertura y la circulación, no tienen suficientemente en cuenta el pluralismo de los medios de comunicación 134 . El Media Pluralism Monitor de 2021 considera que el nivel de riesgo de la normativa estatal de recursos y apoyo al sector de los medios de comunicación es medio 135 .

Se consideró que la ayuda financiera pública destinada al sector de los medios de comunicación fue eficaz para compensar la disminución de los ingresos debido a la pandemia. No obstante, la distribución equitativa seguía siendo motivo de preocupación. En 2020, las subvenciones estatales recurrentes a los medios de comunicación ascendieron a alrededor de 49 millones EUR y las subvenciones extraordinarias debido a la pandemia de COVID-19 a unos 35 millones EUR 136 . Las normas para la distribución de subvenciones directas e indirectas en sí parecen ser transparentes 137 . No obstante, según el Media Pluralism Monitor de 2021, parece que la prensa sensacionalista de gran tirada sigue beneficiándose de forma desproporcionada de las subvenciones estatales, incluidas las subvenciones especiales concedidas al sector de los medios de comunicación debido a la pandemia de COVID-19 138 .

El Gobierno ha propuesto una reforma de la legislación sobre la libertad de acceso a la información. Como ya se señaló en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 139 , la obligación de dar información está consagrada en la Constitución y especificada en la legislación federal y en leyes provinciales. Sin embargo, en Austria no existe el derecho general a acceder a documentos. Además, en la práctica, existen limitaciones al acceso a la información derivadas del deber de secreto establecido en la Constitución: un plazo de seis meses para que los organismos públicos denieguen formalmente las solicitudes (después de rechazarlas de manera informal en un plazo de ocho semanas) y así como largos procesos judiciales en los asuntos de acceso a la información. En febrero de 2021, el Gobierno propuso una ley sobre «libertad de información», en el marco de un paquete más amplio sobre transparencia, que reformaría el sistema y establecería el derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información 140 . La propuesta se ha publicó para consulta pública hasta abril de 2021 141 . Si bien se reconocieron ciertas mejoras en lo que se refiere a la garantía del acceso a los documentos en plazos más breves, los medios de comunicación y las partes interesadas de la sociedad civil señalaron deficiencias en el proyecto de ley, en particular con respecto a la ausencia de un organismo de supervisión independiente y a aspectos relacionados con la aplicación práctica de la ley 142 .

Austria ha adoptado medidas para mejorar la protección de los periodistas durante las manifestaciones. Sin embargo, las amenazas y el acoso en línea siguen suponiendo un reto para la profesión. No hay disposiciones específicas en la legislación austriaca sobre seguridad de los periodistas. Desde octubre de 2020, en la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ha publicado un nuevo aviso sobre ataques contra periodistas durante las protestas 143 . Según el Media Pluralism Monitor de 2021, el indicador sobre la profesión periodística, las normas y la protección muestra un riesgo bajo. No obstante, como indican el Media Pluralism Monitor 2021 y las partes interesadas nacionales 144 , si bien las normas generales de la profesión periodística siguen siendo adecuadas, la seguridad de los periodistas se ve cada vez más amenazada, en particular por el acoso y la intimidación en línea. Las partes interesadas señalaron el uso creciente de amenazas legales contra periodistas y la utilización de litigios supuestamente destinados a intimidarlos, que se destacó como un problema especialmente para los periodistas independientes 145 . Las quejas por los ataques contra periodistas durante las manifestaciones «anticoronavirus» han llevado a la creación de fuerzas policiales específicas destinadas a la protección de los periodistas durante las protestas 146 .

IV. Otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios

Austria es una república federal con un parlamento bicameral compuesto por el Consejo Nacional (Nationalrat) y el Consejo Federal (Bundesrat). Las propuestas legislativas pueden partir del Gobierno, de los miembros de ambas cámaras del Parlamento o de la iniciativa popular 147 . El Tribunal Constitucional lleva a cabo una revisión a posteriori de la constitucionalidad de las leyes, lo cual es posible en casos concretos 148 o como revisión en abstracto de una ley, basándose en recursos del Gobierno federal o de un gobierno regional, o de un tercio de los miembros de cada una de las cámaras parlamentarias. Varias oficinas del Defensor del Pueblo contribuyen a defender los derechos fundamentales 149 .

Se han adoptado medidas para mejorar la participación de los ciudadanos y las partes interesadas en la formulación de políticas. En diciembre de 2020, el Ministerio de Arte, Cultura Deporte y Función Pública presentó un Libro Verde sobre la participación pública en la era digital 150 , que se elaboró en un proceso participativo con expertos de diferentes sectores y la sociedad civil, y establece un planteamiento coherente y nuevas normas para promover una participación pública integradora de los ciudadanos y las partes interesadas en los procesos de formulación de políticas en un contexto digital. Esta es la primera fase de un proyecto que prevé la creación de una nueva guía para la participación pública en la era digital y de un sitio web específico de aquí a 2023 151 . Por lo que respecta a la consulta de las partes interesadas sobre las propuestas legislativas, un acuerdo de todos los partidos políticos en el Consejo Nacional adoptado el 26 de marzo de 2021 152 prevé que todas las iniciativas legislativas, incluidas las que presentan los miembros del Parlamento y el Consejo Federal, estén abiertas a la consulta pública siempre que la propuesta se debata en el Parlamento 153 . Aun así, falta por establecer un marco jurídico general sobre consultas públicas con plazos establecidos antes de que la propuesta sea considerada en el Parlamento 154 , lo que implica que, según las partes interesadas, en la práctica los plazos de consulta pueden ser más cortos de lo recomendado 155 . Las partes interesadas destacan la actual ausencia de una legislación completa sobre el acceso a la información (véase la sección III) como un impedimento para la transparencia del proceso legislativo 156 .

El marco para la adopción de medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 se ha modificado varias veces y desde otoño de 2020, se ha concedido un papel más importante al Parlamento. Las medidas relacionadas con la pandemia de COVID-19 se han adoptado sobre la base de una ley específica de medidas para el COVID-19 que se adoptó en marzo de 2020 y posteriormente se ha modificado varias veces, generalmente en un procedimiento acelerado 157 . Esta ley concede al ministro de Salud la facultad de adoptar ordenanzas en relación con la pandemia de COVID-19. En septiembre de 2020, se introdujeron modificaciones orientadas a reforzar el control parlamentario de las ordenanzas, con el requisito de que las ordenanzas más restrictivas debían ser ratificadas por el comité principal del Consejo Nacional antes de su entrada en vigor y aplicarse por un período limitado 158 . Además, se introdujo la obligación de consultar sobre las ordenanzas a la recién creada «Comisión Corona» (compuesta por representantes de los Ministerios, los Estados Federales y expertos en salud pública) 159 . En general, el Parlamento ha seguido funcionando de conformidad con los procedimientos ordinarios sin disposiciones especiales por la pandemia de COVID-19 160 , pero con frecuencia actuó de forma acelerada y los miembros del Parlamento presentaron propuestas legislativas que permitían omitir el proceso de consulta 161 .

El Tribunal Constitucional desempeña un papel importante en los controles y equilibrios, así como en la revisión de las medidas para el COVID-19. Tras una serie de sentencias importantes en julio de 2020 162 , el Tribunal Constitucional ha continuado dictando sentencias relacionadas con las medidas para el COVID-19, y ha concluido que una serie de ordenanzas del Gobierno eran ilegales 163 . En particular, el Tribunal Constitucional consideró en varios asuntos que el Ministerio responsable no había documentado suficientemente las razones por las que las medidas eran necesarias 164 . En reacción a esta jurisprudencia, el Gobierno ha insertado justificaciones escritas en las propias ordenanzas, en particular, sobre su base científica y el razonamiento jurídico 165 . Asimismo, el Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel importante en la defensa del derecho de las comisiones de investigación del Parlamento a acceder a los documentos 166 . En mayo de 2021, el Tribunal solicitó la ejecución por parte del Presidente Federal de una orden en un caso en que el ministro responsable no había facilitado a la comisión de investigación la información pertinente a pesar de que una sentencia de dicho Tribunal le obligaba a compartirla 167 .

El Defensor del Pueblo, que se está preparando para renovar la acreditación, ha desempeñado un papel importante en el marco de la pandemia de COVID-19. El Defensor del Pueblo, que actúa como institución nacional de derechos humanos, ha recibido, por última vez en 2011, la acreditación B de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés) 168 . Ahora está previsto que, en otoño de 2021 o primavera de 2022, vuelva a presentarse al proceso con el fin de obtener la acreditación A 169 , habida cuenta de los refuerzos a su mandato desde la última acreditación 170 . El Defensor del Pueblo ha asumido un papel activo en el marco de la pandemia de COVID-19 y ha dedicado un tercio más de su informe anual, publicado el 12 de mayo de 2021, al impacto de la pandemia en la buena administración y los derechos humanos 171 . En particular, el informe destaca que muchas medidas relacionadas con el COVID-19, especialmente las que restringían los derechos fundamentales, se tomaron con muy poca antelación y carecían de previsibilidad y criterios 172 .

El Gobierno ha llevado a cabo esfuerzos orientados a seguir desarrollando el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, en particular, implicándolas en la preparación de las ayudas concedidas a la sociedad civil en el marco de la pandemia de COVID-19. El Gobierno ha tomado varias medidas para mejorar la participación de la sociedad civil, en particular con respecto al fondo de apoyo de 700 millones EUR para la organización sin fines de lucro creado con objeto de ayudar al sector a hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 173 . Este fondo se creó en consulta con las organizaciones interesadas, que consideran que el proceso puede servir de ejemplo para la cooperación futura entre el Gobierno y la sociedad civil 174 . En la actualidad, el espacio cívico de Austria vuelve a considerarse «abierto» 175 . No obstante, las partes interesadas han criticado el proyecto de legislación antiterrorista que el Parlamento presentó en mayo de 2021 176 por su posible impacto en la libertad de asociación 177 . Además, las organizaciones de la sociedad civil siguen considerando que las normas relativas a la exención de impuestos para las donaciones son un reto para determinados actores de la sociedad civil 178 . El Gobierno se ha comprometido a crear un grupo de trabajo dedicado a examinar el marco fiscal para las organizaciones sin fines de lucro, aunque este proceso se ha estancado debido a la pandemia de COVID-19 179 .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es .

Asociación de Jueces de Derecho Administrativo (2021), Contribución de la Asociación Austriaca de Jueces de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Asociación de Jueces de Derecho Administrativo, Agenda para los tribunales de lo contencioso-administrativo 2022.

Academia Austriaca de Jueces de Derecho Administrativo (2020), Etapa de introducción para los jueces recién nombrados ( https://www.jku.at/fileadmin/gruppen/326/Einstiegsphase_2020_A4_FIN_2.pdf ).

Colegio de Abogados de Austria (2021), Contribución del Colegio de Abogados de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. 

Gobierno de Austria (2018), Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, ( https://www.bak.gv.at/301/praevention_edukation/anti_korruptionsstrategie/files/NAKS_Web.pdf ).

Gobierno de Austria (2020), Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. 

Gobierno de Austria (2021), Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. 

Gobierno de Austria, Programa del Gobierno para 2020-2024 ( https://www.bundeskanzleramt.gv.at/en/federal-chancellery/the-austrian-federal-government/government-documents.html )

Gobierno de Austria, comunicado de prensa de 13 de abril de 2021, Konstruktiver Austausch zu Amtshilfe und Korruptionsermittlung ( https://www.bmj.gv.at/ministerium/presse/pressmitteilungen-2021/Konstruktiver-Austausch-zu-Amtshilfe-und-Korruptionsermittlung.html ).

Presidente Federal de Austria (2021), Declaración con motivo de comunicación del Tribunal Constitucional (Stellungnahme anlässlich einer Mitteilung des VfGH) ( https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/stellungnahme-anlaesslich-einer-mitteilung-des-vfgh ).

Parlamento Austriaco, Justizministerin Zadić kündigt Evaluierung des Lobbying-Gesetzes an, n.º 997, de 6 de octubre de 2020 ( https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK0997/index.shtml ).

 Parlamento Austriaco, Bericht des Rechnungshofes betreffend Lobbying- und Interessenvertretungs-Register – Reihe BUND 2019/45 (III-65 d.B.). ( https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00065/index.shtml ).

CCJE (2013), Carta Magna de los Jueces.

Informe n.º 19 del CCJE (2016) sobre el papel de los presidentes de los tribunales.

Informe n.º 4 del CCJE (2003) sobre la formación inicial y continuada adecuada de los jueces, a niveles nacional y europeo.

Véase CEPEJ (2021), Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la UE.

TJUE, sentencia de 20 de abril de 2021 en el asunto C‑896/19, Repubblika, ECLI:EU:C:2021:311.

Tribunal Constitucional (2021), Unterlagen BKA U-Ausschuss - Der Österreichische Verfassungsgerichtshof, https://www.vfgh.gv.at/medien/Unterlagen_Ibiza_U-Ausschuss.php ).

Tribunal Constitucional (2021), VfGH beantragt beim Bundespräsidenten Exekution einer Entscheidung betreffend Dateien des BMF. ( https://www.vfgh.gv.at/medien/Exekution_BMF.php ).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2000), Recomendación Rec(2000)19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la función del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal.

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad.

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2010), Informe sobre normas europeas por lo que respecta a la independencia del sistema judicial: Parte II - El Ministerio Público, CDL-AD(2010)040-e.

Tribunal de Cuentas (2015), Sonderaufgaben des RH nach den Medientransparenzgesetzen, https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/Sonderaufgaben_nach_Medientransparenzgesetz.pdf .

Tribunal de Cuentas (2019), Informe sobre las academias de los partidos políticos (Bildungseinrichtungen der politischen Parteien) ( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/All_Teil_Parteienakademien.pdf ).

Tribunal de Cuentas (2021), Tribunal Supremo de lo Tributario (Bundesfinanzgericht) ( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/Bund_2021_1_Bundesfinanzgericht.pdf ).

Der Standard (2020), El sector público solicitó 58 millones en «Krone», «Österreich»/«Oe24», «Heute» (Öffentliche Hand warb 2020 um 58 Millionen in "Krone", "Österreich"/"Oe24", "Heute") (https://www.derstandard.de/story/2000125181965/oeffentliche-hand-inserierte-2020um-58-millionen-in-krone-oesterreichoe24-heute).

Der Standard (2021), El Presidente de la Asociación de Jueces Sr. Matejka: Los ataques al poder judicial con frecuencia exceden los límites (Richterpräsidentin Matejka- Angriffe of Justiz sehr often grenzüberschreitened) ( https://www.derstandard.at/story/2000126684223/richterpraesidentin-matejka-angriffe-auf-justiz-sehr-oft-grenzueberschreitend ).

Der Standard (2021), Carta del Canciller Federal a la WKStA, https://images.derstandard.at/2021/02/21/Schreiben-des-Bundeskanzlers-als-PDF-Datei.pdf .

Der Standard (2021), Indignación en el poder judicial por los ataques del Canciller a los fiscales anticorrupción (Empörung in der Justiz über Angriffe des Kanzlers auf Korruptionsankläger) ( https://www.derstandard.at/story/2000124214218/empoerung-in-der-justiz-ueber-angriffe-des-kanzlers-auf-korruptionsanklaeger ).

Gobierno de Austria (2021), Aportación de Dokustelle Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Comisión Europea (2019), Encuesta «Flash» de Eurobarómetro n.º 482: Actitud de las empresas ante la corrupción en la UE.

Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria. 

Comisión Europea (2020), Eurobarómetro especial n.º 502: Corrupción.

Comisión Europea (2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (2021) Contribución al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

Forum Informationsfreiheit (2021), contribución de Forum Informationsfreiheit al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

GRECO (2020), Cuarta ronda de evaluación, Informe intermedio de cumplimiento sobre Austria relativo a la prevención de la corrupción de miembros de Parlamentos nacionales, jueces y fiscales.

OIG (2020), Declaración ( https://buendnis-gemeinnuetzigkeit.at/wp-content/uploads/2020/08/PA-2020-07-02-final.pdf ).

Asociación de Jueces y Sindicato de Jueces y Fiscales, Recursos para el Estado de Derecho.

Kaltenbrunner, A. (2020), Scheinbar transparent: Analyse der Medienkooperationen der österreichischen Bundesministerien mit österreichischen Tageszeitungen 2018/2019 ( http://www.mhw.at/cgi-bin/file.pl?id=529 ).

Kurier (2020), «Deficiencias» con respecto a los fiscales anticorrupción: Kurz hace un llamamiento a establecer una mesa de diálogo ("Defizite" bei Korruptionsbekämpfern: Kurz ruft zu Rundem Tisch.) ( https://kurier.at/politik/inland/defizite-bei-korruptionsbekaempfern-kurz-ruft-zu-rundem-tisch/400746720 ).

Ministerio de Arte, Cultura Deporte y Función Pública, Libro Verde sobre la participación en la era digital (Grünbuch: Partizipation im digitalen Zeitalter), ( https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/oeffentlichkeitsbeteiligung/201103_Partizipation_Gruenbuch_A4_BF.pdf?7vj62a ).

Ministerio de Arte, Cultura, Deporte y Función Pública, Participación Pública (Öffentlichkeitsbeteiligung) ( https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/oeffentlichkeitsbeteiligung/index.html ).

Ministerio del Interior, La policía establece un funcionario de contacto con los medios de comunicación (Nehammer: Polizei implementiert «Medienkontaktbeamte» bei Demos), ( https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4E46696F4950636869674D3D ).

Nationalrat (2021), Nationalrat beschließt umfassende Reform des Exekutionsrechts ( https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0480/index.shtml ).

ACNUDH (2021), Cuestionario sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la administración de la justicia y el ejercicio libre e independiente de la profesión de abogado.

Club de Prensa Concordia, Concordia-Stellungnahme zu 210 Millionen Medialeistungen ( https://concordia.at/concordia-stellungnahme-zu-210-millionen-medialeistungen/ ).

Club de Prensa Concordia, Media Policy Positions, Stellungnahmen & Positionen, ( https://concordia.at/stellungnahmen-und-positionen/ ).

Asociación de Fiscales (2021), Fiscal General: requisitos para un jefe de instrucción independiente ( https://staatsanwaelte.at/wp-content/uploads/2021/02/Positionspapier-Generalstaatsanwalt.pdf ).

Asociación de Fiscales (2021), El Fiscal General solo con respecto a la separación de poderes. (2021) ( https://staatsanwaelte.at/generalstaatsanwalt-nur-unter-einhaltung-der-gewaltentrennung/ ).

Tribunal Supremo (2021), Contribución del Tribunal Supremo de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. 

Transparency International (2021), Corruption Perceptions Index 2020 ( https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl#).

UNDOC (2014), Informe final sobre la visita a Austria ( https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2014_08_26_Austria_Final_Country_Report.pdf ).

Anexo II: Visita a Austria

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en abril de 2021 con:

·Asociación de Jueces de Derecho Administrativo

·Asociación de jueces

·Asociación de Fiscales

·Colegio de Abogados

·Tribunal Constitucional

·Consejo de Directivas (Weisungsrat)

·Tribunal de Cuentas

·Oficina Federal Anticorrupción

·Cancillería Federal

·Forum Informationsfreiheit

·Interessensvertretung Gemeinnütziger Organisationen

·Autoridad de medios de comunicación

·Ministerio de Justicia

·Defensor del Pueblo

·Administración Parlamentaria

·Club de Prensa Concordia

·Consejo de la Prensa

·Fiscalía Superior de Viena

·Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Corrupción y la Criminalidad Económica

·Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo

·Tribunal Supremo

* Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones:

·Amnistía Internacional

·Centro de Derechos Reproductivos

·CIVICUS

·Unión por las Libertades Civiles en Europa

·Sociedad Civil Europa

·Conferencia de Iglesias Europeas

·EuroCommerce

·European Center for Not-for-Profit Law

·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación

·Foro Cívico Europeo

·Federación Europea de Periodistas

·European Partnership for Democracy

·Foro Europeo de la Juventud

·Front Line Defenders

·Human Rights House Foundation

·Human Rights Watch

·ILGA-Europe

·Comisión Internacional de Juristas

·Federación Internacional por los Derechos Humanos

·Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN)

·Instituto Internacional de la Prensa

·Comité de Helsinki de los Países Bajos

·Open Society European Policy Institute

·Philanthropy Advocacy

·Protection International

·Reporteros Sin Fronteras

·Transparencia Internacional UE

(1)      Algunos de los tribunales de distrito y de los tribunales regionales son tribunales especializados. Esta estructura no se corresponde necesariamente con las instancias de apelación. Véase CEPEJ (2021), Estudio sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la UE.

(2)      Los paneles de personal existen en los tribunales regionales y los tribunales regionales superiores, en el Tribunal Supremo y en los tribunales de lo contencioso-administrativo y son también los encargados de proponer candidatos para los tribunales inferiores. Los paneles de personal están compuestos por el presidente, el vicepresidente y entre tres y cinco miembros del órgano jurisdiccional, elegidos por sus pares. Constitución, artículo 87, apartados 2 y 3; y Ley de Servicios de los Jueces y Fiscales, artículos 25 a 49.

(3)      Antes de convertirse en juez de un órgano jurisdiccional ordinario, los candidatos deben solicitar un puesto de juez en formación y completar un periodo de formación (normalmente cuatro años). Los jueces en prácticas son nombrados por el ejecutivo a recomendación de un presidente de tribunal de un tribunal regional superior. Tras finalizar el periodo de formación, pueden solicitar un puesto vacante con arreglo al procedimiento descrito anteriormente. Ley de Servicios de los Jueces y Fiscales, artículos 1 a 24.

(4)      Ley del Ministerio Fiscal, artículos 8, 8 bis y 29-31.

(5)      Código de la Abogacía, Capítulos III y V.

(6)      Gráficos 48 y 50 del Cuadro de indicadores de la justicia en la EU de 2021. El nivel de percepción de la independencia judicial se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados percibe la independencia judicial como bastante buena o muy buena); bajo (entre el 30 y el 39 %), medio (entre el 40 y el 59 %), alto (entre el 60 y el 75 %), muy alto (por encima del 75 %).

(7)      Aportación de Austria Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 3.

(8)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, pp. 3 y 4 y, en particular, Asociación de Jueces y Sindicato de Jueces y Fiscales, Recursos para el Estado de Derecho, pp. 10 y 11; y Asociación de Fiscales, Requisitos de la Fiscalía, p. 7.

(9)      Las partes interesadas han mencionado, en particular, el riesgo de que la opinión pública perciba una posible influencia política. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, pp. 3 y 4.

(10)      En concreto, la Asociación de Fiscales destaca que la independencia debe garantizarse a través del procedimiento de nombramiento (a propuesta de un panel de selección integrado por miembros del poder judicial), los criterios de calificación, la duración y el carácter no renovable del mandato y unos mecanismos de rendición de cuentas adecuados que excluyan la influencia política. Asociación de Fiscales (2021), Fiscal General: requisitos para un jefe de instrucción independiente. Además, ha manifestado su preocupación por el alcance de las competencias de control del Parlamento sobre la Ministerio Fiscal, y ha subrayado que no debería extenderse a las investigaciones en curso. Asociación de Fiscales (2021), El Fiscal General solo con respecto a la separación de poderes.

(11)      Véanse, en particular, la Recomendación Rec(2000)19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la función del Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal y Comisión de Venecia (2010), CDL-AD(2010)040-e, Informe sobre las normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial: Parte II - El Ministerio Fiscal.

(12)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 5.

(13)      A este respecto, véase Comisión de Venecia (2010), CDL-AD(2010)040-e, Informe sobre normas europeas por lo que respecta a la independencia del sistema judicial: Parte II - El Ministerio Fiscal, apartados 28, 30 y 31; véase asimismo el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 4.

(14)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 3.

(15)      Decreto de 12 junio de 2021 sobre el nuevo reglamento relativo a las obligaciones de información de los fiscales (Erlass vom 12. Juni 2021 über die Neuregelung der staatsanwaltschaftlichen Berichtspflichten).

(16)      En la actualidad alrededor del 40 % de los asuntos de la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía Federal (Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption, WKStA) están sujetos a las obligaciones de información. Las obligaciones de información actualmente se aplican a los asuntos que son de interés público por la naturaleza del delito o el interesado o porque haya una cuestión jurídica fundamental en juego que todavía no se ha resuelto. Ley sobre fiscales (Staatsanwaltschaftsgesetz), artículo 8.

(17)      Información recibida por el Ministerio de Justicia en el contexto de la visita a Austria.

(18)      El Consejo de Directivas (Weisungsrat) es un consejo consultivo independiente sobre las directivas del ministro que se encarga de ofrecer un dictamen no vinculante sobre todas las instrucciones en asuntos individuales (así como sobre determinados tipos de instrucciones) antes de que se emitan. Ley sobre fiscales (Staatsanwaltschaftsgesetz), artículo 29, letras b) a c).

(19)      Véase la nota a pie de página 2.

(20)      Según el Gobierno, es un requisito obligatorio tanto en caso de desviación de la clasificación propuesta como en caso de que se seleccione a un candidato no incluido en la lista. Ley de Servicios de los Jueces y Fiscales. (Richter und Staatsanwaltsdienstgesetz), artículo 33 bis.

(21)      Ley de Servicios de los Jueces y Fiscales (Richter und Staatsanwaltsdienstgesetz), artículo 180.

(22)      Cuarta ronda de evaluación del GRECO – recomendación xi (en el momento de aprobarse el informe del GRECO, las modificaciones todavía no se habían adoptado). Véase la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, en el apartado 47. Véase también, en este contexto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de abril de 2021, asunto C‑896/19, Repubblika, ECLI:EU:C:2021:311, apartado 71.

(23)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe provisional de cumplimiento, recomendación x, apartados 27-32. Asociación de Jueces y Sindicato de Jueces y Fiscales, Recursos para el Estado de Derecho, pp. 10 y 11; Asociación de Jueces de Derecho Administrativo, Agenda para la justicia administrativa 2022, pp. 3 y 5.

(24)      El Tribunal Supremo considera que está práctica es contraria a los requisitos de la Constitución austriaca, aunque en 1979 el Tribunal Constitucional señaló que era compatible con la Constitución, debido a la larga tradición histórica, un punto de vista que se debate en la doctrina jurídica. Contribución del Tribunal Supremo de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. Véase a este respecto la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, apartado 47; y el Informe n.º 19 del CCJE (2016) sobre el papel de los presidentes de los tribunales, apartado 38: «los procedimientos de nombramiento de los presidentes de los tribunales deberían seguir el mismo procedimiento que el de selección y nombramiento de los jueces».

(25)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, pp. 2 y 3.

(26)      Ibidem.

(27)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Segundo informe de cumplimiento, recomendaciones x y xi, apartados 27-37.

(28)      Contribución de la Asociación de Jueces Europeos de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

(29)      Informe n.º 19 del CCJE (2016) sobre el papel de los presidentes de los tribunales, apartado 38 y Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficacia y responsabilidades, apartado 47.

(30)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, pp. 20-22; y contribución escrita recibida por el Ministerio de Justicia en el contexto de la visita al país. Véase también el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 3, notas a pie de página 10 y 11.

(31)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe intermedio de cumplimiento, recomendación ix; Asociación de Jueces de Derecho Administrativo, Agenda para la justicia administrativa 2022, pp. 3 y 5. Contribución de la Asociación de Jueces Europeos de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

(32)      Dado que los vicepresidentes y presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo no tienen que ser seleccionados entre los jueces de lo contencioso-administrativo designados, el nombramiento como presidente del tribunal puede funcionar al mismo tiempo como nombramiento como juez. Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, apartado 47.

(33)      Estas directrices están orientadas tanto a los empleados del Ministerio de Justicia como a los tribunales, las fiscalías y el sistema penitenciario, y están disponibles en línea en el siguiente enlace: https://www.justiz.gv.at/home/justiz/compliance~79b.de.html.

(34)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 17.

(35)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, pp. 16 y 17.

(36)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe intermedio de cumplimiento, recomendaciones xiv y xviii, apartados 45 y 46 y 64-65.

(37)      Contribución de la Asociación de Jueces Europeos de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

(38)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe intermedio de cumplimiento, recomendación xii. Véase a este respecto la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades, apartado 58.

(39)      Se agregaron 65 763 millones EUR (también para el sistema penal) para 2021 (incluidos los 4 439 millones EUR asignados en el contexto de la pandemia de COVID-19). Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 7.

(40)      En 2020, se crearon diez puestos más para jueces, cuarenta para fiscales y cien para personal de tribunales. Contribución escrita recibida por el Ministerio de Justicia en el contexto de la visita a Austria; Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, pp. 4 y 5.

(41)      Gráfico 30 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(42)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 4.

(43)      Tribunal de Cuentas (2021), Tribunal Supremo de lo Tributario.

(44)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 5.

(45)      El informe muestra que, por ejemplo, con respecto a la situación en el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, hay una media de 1,6 puestos de personal de tribunales por juez, véase p. 51.

(46)      Tanto el Tribunal Supremo de lo Tributario [véase Tribunal de Cuentas (2021), p. 3] como las partes interesadas han señalado que las licitaciones para puestos judiciales vacantes requieren la aprobación del Ministro de Finanzas, lo que en la práctica puede causar retrasos. Las partes interesadas consideran que esta práctica es incompatible con las normas nacionales en materia de función pública para la judicatura. Aportación de la Asociación de Jueces Austriacos de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

(47)      Tribunal de Cuentas (2021), Tribunal Supremo de lo Tributario, pp. 65 y 66.

(48)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 5.

(49)      En el marco de la Ley sobre discurso de odio (Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz) aprobada el 23 de diciembre de 2020.

(50)      Gesamtreform des Exekutionsrechts, adoptada el 22 de abril de 2021. Nationalrat (2021), Nationalrat beschließt umfassende Reform des Exekutionsrechts, https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0480/index.shtml.

(51)      Información recibida por el Ministerio de Justicia en el contexto de la visita a Austria.

(52)      Aunque el programa anterior del Gobierno había previsto una evaluación integral, el programa de 2020-2024 incluye solo el compromiso de «evaluar las tasas judiciales y su próxima reducción, en particular, en el caso de las actuaciones particulares y los recursos». Programa del Gobierno para 2020-2024, p. 22.

(53)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 7.

(54)      Contribución del Colegio de Abogados de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 e información recibida en el contexto de la visita al país. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 5.

(55)      Creada en 2017 por la Conferencia de presidentes de los tribunales de lo contencioso-administrativo, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, la Universidad Johannes Kepler de Linz y la Universidad de Ciencias Económicas y Empresariales de Viena.

(56)      Academia Austriaca de Jueces de Derecho Administrativo, Etapa de introducción para los jueces recién nombrados.

(57)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 8. Véase asimismo la nota a pie de página 3.

(58)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 21.

(59)      Contribución de la Asociación de Jueces Austriacos de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p 8.

(60)      Véase a este respecto la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidad, apartados 56 y 57; el Informe n.º 4 del CCJE (2003) sobre la formación inicial y continuada adecuada de los jueces, a niveles nacional y europeo y el punto 8 de la Carta Magna de los Jueces del CCJE. Contribución de la Asociación de Jueces Austriacos de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, pp. 7 y 9.

(61)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe intermedio de cumplimiento, recomendación xix.

(62)      Gráfico 41 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(63)      Gráficos 42-44 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(64)      Siguen existiendo lagunas con respecto a la posibilidad de que los clientes accedan a los expedientes electrónicos de los casos en curso y archivados, especialmente cuando se trata de asuntos administrativos. Gráficos 45-46 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(65)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 5.

(66)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 9.

(67)      Información recibida por el Ministerio de Justicia en el contexto de la visita a Austria.

(68)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 9. Puede consultarse en: https://justizonline.gv.at/

(69)      Ibidem.

(70)      ACNUDH (2021), Cuestionario sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en la administración de justicia y el ejercicio libre e independiente de la profesión de abogado.

(71)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, pp. 5 y 6.

(72)      Gráficos 6, 11 y 14 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(73)      Gráficos 8, 12 y 15 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(74)      Inclusive en el caso del Tribunal Supremo de lo Tributario, que como se ha señalado previamente se enfrenta a retos específicos con respecto a la duración de los procedimientos.

(75)      La legislación correspondiente incluye: la Ley federal sobre la creación y organización de la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción, el Estatuto federal sobre la responsabilidad de las entidades por delitos penales y la Ley federal sobre la extradición y asistencia mutua en materia penal.

(76)      Transparencia Internacional (2021), Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, pp. 2 y 3. El nivel de percepción de la corrupción se clasifica de la siguiente manera: bajo (puntuaciones de percepción entre los expertos y los directivos de empresas de la corrupción en el sector público superiores a 79); relativamente bajo (puntuaciones entre 79 y 60), relativamente alto (puntuaciones entre 59 y 50), alto (puntuaciones inferiores a 50).

(77)      En 2015, la puntuación fue de 76, mientras que, en 2020, la puntuación es de 76. La puntuación aumenta o disminuye considerablemente cuando cambia más de cinco puntos; mejora o se deteriora (cambios de entre 4 y 5 puntos); es relativamente estable (cambios de entre 1 y 3 puntos) durante los últimos cinco años.

(78)      Los datos del Eurobarómetro sobre la percepción de la corrupción y la experiencia de los ciudadanos y las empresas durante el año anterior se actualizan cada dos años. El último conjunto de datos es el Eurobarómetro especial n.º 502 (2020) y la encuesta «Flash» de Eurobarómetro n.º 482 (2019).

(79)      https://www.bak.gv.at/301/praevention_edukation/anti_korruptionsstrategie/files/NAKS_Web.pdf.

(80)      https://www.bak.gv.at/bmi_documents/2286.pdf.

(81)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 15.

(82)      La Red de responsables de la integridad es una iniciativa de la Oficina Federal de Lucha contra la Corrupción (BAK) orientada a sensibilizar sobre los principios de integridad, y entre sus miembros, se incluyen estados federales, municipios y empresas públicas. Su objetivo es educar a los funcionarios públicos interesados para que se conviertan en expertos en integridad en la Administración pública.

(83)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 15.

(84)      Aproximadamente el 35 % de todas las investigaciones en curso en la WKStA son procedimientos a gran escala y esta Oficina lleva a cabo el 70 % de todos los procedimientos a gran escala.

(85)      Para más información, véase Der Standard (2021) https://images.derstandard.at/2021/02/21/Schreiben-des-Bundeskanzlers-als-PDF-Datei.pdf . and Kurier (2020) https://kurier.at/politik/inland/defizite-bei-korruptionsbekaempfern-kurz-ruft-zu-rundem-tisch/400746720.

(86)      Véase la declaración en vídeo de 21 de mayo de 2021, https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/statement. El Ministro de Justicia ha hecho declaraciones en el mismo sentido.

(87)      Véase Asociación de Jueces (2021), Un año largo, https://richtervereinigung.at/wp-content/uploads/delightful-downloads/2021/03/Editorial-03-2021-1.pdf. Recientemente, la Asociación de Jueces ha lamentado el patrón de ataques políticos contra el poder judicial, https://www.derstandard.at/story/2000126684223/richterpraesidentin-matejka-angriffe-auf-justiz-sehr-oft-grenzueberschreitend. 

(88)      El plazo de la consulta finalizó el 7 de mayo de 2021 y el Gobierno revisará ahora la propuesta antes de presentarla al Parlamento. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00104/index.shtml.

(89)      Véase, por ejemplo, el dictamen del Tribunal Supremo en el marco de la consulta pública, que concluye: «Si el objetivo del reglamento propuesto no es la prevención del enjuiciamiento penal en general y la lucha contra la corrupción en particular, no se puede evitar una revisión (de la propuesta)».

(90)      https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00937/index.shtml.

(91)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria.

(92)      Información recibida en el contexto de la visita a Austria. Por ejemplo, en un caso destacado, que también se encuentra bajo investigación parlamentaria, la Oficina de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción de la Fiscalía General informó que las tareas de investigación constituían solo el 50 % del tiempo que la fiscalía dedicaba al caso, el otro 50 % se empleaba en cumplir las obligaciones de información.

(93)      Información recibida en el contexto de la visita a Austria.

(94)      Información recibida en el contexto de la visita a Austria.

(95)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 3.

(96)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria.

(97)      Tribunal de Cuentas (2019), Informe sobre las academias de los partidos políticos (Bildungseinrichtungen der politischen Parteien).

(98)      Gobierno de Austria (2020), Programa del Gobierno para 2020-2024.

(99)      Al Tribunal de Cuentas se le conceden derechos originales y directos de control e inspección en caso de que existan indicios específicos que permitan determinar la exhaustividad y exactitud de los informes de los partidos y el cumplimiento de la legislación sobre partidos políticos. Además, tendrá derecho a «actuar y examinar en cualquier momento, si existe una sospecha justificada de violación de la Ley sobre partidos políticos».

(100)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 9.

(101)      No obstante, un acuerdo de todos los partidos políticos en el Consejo Nacional y el Consejo Federal, adoptado el 24 y 30 de marzo de 2021 respectivamente, prevé que el Comité de Incompatibilidad del Consejo Nacional y del Consejo Federal pueda solicitar a los miembros del Parlamento que presenten más información o pruebas relativas a sus actividades profesionales, sus activos o acciones en empresas, sus cargos directivos o su empleo con una autoridad regional en la medida en que exista una obligación de información o declaración.

(102)      Cuarta ronda de evaluación del GRECO - Informe intermedio de cumplimiento.

(103)      Verhaltenskodes zur Korruptionsprävention im öffentlichen Dienst, Die VerANTWORTung liegt bei mir – EINE FRAGE DER ETHIK; oeffentlicherdienst.gv.at.

(104)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 20.

(105)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 14. En este contexto, las partes interesadas han señalado que el caso del antiguo ministro de Justicia y antiguo juez del Tribunal Constitucional, que está ahora siendo objeto de investigación en relación con actividades durante su mandato como ministro, ha suscitado preocupación por el efecto en la percepción de la independencia del poder judicial. Contribución de la Asociación de Jueces Austriacos de Derecho Administrativo al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

(106)      Como se indica en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, p. 9, solo deben registrarse las empresas especializadas en actividades de presión, los grupos de presión contratados, los organismos autónomos y los grupos de interés (Interessenverbände) y no es necesario informar sobre los contactos individuales.

(107)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria.

(108)      Parlamento Austriaco, ‘Bericht des Rechnungshofes betreffend Lobbying- und Interessenvertretungs-Register – Reihe BUND 2019/45 (III-65 d.B.).

(109)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 16; Parlamento Austriaco, ‘Justizministerin Zadić kündigt Evaluierung des Lobbying-Gesetzes an’, N.º 997, de 6 de octubre de 2020.

(110)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 17.

(111)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 16.

(112)      Información recibida en el contexto de la visita a Austria en 2021.

(113)      Aportación de Forum Informationsfreiheit al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. p. 12, e información recibida en el contexto de la visita a Austria en 2021.

(114)      Ley federal sobre la prensa y otros medios impresos (Ley sobre los medios de comunicación – MedienG).

(115)      Ley fundamental sobre la obligación de dar información (Auskunftspflichts-Grundsatzgesetz).

(116)

     La Ley fue modificada, junto con la Ley federal sobre la radiotelevisión pública austriaca, la Ley federal sobre servicios de comunicación audiovisuales y la Ley federal sobre la Ley de emisoras de radio privadas, por la Ley federal publicada en el Boletín Oficial n.º 150/2020.

(117)

     Austria ocupa el puesto n.º 17 del mundo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras de 2021 (el puesto n.º 10 entre los Estados miembros de la UE) un puesto por encima del puesto n.º 18 que ocupaba el año pasado, pero ligeramente por debajo del que ocupaba hace cinco años. https://rsf.org/en/ranking#.

(118)

     KommAustria es responsable de una serie de funciones: la concesión de licencias a las emisoras privadas de radio y televisión, la gestión de las frecuencias de emisión, la supervisión jurídica de los organismos privados de radiodifusión, y de la preparación y puesta en marcha de la radiodifusión digital. KommAustria se encarga además de administrar la Ley de subvenciones al periodismo (1984) y de supervisar el cumplimiento del marco jurídico de la reglamentación sobre radiodifusión que engloba tanto las emisiones de la radiotelevisión pública austriaca (ORF) como las de emisoras privadas. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 10.

(119)

     Información recibida por KommAustria en el contexto de la visita a Austria.

(120)

     Media Pluralism Monitor de 2021, Informe de Austria, p. 11.

(121)

     Ley sobre los medios de comunicación (Mediengesetz), Boletín Oficial n.º 314/1981, en su versión modificada por el Boletín Oficial n.º 101/2015.

(122)

     El propietario de un medio debe especificarse por su nombre o el nombre de empresa, incluir el fin de la empresa, la dirección personal o domicilio social (oficina), los nombres de los órganos y responsables ejecutivos del propietario del medio autorizados a representar a la empresa y, si cuenta con una junta de supervisión, la identidad de sus miembros. Asimismo, debe declararse la titularidad, la posesión de acciones y las proporciones de acciones y derechos de voto de todas las personas que tengan participación directa o indirecta en la propiedad del medio de comunicación. En el caso de participación directa o indirecta de fundaciones, debe revelarse la identidad del presidente y los correspondientes beneficiarios de la fundación. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 11.

(123)

     Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Austria, p. 12.

(124)      Información recibida en el contexto de la visita a Austria en 2021.

(125)      Todas las mediciones de concentración de la propiedad y la audiencia en los mercados audiovisual, de radiocomunicación y prensa se sitúan entre el 71 % y el 91 %. La cuota de mercado de los cuatro principales propietarios de medios de comunicación en diferentes mercados de medios es del 61 %. La cuota de audiencia de los cuatro principales medios en línea es del 72 %. Véase Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Austria, pp. 12 y 22.

(126)

     Debe revelarse el nombre del beneficiario de las subvenciones, así como el importe de las mismas, y el Tribunal de Cuentas debe mantener un registro de dicha información. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 11.

(127)

     Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Austria, p. 13.

(128)

     Club de Prensa Concordia, «Concordia-Stellungnahme zu 210 Millionen Medialeistungen» https://concordia.at/concordia-stellungnahme-zu-210-millionen-medialeistungen/; y Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Austria, p. 8.

(129)

     Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 22.

(130)

     Der Standard, Öffentliche Hand warb 2020 um 58 Millionen in "Krone", "Österreich"/"Oe24", "Heute" https://www.derstandard.de/story/2000125181965/oeffentliche-hand-inserierte-2020um-58-millionen-in-krone-oesterreichoe24-heute; y Tribunal de Cuentas (2015) Sonderaufgaben des RH nach den Medientransparenzgesetzen. Según el Gobierno, el umbral se introdujo para centrarse en una relación razonable y proporcional entre el objetivo previsto y la carga administrativa.

(131)      Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Austria, p. 8; Kaltenbrunner, A. (2020), Scheinbar transparent: Analyse der Medienkooperationen der österreichischen Bundesministerien mit österreichischen Tageszeitungen 2018/2019.

(132)

     Club de Prensa Concordia, Posición sobre la política de medios de comunicación, Stellungnahmen & Positionen, https://concordia.at/stellungnahmen-und-positionen/; e información recibida en el contexto de la visita a Austria.

(133)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 12.

(134)

     Forum Informationsfreiheit (2021), información proporcionada durante la visita a Austria.

(135)

     Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Austria, p. 16.

(136)

     Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Austria, p. 16.

(137)      Como también se ha expuesto anteriormente, Austria parece haber establecido criterios transparentes para la distribución de subvenciones directas e indirectas, incluida la publicidad estatal, basados en la cobertura y la circulación. Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 11.

(138)      Media Pluralism Monitor de 2021, Informe sobre Austria, p. 16.

(139)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 11.

(140)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 23.

(141)

     Las respuestas a esta consulta pública están disponibles en el siguiente sitio web: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00095/index.shtml#tab-Uebersicht. 

(142)

     Posiciones presentadas durante la consulta pública: Análisis jurídico de Access Info; y Forum Informationsfreiheit Stellungnahme zum Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_82975/imfname_943873.pdf.

(143)

     El aviso se refiere a un fotoperiodista que fue agredido durante las protestas contra el confinamiento. Austria todavía no ha respondido al respecto. Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas: Austria.

(144)

     Club de Prensa Concordia, Stellungnahme Schutz und Sicherheit für Journalist’innen, https://concordia.at/wp-content/uploads/2020/03/Positionspapier-Sicherheit-und-Schutz-f%C3%BCr-Journalist_innen_Concordia_Feb2020.pdf.

(145)      Información recibida en el contexto de la visita a Austria en 2021.

(146)

     La policía establece un funcionario de contacto con los medios de comunicación, Nehammer: Polizei implementiert "Medienkontaktbeamte" bei Demo, https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=4E46696F4950636869674D3D .

(147)      Para ello, se requiere la firma de 100 000 votantes o de una sexta parte de los votantes de tres provincias. Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, p. 50.

(148)      La revisión puede llevarse a cabo de oficio (amtswegige Prüfung) o a petición de otro órgano jurisdiccional (Gerichtsantrag), de un particular (Individualantrag) o de una parte de un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional ordinario de primera instancia (Parteienantrag auf Normenkontrolle).

(149)      Entre ellas, se incluye el Defensor del Pueblo, el Defensor Federal de las Personas con Discapacidad, el Defensor del Pueblo para la Igualdad de Trato y el Defensor de los Niños y los Jóvenes.

(150)      Libro Verde sobre la participación en la era digital. Para más información, véase también Ministerio de Arte, Cultura Deporte y Función Pública, Participación Pública.

(151)      El objetivo es ofrecer a los agentes en todos los niveles administrativos apoyo actualizado en materia de planificación, aplicación y evaluación de proyectos de participación específicos y de alta calidad. Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 25, véase también el Libro Verde sobre la participación en la era digital, p. 7.

(152)      Modificación de la Ley sobre normas de procedimiento de 1975 (Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes 1975).

(153)      El GRECO también ha recomendado establecer consultas sobre propuestas de miembros del Parlamento. Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe provisional de cumplimiento, recomendación i, apartados 8 a 12.

(154)      Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO – Informe provisional de cumplimiento, recomendación i, apartados 8 a 12.

(155)      Este ha sido, entre otros, el caso de la legislación en el contexto de la pandemia de COVID-19. Véase el Informe de actividad, de 2020, del Tribunal de Cuentas, que señala que, en ese año, 43 leyes tuvieron un plazo de consulta inferior a las 6 semanas recomendadas, así como la información recibida en el contexto de la visita a Austria.

(156)      Contribución de Forum Informationsfreiheit al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021.

(157)      COVID-19 Maßnahmengesetz, modificada por última vez el 26 de febrero de 2021. Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, pp. 27 y 28.

(158)      Cuatro semanas o diez días, en función de la medida. Ley de medidas para el COVID-19, artículo 12.

(159)      Ley de medidas para el COVID-19, artículo 10.

(160)      A parte de ciertas disposiciones prácticas como el reagrupamiento de votos al final de varios debates en el Pleno.

(161)      Contribución de Forum Informationsfreiheit al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 18; e información recibida en el contexto de la visita a Austria (esta información es anterior a la entrada en vigor de las normas en materia de consulta descritas anteriormente).

(162)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 13.

(163)      Véanse las sentencias de 1 de octubre de 2020 (V 392/2020, V 405/2020, V 428/2020, V 429/2020, G 271/2020, V 463-467/2020 y G 272/2020), de 26 noviembre de 2020 (E 3412/2020, E 3417/2020 y E 3544/2020), de 10 de diciembre de 2020 (V 436/2020) y de 30 de marzo de 2021 (G 380/2020, G367/2020 y G7/2021). Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha recibido 250 solicitudes relacionadas con las medidas para el COVID-19.

(164)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 28.

(165)      Información recibida por la Cancillería Federal en el contexto de la visita a Austria.

(166)      Desde 2015, el Tribunal Constitucional es directamente competente en las controversias relacionadas con las comisiones de investigación del Parlamento. Recientemente, el 12 de mayo de 2021, el Tribunal resolvió que la Cancillería Federal debía presentar a la Comisión de investigación «Ibiza» una serie de documentos que hasta el momento se había negado a facilitar. Tribunal Constitucional (2021), Unterlagen BKA U-Ausschuss - Der Österreichische Verfassungsgerichtshof.

(167)      Tribunal Constitucional (2021), VfGH beantragt beim Bundespräsidenten Exekution einer Entscheidung betreffend Dateien des BMF. El 23 de junio de 2021, el Presidente Federal ordenó al tribunal penal de Viena ejecutar la sentencia, que ahora examinará si los documentos pertinentes se han entregado íntegramente a la Comisión de investigación «Ibiza». Presidente Federal de Austria (2021), Declaración con motivo de una comunicación del Tribunal Constitucional.

(168)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 14.

(169)      Aportación de ENNHRI al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, p. 50.

(170)      Por ejemplo, desde 2012, el Defensor del Pueblo tiene el mandato constitucional expreso de proteger y promover los derechos humanos.

(171)      Volksanwaltschaft (2021), Informe 2020 al Consejo Nacional y al Consejo Federal – COVID-19.

(172)      Ibidem., pp. 11-12.

(173)      Ley federal por la que se establece una Ley federal sobre un fondo de ayuda para las organizaciones sin fines de lucro y por la que se modifica la Ley de revisión de las subvenciones para responder a la pandemia de COVID-19 (Ley n.º 20 sobre el COVID-19).

(174)      Declaración de las OIG (2020), https://buendnis-gemeinnuetzigkeit.at/wp-content/uploads/2020/08/PA-2020-07-02-final.pdf.

(175)      La calificación proporcionada por CIVICUS fue objeto de revisión en el verano de 2020, y anteriormente se había reducido a «estrecho» en 2018. Las calificaciones se basan en una escala de cinco categorías, que se definen como: abierto, estrecho, obstruido, represivo y cerrado. Véase https://monitor.civicus.org/updates/2020/09/15/austria-civic-space-rating-upgraded-open/.

(176)      El paquete incluye lo siguiente: la ley antiterrorista y una modificación de la Ley sobre la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas.

(177)      Contribución de Dokustelle Austria, Amnistía Internacional Austria, European Centre for Non-Profit Law y otras ONG al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021. En particular, las críticas hacen referencia a la intención de criminalizar a las asociaciones extremistas por motivos religiosos, una medida que las partes interesadas consideran desproporcionada y potencialmente discriminatoria.

(178)      Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Austria, p. 14.

(179)      Aportación de Austria al Informe sobre el Estado de Derecho en 2021, pp. 30 y 31.