9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/1

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/2

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/3

1)

¿La infracción de las normas sobre litispendencia, contenidas en el artículo 19, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 2201/2003, (1) incide exclusivamente en la determinación de la competencia judicial, con la consiguiente aplicación del artículo 24 del Reglamento n.o 2201/2003 o, por el contrario, puede constituir un motivo de denegación del reconocimiento, en el Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se interpuso la primera demanda, de la resolución dictada en el Estado miembro ante cuyos órganos jurisdiccionales se presentó la segunda demanda, desde el punto de vista del orden público procesal, teniendo en cuenta que el artículo 24 del Reglamento n.o 2201/2003 sólo menciona las normas de determinación de la competencia judicial recogidas en los artículos 3 a 14, y no en el posterior artículo 19?

2)

La interpretación del artículo 19 del Reglamento n.o 2201/2003 en el sentido de que es únicamente un criterio de determinación de la competencia judicial, ¿se opone al concepto europeo unitario de litispendencia y a la función y la finalidad de la normativa, que persigue establecer un conjunto de normas imperativas, de orden público procesal, en garantía de la creación de un espacio común caracterizado por la confianza y lealtad procesal recíproca entre los Estados miembros, dentro del cual pueda tener lugar el reconocimiento automático y la libre circulación de decisiones?

9.10.2017   

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C 338/3

1)

2)

En cualquier caso, asimismo a efectos de la calificación de las ayudas mencionadas, ¿es aplicable, y en qué medida, el artículo 1, letra b), inciso iv), del citado Reglamento n.o 659/1999, que afirma que se entenderá por “existente”“la ayuda considerada como ayuda existente con arreglo al artículo 15”, disposición que, a su vez, establece un plazo de prescripción de diez años para la recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente, o si se aplican, y en qué medida (equivalente o no al principio recogido en la citada disposición de Derecho positivo), los principios, reiterados por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica?»

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/4

1)

¿Se oponen el propio fundamento de la directiva «general» 2005/29/CE, (1) en cuanto «red de seguridad» para la protección de los consumidores y, en particular, el considerando 10, el artículo 3, apartado 4, y el artículo 5, apartado 3, de dicha directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en las directivas sectoriales 2009/72/CE (2) y 2009/73/CE (3) para proteger a los usuarios al ámbito de aplicación de la directiva general 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad sectorial —en el presente asunto, la AEEGSI— para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?

2)

¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades independientes de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?

3)

¿Ha de considerarse que sólo se produce un «conflicto» en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas del Derecho de la Unión que regulan aspectos específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas?

4)

¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas de la Unión y a las normas de transposición directa de las mismas o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho de la Unión?

5)

¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE y los artículos 37 de la Directiva 2009/72/CE y 41 de la Directiva 2009/73/CE a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de «práctica agresiva», en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o «agresiva en cualquier circunstancia», en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas desleales, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los (mismos) consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas «prácticas agresivas» o «agresivas en cualquier circunstancia» o las citadas «prácticas desleales o irregulares»?

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/5

1)

¿Se oponen el propio fundamento de la directiva «general» 2005/29/CE, (1) en cuanto «red de seguridad» para la protección de los consumidores y, en particular, el considerando 10, el artículo 3, apartado 4, y el artículo 5, apartado 3, de dicha directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en las directivas sectoriales 2009/72/CE (2) y 2009/73/CE (3) para proteger a los usuarios al ámbito de aplicación de la directiva general 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad sectorial —en el presente asunto, la AEEGSI— para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?

2)

¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades independientes de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?

3)

¿Ha de considerarse que sólo se produce un «conflicto» en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas del Derecho de la Unión que regulan aspectos específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas?

4)

¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas de la Unión y a las normas de transposición directa de las mismas o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho de la Unión?

5)

¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE y los artículos 37 de la Directiva 2009/72/CE y 41 de la Directiva 2009/73/CE a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de «práctica agresiva», en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o «agresiva en cualquier circunstancia», en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas desleales, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los (mismos) consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas «prácticas agresivas» o «agresivas en cualquier circunstancia» o las citadas «prácticas desleales o irregulares»?

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/7

1)

¿Se oponen el propio fundamento de la directiva «general» 2005/29/CE, (1) en cuanto «red de seguridad» para la protección de los consumidores y, en particular, el considerando 10, el artículo 3, apartado 4, y el artículo 5, apartado 3, de dicha directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en las directivas sectoriales 2009/72/CE (2) y 2009/73/CE (3) para proteger a los usuarios al ámbito de aplicación de la directiva general 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad sectorial —en el presente asunto, la AEEGSI— para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?

2)

¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades independientes de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?

3)

¿Ha de considerarse que sólo se produce un «conflicto» en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas del Derecho de la Unión que regulan aspectos específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas?

4)

¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas de la Unión y a las normas de transposición directa de las mismas o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho de la Unión?

5)

¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE y los artículos 37 de la Directiva 2009/72/CE y 41 de la Directiva 2009/73/CE a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de «práctica agresiva», en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o «agresiva en cualquier circunstancia», en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas desleales, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los (mismos) consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas «prácticas agresivas» o «agresivas en cualquier circunstancia» o las citadas «prácticas desleales o irregulares»?

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/8

1)

¿Se oponen el propio fundamento de la directiva «general» 2005/29/CE, (1) en cuanto «red de seguridad» para la protección de los consumidores y, en particular, el considerando 10, el artículo 3, apartado 4, y el artículo 5, apartado 3, de dicha directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en las directivas sectoriales 2009/72/CE (2) y 2009/73/CE (3) para proteger a los usuarios al ámbito de aplicación de la directiva general 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad sectorial —en el presente asunto, la AEEGSI— para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?

2)

¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades independientes de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?

3)

¿Ha de considerarse que sólo se produce un «conflicto» en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas del Derecho de la Unión que regulan aspectos específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas?

4)

¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas de la Unión y a las normas de transposición directa de las mismas o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho de la Unión?

5)

¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE y los artículos 37 de la Directiva 2009/72/CE y 41 de la Directiva 2009/73/CE a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de «práctica agresiva», en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o «agresiva en cualquier circunstancia», en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas desleales, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los (mismos) consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas «prácticas agresivas» o «agresivas en cualquier circunstancia» o las citadas «prácticas desleales o irregulares»?

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/9

1)

¿Es compatible con los artículos 93, apartado 1, y 94 del Reglamento n.o 1306/2013 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo y con los requisitos mínimos establecidos en su anexo II la exigencia de conservar los monumentos funerarios que impone un Estado al solicitante de un pago único por superficie y de un pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, cuyo incumplimiento lleva aparejada la sanción administrativa establecida en el artículo 39 del Reglamento Delegado n.o 640/2014 (2) de la Comisión, consistente en reducir los pagos en un 3 %?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe cumplir el solicitante de un pago único por superficie y de un pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente los requisitos relativos a las buenas condiciones agrarias y medioambientales en toda su explotación agrícola con arreglo a los artículos 72, apartado 1, letra a), 91, apartados 1 y 2, 93, apartado 1, y 94 del Reglamento n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y al artículo 4, apartado 1, letras b), c) y e) del Reglamento n.o 1307/2103 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de evitar la imposición de una sanción administrativa, o basta con que las observe en la superficie agrícola para la cual solicita el pago en concreto?

9.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/9

—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en lo sucesivo, «Directiva hábitats»), (1) al aprobar un anexo al Plan de Gestión forestal relativo al distrito forestal de Białowieża, sin cerciorarse de que el mismo no dañaría la integridad del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y de la Zona de Protección Especial (ZPE) PLC200004 Puszcza Białowieska.

—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva hábitats y del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (en lo sucesivo, «Directiva aves», (2) al no establecer las medidas de conservación necesarias conforme a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del anexo I y de las especies del anexo II de la Directiva hábitats, y de las aves enumeradas en el anexo I de la Directiva hábitats, y del artículo 4, apartados 1 y 2 de la Directiva aves y de las especias migratorias no recogidas en dicho anexo (cuya llegada es frecuente) para las que fueron creados el LIC y la ZPE PLC200004 Puszcza Białowieska.

—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 1, letras a) y d) de la Directiva hábitats al no garantizar una protección estricta de los coleópteros saproxílicos [Cucujus cinnaberinus (escarabajos rojos planos de la corteza), Buprestis Splendens, Phryganophilus ruficollis (phryganofilo de cuello rojo) y Pytho kolwensis] mencionados en el anexo IV de la Directiva hábitats, es decir, al no velar por que se prohíba de forma efectiva matarlos de forma intencionada o perturbarlos y deteriorar o destruir sus lugares de reproducción en el distrito forestal de Białowieża, y

—

Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, letras b) y d), de la Directiva aves al no garantizar la protección de las especies de aves recogidas en el artículo 1 de la Directiva aves, en particular el pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos), el pico tridáctilo (Picoides tridactylus), el mochuelo alpino (Glaucidium passerinum) y el mochuelo boreal o lechuza de Tengmalm (Aegolius funereus), es decir, al no velar por que no se mate o perturbe a estas especies durante el período de reproducción y de dependencia y para que sus nidos y sus huevos no sean destruidos, dañados o retirados intencionadamente en el distrito forestal de Białowieża.

—

Que se condene en costas a la República de Polonia.

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/11

(a)

Si la Directiva 92/43/CEE (1) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en su versión modificada [Directiva sobre los hábitats], tiene por efecto que una Declaración de Impacto Natura debe indicar todos los hábitats y especies en relación con los cuales ese sitio está clasificado;

(b)

Si [la Directiva sobre los hábitats] tiene por efecto que el impacto potencial sobre todas las especies (y no únicamente sobre las especies protegidas) que contribuyen a un hábitat protegido y forman parte de él debe indicarse y analizarse en una Declaración de Impacto Natura;

(c)

Si [la Directiva sobre los hábitats] tiene por efecto que una Declaración de Impacto Natura debe abordar expresamente el impacto de la obra propuesta sobre especies y hábitats protegidos, tanto los situados en la ZEC como las especies y hábitats situados fuera de sus límites;

(d)

Si la Directiva 2011/92/UE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada, tiene por efecto que una declaración de impacto ambiental debe abordar expresamente si la obra propuesta tendrá un impacto significativo en las especies indicadas en la declaración;

(e)

Si una opción que el promotor examinó y analizó en la evaluación de impacto ambiental y/o que fue defendida por algunas de las partes interesadas, y/o que fue considerada por la autoridad competente, constituye una «principal alternativa» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada, aunque haya sido rechazada por el promotor en una fase temprana;

(f)

Si la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada, tiene por efecto que una evaluación de impacto ambiental debe contener información suficiente sobre el impacto medioambiental de cada alternativa que permita hacer una comparación entre la viabilidad medioambiental de las diferentes alternativas; y/o que debe explicitarse en la declaración de impacto ambiental cómo se han tenido en cuenta los efectos ambientales de las alternativas;

(g)

Si el requisito del artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada, según el cual las razones de la elección del promotor deben «[tener] en cuenta los efectos medioambientales», se aplica únicamente a la opción elegida o también a las principales alternativas estudiadas, de modo que el análisis de esas opciones debe abordar sus efectos medioambientales;

(h)

Si es compatible con la consecución de los objetivos de [la Directiva sobre los hábitats] que los detalles de la fase de construcción (como la ubicación del complejo y las rutas de transporte) puedan determinarse después la concesión de la autorización y, en caso afirmativo, si una autoridad competente puede permitir que tales cuestiones se determinen por decisión unilateral del promotor, en el contexto de cualquier autorización de obra concedida, que se notificará a la autoridad competente en lugar de que ésta la apruebe;

(i)

Si [la Directiva sobre los hábitats] tiene por efecto que una autoridad competente está obligada a registrar, con suficiente detalle y claridad para disipar cualquier duda sobre el significado y el efecto de dicho dictamen, hasta qué punto el dictamen científico presentado aboga por la obtención de más información antes de la concesión de la autorización de la obra;

(j)

Si [la Directiva sobre los hábitats] tiene por efecto que la autoridad competente está obligada a dar razones o razones detalladas para rechazar la conclusión de su inspector de que se requiere información adicional o un estudio científico antes de la concesión de la autorización de la obra; y

(k)

Si [la Directiva sobre los hábitats] tiene por efecto que una autoridad competente, al realizar una evaluación adecuada, debe proporcionar razones detalladas y expresas con respecto a cada elemento de su decisión.

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/12

—

Que se constate que, al no haber adoptado las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, con arreglo a los artículos 7, letra g), y 13 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO 1999, L 182, p. 1), los vertederos que no obtuvieron, de conformidad con el artículo 8 de dicha Directiva, una autorización para continuar sus actividades o al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva citada de los vertederos que obtuvieron una autorización para continuar su actividades, con excepción de los requisitos que figuran en el punto 1 del anexo I de la Directiva, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras b), segunda frase, y c), de la Directiva en relación con los vertederos de: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce); 2) Ferrandina (Loc. Venita); 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella); 4) Latronico (Loc. Torre); 5) Lauria (Loc. Carpineto); 6) Maratea (Loc. Montescuro); 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella); 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), cuyo cierre estaba previsto para septiembre de 2016; 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), declarado vertedero no utilizado nunca; 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano); 11) Roccanova (Loc. Serre); 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); 13) Campotosto (Loc. Reperduso); 14) Capistrello (Loc. Trasolero); 15) Francavilla (Valle Anzuca); 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte); 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c); 18) Canosa (CO.BE.MA); 19) Bisceglie (CO.GE.SER); 20) Andria (F.lli Acquaviva); 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.); 22) Torviscosa (Società Caffaro).

—

Que se constate que, al no haber adoptado las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, con arreglo a los artículos 7, letra g), y 13 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, los vertederos que obtuvieron, de conformidad con el artículo 8 de dicha Directiva, una autorización para continuar sus actividades, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letra b), segunda frase, de dicha Directiva en relación con los vertederos de: 23) Atella (Loc. Cafaro); 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone); 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino); 26) Matera (Loc. La Martella); 27) Pescopagano (Loc. Domacchia); 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo); 29) Salandra (Loc. Piano del Governo); 30) San Mauro Forte (Loc. Priati); 31) Senise (Loc. Palomabara); 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci); 33) Tito (Loc. Valle del Forno); 34) Capestrano (Loc. Tirassegno); 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu); 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine); 37) Corfinio (Loc. Cannucce); 38) Corfinio (Loc. Case querceto); 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta); 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti); 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti); 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore); 43) Trivigano (ex Cava Zof); 44) Torviscosa (Loc. La Valletta).

—

Que se condene en costas a la República Italiana.

9.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/14

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

9.10.2017   

ES

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C 338/14

1)

Desestimar la demanda de medidas provisionales.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

9.10.2017   

ES

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C 338/15

1)

Suspender la ejecución de la decisión de la Comisión Europea de 13 de julio de 2016, adoptada conforme al Reglamento (CE) n.o 1049/2001, relativa a una solicitud de acceso a determinados documentos registrados bajo la referencia GestDem2015/5711, en la medida en que dicha decisión concede el acceso a los documentos originarios de la República de Malta.

2)

Reservar la decisión sobre las costas.

9.10.2017   

ES

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C 338/15

—

Anule la decisión impugnada, de 8 de mayo de 2017, de no seleccionar la oferta presentada por la demandante en el marco del procedimiento EIGE/2017/OPER/04 «Mutilación genital femenina: estimación de las niñas en situación de riesgo», y las decisiones posteriores de seleccionar la oferta de otro licitador y de adjudicar el contrato a este último.

—

Condene a la parte demandada a indemnizar el perjuicio sufrido por la demandante y a abonarle intereses del 8 % o, con carácter subsidiario, a abonarle una compensación e intereses del 8 %.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la violación de los principios de igualdad de trato, transparencia y prudencia, en la infracción de la obligación de respetar la confidencialidad, y en un error manifiesto de apreciación.

2.

Segundo motivo, basado en la incoherencia de la motivación y en una violación del principio de proporcionalidad en la evaluación de la oferta de la demandante.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del derecho a una buena administración.

9.10.2017   

ES

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C 338/16

—

Que se declare la vulneración del Derecho Europeo por la JUR al dictar la Decisión SRB/EES/2017/08 adoptada en sesión ejecutiva de 7 de junio de 2017 y por la que se adopta el dispositivo de resolución en relación con la entidad financiera Banco Popular Español, A.S.;

—

Que, por consiguiente, se anule dicho acto, así como los posteriores actos de ejecución que la JUR haya podido adoptar, todo ello con efectos ex tunc.

9.10.2017   

ES

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C 338/17

—

Anule la Decisión impugnada;

—

Declare la ilegalidad e inaplicabilidad de los artículos 18 y 29 del Reglamento (UE) no 806/2014;

—

Condene en costas a la «JUNTA ÚNICA DE RESOLUCIÓN» recurrida.

9.10.2017   

ES

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C 338/17

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

9.10.2017   

ES

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C 338/18

—

Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de 25 de mayo de 2017 (recurso n.o R 1870/2016-1) y que, mediante la oportuna rectificación, cancele la marca de la solicitante.

Con carácter subsidiario,

—

anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de 25 de mayo de 2017 (recurso n.o R 1870/2016-1) y remita el asunto a la Oficina de Armonización.

Con carácter subsidiario de segundo grado,

—

anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de 25 de mayo de 2017 (recurso n.o 1870/2016-1).

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

9.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/19

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/993 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 329/2007 del Consejo sobre la aplicación de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 149, p. 67) y la Decisión (PESC) 2017/994 del Consejo, de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 149, p. 75), en la medida en que dichos actos incluyen al demandante en la lista de entidades sujetas a medidas restrictivas.

—

Condene a los demandados a cargar con las costas del demandante.

1.

Primer motivo, basado en que los demandados no han motivado de manera adecuada o suficiente la inclusión del demandante en la lista.

2.

Segundo motivo, basado en que los demandados han incurrido manifiestamente en error al considerar que en el caso del demandante se cumplían los requisitos para la inclusión en la lista de las medidas impugnadas. Por el contrario, no existe base fáctica alguna para su inclusión.

3.

Tercer motivo, basado en que los demandados han incurrido en desviación de poder al intentar privar de su efecto útil al derecho del demandante a la tutela judicial efectiva en relación con su inclusión en la lista en virtud del artículo 230 TFUE y/o han vulnerado el derecho del demandante a la igualdad de trato.

4.

Cuarto motivo, basado en que los demandados han vulnerado el derecho de defensa del demandante al no poner en su conocimiento antes de volver a incluirlo en la lista las pruebas en las que se fundamentan.

5.

Quinto motivo, basado en que los demandados han incumplido la legislación en materia de protección de datos.

6.

Sexto motivo, basado en que los demandados han vulnerado, injustificada y desproporcionadamente, los derechos fundamentales del demandante, incluido su derecho a la protección de su propiedad, negocio y reputación.

9.10.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/19

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/993 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 329/2007 del Consejo sobre la aplicación de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 149, p. 67); la Decisión (PESC) 2017/994 del Consejo, de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 149, p. 75); la Decisión de Ejecución (PESC) 2017/1459 del Consejo, de 10 de agosto de 2017, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 208, p. 38), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1457 de la Comisión, de 10 de agosto de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 329/2007 del Consejo sobre la aplicación de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea (DO 2017, L 208, p. 33), en la medida en que dichos actos incluyen a la parte demandante en la lista de entidades sujetas a medidas restrictivas.

—

Condene a las partes demandadas a cargar con las costas de la parte demandante.

1.

Primer motivo, basado en que las partes demandadas no motivaron de manera adecuada o suficiente la inclusión de la parte demandante en la lista.

2.

Segundo motivo, basado en que las partes demandadas incurrieron manifiestamente en error al considerar que en el caso de la parte demandante se cumplían los requisitos para la inclusión de ésta en la lista de los actos impugnados. Por el contrario, no existe base fáctica alguna para su inclusión.

3.

Tercer motivo, basado en que las partes demandadas no pusieron en conocimiento de la parte demandante las pruebas en que supuestamente se basa su decisión de volver a incluirla en la lista antes de aplicar tal decisión ni en que se basa la aplicación por parte de la UE de la inclusión de la demandante en la lista de las Naciones Unidas, en violación del derecho de defensa de la parte demandante y del derecho a la tutela judicial efectiva.

4.

Cuarto motivo, basado en que las partes demandadas no cumplieron sus obligaciones al decidir incluir en la lista a la parte demandante tras la inclusión de ésta en la lista de las Naciones Unidas.

5.

Quinto motivo, basado en que las partes demandadas incurrieron en desviación de poder al tratar de privar de su efecto útil al derecho de la parte demandante a la tutela judicial efectiva, intentando así eludir este derecho, en relación con su inclusión en la lista en virtud del artículo 230 TFUE y vulneraron el derecho de la parte demandante a la igualdad de trato.

6.

Sexto motivo, basado en que las partes demandadas incumplieron la legislación en materia de protección de datos.

7.

Séptimo motivo, basado en que las partes demandadas vulneraron, injustificada y desproporcionadamente, los derechos fundamentales de la parte demandante, incluido su derecho a la protección de su propiedad, negocio y reputación.

9.10.2017   

ES

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C 338/20

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Anule la Decisión C(2017) 3220 final de la Comisión de 29 de mayo de 2017, relativa a las ayudas de carácter no fiscal SA.43145 (2016/FC) aplicadas por Alemania en favor de Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (y otros) (DO 2017, C 193, p. 1).

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Condene en costas a la Comisión.

—

La Comisión vulneró los derechos procesales de la demandante al adoptar la decisión controvertida tras un examen preliminar, mientras que estaba obligada a incoar un procedimiento formal de examen. A este respecto, la demandante sostiene que si la Comisión hubiera apreciado los datos y la información que obraban en su poder, a lo que estaba obligada, habría albergado dudas acerca de la compatibilidad de las medidas de carácter no fiscal aplicadas ilegalmente por Alemania en favor de Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (y otros).

—

Además, dado que, en la decisión controvertida, la Comisión no examinó los datos y la información que ponían en entredicho la compatibilidad de esas ayudas, o no los examinó suficientemente, o apreció una parte de éstos erróneamente, la demandante sostiene que la Comisión incumplió su obligación de motivación con arreglo al artículo 296 TFUE, párrafo segundo.

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/21

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

9.10.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 338/22

9.10.2017   

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C 338/23