19.8.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 271/87

Ponente

:

Henk Kool (NL/PSE), teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Haya

Documentos de referencia

:

Propuestas de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre

1.

señala que los entes locales y regionales cooperan estrechamente con las instituciones bancarias para financiar sus proyectos a medio y largo plazo. Dado que los entes regionales y locales son responsables de dos tercios de las inversiones públicas en la UE y que, solo para 2011, esta cantidad representó 1 79  000 millones de euros, es decir, el 1,4 % del PIB de la UE, más que el presupuesto global de la Unión (1 %), es evidente que la resiliencia de los bancos es fundamental para los entes regionales y locales y que la actual reforma de la regulación bancaria tendrá fuertes repercusiones en ellos;

2.

destaca el amplio apoyo político y de la ciencia económica a la idea de que las medidas de supervisión bancaria y las reformas serían más eficaces si se aplicaran a escala europea que a nivel nacional;

3.

acoge favorablemente los reglamentos de la Comisión sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE y la notificación de las operaciones de financiación de valores y su transparencia; destaca que es fundamental evitar la creación de cargas reglamentarias y administrativas;

4.

lamenta, sin embargo, que se hayan reducido de manera significativa el alcance y la ambición de las propuestas formuladas por el grupo de expertos de alto nivel designado por la Comisión en febrero de 2012; toma nota de que las propuestas tendrán pocas repercusiones en los bancos a los que van dirigidas, teniendo en cuenta, en particular, que Francia, Alemania y el Reino Unido ya han adoptado reformas nacionales similares (1);

5.

observa que las dos propuestas de Reglamento presentadas por la Comisión pretenden ambas armonizar determinadas normas dirigidas a reforzar el marco reglamentario de las entidades bancarias y financieras. Debido a las numerosas interconexiones entre las entidades interesadas y al riesgo sistémico que podrían representar, estos reglamentos solo pueden aplicarse a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, el CDR considera que el fundamento jurídico utilizado (artículo 114 del TFUE) es el correcto y que la legislación propuesta respeta el principio de subsidiariedad;

6.

reitera la importancia del crédito para la financiación de la inversión pública por los entes locales y regionales en los proyectos de interés común tales como infraestructuras, investigación y educación; observa que estas inversiones representan una parte importante del gasto público y son vitales para el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos;

7.

subraya la especificidad de los préstamos contraídos por los entes locales y regionales. Estos entes no pueden, de ningún modo, asimilarse a clientes privados o comerciales, por lo que la naturaleza, los importes y la duración de estos préstamos requieren unos conocimientos específicos de los bancos;

8.

reconoce el papel esencial que desempeñan los bancos locales y regionales, así como los bancos especializados en la concesión de créditos a los entes territoriales, en el desarrollo y la financiación de las regiones y los municipios. En efecto, brindan un apoyo fundamental al desarrollo económico local, al respaldar las pymes, las asociaciones y la economía social;

9.

pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que protejan y refuercen el modelo de empresa local de las instituciones mutualistas, cooperativas y de ahorro, en particular los bancos pequeños, que desempeñan un papel esencial en la economía real gracias a su presencia densa y equilibrada en las comunidades locales y regionales;

10.

desaprueba la expansión desproporcionada e incontrolada de algunos bancos locales y regionales, que al adquirir activos tóxicos han puesto en grave peligro las economías de sus territorios de origen;

11.

observa una contracción de la oferta de crédito bancario a los entes locales y regionales: no solo se ha reducido el volumen y han aumentado los márgenes, sino que se observa también una preocupante reducción de la duración de los préstamos; esta situación puede deberse a un círculo vicioso por el que los bancos de operaciones generales reducen su participación en la economía real y, por tanto, son más propensos a participar en actividades comerciales y en actividades del sistema bancario en la sombra;

12.

expresa su preocupación por el gran diferencial existente entre los tipos de interés del BCE (un 0,25 % desde noviembre de 2013) y los tipos de interés ofrecidos por los bancos a los entes locales y regionales, dado que esta diferencia no se basa en una evaluación objetiva de la situación financiera de la localidad interesada y que el riesgo de impago sigue siendo relativamente bajo;

13.

considera que este endurecimiento de las condiciones ejerce una presión significativa sobre los presupuestos de las administraciones locales y regionales, lo que complica cada vez más la tarea de estos entes a la hora de equilibrar sus presupuestos, lograr una buena capacidad de absorción y financiar proyectos a largo plazo que ayuden a impulsar el crecimiento y el empleo;

14.

por tanto, pide a la Comisión que presente, en una fase posterior, una propuesta legislativa con medidas eficaces para combatir la restricción del crédito a las pymes y a los entes locales y regionales;

15.

llama la atención sobre el hecho de que algunos entes locales y regionales emiten instrumentos financieros, por ejemplo bonos, para financiar sus actividades y políticas;

16.

lamenta que algunos bancos hayan animado a entes locales y regionales a adquirir productos financieros tóxicos y complejos en proporciones excesivas, con pleno conocimiento de los riesgos que se corrían; subraya que, debido a la falta de competencias adecuadas, la mayoría de los entes locales y regionales no poseen los conocimientos técnicos necesarios para comprender plenamente estos productos, por lo que lamenta que la carga resultante de la quiebra de estos activos recaiga totalmente en estos entes y en sus contribuyentes;

17.

pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que alienten a los bancos a adoptar un planteamiento global, justo y responsable de cara a los entes locales y regionales cuando les informen sobre los riesgos a que se exponen; asimismo, pide que se desarrollen instrumentos simples y transparentes de financiación para los entes locales y regionales, cuyas condiciones se definan claramente en el momento de la firma del contrato; pide que dichos instrumentos ofrezcan unas tarifas legibles, a fin de que el proceso decisorio democrático de los entes locales y regionales sea también transparente;

18.

coincide con el objetivo de reforzar la estabilidad y resiliencia de los bancos prohibiendo la negociación por cuenta propia y proporcionando capacidad para separar las actividades comerciales arriesgadas;

19.

apoya los objetivos, tal como se recogen en el artículo 1, dirigidos a evitar el riesgo sistémico, las tensiones financieras o la quiebra de entes de grandes dimensiones, complejos e interconectados del sector financiero;

20.

invita a la Comisión a estudiar la posibilidad de extender la aplicación de normas similares a los bancos de todos los tamaños, teniendo en cuenta la carga administrativa y los costes, dado que tales iniciativas permitirían contribuir a la seguridad de los bancos más pequeños;

21.

apoya la propuesta de la Comisión de prohibir la negociación por cuenta propia de instrumentos financieros y de materias primas, es decir, la negociación realizada con el único fin de generar beneficios para el banco, dado que la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (COM(2011) 656) (denominada «Directiva MiFID II») no contemplaba específicamente la negociación por cuenta propia. La emisión de estos instrumentos debe reservarse exclusivamente a los operadores del mercado que estén en condiciones de demostrar que utilizarán estos productos para cubrir sus propios riesgos comerciales o industriales. De lo contrario, generaría, a la vez, un riesgo de confusión en cuanto a los cometidos relativos a las actividades bancarias de asesoramiento e inversión y, por tanto, un efecto incitativo tendente a reforzar la especulación y la volatilidad de los precios, así como riesgos sistémicos del régimen bancario;

22.

manifiesta su preocupación con respecto a la negociación de alta frecuencia, que podría suponer un grave riesgo para el sistema bancario, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que apliquen medidas eficaces para regular este ámbito;

23.

reitera que el ámbito de aplicación del Reglamento propuesto se ha reducido considerablemente, dado que los Estados miembros ya han aprobado o están considerando la adopción de normas nacionales similares, y que las recomendaciones del Grupo Liikanen se han rebajado sustancialmente;

24.

destaca la importancia de garantizar la uniformidad a escala de la UE en este sector tan integrado, a fin de mantener en un nivel mínimo las cargas y los costes derivados del cumplimiento, garantizar la igualdad de condiciones, evitar distorsiones de la competencia y asegurar el funcionamiento del mercado interior en este sector;

25.

aplaude la intención de la Comisión de revisar estas normas tras su aplicación, y pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de las posibles repercusiones negativas, en particular en la financiación de la economía real en las ciudades y regiones de la UE;

26.

se pregunta si la decisión de separar determinadas actividades comerciales sobre la base de un análisis estricto proporcionará suficientes medios legales para alcanzar los objetivos generales del Reglamento, y si no hubiera sido preferible realizar un análisis más amplio que incluyera todos los objetivos;

27.

cuestiona la eficacia del enfoque extremadamente complejo adoptado con el que, por una parte, la evaluación y supervisión de la aplicación de las normas puede resultar difícil y costosa y, por otra, se pueden permitir exenciones a lo dispuesto en el Reglamento y brindar oportunidades para llevar a cabo un arbitraje reglamentario;

28.

lamenta que se haya reducido el ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento y, sobre todo, que se haya excluido del proceso decisorio la negociación de derivados. De hecho, se teme que el comercio especulativo excesivo dé lugar a unos mercados sobredimensionados y genere distorsiones en el mercado financiero y la economía real. Estas distorsiones podrían provocar la manipulación de los precios de los productos básicos agrícolas, energéticos y de los metales en los mercados de derivados, que son vitales para la economía local y regional;

29.

pide a la Comisión que excluya la posesión de valores a largo plazo (denominada «compra y mantenimiento» (buy and hold)) de la definición del artículo 5.4 del Reglamento sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE, en la medida en que forman parte de las actividades bancarias fundamentales.

30.

pide a la Comisión que incluya el principio de simetría en sus mecanismos de resolución bancaria. Esto significa que las autoridades de resolución tendrían la posibilidad de hacer asumir las pérdidas a los acreedores, de la misma manera que hubieran disfrutado de los beneficios; esta disposición se aplicaría por igual a todos los tipos de acreedores;

31.

apoya el Reglamento sobre la notificación de las operaciones de financiación de valores y su transparencia y considera que estas medidas vienen a completar las reformas bancarias estructurales, que son esenciales para colmar una laguna jurídica que ya ha sido detectada;

32.

reconoce que la regulación es necesaria, dada la estrecha interconexión entre los bancos tradicionales y los bancos en la sombra y el hecho de que estos últimos desempeñan, sin un control adecuado, las mismas funciones económicas que los bancos, a saber: intermediación de crédito, transferencia del riesgo de crédito, transformación de liquidez y transformación de vencimientos;

33.

pide al BCE, a la Comisión, al Parlamento y a los Estados miembros que prosigan sin tregua sus esfuerzos para asegurarse de que reciben una información suficiente y completa sobre el sistema bancario en la sombra. La información es el factor clave que debería permitir a las autoridades públicas aportar una respuesta adecuada a la hora de regular el sistema, a pesar del ritmo frenético de evolución y de los intentos de soslayar la legislación;

34.

acoge favorablemente la obligación propuesta de notificar todas las transacciones a una base de datos común y considera que ello contribuirá a mejorar el seguimiento de los riesgos y exposiciones asociados con las operaciones de financiación de valores; celebra que estas medidas también contribuyan a mejorar la transparencia para los inversores y les proporcionen herramientas para tomar decisiones sobre inversiones basadas en un mejor conocimiento de las características de estas operaciones;

35.

apoya el establecimiento de unas condiciones mínimas que ayuden a mejorar la transparencia de la rehipotecación, al garantizar que los clientes dan su consentimiento y toman decisiones basadas en un conocimiento exhaustivo de los riesgos que puedan entrañar;