Veinte años de Copenhague

Primero lo fundamental: Estado de Derecho, democracia y economía

I. La agenda de ampliación

Hace veinte años, los Balcanes Occidentales estaban desgarrados por la guerra. Al mismo tiempo, la Unión Europea acordó las condiciones de entrada de nuevos Estados miembros en la UE, denominadas criterios de Copenhague. Dichos criterios reflejan los valores en que se fundamenta la Unión, a saber, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos fundamentales, y también la importancia de disponer de una economía de mercado en funcionamiento. De esa forma se sentaron las bases para la transformación y adhesión históricas de los países de Europa Central y Oriental.

Diez años después, en la cumbre de Salónica de 2003, la UE ofreció a los países de los Balcanes Occidentales una perspectiva clara de adhesión, a reserva del cumplimiento de las condiciones necesarias, especialmente los criterios de Copenhague y las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación.

Croacia ha cumplido dichas condiciones. Tras la ratificación del Tratado de Adhesión por todos los Estados miembros, la Unión Europea dio la bienvenida a Croacia como Estado miembro nº 28. Croacia es el primer país que ha culminado el Proceso de Estabilización y Asociación. La adhesión de Croacia es un ejemplo del poder de transformación y el efecto estabilizador del proceso de ampliación, así como el «poder blando» (soft power) de la Unión Europea.

El acuerdo histórico alcanzado por Serbia y Kosovo* en abril es otra prueba del poder de la perspectiva de adhesión a la UE y de su papel en la cicatrización de las profundas heridas de la Historia. Asimismo refleja el valor crucial del liderazgo político de ambos países. En junio, el Consejo Europeo decidió iniciar negociaciones de adhesión con Serbia, y el Consejo autorizó la apertura de negociaciones con vistas a un Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Kosovo.

Este año ha sido un año importante para los demás países de la ampliación.

En junio de 2013, Montenegro adoptó planes globales de actuación en los capítulos del poder judicial y los derechos fundamentales y de la justicia, la libertad y la seguridad, en consonancia con el nuevo enfoque consistente en tratar esos capítulos en una fase temprana del proceso de adhesión. En Albania, el consenso entre partidos en favor del apoyo a las reformas clave, la realización ordenada de elecciones generales y la adopción de medidas adicionales de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada significan que el estatuto de candidato está ahora al alcance. La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha superado la crisis política en que cayó al principio del año, pero sigue habiendo motivos de preocupación, sobre todo respecto a la libertad de expresión y los medios de comunicación; se han adoptado medidas en el país para mejorar las buenas relaciones de vecindad. De modo más general, ahora es vital conseguir un avance decisivo en las conversaciones sobre el nombre del país, auspiciadas por las Naciones Unidas. En Bosnia y Herzegovina, la falta de voluntad política para llevar a cabo las reformas y el fracaso en la aplicación de la sentencia Sejdic-Finci obstaculiza los avances del país hacia la UE y las perspectivas económicas.

En Turquía, se ha avanzado en cuanto a la reforma judicial, y en septiembre se presentaron otras reformas y la tan esperada serie de medidas a favor de la democratización. Prosiguieron las conversaciones de paz con el PKK, a fin de acabar con el terrorismo y la violencia en el sudeste del país y de sentar las bases para hallar una solución a la cuestión kurda. No obstante, la forma en que las autoridades gestionaron las manifestaciones realizadas a raíz de la propuesta de desarrollo del Parque Gezi en Estambul suscitó una gran preocupación y subrayaron la necesidad de que la UE siga siendo el punto de anclaje para las reformas.

En cuanto a Islandia, el nuevo Gobierno ha dejado en suspenso las negociaciones con la UE y declarado que las negociaciones no proseguirán sin un referéndum.

Actualmente, el proceso de adhesión es más riguroso y global que en el pasado, lo que refleja la evolución de las políticas de la UE y la experiencia adquirida en ampliaciones anteriores. El proceso se basa en condiciones estrictas pero justas: el progreso hacia la adhesión depende de las medidas que adopte cada país para cumplir los criterios establecidos. Una lección fundamental del pasado es la importancia de tratar primero las cuestiones fundamentales.

El Estado de Derecho se halla ahora en el centro del proceso de ampliación. El nuevo enfoque aprobado por el Consejo en diciembre de 2011 consiste en que los países deben ocuparse, en una fase temprana de las negociaciones de adhesión, de cuestiones como la reforma judicial y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción; con ello, los países tienen más tiempo para obtener un balance de resultados sólido en la realización de reformas, de modo que se garantiza que las reformas estén profundamente arraigadas y sean irreversibles. Este nuevo enfoque es un elemento clave del marco de negociación con Montenegro y conformará la labor de la Comisión con los demás países de la ampliación.

La crisis económica mundial de los pasados cinco años ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los países efectúen una revisión completa de su gobernanza económica y la refuercen. Ello se aplica especialmente a los países de los Balcanes Occidentales, ninguno de los cuales dispone de una economía de mercado en funcionamiento. Todos padecen un elevado nivel de desempleo, sobre todo entre los jóvenes. Es esencial que dichos países intensifiquen las reformas para volver a la senda del crecimiento sostenible y afronten los retos necesarios para cumplir los criterios económicos y aumentar la competitividad. En la presente Comunicación se exponen propuestas de apoyo a ese fin, incluida la introducción de estrategias nacionales de reforma económica y de planes de actuación para la gestión de la hacienda pública.

Los acontecimientos acaecidos en algunos países de la ampliación han señalado la importancia de consolidar las instituciones democráticas y de garantizar unos procesos democráticos integradores que respalden tales instituciones y fortalezcan los principios democráticos fundamentales y los valores comunes de la UE. Es esencial que la sociedad civil desempeñe un mayor papel y también que haya plataformas entre partidos para la integración en la UE, así como mayores avances en las reformas electoral, parlamentaria y de la administración pública.

La Unión Europea se basa en valores y principios comunes, incluido el respeto de los derechos fundamentales. Todos los países de los Balcanes Occidentales y Turquía precisan llevar a cabo más reformas, con objeto de que los principios de la libertad de expresión y la protección de los derechos de las personas que pertenecen a minorías, incluidos los romaníes, se respeten en la práctica y no solo se plasmen en la legislación. Es necesario adoptar medidas más sólidas para proteger a otros grupos vulnerables de la discriminación, en especial por motivos de orientación sexual.

Unas buenas relaciones de vecindad y la cooperación regional son un elemento esencial del Proceso de Estabilización y Asociación. En especial, la evolución observada en Serbia y Kosovo ha puesto de manifiesto que los países pueden avanzar hacia la superación del legado del reciente conflicto, en consonancia con el principio genuino en que se fundamenta la Unión Europea. La cooperación regional debe reforzarse más, de manera que sea integradora y sea asumida regionalmente. La Comisión apoya plenamente la labor del Proceso de Cooperación de Europa del Sudeste y del Consejo de Cooperación Regional, incluida la Estrategia Regional 2020. Es necesario realizar esfuerzos renovados para superar las controversias bilaterales entre los países de la ampliación y entre ellos y los Estados miembros. Las cuestiones bilaterales deben ser tratadas lo antes posible por las partes pertinentes y no deben frenar el proceso de adhesión.

En el año 2014 se producirá la puesta en marcha del segundo Instrumento de Asistencia a la Preadhesión. A través del IPA II, la UE continuará prestando un apoyo sustancial a los países de la ampliación en su preparación para la adhesión, siendo el nivel de fondos del periodo  2014-2020 (11 700 millones EUR a precios corrientes) comparable al del actual marco financiero. El IPA II apoyará también la cooperación regional y transfronteriza; concentrará su labor en los ámbitos de interés compartido, sobre todo las reformas y su aplicación constante en el ámbito del Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la buena gobernanza y el desarrollo socioeconómico.

La puesta en marcha del IPA II es también una oportunidad de vincular todavía más la estrategia de ampliación con las prioridades de la ayuda. El IPA II introduce algunas innovaciones importantes, en especial la elaboración de políticas y estrategias a largo plazo en una serie limitada de sectores prioritarios, que se ajustarán a las necesidades y capacidades de cada país. Se fijarán objetivos claros e indicadores realistas, que se vincularán a la asistencia sectorial plurianual. Si los países alcanzan los estándares necesarios de gestión de la hacienda pública, podrán beneficiarse de la ayuda presupuestaria, lo que constituirá un incentivo adicional para las reformas. Habrá incentivos para los países que avancen en el camino de la reforma; en caso de que no lo hagan, se reasignarán los fondos. La gestión de los programas del IPA seguirá simplificándose, sobre todo disminuyendo el número de proyectos y aumentando su magnitud.

Todos los países de la ampliación tienen una clara perspectiva europea. Los avances hacia la adhesión dependen de las medidas tomadas por cada país para cumplir los criterios establecidos, sobre la base del principio del mérito propio. Es algo crucial para la credibilidad de la política de ampliación, así como para ofrecer incentivos a los países y realizar reformas ambiciosas. Al mismo tiempo, es esencial que los Estados miembros, junto con las instituciones de la UE, encabecen un debate con conocimiento de causa sobre los efectos políticos, económicos y sociales de la política de ampliación. Los Estados miembros desempeñan un papel clave al comunicar a los ciudadanos hechos sobre la política de ampliación, al informarlos, con ello, de los beneficios de la misma, incluida su contribución a la paz, la seguridad y la prosperidad, y al ocuparse de los asuntos que les puedan preocupar.

II. Retos clave

En la presente Comunicación, la Comisión subraya una serie de retos clave ante los que se hallan los Balcanes Occidentales y Turquía: la gobernanza económica y la competitividad; el Estado de Derecho; el funcionamiento de las instituciones que garantice la democracia; los derechos fundamentales; y, en el caso de los Balcanes Occidentales, la superación del legado del pasado. Estos retos son fundamentales para los criterios de Copenhague y las condiciones del Proceso de Estabilización y Asociación. Por otro lado, las medidas para afrontar estos retos se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, el fomento del Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales aumentan la seguridad jurídica y, junto con una integración regional más profunda, contribuyen considerablemente al desarrollo económico y la competitividad.

a) Gobernanza económica y competitividad

En los tres últimos años, la UE ha potenciado considerablemente su gobernanza económica. Durante el Semestre Europeo, los Estados miembros coordinan las políticas fiscales y estructurales, antes de que los respectivos parlamentos aprueben los presupuestos nacionales. Los instrumentos del diálogo económico con los países de la ampliación se están adaptando gradualmente a los nuevos retos y los mecanismos de coordinación en la UE. Ya se ha pedido a los países que presten mayor atención a la sostenibilidad de su situación exterior y a los principales obstáculos estructurales al crecimiento. Ahora es importante reflejar de manera más completa los principales instrumentos de la UE en el diálogo económico, teniendo en cuenta cómo, desde un punto de vista económico y financiero, están integrados los países de la ampliación con la UE.

La UE es destino de un 60 % aproximadamente de las exportaciones de los países de los Balcanes Occidentales, y también, con mucho, el mayor proveedor de inversión extranjera directa. Salvo en el caso de Turquía, los bancos de la UE dominan el sector financiero. El acceso de las mercancías y los servicios al mercado único de la UE representa una importante vía de crecimiento. Además, la recuperación de la UE tendrá efectos positivos especialmente en los Balcanes Occidentales. Según las previsiones más recientes de la Comisión, los Balcanes Occidentales crecerán un 2 % en 2013. La previsión de crecimiento para Turquía es del 3,2 %, lo que indica que el país está volviendo a un mayor ritmo de crecimiento, tras la relativa desaceleración de 2012.

La modesta recuperación de los Balcanes Occidentales no garantiza el crecimiento sostenible ni la convergencia. Sigue habiendo retos significativos en todos los países de la ampliación en lo que respecta a la reforma económica, la competitividad y la creación de empleo:

· Si bien Turquía tiene una economía de mercado en funcionamiento, ningún país de la ampliación de los Balcanes Occidentales la tiene.

· Los sistemas de gestión de la hacienda pública deben reforzarse considerablemente para reducir el riesgo de fraude y corrupción.

· El Estado de Derecho debe mejorarse significativamente, de modo que haya una mayor seguridad jurídica para los operadores económicos y aumente la confianza de los inversores.

· Deben priorizarse las reformas estructurales, y debe potenciarse la competitividad, con el fin de respaldar el saneamiento presupuestario, corregir los desequilibrios externos y reducir el elevado nivel de desempleo en todos los países, cuyo promedio supera el 20 % en los Balcanes Occidentales. Hay grandes disparidades regionales dentro de cada país: el nivel de pobreza es alto en las zonas rurales.

Se propone un nuevo enfoque para ayudar a los países de la ampliación a que se ocupen primero de los indicadores económicos fundamentales y cumplan los criterios económicos. Se invitará a los países a que potencien su política económica y gobernanza mediante la preparación coordinada de una estrategia nacional de reforma económica, que abarque dos elementos principales: un programa macroeconómico y presupuestario y un programa de reformas estructurales y de competitividad. Ambos elementos se tratarán en el diálogo bilateral y multilateral con los países:

· El programa macroeconómico y presupuestario seguirá tratándose con los instrumentos existentes, a saber, los programas económicos de preadhesión para los países candidatos y los programas económicos y presupuestarios para los países candidatos potenciales. Para intensificar la vigilancia, se invitará al Consejo conjunto del ECOFIN con los países candidatos a dar orientaciones más concretas mediante recomendaciones por país y a realizar una revisión anual y un balance de resultados en la aplicación de las políticas.

· Como elemento nuevo, se pedirá a los países que elaboren programas de reforma estructural y a favor de la competitividad. Tales programas se elaborarán al mismo tiempo que los programas presupuestarios, pero acto seguido se revisarán en el contexto de los acuerdos de estabilización y asociación correspondientes, sobre todo en los ámbitos de la industria, la competencia, el mercado interior, la investigación, la educación, el transporte, la energía y el medio ambiente. Además, la Comisión utilizará los informes de situación del otoño para dar indicaciones claras sobre las reformas necesarias para seguir avanzando hacia el cumplimiento de los criterios económicos.

La Comisión entablará asimismo con los países de la ampliación un diálogo sobre gestión de la hacienda pública, que, entre otras cosas, ayudará a que avancen hacia el cumplimiento de los criterios económicos. Los países deberán redactar planes de acción en esta área, que serán supervisados por la Comisión. Además, avanzando hacia una gestión efectiva de la hacienda pública se dispondrá de la posibilidad de obtener apoyo presupuestario sectorial en el marco del IPA II.

La Comisión aplicará este enfoque en estrecha cooperación con las instituciones financieras internacionales y prestará asistencia técnica regional completa con ese fin. Las recomendaciones de la Comisión sobre los criterios económicos darán orientaciones sobre el alcance de dicha asistencia técnica.

Otras medidas de fomento de la competitividad, las inversiones, el crecimiento y el empleo

El apoyo de la Comisión al desarrollo económico sostenible de los Balcanes Occidentales va más allá de la estabilización macroeconómica y la consecución del estatuto de economía de mercado en funcionamiento. Desde el inicio de la crisis, la Comisión ha venido insistiendo en que debe trabajarse más para enderezar la difícil situación socioeconómica, en especial el elevado nivel de desempleo. La Comisión ha subrayado también que es necesario prestar apoyo a las inversiones en las infraestructuras de los Balcanes Occidentales. Las redes de transporte transfronterizo, energía y comunicaciones están subdesarrolladas. Dado el tamaño de las economías de los países de los Balcanes Occidentales, es fundamental conseguir una mayor integración. Se ha reconocido que la cooperación económica regional es una oportunidad de crecimiento y una base para la cooperación política y las buenas relaciones de vecindad. La liberalización prevista de los servicios en la Zona Centroeuropea de Libre Comercio (CEFTA) será un apoyo adicional. El desarrollo del capital humano y físico en las zonas rurales y la continuación de la adopción de las normas de la UE en el sector agroalimentario contribuirán a la competitividad del sector agrícola regional.

La Comisión ya ha empezado un nuevo diálogo sobre empleo y programas de reforma social con Turquía y Serbia. Y seguirán los diálogos con la antigua República Yugoslava de Macedonia y Montenegro. La situación socioeconómica de los candidatos potenciales es más complicada que en los países candidatos, y es necesaria una ayuda complementaria para crear la capacidad administrativa que facilite la participación en el nuevo proceso. Se irá invitando gradualmente a los candidatos potenciales al nuevo diálogo. En 2014 se programará una asistencia técnica global, con especial énfasis en los candidatos potenciales. A fin de reducir la disparidad de conocimientos y mejorar los sistemas educativos, la Comisión seguirá desarrollando la plataforma de los Balcanes Occidentales sobre educación y formación.

Bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Regional (CCR), los grupos regionales establecidos en el marco de la Agenda de Salónica han empezado a trabajar en las prioridades de Europa 2020. Se está confeccionando una estrategia regional 2020. Debe haber mayores esfuerzos para aumentar la sensibilidad y capacidad de los grupos regionales, actualmente dispersos, de manera que puedan realizar revisiones inter pares periódicas y formular recomendaciones. El CCR deberá establecer un mecanismo de supervisión público. La Comisión efectuará un seguimiento de los resultados de la labor del grupo y del mecanismo de supervisión en su diálogo económico y en el proceso de programación del IPA.

Las reformas conducentes al cumplimiento de los criterios económicos contarán también con el apoyo del Marco de Inversiones para los Balcanes Occidentales (WBIF). Este desempeña un papel cada vez más importante en la ayuda a la preparación de las inversiones más necesarias para impulsar el crecimiento y el empleo y en el apoyo a dichas inversiones. Dentro del WBIF, la Comisión, los donantes bilaterales y las instituciones financieras internacionales están prestando una ayuda que asciende a 4 000 millones EUR de inversiones anuales en los sectores del transporte, la energía, el medio ambiente, el cambio climático, el sector social y para el desarrollo del sector privado y de las PYME: la Comisión está cofinanciando una plataforma de PYME de los Balcanes Occidentales destinada a mejorar el acceso a la financiación por parte de las PYME mediante garantías y capital riesgo.

La mejora de la interconexión del transporte y de la energía entre la UE y los países de la ampliación será una prioridad clave para promover el crecimiento económico sostenible, el empleo, el comercio y los intercambios culturales. La Comisión destaca la importancia de que sigan desarrollándose las infraestructuras de energía transeuropeas y la cooperación con la Comunidad de la Energía. El futuro Tratado constitutivo de una Comunidad de Transportes fomentará la integración de los mercados y las infraestructuras de transporte terrestre, al tiempo que ayudará a los países de los Balcanes Occidentales a aplicar los estándares de transporte terrestre de la UE. La Comisión ha revisado las redes transeuropeas de la UE en el sector del transporte (TEN-T) y de la energía (TEN-E), con el fin de mejorar las conexiones con los países incluidos en las políticas de ampliación y de vecindad. A este respecto, la Comisión ha adoptado una lista de proyectos de interés común (PIC) para el desarrollo de las infraestructuras energéticas transeuropeas. Está previsto que el próximo Consejo Ministerial de la Comunidad de la Energía apruebe una lista de proyectos de interés para la Comunidad de la Energía.

Se estrechará la cooperación con Turquía, dada, entre otras cosas, su situación y potencial estratégicos como centro de conexión energética. En 2013, Turquía ratificó el Acuerdo de Conductos de Transporte a través de Anatolia, para su conexión con los conductos a través del Adriático, que transportarán gas natural a la UE desde el Caspio, a través de Turquía. En este contexto, el fortalecimiento de la cooperación energética ente la UE y Turquía y los avances pertinentes en las negociaciones de adhesión facilitará la continuación del progreso hacia la interconexión e integración de los mercados de la energía de la UE y de Turquía. La Comisión espera una evaluación del Banco Mundial cuya finalidad es revisar la Unión Aduanera UE-Turquía. Esta evaluación, que ha sido encargada por la Comisión Europea, formulará recomendaciones para mejorar la funcionalidad de dicha Unión Aduanera y para una posible ampliación de su alcance.

En apoyo de la labor relativa a los problemas señalados, la Comisión:

- invitará a los países de la ampliación a elaborar una estrategia nacional de reforma económica, que tendrá dos elementos: el programa macroeconómico y presupuestario existente y un nuevo programa de reformas estructurales y competitividad. El proceso dará como resultado recomendaciones específicas para cada país y unas orientaciones claras sobre las acciones necesarias para seguir avanzando a fin de lograr una economía de mercado en funcionamiento y aumentar la competitividad;

- pondrá en marcha un diálogo con los países sobre los requisitos necesarios para alcanzar los estándares de gestión de la hacienda pública, sentando las bases para un posible apoyo presupuestario del IPA;

- prestará asistencia técnica completa en estrecha cooperación con otras organizaciones internacionales.

En el periodo  de 2007 a 2013, se prestó una ayuda de asistencia a la preadhesión de hasta 190 millones EUR para reforzar la capacidad institucional de las administraciones en materia de gestión de fondos públicos, política económica y presupuestaria y estadística, así como la capacidad institucional de los bancos nacionales.

En el marco del IPA II, la Comisión seguirá respaldando las reformas para el cumplimiento de los criterios económicos y el desarrollo económico, también a través del Marco de Inversiones de los Balcanes Occidentales (WBIF), dando prioridad a la mejora de las interconexiones de transporte y energía entre la UE y los países de la ampliación, y prestando asistencia técnica para la gobernanza económica, el diálogo sobre empleo y cuestiones sociales, la consecución de los objetivos del CCR relativos a la estrategia regional de 2020 y la agricultura y el desarrollo rural.

b)   Estado de Derecho

El Estado de Derecho es un valor fundamental en que se basa la UE. Desde su nacimiento hasta los últimos capítulos de la ampliación, la Unión se creó para la salvaguarda de valores, como el Estado de Derecho. El Estado de Derecho sigue siendo una prioridad de la UE y ocupa un lugar central en el proceso de adhesión; es un pilar básico de los criterios políticos de Copenhague. Los países que aspiran a entrar en la Unión deben establecer y promover desde una fase temprana el funcionamiento correcto de las instituciones principales necesarias para garantizar el Estado de Derecho. Este respalda el entorno empresarial, dando seguridad jurídica a los operadores económicos e impulsando las inversiones, el empleo y el crecimiento. La lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción es fundamental para contener la infiltración delictiva de los sistemas políticos, jurídicos y económicos. En la mayoría de los países de la ampliación es necesario efectuar reformas judiciales integradoras, transparentes y responsables. Debe prestarse especial atención al nombramiento y la evaluación de los jueces y a los procedimientos disciplinarios aplicables a los mismos. También es necesario establecer marcos sólidos de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, que siguen siendo motivo de gran preocupación en muchos países de la ampliación. Es preciso esforzarse por garantizar que se consigan buenos resultados continuamente en este ámbito, sobre la base de investigaciones, enjuiciamiento y sentencias eficientes, efectivas e imparciales en casos a todos los niveles, incluida la corrupción de alto nivel.

El proceso de liberalización de visados ha animado a los países de los Balcanes Occidentales a adoptar importantes medidas para reformar los aspectos más relacionados con dicho proceso. Estas reformas han fortalecido la gobernanza interna. Los países deben intensificar sus esfuerzos para consolidar tales reformas y aplicar medidas que impidan el abuso del régimen de visados liberalizado, tal como lo señala y recomienda la Comisión en sus informes de seguimiento tras la liberalización de los visados. La Comisión presentará el cuarto de tales informes al final de 2013. Las cuestiones de migración y gestión de fronteras seguirán tratándose en los foros apropiados, como el marco del Acuerdo de Asociación y Estabilización, incluido el capítulo 24 sobre justicia, libertad y seguridad.

Se está aplicando un nuevo enfoque de las negociaciones de adhesión acerca del poder judicial y los derechos fundamentales, la libertad y la seguridad. Basándose en la experiencia adquirida, el nuevo enfoque introduce la necesidad de obtener, a lo largo del proceso, balances sólidos de resultados en la aplicación de las reformas. Al tratar estos ámbitos en una fase temprana de las negociaciones, los países de la ampliación tendrán más tiempo para asegurarse de que las reformas están profundamente arraigadas y son irreversibles. El nuevo enfoque se está aplicando actualmente en las negociaciones con Montenegro, que ha preparado planes de acción completos como base para la apertura de las negociaciones sobre estos capítulos. Tras la invitación del Consejo Europeo de junio de 2013, el nuevo enfoque se está integrando en el marco de negociación con Serbia, y se está llevando a cabo el examen analítico de los capítulos 23 y 24.

El Estado de Derecho es también un tema clave en las relaciones de la UE con otros países de la ampliación. El Diálogo de Alto Nivel de la Comisión sobre la Adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia continúa tratando cuestiones sobre el Estado de Derecho. Una serie de prioridades clave del Dictamen de la Comisión de 2010 relativas a las condiciones de apertura de las negociaciones de adhesión con Albania se refieren al Estado de Derecho. La Comisión apoya la reforma judicial mediante su Diálogo Estructurado sobre Justicia con Bosnia y Herzegovina y también ha entablado un Diálogo Estructurado sobre el Estado de Derecho con Kosovo, centrado en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción y en la reforma del poder judicial. El Estado de Derecho es asimismo una prioridad de la agenda positiva con Turquía.

Con objeto de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- aplicará el nuevo enfoque a los capítulos sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y seguridad con Montenegro y Serbia y seguirá dando prioridad al Estado de Derecho mediante diálogos específicos con los demás países de la ampliación;

- garantizará la coordinación con las agencias europeas pertinentes (en particular, Europol, Eurojust y Frontex) y animará a que haya una mayor cooperación entre dichas agencias y los países de la ampliación, incluida la celebración de acuerdos operativos con Europol;

- reforzará el apoyo a las reformas relacionadas con el Estado de Derecho a través del IPA II tanto a nivel nacional como regional, con el fin aplicar las reformas en estos ámbitos clave y garantizar un intercambio efectivo de mejores prácticas de obtención de balances positivos de resultados en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción.

En el periodo  de 2007 a 2013, se ha prestado una asistencia de preadhesión que asciende a más de 800 millones EUR, con el fin de mejorar el sector judicial, la independencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así como la gestión de las fronteras y la seguridad. En el marco del IPA II, se establecerán estrategias sectoriales, con especial hincapié en el establecimiento de poderes judiciales independientes, eficientes y profesionales, en el apoyo al desarrollo de un marco sólido a nivel nacional y regional y en la obtención de balances positivos de resultados en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, incluidas medidas de prevención y el suministro a los cuerpos y fuerzas de seguridad de herramientas jurídicas y de investigación eficaces, sobre todo la capacidad de llevar a cabo investigaciones financieras.

c)   Funcionamiento de instituciones que garanticen la democracia

Los criterios políticos de Copenhague hacen obligan a los países candidatos a lograr la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia. El funcionamiento adecuado de las instituciones principales es vital, ya sea el parlamento nacional, el gobierno o la administración pública. Debe darse prioridad en la mayoría de los países de la ampliación a la transparencia, responsabilidad y eficacia de las instituciones y las administraciones públicas, incluida una mayor atención a las necesidades de los ciudadanos y las empresas. Deben hacerse más esfuerzos por fortalecer la democracia participativa y establecer plataformas nacionales para las reformas relacionadas con la UE en las que se cree un consenso entre las partes y la sociedad en general a favor de las grandes reformas solicitadas. También son clave el papel de las entidades regionales y locales en el proceso de armonización de la UE y una aplicación, en su caso, de las normas de la UE.

Las instituciones democráticas siguen siendo frágiles en algunos de los países de la ampliación. Falta una cultura de formación de consenso, y el papel de los parlamentos nacionales no está suficientemente desarrollado. La democracia no es solo celebrar elecciones libres y justas; también significa disponer de instituciones fuertes y que rindan cuentas y procesos participativos en torno a los parlamentos nacionales. A menudo, el control parlamentario se ve mermado por el uso excesivo de procedimientos legislativos urgentes, sistemas y procedimientos débiles de comisión parlamentaria y consultas insuficientes a las partes interesadas, con aportaciones mínimas de los expertos.

Con demasiada frecuencia, las elecciones son consideradas una oportunidad para hacerse con un control político de las instituciones estatales que va mucho más allá del normal traspaso de poder político asociado al cambio de administración. En muchos casos, incluso los puestos relativamente de menor grado en la administración pública están politizados, lo que reduce la capacidad y la rendición de cuentas de las administraciones. La reforma de la administración pública es vital, incluida la profesionalización y despolitización de la función pública. La inclusión del principio del mérito, la lucha contra la corrupción y la utilización de los procedimientos administrativos adecuados, incluido el respeto a los derechos humanos, tienen una importancia fundamental.

Demasiado a menudo, la sociedad civil y los ciudadanos y, en especial, los jóvenes están marginados de la política cotidiana. Debe seguir desarrollándose el diálogo entre los responsables de las decisiones y las partes interesadas. Una sociedad civil capacitada es un componente crucial de cualquier sistema democrático. Refuerza la rendición de cuentas políticas y la cohesión social, aumentando el entendimiento y la integración de las reformas relacionadas con la adhesión, así como contribuyendo a la reconciliación en las sociedades divididas por los conflictos. En algunos casos, debe crearse un entorno que ayude y capacite más y que mejore las condiciones del diálogo político y las aportaciones no interesadas al proceso de toma de decisiones, con la ayuda de estadísticas de buena calidad suministradas por organismos estadísticos nacionales independientes. Debe garantizarse la independencia y eficacia de organismos clave, como el defensor del pueblo y las instituciones de auditoría estatales, y debe efectuarse un seguimiento apropiado de sus recomendaciones.

Con objeto de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- trabajará de manera más intensa con organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la OSCE/ODIHR y la OCDE (SIGMA) a fin de apoyar las reformas electorales y parlamentarias; seguirá promoviendo la cooperación interparlamentaria entre los parlamentos nacionales de la región y los de los Estados miembros de la UE y el Parlamento europeo;

- dará mayor prioridad a la reforma de la administración pública en el proceso de adhesión, haciendo especial hincapié en la transparencia, la despolitización y los méritos en los procesos de contratación;

- prestará mayor atención a la sociedad civil, incluidos la creación de capacidad y el fomento de la creación de un entorno capacitador para su desarrollo y una mayor participación de las partes interesadas en las reformas, gracias, entre otras cosas, a una mayor transparencia de la actuación y el gasto gubernamentales;

- fomentará una participación de base más amplia en el proceso de adhesión, a partir del ejemplo positivo de Montenegro e impulsando la máxima transparencia en la manipulación de los documentos pertinentes.

En el periodo  de 2007 a 2013, se prestó una asistencia de preadhesión por un importe superior a los 30 millones EUR, con el fin de potenciar, entre otras cosas, la capacidad de los parlamentos nacionales, los defensores del pueblo y las instituciones de auditoría nacionales. En el mismo periodo , las organizaciones de la sociedad civil han recibido una ayuda del IPA de casi 190 millones EUR, a los que hay que sumar más de 35 millones EUR de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). En el marco del IPA II, la Comisión ayudará al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la buena gobernanza, incluidos los defensores del pueblo, y la reforma de la administración pública, incluidos los proyectos de hermanamiento en esos ámbitos. Además, la Comisión seguirá estudiando opciones para capacitar y seguir apoyando a la nueva generación de responsables de políticas, funcionarios públicos y dirigentes, entre otras cosas mediante programas de visita más específicos y tal vez un régimen de becas de la UE. La Comisión continuará apoyando el desarrollo de la capacidad de la sociedad civil, entre otros a través del Instrumento para la Sociedad Civil, y asignará un papel más importante a la sociedad civil en la programación estratégica del IPA II.

d)   Derechos fundamentales

Los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como los derechos de las personas pertenecientes a minorías, son cuestiones problemáticas en la mayoría de los países de la ampliación. Los derechos fundamentales están garantizados ampliamente por la ley en dichos países pero en muchos casos no se aplican en la práctica. Deben hacerse mayores esfuerzos para mejorar la situación de las mujeres y garantizar la igualdad de género, aplicar los derechos de los niños y ayudar a las personas discapacitadas.

En algunos países de la ampliación, la libertad de expresión sigue siendo motivo de gran preocupación. Las minorías étnicas, sobre todo la población romaní, afrontan muchas dificultades, pese a la existencia de marcos jurídicos que apoyan sus derechos. Es importante consolidar un marco coherente de lucha contra determinadas formas y expresiones de racismo y xenofobia en campos como los medios audiovisuales, los deportes, la política, la educación e internet. Además, la discriminación por motivos de orientación sexual está muy extendida. Estos grupos se enfrentan asimismo a una hostilidad de la sociedad, que puede traducirse en incitación al odio, violencia e intimidación.

En la Comunicación del presente año la Comisión presta especial atención a la libertad de expresión, la situación de la población romaní y la situación de las personas LGBTI. La Comisión está trabajando estrechamente sobre estas cuestiones de derechos fundamentales con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, en especial el Consejo de Europa y la OSCE. La Comisión propone que los países candidatos participen como observadores en la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, a fin de apoyar su labor de garantía del pleno respeto de los derechos fundamentales.

- Libertad de expresión

La Comisión ha venido dando prioridad a la libertad de expresión y la libertad de prensa en el proceso de adhesión a la UE y en el apoyo financiero y técnico de la UE. En junio de 2013, la Comisión, junto con el Parlamento Europeo, celebró una Conferencia Speak-Up!2, que reunió a cientos de partes interesadas clave de los medios de comunicación, la sociedad civil y las autoridades nacionales.

En la mayoría de los casos, los países de la ampliación se caracterizan por unos entornos mediáticos pluralistas. No obstante, la Conferencia Speak-Up!2 confirmó que deben tratarse urgentemente una serie de problemas importantes. Los casos de violencia e intimidación contra periodistas plantean un problema continuo, que lleva a la autocensura. Las autoridades deben intensificar sus esfuerzos de investigación de nuevos y antiguos casos y garantizar que se aplican sanciones disuasorias contra los autores. Despenalizando la difamación, se dio un gran paso adelante en el sudeste de Europa hacia la protección del periodismo libre y crítico. Sin embargo, los enjuiciamientos de periodistas continúan. Es necesario desarrollar y formar al poder judicial para impedir el abuso del poder del Estado.

La interferencia política en los medios de comunicación sigue siendo motivo de gran preocupación. Es necesario hacer mayores esfuerzos para garantizar la independencia política y financiera de la radiodifusión de servicio público en los Balcanes Occidentales. El mejor modo de lograrlo es disponer de una financiación sostenible y de normas transparentes de nombramiento de los miembros de los consejos de administración y que haya un firme compromiso nacional con las reformas necesarias. En la mayoría de los países de la ampliación, los organismos reguladores no están cumpliendo su función de forma satisfactoria. Además, no existe una autorregulación de los medios de comunicación eficaz, y esos deben esforzarse más por mejorar su gobernanza interna. Por otra parte, es necesario afrontar la presión económica informal sobre los medios de comunicación, mediante, entre otras cosas, la transparencia de la propiedad de dichos medios, de modo que se impida su excesiva concentración, y normas transparentes sobre la licitación de la publicidad gubernamental. Es necesario también aplicar debidamente la legislación laboral en los medios de comunicación.

Con objeto de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- fomentará la libertad de expresión y de prensa y destacará su importancia para la adhesión a la UE, mediante diálogos políticos periódicos con los países de la ampliación;

- garantizará que la libertad de expresión y la libertad de prensa sean consideradas constantemente una prioridad en la negociación del capítulo 23 sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y del capítulo 10 sobre la sociedad de la información y los medios de comunicación;

- concederá un premio de excelencia en periodismo de investigación, a partir de 2014.

En el periodo  de 2007 a 2013, se ha prestado una ayuda de preadhesión de más de 27 millones EUR a fin de contribuir a la labor de los países en lo que respecta a la libertad de expresión. En el marco del IPA II, la Comisión aplicará un enfoque a largo plazo de la ayuda financiera de la UE para la libertad de expresión, que incluirá la colaboración con socios clave (como, por ejemplo, el Consejo de Europa, la OSCE y la OCDE).

- Población romaní

En la actualidad hay en Europa entre diez y doce millones de romaníes, de los cuales unos cuatro millones se hallan en Turquía y un millón en los Balcanes Occidentales. En Europa, la situación de la mayoría de las comunidades romaníes es motivo de gran preocupación. Muy a menudo, los romaníes son víctimas de racismo, discriminación y marginación social y viven en una gran pobreza, faltos de un acceso suficiente a la asistencia sanitaria, la educación y la formación, la vivienda y el empleo. A causa de las difíciles condiciones en las que viven, muchos de ellos se van de la región y buscan asilo en algunos países de la UE. La mayoría de las solicitudes de asilo acaban no prosperando. Esta situación es insostenible.

Desde 2011, existe a nivel de la UE un marco para las estrategias nacionales de integración de los romaníes. Los objetivos y principios de este marco, que se centra en la reducción de la pobreza, de la marginación social y de la discriminación de la población romaní, también son válidos para los países de la ampliación, en los cuales debe hacer mucho más para facilitar la integración social y económica de los romaníes y elaborar estrategias nacionales a favor de los romaníes y garantizar su aplicación, seguimiento y supervisión. La integración de los romaníes debe convertirse en una prioridad nacional, no solo en los documentos de estrategia sino también en la aplicación real sobre el terreno; debe haber medidas destinadas a aumentar el acceso a la educación, impulsar el empleo y mejorar las condiciones sanitarias y de vivienda, sobre todo para garantizar el acceso a servicios públicos como el agua y la electricidad. Debe tratarse la cuestión de la documentación civil y el registro de los romaníes.

La integración de los romaníes sigue siendo un objetivo fundamental y será un reto político cada vez mayor si no se actúa más enérgicamente. Es necesario un enfoque coordinado, basado en una firme voluntad política a todos los niveles, sobre todo de las autoridades municipales y los gobiernos de los países de que se trata, así como un cambio de mentalidad en las poblaciones mayoritarias. Los dirigentes romaníes también deben hacer su aportación, promoviendo un nivel más alto de inscripción en el registro civil, garantizando la participación en la enseñanza obligatoria y limitando el flujo de solicitantes de asilo. Las autoridades locales deben estar dispuestas a obligar a que se vaya a la escuela y a luchar contra la resistencia de las poblaciones mayoritarias a que haya una educación conjunta, entre otras cosas vinculando el pago de las prestaciones sociales a la asistencia a la escuela.

La Comisión está trabajando estrechamente con cada uno de los países de la ampliación para revisar los avances conseguidos en el cumplimento de los compromisos clave contraídos para fomentar una mayor integración de la comunidad romaní. Debe reforzarse la coherencia del apoyo a la población romaní en los países de la ampliación con el trabajo realizado a nivel de la UE.

Con objeto de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- apoyará y fomentará las reuniones nacionales de seguimiento de los seminarios de 2011, con una supervisión rigurosa de la aplicación de las conclusiones operativas mediante comités de supervisión por país;

- aumentará y dirigirá mejor la financiación con cargo al IPA, con un instrumento en favor de los romaníes que financie las medidas acordadas en los seminarios nacionales y mejorando la cooperación con otras organizaciones internacionales;

- celebrará en Bruselas en 2014 una conferencia sobre la población romaní y el camino por seguir, que incluirá la concesión de premios a las ONG por proyectos innovadores y exitosos a favor de la integración de los romaníes.

En el periodo  de 2007 a 2013, se prestó una ayuda de preadhesión de más de 100 millones en apoyo de la inclusión e integración sociales de los romaníes en los países de la ampliación, incluida la cuestión de la vivienda. En el marco del IPA II, la Comisión asignará mejor los fondos y reforzará la cooperación estratégica con las partes interesadas externas, a fin de determinar las mejores prácticas y basarse en ellas. Se dará prioridad a los proyectos que tengan efectos directos en la vida de los romaníes, prestando especial atención a la educación y la integración social.

- Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBGTI)

Los delitos de homofobia, discriminación y odio por motivos de orientación sexual e identidad de género siguen estando ampliamente extendidos en los Balcanes Occidentales y Turquía. Ello se debe, en parte, a marcos legislativos incompletos, pero también a la aplicación incoherente de las disposiciones jurídicas existentes. Entre las violaciones de los derechos se hallan la discriminación en materia de empleo y educación; el hecho de que determinadas autoridades no aseguren la libertad de expresión y la libertad de reunión; la incitación al odio, la intimidación y la violencia física e incluso los asesinatos.

En junio de 2013, la UE aprobó unas directrices de fomento y protección del disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LBGTI, con objeto de orientar la actuación exterior de la UE en este campo. Para aplicar una estrategia con éxito al respecto en los países de la ampliación, debe haber un firme compromiso político de los gobiernos, las autoridades locales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de la UE. Las autoridades de los países de la ampliación pueden desempeñar un papel clave en la realización de un cambio de actitud en la sociedad en su conjunto hacia las personas LGTBI, que, con frecuencia, es al menos ambivalente, cuando no hostil.

Es necesario urgentemente incluir la orientación sexual y la identidad de género en el ámbito de aplicación de la legislación contra las discriminaciones de Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. En la mayoría de los países todavía está pendiente la introducción de legislación contra los delitos motivados por el odio. Debe formarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad, los defensores del pueblo, los jueces y los profesionales de los medios de comunicación para sensibilizarlos respecto a la nueva legislación, garantizar su debida aplicación y contribuir a una mayor comprensión. Los países deben aplicar un enfoque de tolerancia cero a la incitación al odio, la violencia y la intimidación y adoptar medidas de manera prioritaria para ocuparse de los casos del pasado y reaccionar con firmeza ante los nuevos casos que aparezcan en el futuro. Los países deben tomar medidas para luchar contra los estereotipos y la información errónea, entre otros ámbitos en el sistema educativo. Ninguna forma de discriminación puede justificarse aduciendo valores religiosos o culturales. Debe protegerse la libertad de reunión y de expresión, entre otras cosas mediante una gestión adecuada de los desfiles del orgullo gay, también en Serbia, donde, lamentablemente, este año el desfile fue prohibido por tercer año consecutivo por motivos de seguridad.

Con objeto de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- intensificará el apoyo político y la visibilidad, por ejemplo garantizando que estas cuestiones se traten sistemáticamente con los países de la ampliación en los foros apropiados, así como en las negociaciones de adhesión, estableciendo prioridades claras y mejorando el seguimiento y la supervisión;

- organizará en 2014 una conferencia LGBTI de alto nivel con el objetivo de hacer balance de la situación y de los avances logrados, compartir las mejores prácticas y adoptar conclusiones operativas;

- reforzará la cooperación estratégica con las partes interesadas exteriores (organizaciones internacionales y sociedad civil).

En el periodo  de 2007 a 2013, se prestó una ayuda específica de más de 2,5 millones EUR para cuestiones LGBTI, tanto a través del IPA como de la IEDDH. En el marco del IPA II, la Comisión asignará mejor la financiación, por ejemplo mediante la formación de empleados de las instituciones públicas pertinentes, incluidos los jueces y la política, y con campañas específicas y otras iniciativas (talleres, actos) a fin de aumentar la sensibilización y la tolerancia. La Comisión coordinará su ayuda para estas cuestiones, especialmente con el Consejo de Europa y la OSCE.

e)   Cuestiones bilaterales y superación del legado del pasado

El acuerdo histórico de abril entre Belgrado y Pristina crea las condiciones necesarias para construir un futuro europeo común para ambas partes. Arroja una nueva luz sobre las demás controversias bilaterales, poniendo de manifiesto lo que puede conseguirse con voluntad política, valor y ayuda de la UE. Tras las numerosas reuniones de alto nivel facilitadas por la UE, Serbia y Kosovo acordaron el 19 de abril un «Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones», que fue complementado en mayo mediante un plan de aplicación global con un calendario claro hasta el final de 2013. Con ello se sentaron las bases para la adopción de una decisión del Consejo Europeo de apertura de las negociaciones de adhesión con Serbia y para que el Consejo apruebe unas directrices de negociación a fin de celebrar un acuerdo de estabilización y asociación con Kosovo.

También se ha avanzado en cuestiones bilaterales en otras zonas de la región: se han reforzado las buenas relaciones de vecindad, que son un elemento esencial del proceso de estabilización y asociación. Serbia y Bosnia y Herzegovina han intensificado los contactos; el presidente de Serbia se ha disculpado públicamente por los crímenes cometidos en Bosnia y Herzegovina, y las relaciones entre Serbia y Croacia se han desarrollado en un nuevo ambiente, más constructivo. Los contactos bilaterales y multilaterales entre los países de la región han proseguido en ámbitos sensibles como los crímenes de guerra, el retorno de los refugiados, la delincuencia organizada y la cooperación policial. Se han firmado varios acuerdos entre los fiscales de crímenes de guerra, entre los que se hallan los de Bosnia y Herzegovina con Croacia y con Serbia respectivamente. Se ha tratado la cuestión de los obstáculos a la extradición. Los representantes de los presidentes de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia y Kosovo se reunieron en septiembre para hablar por primera vez del estatuto de la iniciativa de la verdad y la reconciliación RECOM, y se pusieron de acuerdo sobre los objetivos y el papel fundamental de dicha iniciativa. El proyecto regional de vivienda en el marco del proceso de Sarajevo está siendo llevado a cabo por Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro.

Los avances conseguidos deben consolidarse. Muchos problemas bilaterales siguen sin resolver, como los relativos a las minorías y cuestiones derivadas de la disgregación de la antigua Yugoslavia, como la demarcación de fronteras. Las visiones fundamentalmente opuestas de la historia reciente y la prevalencia de los problemas interétnicos son una carga para las relaciones. Los políticos y otros dirigentes deben dar muestras de mayor responsabilidad y adoptar una actitud más firme en la condena de la incitación al odio y otras manifestaciones de intolerancia. Es necesario seguir trabajando para que los autores de crímenes de guerra rindan cuentas por ello, para ocuparse de las cuestiones pendientes relativas a los refugiados y los desplazados internos y para normalizar las relaciones respecto a la situación de las minorías. No se ha progresado de modo suficiente en lo que se refiere a las personas desaparecidas.

Las controversias interétnicas y de estatuto siguen obstaculizando el funcionamiento de las instituciones en los Estados, sobre todo en Bosnia y Herzegovina, lo que perjudica el proceso de reforma. Las difíciles cuestiones étnicas pueden tratarse fructíferamente a través del diálogo y el compromiso, como ha quedado demostrado con el Acuerdo entre Serbia y Kosovo y la aplicación en curso del Acuerdo Marco de Ohrid en la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Las cuestiones bilaterales pendientes continúan afectando negativamente al proceso de adhesión. En aras de unas buenas relaciones de vecindad, las partes deben tratar lo antes posible las cuestiones bilaterales abiertas. No deben escatimarse esfuerzos para evitar que se «importen» a la UE controversias bilaterales significativas. La Comisión insta a las partes a que hagan todo lo posible para resolver las diferencias pendientes de acuerdo con los principios y medios establecidos, como someter cuestiones a la Corte Internacional de Justicia o a otros organismos ad hoc de solución de diferencias. Eslovenia y Croacia han demostrado que un enfoque de ese tipo puede conducir a resultados positivos. Las cuestiones bilaterales no deben entorpecer el proceso de adhesión.

En el momento actual, la UE está integrando la condición de normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina en el marco de las negociaciones de adhesión con Serbia. En cuanto a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el mantenimiento de unas buenas relaciones de vecindad, incluida una solución negociada y aceptable mutuamente, sin mayor dilación, de la cuestión del nombre, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, sigue siendo esencial. La Comisión está dispuesta a facilitar la creación del impulso político necesario para la búsqueda de soluciones y el apoyo a las iniciativas correspondientes.

La reconciliación es esencial para fomentar la estabilidad en una región tan recientemente azotada por el conflicto. Los países de la región, los Estados miembros y la UE deben esforzarse más para respaldar la creación de un entorno en el sudeste de Europa propicio a la superación de la herencia del pasado, con lo que se minimizará el riesgo de que se instrumentalicen políticamente las cuestiones bilaterales abiertas. La Comisión subraya la importancia de la declaración de Croacia sobre la promoción de los valores europeos en el sudeste de Europa. Es digna de elogio la voluntad de Croacia de utilizar su posición única como primer Estado miembro de la UE afectado gravemente por los conflictos de los años 90 al objeto de prestar apoyo político y técnico a sus vecinos en el camino hacia la UE. La Comisión está dispuesta a facilitar ese apoyo, en particular mediante el instrumento Taiex.

La cooperación regional ha proseguido en los foros regionales, como la Comunidad de la Energía, la Zona Europea Común de Aviación, la Zona Centroeuropea de Libre Comercio (CEFTA) y la Escuela Regional de Administración Pública. El Consejo de Cooperación Regional está desarrollando su papel como plataforma de promoción de cuestiones de importancia para toda la región y su perspectiva de cara a la UE, con lo que contribuye a la integración de la cooperación regional en la agenda política de los países. La propuesta de Montenegro de agrupación de los Balcanes Occidentales de los Seis (que reúne a Albania, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro y Serbia) es una iniciativa constructiva, que aprovecha la experiencia positiva de los cuatro países del Grupo de Visegrad. Es importante que tales iniciativas sean complementarias, añadan valor a los acuerdos existentes y sean asumidas y dirigidas regionalmente. Por otro lado, la participación activa en la estrategia para el Danubio y la estrategia macrorregional para el Adriático y el Jónico, que está próxima, pueden respaldar el desarrollo económico y social y fomentar la integración en la UE.

Con objeto de contribuir a superar los retos mencionados, la Comisión:

- fomentará el desarrollo de una red de acuerdos bilaterales entre países que sean parte en acuerdos de estabilización y asociación, que sirva de marco para un diálogo político más intenso sobre cuestiones clave;

- seguirá prestando apoyo político y adoptando medidas de facilitación para todos los países de que se trata, con el fin de hallar lo antes posible soluciones a cuestiones bilaterales y continuar apoyando activamente las tareas en otros foros a fin de encontrar soluciones.

En el periodo  de 2007 a 2013, la Comisión suministró una financiación de preadhesión considerable para proyectos e iniciativas de apoyo a la reconciliación y, de manera más general, a la cooperación regional y transfronteriza. En el marco del IPA II, la reconciliación será un tema central, y la Comisión seguirá respaldando iniciativas encaminadas a tratar las cuestiones del legado de la guerra [proceso de Sarajevo, red de fiscales en materia de crímenes de guerra, proceso de verdad y reconciliación (RECOM)]. Asimismo se fomentará y apoyará la cooperación en ámbitos tales como la educación, la ciencia, la cultura, los medios de comunicación, la juventud y el deporte. La Comisión seguirá prestando apoyo a iniciativas regionales, como el Consejo de Cooperación Regional y la Escuela Regional de Administración Pública. Será importante garantizar una fuerte coherencia entre los programas nacionales y regionales y las estrategias macrorregionales correspondientes, así como una adaptación en cuanto a sus fondos.

***

III. Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con el análisis anterior y con las evaluaciones específicas para cada país recogidas en las conclusiones que figuran en el anexo, la Comisión propone las siguientes conclusiones y recomendaciones:

I

1.         Hace veinte años, los Balcanes Occidentales fueron desgarrados por los conflictos. Al mismo tiempo, la Unión Europea acordó los criterios de Copenhague para el ingreso de futuros Estados miembros en la UE. Diez años más tarde, en la Cumbre de Salónica de 2003, los Estados miembros de la UE garantizaron a todos los países de los Balcanes Occidentales una perspectiva clara de ingreso en la UE, sujeta al cumplimiento de las condiciones necesarias, incluidas las del Proceso de Estabilización y Asociación.

Croacia ha cumplido estas condiciones y, en julio de 2013, la UE dio la bienvenida a Croacia como vigésimo octavo Estado miembro. El ingreso de Croacia es un ejemplo del poder de transformación y del efecto estabilizador del proceso de ampliación. El acuerdo histórico alcanzado por Serbia y Kosovo en abril es una prueba adicional del poder de la perspectiva de ingreso en la UE y de su papel en la curación de las profundas heridas históricas.

Los criterios de Copenhague siguen teniendo la misma vigencia, reflejando los valores esenciales en los que está basada la UE: la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. Los desafíos económicos a los que se enfrenta la UE subrayan la importancia de los criterios económicos y la necesidad de avanzar en la consolidación de la estabilidad económica y financiera y de promover el crecimiento y la competitividad en los países de nueva adhesión.

2.         El proceso de adhesión es hoy más riguroso y exhaustivo que en el pasado, reflejando la evolución de las políticas de la UE y las lecciones aprendidas de ampliaciones anteriores. El proceso está basado en una condicionalidad estricta, pero equitativa, respecto a los avances hacia la adhesión supeditados a los pasos dados por cada país para cumplir los criterios establecidos. Esto resulta esencial para la credibilidad de la política de ampliación y para ofrecer incentivos a los países candidatos a fin de continuar con reformas de amplio calado. Una lección clave del pasado es la importancia de abordar en primer lugar las cuestiones fundamentales.

3.         El Estado de Derecho es ahora el núcleo central del proceso de ampliación. El nuevo enfoque, avalado por el Consejo en diciembre de 2011, implica que los países deben hacer frente a cuestiones como la reforma judicial o la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en la fase inicial de las negociaciones de adhesión. Esto maximiza el tiempo del que disponen los países para desarrollar una trayectoria sólida de aplicación de reformas, garantizando de este modo que dichas reformas están sólidamente arraigadas y que son irreversibles. Este nuevo enfoque es un elemento clave del marco de negociación con Montenegro y dará forma a nuestro trabajo con los demás países candidatos. El proceso de liberalización de visados ha supuesto importantes ventajas para los ciudadanos de los Balcanes Occidentales y ha incentivado a los países para implementar reformas en el ámbito del Estado de Derecho, así como en el control de la emigración y las fronteras. Los países deben intensificar sus esfuerzos para consolidar las reformas e implementar medidas para prevenir abusos en el régimen de visados liberalizado.

4.         La crisis económica global ha subrayado la necesidad para todos los países de reforzar su gobernanza económica. Ninguno de los países de los Balcanes Occidentales es aún una economía de mercado en funcionamiento. Todos presentan tasas de desempleo elevadas, especialmente entre los jóvenes. Es esencial que estos países intensifiquen sus reformas para alcanzar un crecimiento sostenible y poder afrontar los desafíos necesarios para cumplir los criterios económicos y mejorar su competitividad. La Comisión ha establecido un cierto número de propuestas para apoyar este objetivo, incluida la introducción de estrategias nacionales de reforma económica y planes de actuación para la gestión de las finanzas públicas. La Comisión trabajará con las principales instituciones financieras internacionales para apoyar reformas que lleven al cumplimiento de los criterios económicos. El Marco de inversión en favor de los Balcanes Occidentales seguirá apoyando inversiones que estimulen el empleo y el crecimiento. Es clave crear un entorno más propicio para atraer inversiones extranjeras directas.

5.         Los acontecimientos en varios países candidatos han subrayado la importancia de reforzar las instituciones democráticas y garantizar que los procesos democráticos sean más integradores. La Comisión anima a dar más protagonismo a la sociedad civil y a plataformas multilaterales para la integración en la UE y está dispuesta a prestar su apoyo financiero. La Comisión promoverá también reformas electorales, parlamentarias y de las administraciones públicas, en estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales en estos campos.

6.         La Unión Europea se basa en valores y principios comunes, incluido el respeto de los derechos fundamentales. Todos los países de los Balcanes Occidentales y Turquía deben acometer reformas adicionales para garantizar que los principios de libertad de expresión y de protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluidos los romaníes, son respetados en la práctica. Son necesarias medidas más contundentes para proteger a otros grupos vulnerables a las discriminaciones, en particular las basadas en su orientación sexual. La Comisión incrementará la prioridad otorgada a estas cuestiones en el proceso de adhesión, incluyendo una financiación mejor orientada de los IAP y un refuerzo de la ayuda para apoyar la inclusión de los romaníes mediante un «instrumento» específico.

7.         La cooperación regional y las relaciones de buena vecindad son elementos esenciales del Proceso de Estabilización y Asociación. Las cuestiones relacionadas con conflictos pasados, incluidos los crímenes de guerra y el retorno de los refugiados, así como el tratamiento de las minorías y la garantía de los mismos derechos para todos los ciudadanos, siguen siendo retos clave para la estabilidad en los Balcanes Occidentales y deben ser abordadas hasta sus últimas consecuencias. Con este objetivo, la Comisión seguirá apoyando iniciativas dirigidas a superar la herencia del pasado. La cooperación regional debe ser reforzada para ser integradora y asumida por la propia región. La Comisión apoya plenamente el trabajo del Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental (PCES) y el Consejo de Cooperación Regional, incluida la estrategia regional 2020.

8.         Es necesario un esfuerzo renovado para superar conflictos bilaterales entre países candidatos y con Estados miembros actuales. Las cuestiones bilaterales deben ser tratadas por las partes afectadas lo antes posible y no deben frenar el proceso de adhesión. La Comisión insta a las partes a hacer todos los esfuerzos necesarios para resolver los conflictos pendientes de acuerdo con los principios y los medios establecidos. El contexto de las negociaciones de adhesión puede generar estímulos políticos para la resolución de conflictos. La Comisión seguirá ofreciendo su apoyo político y dando facilidades a todos los países afectados para encontrar soluciones a las cuestiones bilaterales tan pronto como sea posible, y seguirá apoyando activamente los esfuerzos realizados en otros foros para la búsqueda de soluciones. La Comisión fomentará el desarrollo de una red de acuerdos bilaterales entre países firmantes de Acuerdos de Estabilización y Asociación a fin de proporcionar un marco para un diálogo político más intenso en las cuestiones clave.

9.         En 2014 se producirá el lanzamiento del segundo Instrumento de Ayuda Preadhesión para el periodo hasta 2020. Por medio de IAP II, la UE seguirá proporcionando una ayuda sustancial a los países candidatos para la preparación de su adhesión, dando apoyo así también a la cooperación regional y transfronteriza. El esfuerzo se centrará en áreas de interés compartido con menos prioridades y proyectos más amplios. Los retos clave a los que se enfrentan los países serán abordados de un modo más estratégico y coherente, con innovaciones que incluyen un enfoque sectorial, incentivos para un mejor rendimiento, un apoyo presupuestario reforzado y un mayor énfasis en la obtención de resultados medibles. Para ayudar a alcanzar las elevadas necesidades de inversión y a crear empleo y crecimiento, la Comisión reforzará la cooperación con las instituciones financieras internacionales de forma que los fondos del IAP puedan también acceder a capital privado mediante instrumentos financieros innovadores.

10.       La política de ampliación depende del apoyo de los ciudadanos europeos. Resulta esencial que los Estados miembros, en colaboración con las instituciones de la UE, promuevan un debate informado sobre el impacto político, económico y social de la política de ampliación. Su papel es clave para presentar a los ciudadanos datos sobre la política de ampliación y, de esta forma, informarlos de sus beneficios, incluida su contribución clave a la paz, la seguridad y la prosperidad, y para dar respuesta a las posibles inquietudes que pueda suscitar.

II

11.       Montenegro: El comienzo de las negociaciones de adhesión el año pasado marcó el inicio de una nueva etapa para Montenegro en su camino hacia la entrada en la UE. Las profundas y duraderas reformas políticas necesarias para implementar el nuevo enfoque del capítulo 23 sobre derechos judiciales y fundamentales y del capítulo 24 sobre justicia, libertad y seguridad exigirán una fuerte voluntad política y una capacidad administrativa reforzada. El proceso de adhesión debe ser integrador, con una fuerte implicación de la sociedad civil a lo largo del mismo. Montenegro ha adoptado planes de actuación detallados que proporcionan una exhaustiva agenda de reformas para reforzar el Estado de Derecho. La aplicación de dichos planes y los avances en el cumplimiento de los criterios de referencia provisionales en estos capítulos determinarán el ritmo global de las negociaciones de adhesión. A este respecto, la aplicación de las reformas constitucionales de julio que refuerzan la independencia del poder judicial y un mayor progreso en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, también a alto nivel, es esencial.

La reforma de las administraciones públicas es una prioridad para garantizar que Montenegro tiene la capacidad de aplicar el acervo, hacer frente a la politización e incrementar la transparencia y la profesionalización de la función pública. Los acontecimientos de los últimos meses, en particular el presunto uso de fondos públicos en beneficio de partidos políticos, han subrayado la importancia de reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. En este contexto, es importante garantizar que las investigaciones se realizan a conciencia y con rapidez y que se toman las medidas adecuadas. Es necesario también un adecuado seguimiento de los trabajos del grupo parlamentario sobre el proceso electoral. Debe reforzarse la libertad de expresión, incluyendo la investigación adecuada de todos los casos de violencia y amenazas contra periodistas y la puesta a disposición judicial de los responsables de estos actos. En el campo económico, la mejora del entorno empresarial y la lucha contra las elevadas tasas de desempleo son cuestiones clave. La reestructuración del productor de aluminio KAP es urgente en estos momentos.

12.       Serbia: 2013 ha sido un año histórico para Serbia en su camino hacia la Unión Europea. La decisión del Consejo Europeo de junio de abrir las negociaciones de adhesión representa el inicio de una fase nueva y significativa en las relaciones de Serbia con la Unión Europea. Supone el reconocimiento de los progresos realizados en reformas clave y de los grandes esfuerzos realizados por Serbia para la normalización de sus relaciones con Kosovo. En septiembre entró en vigor el Acuerdo de Estabilización y Asociación.

Serbia ha trabajado de forma activa y constructiva en favor de una mejora visible y sostenible de sus relaciones con Kosovo. En abril, el compromiso de Serbia con el diálogo facilitado por la UE dio como resultado el hito del «Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones» con Kosovo (el Primer acuerdo), complementado en mayo con un plan de aplicación. La aplicación ha continuado y ha producido ya un cierto número de cambios irreversibles sobre el terreno. Las partes también alcanzaron un acuerdo sobre energía y telecomunicaciones. Serbia debe mantener su compromiso total con la normalización continuada de las relaciones con Kosovo y con la aplicación de todos los acuerdos alcanzados durante el diálogo.

La Comisión inició el examen analítico del acervo en septiembre y espera con interés la primera conferencia intergubernamental sobre el ingreso de Serbia, prevista para enero de 2014 como muy tarde, una vez que el Consejo haya adoptado el marco de negociación. En esta fase nueva y exigente, Serbia deberá prestar especial atención a las áreas legales clave, en particular la aplicación de la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la reforma de las administraciones públicas, la independencia de instituciones clave, la libertad de prensa, la lucha contra la discriminación y la protección de las minorías. La Estrategia en favor de la población romaní debe ser aplicada de forma proactiva. Serbia tiene que seguir mejorando el contexto empresarial y desarrollar un sector privado competitivo. También es esencial hacer frente a las elevadas tasas de desempleo. Serbia debe intensificar la contribución positiva realizada a la cooperación regional durante el pasado año, que incluyó la intensificación de contactos de alto nivel con países vecinos.

13.       Antigua República Yugoslava de Macedonia: La crisis política que siguió a los acontecimientos en el Parlamento del año pasado revelaron profundas divisiones entre los partidos políticos que afectan al funcionamiento del Parlamento y mostraron la necesidad de políticas constructivas en interés de la nación. La aplicación continuada del acuerdo político del 1 de marzo es clave. La agenda de la UE sigue siendo la prioridad estratégica del país. El diálogo de alto nivel para la adhesión ha contribuido a los avances en la mayor parte de las áreas prioritarias, incluida la eliminación de retrasos judiciales y el avance en la lucha contra la corrupción. El país ha alcanzado ya un alto nivel de armonización en relación a su situación actual en el proceso de adhesión, y ha realizado esfuerzos adicionales para mejorar su capacidad a fin de asumir las obligaciones relacionadas con la pertenencia a la UE.

La reforma prioritaria para el año próximo debería ser la aplicación efectiva y el refuerzo del marco legal y político existente. Debería prestarse una atención especial al Estado de Derecho, incluyendo la independencia del poder judicial y la obtención de nuevos resultados en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La libertad de expresión y la situación de los medios en general siguen siendo también cuestiones que suscitan inquietud. La revisión del Acuerdo marco de Ohrid, especialmente importante para las relaciones interétnicas, debe ser completada y sus recomendaciones deben ser aplicadas. La Estrategia en favor de la población romaní debe ser aplicada de forma proactiva. La ambigüedad en la distinción entre Estado y partido debe ser corregida, tal y como lo subrayó la OSCE/OIDDH en el contexto electoral. Debe abordarse la elevada tasa de desempleo y reforzarse la gestión de las finanzas públicas.

La Comisión considera que los criterios políticos siguen cumpliéndose de forma suficiente y recomienda la apertura de negociaciones para la adhesión. Es fundamental pasar a las siguientes fases del proceso de ampliación, que suponen un reto mayor, para consolidar y fomentar reformas adicionales y para reforzar las relaciones interétnicas. El diálogo de alto nivel sobre la adhesión es una herramienta útil que seguirá centrándose en cuestiones clave, incluidas las buenas relaciones de vecindad, pero no puede sustituir a las negociaciones para la adhesión.

La Comisión sigue estando convencida de que la decisión de abrir las negociaciones para la adhesión contribuiría a la creación de condiciones propicias para la mejora de las relaciones de buena vecindad en general y, en particular, para encontrar una solución aceptable para las dos partes al problema del nombre, algo que la Comisión considera esencial. Después de casi dos decenios, es necesario un compromiso político intenso de todas las partes implicadas en el proceso de las Naciones Unidas para alcanzar finalmente una solución, con la participación activa de la comunidad internacional.

Esta es la quinta vez que la Comisión recomienda la apertura de negociaciones para la adhesión de este país. Hasta ahora, el Consejo no ha tomado ninguna decisión. El hecho de no haber seguido esta recomendación plantea desafíos potencialmente graves para la Antigua República Yugoslava de Macedonia y para la UE. Pone en cuestión la credibilidad del proceso de ampliación, que se basa en unas condiciones claras y en el principio de los méritos propios. La falta de una perspectiva clara de acceso a la UE pone en riesgo la sostenibilidad de los esfuerzos reformistas del país.

A invitación del Consejo Europeo, la Comisión reitera su intención de presentar sin demora una propuesta de marco de negociación que tenga en cuenta la necesidad de resolver la cuestión del nombre en una fase inicial de las negociaciones de adhesión, y llevará a cabo el proceso de examen analítico del acervo, comenzando por los capítulos sobre derechos judiciales y fundamentales y justicia, libertad y seguridad. La Comisión considera que, si el examen analítico y los debates del Consejo sobre el marco de negociación comenzaran, podría crearse el impulso necesario para sustentar la búsqueda de una solución negociada y aceptada por todas las partes a la cuestión del nombre incluso antes de abrir los capítulos de la negociación. La aplicación del nuevo enfoque de los capítulos 23 y 24 también a la Antigua República Yugoslava de Macedonia proporcionaría las herramientas necesarias para hacer frente a cuestiones que preocupan asimismo a los Estados miembros y contribuiría a la sostenibilidad de las reformas.

Antes de que se cumpla el décimo aniversario de la entrada en vigor del AEA en abril de 2004, la Comisión insta también al Consejo por quinta vez a adoptar su propuesta de 2009 para avanzar a la segunda fase de la asociación, en línea con las disposiciones correspondientes del AEA, que prevén que la asociación será completada en su totalidad a lo largo de un periodo transitorio de diez años como máximo.

14.       Albania: El pasado mes de octubre, la Comisión recomendó que el Consejo concediera a Albania el estatuto de país candidato condicionado a la adopción de medidas clave en el campo de las reformas judiciales y de las administraciones públicas y a la revisión de las normas de procedimiento parlamentarias. En diciembre de 2012, con vistas a la decisión de la concesión del estatuto de candidato, el Consejo invitó a la Comisión a informar en cuanto los progresos necesarios hubieran sido realizados, teniendo en cuenta también las actuaciones adicionales acometidas por Albania para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, incluidas investigaciones proactivas y acciones judiciales contra estos casos. A este respecto, Albania ha adoptado las reformas judiciales, parlamentarias y de las administraciones públicas clave con consenso entre partidos. Las elecciones parlamentarias de junio fueron calificadas por la misión internacional de observación electoral dirigida por la OSCE/OIDDH como pluralistas, con participación ciudadana activa a lo largo de la campaña y debidamente respetuosas con las libertades fundamentales. En la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, Albania ha dado los primeros pasos para mejorar la eficiencia de las investigaciones y de las acciones judiciales y el refuerzo de la cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. El número de condenas en casos de corrupción y blanqueo de dinero ha aumentado, así como el número de investigaciones sobre tráfico de drogas o de seres humanos. Todas las últimas recomendaciones del Consejo de Europa sobre financiación de partidos políticos y disposiciones legales sobre la corrupción han sido abordadas de forma satisfactoria. El nuevo Gobierno de Albania se ha comprometido profundamente en la lucha contra la corrupción y ha dado prioridad a esta cuestión en su programa.

En vista de que Albania ha culminado los progresos necesarios, la Comisión recomienda que el Consejo conceda a Albania el estatuto de país candidato, siempre y cuando Albania siga tomando medidas para luchar contra la delincuencia organizada y la corrupción.

Además del dictamen de la Comisión de 2010, Albania debe cumplir las siguientes prioridades clave para la apertura de negociaciones de adhesión:

1.   seguir aplicando reformas de las administraciones públicas con vistas a reforzar la profesionalización y la despolitización de las administraciones públicas;

2.   tomar medidas adicionales para reforzar la independencia, la eficiencia y la obligación de rendir cuentas de las instituciones judiciales;

3.   hacer nuevos y decididos esfuerzos en la lucha contra la corrupción, incluyendo medidas para la obtención de un balance de resultados sólido en las investigaciones proactivas, acciones judiciales y condenas;

4.   hacer nuevos y decididos esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada, incluyendo medidas para la obtención de un balance de resultados sólido en las investigaciones, acciones judiciales y condenas;

5.   tomar medidas eficaces para reforzar la protección de los derechos humanos, incluidos los de los romaníes, y políticas antidiscriminatorias, así como la aplicación del derecho de propiedad.

La Comisión está dispuesta a apoyar los esfuerzos de Albania para cumplir estas prioridades clave iniciando un diálogo de alto nivel con el país.

El diálogo constructivo y sostenible entre el Gobierno y la oposición respecto a las reformas relacionadas con la UE será vital para garantizar el futuro de Albania en la UE. El compromiso constructivo de Albania en la cooperación regional sigue siendo esencial.

15.       Bosnia y Herzegovina está atravesando un parón en su proceso de integración europea. El país debe aplicar sin más demoras la sentencia Sejdic-Finci del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para avanzar en su camino hacia la UE. El cumplimiento de esta sentencia no solo es crucial para avanzar en el camino hacia la UE, sino también para dar legitimidad y credibilidad a la Presidencia y a la Cámara de los Pueblos de Bosnia y Herzegovina, que serán elegidos en 2014. Bosnia y Herzegovina necesita también establecer urgentemente un mecanismo de coordinación sobre asuntos de la UE que le permita hablar con una única voz sobre la agenda de la UE.

Sin el consenso necesario para avanzar en el camino hacia la UE, existe un riesgo evidente de que la asistencia a la preadhesión no produzca los resultados esperados. Dado que no se ha encontrado aún ninguna solución para la aplicación de la sentencia Sejdic-Finci y que el mecanismo de coordinación con la UE no ha sido puesto en marcha, no puede mantenerse el mismo nivel de fondos preadhesión.

La Comisión ha decidido retrasar cualquier decisión sobre el IAP II hasta que el país retome la senda del proceso de integración en la UE. En ausencia de progresos tangibles, Bosnia y Herzegovina corre el riesgo de perder fondos del IAP por un importe significativo.

La UE está fuertemente comprometida en apoyar a Bosnia y Herzegovina y a sus ciudadanos para que se puedan cumplir sus esperanzas y sus ambiciones de avanzar en el camino hacia la UE. Los progresos adicionales dependen de la capacidad de los líderes políticos para trabajar juntos y alcanzar un compromiso que desbloquee el camino hacia la UE. Alcanzar este compromiso ayudaría a renovar la confianza de los ciudadanos en la capacidad de los líderes para alcanzar la integración en la UE. Esto allanaría el camino para la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación y, por lo tanto, para una solicitud de ingreso creíble.

Aunque el progreso ha sido limitado en cuanto a la reforma global del sistema judicial, un cierto número de recomendaciones emitidas por la Comisión en el marco del Diálogo estructurado sobre Justicia ha sido aplicado. Este diálogo muestra el potencial de la agenda de ampliación y los beneficios de un compromiso real. Se han hecho también algunos progresos en la reducción de los retrasos en los casos de crímenes de guerra. Una cuidadosa preparación a todos los niveles, apoyada por la UE y otras organizaciones internacionales, ha hecho posible también la realización del censo esperado durante tanto tiempo. Sin embargo, el país debe hacer frente a importantes desafíos. Es necesario prestar más atención al Estado de Derecho, incluida la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la reforma de las administraciones públicas, la libertad de expresión, abordando también la intimidación de los periodistas, y la lucha contra la discriminación, incluida la de los romaníes. Son necesarias reformas económicas adicionales para mejorar el frágil contexto empresarial y crear un espacio económico único en el país.

Tras la adhesión de Croacia, la Comisión considera inaceptable que Bosnia y Herzegovina haya rechazado hasta la fecha adaptar el Acuerdo Provisional/Acuerdo de Estabilización y Asociación para tener en cuenta su comercio tradicional con Croacia. La Comisión insta a Bosnia y Herzegovina a revisar su posición con urgencia, de forma que se pueda concluir lo antes posible una adaptación basada en los flujos comerciales tradicionales.

16.       Kosovo: 2013 ha sido un año histórico para Kosovo en su camino hacia la Unión Europea. Las decisiones del Consejo de junio autorizando la apertura de negociaciones para un Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) representan el comienzo de una nueva y significativa etapa en las relaciones entre Kosovo y la UE. Supone también el reconocimiento de los progresos realizados en reformas clave y de los grandes esfuerzos realizados por Kosovo hacia la normalización de sus relaciones con Serbia. Las negociaciones sobre el Acuerdo se abrirán formalmente este mes. La Comisión pretende completar estas negociaciones en la primavera de 2014, iniciar el proyecto de acuerdo en el verano y, a continuación, enviar las propuestas al Consejo para que firme y celebre el acuerdo.

Kosovo ha trabajado de forma activa y constructiva en favor de una mejora visible y sostenible de las relaciones con Serbia. En abril, el compromiso de Kosovo con el diálogo facilitado por la UE dio como resultado el hito del «Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones» con Serbia (el Primer acuerdo), complementado en mayo con un plan de aplicación. La aplicación ha continuado y ha producido ya un cierto número de cambios irreversibles sobre el terreno. Las partes también alcanzaron un acuerdo sobre energía y telecomunicaciones. Kosovo debe mantener su compromiso total con la normalización continuada de las relaciones con Serbia y con la aplicación de todos los acuerdos alcanzados durante el diálogo. La Comisión concederá fondos IAP adicionales para contribuir a la aplicación del acuerdo de abril en las comunidades afectadas.

El Estado de Derecho sigue siendo una prioridad clave para Kosovo. Es también una piedra angular del Proceso de Estabilización y Asociación en el que Kosovo es parte interesada. El diálogo estructurado sobre el Estado de Derecho, por lo tanto, seguirá dando apoyo y guiando a Kosovo en esta materia, incluso en las discusiones sobre el futuro de la Misión de la UE en apoyo del Estado de Derecho en Kosovo (EULEX). Kosovo sigue tomando medidas para abordar las prioridades establecidas en la hoja de ruta para los visados, y la Comisión emitirá su informe en el primer semestre de 2014.

Kosovo debe centrarse ahora en la aplicación de las reformas para cumplir sus obligaciones derivadas de un futuro AEA. Debe prestarse una atención particular a la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, el mantenimiento de las reformas judiciales y de las administraciones públicas, la garantía de los derechos de las personas pertenecientes a minorías –incluidos los romaníes– y la solución de las cuestiones comerciales. Kosovo necesita abordar con urgencia el desempleo y las deficiencias estructurales que afectan a su mercado de trabajo.

La Comisión anima también a todas las personas con derecho a voto a participar en las próximas elecciones municipales de noviembre. Es una oportunidad importante para que la comunidad local del norte de Kosovo afirme sus derechos democráticos y participe plenamente en el futuro desarrollo de Kosovo. La Comisión espera que las autoridades se aseguren de que las elecciones sean integradoras y respeten plenamente los principios democráticos.

17.       Turquía es un país candidato y un socio estratégico para la Unión Europea. Turquía, con su potente y dinámica economía, es un importante socio comercial para la UE y un elemento valioso de la competitividad de la UE a través de la Unión Aduanera. Turquía tiene una ubicación estratégica, también en el campo de la seguridad energética, y juega un papel importante en la región. La Comisión subraya la importancia de la cooperación permanente y el diálogo en cuestiones de política exterior. La Agenda positiva, puesta en marcha en 2012, sigue dando apoyo y complementando las negociaciones de adhesión con Turquía, pero no sustituye a las negociaciones. El potencial completo de la relación UE-Turquía se alcanza mejor dentro del marco de un proceso de adhesión activo y creíble, en el que la UE sigue siendo el pivote de las reformas políticas y económicas de Turquía. Un mayor número de contactos de alto nivel entre Turquía, la UE y sus Estados miembros reforzaría aún más la cooperación.

En los últimos doce meses se han realizado importantes avances en las reformas. El cuarto paquete de reformas judiciales refuerza la protección de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad para casos de tortura y malos tratos. El Gobierno ha iniciado un proceso de paz histórico dirigido a acabar con el terrorismo y la violencia en el sureste del país y a sentar las bases para una solución a la cuestión kurda. Las medidas anunciadas en el paquete de democratización presentado en septiembre de 2013 prevén nuevas reformas en diversos temas clave, incluido el uso de lenguas diferentes al turco, los derechos de las personas pertenecientes a minorías y la solución al elevado umbral exigido actualmente para obtener representación parlamentaria, así como el apoyo financiero a los partidos políticos. Su aplicación en cooperación con las partes implicadas y de acuerdo con los estándares europeos es clave. La comisión parlamentaria de conciliación entre partidos, creada para redactar una nueva constitución, ha alcanzado un acuerdo sobre varios de artículos. Con la adopción de una ley de extranjería y protección internacional integradora se ha dado un paso importante hacia la protección adecuada de los demandantes de asilo. La institución del Defensor del Pueblo ha sido creada y está ya trabajando activamente para cumplir su papel. El debate público sobre temas anteriormente considerados sensibles ha crecido. Turquía ha proporcionado también ayuda humanitaria vital a un gran número de sirios que huían de su país. Otros aspectos positivos incluyen la ratificación por parte de Turquía del Acuerdo de Gasoducto Transanatolia, cuyo objetivo es conectar con el Gasoducto Adriático, suministrando gas natural a la UE desde el Caspio a través de Turquía.

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la ausencia general de diálogo durante las protestas de mayo y junio han generado una profunda inquietud. Esto subraya la necesidad urgente de reformas y de promover el diálogo en todo el espectro político y, de forma más general, en la sociedad, así como el respeto en la práctica de los derechos fundamentales. Varias investigaciones administrativas y judiciales han sido puestas en marcha en relación con la conducta de la policía durante las propuestas. Estas investigaciones deberían ser llevadas a cabo de acuerdo con los estándares europeos y los responsables deberían rendir cuentas. El Ministerio del Interior ha emitido dos circulares dirigidas a mejorar los procedimientos para las intervenciones policiales durante las manifestaciones. Es importante seguir adelante con los planes a fin de establecer un mecanismo de vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar una supervisión independiente de las actuaciones policiales. Es necesario profundizar en los cambios en el sistema jurídico, especialmente para reforzar la libertad de expresión y de prensa y la libertad de reunión y de asociación; la práctica judicial debería reflejar de forma sistemática los estándares europeos. El cuarto paquete de reformas judiciales deberá ser aplicado en toda su extensión. La oleada de protestas de junio es también el resultado de las profundas reformas democráticas realizadas en los últimos diez años y de la emergencia de una sociedad civil dinámica y diversa que debe ser respetada y consultada de forma más sistemática para la toma de decisiones a cualquier nivel, independientemente de quién posea la mayoría en el Parlamento.

Todas estas evoluciones subrayan la importancia del compromiso de la UE y del hecho de que la UE siga siendo la referencia para las reformas en Turquía. Con este fin, las negociaciones para la adhesión deben recuperar el impulso, respetando los compromisos de la UE y las condiciones establecidas. A este respecto, la apertura del capítulo 22 sobre política regional supone un paso importante; la Comisión espera con interés la conferencia intergubernamental que se celebrará tan pronto como sea posible. Turquía ha realizado progresos en muchos otros capítulos. Turquía puede acelerar el ritmo de las negociaciones alcanzando los indicadores de referencia, cumpliendo las condiciones del marco de negociación y respetando sus obligaciones contractuales respecto a la UE.

El progreso en las negociaciones para la adhesión y el progreso en las reformas políticas de Turquía son dos caras de la misma moneda. Tanto Turquía como la UE están interesadas en que los valores de referencia iniciales para el capítulo 23 (derechos judiciales y fundamentales) y el capítulo 24 (justicia, libertad y seguridad) sean acordados y comunicados a Turquía lo antes posible con vistas a permitir la rápida apertura de las negociaciones referidas a estos dos capítulos, de forma que se refuerce el diálogo de la UE con Turquía en áreas de interés vital para ambas partes y para apoyar los continuados esfuerzos de reforma. La firma del acuerdo de readmisión UE-Turquía y el comienzo, al mismo tiempo, del diálogo sobre visados con vistas a la liberalización de los mismos debería dar un nuevo impulso a las relaciones UE-Turquía y aportar beneficios tangibles para ambas partes. Es importante que estos dos procesos avancen y que se culmine cuanto antes la firma y ratificación del acuerdo de readmisión en Turquía. Un mayor refuerzo de la cooperación energética entre Turquía y la UE y el avance en las negociaciones para la adhesión facilitaría la interconexión y la integración de los mercados energéticos de Turquía y la UE.

La Comisión subraya todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, que incluyen, entre otros, la firma de acuerdos bilaterales y la prospección y explotación de sus recursos naturales de acuerdo con el acervo de la UE y el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En línea con las posturas repetidas por el Consejo y la Comisión en años anteriores, es urgente que Turquía cumpla su obligación de aplicar plenamente el Protocolo Adicional y realice progresos en la normalización de las relaciones con la República de Chipre. Esto podría proporcionar un nuevo impulso al proceso de adhesión, permitiendo en particular que se hicieran progresos en los ocho capítulos cubiertos por las conclusiones del Consejo de diciembre de 2006. La Comisión insta también a evitar cualquier tipo de amenaza, fuente de conflicto o acción que pudiera dañar las relaciones de buena vecindad y la solución pacífica a los conflictos. El compromiso y la contribución de Turquía en términos concretos a una solución conciliadora a la cuestión de Chipre son cruciales.

18.       En relación con la cuestión de Chipre, la Comisión espera que las comunidades grecochipriota y turcochipriota reanuden negociaciones de amplio alcance para un acuerdo integrador bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La Comisión espera que ambas partes entren en materia lo antes posible con el fin de alcanzar rápidamente una conclusión satisfactoria. Se anima a todas las partes a contribuir al establecimiento de un clima positivo entre las comunidades dando pasos beneficiosos para los chipriotas en su vida cotidiana y a preparar al público para los compromisos necesarios. La Comisión considera que los beneficios de la reunificación compensarán las concesiones que puedan resultar necesarias para alcanzar este fin. En particular, todos los chipriotas se beneficiarían plenamente de la explotación de los recursos en hidrocarburos. La Comisión está dispuesta a reforzar su apoyo a este proceso, en caso de que ambas partes lo soliciten y las Naciones Unidas lo autoricen.

19.       Islandia: Islandia había alcanzado una fase avanzada de las negociaciones para la adhesión antes de que el nuevo Gobierno decidiera suspender las negociaciones, y el proceso de adhesión ha llegado a un punto muerto. El Gobierno ha declarado que iniciará una evaluación de las negociaciones anteriores, así como de la evolución de la Unión Europea, que será remitida al parlamento islandés para que sea debatida en los próximos meses. La Comisión ha suspendido los trabajos preparatorios del IAP II. En cualquier caso, Islandia sigue siendo un socio importante para la UE.

ANEXO

Conclusiones sobre Montenegro, Serbia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Turquía e Islandia

Montenegro

La apertura de negociaciones de adhesión de la UE con Montenegro en junio de 2012 supuso el inicio de una nueva e intensa etapa para Montenegro en su camino hacia la UE. Las reformas políticas profundas y duraderas que son necesarias para aplicar el nuevo enfoque al capítulo 23 sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y el capítulo 24 sobre la justicia, la libertad y la seguridad precisarán una fuerte voluntad política y una capacidad administrativa reforzada. El proceso de adhesión debe ser integrador: la sociedad civil debe participar ampliamente en el mismo.

Durante el periodo  abarcado, Montenegro se centró en la preparación de planes de acción global, en los que se basará el proceso de reforma del país en lo que se refiere al Estado de Derecho. En junio, el Gobierno aprobó dichos planes de acción que constituyen el punto de partida para los capítulos 23 y 24. A raíz de esta aprobación, la Comisión recomendó en agosto la apertura de dichos capítulos, y, en septiembre, el Consejo invitó a Montenegro a presentar sus posturas de negociación. El trabajo que se está realizando se ajusta al nuevo enfoque sobre estos capítulos recogido en el marco de negociaciones con Montenegro.

A finales de junio de 2013 finalizaron las reuniones de análisis de todos los capítulos de negociación. Hasta el momento, se han cerrado provisionalmente las negociaciones sobre dos capítulos (ciencia e investigación y educación y cultura). Se han fijado puntos de partida para seis capítulos (libre circulación de mercancías; derecho de establecimiento y libertad de prestación de servicios; política de competencia; agricultura y desarrollo rural; seguridad alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria; política regional y coordinación de instrumentos estructurales).

La reforma de la administración pública es prioritaria, al objeto de que Montenegro tenga la capacidad de aplicar el acervo, controle la politización y aumente la transparencia y el profesionalismo de la función pública. Los acontecimientos de los últimos meses, en especial el presunto uso de fondos públicos para fines políticos partidistas, han puesto de manifiesto la importancia de reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. En este contexto, es importante garantizar que las investigaciones se lleven a cabo profunda y rápidamente y que se adopten todas las medidas apropiadas. También es necesario un seguimiento adecuado de las tareas del grupo parlamentario sobre el proceso electoral. Además, Montenegro debe efectuar un seguimiento apropiado de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH, formuladas hace tiempo, sobre sus normas electorales y debe establecer una delimitación clara y ampliamente aceptada entre los intereses públicos y privados.

Montenegro continúa cumpliendo suficientemente los criterios políticos de adhesión a la UE. Las elecciones legislativas y presidenciales de octubre de 2012 y abril de 2013 respectivamente no han alterado la prioridad estratégica establecida por el país de cara a la adhesión de la UE. Pese a que la OSCE/OIDDH calificó la gestión de dichas elecciones como profesional y eficiente, se observaron algunas deficiencias. El no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales por la oposición dio como resultado un boicot del Parlamento de dos meses por parte del grupo más amplio de la oposición. El boicot finalizó cuando se llegó a un acuerdo entre partidos para crear dos órganos parlamentarios que investigasen las acusaciones de uso indebido de fondos públicos con fines electorales y elaborar recomendaciones de mejora del proceso electoral. La comisión parlamentaria de investigación sobre el presunto uso indebido de fondos públicos terminó su trabajo en julio. El Parlamento no consiguió ponerse de acuerdo sobre unas conclusiones que, entre otras cosas, habrían establecido la responsabilidad política y se limitó a un informe técnico. Queda pendiente un seguimiento judicial.

Un grupo de trabajo sobre la generación de confianza en el proceso electoral ha aprobado ya un proyecto de ley de lista única de electores, en sustitución de la ley sobre el censo de electores, y también un proyecto de enmienda de la ley del documento personal de identidad. En lo que respecta al Estado de Derecho, el Parlamento aprobó la modificación de la Constitución, largamente esperada, en cuanto al fortalecimiento de la independencia del poder judicial, que se ajusta ampliamente a las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

Montenegro participa activamente en la cooperación policial y judicial regional e internacional. Aunque se dictaron algunas sentencias sobre el tráfico de drogas, solo unos pocos casos se refirieron a delitos como la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero. Se han anulado algunas sentencias en primera instancia en casos de delincuencia organizada y corrupción. La impunidad en casos de malos tratos de los detenidos sigue siendo motivo de gran preocupación.

Montenegro ha adoptado un papel de primer orden en el fomento de la cooperación regional, sobre todo a través de su propuesta de establecimiento de la iniciativa «Balcanes Occidentales de los Seis».

Respecto a la Corte Penal Internacional, Montenegro sigue manteniendo el acuerdo bilateral de inmunidad de 2007 con los Estados Unidos, que concede exenciones a la jurisdicción de la Corte. Montenegro debe ajustarse a la postura de la UE.

De cara al futuro, Montenegro debe garantizar el seguimiento político y judicial del presunto uso indebido de fondos públicos para fines políticos partidistas. Además, debe llevarse a cabo la labor del grupo parlamentario sobre el proceso electoral, aprobando medidas legislativas y de otro tipo para ampliar el apoyo político y reforzar la confianza pública en el proceso electoral y las instituciones estatales.

La generación de confianza pública en el Estado está estrechamente relacionada con el desarrollo del Estado de Derecho. Por ello, la ejecución efectiva y al ritmo adecuado de los planes de acción de Montenegro en estos ámbitos desempeña un papel central. Debe hacerse especial hincapié en las reformas encaminadas a un refuerzo de la independencia, la rendición de cuentas y el profesionalismo del poder judicial, mediante unas mayores salvaguardias de la integridad y nombramientos basados en los méritos. La aplicación de las enmiendas constitucionales será muy importante a este respecto. Al mismo tiempo, Montenegro debe conseguir mayores resultados en la investigación sistemática y el encausamiento de los casos de corrupción y delincuencia organizada, incluidos los casos de alto nivel, así como en lo que respecta a la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.

Es necesario potenciar la libertad de expresión, entre otros modos investigando adecuadamente todos los casos de violencia y amenazas contra periodistas y llevando a los autores ante la justicia. Es preciso dedicar mayor atención a subsanar las deficiencias en la protección de derechos humanos por parte de las autoridades judiciales y los cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente respecto a los grupos vulnerables. La población romaní es víctima de discriminaciones, sobre todo en cuanto a los derechos sociales y económicos, y sigue estando subrepresentada a nivel político. Las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBGTI) siguen estando expuestos a discriminaciones; rara vez se denuncian los ataques de que son víctimas, y queda pendiente la cuestión de endurecer los castigos.

La aprobación del plan de reorganización del sector público y la entrada en vigor de la nueva ley de la función pública y los empleados estatales son medidas positivas. La contratación justa y en condiciones de competencia de los funcionarios es una condición previa para conformar una administración profesional. Las cartas de dimisión sin fecha son motivo de preocupación y deben devolverse al personal que las firmó.

En cuanto a los criterios económicos, Montenegro ha logrado algunos avances adicionales hacia una economía de mercado en funcionamiento. A medio plazo, el país debería estar en condiciones de afrontar las presiones de la competencia y de las fuerzas del mercado dentro de la Unión, a condición de que siga ocupándose de las deficiencias actuales mediante políticas macroeconómicas y reformas estructurales apropiadas.

Tras haber entrado en recesión en 2012, el país salió de ella en 2013. La resiliencia del turismo y de las inversiones extranjeras directas (IED), junto con el incremento de las exportaciones, respaldó la recuperación, compensando la debilidad de la demanda interna. El déficit por cuenta corriente está disminuyendo, pero sigue siendo elevado. En julio, el fabricante de aluminio KAP dio en quiebra, lo que representa un riesgo para las finanzas públicas, dado el tamaño considerable del exigible condicionado. El desempleo continúa siendo elevado. El crecimiento del crédito fue positivo tras cuatro años de contracción, pero los altos niveles de los préstamos no productivos siguen pesando sobre la capitalización de los bancos y, por consiguiente, sobre el suministro de crédito.

A fin de hacer frente a los retos económicos existentes y de reducir los desequilibrios exteriores, Montenegro debe reforzar la competitividad, aumentando la productividad y atrayendo más IED en sectores que no sean el turismo y el sector inmobiliario. El establecimiento de un entorno empresarial sólido sigue estando obstaculizado por la debilidad del Estado de Derecho y por la corrupción. El elevado índice de desempleo hace necesario ajustar la oferta y la demanda de mano de obra cualificada y fijar de modo más independiente los salarios al nivel de las empresas. También hace necesario el fortalecimiento del servicio de empleo público para aplicar las políticas de activación y establecer un mercado integrado y eficiente. Las autoridades deberían considerar objetivamente la viabilidad del conglomerado de aluminio en condiciones de mercado y la mejor solución posible, sin intensificar la presión sobre la hacienda pública. Debe proseguirse por la vía del saneamiento presupuestario, incluida la labor de recaudación de los atrasos fiscales. El elevado nivel de préstamos no productivos sigue siendo preocupante y hace necesaria una supervisión bancaria reforzada que garantice el cumplimiento del nivel adecuado de capital bancario. El sector informal sigue constituyendo un reto importante.

En lo que respecta a la capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión a la UE, Montenegro tiene varios grados de aproximación. El fortalecimiento de las capacidades administrativas es un reto transversal en muchos sectores. En capítulos tales como la contratación pública, el Derecho de sociedades, la legislación sobre propiedad intelectual, la sociedad de la información y los medios de comunicación, la fiscalidad y la política empresarial e industrial, Montenegro ya ha avanzado lo suficiente para que la Comisión haya recomendado la apertura de las negociaciones de adhesión.

En otros ámbitos (libre circulación de mercancías, derecho de establecimiento y libertad de prestación de servicios, agricultura y desarrollo rural; seguridad alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria; y política regional y coordinación de los instrumentos estructurales), se han fijado puntos de partida que, a menudo, incluyen estrategias de aproximación al acervo. Ahora, esos puntos de partida deben orientar la labor de Montenegro en los próximos meses. En lo que se refiere al capítulo sobre la política de competencia, la elaboración de un plan de reestructuración del fabricante de aluminio KAP es especialmente urgente, con objeto de que Montenegro cumpla sus obligaciones en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación. En cuanto al medio ambiente y el cambio climático, son necesarios más esfuerzos, incluida una planificación más estratégica, para garantizar la adaptación al acervo y la aplicación del mismo.

Serbia

El año 2013 ha sido un año histórico para Serbia en su camino hacia la Unión europea. Serbia ha trabajado activa y constructivamente hacia la mejora visible y sostenible de sus relaciones con Kosovo. En abril, el compromiso de Serbia con el diálogo facilitado por la UE dio como resultado el trascendental «Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones», que se complementó en mayo con un plan de ejecución. En especial, ambas partes acordaron que ninguna de ellas bloqueará, o animará a otros a que bloqueen, los avances de la otra parte en sus respectivos caminos hacia la UE. Ello representa un cambio crucial en las relaciones entre ambas partes. La aplicación de dicho Primer acuerdo ha proseguido y ya ha conducido a una serie de cambios irreversibles sobre el terreno. Las partes han alcanzado acuerdos sobre energía y telecomunicaciones. También se ha avanzado en la aplicación de los acuerdos logrados en cuanto al diálogo técnico, y la cooperación de Serbia con la EULEX ha seguido mejorando en varios campos.

Serbia ha dado un nuevo impulso a las reformas y ha intensificado los contactos de alto nivel con los países vecinos, en un esfuerzo por realizar una aportación positiva a la cooperación regional. Ha adoptado medidas para sanear la situación presupuestaria y mejorar el entorno empresarial; ha seguido adaptando su legislación a los requisitos de la legislación de la UE en muchos ámbitos, que se supervisan ahora en el marco del Plan Nacional de Adopción del Acervo para el periodo  de 2013 a 2016. El Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Serbia entró en vigor el 1 de septiembre.

Como resultado de los notables avances conseguidos, se ha iniciado una nueva fase de las relaciones entre Serbia y la Unión Europea. El Consejo Europeo decidió abrir las negociaciones de adhesión el 28 de junio, siguiendo la recomendación de la comisión de 22 de abril. La Comisión presentó al Consejo el 22 de julio su propuesta de marco para las negociaciones. La Comisión empezó asimismo el examen analítico del acervo de la UE (screening) en septiembre. Está previsto que el marco de negociación sea aprobado por el Consejo y confirmado por el Consejo Europeo pronto, con el fin de celebrar la primera conferencia intergubernamental sobre la adhesión de Serbia en junio de 2014 a más tardar.

En esta nueva y exigente fase de las relaciones entre la UE y Serbia, este país deberá intensificar sus esfuerzos para cumplir plenamente todos los criterios de adhesión. Asimismo será crucial informar regularmente acerca de los beneficios y las oportunidades que crea el proceso de adhesión para todos los ciudadanos de Serbia, de aquí a la adhesión.

Entre los retos principales que tiene ante sí, Serbia deberá prestar especial atención a los ámbitos clave del Estado de Derecho, sobre todo la reforma del poder judicial, la lucha contra la corrupción y contra la delincuencia organizada, la reforma de la administración pública, la independencia de las instituciones clave, la libertad de prensa, la lucha contra las discriminaciones y la protección de las minorías.

Serbia debe continuar estando plenamente comprometida con la normalización continua de sus relaciones con Kosovo y la aplicación de todos los acuerdos alcanzados en el diálogo, entre otras cosas cooperando con la EULEX, según sea oportuno. Serbia debe completar la aplicación del «Primer acuerdo», en particular en lo que se refiere a la policía, la justicia y las elecciones municipales en Kosovo. Es importante que Serbia siga fomentando una amplia participación de los serbios de Kosovo en las próximas elecciones municipales de Kosovo. Queda pendiente la plena aplicación del principio de cooperación regional integradora, con el fin, entre otros, de evitar problemas como el surgido con la cumbre del Proceso de Cooperación del sudeste de Europa (SEECP). Se espera que Serbia continúe contribuyendo activamente a la cooperación y reconciliación regionales.

Serbia cumple suficientemente los criterios políticos. El Gobierno ha aplicado activamente una agenda de integración en la UE, demostrando un consenso en las decisiones clave de política y potenciando el proceso de consulta. El Parlamento ha mejorado la transparencia de su labor, el proceso de consulta sobre la legislación y la supervisión del poder ejecutivo. No obstante, con frecuencia el Parlamento sigue aplicando procedimientos urgentes, lo que limita indebidamente el tiempo y el debate para el control de las propuestas legislativas.

Serbia ha prestado especial atención a la mejora del Estado de Derecho, que será una cuestión clave, en consonancia con el nuevo enfoque sobre los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad). Serbia ha adoptado nuevas estrategias globales en campos clave del poder judicial y la lucha contra la corrupción y las discriminaciones, tras un amplio proceso de consulta. Se aplicó un enfoque proactivo claro a las investigaciones en la lucha contra la corrupción, incluidos los casos en los que están involucradas personas de alto nivel. La cooperación regional e internacional ha conducido, además, a la obtención de algunos resultados en la lucha contra la delincuencia organizada. Se han puesto en marcha investigaciones en una serie de casos penales, pero las condenas finales en estas áreas son escasas. Serbia también ha continuado cooperando totalmente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).

En cuanto a la libertad de expresión, se ha despenalizado la difamación. En consonancia con los anteriores compromisos sobre la integración de los romaníes, se han aplicado medidas, y se ha adoptado un nuevo plan de acción. En general, el marco jurídico de protección de las minorías sigue siendo respetado, pero debe asegurarse su aplicación continua en toda Serbia, en ámbitos como la educación, el uso de la lengua y el acceso a los medios de comunicación y servicios religiosos en lenguas minoritarias. Si bien las autoridades e instituciones independientes han realizado esfuerzos adicionales para la protección de otros grupos vulnerables, en especial la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBGTI), falta el suficiente apoyo político. Es de lamentar especialmente que el desfile del orgullo se prohibiera por tercer año consecutivo por motivos de seguridad: esta es una oportunidad fallida de demostrar respeto por los derechos fundamentales.

De cara al futuro, Serbia deberá prestar especial atención al fortalecimiento de la independencia de las instituciones clave, sobre todo las del poder judicial. El marco constitucional y legislativo sigue dejando margen para una influencia política indebida, sobre todo en lo que respecta al papel del Parlamento en los nombramientos en la judicatura y en las destituciones judiciales. Para realizar reformas adicionales, será necesario un análisis funcional global del sistema judicial en términos de coste, eficiencia y acceso a la justicia. Serbia debe obtener resultados mucho mayores en la investigación, encausamiento y condena efectivas de los autores de delitos de corrupción y delincuencia organizada. La aplicación de las recientes modificaciones de la legislación en lo que se refiere al «abuso del cargo» debe supervisarse detenidamente con el fin de realizar una revisión global de los delitos económicos. Debe establecerse una legislación efectiva para la protección de los denunciantes. La aplicación efectiva de las estrategias y los planes de acción en los ámbitos judicial y de lucha contra la corrupción pondrá a prueba la preparación y voluntad de Serbia para progresar. Esos documentos estratégicos podrán requerir ajustes adicionales tras el examen analítico (screening).

Por otro lado, el Gobierno deberá asegurar su rumbo en cuanto a la reforma de la administración pública y seguir desarrollando un sistema de la función pública que sea transparente y basado en los méritos. El marco jurídico de la función pública a nivel local sigue pendiente de ser aplicado y desarrollado adecuadamente.

Debe prestarse más atención a la libertad de prensa. Serbia ha de avanzar en la aplicación de la estrategia relativa a los medios de comunicación, empezando por aprobar la legislación prevista sobre información al público y medios de comunicación, sobre entidades de radiodifusión de servicio público y sobre comunicaciones electrónicas. La financiación directa por el Estado, el control de los medios de comunicación y la sostenibilidad de las entidades de radiodifusión públicas siguen siendo cuestiones clave de las que es necesario ocuparse. Debe adoptarse y aplicarse el plan de acción de la estrategia de lucha contra las discriminaciones. Las autoridades deben aumentar la protección de los medios de comunicación, de los defensores de los derechos humanos y de otros grupos vulnerables, incluida la población LGBTI, respecto a las amenazas y los ataques de grupos radicales. Los avances conseguidos recientemente para la mejora de la situación de las minorías, incluida la población romaní, deben proseguir, entre otras cosas mediante recursos financieros adicionales. La cuestión de la vivienda y el acceso a los documentos para los romaníes precisa una atención continua. Debe prestarse mayor atención a las regiones con una grave situación socioeconómica, especialmente en el sur y el este de Serbia. Las elecciones a los consejos de las minorías nacionales que se celebrarán en 2014 serán una buena oportunidad de que Serbia reitere su compromiso con la protección de las minorías. El proceso electoral deberá llevarse a cabo cuidadosamente, teniendo en cuenta las recomendaciones pasadas de instituciones independientes.

Será importante que Serbia siga contribuyendo activamente a la cooperación regional y continúe desarrollando sus lazos con los países vecinos, entre otras cosas tratando las cuestiones bilaterales pendientes.

En lo que respecta a los criterios económicos, Serbia ha avanzado algo hacia el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento. Debe esforzarse considerablemente en la reestructuración de su economía, de modo que pueda afrontar a medio plazo la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la Unión.

En 2012, Serbia sufrió otra recesión, y su economía se contrajo en un 1,7 %. El elevado aumento de las exportaciones suavizó los efectos de la débil demanda interior y condujo a una ligera y desigual recuperación en el primer semestre de 2013. Se realizaron una serie de esfuerzos de saneamiento presupuestario, en su mayor parte en lo que se refiere a los ingresos. Se reactivó el proceso de reestructuración de las empresas de propiedad estatal. Se han conseguido algunos avances en la lucha contra la corrupción y en la mejora de los derechos de propiedad.

El crecimiento sigue teniendo una base escasa, y los primeros signos de recuperación económica en 2013 no se transmitieron al mercado de trabajo. El nivel de desempleo y el déficit presupuestario siguen siendo altos. Persistieron las rigideces en el mercado de trabajo, y la creación de empleo sostenible representa un gran reto. Sigue sin haberse adoptado un programa creíble de ajuste presupuestario a medio plazo. La presencia del Estado en la economía es notable, y las empresas estatales siguieron acumulando grandes pérdidas. Es necesario que Serbia siga mejorando el entorno empresarial y haga grandes esfuerzos por desarrollar un sector privado competitivo. El funcionamiento de los mecanismos de mercado se ve obstaculizado por la inseguridad jurídica y la corrupción. El sector informal sigue siendo un importante reto.

En cuanto a su capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión, Serbia ha continuado adaptando su legislación a los requisitos de la legislación de la UE en muchos sectores, para lo que se apoyó en la aprobación de un plan nacional de adopción del acervo. Se han logrado buenos avances en lo que respecta a la contratación pública, gracias a la aprobación de una nueva Ley de Contratación Pública, que establece la continuación de la adaptación al acervo de la UE e incluye disposiciones mejoradas sobre la prevención de la corrupción. La cuestión de la independencia del banco central se ha resuelto en parte con enmiendas legislativas. Se aprobaron dos nuevas leyes en lo que respecta a la contabilidad y auditoría de las empresas, con objeto de continuar la adaptación en cuanto al Derecho de sociedades. Mejoró el marco institucional de la política relativa a las PYME y para el acceso de estas a la financiación. Es positiva la adopción de medidas de mejora del entorno empresarial, en especial en cuanto a la evaluación del impacto sobre las empresas de nueva legislación. Se han ultimado con éxito los censos de población y agrícola. No obstante, la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en lo que respecta al cobro de derechos constituye un paso atrás en la adaptación al acervo de la UE.

De cara al futuro, Serbia debe redoblar sus esfuerzos de adaptación al acervo de la UE, prestando especial atención a la aplicación efectiva de la legislación aprobada. En especial, Serbia ha de intensificar la labor de adaptación en los sectores del agua, la gestión de residuos, la calidad del aire y la protección de la naturaleza, y de apertura del mercado, desvinculación y aplicación de tarifas que reflejen los costes en el sector de la energía. También son necesarios mayores esfuerzos para el control de las ayudas estatales, respecto a las cuales debe seguir consolidándose la independencia de la Comisión de Supervisión de las Ayudas Estatales y debe suprimirse la exención de las normas aplicables a las ayudas estatales en beneficio de las empresas en proceso de privatización. Deben fortalecerse sustancialmente los sistemas de protección social, relaciones laborales y diálogo social, sobre todo al nivel tripartito del diálogo social. La legislación sobre los OGM debe adaptarse a la legislación de la UE para posibilitar la adhesión a la OMC. Deben efectuarse considerables esfuerzos para desarrollar la gestión financiera y la supervisión del sector público, aplicando el concepto subyacente de responsabilidad de gestión, y para llegar a una capacidad plena de auditoría externa.

El Acuerdo Provisional del Acuerdo de Estabilización y Asociación siguió aplicándose con normalidad.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

La Antigua República Yugoslava de Macedonia fue el primer país que firmó un acuerdo de estabilización y asociación con la UE (en 2001). Es un país candidato desde hace ocho años, desde el dictamen positivo de la Comisión de noviembre de 2005 y la decisión del Consejo de diciembre de 2005. Desde 2009, la Comisión ha considerado que el país cumple suficientemente los criterios políticos y ha recomendado la apertura de negociaciones. La Comisión también ha recomendado, desde 2009, el inicio de la segunda fase de la asociación, en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación. En ambos casos, el Consejo no ha adoptado ninguna decisión. Cuando se han cumplido veinte años de la entrada del país en las Naciones Unidas, debe hallarse sin mayor dilación una solución a la cuestión del nombre del país.

A falta de un proceso de negociación, los principales foros de debate y supervisión de las reformas son los órganos creados en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación, así como el Diálogo de Alto Nivel para la Adhesión, establecido en 2012. Dicho Diálogo ha contribuido al avance logrado en muchos ámbitos prioritarios. Los progresos realizados en el marco de ese Diálogo serán de gran utilidad cuando empiecen las negociaciones. No obstante, no son, ni pueden ser, un sustituto para el camino hacia la apertura de las negociaciones de adhesión.

La crisis política que siguió a los hechos acaecidos en el Parlamento a finales del año pasado puso de manifiesto las profundas divisiones existentes entre los partidos políticos, que afectan al funcionamiento del Parlamento, así como la necesidad de que se haga política constructiva en el interés nacional. Durante la aprobación del presupuesto de 2013, la expulsión por la fuerza de diputados de la oposición y periodistas del Parlamento provocó el boicot del mismo por el mayor grupo de la oposición, que amenazó con boicotear las elecciones locales. Ese largo punto muerto se resolvió con la aplicación del acuerdo político del 1 de marzo, que consistió en la vuelta de los diputados de la oposición al Parlamento, la participación en las elecciones locales, las recomendaciones de cara al futuro realizadas por un Comité de Investigación, la firma de un memorándum de entendimiento entre partidos sobre los objetivos euroatlánticos estratégicos del país y una continuación del trabajo sobre la reforma electoral. Está pendiente la reactivación del diálogo entre el Gobierno y los periodistas. El consenso acerca del informe del Comité de Investigación demostró que se pueden hallar soluciones constructivas si hay voluntad política, gracias al diálogo y el compromiso. Deben aplicarse plenamente las recomendaciones del Comité de Investigación.

De modo general, el país sigue cumpliendo suficientemente los criterios políticos. La OSCE/OIDDH consideró que las elecciones municipales de marzo/abril de 2013 se llevaron a cabo de manera profesional y eficiente; observó la dificultad de distinguir entre el Estado y el partido y recomendó una modificación adicional de la legislación electoral. El país realizó la mayor parte de la reforma judicial entre 2004 y 2010. Este año se ha seguido avanzando en cuanto a la eficiencia del poder judicial. También se ha avanzado mediante el establecimiento de datos completos sobre el balance de resultados en materia de ejecución en la lucha contra la corrupción, lo que debe desarrollarse en el futuro. En lo que se refiere a la libertad de expresión, se estancó el progreso en el diálogo sobre los medios de comunicación, a raíz de la expulsión de periodistas del Parlamento, y, pese a la evolución del marco legislativo, se deterioró la reputación del país en cuanto a la libertad de prensa. El cierre de varios medios de comunicación en los últimos años también ha reducido la diversidad de opiniones para los ciudadanos.

Dado que el país ya ha alcanzado un elevado nivel de adaptación, respecto al lugar en el que se halla en el proceso de adhesión, la prioridad para el próximo año debe ser la aplicación y el cumplimiento efectivos de los marcos jurídicos y de política existentes, de modo similar a los países que ya están negociando la adhesión.

En cuanto al Estado de Derecho, debe reforzarse la independencia y competencia de los órganos jurisdiccionales, y debe hacerse mayor hincapié en la calidad de la justicia suministrada al ciudadano. La corrupción es generalizada en muchos ámbitos y sigue siendo un problema grave. Es necesario que el país demuestre efectos tangibles de las medidas de lucha contra la corrupción existentes y aplique con eficacia medidas de lucha contra la delincuencia organizada. En lo que se refiere a la libertad de expresión, el elevado grado de polarización de los medios de comunicación, que a menudo siguen un patrón político, obstaculiza el suministro de una información objetiva, supone una presión económica sobre los periodistas y los propietarios de los medios de comunicación (por ejemplo, a través de la utilización opaca de la publicidad gubernamental) y fomenta unos estándares profesionales de bajo nivel. Debe volverse a entablar el diálogo entre el Gobierno y los representantes de los medios, y dicho diálogo debe dar resultados concretos en lo que respecta al cambio de la cultura mediática y al establecimiento de un clima de creación de confianza. Deben aplicarse plenamente las recomendaciones de la OIDDH. Debe aplicarse de modo proactivo la estrategia a favor de la población romaní. Es necesario seguir denunciando la intolerancia, por ejemplo respecto a la comunidad LGBTI.

Asimismo es urgente ultimar la revisión del Acuerdo Marco de Ohrid, especialmente importante para las relaciones entre las comunidades e interétnicas, y que se apliquen sus recomendaciones. Ello, junto a la descentralización continua, que es un elemento fundamental del Acuerdo, contribuirá a la estabilidad en el país y fuera de él.

En general, el país mantiene buenas relaciones con otros países de la ampliación y desempeña un papel activo en la cooperación regional. Sigue siendo importante aplicar un enfoque constructivo a las relaciones con los Estados miembros de la UE vecinos. Deben evitarse las actuaciones y declaraciones que repercutan negativamente en las relaciones de vecindad.

En lo que se refiere a los criterios económicos, el país sigue estando en una posición avanzada y, en algunos ámbitos, ha realizado progresos adicionales hacia una economía de mercado en funcionamiento. El país debería estar en condiciones de afrontar a medio plazo la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la Unión, a condición de que aplique enérgicamente sus programas de reforma, destinados a reducir las significativas deficiencias estructurales.

La actividad económica se estancó en 2012; el crecimiento retornó en el primer semestre de 2013. En el contexto de un difícil entorno exterior, se mantuvo la estabilidad macroeconómica. El desempleo sigue siendo muy elevado, sobre todo entre los jóvenes. El creciente nivel del déficit público y la deuda pública incrementó la vulnerabilidad del país.

Es preciso adoptar medidas para abordar las razones de fondo del elevado nivel de desempleo, ocupándose especialmente del desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones. Debe reforzarse la sostenibilidad de la hacienda pública. La política fiscal debe adaptarse a las prioridades nacionales de reforma estructural y orientarse hacia un gasto que favorezca el crecimiento. La introducción de un marco presupuestario a medio plazo y la planificación estratégica deberían reforzar la disciplina presupuestaria. Es necesario hacer mayores esfuerzos para gestionar con eficacia las finanzas públicas, de modo que se haga el uso más eficiente y transparente posible de los recursos públicos y de la UE. A fin de garantizar más inversiones del sector privado, debe trabajarse más para mejorar el entorno empresarial, que se ve negativamente afectado por la corrupción y por los lentos y costosos procedimientos de salida del mercado. El sector informal continúa siendo un gran problema.

El país está cooperando profunda y ampliamente con la UE en todos los ámbitos del acervo y se halla en un nivel avanzado de adaptación legislativa, a nivel estratégico e institucional, centrándose ahora la labor en la capacidad administrativa y los mecanismos de coordinación dentro de la administración nacional, a fin de que haya una ejecución efectiva. El país ha seguido progresando en el aumento de su capacidad de asunción de las obligaciones de la adhesión; sigue cumpliendo sus compromisos en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación, antes del décimo aniversario de la entrada en vigor del mismo.

En lo que respecta al mercado interior, se ha alcanzado un buen nivel de adaptación legislativa en cuanto a la circulación de capitales, los servicios de correos y el Derecho de sociedades. Respecto a la justicia y los asuntos de interior, el país ha avanzado notablemente en los preparativos relativos a la política de visados, las fronteras exteriores y el Acuerdo de Schengen y la cooperación policial. En el ámbito de la reforma de la administración pública, debe continuar trabajándose en la aplicación de los principios de transparencia, mérito y representación equitativa. Deben hacerse mayores esfuerzos sobre todo en política regional, medio ambiente y cambio climático, campos en los que es necesario mejorar la realización de los proyectos con financiación de la UE, así como en cuanto a la calidad del agua, el control de la contaminación industrial y la gestión de riesgos. En el ámbito de la política social y el empleo, deben aplicarse medidas para conseguir un mercado de trabajo integrador y eficiente. Debe reforzarse y desarrollarse en toda la administración pública el control financiero interno público. De modo global, el país ha alcanzado un nivel de adaptación al acervo que es suficiente para pasar a la siguiente fase del proceso de adhesión.

Albania

En octubre pasado, la Comisión recomendó que el Consejo concediera a Albania el estatuto de país candidato, a reserva de la finalización de medidas clave en lo que respecta a la reforma judicial y de la administración pública y de la revisión del reglamento interno del Parlamento. En diciembre de 2012, con el fin de adoptar una decisión sobre el estatuto de candidato, el Consejo invitó a la Comisión a que informara de la consecución de los avances necesarios en cuanto ello ocurriera, teniendo en cuenta las medidas adicionales adoptadas por Albania en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, incluidas las investigaciones proactivas y enjuiciamientos de esos casos. A este respecto, Albania ha adoptado las medidas pendientes de reforma judicial, de la administración pública y parlamentaria, con un consenso entre los partidos. La misión internacional de observación electoral dirigida por la OSCE/OIDDH consideró que las elecciones parlamentarias de junio fueron pluralistas y que hubo una participación activa de los ciudadanos a lo largo de la campaña, así como un verdadero respeto por las libertades fundamentales. En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, Albania ha adoptado medidas iniciales encaminadas a aumentar la eficiencia de las investigaciones y los encausamientos y a estrechar la cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. El número de condenas en casos de corrupción y blanqueo de dinero ha aumentado, y también lo ha hecho el número de investigaciones de casos de trata de seres humanos y tráfico de drogas. Se han seguido satisfactoriamente todas las recomendaciones recientes del Consejo de Europa acerca de la financiación de los partidos políticos y de las disposiciones jurídicas sobre corrupción. El nuevo Gobierno de Albania se ha comprometido firmemente a luchar contra la corrupción y se ha fijado este asunto como prioridad en su programa.

Conforme al dictamen de la Comisión de 2010, Albania debe cumplir los siguientes requisitos necesarios para la apertura de las negociaciones de adhesión: 1) continuar llevando a cabo la reforma de la administración pública a fin de potenciar el profesionalismo y la despolitización de la administración pública; 2) adoptar medidas adicionales para reforzar la independencia, eficiencia y rendición de cuentas de las instituciones judiciales; 3) seguir actuando con decisión en la lucha contra la corrupción, por ejemplo a fin de obtener un balance de resultados sólido en las investigaciones proactivas, encausamientos y condenas; 4) seguir actuando con decisión también en la lucha contra la delincuencia organizada, por ejemplo a fin de obtener también un balance de resultados sólido en las investigaciones proactivas, encausamientos y condenas; 5) adoptar medidas eficaces para una mayor protección de los derechos humanos, incluidos los de la población romaní, y un refuerzo de las políticas de lucha contra las discriminaciones, así como garantizar el respeto de los derechos de propiedad.

A fin de asegurar el futuro de Albania, será vital que haya un diálogo constructivo y duradero entre el Gobierno y la oposición sobre las reformas relacionadas con la UE. Sigue siendo esencial que Albania participe constructivamente en la cooperación regional.

Albania ha seguido avanzando hacia el cumplimiento de los criterios políticos de adhesión a la UE. La mayoría gubernamental y la oposición han cooperado para la aprobación parlamentaria de una serie de instrumentos jurídicos, entre los que se halla la Ley de la Función Pública, la Ley del Tribunal Supremo y el Reglamento Interno del Parlamento, así como una serie de enmiendas al Código Penal y al Código de Enjuiciamiento Civil.

Aunque el proceso que llevó a las elecciones parlamentarias del 23 de junio se caracterizó por la existencia de tensiones, que, en algunos momentos, entorpecieron las tareas de los órganos de la administración electoral, las elecciones fueron pluralistas y se llevaron a cabo de manera ordenada, con un elevado índice de participación. Albania continuó avanzando también en lo que respecta a la reforma de la administración pública, en especial con la aprobación de la Ley de la Función Pública.

Se adoptaron medidas adicionales de reforma del poder judicial, incluida la racionalización del sistema jurisdiccional. La mejora de los métodos de trabajo de los órganos de lucha contra la corrupción, el aumento de las condenas y la mejor cooperación interinstitucional dieron como resultado algunos progresos en la lucha contra la corrupción, con lo que se obtuvo un balance de resultados inicial positivo, que es necesario reforzar. La mejora de la supervisión y la transparencia en ámbitos clave, como el registro de la propiedad, las aduanas, la educación superior y la salud, ponen de manifiesto una mayor concienciación acerca de la importancia de la prevención. Se siguieron las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la financiación de los partidos políticos y las disposiciones jurídicas sobre corrupción. No obstante, la corrupción sigue siendo un problema especialmente grave, que precisa determinación y una actuación concertada. En cuanto a la delincuencia organizada, ha mejorado la cooperación policial internacional, así como también el uso del análisis de la amenaza; aumentaron las incautaciones de drogas y activos de origen delictivo. También se siguieron las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la lucha contra el blanqueo de dinero. Las importantes enmiendas del Código Penal se ocuparon de la trata de seres humanos y otros delitos graves.

En lo que se refiere a los derechos humanos, se respetaron en general la libertad de reunión y asociación y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En cuanto a la lucha contra las discriminaciones, se consiguieron avances, por ejemplo con el plan de acción en favor de los derechos de las personas LGTBI. Respecto a la libertad de expresión, la Ley de Medios Audiovisuales mejoró considerablemente el marco legislativo de los medios audiovisuales en Albania.

De cara al futuro, Albania debe acelerar el ritmo de reforma del poder judicial. Debe revisarse y reforzarse el marco institucional y jurídico del poder judicial. A fin de garantizar la independencia, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia del poder judicial, está pendiente la ultimación o aprobación de legislación básica, incluidas modificaciones constitucionales para despolitizar los nombramientos al Tribunal Supremo. La legislación recientemente aprobada debe aplicarse efectivamente, con el pleno apoyo de los políticos y de los profesionales del sistema judicial.

Por otra parte, Albania debe prestar especial atención a la realización de la reforma de la administración pública, sobre todo en lo que respecta a las leyes estructurales y los actos administrativos. Es necesario aprobar y aplicar rápidamente la reglamentación de desarrollo de la Ley de la Función Pública. Debe garantizarse la continuidad en la administración pública y debe reforzarse el profesionalismo, la despolitización y la rendición de cuentas.

Serán necesarias medidas específicas de lucha contra la corrupción, como medidas de capacitación de un organismo de coordinación central que tenga la autoridad y la capacidad necesarias y un fuerte apoyo político. Deben reforzarse la capacidad de prevención y represión y la independencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Debe garantizarse que haya un seguimiento adecuado por parte del Parlamento de los informes procedentes de instituciones independientes.

Es necesario seguir desarrollando el balance positivo de resultados en las investigaciones y los encausamientos efectivos de la delincuencia organizada, a partir de los resultados iniciales. Se debe continuar trabajando para ultimar las enmiendas del Código de Enjuiciamiento Penal y extender eficazmente el uso de la evaluación de la amenaza, el intercambio de inteligencia y las investigaciones específicas y proactivas. Asimismo es preciso un enfoque más proactivo en cuanto a las investigaciones en caso de nivel de riqueza sospechoso y de sospecha de blanqueo de dinero.

En el ámbito de los derechos humanos, la elaboración de nueva legislación y la aplicación de la legislación existente deben ser prioridades, haciendo especial hincapié en los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños y la integración de la población romaní. En cuanto a la libertad de expresión es preciso realizar esfuerzos adicionales para garantizar plenamente la independencia del organismo regulador de los medios de comunicación.

En lo que respecta a los criterios económicos, Albania consiguió algunos avances hacia una economía de mercado en funcionamiento. Albania debería estar en condiciones a medio plazo de afrontar la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la Unión, siempre que acelere las reformas estructurales.

Albania ha mantenido la estabilidad macroeconómica. El crecimiento del PIB se desaceleró, pero siguió siendo positivo gracias a la demanda exterior. El bajo nivel de inflación dio margen para aplicar una política monetaria expansiva de estímulo del crecimiento, pero queda por ver si dicha política se transmitirá a la economía real, en vista de la disminución del crecimiento del crédito a raíz del elevado y creciente nivel de los préstamos no productivos. El déficit presupuestario sigue siendo alto, y la deuda pública continuó aumentando, lo que acarreó la superación y supresión del techo legal de deuda del 60 % del PIB. El mercado de trabajo experimentó una ligera mejora, pero el desempleo sigue siendo elevado. El déficit por cuenta corriente se ha reducido pero continúa siendo elevado. La economía sigue siendo vulnerable tanto a las deficiencias estructurales internas como a la volatilidad económica mundial.

Es necesario que Albania complemente las políticas fiscal y monetaria en favor de la estabilidad con reformas estructurales que garanticen un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Albania deberá ocuparse de la cuestión de los elevados niveles del déficit y la deuda públicos y de su desviación a corto plazo. Además, tendrá que mejorar la previsibilidad presupuestaria reduciendo la reiterada sobreestimación de los ingresos y recaudando los impuestos de modo más eficiente. Mejorar el entorno empresarial y de inversión es esencial para diversificar la economía e impulsar el potencial de crecimiento a largo plazo. Ello podrá conseguirse, entre otras cosas, reforzando el Estado de Derecho, luchando contra la corrupción y cobrando los retrasos en los pagos, así como desarrollando las infraestructuras y potenciando el capital humano. El sector informal sigue siendo un reto importante.

El Acuerdo de Estabilización y Asociación continuó aplicándose con normalidad en todos los ámbitos, y Albania siguió adaptando su legislación a los requisitos de la legislación de la UE en una serie de áreas, incrementando su capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. Se lograron mejoras respecto, por ejemplo, a la contratación pública, las estadísticas, la justicia, la libertad y seguridad y las aduanas. Albania debe esforzarse más para hacer cumplir efectivamente los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial y debe prestar especial atención al sector energético, incluidos la diversificación de las fuentes energéticas, el funcionamiento del mercado de la electricidad y la búsqueda de soluciones a las pérdidas en las redes eléctricas y al bajo nivel de cobro de facturas. También debe ocuparse con determinación de la cuestión de las devoluciones del IVA, por ejemplo en lo que se refiere a los retrasos existentes, y aumentar la protección del medio ambiente, entre otros con inversiones sostenibles en lo que respecta a la gestión de residuos y las aguas residuales. Es preciso seguir trabajando en los ámbitos del empleo y la política social. Debe reforzarse la capacidad administrativa y el profesionalismo de los organismos encargados de la aplicación del acervo, y debe salvaguardarse la independencia de los organismos reguladores. En varios sectores del acervo, sobre todo la contratación pública y el control financiero, es importante potenciar la transparencia y la rendición de cuentas.

Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina se encuentra en una vía muerta en el proceso de integración en la UE, mientras otros países de la región siguen avanzando. El Acuerdo de Estabilización y Asociación se firmó en 2008, y el proceso de ratificación finalizó en 2011. Dicho Acuerdo todavía no ha entrado en vigor porque el país no ha cumplido los requisitos pendientes, en especial realizar un esfuerzo creíble para aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Sejdic-Finci relativo a la discriminación de los ciudadanos por motivos étnicos. Por lo tanto, las relaciones de la UE con Bosnia y Herzegovina siguen rigiéndose por el Acuerdo Provisional de 2008.

Los representantes políticos no comparten una visión del rumbo general y el futuro del país ni del modo en que este debe funcionar. No existe ningún diálogo político interno sobre cuestiones fundamentales como el proceso de integración en la UE ni el establecimiento de prioridades al respecto. La agenda de la UE no ha sido prioritaria para los representantes políticos del país, por lo que no se ha avanzado nada en su perspectiva europea. Los intereses partidistas o étnicos a corto plazo han prevalecido sobre la política orientada al futuro de anclaje de Bosnia y Herzegovina en la UE. El bloqueo político de la Federación, que ya dura más de un año, repercute negativamente en la gobernanza tanto de la Federación como a nivel de los Estados. Algunos actores políticos ponen en entredicho continuamente la unión de Bosnia y Herzegovina en un único Estado.

No se han cumplido los dos compromisos principales de la hoja de ruta de la solicitud de adhesión del país a la UE, sobre todo la aplicación efectiva de la sentencia Sejdic-Finci y el establecimiento de un mecanismo de coordinación eficaz de los asuntos relacionados con la UE. La UE ha realizado una intensa labor de facilitación para ayudar a los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina a hallar un terreno de entendimiento para la aplicación de la sentencia mencionada, pero dichos dirigentes no se pusieron de acuerdo en ninguna solución.

La aplicación de dicha sentencia no solo es crucial para que el país avance en el camino de la adhesión, sino también para la legitimidad y credibilidad de la Presidencia y de la Casa de los Pueblos de Bosnia y Herzegovina, cuyos miembros serán elegidos en 2014. Ello desbloquearía el proceso de adhesión a la UE, que es vital para que Bosnia y Herzegovina pase de ser un país en situación de posconflicto a ser un Estado miembro de la UE en el futuro. Sin el valor y la determinación políticos necesarios, la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina no se plasmará en la realidad.

La misma urgencia e importancia tiene la creación de un mecanismo de coordinación en asuntos de la UE entre los distintos niveles de la administración. En un país altamente descentralizado como Bosnia y Herzegovina, un mecanismo de ese tipo es crucial para que el representante correspondiente de Bosnia y Herzegovina pueda hablar en nombre de todo el país y comprometerse en sus interacciones con la UE. Es tarea del país establecer urgentemente un mecanismo que cumpla ese requisito básico.

Cada vez resulta más difícil justificar el suministro de fondos de preadhesión a un país cuyos representantes políticos no desean llegar al consenso necesario para avanzar en el camino de la preadhesión. Sin ese consenso, existe un elevado riesgo de que la asistencia de preadhesión no produzca los resultados esperados. Dado que no se ha hallado aún ninguna solución en relación con la aplicación de la sentencia Sejdic-Finci y no se ha creado el mecanismo de coordinación para la UE, no puede mantenerse el mismo nivel de financiación en el marco del Instrumento de Asistencia de Preadhesión. La Comisión ha decidido aplazar las conversaciones sobre el IPA II hasta que el país vuelva a la senda del proceso de integración en la UE. Si no se realizan progresos tangibles, Bosnia y Herzegovina corre el riesgo de perder un importe significativo de fondos de preadhesión.

Los preparativos del país para adaptarse a la adhesión de Croacia han sido lentos, pero los acuerdos necesarios sobre el cruce de personas y mercancías de la frontera con Croacia se firmaron a tiempo antes del 1 de julio. La Comisión considera que es inaceptable que Bosnia y Herzegovina se haya negado hasta el momento a adaptar el Acuerdo Provisional/Acuerdo de Estabilización y Asociación con el fin de tener en cuenta su comercio tradicional con Croacia. La Comisión insta a Bosnia y Herzegovina a revisar su postura urgentemente de modo que pueda elaborarse lo antes posible una adaptación basada en los flujos comerciales tradicionales.

El país ha avanzado muy poco en lo que respecta a los criterios políticos. Al no haber aplicado la sentencia Sejdic-Finci, el país todavía no ha acabado con la práctica discriminatoria de que los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina que no declaran su pertenencia a uno de los tres pueblos constituyentes no pueden presentarse como candidatos a la Presidencia o a la Casa de los Pueblos de Bosnia y Herzegovina. En general, los procedimientos legislativos siguen siendo sumamente lentos, a causa de la falta de voluntad política para alcanzar compromisos. La utilización frecuente del procedimiento de urgencia para presentar leyes a la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina dio como resultado un uso generalizado del procedimiento del interés nacional vital. Debido a la falta de acuerdo político, a menudo se bloqueó legislación utilizando el «veto de entidad».

Sigue habiendo un elevado nivel de corrupción, faltan medidas de prevención efectivas contra el blanqueo de dinero y los avances logrados en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo han sido escasos. Si bien se ha avanzado poco en la reforma general del sistema judicial, se están aplicando una serie de recomendaciones formuladas por la Comisión en el marco del Diálogo Estructurado sobre Justicia: en cuanto al enjuiciamiento de los asuntos de crímenes de guerra, se ha avanzado notablemente en la determinación de la jurisdicción competente, de acuerdo con la estrategia nacional relativa a los crímenes de guerra y con la asignación de los recursos financieros y humanos adecuados con cargo a los presupuestos correspondientes y las grandes aportaciones del IPA. Se ha reducido el retraso en el tratamiento de los asuntos. La celebración de los Protocolos sobre Cooperación para el Enjuiciamiento de los Autores de Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Humanidad y Genocidio con Croacia y Serbia es prometedora. De modo global, sigue habiendo grandes deficiencias en cuanto a la independencia, efectividad, rendición de cuentas e imparcialidad del poder judicial en Bosnia y Herzegovina.

Sigue siendo limitada la aplicación de los instrumentos de derechos humanos existentes, incluidos los que protegen a las personas LGBTI de la violencia y la incitación al odio, así como la aplicación de los planes de acción en favor de la población romaní. Las lagunas legislativas continúan obstaculizando el retorno y la integración local sostenibles de los refugiados y los desplazados internos. Existen disposiciones legales que garantizan la libertad de expresión, pero la intimidación de los periodistas y los editores siguen siendo motivo de preocupación, del mismo modo que las presiones financieras sobre las entidades de radiodifusión públicas. Bosnia y Herzegovina ha continuado participando activamente en la cooperación regional y manteniendo unas buenas relaciones de vecindad. Deben abordarse con los países vecinos las cuestiones pendientes sobre fronteras y propiedad.

Gracias a una profunda labor de preparación a todos los niveles, respaldada por la UE y otras organizaciones internacionales, se ha podido confeccionar el largamente esperado censo de población de Bosnia y Herzegovina, el primero desde 1991.

En lo que respecta a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina ha conseguido escasos avances adicionales hacia una economía de mercado en funcionamiento. Deben proseguir con determinación las considerables tareas de reforma necesarias para que el país esté en condiciones de afrontar a largo plazo la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado en la Unión.

La economía se contrajo en un 1,1 % en 2012. No obstante, los indicadores correspondientes al primer semestre de 2013 muestran ciertos signos de recuperación. El desempleo sigue siendo muy elevado. La calidad de las finanzas públicas continuó siendo baja, si bien mejoró algo su gestión. Pese a una ligera mejora, el consenso sobre los elementos básicos de la política económica y fiscal sigue siendo escaso, lo que obstaculiza las reformas a nivel nacional. El sector público, enorme e ineficiente, con múltiples competencias solapadas a nivel estatal, de entidad y municipal o cantonal (especialmente en la Federación), sigue poniendo en peligro la sostenibilidad presupuestaria. La ineficiencia del sistema jurídico y del sistema judicial entorpece la capacidad de ejecución, tiene un claro efecto disuasorio sobre las inversiones y es una fuente de corrupción.

La composición y la escasa eficiencia del gasto público en Bosnia y Herzegovina siguen siendo motivo de preocupación. En este contexto, debe mejorar la información presupuestaria a fin de que aumente la calidad del análisis y del diseño de políticas. Las rigideces estructurales, como la imposición excesiva de la mano de obra y la deficiente asignación de las transferencias sociales precisan medidas de estímulo de la demanda de trabajo. Dada la elevada cuota que representan las empresas públicas en la economía, las autoridades deben reactivar la privatización, que tiene el potencial de mejorar la situación presupuestaria y de que haya más competencia. Es necesario que el sector privado cuente con el apoyo de un entorno empresarial sólido, sobre todo mediante la mejora del cumplimiento de los contratos y la creación de un espacio económico único en el país. El sector informal continúa siendo un reto importante.

La falta de un verdadero apoyo político a la agenda de la UE se refleja en los muy escasos avances logrados en materia de aproximación a la legislación y los estándares de la UE. Así ocurre, en especial, en los ámbitos veterinario y de salud alimentaria, competencia, contratación pública, energía, medio ambiente y cambio climático, transporte y empleo y políticas sociales. En otros ámbitos, como el desarrollo rural o la política regional, se ha progresado poco por la falta de acuerdo sobre las estrategias oportunas a nivel nacional. En varios casos están pendientes nombramientos para organismos importantes. Ello está obstaculizando el progreso legislativo. Otras instituciones, como el Consejo de Ayudas Estatales, han venido padeciendo una falta de recursos financieros, por lo que hasta el momento no han funcionado adecuadamente. Una de las pocas excepciones positivas es el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial, en que ya se ha avanzado en los preparativos para la adaptación a las normas de la UE.

A fin de que Bosnia y Herzegovina pueda exportar productos de origen animal a la UE, es necesario avanzar rápidamente en la transposición de la legislación veterinaria y de seguridad alimentaria de la UE. Bosnia y Herzegovina es el único país de la región que no ha adaptado su legislación a las directivas de la UE de 2004 sobre contratación pública. Debe realizar esa adaptación urgentemente. El país debe mantener una labor constante para la aplicación duradera de todas las reformas introducidas conforme a la hoja de ruta de la liberalización en materia de visados, tomando en consideración medidas más amplias en las fronteras con objeto de aumentar la seguridad nacional y regional. Deben proseguir las actividades relacionadas con la prevención de los abusos del régimen de exención de visado.

Kosovo

El año 2013 ha sido un año histórico para Kosovo en su camino hacia la Unión Europea. Las decisiones del Consejo en junio por las que se autoriza la apertura de negociaciones de un Acuerdo de Estabilización y Asociación representan el inicio de una fase nueva importante de las relaciones entre la UE y Kosovo. Las negociaciones comenzarán oficialmente este mes. La Comisión tiene el propósito de finalizar estas negociaciones en la primavera de 2014, rubricar el proyecto de acuerdo en el verano y, acto seguido, presentar las propuestas al Consejo para la firma y celebración del Acuerdo.

Kosovo ha trabajado de forma activa y constructiva en favor de una mejora visible y duradera de sus relaciones con Serbia. En abril, el compromiso de Kosovo con el diálogo facilitado por la UE dio como resultado el trascendental «Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones», que se complementó en mayo con un plan de ejecución. En especial, ambas partes acordaron que ninguna de ellas bloqueará, o animará a otros a que bloqueen, los avances de la otra parte en sus respectivos caminos hacia la UE. Ello representa un cambio crucial en las relaciones entre ambas partes. La aplicación de dicho Primer acuerdo ha proseguido y ya ha conducido a una serie de cambios irreversibles sobre el terreno. Las partes han alcanzado acuerdos sobre energía y telecomunicaciones. También se ha avanzado en la aplicación de los acuerdos logrados en cuanto al diálogo técnico, con el apoyo de la misión de la UE en materia de Estado de Derecho (EULEX). Kosovo debe seguir plenamente comprometido con la normalización continuada de sus relaciones con Serbia y con la aplicación de todos los acuerdos alcanzados en el diálogo. Es necesario que Kosovo finalice la aplicación del Primer acuerdo, en especial en lo que respecta a la policía, la justicia y las elecciones municipales.

El Primer acuerdo ha hallado resistencia en el norte de Kosovo. La postura comedida de Pristina y el enfoque integrador, junto con el papel positivo desempeñado por Belgrado, han evitado la escalada. De acuerdo con el Primer acuerdo, se han cerrado las comisarías de policía serbias del norte de Kosovo; Serbia ha dejado de pagar los sueldos a los funcionarios de policía empleados en Kosovo; los tribunales serbios han detenido el enjuiciamiento de asuntos penales en Kosovo; y se han suprimido los ayuntamientos en los cuatro municipios del norte. Las elecciones municipales previstas para noviembre también se celebrarán en el norte de Kosovo. Es importante que dichas elecciones se realicen en buenas condiciones y que todas las personas con derecho a voto participen y ejerzan sus derechos democráticos. El 19 de septiembre, un miembro de la EULEX fue asesinado en un ataque a un convoy de la EULEX en el norte de Kosovo. Los líderes de Kosovo y Serbia condenaron con gran firmeza el ataque.

Kosovo ha conseguido resultados en reformas importantes. En abril, la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad confirmó[1] que Kosovo había realizado las prioridades a corto plazo en lo que respecta al Estado de Derecho, la administración pública, la protección de las minorías y el comercio, señaladas en el estudio de viabilidad[2] de octubre del año pasado. En abril, la Comisión publicó además su recomendación al Consejo para la firma y celebración de un acuerdo marco que permita a Kosovo participar en programas de la Unión Europea.

En diciembre, Kosovo se convirtió en miembro del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En junio, firmó un acuerdo marco con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. En febrero, el Consejo de Cooperación Regional decidió modificar su estatuto para permitir que Kosovo se convirtiera en participante de pleno derecho.

El diálogo sobre la liberalización de visados sigue ocupando un lugar destacado en la agenda política de Kosovo. Pristina se ha esforzado por avanzar en este campo. En febrero, la Comisión aprobó su primer informe sobre el avance de Kosovo en el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados[3]. En abril, Kosovo adoptó su primer plan de acción en materia de liberalización de visados. Hasta la fecha se han celebrado tres reuniones de altos funcionarios. En estrecha cooperación con la Comisión, la Oficina de la UE en Pristina y la EULEX, Kosovo ha progresado en cuanto a la modificación de la legislación, tal y como se recomienda en el informe. Es necesario continuar trabajando a este respecto. Además, Kosovo debe centrarse en la aplicación de la legislación.

El amplio consenso político alcanzado sobre la perspectiva europea de Kosovo ha sido fundamental para imprimir velocidad al proceso de aproximación. El Consejo Nacional de Integración Europea también ha buscado ese objetivo. Es importante que este proceso se mantenga y se siga ampliando. Estos esfuerzos serán clave para las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación.

El estudio de viabilidad de la Comisión indica los ámbitos prioritarios en que Kosovo debe centrarse para cumplir las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Dichas obligaciones se refieren al Estado de Derecho, el poder judicial, la administración pública, la reforma electoral y el Parlamento, los derechos humanos y los derechos fundamentales, la protección de las minorías, el comercio y cuestiones de mercado interior y cuestiones fitosanitarias y veterinarias.

En el contexto de los criterios políticos, el Gobierno de Kosovo ha reforzado su capacidad para ocuparse de las prioridades de su proceso de integración en la UE. Ha demostrado su capacidad con el seguimiento de las prioridades a corto plazo señaladas en el estudio de viabilidad y con los preparativos para la negociación del Acuerdo de Estabilización y Asociación. Asimismo se han adoptado medidas para mejorar el control de la labor del Gobierno ejercido por el Parlamento. Sin embargo, la decisión del Parlamento de debatir el resultado de un asunto judicial fue un paso atrás en los esfuerzos de Kosovo para fortalecer sus instituciones de gobernanza democrática.

Kosovo ha demostrado un compromiso claro con la obtención de resultados en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, incluida la apertura de investigaciones y el refuerzo del marco legislativo. Se han dado los primeros pasos para elaborar estadísticas armonizadas en este campo. Kosovo, además, ha continuado su buena cooperación con la EULEX. El sistema judicial ha sido objeto de una importante reforma, cuya aplicación coherente será esencial para aportar más cambios positivos y deberá ser supervisada de cerca. En enero, entró en vigor la legislación sobre los órganos jurisdiccionales y sobre el enjuiciamiento, con la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y nuevas estructuras de enjuiciamiento. Se espera que el nuevo marco jurídico contribuya a la independencia, eficacia, rendición de cuentas e imparcialidad del sistema judicial. Kosovo también ha continuado readmitiendo a personas procedentes de los Estados miembros.

Siguiendo las recomendaciones del estudio de viabilidad, el Parlamento ha modificado los artículos del Código Penal sobre responsabilidad penal de los medios de comunicación y protección de las fuentes de los periodistas. Se ha creado, y funciona bien, el Consejo de Supervisión de la Aplicación, que reúne a las autoridades kosovares y la Iglesia Ortodoxa Serbia. Se nombró un nuevo Comisario de Lengua, y su oficina ha empezado a ejercer sus funciones. Ha aumentado el presupuesto y el personal del Defensor del Pueblo, de manera que su institución ya está en condiciones de desempeñar su papel de protector de la buena gobernanza y de los derechos humanos en Kosovo.

Kosovo tiene pendiente ultimar la reforma electoral y garantizar que el marco jurídico refleje las mejores prácticas en la UE. El Parlamento debe intensificar su supervisión del ejecutivo con un mejor control de las propuestas legislativas y un seguimiento de la aplicación de las políticas y las leyes. Es necesario que el Gobierno garantice la participación adecuada en las tareas del Parlamento. Ha mejorado la independencia financiera del Parlamento, pero son precisas medidas adicionales (por ejemplo, la mejora del reglamento interno del Parlamento y las normas sobre el mismo) para potenciar la independencia financiera y administrativa del Parlamento.

En lo que se refiere al Estado de Derecho, Kosovo debe aportar muestras concretas de los resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción como asunto prioritario y reforzar la legislación y su aplicación. Debe seguir mejorando la fiabilidad de las estadísticas en este campo y apoyar activamente a la EULEX en la ejecución de su mandato, incluida la Unidad Operativa Especial de Investigación. Kosovo está asumiendo gradualmente mayores responsabilidades de la EULEX. El Diálogo Estructurado sobre el Estado de Derecho es un foro esencial para Kosovo y la UE al objeto de revisar los avances en este ámbito.

La interferencia política en la labor del poder judicial sigue siendo motivo de gran preocupación. Los Consejos Judicial y Fiscal deben responder con firmeza a los ataques contra los jueces, los fiscales y las instituciones judiciales, y el Parlamento y el Gobierno deben hacer lo propio. Son necesarias medidas de seguridad y protección adecuadas para los jueces y el personal de los órganos jurisdiccionales, así como para los fiscales, los testigos y los denunciantes. Kosovo debe adoptar medidas adicionales para reducir el atraso total en los asuntos, incluido el cumplimiento de las sentencias judiciales, y debe garantizar que los juicios se celebren en los locales adecuados y de conformidad con los procedimientos judiciales. Debe proseguir la contratación de jueces y fiscales procedentes de las minorías, de acuerdo con el marco legislativo. Kosovo debe garantizar que los fiscales especiales encargados de los casos de delincuencia organizada, crímenes de guerra y corrupción mantienen sus competencias.

En cuanto a la administración pública, Kosovo debe centrarse en la aplicación de la legislación, la estrategia y el plan de acción, para lo que son necesarias unas firmes orientaciones políticas. Debe potenciarse el profesionalismo de la función pública, y las personas pertenecientes a minorías deben estar bien representadas con arreglo a la legislación. Debe cesar la interferencia política en la contratación y el nombramiento de los empleados públicos. Respecto a los derechos humanos y fundamentales, es preciso simplificar la estructura compleja y con solapamientos encargada de su promoción y protección. Son necesarios mayores esfuerzos en la investigación y el enjuiciamiento de los ataques físicos a periodistas. Lo mismo se aplica a los violentos incidentes contra la comunidad LGBTI. Asimismo es necesario avanzar en la aplicación de los derechos de propiedad, por ejemplo reduciendo el retraso en los asuntos y mejorando el cumplimiento de las decisiones judiciales y administrativas. Debe hacerse cumplir mejor la legislación sobre protección de datos personales. El Parlamento debe crear un mecanismo de financiación sostenible a largo plazo para la entidad de radiodifusión pública; está pendiente la finalización de los nombramientos de los componentes de su consejo de administración.

En lo que respecta a la protección de las minorías, debe aplicarse la legislación sobre el patrimonio cultural y la Iglesia Ortodoxa Serbia. Debe seguir apoyándose a las autoridades locales para continuar el proceso de descentralización. La estrategia y el plan de acción en favor de las comunidades romaní, ashkali y egipcia deben llevarse a cabo enérgicamente, ya que la situación de estas minorías sobre el terreno preocupa en grado sumo. Es una cuestión importante también en el contexto del proceso de liberalización en materia de visados. Los ataques por motivos étnicos o religiosos deben investigarse y ser objeto de enjuiciamiento, y los autores deben ser llevados ante la justicia.

En cuanto a los criterios económicos, Kosovo ha avanzado algo hacia el establecimiento de una economía de mercado en funcionamiento. Son necesarias reformas e inversiones considerables para estar en condiciones de afrontar a largo plazo las presiones de la competencia y las fuerzas del mercado.

La situación económica difícil de la región y de la UE ha empezado a afectar a la economía de Kosovo, aunque en menor medida que a otros países de la región. El PIB de Kosovo aumentó en un 2,5 % en 2012. La política fiscal ha sido prudente, y el comportamiento presupuestario ha seguido el camino trazado. Se ha introducido una norma presupuestaria jurídicamente vinculante, que será de aplicación en 2014. El desempleo ha seguido siendo muy elevado. Kosovo ha continuado invirtiendo de modo significativo en sus infraestructuras.

Es preciso realizar esfuerzos continuos para respaldar la estabilidad macroeconómica y la mejora de la situación social. Kosovo debe aumentar su competitividad y mejorar el entorno empresarial, así como apoyar al sector privado para reducir el desempleo. Para que haya un entorno empresarial sólido, deben aplicarse medidas adicionales encaminadas a subsanar las deficiencias en cuanto al Estado de Derecho y atajar la corrupción. Deben proseguir las privatizaciones. El sector informal sigue siendo un gran reto.

Las prioridades relativas a los estándares europeos deben abordarse en el contexto de las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Kosovo ha ultimado la reestructuración del Ministerio de Comercio e Industria, con objeto de estar en condiciones de negociar con eficacia las partes del Acuerdo relacionadas con el comercio, y ha finalizado un análisis de impacto. Asimismo se ha esforzado en la elaboración del censo agrícola.

En lo que respecta a las cuestiones de comercio y mercado interior, es esencial mejorar las estadísticas empresariales de Kosovo. El país debe continuar aplicando el marco jurídico aplicable al comercio, la competencia y el mercado interior. Asimismo debe intensificar sus esfuerzos en una serie de áreas fitosanitarias y veterinarias que afectan a la seguridad alimentaria, tal y como se señala en el estudio de viabilidad. En el sector energético, deben intensificarse las tareas del cierre de la central eléctrica Kosovo A. concentración en las prioridades señaladas en el estudio de viabilidad, en la preparación de las negociaciones del Acuerdo con la UE y en el diálogo sobre la liberalización en materia de visados ha influido en los avances logrados en otros sectores.

Turquía

Turquía es un país candidato y un socio estratégico de la Unión Europea. Con su gran economía dinámica, Turquía es un socio comercial de importancia para la UE y un valioso componente de la competitividad europea a través de la Unión Aduanera. Turquía ocupa un lugar estratégico, también en el ámbito de la seguridad energética, y desempeña un papel regional de relevancia. La Comisión subraya la importancia de la cooperación y el diálogo que se está desarrollando en materia de política exterior. Asimismo, la UE sigue siendo un ancla sólida para las reformas económicas y políticas de Turquía. Los acontecimientos que tuvieron lugar en torno al Parque Gezi han subrayado la importancia de fomentar de forma más amplia el diálogo a través del espectro político y social y la necesidad de respetar los derechos fundamentales en la práctica.

Puesta en marcha en 2012, la Agenda Positiva sigue sirviendo de sostén y complemento a las negociaciones de adhesión con Turquía mediante la cooperación reforzada en una serie de ámbitos de interés común. Aunque ha arrojado algunos resultados positivos, no es un sustituto de las negociaciones. La mejor manera de lograr todo el potencial de las relaciones UE-Turquía es hacerlo en el marco de un proceso de adhesión activo y creíble. Este proceso sigue siendo el marco más adecuado para fomentar las reformas promovidas por la UE, desarrollar el diálogo sobre cuestiones de política exterior y seguridad, reforzar la competitividad económica y potenciar la cooperación en los ámbitos de la energía, y la justicia y los asuntos de interior. Las negociaciones de adhesión necesitan un nuevo impulso, respetando los compromisos asumidos y las condiciones establecidas por la UE. A este respecto, tras más de tres años de bloqueo de las negociaciones, la apertura del capítulo 22 (Política Regional) constituye un paso importante. Turquía puede acelerar el ritmo de las negociaciones cumpliendo los objetivos de referencia, satisfaciendo los requisitos del Marco de Negociación y respetando sus obligaciones contractuales con relación a la UE, incluida la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación con relación a todos los Estados miembros.

En el contexto de los criterios políticos, de lo acontecido en los últimos doce meses en Turquía surge un panorama de claroscuros. Las reformas de calado han seguido su curso. El cuarto paquete de reforma judicial adoptado en abril refuerza la protección de los derechos fundamentales, incluidas la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad en casos de tortura y malos tratos. El Gobierno ha iniciado un proceso de paz que aspira a acabar con el terrorismo y la violencia en el sureste del país y pretende allanar el camino de cara a una solución para la cuestión kurda. Este proceso debe continuar con la buena fe de todas las partes implicadas. Las medidas anunciadas en el paquete de democratización presentado en septiembre de 2013 prevén la introducción de nuevas reformas en una serie de cuestiones de gran relevancia, incluido el uso de lenguas distintas del turco, los derechos de las personas pertenecientes a minorías, la modificación de los elevados umbrales en vigor para obtener representación parlamentaria y el apoyo presupuestario a los partidos políticos, que deben reforzar el pluralismo. Es de vital importancia avanzar en la cooperación con los partidos políticos y la ejecución en consonancia con las normas europeas.

La comisión parlamentaria pluripartita de conciliación, que se creó para redactar la nueva constitución, ha seguido avanzando en sus trabajos y alcanzado acuerdos en una serie de artículos. Esta tarea debe proseguir en un espíritu de compromiso. Con la adopción de una ley general de extranjería y protección internacional se ha dado un paso importante en pos de la protección adecuada de los solicitantes de asilo. Asimismo han proseguido los esfuerzos encaminados a proteger los derechos de la mujer, especialmente mediante la aplicación de la Ley relativa a la protección de la familia y la prevención de la violencia. Se ha creado la institución del Defensor del Pueblo, que ya cumple activamente su función. También empezó a ser operativa el organismo nacional de defensa de los derechos humanos.

Por otra parte, hay un mayor debate público sobre temas que anteriormente se consideraban sensibles, como la cuestión kurda, el papel del ejército, la cuestión armenia o los derechos de las personas con independencia de su orientación sexual. El debate democrático se expande, especialmente a través de los medios de comunicación social, y también se expresa más allá de la confrontación partidista tradicional, incluso en manifestaciones. A este respecto, la oleada de protestas que tuvo lugar en junio también es consecuencia de la gran reforma democrática que se ha producido en la pasada década y de la irrupción de una sociedad civil activa y diversa que ha de ser respetada y consultada de forma más sistemática en todos los niveles del proceso de toma de decisiones, independientemente de quién tenga la mayoría en el Parlamento.

No obstante, ciertos factores persistentes entorpecen los avances. El clima político sigue marcado por la polarización y la ausencia de un espíritu de consenso. El Gobierno ha tendido a apoyarse exclusivamente en su mayoría parlamentaria para aprobar leyes y decisiones, incluso sobre cuestiones socialmente sensibles, sin que haya habido un grado de diálogo y consulta suficientes con los demás actores. Finalmente, las tensiones y la frustración resultantes llegaron a su punto culminante en mayo y junio a propósito de un controvertido proyecto urbanístico en el Parque Gezi de Estambul y desembocaron en protestas masivas en muchas otras ciudades. Los intentos de negociación con los manifestantes fueron limitados y quedaron oscurecidos por un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, el discurso polarizador y la total ausencia de diálogo. A raíz de las confrontaciones, seis personas perdieron la vida y más de 8 000 resultaron heridas. Las inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio del Interior concluyeron que en mayo y junio la policía hizo un uso desproporcionado de la fuerza contra las manifestantes.

La oleada de protestas que tuvo lugar en junio puso de relieve una serie de problemas que se han de resolver con carácter urgente. En cuanto al uso excesivo de la fuerza policial, las investigaciones administrativas y judiciales iniciadas deben llevarse hasta el final de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los responsables deben responder ante la justicia. En consonancia con las normas europeas, se debe adoptar y aplicar legislación relativa a la creación de una comisión de supervisión de los cuerpos de seguridad que actúe como órgano de vigilancia independiente para los delitos cometidos por las fuerzas policiales. El Ministerio del Interior ha dado un primer paso al publicar circulares que regulan la conducta de los agentes de policía durante las manifestaciones. No obstante, la práctica y el marco jurídicos globales sobre la intervención de los agentes de los cuerpos de seguridad debe adaptarse a las normas europeas de tal forma que se garantice en cualquier circunstancia el respeto de los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de reunión.

Determinadas disposiciones esenciales del ordenamiento jurídico turco y la interpretación que de ellas hacen ciertos miembros del poder judicial siguen poniendo trabas a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa. La estructura de propiedad de los medios de comunicación turcos, dominada por grandes grupos industriales, unida en ocasiones a las declaraciones intimidatorias de funcionarios de alto rango y las advertencias de las autoridades, contribuyen también a que la autocensura esté generalizada en los medios, como se puso de manifiesto cuando las principales cabeceras pusieron sordina a las protestas de junio. Este estado de cosas ha llevado también a dimisiones y renuncias de periodistas.

Una interpretación restrictiva por parte del poder judicial de las disposiciones legales relativas a la incitación al odio público ha provocado una serie de condenas a figuras públicas por haber realizado manifestaciones críticas a propósito de la religión. La definición imprecisa en la legislación penal de la integración en una organización armada sigue siendo la causa del elevado número de detenciones e imputaciones. En cuestiones de fe y objeción de conciencia aún se está pendiente de establecer un marco jurídico compatible con el TEDH. Es preciso adoptar medidas adicionales para garantizar de manera efectiva los derechos de la mujer, el menor y las personas del colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales). La violencia doméstica, los asesinatos de honor ocasionales y los matrimonios forzados siguen siendo fuente de preocupación. Turquía ha de velar por la plena observancia de los derechos de propiedad, incluso los de las comunidades religiosas no musulmanas.

Estas deficiencias han de ser subsanadas y se ha de ejecutar el cuarto paquete de reformas judiciales, en línea con las normas europeas. Las autoridades han de reforzar las medidas destinadas a proteger otros derechos y libertades fundamentales, de forma que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin trabas. Las medidas anunciadas en el paquete de democratización encierran la perspectiva de que se avance en una serie de cuestiones.

Estas cuestiones subrayan la importancia que la UE concede a reforzar su compromiso con Turquía en materia de derechos fundamentales. Avanzar en las negociaciones de adhesión y en las reformas políticas de Turquía son dos caras de la misma moneda. Interesa tanto a Turquía como a la UE que se acuerden los objetivos de referencia para la apertura de los capítulos 23 (Poder Judicial y Derechos Fundamentales) y 24 (Justicia, Libertad y Seguridad) y se comuniquen a Turquía lo antes posible con el fin de permitir la apertura de negociaciones sobre estos dos capítulos. Ello contribuiría significativamente a garantizar que la UE y sus normas siguen siendo la referencia para las reformas en Turquía.

Ante las reformas que se han de adoptar, el proceso general de toma de decisiones, tanto a escala nacional como local, debe implicar la consulta más estructurada y sistemática de la sociedad civil. Es esencial reformar el entorno jurídico vigente para hacerlo más proclive al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en general. A modo de ejemplo, se han de llevar a cabo evaluaciones de impacto medioambiental que respeten plenamente el acervo de la UE. No se debe seguir excluyendo a los grandes proyectos de infraestructuras. Asimismo se ha de fomentar la consulta a los actores relevantes de la sociedad civil en otros ámbitos estratégicos.

La firma del Acuerdo de readmisión UE-Turquía y el inicio simultáneo del diálogo en materia de visados son los primeros pasos en pos de la liberalización de visados. Ello puede dar un nuevo impulso a las relaciones UE-Turquía y aportar beneficios concretos a ambas partes. Es importante que avancen estos dos procesos y que finalice rápidamente el procedimiento de ratificación del Acuerdo de readmisión con Turquía con vistas a su plena aplicación efectiva.

En materia de política exterior, Turquía ha seguido desempeñando un papel importante en su vecindad más amplia, por ejemplo, ampliando sus actividades como donante no tradicional en el Cuerno de África, apoyando la transición democrática en el Norte de África, y reforzando la cooperación con y entre Afganistán y Pakistán. Ha desempeñado una función importante en relación con Siria, apoyando el desarrollo de una oposición más unificada y aportando asistencia humanitaria vital a un gran número de ciudadanos sirios que huyen de su país. Asimismo ha seguido ofreciendo ayuda práctica a las conversaciones E3+3 con Irán. La ratificación de un acuerdo intergubernamental sobre el Proyecto de Gaseoducto Transanatolio (TANAP) entre Turquía y Azerbaiyán ha contribuido significativamente al objetivo de promover una mayor seguridad energética para Europa a través del corredor energético meridional. El diálogo político regular entre la UE y Turquía ha seguido intensificándose y ha abarcado tanto cuestiones internacionales de interés común, como las de Oriente Medio y Asia Central, como asuntos de interés mundial, como la lucha contra el terrorismo y la no proliferación. Turquía ha proseguido su política de implicación en los Balcanes Occidentales, incluso participando activamente en el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental y contribuyendo a las misiones de cooperación en materia de defensa, policial y de fomento del Estado de Derecho en Bosnia y Herzegovina y Kosovo, lideradas por la UE.

Turquía siguió manifestando su apoyo a la reanudación de conversaciones encaminadas a alcanzar una solución justa y global y un acuerdo viable para la cuestión de Chipre al amparo de los buenos oficios de las Naciones Unidas. La buena disposición de Turquía y Grecia a aceptar contactos con los principales negociadores de ambas comunidades es un avance positivo que podría contribuir al proceso de resolución del conflicto.

La UE también ha subrayado la importancia de avanzar en la normalización de las relaciones entre Turquía y todos los Estados miembros de la UE, incluida la República de Chipre. A este respecto, ha hecho un llamamiento a Turquía para que deje de bloquear la adhesión de Estados miembros a organizaciones y mecanismos internacionales. Además, la UE ha vuelto a hacer hincapié en todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, entre los que se incluyen celebrar acuerdos bilaterales y explorar y explotar sus recursos naturales, de conformidad con el acervo de la UE y el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En este contexto, en las conclusiones del Consejo de 11 de diciembre de 2012, la UE lamentaba profundamente que, a pesar de haber lanzado repetidos llamamientos, Turquía sigue negándose a cumplir con su obligación de aplicar de forma plena y no discriminatoria el Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación en relación con todos los Estados miembros y no ha eliminado todas las restricciones que se aplican a los buques y aeronaves registrados en Chipre o cuyo último puerto o aeropuerto de escala estuviera en Chipre. La UE ha subrayado que el cumplimiento de esta obligación podría insuflar un nuevo impulso al proceso negociador. En caso de que no se avance en este asunto, la UE mantendrá sus medidas de 2006, que tendrán un efecto permanente en el progreso general de las negociaciones. La UE seguirá verificando y analizando estrechamente los avances logrados en todos los ámbitos abarcados por la declaración de la Comunidad Europea y sus Estados miembros de 21 de septiembre de 2005. Se espera que se produzcan avances sin mayor demora.

En consonancia con el Marco de Negociación y las conclusiones previas del Consejo Europeo y del Consejo, Turquía se ha de comprometer inequívocamente a mantener buenas relaciones de vecindad y a alcanzar la resolución pacífica de litigios de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha vuelto a manifestar su seria preocupación y ha instado a Turquía a abstenerse de cualquier tipo de amenaza, fuente de fricciones o acciones contra un Estado miembro que pudieran dañar las buenas relaciones de vecindad y la resolución pacífica de controversias.

La UE se ha felicitado de que prosigan las iniciativas de cooperación entre Grecia y Turquía con objeto de mejorar las relaciones bilaterales. En septiembre tuvo lugar la última ronda exploratoria, la que hace el número 55, para la delimitación de la plataforma continental. Grecia y Chipre presentaron quejas formales por la violación de sus aguas territoriales y su espacio aéreo por parte de Turquía, incluidos vuelos sobre islas griegas.

Por lo que respecta a los criterios económicos, Turquía es una economía de mercado en funcionamiento, por lo que a medio plazo debe ser capaz de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas de mercado en el interior de la Unión, siempre que acelere la ejecución de su programa general de reformas estructurales.

Tras experimentar elevadas tasas de crecimiento de aproximadamente el 9 % en los dos años anteriores, el crecimiento del PIB turco se ralentizó hasta el 2,2 % en 2012. A ello le acompañó un reequilibrio del crecimiento, que pasó de la demanda interna al comercio exterior, una reducción temporal del déficit por cuenta corriente, y un descenso de la inflación. En la primera mitad de 2013, el crecimiento del PIB volvió a tomar impulso hasta el 3,7 %. Simultáneamente, el déficit por cuenta corriente ha vuelto a crecer y los precios al consumo se han vuelto a acelerar. La deuda pública en porcentaje del PIB ha seguido disminuyendo hasta situarse actualmente por debajo del 40 %. A partir de mayo y como consecuencia de factores internos y mundiales, los mercados financieros se han visto sometidos a fuertes presiones que provocaron la reacción inmediata del banco central encaminada a estabilizar el tipo de cambio y contener el flujo de salida de capitales.

La trayectoria económica reciente de Turquía ilustra tanto el gran potencial de la economía como sus permanentes desequilibrios. En cuanto a la vertiente exterior, el recurso a unos flujos sostenidos de entrada de capital para financiar un gran déficit por cuenta corriente estructural hace que Turquía sea vulnerable a la evolución de la percepción global de riesgo, que deriva en grandes fluctuaciones en los tipos de cambio y ciclos de expansión y contracción de la actividad económica. Poner remedio a esta vulnerabilidad exige la adopción de medidas de incremento del ahorro nacional, y la política fiscal ha de desempeñar un papel importante a este respecto. La adopción de una norma fiscal potenciaría la transparencia presupuestaria, ofrecería un importante soporte fiscal y aumentaría la credibilidad. La inflación relativamente elevada sigue siendo un gran desafío. Reequilibrar el espectro de medidas de política macroeconómica sería de gran utilidad para aligerar la carga de la política monetaria. Para el medio a largo plazo, es esencial introducir mejoras en el funcionamiento de los mercados laborales, de bienes y de servicios a través de reformas estructurales, con el fin de aumentar la competitividad internacional.

El estudio que se está realizando actualmente sobre el funcionamiento de la Unión Aduanera UE-Turquía brinda una buena oportunidad para reflexionar y debatir sobre la necesaria modernización de este instrumento clave de las relaciones UE-Turquía, con vistas a relanzar la actividad comercial en ambos lados de la integración económica.

Dado el mayor potencial de desarrollo de Turquía como nodo energético y habida cuenta de los desafíos en materia de energía que comparte con la UE, es importante que se potencie el diálogo sobre todas las cuestiones de interés conjunto.

Por lo que respecta a la capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión, Turquía ha seguido adaptándose al acervo. Se ha avanzado mucho en materia de libre circulación de bienes, servicios financieros, energía, política regional y coordinación de instrumentos estructurales, ciencia e investigación, y educación. Los avances también han sido significativos a la hora de establecer un marco jurídico en el ámbito de la migración y el asilo. Ha mejorado el marco jurídico contra la financiación del terrorismo. La nueva legislación sobre la electricidad ha hecho que este ámbito se adapte al acervo. La Comisión ha evaluado los avances logrados en el marco de los grupos de trabajo al amparo de la Agenda Positiva y ha indicado a Turquía y a los Estados miembros los objetivos de referencia que considera alcanzados. La Comisión también ha reconocido los avances realizados en requisitos importantes por lo que respecta al poder judicial y los derechos fundamentales. Los avances han sido escasos en algunos capítulos, como en contratación pública, política de competencia, agricultura y desarrollo rural, seguridad de los alimentos, política veterinaria y fitosanitaria, y fiscalidad.

Se debe seguir trabajando de forma global en el ámbito de la legislación de propiedad intelectual, agricultura y desarrollo rural, seguridad de los alimentos, política veterinaria y fitosanitaria, medio ambiente y cambio climático, y protección de los consumidores. Asimismo se ha de avanzar de forma significativa en los ámbitos del poder judicial, los derechos fundamentales y la justicia, libertad y seguridad. Es preciso avanzar en adaptación legislativa y especialmente en contratación pública, política de competencia y fiscalidad. Turquía necesita desarrollar su capacidad institucional, en particular en el marco de los capítulos relativos al Derecho de sociedades, el transporte y la política regional y la coordinación de instrumentos estructurales.

Islandia

A raíz de las elecciones generales del 27 de abril de 2013, el Gobierno decidió dejar en suspenso las negociaciones de adhesión a la UE y ha indicado que solo proseguirán si se aprueba en referéndum. El comité de negociación de la adhesión de Islandia a la UE ha sido disuelto. Esta decisión significa que el proceso de adhesión ha llegado a un punto muerto. El Gobierno ha declarado que llevará a cabo una evaluación del estado de las negociaciones hasta la fecha, así como de la evolución en la Unión Europea, y la presentará al Parlamento islandés para debate en los próximos meses.

Las autoridades islandesas han dejado de contribuir al presente informe bajo el nuevo Gobierno. La información de la Comisión en el marco de la presente Comunicación se ha adaptado para reflejar ese hecho, yendo el periodo  abarcado desde septiembre de 2012 hasta la entrada en funciones del nuevo Gobierno en mayo de 2013.

Hasta la fecha, se han abierto veintisiete capítulos de negociación, de los cuales once se han cerrado provisionalmente. Se ha avanzado considerablemente a este respecto durante el periodo  abarcado, habiéndose abierto nueve capítulos y cerrado provisionalmente uno de ellos. Islandia es un socio importante para la UE por su pertenencia al Espacio Económico Europeo y su participación en la zona Schengen, así como por los intereses comunes en los sectores de las energías renovables y el cambio climático y por la importancia estratégica de la política de la UE sobre el Ártico.

En tanto que democracia consolidada y operativa, Islandia sigue cumpliendo plenamente los criterios políticos de adhesión a la UE.

En cuanto a los criterios económicos, puede considerarse que Islandia tiene una economía de mercado en funcionamiento.

Las restricciones a la circulación de capitales son un obstáculo considerable a la inversión y el crecimiento. Suprimir estos controles al tiempo que se mantiene la estabilidad del tipo de cambio sigue siendo un gran reto. En junio de 2012, a petición del gobierno islandés y en el marco de la adhesión, se creó un grupo ad hoc sobre la eliminación de los controles de capital, que incluía expertos del Banco Central Europeo, la Comisión y el Fondo Monetario Internacional, a fin de evaluar las perspectivas de eliminación de dichos controles.

En lo que se refiere al Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) para Islandia, dado el objetivo de dicho Instrumento y la decisión del Gobierno acerca de las negociaciones de adhesión, la Comisión ha suspendido los trabajos preparatorios sobre el IPA II. La Comisión no firmará ningún nuevo contrato en el marco del IPA I. En cuanto a los proyectos respecto a los cuales ya se habían firmado contratos, la Comisión está realizando una evaluación por proyecto junto con las autoridades islandesas, con objeto de determinar qué proyectos continuarán.

Islandia ya ha alcanzado un elevado nivel de aproximación en un número significativo de ámbitos abarcados por el acervo, debido, fundamentalmente, a su pertenencia al Espacio Económico Europeo. Durante el periodo  abarcado se adoptaron medidas adicionales para la aproximación, entre otros en los siguientes campos: libre circulación de mercancías, Derecho de sociedades, contratación pública, sociedad de la información y medios de comunicación y transportes.

*           Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre el estatuto y se ajusta a la RCSNU 1244 y al dictamen de la CIJ sobre la Declaración de Independencia de Kosovo.

[1]               JOIN (2013) 8 final

[2]               COM(2012) 602 final.

[3]               COM(2013) 66 final.