1.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 192/1

1.

observa con preocupación los cambios acaecidos y la incertidumbre que se ha instalado en el Mediterráneo meridional y apoya plenamente el proceso de reforma social, económica y política, que debería traducirse en una verdadera democratización y nueva estabilidad en todos los países afectados, y debería brindar genuinas oportunidades a los hombres y mujeres de esa zona en aras de la paz y prosperidad; lamenta y condena enérgicamente toda forma de violencia y conculcación de los derechos humanos en algunos países de la zona, y pide con urgencia a la Unión Europea que cumpla con su responsabilidad de apoyar un cambio pacífico y una transición democrática;

2.

manifiesta su preocupación por el flujo de refugiados provocado por los acontecimientos acaecidos en el Norte de África, lo que afecta directamente a aquellos Estados miembros y comunidades locales situados más cerca de la región; por consiguiente, subraya la necesidad de ofrecer, sin más dilación, la solidaridad concreta y prestar el apoyo necesario a que se han comprometido la Unión Europea y los Estados miembros, en la Declaración del Consejo de Europa de 11 de marzo de 2011 y las conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2011;

3.

recuerda la declaración efectuada por la presidencia del CDR el 4 de marzo de 2011 (1) en la que ofrecía su apoyo a las aspiraciones de los pueblos de toda la región y ponía de manifiesto la solidaridad del Comité con sus llamamientos en pro de una verdadera democracia, el pluralismo político, las libertades fundamentales y el respeto de los derechos humanos;

4.

observa, asimismo, que un considerable número de personas se está trasladando a la UE por motivos económicos, políticos y sociales; reconoce que algunas de esas personas se ven obligadas a desplazarse por la situación de emergencia en que se encuentra la región y que pueden reivindicar legítimamente su derecho al asilo o la protección internacional; recuerda que el derecho de asilo está garantizado, entre otros, por la Carta de los Derechos Fundamentales y constituye una de las obligaciones de la UE y de los Estados miembros de acuerdo con el Derecho internacional;

5.

reconoce que la inestabilidad política y social del Mediterráneo meridional, junto con la represión y las dificultades económicas en varios sectores, así como el continuo deterioro del medio ambiente, son importantes motivos para los movimientos migratorios de entrada y salida de la región, que es probable que continúen ya que cada vez más gente huye de la pobreza y de la inestabilidad política;

6.

hace hincapié en la necesidad de dar urgentemente una respuesta inmediata al deterioro de la situación humanitaria, que tenga en cuenta los derechos fundamentales y la situación individual de las personas afectadas; considera que esta respuesta requiere un planteamiento coordinado por parte de la UE, los Estados miembros y las autoridades de los niveles subnacionales, y reitera que la experiencia de las ciudades y regiones en toda la UE en materia de respuesta en casos de emergencia y protección civil está a disposición de las instituciones y agencias de la UE y de los Estados miembros; este planteamiento también debería contar con la participación de la sociedad civil organizada, a fin de explotar los contactos personales en los países afectados;

7.

aboga por una verdadera y real solidaridad con las comunidades y Estados miembros afectados más directamente por los flujos migratorios, procediendo a un reparto justo de las responsabilidades operativas y financieras sancionadas en los Tratados, de acuerdo con el artículo 80 del TFUE; insta a la UE y a los Estados miembros a que sigan adaptando estas medidas en función de cómo evolucione la situación, teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones inmigrantes o desplazadas y de las comunidades que les están prestando ayuda;

8.

insta a todas las autoridades locales y regionales de la UE a que apoyen un plan de acción para compartir la carga que supone ayudar a acoger a los refugiados de la región y constituyan un fondo de solidaridad para hacer frente a las presiones humanitarias causadas por la crisis y, por ello, ruega a los Estados miembros que activen el mecanismo previsto en la Directiva 2001/55/CE del Consejo relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, de acuerdo con el principio de solidaridad entre Estados miembros y para demostrar el genuino compromiso de la Unión Europea con el principio de solidaridad y de responsabilidad compartida;

9.

en espera de la asignación de los fondos correspondientes, solicita que los instrumentos financieros ya disponibles permitan movilizar recursos con la mayor brevedad posible en los territorios afectados a fin de afrontar las situaciones de emergencia a que dé lugar la afluencia de inmigrantes;

10.

sugiere que se adopten medidas compensatorias para apoyar a los territorios más afectados por la situación de emergencia, a fin de paliar las ingentes pérdidas y los efectos negativos para las economías locales, sobre todo en sectores clave como el turismo y la pesca;

11.

en este contexto, sugiere que se revise la Directiva 2001/55/CE del Consejo para definir más claramente qué constituye una «afluencia masiva» de inmigrantes y, a ser posible, definirla en relación con la población de los países de acogida;

12.

subraya que todas las medidas adoptadas por los Estados miembros deben estar de acuerdo con la legislación de la UE, respetando el acervo de Schengen, que garantiza la libre circulación de los ciudadanos dentro de la UE y, en consecuencia, constituye un componente esencial de los logros de la integración europea, al tiempo que salvaguarda los derechos humanos fundamentales consagrados en los instrumentos del Derecho internacional y en los Tratados de la UE, y sobre todo en la Carta de los Derechos Fundamentales;

13.

acoge positivamente las propuestas de la Comisión Europea que pretenden salvaguardar el carácter comunitario del sistema de Schengen para garantizar que las necesarias respuestas a acontecimientos exteriores en virtud de dicho sistema se basen en unas normas europeas comunes y transparentes que no restrinjan injustificadamente la actual cooperación transfronteriza;

14.

es consciente, más que nunca, de la urgente necesidad de desarrollar políticas integradas y comunes en materia de inmigración y asilo basadas en la solidaridad y en un justo reparto de las responsabilidades; subraya que las entidades locales y regionales deberían participar con carácter prioritario en las políticas sobre la migración legal y la integración de los inmigrantes;

15.

insiste en que habría que desplegar todos los esfuerzos necesarios para contrarrestar la migración irregular y sus efectos secundarios y, en particular, el tráfico de seres humanos; apoya los acuerdos de readmisión celebrados entre la UE y los países de la región; aboga por una revisión del mandato y el cometido de la agencia Frontex, con el aumento de sus recursos financieros, técnicos y humanos para patrullar las fronteras de la UE, incluidas las costas mediterráneas;

16.

se adhiere a los llamamientos para revisar la legislación vigente en materia de asilo y, en particular, el mecanismo para determinar qué Estado miembro es responsable de examinar las solicitudes de asilo, e invita a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que sigan trabajando para el pleno establecimiento de un sistema europeo común de asilo; espera que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) preste un valioso apoyo a los Estados miembros más expuestos en la gestión de la inmigración;

17.

está convencido de que una democracia basada en elecciones libres y justas y en el imperio de la ley, así como una administración local y regional eficiente y democrática, son requisitos indispensables para la estabilidad y el desarrollo político y económico en los países afectados, al tiempo que desempeñan un papel crucial al permitir a los ciudadanos desarrollar sus capacidades en su propio país;

18.

subraya la utilidad práctica de los programas de refuerzo de la capacidad en el contexto de la ampliación y la Política Europea de Vecindad y –tomando como ejemplo concreto el programa piloto de la administración local (2)– propone que se desarrollen iniciativas equivalentes para los países del Mediterráneo Meridional a fin de apoyar el refuerzo de la capacidad a nivel local y regional;

19.

observa la conexión entre las políticas de migración y desarrollo, y considera necesario desarrollar políticas en apoyo a la creación de condiciones económicas y sociales en la región que puedan garantizar un futuro sostenible para las poblaciones locales, disminuyendo así los incentivos a la emigración; en particular, considera esencial reducir la pobreza y generar empleo para la generación más joven y, por consiguiente, aboga por que se utilicen totalmente la experiencia y los recursos disponibles de la UE para apoyar la educación y formación profesional en esos países;

20.

subraya la importancia de fomentar el comercio y las inversiones en estos países, así como de proporcionar facilidades para la obtención de microcréditos para la creación de pequeñas empresas, como vía para que estos países propicien su propio crecimiento económico y reduzcan la pobreza; el aumento del comercio con el norte de África sería beneficioso para Europa, pues supondría la generación de muchos puestos de trabajo para los europeos y el crecimiento económico para la UE; por ello pide un esfuerzo conjunto para acabar con las barreras al comercio que aún existen;

21.

está convencido de que la Unión por el Mediterráneo (UpM) podría desempeñar un importante papel en la cuestión de la migración y sus implicaciones, si contara con la voluntad política necesaria y con los recursos de todas las partes afectadas; subraya a este respecto la contribución que la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) puede aportar a la hora de facilitar la cooperación y el intercambio de conocimientos técnicos entre las autoridades locales y regionales; sugiere a la ARLEM que estudie atentamente la situación e incluya entre sus prioridades las respuestas apropiadas a la evolución de la situación y tome las medidas oportunas, dentro de sus competencias, para apoyar activamente el proceso de democratización de estos países;

22.

señala que la diplomacia a nivel municipal y regional puede contribuir a fomentar y consolidar los procesos de democratización en curso, conseguir la participación de todo el pueblo y mejorar las relaciones entre la población y su gobierno;

23.

insta a la Comisión Europea a que asegure que, en sus próximas iniciativas políticas (3) se sentarán las bases para el desarrollo de respuestas globales, con una especial sensibilidad para el papel y contribución de las autoridades locales y regionales, y que se desarrollarán más sinergias entre las políticas de inmigración y asilo, acción exterior y desarrollo en estrecha interacción con el nivel local y regional;

24.

solicita a la Presidenta del CDR que someta la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Presidencia húngara del Consejo de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité Económico y Social Europeo, la copresidencia y secretaría de la UpM, la Asamblea Parlamentaria de la UpM y la ARLEM.