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Document 52015DC0036
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los avances de Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los avances de Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación
/* COM/2015/036 final */
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los avances de Bulgaria en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación /* COM/2015/036 final */
1. INTRODUCCIÓN
El Mecanismo de Cooperación y
Verificación (MCV) se creó en 2007, año de adhesión de Bulgaria a la Unión
Europea[1]. Se
convino, a la sazón, en la necesidad de intensificar la actividad en sectores
clave para subsanar las carencias de la reforma judicial, la lucha contra la
corrupción y la persecución de la delincuencia organizada. Desde entonces,
sucesivos informes del MCV han registrado los avances efectuados por Bulgaria
y, mediante recomendaciones específicas, intentado contribuir a centrar los
esfuerzos de las autoridades búlgaras. El MCV ha
desempeñado un importante papel en la consolidación del Estado de Derecho en
Bulgaria como faceta esencial de la integración europea. La actividad de
supervisión de la Comisión y su cooperación con las autoridades búlgaras para
promover la renovación han incidido de forma concreta en la cadencia y el
calado de las reformas. Las conclusiones de la Comisión y la
metodología del MCV han gozado sistemáticamente del apoyo del Consejo[2]
y se han nutrido de la cooperación y las aportaciones de muchos Estados
miembros. El informe que se presenta a
continuación sintetiza las medidas adoptadas el pasado año y ofrece
recomendaciones para las próximas etapas. Es el resultado de un minucioso
proceso de análisis, por parte de la Comisión, de la información facilitada por
las autoridades búlgaras, la sociedad civil y demás interesados. Además, la
Comisión ha logrado recabar el asesoramiento específico de magistrados de otros
Estados miembros, lo que le permite ofrecer una opinión profesional. Las incertidumbres políticas del pasado
año en Bulgaria no han ofrecido una plataforma de actuación precisamente
estable. En el presente informe se señala una serie de sectores donde se ha
reconocido la existencia de problemas cuyas soluciones están empezando a tomar
cuerpo, pero que habrán de arraigar para que la sostenibilidad del cambio pueda
apreciarse. Bulgaria podría además ser más activa en la recopilación (y
publicación) de datos sobre el sistema judicial y las fuerzas policiales. La envergadura
del cambio se ilustra en una encuesta de opinión realizada entre los propios
ciudadanos búlgaros. En efecto, la encuesta de Eurobarómetro efectuada en el
otoño de 2014 reflejaba el fuerte consenso de la sociedad búlgara en cuanto a
la importancia para su país de la reforma judicial, la lucha contra la
corrupción y la represión de la delincuencia organizada. Los resultados ponían
asimismo de manifiesto la preocupación de que la situación se hubiera
deteriorado, aunque con cierta esperanza de inversión de esa tendencia y el
firme respaldo de la participación de la UE en la solución de esos problemas y de
la continuación de su intervención hasta que Bulgaria alcance un nivel
comparable al de los demás Estados miembros[3].
Estas actitudes ponen de manifiesto que la prosecución de las reformas es
crucial para la calidad de vida de los ciudadanos, debido tanto al impacto de
la corrupción y la delincuencia en la economía búlgara como a la importancia de
la primacía de la ley para una sociedad dinámica y libre. El MCV está más
concebido para el seguimiento de tendencias a largo plazo que para la obtención
de una instantánea de la situación. No obstante, este informe pretende tener en
cuenta las perspectivas ofrecidas por el Gobierno que entró en funciones en
noviembre de 2014 y determinar algunos hitos que puedan marcar los progresos de
las políticas anunciadas en el futuro. Con tal ánimo, la Comisión espera que
este informe contribuya a crear un nuevo consenso que acelere la reforma en
Bulgaria. Las recomendaciones que aquí se consignan, la aportación de fondos de
la UE destinados a fines muy concretos y la conjunción de esfuerzos de otros
Estados miembros muestran la voluntad de la UE por apoyar un esfuerzo renovado[4]. 2. ESTADO
DEL PROCESO DE REFORMA EN BULGARIA 2.1 Reforma
judicial Independencia,
control democrático e integridad del poder judicial El
Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) tiene una amplia gama de
competencias que abarcan todas las actividades de gestión y organización del aparato
judicial búlgaro. El Informe sobre el MCV de 2014 indicaba que, a pesar de la
adopción de importantes medidas de reforma de la gestión, el CSPJ «no goza
actualmente de un amplio reconocimiento como órgano autónomo e independiente
capaz de defender con eficacia la independencia del sistema judicial frente a
los poderes ejecutivo y legislativo[5]».
La actividad del CSPJ en 2014 ha seguido siendo objeto de controversia y
registrado varios incidentes en relación con los nombramientos, las
separaciones del cargo o el control de la aplicación del sistema de asignación
aleatoria de expedientes por los órganos jurisdiccionales. Además, se han
agravado las tensiones entre el CGPJ y su Consejo Civil creado para representar
a la sociedad civil, cuyos miembros alegan que sus opiniones no están siendo
tenidas debidamente en cuenta. Varias organizaciones, incluida la asociación de
jueces más numerosa, han abandonado el Consejo Civil como consecuencia de esas
discrepancias. El CGPJ, quizá como reacción ante esa situación, ha desarrollado
su estrategia de comunicación y ha adoptado nuevas medidas de transparencia[6]. Un
aspecto planteado por los interesados en relación con la independencia es la
gestión de las dos ramas de la magistratura por sus pares. En los distintos Estados
miembros, jueces y fiscales gozan de distintos grados de autonomía dentro de
los consejos del poder judicial. Esta cuestión ha suscitado un debate en
Bulgaria y algunos han reclamado la creación, dentro del CGPJ, de salas
separadas para adoptar las decisiones sobre la carrera y los aspectos
disciplinarios de los jueces y los fiscales, respectivamente, reservándose las
sesiones plenarias al tratamiento de cuestiones transversales. Los motivos que
subyacen a semejante petición son las distintas estructuras organizativas y las
distintas funciones de los jueces y los fiscales y el hecho de que la adopción
de decisiones sobre nombramientos y expedientes disciplinarios puede ser un
factor de presión de un sector del CGPJ sobre el otro. Esta
idea de modificar la estructura del CGPJ se ha incorporado a la nueva propuesta
de estrategia de reforma del sistema judicial adoptada por el Gobierno y el
Parlamento búlgaro[7].
El CGPJ, sin oponerse frontalmente a tal cambio, ha manifestado ciertas dudas
en cuanto a su viabilidad al considerar que exigiría una modificación de la
Constitución y no podría aplicarse mediante una reforma legal de la Ley del
Poder Judicial. Además, la estrategia de reforma aborda cuestiones más
generales, tales como la elección de los miembros del CGPJ. Los anteriores
informes sobre el MCV incluían ya recomendaciones –que seguirían siendo válidas
para las próximas elecciones del CGPJ– sobre el aumento de la transparencia y
las garantías de integridad en el proceso de selección, cabiendo señalar la
aplicación del principio de «un juez, un voto» a la cuota judicial de los
miembros del Consejo[8].
La nueva estrategia aborda también la disminución de los poderes de los
presidentes de los tribunales, aspecto planteado en el pasado como un
importante factor de independencia de los jueces. La
importancia del aumento de la transparencia y la objetividad en el nombramiento
de los jueces es un tema recurrente de los informes relativos al MCV[9].
Aunque en 2014 se evitaron los niveles máximos de controversia registrados en
el periodo 2012-2013, la cuestión de los nombramientos a los altos puestos de
la magistratura mantuvo su carácter problemático. Concretamente, la designación
del Presidente del Tribunal Supremo de Casación (TSC) fue aplazada en varias
ocasiones, a pesar de la presentación de candidatos con méritos suficientes –y
una asentada experiencia en el propio TSC–, en medio de una controversia sobre
el sistema de votación. Los nombramientos de los responsables administrativos
de otros órganos jurisdiccionales suscitaron cierta preocupación acerca de la
falta de apertura y la escasa consideración otorgada a los méritos en el
procedimiento de selección. Además, ciertas preguntas formuladas por algunas
ONG al TSC acerca de la integridad de determinados candidatos quedaron a veces
sin respuesta, a pesar de que el TSC lleva a cabo una comprobación de la
integridad de todos los aspirantes, fase importante del proceso que puede dar
lugar a un dictamen negativo. Se han introducido ciertas mejoras que pueden
llevar a una mayor transparencia del procedimiento, como la introducción de la
posibilidad de que los magistrados del TSC organicen audiencias de los
candidatos a presidente del Tribunal. Esas nuevas opciones de procedimiento
pueden aumentar tanto la credibilidad de los nombramientos como la aceptación
del procedimiento por parte de los jueces de carrera. Esencial
para el fomento de la integridad y la eficiencia en el poder judicial ha sido
en todo momento la intervención de la Inspección Judicial. El nombramiento del
Inspector Jefe, tras la prolongación de la vacante, se consideró una prueba de
fuego en el informe relativo al MCV de enero de 2014[10].
La elección aún no se ha producido; el procedimiento iniciado en la primavera
de 2014 atrajo a una serie de candidatos aparentemente bien cualificados para
el puesto, pero el dilatado proceso ha impedido que se llegue a la fase de
votación en el Parlamento. De tal forma, la Inspección sigue de momento carente
de la dirección fuerte e independiente que reclama la Constitución del país y
esa situación pondrá a prueba en 2015 la capacidad de las instituciones
búlgaras para efectuar nombramientos transparentes y basados en el mérito a los
más altos cargos del poder judicial[11].
Otra
de las recomendaciones del Informe de 2014[12]
era un análisis minucioso e independiente del sistema de asignación aleatoria
de los expedientes para garantizar su seguridad y comprobar que los
responsables administrativos de los órganos jurisdiccionales justifiquen plenamente
toda decisión de soslayar la asignación aleatoria. El CGPJ ha implantado
ciertas medidas para el análisis de los posibles puntos vulnerables y ha
elaborado planes de modernización del sistema en el contexto de un proyecto de
justicia en línea a más largo plazo. Las asignaciones se efectúan ahora con
arreglo a un método centralizado, lo que facilita los controles. No obstante,
esta solución provisional no parece haber aumentado la seguridad. La detección
de deficiencias específicas durante una auditoría del Tribunal Supremo Administrativo
y el Tribunal Municipal de Sofía celebrada en 2013 no dieron lugar a la
adopción de medida correctora alguna, a consecuencia de lo cual estalló, en el
otoño de 2014, una serie de escándalos sobre la asignación de expedientes en el
Tribunal Municipal de Sofía[13].
Estos problemas no fueron señalados por el CGPJ sino por terceros ajenos a esa
institución. Si
bien cabe lamentar demoras en la búsqueda de una solución a más largo plazo, el
problema más acuciante es la reacción ante la evidencia de las transgresiones.
La respuesta dada por el CGPJ en el otoño de 2014 sugería que, a pesar de las
posibilidades de que se cometieran delitos y faltas administrativas que creaba
esta situación, su prioridad para el Consejo seguía siendo escasa. Es probable
que la reputación del sistema judicial de Bulgaria siga deteriorándose hasta
que se implante un sistema con plenas garantías. El recurso a expertos externos
en seguridad de TI para ensayar el nuevo sistema contribuiría a asegurar que
este vaya por buen camino[14]. Estrategias de
reforma del sistema judicial El
Ministerio de Justicia ha adoptado algunas medidas, en primer lugar la hoja de
ruta destinada a atender las recomendaciones del MCV de 2014 (aunque su
situación actual y sus plazos de aplicación han de aclararse) y,
posteriormente, en el otoño, la presentación de la largamente esperada
estrategia de reforma judicial[15].
Este documento pormenorizado debía sustituir a la estrategia de 2010, que se ha
aplicado solo parcialmente. La estrategia se adoptó mediante decisión del
Consejo de Ministros el 17 de diciembre de 2014 y recibió el amplio respaldo
del Parlamento el 21 de enero de 2015[16]. Al
fomentar un debate en torno al texto[17],
se ha buscado el consenso y la implicación de los interesados; el Fiscal
General y el CGPJ han reaccionado ya detalladamente. El texto incluye numerosos
elementos reclamados por la sociedad civil y las asociaciones profesionales[18],
amén de aspectos planteados en anteriores informes relativos al MCV. Sus
objetivos son garantizar la buena gobernanza de las autoridades judiciales y
mejorar las cuestiones de recursos humanos, pero también, de forma más general,
modernizar la política penal y mejorar la protección de los derechos
fundamentales. La estrategia ha introducido cierta claridad y cierta urgencia
en el debate sobre la reforma judicial: ha llegado la hora de pasar a la fase
de ejecución. Desde
el punto de vista de la fiscalía, se han registrado considerables progresos en
la aplicación del plan de actuación presentado por el Fiscal General en 2013.
En noviembre de 2014, este presentó nuevas propuestas –inducidas en parte por
la estrategia de reforma judicial– de descentralización de la fiscalía para
aportar garantías adicionales de no interferencia con la labor de los fiscales[19]. Ha
avanzado asimismo el trabajo de compilación de un nuevo Código Penal, aunque
aún no se ha alcanzado el consenso necesario: los expertos y los profesionales
han expresado opiniones divergentes sobre la necesidad de proceder bien a una
formulación completamente nueva, bien a una mera reforma del Código existente,
así como sobre la lógica general de la intervención. La intención actualmente
predominante parece ser la de seguir un enfoque dual, con una primera fase
consistente en la pronta modificación de determinadas secciones del Código
Penal (y, posiblemente, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que plantean
problemas más urgentes, incluidas las disposiciones sobre la lucha contra la
corrupción y la delincuencia organizada. En una segunda fase y a partir de una
evaluación de impacto y una consulta pública detalladas, se evaluaría la
necesidad de un nuevo Código Penal. Esa iniciativa podría inscribirse en una
reflexión más amplia sobre las futuras políticas penales, para las que la
obtención de un consenso exigiría más tiempo[20]. Eficiencia del
sistema judicial Ha
proseguido la labor del CGPJ sobre la metodología de evaluación de la carga de
trabajo de los magistrados y los órganos judiciales[21],
uno de cuyos objetivos es fijar normas de medición y asignación del trabajo
teniendo en cuenta tanto la complejidad como el alcance de los casos.
Actualmente, los desequilibrios en la carga de trabajo se consideran una de las
grandes causas de ineficiencia del sistema. Se analizará la situación de todos
los tribunales regionales teniendo en cuenta factores socioeconómicos y
demográficos, además de la obligación de garantizar el acceso a la justicia,
con miras a la presentación de una nueva propuesta de mapa judicial para estos
órganos jurisdiccionales antes del final de 2015. Ya se han adoptado medidas
concretas de racionalización de los tribunales militares. La implantación de
una metodología sólida aportaría la base adecuada para determinar si está
justificado el cierre de los órganos jurisdiccionales con escasa carga de
trabajo (o la creación de un sistema de tribunales móviles) y permitiría reasignar
recursos a otros órganos jurisdiccionales sobrecargados. La reforma más amplia
del mapa judicial probablemente requiera más tiempo, dado sobre todo que el
CGPJ habrá de coordinarse con una lista más larga de interesados[22],
incluso si le corresponde la decisión final. En
cuanto a los aspectos más generales de gestión de los recursos humanos, los
sistemas de evaluación y ascenso y la calidad de la formación son factores
clave para cuya futura mejora aporta algunas ideas la estrategia de reforma
judicial. El Instituto Nacional de Justicia sigue ampliando su catálogo de
formación para jueces[23].
Otro
de los ámbitos que se destacan en los informes sobre el MCV es el de las
medidas disciplinarias. Entre los problemas detectados cabe citar la falta de
coherencia (y de normas inequívocas para garantizarla), dada la alta proporción
de resoluciones que son revocadas en la fase de recurso. El CGPJ ha adoptado
recientemente algunas medidas en este campo, incluida la emisión de directrices
generales, aunque no parece haberse basado para ello en un análisis claro de
las deficiencias. Es aún demasiado pronto para determinar si las medidas
adoptadas bastarán para evitar que prosiga la controversia sobre los procedimientos
disciplinarios. Otro
problema cuya resolución han reclamado los informes sobre el MCV es el de la
ejecución efectiva de las resoluciones judiciales y, más concretamente, el de
los delincuentes condenados que logran huir y evadirse de la justicia. Se ha
realizado cierta actividad en este ámbito y se han adoptado algunas medidas de
gestión a través de un plan de actuación interinstitucional para 2014. No
obstante, la respuesta de las autoridades sigue mostrando poca convicción y el
asunto no se ha estudiado exhaustivamente, por lo que es difícil determinar la
medida en que medidas puntuales (como el uso de un seguimiento electrónico) podrán
colmar las lagunas existentes[24]. 2.2 Corrupción La
corrupción sigue siendo un tema preocupante en Bulgaria. En la reciente
encuesta de Eurobarómetro, casi todos los participantes (97 %) la
calificaron de problema importante[25]. El
MCV recomienda desde hace largo tiempo que Bulgaria revise y actualice su
estrategia nacional de lucha contra la corrupción[26].
Los primeros resultados informales de una reciente evaluación de las
repercusiones de la estrategia búlgara anticorrupción, llevada a cabo por las
autoridades búlgaras, parecen ser una importante contribución al tratarse de
una evaluación sincera y abierta de las deficiencias de la estrategia, a saber:
su enfoque fragmentario, el uso insuficiente de evaluaciones de riesgo y la
falta de actividades de seguimiento y evaluación. Si bien las inspecciones de
los ministerios han desarrollado una mayor cultura de control, la ausencia de
una estructura centralizada o de parámetros comunes hace que los servicios de
inspección de los distintos ministerios actúen de forma no coordinada. Los
dispositivos locales son los que presentan mayores carencias. Por lo que
respecta al órgano dedicado por Bulgaria a la realización de análisis de riesgo
(BORKOR), no parece haber obtenido resultados proporcionales a sus costes y, en
todo caso, se limita a efectuar aportaciones analíticas y no está concebido
para emitir directrices políticas[27].
Esta
evaluación de las deficiencias del actual sistema anticorrupción podría ser el
punto de partida de la tan esperada reforma. La consulta de todos los
interesados permitiría tener en cuenta su experiencia y fomentaría su
implicación en este ejercicio. La sociedad civil ha acumulado una útil
experiencia en la lucha contra la corrupción que debería aprovecharse al
máximo. Las
medidas preventivas están, en la mayor parte de los casos, en una fase muy
incipiente. Se han extraído enseñanzas en sectores específicos[28],
pero apenas si reflejan esfuerzos fragmentarios. No hay atisbo de estructura
que permita intercambiar las mejores prácticas o destacar los logros. La
Administración pública no tiene un sistema general de seguimiento obligatorio
de las actividades anticorrupción ni de presentación de informes a una
instancia central. Como
se ha indicado en los sucesivos informes sobre el MCV, la contratación pública
es un sector de alto riesgo de corrupción. Los mecanismos de control de los
procedimientos pueden reforzarse con arreglo a la reciente estrategia para el
sistema de contratación pública búlgaro que se ha desarrollado en respuesta a
las recomendaciones de los servicios de la Comisión. Por
lo que respecta a los conflictos de intereses y al lucro ilícito, la Comisión
para la Prevención y Determinación de Conflictos de Intereses (CPDCI) ha estado
esperando cambios legislativos y nombramientos de directivos, factores
importantes para su funcionamiento efectivo[29].
La dimisión forzada de su antiguo presidente tras la aparición de pruebas de
tráfico de influencias[30]
apunta a la urgencia de volver a asentar a la Comisión en unas bases sólidas.
No obstante, estas decisiones han seguido pendientes durante todo 2014. Al ser
asuntos que recaen bajo la responsabilidad del Parlamento, las demoras pueden
acentuar la impresión de que se están tomando por motivos políticos decisiones
donde deberían predominar los criterios de integridad. A la prevención de la
corrupción contribuiría un mejor uso de las declaraciones de patrimonio presentadas
por los funcionarios públicos que permitiese localizar áreas de riesgo y
posibles casos de lucro ilícito. El
enjuiciamiento efectivo de estas conductas y la imposición de condenas firmes
son aspectos esenciales para la credibilidad de cualquier estrategia
anticorrupción. A pesar de la escala del problema, pocas son hasta ahora las
condenas judiciales en casos de gran corrupción[31].
La Fiscalía General ha adoptado medidas para dar prioridad a esta cuestión y se
ha registrado tanto un aumento de los casos incoados como una aceleración de su
tramitación. En algunos de estos asuntos están involucrados altos cargos. Como
sucede con la delincuencia organizada, el seguimiento de la evolución de los
casos de corrupción en los tribunales resulta esencial para determinar los
aspectos procesales que pueden ser manipulados con el fin de obstruir la acción
de la justicia. Se ha observado que algunos asuntos quedan paralizados durante
largo tiempo en los juzgados antes de volver a ser remitidos al fiscal para la
ejecución de trámites suplementarios con plazos muy breves. La
Fiscalía ha creado una pequeña estructura especializada, compuesta de fiscales
e investigadores de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (AESN), para
investigar con mayor eficacia la corrupción en la Administración pública. Hasta
la fecha, esta unidad se ha centrado esencialmente en los casos de corrupción
local que no podían examinarse a ese mismo nivel debido a los vínculos
establecidos y las presiones ejercidas a nivel local. Este modelo de estructura
especializada para la lucha contra la corrupción parece haber dado algunos
primeros resultados, pero la prueba de su eficacia llegará con el aumento de
los casos de corrupción de alto nivel y el desarrollo de sus capacidades
operativas. Será también importante que los cambios estructurales de la AESN no
mermen la eficacia de su actividad. Otro
problema radica en las deficiencias de las normas contenidas en el Código Penal
relativas a la lucha contra la corrupción, especialmente la de alto nivel, y el
tráfico de influencias y a la diferenciación de la corrupción activa y la
pasiva. Es por lo tanto muy urgente modernizar esta sección del Código, para lo
que podría recurrirse a la introducción de reformas rápidas en paralelo a una
reflexión más general sobre la política penal y a la promulgación de un nuevo
Código. 2.3 Delincuencia
organizada La
delincuencia organizada sigue siendo un problema en Bulgaria; así lo reconocen
los ciudadanos[32]y
los recientes y prominentes casos de tiroteos en público y asesinato de un
testigo han recordado brutalmente la gravedad de la situación. Aunque el número
de diligencias incoadas por la Fiscalía aumentó considerablemente en 2014, el
de asuntos sobre los que ha recaído una resolución definitiva sigue siendo bajo[33].
Las autoridades de este sector han transmitido a la Comisión su inquietud ante
la posibilidad de que las presiones locales entorpezcan la investigación
efectiva de los delitos y la corrupción. La intimidación de los testigos sigue
siendo un problema grave y es preciso buscar formas de animar a los testigos a
mostrarse más resueltos a la hora de participar en los programas de protección[34].
La
fiscalía y el tribunal especializados creados hace dos años empiezan
paulatinamente a producir algunos resultados, con algunas condenas firmes y
algunos signos de aceleración de los procesos. Pero su actuación sigue
obstaculizada por la confusa asignación de las tareas y las disposiciones
excesivamente formalistas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el mes de
noviembre, el Fiscal General presentó propuestas para abordar algunos de estos
problemas. A
pesar de los importantes esfuerzos realizados, las medidas de decomiso y
confiscación de activos no parecen suficientemente enfocadas hacia los grupos
delictivos organizados. En los casos urgentes, la Fiscalía ordena medidas
cautelares de congelación de activo y remite los asuntos a la Comisión de
decomiso de activos, la cual, a pesar del engorroso marco jurídico, sigue
obteniendo considerables resultados. El último informe relativo al MCV
planteaba una serie de interrogantes sobre el nuevo marco jurídico del decomiso
de activos[35],
cuestiones que siguen pendientes. El
Ministerio de Interior dispone de su propia capacidad forense, análisis de ADN,
balística y grafología, pero otros sectores técnicos requieren el uso de
peritos acreditados ante los tribunales, lo que suscita cuestiones de
disponibilidad, competencia, costes y, quizá, imparcialidad. Bulgaria no
dispone de ninguna oficina de peritos ni de ningún mecanismo similar. Los
observadores han destacado esta situación como uno de los posibles motivos de
que las demandas no prosperen ante los tribunales[36]. El
nuevo Gobierno búlgaro ha anunciado su intención de suprimir del mandato de la
AESN la investigación de la delincuencia organizada, revirtiendo así la
controvertida fusión de la antigua dirección de lucha contra la delincuencia
organizada de la policía (GDBOP) con la AESN en 2013[37].
La anterior reforma de este sector provocó varios meses de perturbaciones de
las operaciones relativas a los casos de delincuencia organizada, incluidas las
llevadas a cabo en cooperación con los servicios de seguridad de otros Estados
miembros. Se ha expresado la inquietud de que una nueva reorganización de los
servicios responsables de la investigación de la delincuencia organizada cree
trastornos similares, pero el Gobierno ha afirmado ser consciente de ese riesgo
y estar preparado a tomar medidas para facilitar la transición. 3. CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES Desde
el último informe de la Comisión, publicado en enero de 2014, los avances en la
reforma judicial y la aplicación de medidas concretas contra la corrupción y la
delincuencia organizada han sido lentos. El hecho de que en el periodo abarcado
por el presente informe se sucedieran tres gobiernos con una situación de
bloqueo parlamentario ha contribuido sin duda a la falta de afán reformista. No
obstante, la piedra angular que sustenta toda reforma es el reconocimiento de
los problemas y la búsqueda de medidas para subsanarlos. El Gobierno actual ha
dado un gran paso mediante la adopción de una estrategia de reforma judicial
con un extraordinario nivel de precisión. También hay datos que indican que el
próximo análisis de las medidas vigentes de lucha contra la corrupción aportará
material de reflexión de utilidad para una estrategia futura. La siguiente fase
consistirá en demostrar que la reforma es una auténtica prioridad política,
para lo que habrá que desarrollar rápidamente estas estructuras, buscar el
consenso, determinar medidas específicas con fases y plazos concretos y velar
por su aplicación. Ello requiere un cambio más profundo en la cultura política
y una auténtica convicción de que estas cuestiones son altamente prioritarias. Algunas
de las principales instituciones han seguido introduciendo en su gestión
cambios que deberían apoyar los esfuerzos dirigidos a materializar la reforma. Junto
a la aceleración de las reformas de conformidad con la estrategia, la
compilación más sistemática y profesional de los datos y el aumento de la
transparencia en la publicación de la información también aumentarían la
confianza en la profesionalidad y el compromiso de las autoridades. La
credibilidad de los progresos dependerá también de la reacción ante las
controversias específicas y los avances relativos a casos concretos. Los
anteriores informes relativos al MCV reflejaban cómo el escepticismo de los
ciudadanos ante la reforma se había alimentado de las controversias en torno a
temas como la transparencia y el mérito en los nombramientos de los jueces, la
reacción ante transgresiones como la evasión de delincuentes condenados o los
evidentes fallos en la asignación aleatoria de los expedientes. La reacción de
las autoridades búlgaras en esos casos sigue falta de convicción, lo que atiza
las dudas acerca de la independencia judicial. El número de sentencias
judiciales firmes sobre casos de corrupción de alto nivel y delincuencia
organizada sigue siendo bajo. Estas deficiencias en las medidas clave para el
cambio radican también en el núcleo del escepticismo manifestado por los
búlgaros hacia la reforma hasta el momento, como ponen de manifiesto las
encuestas de opinión[38]. La
Comisión invita a Bulgaria a tomar medidas en los siguientes ámbitos: 1.
Independencia, control democrático e integridad de la judicatura La
estrategia de reforma judicial incluye numerosas propuestas destinadas a
subsanar las deficiencias detectadas en este área. Esas medidas deben reposar
en la convicción de que la credibilidad del sistema depende de que las
autoridades demuestren su determinación por maximizar la objetividad y asegurar
que toda transgresión se afronte con firmeza. ·
Profundizar
en la reforma de la organización del CGPJ, implicando a las asociaciones
profesionales y otros interesados, y estudiando –entre otros aspectos– los
procedimientos de las próximas elecciones del CGPJ para que de ellas salga un
Consejo capaz de inspirar confianza. ·
Aplicar
criterios objetivos de mérito, integridad y transparencia a los nombramientos
de los jueces, incluidos los de alto nivel, y suprimir los retrasos en los
nombramientos. Las cuestiones referentes a la integridad son especialmente
importantes y los responsables de los nombramientos deben poder demostrar que
se les ha otorgado la atención necesaria. ·
Despejar
sin dilación el bloqueo del nombramiento al cargo de Inspector Jefe. ·
Mejorar
rápidamente la seguridad del sistema de asignación aleatoria de los expedientes
y acelerar la labor de modernización en curso; llevar a cabo investigaciones
rigurosas e imparciales siempre que surjan sospechas de manipulación indebida
del sistema. 2.
Reforma del sistema judicial La
estrategia de reforma judicial constituye una sólida base para la acción futura,
y el debate que ha suscitado ha permitido que organismos como la Fiscalía
General presenten una respuesta constructiva. ·
Aplicar
la nueva estrategia judicial adoptada por el Gobierno y las ideas detalladas
propuestas por la fiscalía. ·
Reformar
las secciones críticas del Código Penal cuya urgente mejora es necesaria para
aumentar la eficacia de la lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada. ·
Fijar
un calendario detallado para una reflexión a más largo plazo sobre los
objetivos fundamentales de un nuevo Código Penal. 3.
Eficiencia del sistema judicial El
Consejo General del Poder Judicial ha adoptado algunas medidas de gestión que
es preciso ahora culminar. ·
Completar
la metodología de evaluación de la carga de trabajo de los magistrados y los
tribunales y consultar a todos los interesados principales a fin de determinar
una base objetiva de reforma del mapa judicial (en caso necesario, disociando a
los órganos jurisdiccionales de los demás mapas de servicio público). ·
Aplicar
procedimientos y normas claros en materia de sanciones para garantizar la
coherencia de las resoluciones disciplinarias. ·
Implementar
medidas destinadas a subsanar deficiencias en la ejecución efectiva de las
resoluciones judiciales, atajando las posibilidades de fuga para eludir las
penas de prisión o haciendo que se apliquen las multas determinadas por los
tribunales. ·
Conseguir
progresos concretos en la justicia en línea como medio de mejora del proceso
judicial. 4.
Corrupción La
próxima evaluación de la estrategia de lucha contra la corrupción de Bulgaria
deberá facilitar un análisis productivo de los retos a los que se enfrenta ese
país y podrá contribuir a determinar una nueva estrategia y a adoptar medidas
concretas para empezar a resolver los problemas tanto mediante la prevención
como mediante un enjuiciamiento efectivo. ·
Confiar
a una única institución la autoridad y la autonomía necesarias para coordinar y
controlar la realización de las actividades anticorrupción; crear un conjunto
uniforme de normas mínimas destinadas al sector público en materia de
organismos de control, evaluación de riesgos y obligaciones de información. ·
Implantar
una sólida estrategia nacional de lucha contra la corrupción, empezando con la
publicación del análisis de las deficiencias de la estrategia actual. ·
Velar
por una aplicación resuelta de la estrategia de contratación pública adoptada
en julio de 2014. ·
Ultimar
los procedimientos de nombramiento de los restantes miembros de la Comisión
para la prevención y determinación de conflictos de intereses y los cambios
legislativos de la ley sobre conflictos de intereses. ·
Estudiar
la forma en que el sistema de declaración de bienes pueda ser objeto de un uso
más fructífero (como la definición de los controles mediante análisis de
riesgo). ·
Reforzar
la capacidad de la fiscalía para perseguir casos de corrupción de alto nivel. ·
Supervisar
la evolución de los casos de corrupción de alto nivel y fijar y aplicar medidas
que permitan evitar que se aprovechen lagunas y subterfugios procesales para
retrasar el curso de la justicia. 5.
Delincuencia organizada Es
indudable que el gran número de asuntos pendientes y los pocos ejemplos de
avances ponen en entredicho la labor desempeñada para luchar contra la
delincuencia organizada y mejorar la profesionalidad de las autoridades
judiciales y policiales en este ámbito. ·
Crear
las condiciones necesarias para que el tribunal especializado en la lucha
contra la delincuencia organizada y la fiscalía adjunta puedan concentrarse en
los casos prominentes y complejos. ·
Supervisar
la evolución de los casos de delincuencia organizada de alto nivel y fijar y
aplicar medidas que permitan evitar que se aprovechen lagunas y subterfugios
procesales para retrasar el curso de la justicia. ·
Asegurar
que se implanten las garantías necesarias para impedir que los demandados de
alto nivel se evadan de la justicia o consigan ocultar bienes adquiridos
mediante actividades delictivas antes de que recaiga resolución firme, con una
atribución clara de responsabilidades en caso de fallo. ·
Garantizar
que todo cambio en las estructuras que participen en la investigación de la
delincuencia organizada se efectúe sin menoscabo de la continuidad de las
operaciones. [1] Conclusiones
del Consejo de 17 de octubre de 2006 (13339/06); Decisión de la
Comisión por la que se establece un mecanismo de cooperación y
verificación de los avances logrados por Bulgaria para cumplir indicadores
concretos en materia de reforma judicial, lucha contra la corrupción y la
delincuencia organizada, 13 de diciembre de 2006 (C (2006) 6570
final). [2] Conclusiones
del Consejo sobre informes anteriores: http://ec.europa.eu/cvm/key_documents_en.htm [3] «Flash»
de Eurobarómetro nº 406. [4] Algunos
Estados miembros ofrecen asistencia técnica a Bulgaria en sectores pertinentes
para el MCV. [5] COM(2014)
36 final, p.3. [6] Informe
técnico, apartado 2.1. [7] Parece,
no obstante, que esa propuesta fue cuestionada en el Parlamento el 21 de enero
de 2015. [8] COM
(2012) 411 final, p.11. [9] Véase,
por ejemplo, COM (2012) 411 final, p.6, y COM (2014) 36 final, p. 9. [10] COM
(2014) 36 final, p.4. [11] El
Parlamento nacional ha reiniciado el procedimiento, con una fecha límite de 30
de enero de 2015 para el nombramiento de los candidatos. [12] Véase la
recomendación en la página 9 del documento COM (2014) 36 final. [13] Relacionados,
concretamente, con la asignación de los procedimientos de quiebra en dos casos
emblemáticos; véase la sección 4.1 del informe técnico. [14] Este
sector tiene grandes probabilidades de ser destinatario de la ayuda de los
fondos de la UE. [15] Disponible
en el sitio web del Ministerio de Justicia (en búlgaro): http://mjs.bg/107/. [16] Al
parecer, algunos de los aspectos de la Estrategia fueron cuestionados en el
Parlamento. [17] El texto
se presentó como borrador bajo el Gobierno provisional en octubre de 2014. [18] Véanse,
especialmente, las mencionadas propuestas de división del CGPJ en salas para
las decisiones relativas a los nombramientos y los expedientes disciplinarios. [19] Las
propuestas concretas presentadas por el Fiscal General y encaminadas a la
creación de una fiscalía más descentralizada, transparente y responsable pueden
considerarse también en el contexto de los cambios más amplios de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Sistemas Judiciales. [20] La labor
preparatoria llevada a cabo desde 2009 en este ámbito debería proporcionar un
importante corpus de aportaciones analíticas. [21] El
trabajo analítico que actualmente se está llevando a cabo en el CGPJ como
respuesta, en parte, a las recomendaciones del MCV [véase, por ejemplo, el
documento COM(2014) 36 final, p.10], podría mejorar la base de la evaluación,
por ejemplo, mediante un cómputo más exacto de la carga de trabajo y unos
criterios más claros para la evaluación periódica de los magistrados. [22] Al
existir implicaciones para la organización territorial de otros servicios públicos. [23] Informe
técnico, apartado 4.2. [24] Véase el
informe técnico, apartado 6.2. [25] «Flash»
de Eurobarómetro 406. [26] Del
mismo modo, el Informe de 2014 sobre la lucha contra la corrupción en la UE puso
de manifiesto la existencia de determinados desafíos en Bulgaria [COM (2014) 38
final]. La corrupción (y la cuestión de la independencia judicial) figuran
también entre los retos que recogen las recomendaciones específicas para
Bulgaria emitidas en el contexto del Semestre Europeo para la coordinación de
las políticas económicas (DO 2014/C 247/02). [27] COM(2014)
36 final, p. 7; informe técnico, sección 5.4. [28] Como por
ejemplo evitar que los funcionarios de aduanas y los guardas de fronteras
manejen dinero en metálico o la implantación de una política de rotación del personal. [29] Informe
técnico, sección 5.4. [30] Actualmente
enjuiciada ante los tribunales penales. [31] El
Informe de actividad de la AESN para 2014 reflejó muchas más medidas de lucha
contra la delincuencia organizada que contra la corrupción. [32] La
consideraban un problema importante un 96 % de los ciudadanos búlgaros
encuestados en el reciente «Flash» Eurobarómetro nº 406. [33] Informe
técnico, apartado 6.1. [34] En un
reciente caso de asesinato de un testigo de otro caso emblemático, el testigo había
declinado participar en un programa de protección. [35] COM (2014)
35 final, p.8 [36] Informe
técnico, sección 6.1. [37] COM (2014) 35 final,
p.8. [38] «Flash» de
Eurobarómetro nº 406.